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La democracia enferma

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Es fácil diagnosticar una democracia enferma. Hay síntomas evidentes como, entre otros: los elevados casos de prevaricación, tráfico de influencias y corrupción marchando al compás que marque la fiscalía, la nula separación de poderes, la falta de elección directa de los parlamentarios, o la ausencia de financiación transparente y democracia interna en los partidos políticos.

Sin embargo, quizás el síntoma más grave que caracteriza inequívocamente una democracia precaria es la carencia de independencia del poder judicial ya que es el pilar central sobre el que debe quedar constituida una democracia liberal; entendida ésta como un sistema político con elección libre de representantes, y siempre que logre instaurar un Estado de Derecho que permita garantizar la tutela judicial e independiente de los derechos individuales de los ciudadanos.

En una entrevista del año 1977, preguntado por el horror de financiar la burocracia colosal del estado de bienestar y por la racionalización del Gobierno, el premio Nóbel de Economía Friedrich A. Hayek comentaba:

“Mi única esperanza es realmente que algún país o países de menor importancia, los cuales por diversas razones tendrán que construir una nueva constitución, lo hagan sobre la base de líneas sensibles y sean tan exitosos que otros consideren de interés imitarlos. No creo que los países que están orgullosos de sus constituciones realmente necesiten experimentar con cambios en ellas. La reforma puede venir, por ejemplo, de España, que debe redactar una nueva constitución. No creo que sea realmente probable en España, pero es un ejemplo. Pueden probar ser tan exitosos que sería una forma de demostrar que hay mejores maneras de organizar al gobierno que la que tenemos.”

Sin duda, Hayek mantenía serias reservas a la posibilidad de que los políticos españoles lograsen evolucionar correctamente la dictadura franquista hacia una democracia liberal. Lamentablemente, los hechos confirmaron sus suposiciones.

La transición en España fue guiada por una mayoría de hijos y herederos políticos de la clase dirigente del dictador Franco, que habían vivido cuatro décadas de dictadura y, por tanto, no habían experimentado el funcionamiento de instituciones democráticas durante un periodo dilatado de sus vidas.

Vista en perspectiva, analizando la trayectoria de muchos políticos se observa un largo historial de cargos públicos y un dilatado patrimonio, por lo que muchos ciudadanos tenemos la sensación de que la clase dirigente, con maquillaje de izquierdas o con disfraz de derechas, sólo aprovechó la muerte del dictador para mantener posición social y económica y, seguir medrando cargos políticos bien remunerados. Cambiaron las caras pero, finalmente, incluso se acrecentaron los casos de corrupción, “cainismo” o secular enfrentamiento con el que piensa diferente.

De hecho, la Constitución fue redactada con remiendos que intentaron contentar a todos los ponentes, por lo que el articulado no limita las competencias autonómicas y, es extenso, contradictorio y lo mismo puede guiar hacia el marxismo real aplicando la “planificación” (art. 38 CE) como puede conducir a situaciones de capitalismo de Estado con el mercado intervenido por “causa justificada de utilidad pública e interés general” (art. 33 CE).

Dado que ideológicamente procedían de la derecha franquista, del nacionalismo y de la izquierda marxista, los ponentes constitucionales nunca apostaron con verdadero entusiasmo por garantizar la independencia judicial para realizar una protección eficiente de las libertades individuales. De ahí que, sin remordimiento de conciencia, decidiesen elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) e, incluso, se crease un tribunal político (art. 159 CE) para decidir las discrepancias constitucionales.

Si comentamos la apoplejía de la democracia en España, es preciso señalar al ínclito Tribunal Constitucional, ya que sus miembros son elegidos por los mismos políticos cuyas leyes y actos administrativos deben juzgar, lo que puede ser bien catalogado como un tribunal político.

Cualquier ciudadano, que sepa razonar mínimamente, puede observar la evidente inconstitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña con artículos que otorgan estatus de nación, relaciones bilaterales, embajadas, convocatoria de referéndum de secesión y, hasta sistema judicial independiente.

De este modo, como una institución que permite maquillar “judicialmente” los atropellos legislativos de un Parlamento, el tribunal político denominado Tribunal Constitucional sigue aplicándose en el juego de retrasar la sentencia sobre el Estatuto, intentando que la población se habitúe a la ignominia de tener ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría en algunas regiones de España, con políticas nacionalistas financiadas por todos los contribuyentes.

