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Las mujeres ganan lo mismo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo hacen, claro, sabiendo que no escapará un solo euro de sus bolsillos. Y no sólo porque les baste con no aceptar las razones que les den, sino porque, a nada que se pare uno a pensar, verá que la idea de que se pague más a un hombre por el mismo trabajo es un absurdo y, de hecho, no es la norma. Como dice Thomas Sowell, “es una de las principales falacias de nuestro tiempo”.

Hay un elemento que diferencia a hombres y mujeres que no debería resultar chocante o polémico, y que tiene una incidencia clara sobre las preferencias generales, y es el hecho de que las mujeres dan a luz y los hombres no. Hay muchas mujeres, no todas, que hacen mayores renuncias en su vida profesional para estar más al tanto de la familia, mientras que esto es menos frecuente en los hombres. Esto repercute también en su experiencia y capital humano, y merma su capacidad futura para progresar.

Hablando del caso de los Estados Unidos, Sowell, en su libro Economía: verdades y mentiras, dice que “la razón más importante por la que las mujeres ganan menos que los hombres no es que les paguen menos por hacer el mismo trabajo, sino que se distribuyen de forma diferente en los empleos: hacen menos horas y tienen menos continuidad”. De hecho, las diferencias salariales son muy pequeñas al comienzo, pero se agrandan con el paso del tiempo, cuando hombres y mujeres comienzan a tomar decisiones sobre su vida profesional y personal. Pero ¿qué pasa cuando quitamos todos esos elementos, cuando comparamos a hombres y mujeres solteros con la misma formación y experiencia? Que esas diferencias se diluyen hasta desaparecer.

Nuestra izquierda, en lucha permanente contra la realidad, dice a la vez dos cosas que son incompatibles entre sí. Por un lado dice que, cuando hay diferencias, éstas no provienen de las decisiones libremente adoptadas por hombres y mujeres, sino del machismo de los empresarios. Por otro, pinta a los empresarios (en este caso con más fortuna, aunque sin mucha finura) como unas personas movidas sólo por el beneficio económico, sin consideración hacia la condición del trabajador.

Sea como sea, pongamos ante ese empresario que desprecia cualquier cuestión que vaya más allá de los beneficios  a dos trabajadores que le van a aportar exactamente lo mismo, sólo que uno de ellos es mujer y le va a costar un 20 por ciento menos. ¿No contratará siempre mujeres, dejando a los varones todos en el paro? Los beneficios diluyen el machismo.

La escalabilidad contra la teoría del valor trabajo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La escalabilidad contra la teoría del valor trabajo

La piedra angular de la teoría económica socialista consiste en que el valor de los bienes equivale en última instancia al trabajo que incorporan. Marx, uno de los grandes defensores de la teoría del valor trabajo, pensaba que si las mercancías se volvían iguales mediante el intercambio (1 ordenador =500 euros =50 copas), ello sólo podía deberse a tenían un elemento común al que eran reducibles, y ese elemento común sólo podía ser el trabajo acumulado en cada mercancía.

Al final, pues, para Marx todo podía expresarse en una misma magnitud: el trabajo, entendido como “tiempo de trabajo” y, más en concreto, como “tiempo de trabajo socialmente necesario para producir cada bien”. En este sentido, el valor de la propia fuerza laboral sería equivalente al del tiempo de trabajo necesario para producir las mercancías que necesita cada trabajador para su sustento (de ahí que cuando su jornada laboral se extiende a más horas de las necesarias y no se le remunere se produzca “la explotación”).

Por supuesto, el economista alemán olvidaba que todas las mercancías también tienen otro elemento en común aparte de haber sido producidas por el trabajo humano y es el de ser escasas con respecto a las necesidades humanas que podrían satisfacer. O dicho de otra manera, todos los bienes económicos pueden reducirse a su aptitud para facilitar la consecución de los fines del ser humano: a su utilidad.

Es ciertamente la utilidad, y en concreto la utilidad marginal (el valor del último fin que se puede lograr con una cantidad dada de mercancías), el elemento que determina el valor de los bienes, incluido el del trabajo. Los salarios dependen no del tiempo de trabajo socialmente necesario para “reproducir” a los obreros, sino del valor presente de los bienes económicos que esos trabajadores producen.

Gracias a la teoría del valor basada en la utilidad podemos dar una explicación completa de la formación de los precios y salarios sin necesidad de caer en las numerosas contradicciones  e inconsistencias en las que cae Marx.  Por ejemplo, de acuerdo con la teoría marxiana, todos los trabajos deberían tener un mismo valor, pues los medios que necesitan para sustentarse son los mismos. Sin embargo, Marx se ve forzado a distinguir entre trabajo “medio simple” y trabajo “complejo” para dar cabida a las distintas cualificaciones de los trabajadores y poder afirmar que en el trabajo complejo “entran costos de formación más altos, cuya producción consume más tiempo de trabajo y tiene por tanto un valor más elevado que el de la fuerza de trabajo simple”.

De acuerdo con Marx, los trabajadores más cualificados incorporan a las mercancías tiempo de trabajo complejo, que es varias veces más valioso que el tiempo de trabajo simple y, por tanto, deberían percibir salarios más altos.

El enfoque, no obstante, es problemático, no ya porque quede por resolver cómo definimos qué trabajos son más cualificados que otros con independencia de la utilidad de los productos que generen, sino porque no permite explicar el fenómeno de la escalabilidad.

La escalabilidad es un concepto importado de la teoría de redes que indica la capacidad que tiene un sistema para incrementar su número de usuarios sin perder calidad. Por extensión a una ocupación remunerada, la escalabilidad sería la capacidad de un trabajador para incrementar su clientela sin incurrir en horas de trabajo adicionales (o, más en general, la capacidad de una empresa para incrementar sus ventas sin asumir nuevos costes).

