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En recesión, pero con un sincrotrón

"… (es) un buen ejemplo de para qué sirven los impuestos que pagan los ciudadanos, invertidos inteligentemente y que revierten en la sociedad, en el futuro, en la calidad de vida". La cosa en cuestión ha costado más de 200 millones de euros desde 2003, y hasta 2022 el gasto ascenderá a los 400.

Si usted leyera en la portada de este periódico que países como Burundi o Mozambique, que tienen un nivel de pobreza del 68% y 70% respectivamente, han montado el mayor acelerador de partículas de África, ¿qué pensaría de ellos? Bueno, que son países donde sus políticos viven totalmente despreocupados de la población, no les importa en absoluto el nivel de vida de sus ciudadanos y que tiranos así tendrían que estar en la cárcel.

España cuenta ahora mismo con 4,1 millones de desempleados, sin maquillar las cifras. El informe Avance del Mercado Laboral refleja que el presente mes puede acabar con una tasa de desempleo oficial del 20%. Somos el único país de la UE que aún está en recesión.

El miércoles, la compañía de rating Fitch rebajó la calificación de Portugal poniéndola en perspectiva negativa. El Ibex bajó más del 1% debido al miedo de los inversores a que a España sea el siguiente objetivo de las empresas de rating. ¿Se ha dado cuenta el Gobierno de cómo está el país y de cómo pueden sufrir sus ciudadanos? No están entrando inversores en el país, se están yendo.

¿Cree Zapatero que una cosa que no da ningún beneficio como el sincrotrón (y que por eso mismo lo paga el Gobierno) nos "abre una buena ventana al futuro", es dinero "invertido inteligentemente" y aumenta "la calidad de vida" del ciudadano español? ¿Qué pensarán en Europa de barbaridades como esta? Pues lo mismo que haríamos nosotros si Zapatero presidiera Burundi o Mozambique. Lo único que se le puede ocurrir a un inversor alemán, francés, inglés o americano es que los políticos de aquí viven en una república bananera. Que España es un país tercermundista por ser incapaz de adecuar la política a la realidad.

Los políticos siempre tienen sus propios intereses que no tienen nada que ver con los de la población. El dinero que va al Estado es el usurpado al ciudadano. No hay más.

En este diario se ha planteado un debate sobre la subida del IVA. Hay analistas favorables y en contra. Piense como ciudadano en lugar de ponerse el gorro de gran analista y estadista. ¿Quiere que su dinero se tire en cosas así? ¿De verdad piensa que el sincrotrón es sólo una anécdota curiosa del Gobierno? Pues tiene muchos más ejemplos: consulte esta nota que escribí en mi blog, Déjate robar insolidario. El despilfarro del Gobierno es inimaginable. Ningún ciudadano, analista ni gran economista tiene capacidad alguna en decidir o influir en qué cosas inteligentes se ha de gastar el dinero el Gobierno. Eso es trabajo del libre mercado. De las necesidades de las personas y las empresas. El Estado sólo gasta el dinero en comprar votos y favorecer a sus lobbies. En las decisiones políticas no hay sentido común, ni responsabilidad, ni sensatez.

El Gobierno es como un cáncer. La única forma de limitar su daño es extirparlo con un duro tratamiento para el paciente. Es doloroso, deja secuelas temporales, pero nos garantiza acabar con el problema del todo. Curar un cáncer con paños calientes y aspirinas no es pragmático, sino un gran error.

Subir los impuestos, cualquiera de ellos, no es negociable. De igual forma que no lo es que nadie nos robe por el bien de todos o por nuestro bien. Porque los impuestos siempre son eso, un robo a la propiedad. Sólo hay una solución a la crisis de España. Menos poder para los poderosos. Una menor área de influencia del Estado. Tal vez parezca difícil conseguirlo, pero pensar que subir impuestos va a repercutir en el bienestar del ciudadano y nuestros hijos, es una auténtica irresponsabilidad cívica por más responsable que sea políticamente.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

En defensa de la tauromaquia

Las comparecencias que se están sucediendo en el Parlamento de Cataluña con motivo de la tramitación de la proposición de modificación de la Ley autonómica de protección de los animales, cuyo objetivo declarado consiste en la prohibición de los espectáculos taurinos en el antiguo principado, han concitado un interés unánime, tanto entre los aficionados como los detractores de la tauromaquia.

Al leer el título de la propuesta, un observador ajeno al debate político español podría suponer que la cuestión radica solo en decidir si un poder legislativo puede aprobar una ley para prohibir esas fiestas que giran en torno a los toros bravos, so capa del trato cruel que se dispensa a esos animales. Si se limitara a esos términos, cabría objetar la desproporción de una medida de ese tipo, por muy intolerable que parezca la celebración de los espectáculos taurinos para la sensibilidad de algunos. Si se admite la posibilidad de que los animales formen parte del sustento de nuestra especie humana (aunque quepa optar, ciertamente, por la dieta vegetariana) y de que los hombres pueden poseerlos como dueños, la justificación de la prohibición legal con el argumento de impedir que se trate cruelmente a los toros bravos queda empequeñecida. Es más, en el caso de la lidia, palidece ante la lucha a muerte ritual que entabla el torero con esa bestia de indudable belleza.

Sin embargo, a nadie se le escapa que los promotores de esa iniciativa legislativa pretenden, asimismo, moldear el imaginario colectivo de los catalanes, continuando, en este sentido, el camino emprendido por el gobierno de Jordi Pujol Soley, quién ya en 1988 consiguió que ese mismo Parlamento aprobase una ley de protección de los animales que prohibió la construcción de nuevas plazas de toros en Cataluña. Desde un principio, la ocupación del poder por parte de los políticos nacionalistas se ancló en la voladura, con muy notable cuidado, de los lazos afectivos y culturales que los catalanes comparten a grandes rasgos con el resto de los españoles. Tal empeño contiene falsificaciones históricas bastante evidentes. A la lista de toreros catalanes a lo largo de la historia y la popularidad de las corridas de toros en grandes urbes como Barcelona pueden añadirse otras muestras como la raigambre de los correbous en las tierras catalanas del Ebro (conocidos también como encierros de toros embolados).