Ya analizamos como por la jurisprudencia existente y el retraso de más de tres años en emitir su sentencia, algunos miembros del Tribunal Constitucional podrían estar cayendo dentro de los límites marcados por el artículo 449 del Código Penal, si se demostrase un “retraso malicioso en la administración de justicia”, dado que se ocasiona un perjuicio evidente a España al permitir la vulneración de la Constitución con la aplicación en la práctica del nuevo Estatuto, lo que supone actualmente hasta 41 leyes autonómicas aprobadas bajo el paraguas de su articulado y, 20 proyectos de ley en camino de “separar” las instituciones de Cataluña del resto de España.

La hoja de ruta está trazada desde hace mucho tiempo. Después de las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, la reforma encubierta de la Constitución que supone el nuevo Estatuto saldrá adelante de un modo o de otro, bien presionando al tribunal, bien renovando los magistrados por otros más dóciles, bien coaccionando a los solicitantes para que retiren su recurso de inconstitucionalidad y se plieguen a los intereses nacionalistas en Cataluña.

Mientras, los ingenuos ciudadanos validamos con nuestros votos esta democracia enferma, cuando elegimos, de modo indirecto y en listas cerradas, a los parlamentarios autonómicos y nacionales.

Es lamentable pero muchos “niños de papá” criados bajo el auspicio del antiguo régimen alimentan los partidos nacionalistas, de izquierda, centro y derecha. Y, entronizados en sus altos cargos políticos en el Parlamento y en el Gobierno de España, se apremian para mantener y acrecentar las prebendas que ya venían disfrutando con sus familias dentro de la nomenclatura de la dictadura e, irresponsablemente, no afrontan los desafíos democráticos del país.

Salvo muy honrosas excepciones, su objetivo no es proporcionar las condiciones más favorables para las libertades individuales, el crecimiento socioeconómico sostenido y los intereses geopolíticos de España. Al contrario, han primado sus intereses personales y de partido como herederos de la casta político judicial del régimen franquista que, treinta años después, todavía sigue medrando.

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El café para todos debe terminar

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El gasto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos ha crecido de una forma desaforada durante la última década al calor de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente crecimiento económico.

En poco más de dos décadas, comunidades y entes locales han asumido más del 50% del gasto público total. Entre 1998 y 2007, el número de funcionarios ha aumentado un 22% mientras que la población apenas lo ha hecho en un 12,2%. El personal de las comunidades autónomas se ha duplicado y el de los municipios ha crecido casi un 20% durante dicho período. De hecho, pese a la crisis, no han dejado de contratar gente. España cuenta en la actualidad con casi tres millones de funcionarios (uno por cada seis trabajadores en activo), de los que casi el 80% pertenecen a la administración periférica.

Sin embargo, la fiesta se acabó. La crisis ha mermado de forma drástica los ingresos tributarios que con tanta alegría y devoción llenaban las arcas de los entes territoriales y, como resultado, los números rojos hunden ahora sus balances. La deuda autonómica creció un 25,8% interanual en 2009, hasta los 86.280 millones de euros (el 8,2% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica. Por su parte, en el caso de las corporaciones locales ascendió a 34.594 millones (un 9% más), el 3,3% del PIB.

El sector público, al igual que están haciendo familias y empresas, debe ajustarse de un modo draconiano. El problema es que los gobiernos regionales carecen de incentivos para ello. Su estructura institucional y financiera les permite desarrollar una particular política basada en el despilfarro de recursos.

La idea es sencilla: las autonomías gastan lo que no tienen. La autonomía fiscal de las comunidades autónomas no cubre el coste de las competencias asumidas y es el Gobierno central, principal recaudador estatal, el encargado de cubrir la diferencia mediante la mal llamada "solidaridad interterritorial", que no es otra cosa que la redistribución de ingresos entre entes regionales en base a criterios políticos.

Desde 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos. Y ello, pese al compromiso de estabilidad presupuestaria. Así, si bien el pasado otoño se acordó que las comunidades no podían superar un déficit del 2,5% del PIB en 2010, cinco autonomías ya habían traspasado dicho límite apenas tres meses después.

Por ello, es loable el informe elaborado por Fundación Progreso y Democracia sobre el despilfarro de las comunidades autónomas. El estudio, pese a las dificultades técnicas que conlleva la medición de datos no homogéneos, destaca que los contribuyentes se ahorrarían hasta 26.000 millones de euros al año si los gobiernos regionales mejoraran su eficacia y eficiencia administrativa. Es decir, si gastaran mejor el dinero que ingresan vía impuestos y transferencias estatales.

Puesto en perspectiva, esta cifra equivale al 30% del endeudamiento autonómico acumulado hasta 2009. De este modo, si las comunidades dejaran de despilfarrar recursos y duplicar servicios la deuda regional desaparecería en apenas tres años.

