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Los capitales no tienen color

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Si tiene usted alguna tarjeta de crédito, puede haberle sorprendido que su banco o gestora le haya pedido últimamente una copia del documento administrativo que acredita su identidad. Menuda estupidez, habrá pensado, si tengo domiciliado el pago de las compras que hago con la tarjeta en mi cuenta bancaria. Si, además –digamos-, jamás ha faltado a esos compromisos de pago derivados del uso de la tarjeta de crédito, el asombro se tornará en estupefacción.

Sin embargo, antes de atribuir a una pesadez inherente a los operadores telefónicos ese extraño proceder, repare en que el pasado jueves, los diputados del congreso español aprobaron por unanimidad una ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial del estado.

Ha de tenerse en cuenta que el blanqueo de capitales comenzó a perseguirse principalmente desde que las administraciones norteamericanas observaron la imposibilidad de atajar el tráfico de drogas prohibidas y, que, aunque pueda solaparse, no debe confundirse con la receptación. Este último se persigue desde tiempo inmemorial, ya que consiste en lucrarse, con los bienes sustraídos por un tercero sin haber intervenido como autor o cómplice en el delito base, teniendo conocimiento de su origen ilícito.

Bien es cierto que con bastante retraso, mediante esta ley se transpone al derecho español el contenido de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (firmada por Josep Borrell Fontelles), luego desarrollada por la Directiva de la Comisión 2006/70/CE, de manera que, de entrada, se unifican los regímenes jurídicos de ambas prevenciones. Por el contrario, se regulan aparte las medidas administrativas para inmovilizar fondos que puedan servir para financiar el terrorismo, bajo la dependencia de una comisión dependiente del Ministerio del Interior.

A grandes rasgos, la nueva legislación impone a sus destinatarios (financieras y aseguradoras, principalmente, pero también otros muchos empresarios y profesionales enumerados de la A a la Z, literalmente) unas obligaciones de vigilancia y espionaje de sus clientes para dar cuenta a la poderosa Comisión de prevención del blanqueo de capitales (llamémosla COPREBLANCA, por su resonancia soviética) dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, si sospechan que el dinero que van a utilizar procede de beneficios obtenidos por la comisión de delitos o va a ser utilizado para financiar actividades terroristas.

De este modo, las personas obligadas deben identificarlos; averiguar qué personas naturales sostienen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por 100 del capital social de sociedades y fideicomisos; analizar el propósito y la índole de la relación de negocios que se entable, recabando de sus clientes información sobre la naturaleza de sus actividades; controlar la relación de negocios mediante la fijación de procedimientos y órganos internos para llevarlo a cabo; examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales, de las que deben abstenerse; conservar la documentación que resulte de todo ello durante un mínimo de diez años y formar su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

La ley regula también las medidas reforzadas que los sujetos obligados deben adoptar respecto a autoridades de otros países de la Unión Europea o terceros y sus familiares, así como  en relación a operaciones que se consideren de alto riesgo, como la actividad de banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera. A estos efectos, se consideran todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal.

Como contrapunto, todas esas medidas se relajan cuando se trata de vigilar a entidades de derecho público, entidades financieras y las sociedades que coticen en bolsa, dentro del marco de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, ya que se encuentran sometidos a otros controles, se supone. Asimismo, la ley deja al arbitrio del gobierno la inclusión o exclusión de operaciones y personas de la aplicación de esas medidas.

En resumen, varias conclusiones desoladoras cabe extraer de este nuevo retorcimiento de la legislación administrativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Con las más variadas excusas, la Unión Europea va conformándose cada vez más como una peligrosa fuente de inspiración para el control totalitario de las vidas de los europeos por parte de sus gobiernos. Tendencia coincidente con la que se observa en los gobiernos norteamericanos, cualquiera que sea el signo político de sus presidentes, principal, aunque no solamente, por la “guerra” emprendida contra la droga. Como dijera David Hume en sus Ensayos Políticos, ninguna clase de libertad suele perderse bruscamente.

Por otro lado, la ausencia de una distinción por su gravedad entre los delitos de los que proceden los capitales ilícitos a los efectos de impedir su “blanqueo” conducirá indefectiblemente a la multiplicación de negocios sospechosos y al cortocircuito del sistema. Como ocurre en otras regulaciones “preventivas” de atentados terroristas, como los controles y registros a los pasajeros de aviones, se aprecia que la aplicación de métodos rutinarios solapa los muchos casos menos graves con los graves y causa molestias injustificadas.

Tal como se desprende del último debate en el congreso previo a su aprobación definitiva, se percibe, sobre todo, una intención de estrujar todo resquicio por donde se resienta la recaudación fiscal. La casta política española, insensata y corrupta donde las haya, ha desaprovechado, empero, una gran oportunidad para hacer creíbles sus declamaciones sobre la honradez de los políticos y, aprovechar así algo a lo que apuntan las interminables regulaciones comunitarias. Basándose en un análisis del riesgo al que aluden las directivas que se transponen, nada hubiera impedido ampliar a los políticos españoles y sus familiares los procedimientos reforzados de diligencia debida que se reservan para los comunitarios y de países terceros.

Greenpeace condecora al Instituto Juan de Mariana

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Nada más terminar la sesión desinformativa de Greenpeace, los medios más afines al ecolojetismo nos llamaron. Tenían un problema y querían ver si les podíamos ayudar a solucionarlo. Greenpeace les había presentado una teoría conspiranoica según la cual nuestro estudio estaba respaldado por las grandes multinacionales petroleras pero los periodistas, según nos comentaban, tenían la impresión de que Lopez Uralde y sus fieles guerreros no habían hecho otra cosa que buscar en Google posibles relaciones lejanas y tratar de ligar al Instituto Juan de Mariana con la industria petroleras.

A nosotros, claro, nos entró la risa. Hace un año Greenpeace aseguraba que tenía pruebas de que Exxon Mobil estaba detrás del estudio y del Instituto. En aquel entonces ya dijimos que mentía descaradamente y les invitábamos a probarlo (claro que para qué molestarse si ya me lo explicó en una ocasión el propio López Uralde al término de un debate en televisión: "¿a quién va a creer el público, a ti o al director de Greenpeace?).

Pero además les aclarábamos que no nos importaría que Exxon nos ayudara en el futuro, siempre y cuando se tratara de una donación sin contrapartida. Es más, en otro debate en televisión con un alto representante de Greenpeace respondía a esas falsedades diciéndoles que si bien lo que decían era puro embuste, merecía la pena hacer un ejercicio mental imaginando que mi relación con Exxon fuese sumamente estrecha: supongamos que el presidente de Exxon fuera mi padre. ¿Y qué? ¿Es que ya no vamos a debatir argumentos si ese fuera el caso? ¿O es que los únicos estudios válidos son los que financian las administraciones públicas o algunas petroleras como BP?