Precisamente, en una doble finta para proclamarse los protectores de estas fiestas tradicionales en Tarragona y ocultar la relación de los correbous con los encierros y el resto de manifestaciones de veneración ancestral por los toros bravos, característica común de estos espectáculos en España, los diputados de Convergencia propusieron en diciembre de 2009 una ley que, regulando hasta los minutos que los toros pueden permanecer embolados, trata de eximir a esta variedad taurina de la prohibición que viene.

Tampoco puede ser casual que, aparte de España y la América hispana, la tradición del toreo perdure en la región francesa del Languedoc-Rosellón, fronteriza con Cataluña. Uno de los más sobresalientes toreros actuales, Sebastian Castella, procede de Béziers, una ciudad de esa región que se ha mostrado tan receptiva a las influencias taurinas. Como se sabe, Felipe IV cedió a Luís XIV el condado del Rosellón mediante el Tratado de los Pirineos en 1659 (art. 42) justificando que estos montes sirvieran de frontera entre los dos reinos, dado “que habían dividido antiguamente las Galias de las Españas”.

Sería miope, aun con todo, reducir las motivaciones de los promotores de esta iniciativa legislativa popular a la alucinación identitaria del nacionalismo catalán pues, simultáneamente, sus postulados están llamados a una aplicación universal. Es cierto que dicen impulsar el desarrollo de la competencia exclusiva de la Generalidad sobre “la sanidad vegetal y animal cuando no tenga efectos sobre la salud humana y la protección de los animales” establecida en el artículo 116.1 d) del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, el cual todavía se halla pendiente de la resolución de los recursos de inconstitucionalidad entablados hace más de 3 años contra la mayor parte de su contenido.

Pero las ideas que subyacen en la cosmovisión de la comisión promotora, al parecer formada por gente afín al gobierno tripartito, no se limitan a recomendar un buen trato a los animales por parte de sus dueños (que, evidentemente, solo pueden ser humanos) o, incluso, proscribir su maltrato gratuito, como se acostumbra a regular en las muy sensibles legislaciones occidentales de protección de animales. En la exposición de motivos de esa proposición de ley se leen aseveraciones que hace tan solo treinta años habrían levantado unánimes recomendaciones de examen psiquiátrico de sus promotores en los países del llamado mundo libre, o les habrían enviado a los manicomios reservados para los disidentes, en los países del socialismo real, a no ser que la nomenclatura considerase provechoso explotar políticamente esos desvaríos.

Estos sumos sacerdotes del culto a una naturaleza idealizada se erigen en intérpretes de lo que sienten y piensan tanto los hombres como los seres vivos otrora llamados irracionales. Así, proclaman que se ha producido un “cambio en la relación de los seres humanos y el resto de los animales, que, partiendo de una visión absolutamente antropocéntrica que equiparaba a los animales con los objetos, ha desembocado en la visión -apoyada entre otros motivos en hallazgos científicos como la proximidad genética entre especies- de que, al fin y al cabo, todos los animales son el resultado de procesos evolutivos paralelos”. “El toro bravo es un mamífero con un sistema nervioso muy próximo al de la especie humana, lo cual significa que comparten muchos aspectos de nuestro sistema neurológico y emotivo”.

Curiosamente, esas místicas asimilaciones entre seres humanos y astados coinciden con una constatable pérdida de interés por la fiesta de los toros entre grandes masas de españoles, al menos en comparación con lo que ocurría en tiempos pasados. Antes al contrario, los gustos de una sociedad plural como la española han evolucionado por derroteros lejanos a la uniformidad. Los argumentos de los supuestos defensores de los animales han calado en sectores muy amplios de la población, al igual que ha sucedido con deportes como la caza, pero, probablemente, no hayan sido la única causa de ese desapego mayoritario.

Esa situación coexiste con el interés que suscitan fiestas emblemáticas como los encierros de Pamplona y los tradicionales festivales de muchos pueblos españoles, donde el elemento taurino constituye uno de sus principales hitos, en cuanto que no suponen ya una de las referencias estacionales de una sociedad mayoritariamente agrícola. La renovación del toreo, no obstante, se produce continuamente con la aparición de nuevas figuras y la adopción de nuevos hábitos. Piénsese en la enorme trascendencia que tuvo la introducción del peto protector de los caballos de los picadores frente a las embestidas de los toros. Tal vez sería más dinámica si no estuviera sometido a una intervención pública tan asfixiante y uniformadora, que se presenta como el reverso de las dispendiosas subvenciones públicas que reciben los empresarios -con no pocos retrasos- de los miles de ayuntamientos que contratan espectáculos taurinos. Puede que el futuro pase por una profundización del potencial que albergan esas inmensas dehesas donde pastan los toros bravos, si además de tentaderos para celebrar capeas se permitiera la celebración de auténticos espectáculos taurinos abiertos al público.

En conclusión, desde una perspectiva que no puede ser sino antropocéntrica y defensora de un orden de libertad, esperemos que, puesto que no están obligados a ser entusiastas aficionados, los diputados del parlamento catalán acepten la pluralidad de las personas que viven en Cataluña, incluidas aquéllas que lo disfrutan y que, al final, rechacen la prohibición de la tauromaquia y los espectáculos taurinos.

Castrización venezolana

Son malos tiempos para ambas tiranías, con una oposición cada vez más presente y fortalecida en Cuba y con una constante caída de popularidad interna e influencia externa del presidente “bolivariano” en Venezuela. Y en los dos casos, los enemigos de la libertad responden de la única manera que saben: aumentando la represión.

Desde el asesinato (su muerte no fue otra cosa) de Orlando Zapata Tamayo, los ojos del mundo están puestos sobre Cuba, y eso es algo positivo. Sin embargo, medios y gobiernos de todo el mundo parecen dejar de lado lo que ocurre en Venezuela. Nos referimos a aquellos que defienden la libertad en vez de optar por la amistad con las tiranías. No esperemos que Moratinos o  Rodríguez Zapatero condenen las represiones castrista y chavista. Tan sólo lo harán si se hunden esos regímenes dictatoriales de manera definitiva.