Y si bien concuerdo en el resultado, discrepo en la solución. El partido de Rosa Díez aboga por una reforma constitucional para dotar al Gobierno de herramientas eficaces con el fin de controlar el gasto autonómico. Lo siento, pero esto es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Una mayor limitación o supervisión por parte de Moncloa no va a solventar, en ningún caso, este problema estructural. El café para todos debe, simplemente, llegar a su fin.

La única reforma posible consiste en suprimir de la Constitución el concepto de "solidaridad interterritorial" e instaurar el de "responsabilidad fiscal". Esto es, que cada región tan sólo pueda gastar en función de sus ingresos reales, sin necesidad de transferencias centrales. Éste es el único incentivo capaz de apretar el cinturón a los derrochadores autonómicos.

Además, ello animaría a una sana competencia fiscal y al desarrollo de políticas favorables al libre mercado con el fin de captar capital (empresas) y aumentar así sus ingresos tributarios. Y esto, tan sólo en lo que se refiere a la eficiencia estática (mejora de la administración). Tema aparte, mucho más relevante, es el de la eficiencia dinámica, cuyo análisis, sin duda, merece otro apartado.

Paremos el vulcanismo

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Con los volcanes pasa lo mismo que con el clima, hacen lo que les viene en gana sin importarles demasiado que estemos o no aquí. Sin previo aviso, entran en erupción y de dos humaradas derriten un glaciar y cortan el tráfico aéreo de media Europa, recordándonos de paso que seguimos siendo una apacible Pompeya que vive, risueña y despreocupada, reclinada en sus laderas.

Lo del Eyjafjallajökull, que es como se llama el de Islandia y que, de no pasar lo que ha pasado todos hubiéramos muerto sin saber de su existencia, nos devuelve a nuestra insignificante condición humana. Lo que no deja de tener su gracia después de que nos hayamos auto adjudicado las culpas de todo lo (malo) que pasa en el planeta y sus aledaños galácticos.

La naturaleza va a su aire y nos ignora. Lo hizo antes de que llegásemos y lo seguirá haciendo cuando nos hayamos ido. Tiene su propia agenda, que unas veces nos es propicia y otras, las más, abiertamente hostil. Exceptuando una detonación masiva de todas las bombas nucleares que hay en el mundo, cualquier cosa que podamos hacer los humanos apenas roza la epidermis del planeta. Y si nos diese por la idiotez de volar por los aires todo el arsenal atómico, la Tierra terminaría por volver a la normalidad tras un leve estornudo en forma de invierno nuclear que quizá extinguiese a nuestra especie, pero no a todas las formas de vida.  

No es una hipótesis, cosas así ya han sucedido en el pasado y volverán a suceder en el futuro, y no precisamente porque algún trastornado apriete el botón rojo, sino porque las llanuras interestelares están hasta arriba de asteroides que, de tanto en tanto, se estampan de lleno contra planetas como el nuestro. La única diferencia entre los dinosaurios y nosotros es que a ellos les pilló de sorpresa, mientras que nosotros sabremos la hora, minuto y lugar exacto en que se producirá el impacto, pero no podremos evitarlo.

Como el Armagedón no ha llegado aún, hemos de conformarnos con una pequeña dosis de Apocalipsis que se cifra en un volcán sin nombre de la dorsal atlántica. Cabe ahora oponerse a él, aunque sea de un modo retórico. A fin de cuentas, llevamos años haciendo campaña contra el CO2, un gas corriente y moliente, tan inofensivo que lo echamos a toneladas por la boca para suspirar, aliviar el escozor de una herida o soplar las velitas de una tarta de cumpleaños. Por protestar que no falte. Además, es muy probable que tanta ceniza allá arriba tamice la luz del sol y baje la temperatura. Tantos tiempo anunciando el fin de los días como para que ahora el crujir de dientes sea por una cosa distinta de la que no se puede culpar al capitalismo salvaje o a los dueños de un Nissan Patrol. Perro mundo. Paremos el vulcanismo.

La gran sociedad

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

El de los laboristas es muy colorido y lleva por título “Un futuro equitativo para todos”, prometiendo más de lo mismo: paternalismo y gasto. El de los tories, “Gran Sociedad, no Gran Estado”, evoca la “Great Society” de Lyndon Johnson, pero propone algo distinto: un rol más amplio del sector voluntario y las comunidades locales.

El manifiesto laborista ilustra el conflicto de Gordon Brown: si se presenta como “renovador”, admite implícitamente el fracaso de 13 años de laborismo; si se presenta como “continuista”, alienará a los votantes que quieren un cambio. El resultado es un programa sin visión y económicamente deplorable.