Como explica Nassim Taleb en El Cisne Negro, hay trabajos -como los de la prostituta, el artesano, el panadero o el médico- escasamente escalables y otros -como el del bróker, el escritor, el músico o el programador informático- muy escalables. El panadero sólo puede producir una hogaza de pan adicional si emplea su tiempo en hornearla; el bróker puede vender 100 o 100.000 acciones con el mismo esfuerzo.

El problema que representa la escalabilidad para la teoría del valor trabajo es doble: por un lado, los salarios de aquellas personas que logren “escalar” más su trabajo serán mucho más altos que los de quienes lo logren escalar menos, sin que ello implique diferencias de cualificación. El tiempo de trabajo socialmente necesario para escribir un libro puede ser idéntico para un autor de best-sellers con escasos estudios que para un filólogo fracasado, y en cambio el primero obtendrá remuneraciones muy superiores por su trabajo que el segundo. Por otro, y sobre todo, el trabajo adicional para obtener remuneraciones adicionales en los trabajos escalables es prácticamente nulo: se genera más valor sin más tiempo de trabajo. Por ejemplo, los ingresos de un escritor que venda sus libros electrónicos por internet se incrementarán con independencia de su coste marginal de producción (y con independencia del nulo trabajo adicional necesario para producir las nuevas unidades del bien). Hay, pues, valor que no deriva del trabajo, sino sólo de la utilidad percibida por los usuarios del bien.

Que la escalabilidad de los trabajos contradiga las conclusiones más elementales de la teoría del valor trabajo también sirve para comprender por qué esta teoría pudo florecer en una época en la que la mayoría de los trabajos no eran escalables. Es más, la intuición natural del ser humano, procedente de una mente adaptada para sobrevivir en el Paleolítico, donde ningún trabajo era escalable y donde además las herramientas eran escasas, pasa obviamente por que los bienes valen el tiempo de trabajo que nos cuesta producirlos.

El mismo Adam Smith, partidario de una cierta teoría del valor trabajo, tuvo que dar cabida a la escalabilidad en La Riqueza de las Naciones dependiendo de la fase de desarrollo de la economía. Así, según Smith, “en un estadio primitivo de la sociedad que precede a la acumulación de capital y a la apropiación de la tierra, la proporción entre el trabajo necesario para producir los objetos parece ser la única circunstancia que permite alcanzar una regla que explique su intercambio”; de modo que si cuesta el doble cazar un castor que un venado, el precio del castor será el doble que el del venado.

El ejemplo de Smith es válido para una sociedad de cazadores y recolectores, donde todos cazan lo mismo con una similar destreza, donde el producto es relativamente homogéneo (carne de presa de distinta calidad) porque se emplea para el mismo fin (alimentación) y donde, por tanto, si se pretende cobrar más de dos venados por un castor resulta más económico cazar directamente el castor.

Como explica James Buchanan, en este caso “el rendimiento de la producción física y de la producción por intercambio son idénticos. El tiempo de trabajo, el patrón de medida, es el común denominador en el que se expresan los costes”. Lo cual no significa, con todo, que el valor del castor o del venado dependa del coste o del trabajo empleado en cazarlos, puesto que si la utilidad de la carne de castor disminuyera (por ejemplo, porque mueren algunos de los consumidores que la consideraban mejor que la de venado), los cazadores de castores deberán conformarse con un menor número de venados en el intercambio (hasta que parte de esos cazadores se redirija a producir venado). En el extremo, si los cazadores consideran que la carne de castor es de peor calidad que la de venado, no se cazará ningún castor, no porque sea más costoso que los venados, sino porque no son lo suficientemente útiles como para incurrir en ese coste.

Pero, junto al caso anterior, Smith también reconoce que una vez se empieza a acumular capital, los directivos de las empresas de mayor tamaño pueden obtener salarios superiores a los de las empresas de menor tamaño aun cuando su tiempo sea fundamentalmente el mismo (“aunque sus beneficios son muy diferentes, su trabajo de dirección e inspección puede ser total o casi totalmente el mismo”). Es decir, el economista escocés observa cómo en las sociedades capitalistas el fenómeno de la escalabilidad contradice los presupuestos de la teoría del valor trabajo, hasta el punto de que los salarios de dos directivos se rigen “por principios muy diferentes, y no guardan proporción con la cantidad, las condiciones de vida o el supuesto ingenio de este trabajo de inspección y dirección”.

Una mayor perspicacia de Smith debería haberlo llevado a considerar que el salario de los directivos en plantilla dependía de su capacidad para anticipar y satisfacer las necesidades de los consumidores, proporcionándoles al menor coste posible aquellos medios que necesitan y que, de hecho, cuando no estamos ante un trabajo por cuenta ajena, esas remuneraciones deberían llamarse beneficios en lugar de salarios. Pero para ello Smith debería haber contado con una teoría del valor basado en la utilidad de la que carecía.

En definitiva, la teoría del valor trabajo parece ser cierta en sociedades muy primitivas donde todos los bienes proceden del esfuerzo físico de los seres humanos y donde el único coste de oportunidad pasa por elegir las actividades en las que trabajar. Tan pronto como la escalabilidad de las actividades pasa a ser posible -esto es, tan pronto como se puede generar valor sin trabajo adicional- la teoría queda ridículamente en evidencia y sólo enormes piruetas argumentales desligadas del todo de la realidad permiten mantenerla vigente. Algunos, no obstante, siguen dispuestos a dar dobles saltos mortales en el terreno de la ciencia.

Chávez y Zapatero, tal para cual incluso en internet

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Cada poco tiempo tenemos algún ejemplo de la simpatía que el inquilino de La Moncloa y buena parte de los suyos, en especial Moratinos, sienten por el ex militar golpista metido a presidente caribeño. Tampoco tiene nada de extraordinario si se tiene en cuenta la relación de afinidad que, un día sí y otro también, el Ejecutivo español demuestra tener con el régimen dictatorial cubano.