Esta semana, el social-caudillismo venezolano ha dado un paso de gran importancia cualitativa en su “castrización”. Por primera vez  en seis años ha detenido a una persona por delitos de opinión. Es cierto que en Venezuela hay muchos presos políticos, pero hasta ahora el régimen trataba de disimular y les acusaba de los más dispares cargos. En esta ocasión no ha habido ni ese esfuerzo de hipocresía. El Gobierno chavista (hace tiempo que desapareció la separación de poderes) ha querido lanzar un mensaje claro: “Hablar contra nosotros se puede pagar con la cárcel”.

La víctima con la que se inicia esta nueva etapa de “castrización” ha sido elegida para demostrar que nadie está a salvo de la furia gubernamental. Nada menos que un ex candidato a la presidencia y ex gobernador de un Estado. ¿Su delito? Denunciar la alianza del chavismo con los grupos terroristas ETA y FARC. En definitiva, decir lo que muchos sospechan dentro y fuera de Venezuela desde hace tiempo y que un magistrado español ha puesto sobre la mesa.

Antonio José Chinchetru es periodista y miembro del ‘think tank’ Instituto Juan de Mariana.

La ley Sinde, un modelo de izquierdas

Pero este antiguo jefe de campaña de Jordi Sevilla, el lobista encargado de que el Gobierno aprobara lo que los de la ceja querían que aprobara, tiene razón en algo: la ley Sinde es un "modelo español y de izquierdas" para lidiar con las descargas en internet.

Existen actualmente dos ideologías que cabe identificar como líderes indiscutibles en censura en internet. La extrema izquierda, el comunismo, con ejemplos clásicos como Cuba, Vietnam o China y algunos que se apuntan con gran interés como Venezuela. Las teocracias y autocracias islámicas, con Irán como estandarte, también tienen su lista de enemigos de internet, entre los que se encuentran países como Túnez o Arabia Saudí. No son los únicos; enemigos de la libertad los hay en todos los regímenes con ansias de gobernar a perpetuidad al margen del consentimiento de sus súbditos. Pero sorprende que haya entre ellos tantos amigos de este Gobierno, dedicado a la Alianza de Civilizaciones y el apoyo al socialismo del siglo XXI.

Me dirán que esto no es necesariamente la izquierda, al igual que Pinochet no es la derecha, y tendrán razón. Pero desgraciadamente sí que es la izquierda realmente existente hoy aquí en España. Una izquierda que se ha aliado con los regímenes de Cuba y Venezuela y que ha promovido el entendimiento con países como Irán o Turquía bajo la premisa de que debemos suprimir la libertad de expresión para no incomodar a los musulmanes, como dejó claro Zapatero en su famosa carta escrita al alimón con el primer ministro turco Erdogan; un texto infame que deberían recordar todos aquellos que ahora se escandalizan con la ley Sinde.

Durante todo este tiempo, la izquierda supuestamente moderada que puebla internet no ha protestado; para ella, todo aquello que fuese en contra de Estados Unidos era bueno por definición. Había que desertar de Irak, sentarse ante la bandera; promover una política exterior distinta, más europea, que no viese todo en blanco y negro. No se podía mirar el mundo como si una peli de buenos y malos se tratara. Al fin y al cabo, lo peor del mundo es Guantánamo. Y no, no se referían a Cuba, esa patria de quienes mueren de hambre por la libertad, sino a ese pequeño pedazo de tierra donde se asienta una base militar norteamericana.

Mal que les pese reconocerlo, y no lo reconocerán, de aquellos polvos vienen estos lodos. Si Zapatero y su Gobierno se han amigado con toda dictadura y régimen abominable que han tenido a mano no era porque creyesen en la libertad. El problema es que sospecho que algunos de quienes se tiran de los pelos por la ley Sinde tampoco lo hacen porque les preocupe la censura, siempre y cuando lo que se censure sea a esa gentuza de la derecha. No, lo hacen porque, al fin y al cabo, el asunto este de las descargas es algo a lo que el Gobierno estadounidense quiere que pongamos coto y, como dijo Revel, a estas alturas ser de izquierdas se ha convertido en sinónimo de ser antiamericano.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

Aprendamos de Corea del Norte

Sin duda se hace raro. Que desde una perspectiva liberal se ponga como ejemplo a la República Democrática Popular de Corea,  es, cuando menos, chocante.

Un régimen de partido único, el Partido de los Trabajadores de Corea, que ha creado una de las dictaduras totalitarias más feroces del mundo, que ha sumido a su pueblo en la mayor de las miserias, con hambrunas periódicas, con las libertades absolutamente cercenadas.

Un “rogue state” que dedica ingentes esfuerzos a desarrollar armamentos nucleares y se ha convertido en un peligro para sus vecinos, especialmente Japón, cuyas aguas territoriales han sido escenario de las pruebas balísticas norcoreanas y, por supuesto, Corea de Sur y que es un entusiasta colaborador de todo tipo de grupos terroristas, estados fallidos, y dictadores tercermundistas.

Un miembro honorífico del Eje del Mal, expresión muy vilipendiada por los medios progres, pero que define perfectamente a una serie de países como Irán, Cuba o Venezuela , cuyos dirigentes, tipos como Chávez, Castro o Ahmadinejad,  son un peligro para la paz, y enemigos de todo lo que significa libertad y democracia.

Un estado comunista, de verdad, auténtico…una monarquía hereditaria creada en 1.948 por Kim Il Sung, Gran Líder, Presidente Eterno de la República y cuyo vástago, Kim Jong Il, Querido Líder y Gran Dirigente heredo el poder a su muerte.

Pero no es necesario tener la talla intelectual y moral de personajes como Gaspar Llamazares , Pelayo “Willy” Toledo o el hermano de Gabilondo, para reconocer que no todo está tan mal en Corea del Norte,  y que en algunos casos, nosotros, los occidentales, las democracias, deberíamos aprender de algunas políticas llevadas a cabo en dicho país…

Y esta es una de ella.

“El régimen de Corea del Norte ejecuta al responsable de de la reforma monetaria

¡¡Bravo!! ¡El amigo Kim Jong Il ha dado en el clavo!

Estas son es el tipo de medidas que deberíamos aplicar en nuestras latitudes, auténtica terapia de choque para solucionar el problema de gasto incontrolado, déficit público descomunal y deuda hipertrofiada que padecemos…

Pues  la verdad es que otro gallo nos cantaría si tanto Bernanke en la Reserva Federal como Trinchet en el BCE, supiesen que las medidas que han tomado estos últimos años pudiesen significar para ellos otro final, más drástico y concluyente, que el retiro multimillonario que les espera con su superjubilación de lujo garantizada.