No sé si BP ha financiado alguna vez a Greenpeace pero lo que sí sé es que la organización radical tuvo durante bastante tiempo en su página web del Reino Unido una solicitud para sus seguidores: comprar gasolina de BP, la petrolera que financia todo tipo de estudios, campañas y proyectos que supongan quitarle dinero al contribuyente para dárselo a las grandes multinacionales que, como la propia BP, desarrollan proyectos que los consumidores no quieren costear. Sí, ya lo sé. Huele que apesta, pero nosotros nos tapamos la nariz y tratamos de atender a los argumentos de los ecologistas y de otras partes con claros intereses en la materia.

En esta ocasión Greenpeace vuelve a mentir a lo bestia y se inventa una trama de apoyo al Instituto por parte de una empresa llamada Koch, que en España parece vender papel higiénico y otros productos similares a través de Colhogar. Bueno, ya se pueden imaginar la risa que nos entró. Una vez más les invitamos a demostrar lo indemostrable y una vez más les repetimos que si así fuera lo importante seguiría siendo atender a los argumentos, algo que no suele gustar al ecolojetismo rojiverde.

Para suplir esa laguna argumental, López Uralde y sus mariachis lanzaron dos afirmaciones que suenan a chiste a todos aquellos que se tomen esto del ecologismo con buen humor, pero que resultan patéticas para quien no tenga la suerte de poder reírse del radicalismo, las contradicciones y el odio a las libertades individuales que desprenden las campañas de estos grupos.

La primera dice que tratamos de buscar apoyos en el PP, intentando incluso involucrar a Aznar en evitar un acuerdo global contra el cambio climático. Se ve que no nos conocen nada. No nos interesa involucrar a Aznar ni al PP. Lo que nos interesa es transmitir nuestros argumentos a la opinión pública y participar seriamente en el debate de las ideas. Eso fue lo que hicimos con nuestro estudio acerca del coste sobre el empleo de las subvenciones a las energías renovables. El estudio ha tenido una acogida espectacular a nivel mundial.

Greenpeace intenta rebajar las más de mil noticias, reportajes y editoriales positivos en la prensa internacional con las opiniones de un bloguero ecologista en el Wall Street Journal. A "eso" Greenpeace le llama que el Wall Street Journal sea crítico con el estudio, cuando lo cierto es que este periódico ha dedicado tres (sí, tres) editoriales a alabar la metodología, el enfoque y la seriedad del estudio. Pero Greenpeace, fiel a su política de intoxicación, silencia esos tres editoriales laudatorios y trata de dar rango de editorial a lo que no es más que el blog producto de un acuerdo entre el Wall Street Journal y una institución ecologista.

Claro que tampoco habla de los editoriales que nos dedicaron The Economist y otros medios especializados, incluyendo la entrevista en la cadena medioambientalista estadounidense E&E. ¿Para qué iban a hacerlo si resulta que la verdad no encaja con su intento de distorsionar toda esta historia?

La segunda "refutación" de nuestro estudio es una empanada de cartas y un informe del Laboratorio Nacional de las Energías Renovables (NREL por sus siglas en inglés). Los autores del informe de NREL dicen que no les gusta nuestra metodología, que no somos transparentes y que no tenemos estadística que nos apoye. Para quienes conozcan la historia de este estudio, el tema tiene su gracia.

NREL es una agencia estatal (Federal) llena de funcionarios dedicados a promocionar las energías renovables a través de investigaciones. Así que cabe esperar que sean críticos con un estudio que pone en duda los supuestos beneficios de las subvenciones que se otorgan a las energías que ellos defienden. Pero lo más curioso es el tipo de crítica que recibimos. En el informe al que se refiere Greenpeace critican la metodología que utilizamos que no es otra que la del coste de oportunidad de las ayudas concedidas a la producción eléctrica renovable y de los empleos creados. Ellos hubiesen preferido usar tablas input-output, el método que Leontief inventó para ser usado en la planificación centralizada soviética. Entiendo que a Greenpeace y a López Uralde le guste la metodología que propone el NREL pero no puede esperar que un grupo de profesores que entienden los beneficios de los mercados libres y de la libertad individual defiendan y usen una metodología pensada para suprimirlos. Además, el informe de NREL ha caído en el descrédito total en EEUU después de que esta agencia tuviera que hacer públicos unos emails en los que se prueba que el estudio fue realizado por unos activistas, que los evaluadores que lo habían aprobado fueron elegidos a dedo previa comprobación de que iban a estar de acuerdo fuera cual fuera su argumento y, sobre todo, que el informe fue ideado, supervisado y coordinado por un lobby de empresas renovables.

A nosotros no nos importa que el lobby renovable estuviera detrás de la contestación, pero a la opinión pública estadounidense le molestó bastante que le vendieran aquel informe crítico como un ejercicio académico contra un estudio pagado por las petroleras, cuando la realidad era casi la contraria: se trataba de un informe auspiciado por el lobby renovable contra un estudio académico de unos profesores de economía españoles sobre las consecuencias del sistema de ayudas español a la producción eléctrica renovable. A la luz del escándalo sobre la oscura línea y la oscura historia de este informe, resulta simpatiquísimo que los de Greenpeace afirmaran que nuestro estudio, aceptado para su publicación en una revista académica, no fuera transparente y acusara de una falta de apoyo estadístico cuando todas nuestras afirmaciones están respaldadas por notas en las que los referenciamos y cuando tenemos un apéndice estadístico dedicado a quienes quieran ver desmenuzada toda la batería de datos utilizados.

Y por último están las cartas que esgrime Greenpeace contra nuestro estudio. ¿Qué van a decir las cartas de las administraciones públicas que han puesto en marcha todo el tinglado de ayudas con el dinero del contribuyente? Pues lo que cabe esperar: que lo que decimos no es cierto y que ellos han visto tantos o cuantos trabajadores verdes por aquí o por allá. Una especie de charla de taberna puesta en una carta sin el más mínimo rigor académico y enviadas al Congreso de los EEUU. Allí se han debido quedar de piedra porque los remitentes no eran capaces ni siquiera de diferenciar entre personas contratadas y empleos equivalentes. Y allí puede que los políticos sean igual de peligrosos que aquí, pero están bastante más preparados.