En sus 76 páginas se incluyen una amalgama de medidas como la subida del salario mínimo, que sumada al aumento de las cotizaciones sociales incrementará los costes de las empresas y ralentizará la contratación. Pero no hay ningún plan que detalle cómo piensan reducir el déficit presupuestario de 170.000 millones de libras durante los próximos cuatro años. No se anuncian recortes de gasto público y se comprometen a no subir (¡otra vez!) el impuesto sobre la renta (el tramo más alto ya es del 50%).

El manifiesto conservador, de unas escuetas 16 páginas, pone énfasis en la sociedad civil y la toma de decisiones a nivel local. David Cameron ha dicho que quiere que las organizaciones caritativas, las asociaciones de ciudadanos y las comunidades de vecinos tomen las riendas de sus problemas, animados y respaldados por el Estado. El manifiesto habla de romper los tradicionales monopolios públicos permitiendo la entrada de organizaciones y empresas, y dando la posibilidad a los funcionarios de crear cooperativas propias. Los barrios podrán gestionar parques y bibliotecas, o comprar activos estatales o privados que estén a punto de cerrar, o crear nuevas escuelas, o tener una participación más activa en el diseño de la planificación urbanística o la seguridad del vecindario.

Este localismo tiene un eco transversal y, en balance, parece bien encaminado. Pero basar la recuperación económica en esta descentralización tampoco nos lleva muy lejos, y es motivo de recelo que un supuesto fomento de las iniciativas de “abajo a arriba” esté dirigido y parcialmente financiado por el Estado. La Gran Sociedad puede acabar siendo más pequeña de lo que pretenden.

El mito del ladrillo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

…los restos de la querencia por la propiedad de la tierra, la base de un proyecto de vida y los cálculos económicos. Estos últimos estaban contaminados por mitos. Se decía que la vivienda podía subir, pero no bajar, como si la fortaleza del ladrillo se trasladase a los valores. Ni siquiera la subida de precios desde mediados de los 90 produjo vértigo a los españoles, que se lanzaban a comprar en cuanto podían presentar dos nóminas.

No es que no hubiese buenas razones. El mercado de alquiler no funcionaba porque a base de perjudicar a los propietarios se logró perjudicar a los inquilinos. Y los tipos de interés abarataron tanto el coste financiero de comprar una casa que, digámoslo claro, era la opción más racional. Además de disfrutar de la casa, la compra daba la oportunidad de crear, mes a mes, un patrimonio. Y todo parecía indicar que era un negocio seguro y redondo.

No era ninguna de las dos cosas. Los tipos de interés están más manipulados que los informativos de La Sexta y los bancos centrales los colocaron como si tuviésemos motivos de sobra para no preocuparnos por el futuro. No lo hicimos. Pero el futuro llegó en forma de crisis económica… e inmobiliaria. La hora de la verdad era la hora de reconocer que los pisos no subían sin freno; que incluso se habían apreciado demasiado y que ahora tenían que caer. El Instituto Juan de Mariana calculó hace dos años que tenían que bajar un 40 por ciento, que ahora es todavía un 20. Y aún tendremos que esperar varios años antes de que se pueda decir que el mercado se ha estabilizado.

Esa campaña, partidista y totalitaria, que dice "esto sólo lo arreglamos entre todos", no tiene en cuenta que los españoles ya lo están arreglando a base de ahorrar, hasta casi el 25 por ciento de su renta disponible. Estamos desapalancándonos y preparándonos para un futuro plagado de riesgos e incertidumbres.

Purgaremos los pufos del pasado, aunque tendremos que hacerlo durante muchos años. Y volveremos a crecer a buen ritmo y a crear empleo, aunque para ello tengamos que esperar a la segunda mitad de la década. Y seguiremos intentando crear un patrimonio. Yo espero que para entonces haya servido de lección la crisis actual y se tenga en cuenta que la compra de una casa es una buena opción, pero no siempre. Y que hay otras opciones, como la de invertir en las empresas y participar de sus rendimientos, gracias a la Bolsa. Que los trabajadores sean también capitalistas y participen de la feracidad de este sistema económico. Una sociedad de propietarios plural es también una sociedad de personas independientes.

Patentes defensivas

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Las patentes y los derechos de autor son privilegios legales que protegen una invención o una obra de la copia o la imitación. El argumento liberal anti-propiedad intelectual es como sigue: si Pedro patenta una idea (como una ratonera o una tostadora innovadora) puede impedir por la fuerza que Juan la reproduzca sirviéndose de sus propios materiales. Juan puede haber visto el producto o leído cómo funciona, haberlo utilizado o tomado prestado, o haberlo concebido de forma independiente un poco más tarde. En cualquiera de estos casos de asimilación legítima de una idea Juan no puede plasmar lo que ya está en su mente sobre recursos de su propiedad. La competencia en torno a la nueva ratonera o tostadora se paraliza durante 20 años y Pedro goza de rentas monopolísticas durante ese tiempo.