Pero ¿Por qué  limitar dichas medidas a altos responsables de las políticas monetarias? Sin duda, las enseñanzas del Querido Líder deberían ser aplicadas a todos los niveles. Ministros derrochadores, alcaldes manirrotos, responsables de empresas públicas deficitarias, artistas subvencionados y demás fauna.

Seguro que el tema de los dineros públicos empieza a ser tratado con más cuidadín…

Aunque eso sí,  dichas enseñanzas del Gran Dirigente deberían ser adaptadas a los conceptos occidentales de máximo respeto de la vida humana como valor supremo, buscando, un compromiso, una solución que conjugue la eficacia coreana con la larga tradición humanística occidental.

Y esa solución la tenemos.

Señoras y señores… “El tío la vara”

El innovador

Resulta cuanto menos chocante que la clave del éxito del innovador, sea cual sea el ámbito donde actúe, dependa de la capacidad para integrar sus aportaciones dentro del orden efectivo de que se trate. No es cuestión de ocultar la innovación, sino de adaptarla y conseguir que la mayoría de los individuos afectados, la acepten y asimilen con espontaneidad.

Enfrentado a la figura del innovador genuino, tropezamos con el rompedor, definido como aquel que pretende introducir sus personales aportaciones o variaciones dentro del orden que le antecede, pero de manera abrupta, radical y generalizada.

El innovador exitoso será quien logre incorporar el cambio de manera más efectiva y, al mismo tiempo y en cierto modo, será también aquel rompedor centrado en un estrecho ámbito de acción, conducta o valoración. En todo orden dinámico, como requisito de su eficiencia, serán bastantes los innovadores, y no tantos los rompedores indiscriminados pero exitosos. Esto no obsta a que el elitismo moral o cultural tenga también un papel relevante respecto del cambio y la adaptación social. Veamos las particularidades adoptadas por la innovación dentro de los órdenes fundamentales:

1. El innovador político postula un cambio que aparenta ser relevante, siendo ligeramente perceptible dentro del orden subyacente. Según sea una u otra la innovación principal, este tipo de innovador mantendrá inalterados el resto de factores arraigados, éticos, estéticos y morales. Por ejemplo, un hombre negro que quiera conquistar el poder dentro de una sociedad política tradicionalmente en manos de hombres blancos, deberá comportarse exactamente como uno de ellos (en gestos y maneras), manteniendo incluso un patrón de vida perfectamente asimilable al estereotipo más común entre el hombre blanco modelo. Una mujer que pretenda acceder al poder, bajo control masculino hasta ese momento, deberá mostrarse contundente en aquellas conductas, gestos y debilidades en las que pudiera achacársele cierto prejuicio y falta de idoneidad. Un homosexual, en la misma tesitura que los ejemplos anteriores, no podrá sino adaptar su conducta sentimental y de vida en pareja (con alguien de su mismo sexo, se entiende) a los patrones prototípicos, incluso esforzándose en aparentar una extrema rectitud y lealtad. Se trata de que la reacción frente al cambio, que en muchos pudiera suscitarse, quede diluida en una extraordinaria “normalidad” (lo habitual, como lo “normal”), combatiendo prejuicios o reticencias, tengan o no un fondo de verdad.

En cuanto a la innovación estrictamente política, respecto de ciertas medidas o reformas sustantivas, la exigencia de un análisis de distinta naturaleza y mayor rigurosidad, excede el propósito aquí planteado, aunque permite apuntar una idea estricta: la plasmación expresa (en forma de pragmáticas y regulaciones) de cierta transformación o adaptación ante conductas, acciones o valoraciones que vengan siendo relativamente habituales en la sociedad, hará depender su éxito del acierto en la elección del momento de ser planteado ante la opinión pública, en cuyo caso, ni la más feroz discrepancia política o parcial subversión organizada, logrará frenar la articulación de lo que ya era una realidad social efectiva.

2. El innovador moral (continuando en este punto con alguna de las ideas ya expuestas), deberá tomar conciencia de que el éxito de la conducta por él alterada, o lo que es más importante, lograr la tolerancia de un número suficiente de individuos como para formar corriente de opinión, dependerá de la rectitud que demuestre en el resto de ámbitos de conducta, acción o valoración más relevantes.

3. La innovación jurisprudencial, sin cuestionar aquí la naturaleza del contenido normativo o la manera en que éste se transmita, descubra o asimile, no depende de la inmediata y expresa opinión pública (concepto equívoco y confuso como pocos), tal y como sí sucede respecto de la innovación política comentada, o casi cualquier innovación moral.

La innovación jurídica, dentro de un orden jurisdiccional dinámico y competitivo, depende de un criterio de autoridad. La autoridad se conserva hasta cierto momento, aun cuando en el discurrir del tiempo y el acontecer de los actos y decisiones, no siempre todo lo que decida quien ostente dicha autoridad, goce de la suficiente aceptación. En el orden jurídico, el trecho entre los afectados y sus magistrados, es muy superior al que existe, por ejemplo, dentro del orden político. Lo relevante será que la innovación respete el precedente sin que éste se entienda licenciosamente vulnerado. Cabe que cierto precedente sea fuertemente criticado, y que la ruptura con aquel adquiera tintes de liberación. Pero lo habitual será que el innovador jurídico, bien desde la autoridad genuina, o desde la mera influencia o el prestigio, trate de incorporar sus aportaciones concediéndoles apariencia incremental, más o menos integral, pero en ningún caso, como reintegraciones absolutas de una parcela más o menos amplia del contenido jurídico explicitado hasta la fecha. Esta afirmación colisiona con la existencia de un precedente vinculante, que se entendería dentro de sistemas jurisprudenciales consuetudinarios rígidos. La perdurabilidad del precedente dependerá, en todo caso, de su efectividad, y no tanto de su vigencia formal. Es decir, la imposición de la regla del precedente vinculante sólo contribuirá a debilitar el orden jurídico afectado.

4. La innovación dentro del mercado, adquiere matices extremadamente singulares, que lo alejan demasiado de lo que aquí se viene explicando. Aún así, no sería descabellado obtener cierta conclusión al respecto, presumiendo que las innovaciones exitosas (en bienes de consumo, por ejemplo), serán aquellas que no se planteen como un cambio radical en la forma de vida o las creencias de una comunidad.