La complacencia de Zapatero, Moratinos y buena parte del resto del Gobierno español (esperemos que, aunque lo haga en silencio, algún ministro no la comparta) puede venir dada en buena medida de una identificación ideológica. No soy de los que creen que en España estamos como en Venezuela o en Cuba –de hecho creo que esa equiparación es profundamente injusta con venezolanos y cubanos– pero resulta innegable que el jefe del Ejecutivo español se siente ideológicamente identificado con los tiranos que martirizan a ambos países caribeños. Quizás por eso la suerte ha querido que el régimen de Chávez ponga fin a la libertad de expresión en la red venezolana la misma semana en la que el Consejo de Ministros español aprueba la mal llamada "Ley Sinde".

Para ser justos, también en esto lo de Venezuela es mucho peor que lo de España. Sin embargo, lo aprobado en ambos lados del Atlántico es lo mismo en su esencia, puesto que en los dos casos se trata de recortar la libertad de expresión en la red. El chavismo pretende silenciar a quienes se oponen al caudillo que habita en el caraqueño Palacio de Miraflores, el socialismo español se limita a atentar contra los derechos más elementales para proteger los intereses del lobby de los derechos de autor. Además, si lo que pretende imponer ZP apenas deja recursos en defensa del censurado, lo impuesto por el presentador de Aló presidente no deja ninguno.

Zapatero y Chávez avanzan en el recorte de la libertad de expresión en internet. Lo hacen a ritmos diferentes y por causas distintas, pero ambos lo hacen.

Es cierto que lo del venezolano es más preocupante que lo del español, pero no por eso hay que bajar la guardia en la "piel de toro". Cuando se comienza a limitar el derecho a expresarse se abre una vía que no hace más que ensancharse. En cuanto se acepta que caben excepciones a la libertad de expresión, cualquiera puede presentar argumentos que podrían justificar más limitaciones y lograr nuevos recortes. Lo que está en juego es mucho más que unas páginas de enlaces a películas o canciones.

Lo que nos jugamos en esta apuesta de ZP es lo mismo que perdieron los venezolanos en una de las muchas de Chávez: la libertad de expresión.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Alemania, contra la libertad educativa

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Alemania, contra la libertad educativa

El homeschooling está prohibido en Alemania por un Decreto del Tercer Reich que sigue en vigor y que deriva de otro decreto, prusiano de 1717, en el que se establecen la obligatoriedad y la gratuidad de la escolarización. Las familias que educan en casa son perseguidas como si fueran verdaderos criminales y se exponen a penas de multas, de prisión y, por supuesto, a que se les retire la custodia de sus hijos.

En el año 2006, un juez de familia, varios trabajadores sociales y varios agentes de policía se personaron en el domicilio de la familia Busekros y se llevaron a su hija Melissa. Tras someterla a un interrogatorio y a un examen psiquiátrico, se le diagnosticó “fobia a la escuela”, se les retiró la custodia a sus padres y se la internó en un centro psiquiátrico. Un año después, cuando Melissa cumplió 16, se le dio el “alta médica”, fue reintegrada en el domicilio familiar y se les presentó la factura del centro donde había estado internada. El Estado no iba a correr con ese gasto.

Los Dudek tuvieron más suerte: “sólo” se les impuso una pena de 90 días de prisión a los padres, que fue conmutada por una multa de unos 300 dólares. Por supuesto, se les obligó a escolarizar.

Las posibilidades educativas en Alemania son múltiples y suficientes según sus autoridades: hay escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas religiosas e, incluso, escuelas con currículos alternativos, tales como el Waldorf o el Montessori. Los Romeike, sin embargo, consideraron que estas alternativas no eran suficientes y decidieron desescolarizar por dos motivos: evitar que sus hijos continuaran siendo víctimas del bullying y evitar que se les impusieran valores contrarios a sus creencias cristianas. Se les amenazó con retirarles la custodia y con la cárcel. Se les impuso una multa de unos 11.000 dólares. Su reacción no se hizo esperar: se mudaron a Tennessee (USA) y solicitaron asilo político, que les fue concedido el pasado mes de enero por el juez Lawrence O. Burman. La sentencia ha sido recurrida por el departamento de inmigración debido al temor a recibir una avalancha de peticiones de asilo por parte de familias homeschoolers. Sin embargo, el departamento se ha negado a comentar su posición. Por su parte, el Juez O. Burman es contundente: “No podemos esperar que todos los países sigan el ejemplo de nuestra Constitución, pero el mundo sería un lugar mejor si así lo hicieran”.

El Estado Alemán considera que el homeschooling promueve la proliferación de “sociedades paralelas” y por eso lo reprime y persigue. Que los homeschoolers sean perfectamente competentes a nivel académico y a nivel social no parece importarle a nadie. Ya lo dijo Hitler: que la crianza y la educación competían al Reich y a nadie más, porque el Reich se sostenía y se construía sobre si mismo y sobre sus jóvenes. Nada parece haber cambiado en Alemania desde entonces. Ni desde que Martín Lutero impuso la escolarización obligatoria para asegurarse de que todos los niños fueran capaces de leer la Biblia por si mismos y para convertirlos en ciudadanos ejemplares dispuestos a defender a su país de enemigos e invasores.

Los homeschoolers también somos perseguidos en España aunque, de momento, en Alemania, están peor. ¿Será finalmente revocada la sentencia del juez O. Burman? ¿O será ratificada y sentará un esperanzador precedente?

Sociedad civil estabulada

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Cuando la sociedad civil depende financieramente de las limosnas que entregan los presupuestos públicos, la democracia queda herida de muerte. Entonces, se puede afirmar sin tapujos que la sociedad permanece estabulada, ya que las organizaciones civiles se asemejan al ganado vacuno que dormita mansamente en el establo a la espera del pienso diario, bajo la guía y la explotación de los dueños de la granja.

Una sociedad civil estabulada se caracteriza por su comportamiento dócil, sin ejercer una crítica constructiva libre sobre la acción de los políticos, alimentada con fondos públicos para que nadie proteste ante situaciones de crisis económica con elevada presión fiscal, déficit presupuestario, excesivo endeudamiento o intervención monetaria o, peor,  ante crisis institucionales con continuos atropellos administrativos e imposición de leyes liberticidas.