La conclusión intuitiva es que el simple registro de una patente es contrario a los principios liberales y miles de empresas en múltiples ámbitos son culpables de infringir los derechos ajenos. Pero hay que hilar fino y tener en cuenta el contexto en el que operan.

Muchas patentes se registran y se utilizan con fines defensivos. Una compañía informática puede patentar diversas tecnologías (o comprar sus licencias) y guardarlas en el baúl. Si un día un competidor decide demandarla por infringir una patente suya, puede rebuscar en su baúl y contraatacar si aquél infringe alguna de patente de su colección. El demandante original puede echarse atrás o ambos pueden cruzarse las licencias.

El primer demandante es el agresor. El segundo demandante solo se defiende. En un escenario en el que el Estado permite registrar patentes, hacerlo no implica automáticamente cometer una agresión. Es análogo a la tenencia de una arma: puede utilizarse para atacar o para defenderse.

Jonathan Schwartz, antiguo presidente de Sun Microsystems, desvelaba en su blog dos enfrentamientos curiosos con Steve Jobs (Apple) y Bill Gates (Microsoft). Ambos amenazaron con demandar a Sun Microsystems por supuestas violaciones de patentes. Schwartz, que se jacta de haber llenado previsoramente el baúl, les respondió que varios de sus productos infringían patentes, y les preguntó si de verdad querían ir por ese camino.

En el extremo opuesto, hay empresas llamadas “trolls de patentes” que no producen nada sino que solo se dedican a acumular patentes y a obtener ingresos por royalties y demandas. Las patentes defensivas no son aquí efectivas (pues el troll no produce nada, luego no infringe ninguna patente). Algunas empresas se asocian para agregar patentes y ponerlas a salvo de los trolls (véase la Allied Security Trust) o para compartir información sobre las patentes que están en el portfolio de esos trolls y así poder esquivarlas.

En el caso de los derechos de autor no hay nada parecido a los copryrights defensivos por obvias razones. La SGAE tiene un extenso portfolio con fines ofensivos, pero no infringe copyrights de ningún otro portfolio así que no es vulnerable al contraataque. Una posible defensa legal es evitar el uso de sus canciones y fomentar repertorios alternativos que no cobren royalties o cobren menos.

Aunque el registro de una obra artística no vaya a tener usos defensivos, eso no significa necesariamente que vaya a tener un uso ofensivo. De hecho, los derechos de autor son reconocidos con independencia de que se registren (si bien es necesario registrarlos antes de iniciar una demanda).

Stephan Kinsella, abogado de patentes y uno de los principales críticos liberales de la propiedad intelectual, se defiende del cargo de hipócrita apelando a su principio de estoppel: no te quejes si hacen contigo lo que defiendes para los demás. Kinsella dice no sentir lástima por los socialistas que pagan impuestos, sino por quienes los pagan estando en contra. Tampoco siente lástima por los defensores de la propiedad intelectual que luego reciben un poco de su medicina.

Obama busca su chivo expiatorio

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde hace años es un secreto a voces que las compañías financieras en general y los bancos de inversión en particular practicaban una ingeniería financiera, digamos, "curiosa" para maquillar sus cuentas y, por tanto, mentir a sus accionistas y acreedores.

Ahí está el caso de Lehman Brothers y su famoso "repo 105" por el que la futura mayor quiebra empresarial de la historia extraía de su balance alrededor de 50.000 millones de dólares en deuda pocos días antes de cerrar el ejercicio. No es que existiese una diferencia abismal entre el Lehman sin el repo 105 y el Lehman con el repo 105, pero en cualquier caso no es de recibo –ni siquiera estatutariamente– que se manipularan las cuentas.

También plantea serios problemas, cuando menos morales, que Goldman Sachs estuviera vendiendo a sus clientes unos productos financieros contra los que él mismo estaba apostando. Que la banca de inversión se postulara como una especie de asesoría para inversores chirría con el hecho de que los asesorara en contra de sus expectativas. Si bien, dicho sea a renglón seguido, a toro pasado resulta muy fácil ver en esta operación un conflicto de intereses; pero dudo de que si los inversores hubiesen ganado dinero y Goldman lo hubiese perdido, alguien hubiese protestado por algo.