De hecho (y esta es una máxima tradicional de la publicidad, como un coste más, incorporado a la producción de bienes), nunca se tratará de dar a conocer un producto sirviéndose de argumentos, o exhibiendo conductas, que no fueran en ese preciso instante fácilmente asimilables por el común de los individuos sobre quienes se dirija la campaña. La generalidad de las mismas condicionará el contenido del anuncio. El mercado, como sinónimo del orden social, pero cuya definición se concentra en la producción de bienes y su intercambio, también depende de que la innovación no sea sencillamente una incomprensible y radical propuesta o alternativa. Incluso la más formidable novedad, será siempre dada a conocer manteniendo una estrecha alianza con las acciones, valores o conductas generalizadas o suficientemente asumidas en el preciso instante en que se lance semejante campaña publicitaria. No se trata tanto de evaluar el producto en sí, como de entender la impronta que tendrá entre sus destinatarios su aparición en el mercado.

Obviamente, el rompedor será gratamente acogido entre aquellos que aspiren (al mismo tiempo o en exclusiva) a romper, y a aparentarlo frente al resto. Los modernos viven obsesionados por una curiosa idea de cambio, siguiendo un patrón elitista no sólo en la estética, sino también en la moral y la ética, desechando automáticamente aquello que termine por ser aceptado por el común de los mortales. El rompedor, como pose o actitud sincera, en la medida que permanezca pendiente del resto, vivirá en una perpetua huída hacia ninguna parte. Exclusivamente la permanencia dentro de una selecta minoría, convencido de que no se extienden sus hábitos y maneras, calmará su ansiosa búsqueda de innovación por innovación.

Con este comentario no pretendo despreciar el papel fundamental, muchas veces muy a su pesar, que tienen los rompedores, frente al mero innovador. Los únicos rompedores que deben preocuparnos son aquellos que pretendan valerse del poder para extender sus aspiraciones personales sobre el resto de individuos con los que compartan orden político (incluso más allá). Dentro de un orden social abierto y dinámico, conviven innovadores con rompedores introvertidos o rompedores extrovertidos (siguiendo la distinción antes explicada), sin problema alguno. Los primeros, involuntariamente, filtran sus variaciones, parcialmente por lo general, dentro de la corriente mayoritaria de individuos, creando moda incluso sin buscarlo. Los segundos, obsesionados por imponer aquellos cambios que consideran claves del progreso general, harán lo que esté en su mano, y más, para extender entre el resto de individuos (quieran o no), sus particulares poses o patrones de conducta, valoración y acción.

El trecho entre el dicho y el hecho

Existen importantes divergencias entre lo que hacemos y lo que decimos. Podemos decir que estamos preocupados por los problemas sociales del país como el paro, y que nos duele profundamente el ver la cantidad de millones de personas sin empleo y de dramas familiares. Sin embargo, con nuestras acciones -bien fruto del puro interés propio o de la ignorancia- demostramos que lo que realmente nos importa es nuestra situación, y que estamos dispuestos a mucho con tal de no perder nosotros, aunque ello implique un empeoramiento de los demás.

No me resulta descabellado pensar que parte de la “sensibilidad social” de la que solemos presumir, implícita e inconscientemente, en ocasiones no es mucho más que bonitas palabras que sirven para generarnos una autoimagen y reputación de personas comprometidas socialmente. Una sensibilidad social que está muy bien siempre que no nos toquen el bolsillo y amenacen nuestro bienestar.

Como suele señalar acertadamente el economista de la George Mason University, Russ Roberts, lo que coincide con la enseñanza bíblica de “por sus frutos los conoceréis”, somos lo que hacemos y no lo que decimos que somos, ni lo que nos gustaría ser. Cómo somos de verdad se manifiesta mediante nuestras acciones -no mediante nuestras palabras ni buenas intenciones-, en las que nos vemos obligados a elegir entre alternativas, mostrando así nuestras auténticas preferencias. Analizar los actos, y no las palabras, es la mejor manera de juzgar el comportamiento de los políticos y actores sociales.

Por ejemplo, de esta forma habría que juzgar las dos legislaturas de George W. Bush, que, a pesar de la retórica e imagen del Partido Republicano, ha sido un presidente muy intervencionista, no solo en el ámbito de la guerra contra el terrorismo, sino también en ámbitos internos del Estado del Bienestar, las libertades individuales, o en preparar el camino e iniciar las políticas de estímulo público, como reacción a la crisis, que más tarde intensificaría Obama.

Asimismo, de esta forma habría que calibrar la postura de nuestros políticos en relación al sistema público de pensiones. Estos mismos políticos hablan pomposamente de la necesidad de un cambio en el modelo productivo y, sin embargo, parecen estar empecinados en evitar los necesarios y dolorosos reajustes que todavía tienen que producirse en los sectores hipertrofiados de nuestra economía: banca y vivienda.

Las personas de bien decimos que nos importa mucho la situación de los países pobres, pero aun así permitimos la permanencia de un sistema de protección a los productores agrícolas europeos. Un esquema proteccionista que perjudica gravemente a los países del Tercer Mundo, encareciendo en términos relativos los productos de éstos últimos y dificultando su exportación (una vía por la que podrían comenzar la salida de la pobreza, siempre que sus propios gobiernos nacionales lo permitieran, no obstaculizando demasiado el proceso generador de riqueza del libre mercado). Si bien esta pasividad puede ser una muestra de ignorancia del público, al igual que puede suceder con la defensa acrítica de la ayuda externa, muestra un escaso interés, que contrasta con las supuestas buenas intenciones y deseos.

Decimos que favorecemos una sociedad de emprendedores e innovadores, pero al mismo tiempo permitimos la existencia de un excesivo y pesado lastre burocrático y legislativo que penaliza a los más emprendedores y con más iniciativa. No hacemos las reformas necesarias para llegar a unos niveles de facilidad de creación de empresas (Doing Business) y flexibilidad laboral mínimamente aceptables, estando a la altura de países como Mozambique o Ghana.