Así, por ejemplo, los políticos se encargan de silenciar a los disidentes y de premiar a los acólitos cuando legislan leyes que atacan los derechos a la vida (artículo 15 CE), a la libertad (artículo 16 CE), a la igualdad ante la ley (artículo 14 CE) o a la propiedad privada (artículo 33 CE).

La independencia financiera es un elemento esencial en cualquier organización civil. Si sus actividades dependen de las prebendas de las autoridades, es imposible que desarrollen su trabajo con un mínimo de crítica sobre las leyes y actos administrativos que afectan al objeto social de su actividad.

Todos hemos observado en demasiadas ocasiones, como muchas asociaciones buscan medrar prebendas de las autoridades y, en múltiples casos, como son promovidas por éstas para instrumentalizar las cuentas públicas a favor de los grupos afines a su partido.

Desafortunadamente, la democracia no ha sido la forma de gobierno más común en la mayoría de los países y, sin duda, la mansedumbre social se origina como un comportamiento ciudadano heredado de los regímenes autoritarios, cuando se han padecido durante generaciones, precediendo a la instauración de la democracia.

Quizás, por ello, muchos votantes no están todavía acostumbrados a actuar como ciudadanos libres frente a las autoridades, agrupándose en organizaciones independientes de los poderes públicos. Por supuesto, la movilización debe quedar siempre sujeta a Derecho y, sin excepciones, debe actuar sin coacción ni violencia en contra de los derechos de los demás ciudadanos.

En España, los tentáculos del dinero público alcanzan hasta el último rincón de la sociedad civil, engrasando las finanzas de múltiples organizaciones que abarcan desde los sindicatos de “trabajadores” hasta la “patronal de empresarios” con más de 440 millones de euros anuales en subvenciones y hasta 500 millones de euros en cursos de formación. Las ayudas públicas también sufragan los gastos de variopintas fundaciones y alimentan lobbies organizados en extravagantes asociaciones. Adicionalmente, las administraciones públicas controlan las voces discrepantes en aquellos colegios, institutos y universidades que financian y, premian los apoyos explícitos en áreas culturales como el cine, el teatro o incluso los medios de comunicación. Ni siquiera se libran de quedar “untadas” por los subsidios las instituciones que supuestamente deberían liderar el librepensamiento como Ateneos o Reales Academias y, también muchos “think tanks” instrumentalizados a favor de determinados partidos.

Por supuesto, no deseo abrumarles ni deprimirles, pero sí pretendo destacar como la irresponsabilidad y las renuncias morales de la clase política han degenerado las instituciones y han silenciado la sociedad civil en España. Su nivel de corrupción ha rebasado límites que incapacitan a muchos de los dirigentes para afrontar con garantías la necesaria reforma del régimen.

Existe un último eslabón que mantiene viva la esperanza de recuperar una democracia que desarrolle un orden extenso, complejo y abierto de convivencia en España, y está en manos de los ciudadanos que deben despertar del letargo mediático y colaborar activamente con las pocas organizaciones civiles independientes, pacíficas y honradas que denuncian las deficiencias institucionales.

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El PSOE se contradice subiendo el IVA

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

…tras el rechazo en el Congreso de la moción presentada por el PP contra esta medida. Ahora bien, más allá de las disputas políticas, lo relevante es que dicho incremento fiscal echa por tierra el eje sobre el que el PSOE ha venido construyendo todo su discurso económico desde el estallido de la crisis económica.

Muchos argumentarán que tiene su lógica, puesto que subir impuestos es algo propio e intrínseco de la tradicional política de izquierdas y, siendo esto cierto, sin embargo, se equivocan. La subida del IVA contradice de forma radical el discurso ofrecido por Zapatero a la opinión pública. Y es que los socialistas han insistido una y otra vez en la necesidad de estimular el consumo por todos los medios posibles con el fin de combatir la recesión, siguiendo así la argumentación teórica típica del keynesianismo.

La falta de consumo y de crédito son la raíz del problema, según piensa el PSOE y, por desgracia, la mayoría de la clase política y la elite económica. De ahí, precisamente, que las autoridades monetarias hayan apostado por reducir los tipos de interés con el ilusorio fin de expandir nuevamente el crédito, y los gobiernos hayan aprobado desorbitados "planes de estímulo" disparando el gasto público para tirar nuevamente de la debilitada demanda.

Si se fijan, el Gobierno ha repetido hasta la saciedad el mensaje de que el Estado debía acudir al rescate de la economía vía expansión fiscal y crediticia para resolver la situación. La gran mayoría de las medidas aprobadas por los socialistas se encaminaban, en última instancia, a trata de recuperar la senda del crecimiento por la vía de la demanda y, sobre esta base, han justificado la intensa intervención pública que vienen sufriendo familias y empresas.

Pues bien, la subida del IVA, reafirmada este martes por el Congreso, contradice la esencia misma de esta política socialista. Si en algo coinciden todos es que dicho incremento fiscal desincentivará el consumo ya que, de una u otra forma y en mayor o menor medida, el aumento de este tributo se materializará en la subida de precios de la gran mayoría de productos.

Curioso, ¿verdad? Por un lado, los nuevos adalides de Keynes centran su escasa y limitada comprensión económica en relanzar de nuevo la demanda valiéndose para ello de los numerosos mecanismos que ofrece el poder estatal pero, por otro, al mismo tiempo, contrarrestan este esfuerzo inútil gravando (esto es, penalizando) la compra de bienes y servicios. Dicha contradicción irresoluble demuestra no sólo la fata de lógica que reside en el seno del Gobierno, sino la fatal equivocación teórica en la que incurren las autoridades públicas y monetarias.