La mejor de las cartas es la del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, firmada por la Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera Rodríguez. En ella, aparte de repetir lo que venía diciendo el lobby renovable, la señora secretaria de Estado miente descaradamente al asegurar que la fuente de nuestro cálculo es desconocida. Si ella no conoce nuestras fuentes es porque no se lo leyó y si se lo leyó, miente cuando afirma que no tenemos unas fuentes que en realidad mostramos en todo momento. Quizá la falacia de Teresa Ribera la hagan una perfecta candidata para un puesto en Greenpeace cuando se le acabe el trabajo en el Ministerio y deje de vivir de nuestros impuestos.

Viniendo de Greenpeace, todo lo que dicen sobre nosotros nos parece una verdadera condecoración. Aprovechando esta distinción, invito desde aquí a López Uralde y a Teresa Ribera a un debate público sobre estos interesantes e importantes asuntos en los que nos jugamos el progreso económico y el verdadero cuidado del medio ambiente.

Las buenas intenciones no bastan para ayudar

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero las intenciones no son suficientes, y en vez de beneficiar a quienes queremos ayudar, puede que en realidad les estemos perjudicando.

Pensemos en las relaciones personales. Además de las buenas intenciones, se debe conocer en detalle a la otra persona para saber cuáles son sus necesidades y anticipar su reacción ante alguien que quiera echarle un cable. Hay personas que rechazan cualquier tipo de ayuda, por lo que nuestros intentos pueden resultar fallidos.

Esto sucede más de una vez en la ayuda externa que enviamos desde los países ricos hacia los pobres. A pesar de la pretensión de que lo sabemos todo, padecemos una relativa falta de conocimiento sobre esos países que se trata de suplir con cantidades ingentes de millones de dólares. No conocemos con la precisión necesaria cuáles son las necesidades más perentorias de esas sociedades, cuál es la mejor forma de satisfacerlas, ni cómo van a reaccionar exactamente ante la ayuda. De hecho, estas cuestiones sólo las conocen las personas que se enfrentan y sufren estos problemas concretos dentro de esos países.

Por ello, solucionar los problemas de los países pobres desde las oficinas de Washington D.C. es extremadamente complicado, a pesar de ser sugerente para la mentalidad de planificadores que tienen algunos y para el simplismo de otros. Y lo que es peor, en muchas ocasiones toda esta política es contraproducente, como han sostenido los críticos de la ayuda externa desde hace varias décadas. Así, ya el gran economista del desarrollo Peter Bauer alertaba hace medio siglo sobre la obsesión de la ayuda externa para favorecer el desarrollo: "Es poco probable que sea un instrumento importante, por no decir indispensable, para el progreso material de los países pobres". Además la calificaba como un mecanismo por el cual se transfiere riqueza desde los pobres de los países ricos (contribuyentes) hacia los ricos de los países pobres (líderes).

Otros autores más recientes, como el americano William Easterly o los africanos James Shikwati, George Ayittei o Dambisa Moyo, han destacado los efectos nocivos de este tipo de ayuda al introducir incentivos perversos sobre los políticos locales, fomentar la corrupción y dañar a los productores africanos. En concreto, Ayittei culpa a los países occidentales de prolongar la pobreza en África a través de la ayuda enviada a los corruptos líderes africanos, con la consecuencia de sostener dictaduras represivas y malas políticas económicas, y a través de programas que han desplazado las instituciones indígenas locales, clave del desarrollo futuro de África.

Todas estas advertencias y opiniones parecerían meras elucubraciones políticamente incorrectas si no fuera porque están avaladas por la teoría y la evidencia empírica. Esto último lo acaba de constatar el caso de los envíos de ayuda humanitaria a Haití, donde el mismo Gobierno ha pedido que se detengan estos programas. Las razones que han aducido son precisamente las que destacan los críticos de la ayuda externa: el fomento de la corrupción –generándose bandas de delincuentes que luchan por hacerse con los envíos de ayuda– y los nocivos efectos sobre los productores locales –al ver sus precios artificialmente hundidos por la llegada masiva de productos.

Consecuencias que debían haberse tomado en cuenta, de no ser porque a veces nos cuesta ver la cruda realidad, ocultada por nuestra inherente sensibilidad ante fenómenos y situaciones trágicas.

Autoridad e influencia en la formación del Poder y el Derecho

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El término “autoridad” se utiliza con distintas acepciones de las que su mayoría contribuyen a distorsionar el significado que con mayor rigurosidad presta un servicio fundamental a la indagación científica social. La autoridad es un hecho político y psicológico. No tiene porque encumbrarse en forma de institución magistral, dado que cualquier individuo puede llegar a manifestar autoridad al margen de los cauces formales en que ésta termine articulándose dentro de un orden social dado. Aun con todo, dicha clase de autoridad, espontánea y fuera de los cauces institucionales, tiende a ser reconocible y clasificable por el común de los individuos que participan en una comunidad.

En virtud de la intención de quien demuestra autoridad, podrá incluírsele en un tipo ideal u en otro. En este sentido, hablaremos de influencia cuando el hecho psicológico no llegue a dotar al individuo de la prestancia política o jurídica indispensable para alzarse como autoridad en una materia. Muchas veces se confunde a quien tiene mera influencia sobre algún ámbito cultural (entendiendo por cultura el común de las manifestaciones del ser humano) y gracias a cierto prestigio, sus opiniones y valores puedan llegar a acceder al reconocimiento general (o amplio) en clave jurídica, moral o política.

La autoridad institucionalizada distingue entre el factor personal y el elemento impersonal. La magistratura se concede o conserva para quien demuestra autoridad y reconocimiento. Articular mecanismos de acceso es consustancial al desarrollo de una estructura de potestades institucionalizadas. El acervo político de una comunidad posibilita la consolidación de magistraturas, como títulos que avalan una autoridad que se presume, y que siempre, y en todo caso, resulta exigible durante el tracto de su ejercicio. La potestad equivale a su limitación original, así como a la presunción de autoridad. El sometimiento a las decisiones de quien se halle en el ejercicio de dicha potestad o atribución magistral, depende de que sus opiniones y valores se incorporen o responda a los que soportan el orden social en cuestión.

El liderazgo, como hecho igualmente político y autoritario, rompe con el espíritu conservador de la autoridad, bajo la obsesión por la consecución de determinados fines generales de la comunidad política de que se trate. El liderazgo incorpora todos los atributos de la autoridad salvo el de la limitación y su naturaleza estática. Un magistrado que pretenda romper con ciertos precedentes instituidos en su actual ámbito de control, deberá no sólo hallar reconocimiento autoritario por parte de sus sometidos, sino que también deberá alzar su poder en la fuerza del liderazgo y la influencia, como manifestaciones complementarias. El elemento fundamental es la autoridad, los otros dos son factores que intervienen, para bien o para mal, como circunstancias constantes pero que no siempre logran introducirse en los estrechos resquicios de poder práctico.