Solemos presumir de nuestra plena independencia de criterios, ideas y pensamiento, de que “no nos casamos con nadie” (ningún partido político, se refiere). Al mismo tiempo, uno puede ver los mítines de los principales políticos españoles, a lo largo y ancho de España en las principales citas electorales, y antojársele la malvada imagen en la cabeza de un rebaño aplaudiendo con las orejas a su pastor.

Se puede culpar a los políticos de todos los males, de sostener una postura -consciente o inconscientemente- arrogante hacia el complejo orden social: una mentalidad de “alfarero”. Se puede hacer, pero cuidado con simplificar burdamente, porque lo cierto es que lo más probable es que buena parte de esos males tengan sus raíces en ideas arraigadas en la opinión pública, y en una actitud que favorece esa mentalidad de alfarero: la mentalidad de “botijo” del votante, expresión que sugería Pablo Carabias. Dicho de otra manera: que se junta el hambre con las ganas de comer.

Sobran “botijos” dispuestos a ser moldeados, por los siempre tan dispuestos “alfareros”, y faltan “plantas” que defiendan su derecho a crecer autónoma y libremente, y que no se dejen aplastar por un poder político creciente, no solo en tamaño, sino también en alcance. También sobra palabrería barata y hueca, y faltan acciones que compensen el trecho entre el dicho y el hecho.

Europa, en la encrucijada

La zona euro, y la Unión Europea en su conjunto, se enfrentan al reto más complicado y farragoso desde la puesta en marcha de la moneda única.

Como resultado, la tensión se masca en el ambiente: Sarkozy, Zapatero y Barroso defienden el rescate de Grecia mediante la concesión de créditos bilaterales; la canciller alemana, Angela Merkel, rechaza frontalmente esta opción y abre la puerta al desembarco del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Atenas; una postura que no comparte su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que apoya el rescate y la creación de un Fondo Monetario Europeo; mientras, el Banco Central Europeo se opone a la petición griega de recibir créditos blandos (a tipos de interés inferiores al mercado).

El proceso, de momento, se mantiene en stand by, pero el tiempo se agota. El Gobierno griego necesita colocar en el mercado bonos por valor de 10.000 millones de euros en las próximas semanas, y el interés de su deuda a 10 años ronda el 6,4%, el más alto desde finales de febrero. La situación se agrava y el tono de las declaraciones se dispara, hasta el punto de que Atenas tacha de "miserables" a los alemanes.

Por si ello fuera poco, también saltan chispas entre París y Berlín, los ejes de la UE, después de que el Gobierno francés denunciara la alta competitividad de la economía germana como detonante de los desequilibrios internos que vive la Unión.

Pero, ¿qué le pasa a Europa? Bruselas se encuentra en una encrucijada. El rescate griego crearía un peligroso precedente a nivel político y minaría la fortaleza del euro. Por su parte, la intervención del FMI chocaría, inevitablemente, con las competencias de Bruselas y el BCE. Por último, la expulsión o abandono del euro por parte de Grecia marcaría el principio del fin del bloque común, además de un impacto colosal en la economía griega y en la banca europea.

Sin embargo, lo más preocupante es la sombra creciente de un gobierno único, un "gobierno económico común" a nivel europeo, tal y como reclaman ahora al unísono Sarkozy y Zapatero. Con la excusa de la crisis, la elite política comunitaria aspira a acrecentar su ya de por sí elefantiásico poder. Llegado el caso, la hegemonía de Bruselas sobre los países socios acabaría por eliminar de facto la escasa soberanía política de la que gozan hoy en día los europeos. Y es que, un "gobierno económico" es la antesala de un "gobierno único europeo", que escapará por completo al control de los individuos. Huyan, como del demonio, de las "gobernanzas" en bloque, ya que la historia nos ha demostrado, una y otra vez, que a más gobierno menos libertad, y a mayor expansión geográfica menor posibilidad de escapatoria (voto con los pies).

Espero y deseo que Merkel imponga su criterio y, en caso de rescate, sea finalmente el FMI el que acuda en ayuda de los griegos, por más que les pese a Barroso y a los defensores del "gobierno mundial".

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

¿Aguantará Estados Unidos?

Obviamente, la situación actual, aunque herencia de ese año, no se asemeja demasiado a la de 2003. Si en esa ocasión tenía sentido formularse tal pregunta, ahora mucho más.

A lo largo de los dos últimos años, desde que comenzó la crisis, se han sucedido las reflexiones en torno a la fortaleza de la economía norteamericana. Las respuestas han sido variadas, desde los más optimistas (o menos pesimistas) que ven una recuperación inminente más o menos sólida, a los más catastrofistas, quienes llegan a prever hiperinflación o colapsos monetarios de primer orden –cayendo en la sensata crítica que Robert Higgs dedicaba a los agoreros, quien hace notar que en sus análisis nunca aborden el qué pasará después.

En el artículo de 2003, el profesor Argandoña advertía de ciertos fenómenos preocupantes dentro de la economía norteamericana, como el hecho de que los norteamericanos estaban viviendo muy por encima de sus posibilidades –con un gasto muy elevado y un ahorro ridículo–, endeudándose masivamente con el exterior y dependiendo totalmente del crédito. Pero esta práctica tenía un límite: "En cualquier momento [los países extranjeros, especialmente los asiáticos y emergentes] pueden decidir reducir su flujo de fondos hacia Estados Unidos".

Unos años después podemos constatar la insostenibilidad del crecimiento económico estadounidense de la última década, basado en una burbuja de crédito que alimentó y sostuvo una fase de artificial auge económico. Y unos años más tarde, no podría ser de mayor relevancia la advertencia que apuntaba el profesor Argandoña, referida en este caso a la deuda pública: en cualquier momento los acreedores del Tesoro de Estados Unidos pueden decidir reducir su flujo de fondos, o exigir tipos de interés sensiblemente más elevados.

Las políticas de la administración de Obama han disparado la deuda pública hasta niveles sin precedentes, como se muestra en este gráfico. El déficit público también está disparado, y las cuentas públicas empiezan a preocupar al establishment norteamericano, que alerta de un nivel de déficit "altamente insostenible". Pero puede que lleguen un poco tarde: la agencia de calificación de deuda Moody’s lanzó una importante advertencia al Gobierno estadounidense de que deben recortar gastos y controlar urgentemente el déficit, si no quieren que acaben rebajando la calidad de la deuda pública.