Señores, la crisis financiera, luego materializada en recesión económica, no se debe en ningún caso a la falta de consumo sino al sobreendeudamiento y a las malas inversiones que masivamente ha incentivado la aplicación de tipos de interés excesivamente laxos durante un período de tiempo prolongado, causa y origen de las burbujas que, tarde o temprano, terminan por explotar. Y, por ende, si la raíz del problema no reside en la demanda es evidente que su solución tampoco.

Muy al contrario, la clave del asunto radica en la necesidad de aumentar el ahorro con el fin de liquidar las deudas, dando así marcha atrás a las malas decisiones de inversión cometidas. Sólo el ahorro permitirá reestructurar las deterioradas economías de empresas y familias para, posteriormente, emprender nuevos proyectos cuya rentabilidad no dependa de la arbitrariedad monetaria impuesta por el banco central de turno.

De hecho, la subida del IVA, aunque perjudicial, es la menos mala de las subidas fiscales a aplicar. Lo peor, sin duda, es que ante esta situación al gobernante de turno se le ocurra la brillante idea de subir los tributos sobre el ahorro (cosa que ya ha ocurrido) o los impuestos directos como, por ejemplo, el IRPF, la cotizaciones sociales o el Impuesto de Sociedades (algo que, mucho me temo, y espero equivocarme, ocurrirá tarde o temprano). Lo ideal sería reducir el déficit, única y exclusivamente, reduciendo de forma drástica el gasto público, pero esto no va a suceder, ni con el PSOE ni con el PP de Génova (que no de Madrid).

Más allá de este debate, la conclusión inequívoca que se extrae de la votación del Congreso es la contradicción interna que dinamita la esencia misma de la política económica socialista: incentivar el consumo subiendo el IVA… ¡Fantástico! 

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Apartheid en Sudáfrica vs. “apartheid” en Israel

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Se acusa al Estado israelí de tratar a los árabes en territorio nacional como ciudadanos de segunda, y de mantener a los árabes en territorio ocupado bajo un sistema de separación y control muy similar al que aplicara en su día el régimen racista de Sudáfrica. La protesta pretende educar al público y promover el boicot y las sanciones contra Israel.

Hay razones legítimas por las que criticar al Estado israelí, y su sociedad civil es la primera en ejercer autocrítica (el periódico Haaretz, uno de los más influyentes, continuamente da voz a pacifistas y simpatizantes palestinos). La práctica del apartheid, sin embargo, no es una de esas razones.

En 1949 Sudáfrica prohibía el matrimonio entre personas de razas distintas y un año después las relaciones sexuales interraciales. En 1950 se implementó un sistema de clasificación racial y asignación geográfica para separar físicamente a las distintas etnias y crear gobiernos autónomos. En 1953 se aplicó la segregación legal en playas, autobuses, restaurantes, piscinas, hospitales, escuelas y universidades. Había letreros de "Sólo blancos" en zonas públicas. Barrios negros fueron demolidos y su población trasladada forzosamente a su área racial (una pequeña fracción de la población blanca también fue obligada a desplazarse). Los negros tenían prohibido vivir y trabajar en áreas blancas a no ser que dispusieran de un pase especial que sólo era concedido a unos pocos. El trabajador con pase no podía traer a su familia consigo. Los negros no podían emplear a trabajadores blancos.

Los ciudadanos árabes de Israel (un 20% de la población) poseen los mismos derechos políticos y civiles que los ciudadanos judíos. No hay ninguna ley que discrimine o segregue en función de la etnia. Las escuelas, universidades, hospitales y demás servicios están integrados. No hay restricciones de movimientos, de trabajo o de relaciones sexuales. Los ciudadanos árabes pueden organizarse, votar y expresarse en libertad. Tienen representantes políticos en el Knesset, que son tolerados incluso cuando reivindican el desmantelamiento del Estado judío o apoyan a Hezbolá. Como dice el historiador Benny Morris, muchas democracias occidentales no otorgan la misma libertad a su disidencia interna, y en situaciones de conflicto bélico algunas han reprimido a las minorías de los países con los que se enfrentaban (Estados Unidos lo hizo con los japoneses, Reino Unido con los alemanes). Desde que se levantara la ley marcial en 1966, Israel no ha restringido las libertades de la minoría árabe ni encarcelado masivamente a los que secundan la causa palestina.

Es cierto que el sionismo y la Ley del Retorno (por la cual los judíos pueden inmigrar a Israel libremente y obtener la ciudadanía) tienen un sustrato nacionalista, pero como argumenta el profesor de ley internacional John Strawson, no tiene nada de particular que un Estado sea fundado sobre la base de una nación cultural y contenga en su seno otras minorías étnicas. Es discutible si la Ley de Ciudadanía y Entrada de 2003 es discriminatoria por perjudicar más a los ciudadanos árabes (que contraen matrimonio más a menudo con palestinos), o si el DNI que cita la etnia del ciudadano se asemeja al sistema de registro del Apartheid, pero en cualquier caso serían abusos de otro orden de magnitud. También existen programas de discriminación positiva a favor de los árabes en distintos ámbitos, ¿constituye una muestra de apartheid anti-judío?

La analogía tiene más sentido si se aplica a los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania: no se permite el retorno de los refugiados palestinos que escaparon a la guerra civil, se restringen y se controlan sus movimientos, y se les mantiene físicamente separados detrás de un muro de hormigón. Pero aún así hay diferencias relevantes.

Los palestinos en Gaza y Cisjordania no son ciudadanos israelíes y están administrados (parcialmente) por la Autoridad Nacional Palestina. El objetivo último de todos los planes de paz es que ese territorio devenga un Estado soberano. A largo plazo Israel no quiere gobernar a los palestinos, y los palestinos no quieren incorporarse al Estado israelí.

La causa de los refugiados y descendientes, a quienes no se les permite volver y retomar las propiedades que quedaron abandonadas, tiene mucho de justa. Pero aquellos palestinos que quieren echar a los judíos al mar o respaldan el terrorismo contra civiles no pueden esperar que el Estado israelí los acoja con los brazos abiertos. El pueblo palestino sufre como consecuencia de la ocupación, si bien ésta no la motiva el racismo sino la seguridad de los israelíes (lo que tampoco quiere decir que sea justa y no deba reconsiderarse).