La influencia, en sentido estricto, no llega a ejercer directamente el poder que aspira manejar. Su ámbito es el de la voluntariedad, la sugestión y la creación de estados de opinión que, finalmente, decantarán las decisiones o interpretaciones que cierto magistrado, cuando no la mayoría, terminaran acogiendo como propias. Es por ello que nunca asumirá el coste total de sus pretensiones, quien ejerza influencia y nada más que influencia. El liderazgo, en realidad, moviliza política y psicológicamente hasta el extremo de mover a suficientes individuos hacia un posicionamiento severo.

Cuando influencia y liderazgo confluyen en quien ostenta autoridad y, además, logra penetrar dentro del entramado institucional de magistraturas, su impronta resulta irrefrenable. En dicho momento, el mero potestatario logra para sí el máximo reconocimiento que una voluntad puede recibir de sus iguales. Dicha primacía convierte la magistratura que ostente en un motor de cambio. El poder impersonal se sirve de semejante consideración para romper sus cadenas conservadoras e introducir el dinamismo que toda sociedad necesita. El problema, como en todo, es que dicho poder no encuentre contrapeso en otros potestatarios instalados en la conservación del orden a su merced, manifestándose como un hecho absoluto y revolucionario con vocación constructivista.

El intervencionismo competitivo es clave en el desarrollo del segundo mundo de la conducta (el primero es el inconsciente o semiinconsciente mundo de las reglas de mera conducta, del automatismo moral y la intimidad del contenido normativo). Dicho ámbito es el de la articulación contingente y parcial de la parte más superficial de aquel conocimiento normativo que gobierna la conducta humana.

Turgot, el último ilustrado

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

"La intolerancia es como una hiedra que se enrosca en las religiones y en los estados, que los encadena y los devora”.

Ese es el título del reciente libro de la profesora Paloma de la Nuez, publicado en Unión Editorial como un largo estudio que acompaña la traducción al castellano de sus interesantes Cartas sobre la tolerancia, y que sin duda podrán encontrar en la inminente Feria del Libro liberal que organiza el Instituto Juan de Mariana, LIBERacción. También sirvió de ponencia a su autora en la pasada edición del Congreso de Economía Austriaca, así como en un más cercano Seminario de la Universidad Rey Juan Carlos. Por todo ello me ha parecido conveniente escribirles sobre este pensador.

¿Quién fue Turgot? Un escritor francés del tiempo de la Fisiocracia (siglo XVIII), funcionario del gobierno supuestamente absolutista de Luis XVI (pues la Dra. de la Nuez sostiene que el Rey apenas pudo ejercer una verdadera autoridad en medio de los intereses de políticos, nobles, burgueses o propietarios que controlaban los resortes del Antiguo Régimen). En los manuales de Historia del Pensamiento Económico se le cita como formulador de la Teoría de los Rendimientos Decrecientes de la tierra (aunque sabemos que ya antes la había prefigurado el arbitrista español Miguel Caxa de Leruela) y, sobre todo, como el ministro de finanzas que tuvo la ingenuidad de liberalizar el comercio del trigo, convencido de la candorosa hipótesis smithiana de que los precios se ajustan beneficiosamente para compradores y vendedores cuando la oferta y la demanda operan en libertad.

Pero claro, la inexorable fatalidad socializadora nos demuestra que esta utopía era imposible. Ante las medidas de Turgot, evidentemente, no pudo pasar otra cosa que subieran los precios del pan, abundara la corrupción y la especulación, y terminara todo en unas revueltas que serían el preludio de la Revolución. Poco después, Turgot también quiso desregular el mercado de trabajo que controlaban los gremios. De manera que ya pueden suponer que sería fulminantemente destituido por el pusilánime monarca francés, poco antes de subir a la guillotina (que se había ganado justamente).

Ante tales circunstancias, la autora se pregunta si habría sido posible una reforma liberal en esa Francia decadente, o ya estaba abocada al centralismo (jacobino primero y después napoleónico) como única herramienta de cambio. Es cierto que los liberales franceses han sido tal vez demasiado racionalistas para el gusto anglosajón (el propio Tocqueville lo pensaba así). En medio de un país absolutista, pero atascado por el desgobierno, a Turgot se le atribuye una frase apócrifa: “si me dejáis cinco años de despotismo prometo hacer de Francia un país libre”. Aunque sugerente, pienso que no puede aceptarse desde un planteamiento genuinamente liberal. Hay gente convencida de que el Estado es el enemigo; pero ojo: la convivencia social requiere una mínima estructura de gobierno que no debería ser incompatible con la libertad. Este Seminario del que les hablo concluía con una reflexión del profesor Victoriano Martín: Adam Smith nunca reclamaría ese despotismo, porque daba por supuesto el buen funcionamiento de las leyes y las instituciones.

En fin, ironías aparte, solo quería estimularles un poco la curiosidad para que lean más sobre este laborioso e inteligente personaje, del que Rothbard, en su manual de historia de las ideas económicas, escribió un largo capítulo titulado “La brillantez de Turgot”. Para el economista austríaco, hay varias aportaciones consistentes del escritor francés que no han sido suficientemente reconocidas: su defensa de una teoría subjetiva del valor, relegando los costes que luego enfatizaron los clásicos ingleses; una visión moderna del empresario capitalista; y una también avanzada teoría del capital e interés, muy cercana a las ideas de la preferencia temporal o de los costes de oportunidad que bastantes años después quedarían asentadas en la doctrina económica.

David Calzada vs Goliat Uralde

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Como era de esperar, la cosa pasó desapercibida en España; no así en los Estados Unidos, donde se ha abierto un debate nacional a gran escala sobre el cambio de modelo energético que quiere impulsar Obama. Los datos del informe español, elaborado por tres jóvenes profesores (una madrileña, un canario y un castellonense) eran concluyentes. Por cada empleo creado en el sector de las energías verdes, las que promueven los Gobiernos por el cuento del calentamiento global, se habían destruido un promedio de 2,2 en otras áreas de la economía.

La solidez del argumentario hizo que el informe corriese veloz por Washington, donde los grupos de presión afinan al máximo para arrimar el ascua a su sardina. Uno de los autores del informe, Gabriel Calzada, viajó hasta allí y lo expuso en el Congreso advirtiendo del peligro que entraña liarse la manta a la cabeza y embarcarse en ciertas empresas sin pensarlas, especialmente las que afectan al bolsillo del contribuyente. En España se siguió ignorando el tema hasta que el ministro Sebastián, sabedor de que la burbuja de las renovables en España ha estallado y es una criatura malcriada, ruinosa y pedigüeña, pensó que el único modo de salvar el balance de los amigotes renovables era colocar la ecoestafa al amigo Obama. Pero en América ya estaban advertidos y no coló.