Si bien esto parecía impensable hace muy poco tiempo –y quizás lo siga siendo ahora–, los recientes acontecimientos nos están enseñando a no descartar escenarios posibles, por improbables que parezcan (¿quién hubiera previsto el colapso de Islandia?). Este toque de atención sugiere que nadie, por muy potencia económica que se sea, debe confiarse y permitirse el lujo de gastar y endeudarse –todavía más– como si no existiera mañana, ni intereses que pagar.

Pero quizás lo más preocupante es que los escenarios más pesimistas no sólo vienen lanzados por quienes aprovechan la mínima ocasión para predecir el colapso y la tragedia más absoluta, sino que vienen avalados, al menos parcialmente, por datos. Algunos de estos datos los analizaba recientemente el analista independiente Charles Hugh Smith.

En primer lugar, dice Smith que en este año se estima que el Tesoro necesitará encontrar compradores para alrededor de 1,6 billones de dólares en bonos estadounidenses, lo que refleja el gran y creciente agujero fiscal que se proyecta para 2010 y 2011. Esta cifra superaría la de 1,42 billones de 2009, que a su vez multiplicaba casi por tres la de 2008. Por poner estas desorbitadas cifras en contexto, los dos mayores acreedores de EEUU del mundo, China y Japón, poseen juntos unos 1,65 billones de dólares en bonos americanos. Dicho de otra manera, estos dos países deberían doblar en un solo año la cantidad total de deuda norteamericana que poseen para financiar todo el déficit.

La pregunta, pues, es obvia: ¿existirá demanda para una cantidad tan ingente de deuda pública? En el último año, según muestran algunos analistas, el ritmo de compra de deuda americana por parte del exterior se ha desacelerado, mientras que las familias norteamericanas han incrementado notablemente sus préstamos al Gobierno. El restante, que es una cantidad muy notable, ha sido absorbido por la Reserva Federal en su programa de expansión monetaria de "relajación cuantitativa" (quantitative easing).

Pero, volviendo a lo que decía el profesor Argandoña, en cualquier momento el público, ya sea nacional o extranjero, puede decidir reducir su flujo de fondos hacia la compra de bonos del Tesoro. Así que no sería improbable ver en el futuro próximo cómo suben los tipos de interés –con las consecuencias que ello genera –, como vía para atraer una demanda que escasea, y quizás unido a una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores.

Una alternativa a este escenario consistiría en que la Fed continúe expandiendo su balance mediante la compra directa de deuda pública. Pero los riesgos inflacionarios de esta estrategia deben tenerse muy en cuenta, a pesar de que es una opción atractiva para los políticos. Tampoco debe despreciarse la posibilidad, mucho más halagüeña pero quizás poco realista, de que la economía norteamericana se recupere de manera inminente, y genere los ingresos necesarios para tapar, siquiera de manera chapucera, algunos de los agujeros fiscales más urgentes.

Un riesgo añadido que perciben diversos analistas es el efecto contagio que se podría desencadenar si se recrudecen los ya graves problemas de algunos estados con respecto a su deuda soberana: la Torre de Babel de deuda estadounidense podría sufrir temblores significativos.

Entonces, ¿aguantará Estados Unidos? En estos tiempos pocas certezas acerca del futuro pueden sostenerse, y esta cuestión no es ninguna excepción. Lo que sí parece cierto es que la probabilidad de default de la deuda norteamericana ya no es cero. Aunque ciertamente, tampoco le haría ningún mal la administración Obama el sobreestimar la posibilidad de impago, si ésa es la única forma de garantizar una pizca de disciplina fiscal. 

Ángel Martín Oro escribe regularmente en su blog.

Un nuevo consenso contra la ciencia

Era una manera sencilla de evitarse entrar en el debate: si todos comulgamos con lo mismo, será que todos tenemos razón y, por tanto, que los díscolos y heterodoxos no merecen consideración alguna.

Por supuesto, eso no impedía que el consenso tuviera los pies de barro y fuera fruto de un error colectivo (supongo que la memética algo tendrá que decir al respecto), pero a quienes se escudaban en él les servía para ir medrando social y económicamente.

Nada ha hecho tanto como la actual crisis económica para demostrar que tal consenso no tenía base sólida alguna y que los presupuestos de la macroeconomía moderna deben ser reconsiderados por completo. Al fin y al cabo, la época que muchos cantaron como paradigmática, La Era de la Gran Moderación, los años de Greenspan, se reveló simple y llanamente como un período en el que se gestó una de mayores crisis económicas de la historia reciente.

Algunas de las figuras más notables de ese consenso, como Gregory Mankiw, el tombolero monetario, incluso admiten estar reflexionando sobre la conveniencia de que las entidades financieras descalcen plazos. Ya saben, aquello que la Escuela Austriaca viene denunciando desde hace décadas con más pena que gloria. Pero hay otros, muy cómodos dentro de ese consenso, que se han resistido más a levantar su acta de defunción. Fue el caso de Olivier Blanchart, economista jefe del FMI, quien hace unos meses publicó un artículo sobre "El estado de la macroeconomía" en el que insuflaba ánimos a sus compañeros de profesión, jurándoles y requetejurándoles que, pese al accidente, no estaban en coma, que todavía podían ganar los 100 metros lisos.

Lo cierto es que, por malo que fuera el artículo de Blanchart, las respuestas que recibió, como la de Krugman, no elevaron demasiado el listón: construyeron lo que en apariencia era una nueva entente fundamentada en la mediocridad y la decadencia.

Estos días, ese mismo Blanchart que consideraba que el consenso seguía vivo ha escrito otro artículo, titulado "Replantear las políticas macroeconómicas", en el que implícitamente desmiente que el estado de la macroeconomía fuera tan saludable como sostenía sólo unos meses atrás. El economista jefe del FMI se plantea que tal vez la macroeconomía moderna tenga algunas lagunas menores, sobre las que convendría reflexionar. Claro que, cuando pasa a enumerarlas, nos damos cuenta de que en realidad todo son lagunas.