Digo, que a uno podría parecerle bien que empuraran a Goldman, uno de los pocos bancos de inversión que logró sobrevivir a la quiebra de Lehman gracias a la ayuda del Gobierno pero que casi con total seguridad habría sobrevivido también sin ella. Pero de toda esta operación se desprende ese típico tufillo populista al que es tan adicta la izquierda y que me lleva a recelar de que una agencia gubernamental como la SEC cargue contra una empresa privada como Goldman.

Porque con este golpe de propaganda no sólo se pretende redimir de sus responsabilidades a toda una clase inversora que, por lo visto, había sido capaz de amasar una fortuna suficiente como para que se la administrara Goldman Sachs pero que era tan inepta financieramente como para ignorar que no debía invertir en el infladísimo mercado inmobiliario estadounidense. Digo yo que algo de responsabilidad tendrán también aquellos que compraron ese producto financiero tan biensonante como ABACUS y que no era más que la deuda de una sociedad instrumental dedicada a asegurar que no se producirían impagos entre las hipotecas subprime. ¿Que nadie podía prever que los impagos en las hipotecas subprime iban a estallar en apenas pocos meses? Bueno, pues entonces tampoco acusemos a Goldman de saber qué iba a pasar y lucrarse con ello.

Pero, sobre todo, me preocupa esta vuelta de tuerca de la estrategia política de Obama: la crisis es culpa de la desregulación del mercado; los inversores han estado desprotegidos frente a la voracidad y a la opacidad del sector financiero; las grandes empresas intentan aprovecharse de los débiles. No, es cierto que la crisis tiene numerosos culpables, pero los más importantes se encuentran en las filas del sector público: a saber, la política monetaria expansiva de la Reserva Federal, la regulación de la SEC (que no desregulación: la SEC no dejó de regular, impuso otras regulaciones más favorables a la banca) y el gasto desbocado del Gobierno federal.

Nada de todo esto ha cambiado con Obama. La Fed sigue tomada por la misma filosofía inflacionista que nos llevó a esta crisis (Alan Bernanke o Ben Greenspan), la SEC sólo planea regular aún más y no retirar regulaciones (ahí está el absurdo caso de las agencias de calificación) y Obama ha vuelto pequeños los monstruosos déficits de Bush. Es más, los mismos altos cargos de Goldman Sachs que tan perversamente engañaron a los indefensos inversores según Obama han colonizado su secretaría del Tesoro. No se trata ya de que Henry Paulson fuera el CEO de Goldman, sino que el jefe de personal de Geithner, Mark Patterson, es un antiguo lobbysta de Goldman.

Lo siento, pero no me lo trago. Se trata de la misma operación cosmética de siempre dedicada a encumbrar la imagen de falsa bondad y ecuanimidad del Estado y de emponzoñar la del mercado, pero a su vez colocando dentro de la administración a los mismos a quienes se acusa de delincuentes. No, no es eso. Si los demócratas quieren proteger a los inversores, que acaben con los privilegios de la banca (que tome ejemplo de otro demócrata, Andrew Jackson, quien cerró el segundo banco central de EEUU), pero no nos vendan una falsa y demagógica dureza para seguir esquilmando con impuestos y regulaciones a los ciudadanos. Ni la crisis empezó porque Lehman falseara sus cuentas, ni porque Goldman siguiera estrategias financieras poco éticas. En cambio sí lo hizo porque la Fed expandió el crédito, la SEC permitió que los bancos multiplicaran su apalancamiento y el Gobierno federal gastara sín límites. No, busquen dentro de su casa y hallarán la respuesta. Claro que no les veo llevándose a usted mismos ante los tribunales.

África se despereza

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La pobreza es una idea intuitiva, pero que se escapa entre los dedos en cuanto queremos cogerla para darle una mayor precisión. Sólo puede ser significativa si intentamos darle una definición absoluta, no relativa, pero tampoco admite una medición fija. Por eso es habitual que haya varios criterios, no mucho más válidos unos que otros.

Recientemente, Xavier Sala i Martin y Maxim Pinkovskiy han publicado un informe con el provocativo título: La pobreza en África está cayendo… más rápido de lo que piensas. Según sus cálculos, la tasa de pobreza ha caído en diez puntos porcentuales desde 1995, lo que contrasta con lo que recogía el informe de Naciones Unidas del programa de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que apenas apreciaba avances en estos años.