Como con las cosas de comer no se juega, el complejo climático-industrial hispano emprendió una campaña de desprestigio del minúsculo Juan de Mariana que no ha cesado hasta hoy. Primero fue la artillería mediática del régimen personificada en un tal Pere Rusiñol, redactor muy mal informado del diario Público. Los plumillas de Roures, aristócrata paleomarxista a fuer de millonario, acusaron al Juan de Mariana de cobrar de la petrolera Exxon y, horror, de perjudicar los intereses de España, es decir, de los amigos Zapatero que, en condición de tales, son amigos de Roures. Tampoco coló. En plena crisis, el personal no está para caprichitos de niños ricos como las placas solares o los aerogeneradores off-shore, y menos aún para atender las quejas de la familia Entrecanales, magnates de cámara del que manda.

El último cartucho lo acaban de disparar. Esta vez el turno le ha tocado a Greenpeace, esa versión ecologista de la iglesia de la Cienciología cuyo altruismo planetario le lleva a sentarse en el consejo de Shell Oil y a mover miles de millones de dólares de cuenta en cuenta bancaria. Para contrarrestar el efecto Calzada y neutralizarlo de una vez ha presentado no uno sino tres contrainformes realizados por prestigiosos especialistas que viven, entre otras cosas, de la próspera industria solar. Así cualquiera.

Su presidente en España, el ex presidiario Juan López de Uralde, ha cambiado ligeramente el guión. Ahora resulta que al Juan de Mariana no lo financia Exxon sino Colhogar, una temible empresa que hace papel de cocina y es nada menos que “negacionista”, palabro inventado por estos aprendices de Obersturmführer para marcar a fuego a los que les llevan la contraria. Eso lo dice levantando el dedo índice de una mano, mientras que con la otra se trae al IBEX 35 en pleno… a los Endesas, Iberdrolas, Accionas y compañía, que tanto y tan bien chupan del bote con la pamema de lo renovable. Y el bote, no lo olvide, es usted.

¿Es la redistribución de rentas tan necesaria y deseable?

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

“Ninguna riqueza en el mundo ni distribución de ésta pueden comprar la paz y la armonía tan esenciales para la existencia humana”, Hans Sennholz

Hoy en día se da por hecho la necesidad y deseabilidad de la redistribución de las rentas, de las personas más adineradas y con más renta hacia las que carecen de recursos “suficientes” (cualquiera sea su significado). Dado que no partimos de situaciones de igualdad de condiciones por diversas razones, es necesario que la acción estatal intervenga para facilitar las cosas a aquellos que parten de las condiciones menos favorables. Muy simplificadamente, esta es una de las razones por las que se justifica un papel importante del estado en la educación, la sanidad, o en la misma distribución de la renta, entre otras parcelas.

En favor de la redistribución se suele apelar a toda una serie de argumentos éticos y morales, donde el concepto de “justicia social” juega un papel clave. Por ello, es importante analizarlos, y si fuera necesario, plantear críticas y alternativas.

Sin embargo, aquí me centraré, si bien de manera incompleta, en argumentos económicos que pueden aducirse para discutir la deseabilidad de la redistribución de la renta vía intervención estatal. La lista podría ser muy larga, como enumera Robert Higgs en Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de renta, por lo que me centraré en solo unos pocos.

Se suele decir que el hecho de que la riqueza esté acumulada en unas pocas manos, hace imposible el que se reduzca la desigualdad y se mejore el bienestar de las clases medias y bajas. Sin embargo, en una economía capitalista de libre mercado, la riqueza en forma de capital favorece a la mayor parte de la sociedad. Claramente, beneficia a los propietarios de ese capital, pero también tiene efectos positivos sobre los demás integrantes de la sociedad.

Por un lado, todos nos beneficiamos comprando los bienes y servicios sin cuyo capital no existirían. Y por otro, una mayor capitalización de la economía implica, aislando los demás factores, una mayor demanda de trabajo y mayor productividad, lo que empujará hacia arriba los salarios reales y/o el empleo.

Desde este punto de vista, los efectos de la redistribución obtendrían probablemente resultados contrarios a los perseguidos. Esto es debido a que se establecerá una tasa impositiva mayor a los que, en general, contribuyen más al proceso de capitalización de la economía. El resultado será una reducción del capital disponible, que asimismo afectará negativamente al nivel de los salarios reales y/o el empleo.

Aparte de esto, otros argumentos en contra de los impuestos progresivos y otras medidas de redistribución, podrían ser los siguientes.

El carácter desincentivador que estas medidas pueden tener sobre el trabajo y el esfuerzo. Como dijo Henry Hazlitt en un brillante artículo titulado La tarea a la que se enfrentan los liberales, “la doble pregunta que todo plan para aliviar la pobreza debe responder es: ¿cómo se pueden mitigar las penalidades del fracaso y la desgracia sin desincentivar el esfuerzo y el éxito?"

También en el área de los incentivos, estas medidas suponen un incentivo a la evasión y elusión de impuestos, a través de métodos legales y no legales, surgiendo así la economía sumergida.

Además, en la realidad, los impuestos progresivos sobre la renta no suelen afectar a los individuos con más riqueza, sino a los que aportan más al proceso productivo mediante el trabajo (más rentas). Por ello, resulta dudoso que sean los más ricos de una sociedad los que más contribuyan vía impuestos, siendo que éstos pueden tener su mayor parte de riqueza en forma de activos financieros, inmobiliarios o de otro tipo. Así, los que se ven más afectados suelen ser las clases medias, que son los más accesibles fiscalmente, tienen poca influencia política, suelen carecer de conocimientos acerca de “trucos” para escaquearse del pago de impuestos legalmente, etc.

Por tanto, cabe plantearse: ¿Disminuye el estado del bienestar realmente la pobreza? Aunque muchos responderían afirmativamente sin pensar un segundo, lo cierto es que existen casos históricos en los que un mayor esfuerzo gubernamental no ha supuesto una disminución de la desigualdad. Lowell Gallaway muestra en un artículo el caso norteamericano en la segunda mitad del siglo XX. Mientras que en 1969 las transferencias de renta suponían un 9% de la renta total, en 1994 esta cifra era del 16%. Sin embargo, la proporción del ingreso medio respecto al 20% de la población con menos ingresos aumentó en un 45% entre estos años. Es decir, a pesar del aumento del gasto público en la ayuda a los más necesitados, el resultado fue que la distribución de la renta se hizo más desigual.