El ejercicio de Blanchart es ciertamente loable desde el punto de vista intelectual, aunque llega con retraso y forzado por las circunstancias. Ahora bien, frente a la positiva actitud de poner el dedo en la llaga sobre asuntos en los que el consenso simplemente actuó como un obstáculo para el progreso científico, parece que Blanchart quiere edificar inmediatamente… otro consenso. Tras leer su artículo, uno le imagina diciéndose algo así como: "Vale, bien, de acuerdo: llevamos 20 años creyendo que esto era así y la hemos pifiado; pero no pasa nada, porque en apenas unos meses hemos descubierto que las cosas son de otra manera que rápidamente volveremos a convertir en dogma".

Da la impresión de que algunos viven demasiado bien instalados en un mundo en que no sucedan ciertas cosas como, por ejemplo, cuestionar la existencia de la institución que le paga el sueldo a Blanchart, el FMI. Es humanamente comprensible, pero eso no quita para que otros rechacemos el nuevo consenso precocinado que estos sacerdotes nos ofrecen.

Básicamente, Blanchart afirma que la sabiduría convencional pensaba que la estabilidad macroeconómica podía alcanzarse con una inflación persistentemente baja que podía ser controlada por el tipo de interés fijado por el Banco Central y donde, por consiguiente, la política fiscal y las regulaciones eran irrelevantes.

En su opinión, es esta proposición la que se ha mostrado fallida durante esta crisis. Así, el economista jefe del FMI sugiere que una baja inflación ni es suficiente para evitar la recurrencia de las crisis económicas (pues hay otras variables que influyen, como la acumulación de crédito) ni necesariamente beneficiosa, si la economía ha caído en la llamada "trampa de la liquidez" y el Banco Central pierde su capacidad para estimularla artificialmente. Para evitar las crisis propone un marco regulatorio más omnicomprensivo y una política monetaria más heterodoxa, en la que el banquero central utilice todos los mecanismos posibles para inflar el crédito y evitar su colapso. Y para combatir las crisis defiende una política fiscal de mucho mayor calado que la actual (para ello, los Estados deberían sanear sus cuentas en época de bonanza) y la necesidad de que los Bancos Centrales generen inflación con tal de salir de la trampa de la liquidez.

El problema de sustituir un consenso por otro a bote pronto es que todo degenera. En este caso, si bien aplaudo que se reconozca que el marco teórico precedente tenía sus muy graves deficiencias, no puedo sino horrorizarme ante el nuevo que algunos proponen. Al menos el anterior no pretendía controlar cada engranaje de la economía, lo que dejaba al sector privado un cierto espacio para generar riqueza sin padecer los embates de demasiadas moscas cojoneras; con el nuevo, los instrumentos de política económica en manos del Estado se multiplican y se abandona cualquier atisbo de prudencia: inflación monetaria a tutiplén, déficits públicos desacomplejados, regulaciones draconianas…

Todo, por no admitir que el origen de los problemas proviene de nuestro perverso sistema monetario. Seamos claros: si los bancos descalzan masivamente plazos, se apalancan a corto plazo hasta grados insostenibles; dan lugar, con ese crédito desligado de los ahorros reales, a malas inversiones en el sector real de la economía; provocan inflaciones cuando el crédito crece y deflaciones cuando el crédito se contrae, colocan a unas hiperendeudadas familias y empresas en una posición de iliquidez e insolvencia tal que no pueden reanudar sus actividades hasta reestructurar sus cuentas y empresas; si hacen todo esto es porque tienen la certeza de que podrán refinanciar sus enormes pasivos en el Banco Central siempre que lo necesiten.

En este contexto, la regulación puede servir para contener de alguna manera el grado de expansión crediticia que el privilegiado sistema bancario promueve (por ejemplo, requiriendo mayores ratios de solvencia), pero no cambiará su contenido esencial (entre otras cosas, porque los que proponen regular son los mismos que se niegan de plano a impedir que el Banco Central expanda el crédito): un crecimiento insostenible del crédito apartado de los ahorros reales de la economía.

Los déficits públicos no son herramientas que permitan reanimar la economía, en esencia porque son totalmente procíclicos en época de crisis, pese a que la profesión económica piensa lo contrario. No hay nada más suicida que seguir cebando el endeudamiento en una depresión que estalla por el insostenible nivel de deuda y las malas inversiones a que aquélla ha dado lugar. Blanchart afirma que si los gobiernos hubiesen tenido más capacidad para rebajar los tipos de interés y para incrementar el déficit público, hubiesen estado "mejor preparados para combatir la crisis". Lo cual tiene una refutación empírica clarísima, que se resume en una palabra: España.

Nuestro país entró oficialmente en la crisis, allá por septiembre de 2008, con un envidiable endeudamiento público: alrededor del 38% del PIB, y unos tipos de interés (marcados por el Banco Central Europeo) tirando a altos, del 4,25%. Desde entonces, el Gobierno de Zapatero ha incurrido en enormes déficits presupuestarios y los tipos han caído hasta el 1%, y sin embargo nuestra economía está a la cola de la recuperación mundial.

No olvidemos que recuperarse de una crisis implica reestructurar el activo (inversiones) y el pasivo (instrumentos de financiación) de los agentes económicos, y el gasto público desbocado sólo contribuye a degradar el pasivo (añadiendo más deuda a los ciudadanos) y a impedir el reajuste del activo (sosteniendo artificialmente la demanda de las inversiones fallidas).

En lugar de admitir que hemos estado discutiendo sobre el sexo de los ángeles durante 50 años en lugar de haber profundizado en los problemas macroeconómicos fundamentales (cuáles son las características del buen dinero, cuál es el marco en el que puede crearse y acumularse saludablemente el crédito, cómo detectar la acumulación de mal crédito, qué consecuencias tiene esto último sobre la estructura de capital, cuáles son las respuestas de los agentes ante su iliquidez y cómo facilitar su reajuste, cómo varía el valor del dinero y los tipos de interés según la situación financiera de los agentes…), nos hemos perdido en macroagregados irrelevantes (oferta agregada, demanda agregada, nivel general de precios, tipo de interés de la economía, tasa de paro, stock de capital, oferta monetaria…) propios de dirigistas ciegos que no entienden nada del proceso económico pero que pretenden manejarlo a su antojo.

No es de extrañar que, ante la implosión de sus falaces recetas, busquen ahora otras nuevas que les permitan conservar sus privilegios. ¿Hasta la próxima crisis?