Los hallazgos de estos dos autores coinciden esencialmente con lo recogido por un informe anterior, del Banco Mundial, aunque con números y ritmos distintos. Mientras que los dos autores citados utilizan los datos de PNB ajustados por la paridad del poder de compra, con lo que se incluyen las inversiones empresariales y el gasto público, el Banco Mundial se basa en informes sobre el consumo de los hogares. Ellos también recogen una caída en el porcentaje de la población bajo el umbral de la pobreza, aunque no el suficiente como para compensar el aumento de la población. El trabajo de Sala i Martin recoge la evolución de los ingresos de los africanos, mientras que el del Banco Mundial, la evolución de su capacidad de compra de una cesta básica de bienes.

Estos dos informes están refrendados por uno más, elaborado por Alwin Young, que se llama El milagro del crecimiento africano. Se olvida de los datos de PIB y se centra en el consumo. En realidad, en la adquisición de bienes duraderos, viviendas y medios que son indicadores de la calidad de vida, en las dos últimas décadas. El informe dice que “el principal hallazgo (…) es que el consumo real de los hogares en el África Subsahariana está creciendo entre el 3,2 y el 3,8 por ciento al año, esto es, de tres veces y media a cuatro lo que ofrecen las fuentes internacionales”. Y “si bien las fuentes internacionales indican que el África Subsahariana está progresando a un ritmo que es menos de la mitad de otros países desarrollados”, el método elaborado por Young muestra que “el crecimiento en África está fácilmente a la par con lo que se experimenta en otras economías”.

Todas las sociedades ricas han sido pobres alguna vez, por lo que la pobreza no es una trampa sin salida. África parte de un punto de partida tan bajo que aún tiene que seguir durante décadas para acercarse a niveles de vida comparables. Pero hay que incidir en que está siguiendo ese camino. Y eso que la globalización podría hacer todavía más por el continente.

Según el Banco Mundial, en 2008 sólo el 3,42 por ciento de la Inversión Foránea Directa se dirigió al vasto continente. A pesar de tener una densidad de población baja, una gran extensión, carencia de infraestructuras y otros impedimentos institucionales, África se despereza y retoma el camino de la integración en el comercio mundial, la inversión y el crecimiento, que ya tomó desde el XVIII y que se truncó en el XX.

¿Es la investigación la tabla de salvación para salir de la crisis?

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

La palabra investigación, con sus múltiples variantes y combinaciones (investigación y desarrollo o la más moderna investigación, desarrollo e innovación tecnológica) suele considerarse como uno de los elementos fundamentales para el crecimiento económico de un país. Raros suelen resultar los discursos políticos donde no aparece en lugar preferente e incluso central esta idea, cuantificándose incluso el importe a que debe ascender el dinero destinado a dichos fines en tanto por ciento sobre el PIB.

Sin ningún género de duda, continuamente aparecen nuevos productos y servicios que son capaces de satisfacer nuestras necesidades. No sólo eso, sino que estas mejoras, amén de servir para satisfacer mejor al cliente, también permiten a las empresas producir a un coste más bajo.

Las recetas que se hacen desde ámbitos políticos a favor de la investigación como elemento fundamental para superar la crisis parecerían, en principio, bien encaminadas. No obstante, dicha afirmación tendría que ser matizada, ya que podemos observar casos en los que un mayor grado de investigación no ha supuesto un enriquecimiento económico. Así, durante la guerra fría, la Unión Soviética destinó una parte considerable de su PIB a gatos de investigación y desarrollo, alcanzando el 2% en 1990, porcentaje muy superior al de otros países, como España. Sin embargo, el grado de desarrollo de este país era muy inferior que el de países que tenían un menor gasto de investigación, y su crecimiento económico no iba a la par. La carencia de productos en los mercados era tal que la gente pasaba gran parte de su tiempo realizando colas para poder acceder a los productos más básicos.

Por lo tanto la investigación no se puede considerar como el único factor que influye en el desarrollo de un país. Para entender el papel que juega la investigación, ésta debe analizarse bajo los mismos parámetros que cualquier otra inversión. Es decir, si a la hora de acometer una inversión se analizan parámetros tales como el retorno que ésta va a tener, su coste o las alternativas, a la hora de evaluar una investigación deben realizarse los mismos cálculos. De nada servirá a una empresa investigar una tecnología que le suponga aumentar durante 10 años un 10% las ventas, si el coste de la investigación duplica ese posible aumento de ventas, o si el coste financiero es inasumible. En estos casos el proyecto de investigación no sólo no supondría una ventaja a la empresa, sino que puede suponer un pasivo importante.