Russ Roberts en su entrada sobre Caridad para una enciclopedia económica, habla del efecto expulsión que las acciones gubernamentales relacionadas con el estado del bienestar tienen, y han tenido históricamente –en concreto en la década de los 30 de la Gran Depresión en EEUU-, sobre las aportaciones individuales y voluntarias de ayuda a los más necesitados. Y concluye: “¿Qué pasaría si el gobierno dejara la caridad en ayuda de los pobres al sector privado nuevamente? La caridad privada seguramente incrementaría”.

Antes de la introducción del estado del bienestar entrado el siglo XX, a pesar de que la acumulación de capital y riqueza eran menores, existían alternativas para ayudar a los más pobres, centradas especialmente alrededor de organizaciones religiosas. El filántropo, teórico monetario y banquero Henry Thornton constata esta realidad en la Inglaterra de finales del XVIII y comienzos del XIX.

Como conclusión, podríamos decir que lo realmente importante de un sistema social y económico, es que se asegure la posibilidad de mejora de la situación de los individuos, gracias a su esfuerzo personal y la ayuda voluntaria que se pueda conseguir, y se ofrezca la mayor garantía de éxito al mayor número posible de personas de conseguirlo.

¿Depende el ciclo económico de los tipos de interés nominales o de los reales?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Una de las críticas más habituales contra la teoría del ciclo económico de la Escuela Austriaca es que postula que el ritmo de expansión crediticia depende del tipo de interés nominal, cuando lo realmente importante en economía son los tipos de interés reales (tipos nominales corregidos por inflación). En otras palabras, un tipo de interés al 1%, como el que favoreció Greenspan en 2003 y 2004, puede parecer más bajo que otro del 4%, pero si en el primer caso la inflación es del 2% y en el segundo del 6%, los tipos de interés reales serán más bajos en el segundo supuesto.

La crítica parece sólida, especialmente para alguien que haya pasado por la licenciatura de Economía donde los tipos de interés nominales son un mero dato necesario para calcular los reales. Al final y al cabo, parece claro que los agentes económicos toman sus decisiones de acuerdo con los tipos de interés reales y no con los tipos de interés nominales. Y, sin embargo, no es la Escuela Austriaca quien está confusa con este tema. Para comprobarlo, vamos a plantearnos cómo influyen los tipos de interés reales sobre la demanda y la oferta de crédito (factores que conjuntamente determinan la expansión del crédito y por esta vía el ciclo).

Primero, cuando decimos que la demanda de crédito depende del tipo de interés real en realidad queremos señalar que los agentes, para calcular el coste financiero del crédito, tienen en cuenta la revalorización nominal futura que se producirá en sus fuentes de renta. En otras palabras, dado que, por ejemplo, el salario que cobra un individuo tiende a revalorizarse año tras año simplemente por la depreciación del valor de la moneda, es lógico que considere que en el futuro las unidades nominales de dinero que ingrese aumentarán, mientras que las unidades nominales de deuda que amortice se mantendrán constantes. Por tanto, descontará del tipo de interés nominal el incremento nominal que se producirá en los precios y por tanto en sus rentas.

El problema del anterior razonamiento es que, si nos fijamos, estamos asumiendo que la inflación se distribuye equiproporcionalmente entre todos los precios, incluyendo las rentas del deudor. Cuando abandonamos esta más que discutible hipótesis, no queda ni mucho menos claro que la demanda de crédito de los agentes dependa del tipo de interés real. Por ejemplo, supongamos que el precio de los bienes de consumo de una economía (para simplificar, IPC) se incrementa cada año un 10% y que, sin embargo, los salarios se mantienen constantes. Parece evidente que, en este caso, la demanda de crédito de los trabajadores no dependerá ni mucho menos del tipo de interés real pues estaría infravalorando en mucho el auténtico coste financiero que a ese trabajador le supone endeudarse.

Otro caso opuesto al anterior se da cuando las fuentes de renta de los deudores se aprecian más rápido que el IPC. En estos casos, puede parecer que los tipos reales no están excesivamente bajos, cuando en realidad sí lo están. Por ejemplo, imaginemos que los trabajadores pueden endeudarse al 1% para adquirir unas viviendas que aumentan de precio un 15% anual. En este caso, por mucho que el IPC sea del 2%, tampoco debería haber muchas dudas de que las plusvalías que les genera la adquisición de la vivienda reducen enormemente el coste del endeudamiento.

De este modo, podemos decir que la demanda de crédito depende de los tipos de interés reales, pero sólo si tenemos claro que, en una economía donde los aumentos de precios no se distribuyen equiproporcionalmente, cada individuo tendrá sus propios tipos de interés reales en función de sus fuentes de renta y de sus partidas de gasto y que todo este conjunto de tipos de interés reales tienen como centro gravitatorio los tipos de interés nominales. En ningún caso deberemos descontar el IPC de los tipos de interés nominales para hallar algo así como un “tipo de interés real de mercado” que influya sobre la demanda agregada de crédito, porque ninguna de ambas magnitudes existe más que como abstracción.

Por lo que se refiere a la oferta, ésta depende de la rentabilidad esperada del crédito, esto es, del tipo de interés nominal. El razonamiento que hemos efectuado antes con respecto a la demanda de crédito es aplicable a la oferta: el prestamista deberá descontar de esa rentabilidad el aumento esperado de precios de los bienes de consumo o de inversión que pretenda adquirir cuando se le devuelva el capital. No tendría mucho sentido prestar dinero a un año al 5% para adquirir tras su devolución unos bienes que se habrán encarecido un 10% y que ya están disponibles hoy. Si bien no podemos establecer una relación entre ofertas concretas de crédito y “tipos de interés reales de mercado”, sí podemos afirmar que cada agente, aparte del tipo de interés nominal, tiene en cuenta la depreciación del dinero con respecto a los bienes que espera adquirir y que ya podría adquirir hoy.

Sin embargo, a este análisis sobre la relación entre oferta de crédito y tipos de interés hemos de añadirle la decisiva importancia que juegan los intermediarios financieros. En una economía en la que una parte enorme del crédito a largo plazo es proporcionada por intermediarios financieros que se endeudan a corto, no puede negarse seriamente que la oferta de crédito dependa en una gran porción de los tipos de interés nominales.

Me explico. Un intermediario financiero se endeuda para a su vez prestar. Su beneficio deriva del spread entre el tipo de interés al que se endeuda y el tipo de interés al que presta. La inflación reduce la rentabilidad de su inversión, pero también el coste de financiarse. En otras palabras, salvo por los riesgos asociados, el negocio de intermediar siempre es rentable, porque consiste en captar unos fondos de los que el agente carecía para represtarlos a un tipo de interés superior. Por ejemplo, pido prestados a un año 1.000 um al 5% y los presto también a un año al 10%. A final de año, obtendré 50 um de beneficio. Aun cuando la inflación sea del 50% para los productos que espere adquirir, he salido ganando, porque tengo 50 um más que antes, aun cuando su poder adquisitivo se haya reducido a la mitad o a la décima parte (otra cosa es que los fondos propios de los intermediarios financieros vayan erosionándose).