Las sudafricanas Rhoda Kadalie y Julia Bertelsmann, cuyas familias fueron activas en el movimiento anti-apartheid, se preguntan: ¿para cuándo una semana del apartheid dedicada a Irán, Cuba, China, Zimbabue, Siria, Egipto o Arabia Saudita? En estos países sí hay discriminación legal genuina contra ciudadanos nacionales: mujeres, homosexuales, disidentes o practicantes de otra religión. Pero llevar una chapa de "Apartheid en Irán" no da la misma imagen de "solidario" y "progresista".

Israel no está en absoluto exento de crítica. Pero no todas las críticas a Israel son válidas.

Albert Esplugas Boter es miembro del Instituto Juan de Mariana, autor del libro La comunicación en una sociedad libre y escribe regularmente en su blog.

¿Hay que subir el IVA?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Aunque ya anticipo que mi opinión es contraria a la de Recarte, sí quiero empezar matizando varios aspectos que generalmente suelen pasarse por alto y que a mi entender aproximan mi análisis al del presidente de Libertad Digital.

En general, soy favorable a que el grueso de la tributación de un país recaiga en impuestos indirectos sobre el consumo, tal y como han defendido desde antaño multitud de economistas liberales. La base de la prosperidad de una sociedad es la acumulación de capital, esto es, el ahorro real de que disponen los individuos para realizar inversiones de todo tipo (maquinaria, gasto en I+D, formación, mejora de infraestucturas…) y la única manera de ahorrar es restringir el consumo. Por tanto, disgustándome todos los impuestos por cuanto tienen de limitación de la propiedad privada, hay unos que me disgustan más que otros y, en este sentido, los impuestos sobre el consumo –IVA o impuestos especiales– son menos empobrecedores que los impuestos que gravan el ahorro, la renta que podría ahorrarse o directamente el capital acumulado (como el IRPF, las cotizaciones a la Seguridad Social, el impuesto sobre Sociedades o el extinto impuesto sobre el patrimonio). Por supuesto habrá quien sostenga que todos los impuestos son un mal por igual, pero me temo que ello impide efectuar el más mínimo análisis económico: en efecto, es evidente que generar inflación para financiar el gasto público es peor que un impuesto sobre la renta y éste a su vez es peor que un impuesto sobre el consumo.

Creo que conviene dejar este aspecto claro porque, repito, siendo las subidas de impuestos un error, no todas lo son en el mismo grado y no me parece responsable en estos momentos mantener tal postura. Y es que, dado que no tenemos una clase política caracterizada por la austeridad ni por su decidida voluntad para reducir el gasto, todo apunta a que los impuestos van a subir en el futuro y van a subir mucho. No porque sea la única alternativa, sino porque todos, en su momento, tratarán de vendérnosla como tal. Recordemos que cerramos 2009 con un déficit de unos 110.000 millones de euros y ésa es una cifra que asusta, pues representa más que toda la recaudación conjunta por IVA e IRPF.

Si no queremos que empiecen a prosperar ruinosas propuestas populistas como serían recuperar el impuesto sobre el patrimonio o incrementar el impuesto de sociedades o el gravamen de las plusvalías, deberemos distinguir el grano de la paja y para ello hay que diferenciar a su vez los efectos que cada tipo de impuesto tiene sobre una economía.

Sentado esto, ¿por qué no creo que deba subirse el IVA a diferencia de lo que defiende Recarte? Por dos motivos, uno de fondo y uno de forma.

En cuanto al fondo, la subida del IVA a la hora de la verdad no contribuirá en nada a la reducción del déficit público, objetivo que supuestamente ambiciona. Siendo optimistas, el incremento del IVA aumentará la recaudación en unos 5.000 millones de euros (probablemente menos) sobre un déficit de 110.000 millones de euros, a saber, tapará menos del 5% del agujero (y ello suponiendo que Zapatero no aproveche la recaudación adicional para aumentar más el gasto). Para que nos hagamos una idea, el mismo efecto sobre el déficit podríamos lograrlo olvidándonos de ruinosos estímulos keynesianos como el Plan E o suprimiendo las ayudas al desarrollo del Tercer Mundo y a la rehabilitación de vivienda.

Dada la magnitud de nuestro déficit, que en 2009 ni siquiera se hubiese eliminado duplicando el IVA y el IRPF, parece claro que la mayor parte del ajuste deberá venir por el lado de la reducción del gasto público (estatal, autonómico y municipal); especialmente hasta que la economía no se recupere con el consiguiente aumento de la recaudación y reducción de algunas transferencias como las prestaciones por desempleo. No veo ningún motivo, por consiguiente, para subir el IVA si no sirve ni mucho menos para solucionar uno de los grandes problemas de nuestra economía: el déficit público.

Pero aunque lo hiciera, aunque permitiera reducir ese déficit significativamente, ya hemos comentado que una parte importante de la reducción del déficit vendrá de la mano de la recuperación. Así, cabe preguntarse, ¿cómo favorecemos antes la salida de la crisis? ¿Con más Estado o con más mercado? Siendo las recesiones períodos en los que deben readaptarse con rapidez los factores productivos –liquidar las malas inversiones, por ejemplo inmobiliarias, y redirigir los factores hacia nuevas inversiones que permitan generar de nuevo riqueza–, un Estado que pretenda arrebatar al sector privado los recursos que necesita, entre otros motivos, para disminuir su abultadísima deuda privada y que pretenda destinar los fondos captados para ayudar y mantener los sectores en crisis que deberían readaptarse, es tanto como aplastar los "brotes verdes" para lavarles la cara a los marchitos.