Lo mismo ocurriría con los proyectos de investigación patrocinados por las administraciones públicas. Si los beneficios que van a permitir obtener son menores que sus costes, estos proyectos se convertirán en una carga para los contribuyentes, dificultando su recuperación económica. Además estos proyectos tienen un peculiaridad con respecto a los anteriores, y es que mientras los proyectos de investigación de una empresa redundan en su beneficio, recayendo también sobre ella sus costes, los proyectos de investigación estatal se financian con impuestos, por lo que lo pagan personas que no tienen que verse beneficiadas por su posible éxito. Por tanto, este mayor coste repercute negativamente en aquellas empresas y usuarios que no se van a ver beneficiado por el mismo, contribuyendo negativamente a que puedan salir de la situación de crisis. Normalmente son las pequeñas empresas las que menos se benefician de estos proyectos de investigación, aunque sin embargo soporten los costes.

Es por ello que no puede sacralizarse el papel de la investigación en el desarrollo económico, ni para salir la crisis, sino que tiene considerarse como una herramienta más, y que debe evaluarse bajo los mismos parámetros de cualquier inversión, estudiando sus costes, posibles beneficios y factibilidad. En caso de no realizar este análisis no tan sólo no servirá para nada, sino que puede dificultar la salida de la crisis.

Liberalismo caliente

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta barbaridad, dice Ovejero, debería dirimirse en los tribunales, pues estamos acusando al Estado de cometer un delito tipificado en el código penal. ¡Cómo va el Estado a violar sus propias leyes!

A Ovejero, profesor de Ética y Economía en la Universidad de Barcelona, se le escapa la obviedad de que el Estado, precisamente porque hace sus propias leyes, puede autoexcluirse de su definición de "delito". Pero el código penal no es un diccionario, mejor consultemos la RAE. La primera acepción de "robo" es "quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno". En otras palabras, sustraer una propiedad sin el consentimiento del dueño.

Ovejero no tendría problemas en identificar extorsión o robo en estas situaciones: un mafioso de barrio nos amenaza con destrozar nuestro local si no le pagamos una parte de los ingresos; o un ladrón nos asalta y nos insta a punta de navaja a darle la cartera. Sin embargo, no advierte que el Estado actúa de forma análoga cuando amenaza con multarnos, embargarnos y meternos en la cárcel si no pagamos lo que nos pide (o abatirnos si, insensatamente, se nos ocurre resistirnos). Por algo se le llama "impuesto" y no "donación" o "precio por servicios".

Puede replicarse que los impuestos se utilizan para pagar servicios necesarios o para ayudar a los más desfavorecidos. Esto es muy discutible, pero es otro debate. La realidad sigue siendo que el Estado utiliza la coacción para financiar sus actividades. Ya lo dice un aforismo: si la gente se comportara como Estados, llamaríamos a la policía.

Ovejero caricaturiza el liberalismo hasta el punto de hacerlo irreconocible. Confunde la libertad (que acaba donde empieza la del otro) con el poder arbitrario (que no reconoce límites). Se refiere al Estado como "la garantía de la libertad", como si el zorro cuidara del gallinero. Acusa a los críticos del impuesto de sucesiones de "consagrar el linaje del tener", pero lo que defendemos es el derecho a legar a quien quieras el fruto acumulado de tu trabajo. Ovejero desestima las objeciones relacionadas con la eficiencia, ignorando que el impuesto de sucesiones no sólo desincentiva el trabajo, sino que incentiva el consumo del capital antes de la muerte (y de que se lo quede Hacienda).

Ovejero, por último, dice que en democracia todos contamos lo mismo (una persona, un voto), mientras que en el mercado unos tienen más voz que otros. Hay algo de cierto en esto: en democracia la voz de todos vale igual… de poco. En democracia se vota para ejercer poder sobre los demás, incluidos los que no votan o los que votan en contra. En el mercado cada uno negocia y paga por lo que quiere, sin interferir en lo que persiguen los demás, de modo que pueden armonizarse descentralizadamente los intereses más dispares y conflictivos. La distinción es importante, porque en el día a día no vivimos "democráticamente".

No pedimos permiso a "la mayoría" si queremos vestir como metaleros, seguir una dieta vegetariana o leer libros de historia. No preguntamos a la "mayoría" a la hora de escoger a nuestras amistades, nuestro trabajo, nuestra casa o nuestra pareja. El mercado, además, es genuina "participación directa": si no nos gusta un servicio o un producto acudimos a la competencia al día siguiente, no tenemos que esperar cuatro años (para obtener lo mismo en otro envoltorio).

Ovejero nos invita a llamar a las cosas por su nombre. Debería empezar por juzgar el Estado con el mismo baremo que juzgamos a las empresas e individuos particulares. Quizás entonces no se echaría las manos a la cabeza cuando los liberales, calentados, llamáramos al robo, robo.