Obviamente, si hemos dicho que la depreciación de la moneda influye en la oferta de crédito, una depreciación mayor de la misma debería reducir el crédito que los agentes prestan a los intermediarios financieros para que estos lo reinviertan. De modo que seguiría siendo cierto que la oferta de crédito dependería de los tipos de interés nominales modificados por la inflación que afecte a cada agente.

Sin embargo, dado que los intermediarios financieros prestan a largo plazo, no a partir de sus deudas a largo plazo, sino de sus deudas a corto plazo, la influencia de la inflación se debilita muchísimo. Los agentes que prestan sus fondos a los intermediarios a un día o a un mes, salvo en el caso de hiperinflaciones, no dejan de hacerlo por la inflación, en esencia porque no quieren consumir nada hoy pero quieren mantener sus opciones abiertas para consumir en cualquier momento futuro: así, buscan activos (aparentemente) líquidos en los que mantener sus ahorros y que puedan proporcionarles una cierta rentabilidad que minore la depreciación inflacionista de la moneda. Por ello, la provisión de crédito a corto plazo a los intermediarios depende si acaso de los tipos de interés nominales a corto plazo y, como es lógico, la provisión de crédito que hagan los intermediarios a largo plazo también dependerá de los tipos de interés nominales a largo. Esto, además, es especialmente cierto cuando existe un prestamista de última instancia para los intermediarios financieros, como puede ser el banco central, que refinancia sus deudas a corto siempre que posean buen colateral descontable. Por consiguiente, la única forma en que la inflación puede entrar en los cálculos de los intermediarios financieros a la hora de decidir si proveer crédito o no hacerlo es por razones más indirectas: si la inflación puede afectar a la actividad económica y de ahí a la morosidad de sus créditos o si el banco central responderá a la inflación subiendo los tipos de interés a corto. Pero en todo caso vemos que la influencia sigue siendo escasa y que gira en torno a los tipos de interés nominales (más en concreto, al spread actual y al esperado en el futuro).

En definitiva, ni la demanda ni la oferta de crédito dependen de un inexistente “tipo de interés real de mercado”, sino del tipo de interés nominal y de una dispar evolución nominal de los ingresos y de los gastos de demandantes y oferentes de crédito. Además, en el caso de intermediarios financieros que incurran en descalce de plazos, la variable más relevante es el spread presente y futuro de tipos nominales, no reales.

Sin embargo, por encima de todo lo anterior hay un argumento esencial. La razón por la que no puede afirmarse que la expansión crediticia dependa de los tipos de interés reales es que el tipo de interés real depende del tipo de interés nominal y de la inflación de precios. Pero la inflación de precios depende de que demanda de bienes presentes supere a la oferta de bienes presentes y esto sólo podrá darse cuando el nuevo crédito (una de las partidas que compone el gasto en consumo y en inversión) no tenga su origen en ahorro voluntario (en la renuncia a controlar bienes presentes), sino en el descalce de plazos. Sólo cuando el aumento del crédito (la mayor demanda de bienes presentes por parte de algunos agentes) no vaya de la mano de un aumento del ahorro (menor consumo que equivale a mayor oferta de bienes presentes por parte de otros agentes) sino de la creación de crédito fiduciario por parte de los intermediarios financieros, la inflación de precios se desatará de manera sostenida y tendrá sentido pensar en distintos tipos de interés reales. Pero, como hemos visto, el descalce de plazos depende esencialmente de los spreads de tipos de interés nominales.

Así pues, el grado de expansión crediticia no viene determinado por los tipos de interés reales, sino en todo caso al revés: los tipos de interés reales divergirán significativamente de los nominales conforme el crédito vaya creciendo de manera desproporcionada gracias a los bajos tipos de interés nominales (en realidad, se trata de un proceso dinámico que se retroalimenta). No tiene mucho sentido fijarse históricamente en cuáles fueron los tipos de interés reales para tratar de determinar cuál fue su influencia sobre la oferta y la demanda de crédito, cuando la inflación que permite calcular los tipos de interés reales es el resultado de la oferta y la demanda de crédito.

Por consiguiente, la teoría austriaca del ciclo económico hace bien en concentrarse en los tipos de interés nominales, tanto a corto como a largo plazo, siempre teniendo en cuenta que las distintas expectativas de la inflación que engendre el aumento del crédito pueden a su vez influir sobre demandantes y oferentes. Pero son los tipos nominales los que en todo caso desencadenarán el descalce de plazos y las expansiones insostenibles del crédito que cristalizarán en forma de ciclo económico, precisamente el fenómeno que deseamos explicar.

Diferencias entre guerras “monárquicas” y “democráticas”

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Tal y como señala el profesor Hans Hermann Hoppe, “la estructura política que incentivan los monarcas tradicionales, por un lado, y los presidentes modernos, por el otro, es suficientemente diferente como para registrar diferentes formas de guerra”.

En su escrito Monarquía y Guerra, publicado en el Journal of Libertarian Studies, Eric von Kuehnelt-Leddihn desmonta los puntos clave sobre los que se sustenta la estructura política democrática y su superior legitimidad respecto a otras formas de gobierno, como es el caso de la monarquía. Y ello, mediante el análisis de las distintas formas de guerra que se desarrollan bajo ambos modelos.

En su obra Monarquía, Democracia y Orden Natural, Hoppe hace uso del concepto austríaco de preferencia temporal, y que se resume en la preferencia universal que muestra todo individuo por los bienes presentes sobre los futuros.

En este sentido, la monarquía es un sistema político que se basa en la propiedad privada del gobierno. Por esta razón, precisamente, el monarca tiende a manifestar una preferencia temporal más baja respecto al gobernante democrático, ya que el monopolio del poder es de titularidad privada y personal, no pública.

La propiedad privada del gobierno propicia una serie de incentivos al monarca en cuanto al modo en que debe dirigir sus asuntos, ya que en función de su propio interés, innato y natural, tratará de maximizar su riqueza total. Además, la propiedad privada posibilita el cálculo económico y estimula la previsión a largo plazo. Todo ello se traduce, por tanto, en una moderación en cuanto a la explotación de su monopolio gubernativo.