En definitiva, disponiendo de dos alternativas para reducir el déficit y facilitar la recuperación –subir los impuestos o reducir el gasto– me quedaría sin dudarlo con el ajuste por el lado del gasto. No es cierto, como creía Keynes, que reducir el gasto sea igual de contractivo que aumentar impuestos: lo primero libera recursos para que el sector privado cree riqueza y lo segundo los concentra en el Estado para que los despilfarre. Pero es que, en este caso, ni siquiera contamos con la posibilidad de elegir cuál de las dos vías preferimos: el ajuste esencial se realizará sí o sí por el lado del gasto, lo cual no obstará para que, hasta entonces, los políticos nos vendan y aprueben unos impuestos mucho más devastadores para las clases medias, que tardarán décadas en volver a rebajar a sus niveles originales.

Y aquí enlazo con mi segundo motivo para oponerme a la subida del IVA: las formas. Padecemos un Gobierno –no sólo España, también Estados Unidos– que ha convertido la crisis en una oportunidad para acrecentar el tamaño y las competencias del Estado. Primero han aumentado el gasto hasta límites insospechados clamando que había que estimular la demanda agregada para reanimar la economía y después pretenden hacernos tragar un progresivo aumento de los impuestos que incluso en sus propios términos contribuye a contraer esa demanda agregada. No cabe duda de que este Gobierno es un oportunista cuyas pocas ideas sobre economía provienen de la peor literatura científica y que en la práctica sólo está valiéndose de la crisis para engordar. No se mueve por criterios económicos, sino políticos, y por eso constituye a mi juicio un error intentar racionalizar con argumentos económicos su demagogia política.

Precisamente porque, como reconoce Recarte, el Gobierno no está siguiendo ningún plan económico sino un plan político, no creo que sea el momento de avalar retazos de lo que podría haber sido un plan de estabilización presupuestaria en otra época, en otro país y con otros políticos, pero no en 2010 en la España de Zapatero y Rajoy. El previsible resultado de tal defensa, aun cuando no sea el pretendido, será el de legitimar que el Gobierno socialista siga despilfarrando el dinero de los españoles y no reduzca el gasto hasta que sea del todo imprescindible. Como gráficamente me decían hoy, subir el IVA con Zapatero es como pretender llenar una bañera abriendo el grifo sin darse cuenta de que primero hay que tapar un enorme desagüe. Sí, pero la confusión no es neutral: tanto cuando aumentan el gasto como cuando incrementan los impuestos, el sector privado pasa a sufragar un crecimiento desorbitado del mismo sector público que ha causado (con sus bancos centrales) y ha agravado (con sus políticas keynesianas) la crisis.

Es cierto que Recarte defiende la necesidad de aumentar el IVA y de reducir el gasto, pero coincidiremos en que el Ejecutivo socialista no se quedará con la segunda parte de la copla, de modo que el único resultado que puede tener es el de desarmar una imprescindible oposición política y económica a que el Gobierno más manirroto de la historia de España nos suba los impuestos para evitar por un tiempo reducir el gasto tanto como debería.

Para mí nunca es el momento de subir impuestos, pero especialmente no lo es ahora. Ni siquiera por las inquietudes que pudiera provocar en los mercados financieros, que a buen seguro se sentirían mucho más calmados si suprimiéramos todas las subidas de impuestos y, a renglón seguido, presentáramos una enérgica reducción del gasto público. Y aquí sí coincido en la necesidad de reprocharle a todo el PP que no sea nada claro sobre qué partidas concretas de gasto quiere suprimir para reducir el déficit sin incrementar, como promete, los impuestos. Pero peor que la incertidumbre que supondría echar para atrás un aumento del IVA puede ser la certidumbre de que nos abocamos al desastre si no recortamos el gasto público o si pretendemos lograr la mayor parte del ajuste con subidas de impuestos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

¿Las Malvinas o las Falklands?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Hillary Clinton ha reavivado la polémica en torno a la soberanía de las islas Falkland al ofrecerse a mediar en la disputa entre Argentina y el Reino Unido. El Telegraph respondió con un editorial muy británico: no hay ninguna disputa que resolver; la cuestión quedó zanjada en 1982 durante el mandato de Thatcher, cuando el ejército inglés repelió con éxito la invasión de la dictadura argentina.

Buenos Aires está lanzando una ofensiva diplomática y quiere que el Comité de Descolonización de la ONU arbitre el conflicto. El Gobierno argentino sostiene que las islas fueron inicialmente administradas por el virreinato de Río de la Plata, pasando a ser luego argentinas, y que los ingleses usurparon la soberanía mediante conquista y expulsión del asentamiento nativo. Murray Rothbard, en un anglófobo artículo sobre la guerra de las Malvinas, respalda las reivindicaciones históricas argentinas.

La versión inglesa es distinta, obviamente. Una expedición británica reclamó la isla Trinidad y otras colindantes en 1765, un año antes de que España adquiriera la colonia francesa de Port St. Louis (también en el archipiélago) y la pusiera bajo la administración del virreinato del Río de la Plata. El asentamiento británico fue desmantelado en 1774, pero Londres no renunció a sus derechos. La colonia española fue abandonada en 1811, dejando las islas sin habitantes ni gobierno. En 1829, Argentina (independiente en 1816) reclamó el territorio, derivando sus derechos del virreinato. Londres protestó y, tras una escaramuza entre Argentina y Estados Unidos a propósito de unos derechos pesqueros, regresó en 1833 para reivindicar su soberanía. Los ingleses permitieron quedarse a los colonos del pequeño asentamiento argentino, nombrando gobernador a uno de ellos (de origen irlandés).

No está claro que la historia vaya a cerrar el debate. En cualquier caso tiene poco de liberal remontarse a reivindicaciones estatales de hace más de dos siglos para determinar la soberanía de un pueblo actual, como si fueran los Estados y no los individuos los que tuvieran derechos (o, más aún, los Estados los heredaran de aquellos imperios de antaño dedicados a la conquista). Lo que cuenta es la opinión de las personas que hoy habitan las islas, muchas de las cuales son descendientes de los primeros colonos, y así lo corrobora la Resolución 1514 de la ONU sobre la descolonización de territorios.

Ludwig von Mises, en el apartado “El derecho a la autodeterminación” de su libro Liberalism, habla del “derecho de auto-determinación de los habitantes de cualquier territorio lo suficientemente grande como para formar una unidad administrativa independiente”. Según Mises, debe respetarse la voluntad de los habitantes de un pueblo, un distrito entero o una serie de distritos adyacentes que expresen en un plebiscito libre su deseo de formar un Estado independiente o asociarse a otro Estado.

El Reino Unido dice defender la voluntad de los colonos, muchos de los cuales son descendientes de la primera generación, y protegerlos de imposiciones externas. Londres está dispuesto a conceder la independencia a los isleños tan pronto como la pidan. Pero la inmensa mayoría ellos quieren seguir siendo británicos. En este sentido, ¿no estaría justificada una intervención militar británica si Argentina intentara tomar las Falklands por la fuerza, como intentó en 1982?

Murray Rothbard se opuso entonces a la intervención inglesa con argumentos poco persuasivos. Se preguntaba por qué los contribuyentes británicos tenían que sufragar la defensa de una isla a 8.000 millas de distancia. Pero lo mismo puede decirse de cualquier otra parte del territorio nacional: ¿por qué tienen los contribuyentes que sufragar la protección de un pueblo cualquiera del país? ¿Era Rothbard contrario a toda guerra defensiva o sólo justificaba aquellas que ponían en peligro a una parte sustancial de la población, dejando a las minorías a merced de los agresores? ¿Es la “distancia” relevante a la hora de considerar la justicia de una guerra?

El argumento de Rothbard, que secunda Raimondo y casi todo el liberalismo anti-guerra, tiene otra falla que raramente se admite: el Estado monopoliza la defensa nacional; esa monopolización es ilegítima desde un punto de vista liberal radical, pero mientras usurpe recursos a los ciudadanos y no les permita la entrada en este mercado no puede argüirse que la inacción absoluta del Estado reproduce el comportamiento de una sociedad hipotéticamente libre. En un escenario anarcocapitalista las agencias de protección podrían emprender acciones militares defensivas o humanitarias en tanto sus clientes estuvieran dispuestos a pagar por ello (la internalización de los costes, entre otras razones, hace suponer que la opción bélica tendería a ser poco atractiva). El hecho de que el Estado hoy secuestre esta función no implica que luego deba decantarse sin excepción por la pasividad. Si el Estado monopoliza la sanidad, ¿es preferible que sea “pasivo” y se niegue a tratar a los pacientes?

Otra cuestión es que a nivel pragmático (considerando los costes humanos y materiales, los riesgos, las consecuencias imprevistas, etc.) una guerra aparentemente justa sobre el papel no esté, a la postre, justificada.

La situación de las Falklands, por último, guarda cierto paralelismo con Gibraltar, donde el 98.97% de los llanitos quiere permanecer bajo jurisdicción británica. Como en las islas, no corresponde a España o al Reino Unido decidir sobre el futuro del peñón, sino a los gibraltareños que allí residen.

¡Mamá! ¡Google ha dicho España!

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Sentarse ante la bandera de Estados Unidos en un desfile no supuso ningún "desprestigio" para nuestro país ante el gigante norteamericano; tampoco incitar a otros países a desertar de Irak. Sin embargo, que una directiva de Google nos mencione junto a China o Irán, sí.

El caso es que el gigante de internet no hizo más que referirse a un hecho, puntual, sí, pero muy significativo. Un juez de lo mercantil de Barcelona solicitó al Ministerio de Industria el bloqueo ¡cautelar! de una serie de sitios web por el imperdonable delito de incitar a un boicot contra los productos catalanes. Al margen de que nos pueda parecer justo o injusto, conveniente o no, parece claro que ni es delictivo ni justifica la suspensión de un derecho –este sí, real– como es la libertad de expresión. Google no dijo que fuera algo generalizado, pero está claro que España pidió el bloqueo de uno de sus servicios, su proveedor gratuito de blogs, en un claro desprecio a las libertades de los ciudadanos.

El asunto es significativo porque aquella decisión judicial fue recibida con un atronador silencio. Nadie protestó, a nadie le pareció mal. Muchos seguramente ni se enteraron, porque los grandes medios no dedicaron ni una línea a la noticia. Los demás, con eso de que eran gentes de derechas y contrarios a la España plural y todas esas zarandajas, pues se callaron porque, quién sabe, posiblemente en el fondo no les pareciera mal.

Es lo que sucede con Willy Toledo. El actor, en una carta en la que demuestra ser un genio de la escena en comparación con su habilidad para la pluma, venía a decir que durante la semana pasada se atacó su libertad de expresión. ¿La razón? Que otros que no son él y no opinan como él hicieron uso de su libertad para criticarlo. Eso era una "caza"; se puso en marcha una "apisonadora"; algo inadmisible, en suma, fruto del contubernio del capital y demás estupideces que suelen soltar estos cuates cuando no tienen nada inteligente que decir, algo que ocurre con bastante frecuencia.

Willy Toledo, como buena parte de la izquierda que dice defender a ultranza la libertad de expresión, en realidad no hacen otra cosa que apoyarse en la ley del embudo. Las más altas garantías deben quedar reservadas para ellos; los demás no merecen ni la hora y si sufren las consecuencias, bueno, algo habrán hecho para merecerlo. Es lo mismo que hace El País atreviéndose a criticar a Google cuando no se dignó en su momento a informar del incidente al que el gigante de internet hizo referencia en el Congreso estadounidense.

A veces tengo la impresión de que muchos de éstos sólo se diferencian de un Chávez o un Castro en que no tienen el poder suficiente para ejercerlo como quisieran. Pero recuerden: es la derecha española la radical, la que no es "uropea", la culpable sempiterna de la crispación que acosa a sus sedes. Incluso, sí, la de Arriola. Cuánto amor por las cadenas. Por ponérnoslas, digo.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.