Por otro lado, al ser el gobierno de titularidad privada, tal propiedad pertenece al patrimonio familiar, única y exclusivamente. Tan sólo el rey y su familia participarán de la renta fiscal y del goce de una existencia parasitaria. Ello estimula, sin duda, una conciencia de clase en los gobernados, debido a la restricción en la participación del gobierno y el privilegiado estatuto de la familia real.

Es decir, al existir una clara distinción entre minoría gobernante y mayoría gobernada, se refuerza de un modo intenso y profundo la solidaridad entre los gobernados, pues éstos se reconocen mutuamente como víctimas de las violaciones gubernativas sobre sus particulares derechos de propiedad. Por ello, un especial exceso en el ejercicio del poder pondría en serio peligro la delicada legitimidad del monarca.

Por el contrario, la democracia es un aparato gubernamental de propiedad pública, ya que se encuentra administrado por magistrados elegidos periódicamente que ni poseen ni son percibidos como poseedores del gobierno, sino como fideicomisarios o representantes del pueblo soberano.

Sin embargo, en la práctica, tales representantes actúan mediante el ejercicio del mando personal y propiedad privada del gobierno, sólo que temporalmente. Por ello, tienden a cometer más excesos en el ejercicio del poder. Es decir, cuentan con menos incentivos para aplicar la moderación a nivel político. Y ello se debe, fundamentalmente, a que el gobernante democrático no puede enajenar los recursos del Estado ni transferir tales posesiones a su patrimonio particular.

Además, en democracia desaparece la conciencia de clase de los gobernados, ya que cualquiera puede convertirse en gobernante, al menos en teoría, desapareciendo así la insuperable separación entre gobernantes y gobernados. Si bien con la monarquía el pueblo percibe de forma nítida la opresión del rey sobre sus derechos y bienes, tales excesos no son percibidos de igual forma en el sistema democrático, ya que el gobernante se oculta bajo el velo de la soberanía popular. Es decir, se fusiona, se mimetiza con el pueblo. El Gobierno ya no es privado sino público (de la mayoría).

De ahí, precisamente, que la práctica democrática se haya traducido en más impuestos e intervención pública respecto al Antiguo Régimen. Pero esta menor moderación en el ejercicio del poder político no sólo se manifiesta en el ámbito fiscal o regulatorio sino también en el desarrollo de la guerra.

La Revolución Francesa marca el inicio del fin de antiguo orden y la progresiva instauración de la democracia en los países desarrollados. Ahora bien ¿cómo se manifiesta este cambio en el ámbito de la guerra?

Podemos enumerar varias diferencias clave entre el estilo de guerra que llevan a cabo las monarquías y las democracias en base a las características expuestas anteriormente:

Monarquía: guerra “moderada”

1) Carácter dinástico: las guerras estaban motivadas, fundamentalmente, por disputas dinásticas (es decir, conflictos por herencias), y se caracterizaban por tener objetivos territoriales tangibles, no ideológicos.

2) Carácter privado: las guerras eran consideradas por la población como un asunto o negocio privado del rey. Por ello, se financiaban con el dinero (patrimonio, préstamos) y las fuerzas militares del propio monarca. Además, en muchas ocasiones este tipo de disputas se solucionaban mediante acuerdos privados como, por ejemplo, la cesión de territorios o el arreglo de matrimonios inter-dinásticos.

3) Mercenarios: las tropas estaban formadas normalmente por mercenarios. Eras, pues, ejércitos privados del rey. Durante este período, las levas (reclutamiento forzoso de la población) se nutrían de campesinos, pero solían ser empleados como zapadores, exploradores o leñadores, no como soldados.

4) Objetivos militares: puesto que las guerras eran conflictos privados entre familias, existía una clara distinción entre combatientes y no combatientes. Es decir, la población civil no era el enemigo a combatir. Los objetivos eran exclusivamente militares, lo cual tiene mucha lógica ya que las arcas reales se nutrían de impuestos y, por lo tanto, existía un gran incentivo a no paralizar o destruir la actividad económica.

Así, durante las guerras del siglo XVIII, lo normal era que la economía siguiera funcionando con cierta normalidad pese a la existencia de conflicto armado. El monarca quiere mantener la cotidianidad de la vida civil porque desea preservar la capacidad de pagar impuestos de sus ciudadanos.

Democracia: guerra “total”

En contraste con la guerra limitada del Antiguo Régimen, la era de las guerras democráticas se inician con la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas, continúan durante el s. XIX con la Guerra de Secesión de EEUU y alcanzan su cénit con la I y II Guerra Mundial en el s XX.

1. Carácter nacional: la democracia elimina la estructura vertical del orden anterior. Las guerras, por tanto, pasan a tener una insignia nacional o identitaria. La guerra ya no es una cuestión exclusiva del monarca sino del pueblo. Combate el país como un todo unido.

2. Carácter ideológico: este emblema nacional imprime, lógicamente, un fuerte carácter ideológico e, incluso, étnico a las guerras. Al desdibujarse la distinción entre gobernados y gobernantes (“Gobierno de la mayoría”), la democracia refuerza la identificación del pueblo con la figura del Estado. En lugar de disputas dinásticas por propiedades, las guerras democráticas se convierten en batallas ideológicas, esto es, choque entre civilizaciones, que tan sólo pueden resolverse mediante dominación, subyugación y, en casos extremos, exterminio poblacional, cultural, lingüístico o religioso.

El nacionalismo democrático enseña a odiar al enemigo. El Estado emplea la propaganda y la educación, todos los mecanismos a su alcance, para despojar al enemigo de toda virtud. Son guerras que enfrentan a pueblos enteros, no a gobiernos particulares, lo cual incentiva enormemente el instinto de destrucción y exterminio.

3. Ejércitos de masas: el servicio militar se convierte en obligatorio. Nacen los ejércitos de masas mediante el reclutamiento forzoso de la población civil. Este factor reduce enormemente el coste de los recursos humanos. Ya no es necesario contratar a un ejército privado. La población es obligada a combatir gratis bajo la excusa de un objetivo común (interés general) y bajo la amenaza de “traición”.

4. Objetivos civiles: no sólo se persiguen ya objetivos militares sino también civiles. El adoctrinamiento en el odio y la influencia del espíritu nacional trae como resultado el recrudecimiento de la guerra a todos los niveles, ya que le imparte un profundo sentimiento emocional.

Además, la democracia puede disponer de todos los recursos económicos de la nación para el desarrollo de la guerra. La economía entera se moviliza en beneficio de ese objetivo común. La guerra ya no distingue, pues, entre combatientes y no combatientes. La población civil se convierte también en objetivo militar.

En definitiva, tras la Revolución Francesa y la caída del Antiguo Régimen, las tradicionales guerras “moderadas” de las monarquía son sustituidas por las guerras “totales” de la democracia.