Ir al contenido principal

¡Mamá! ¡Google ha dicho España!

Sentarse ante la bandera de Estados Unidos en un desfile no supuso ningún "desprestigio" para nuestro país ante el gigante norteamericano; tampoco incitar a otros países a desertar de Irak. Sin embargo, que una directiva de Google nos mencione junto a China o Irán, sí.

El caso es que el gigante de internet no hizo más que referirse a un hecho, puntual, sí, pero muy significativo. Un juez de lo mercantil de Barcelona solicitó al Ministerio de Industria el bloqueo ¡cautelar! de una serie de sitios web por el imperdonable delito de incitar a un boicot contra los productos catalanes. Al margen de que nos pueda parecer justo o injusto, conveniente o no, parece claro que ni es delictivo ni justifica la suspensión de un derecho –este sí, real– como es la libertad de expresión. Google no dijo que fuera algo generalizado, pero está claro que España pidió el bloqueo de uno de sus servicios, su proveedor gratuito de blogs, en un claro desprecio a las libertades de los ciudadanos.

El asunto es significativo porque aquella decisión judicial fue recibida con un atronador silencio. Nadie protestó, a nadie le pareció mal. Muchos seguramente ni se enteraron, porque los grandes medios no dedicaron ni una línea a la noticia. Los demás, con eso de que eran gentes de derechas y contrarios a la España plural y todas esas zarandajas, pues se callaron porque, quién sabe, posiblemente en el fondo no les pareciera mal.

Es lo que sucede con Willy Toledo. El actor, en una carta en la que demuestra ser un genio de la escena en comparación con su habilidad para la pluma, venía a decir que durante la semana pasada se atacó su libertad de expresión. ¿La razón? Que otros que no son él y no opinan como él hicieron uso de su libertad para criticarlo. Eso era una "caza"; se puso en marcha una "apisonadora"; algo inadmisible, en suma, fruto del contubernio del capital y demás estupideces que suelen soltar estos cuates cuando no tienen nada inteligente que decir, algo que ocurre con bastante frecuencia.

Willy Toledo, como buena parte de la izquierda que dice defender a ultranza la libertad de expresión, en realidad no hacen otra cosa que apoyarse en la ley del embudo. Las más altas garantías deben quedar reservadas para ellos; los demás no merecen ni la hora y si sufren las consecuencias, bueno, algo habrán hecho para merecerlo. Es lo mismo que hace El País atreviéndose a criticar a Google cuando no se dignó en su momento a informar del incidente al que el gigante de internet hizo referencia en el Congreso estadounidense.

A veces tengo la impresión de que muchos de éstos sólo se diferencian de un Chávez o un Castro en que no tienen el poder suficiente para ejercerlo como quisieran. Pero recuerden: es la derecha española la radical, la que no es "uropea", la culpable sempiterna de la crispación que acosa a sus sedes. Incluso, sí, la de Arriola. Cuánto amor por las cadenas. Por ponérnoslas, digo.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

El latrocinio de nuestra casta política

… tras haber señalado con el dedo acusador al capitalismo financiero-especulador como causante de las presentes tribulaciones, convertir en seña de identidad el que todos los ciudadanos —especialmente los más ricos y privilegiados— arrimen el hombro durante la crisis y hacer de la cotización a la Seguridad Social una obligación inescapable para las clases medias.

Al cabo, que Zapatero y los suyos inviertan regularmente en este tipo de fondos, engrosando el poder de los mismos especuladores que, según denunciaban, desestabilizaban nuestra economía, sólo puede significar dos cosas: o que los socialistas no se creen la bobada de que los españoles recibimos (y vamos a seguir recibiendo) unas pensiones dignas o que tampoco tienen a bien contribuir con sus impuestos al sostenimiento de las arcas públicas.

Pues los planes de pensiones en España sólo sirven para dos cosas: una —algo ingenua al lado de otros productos de inversión mucho más sofisticados como los fondos de inversión o la propia inversión directa en bolsa— para capitalizar el ahorro de cara a la jubilación; otra, y sobre todo, para reducir la base imponible del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y pagar menos impuestos.

Contradicción entre el discurso y las acciones que se ha venido a conocer tradicionalmente como hipocresía o fariseísmo, por aquello de hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Claro que al menos en el caso de los fariseos, el consejo era guiarse por sus palabras y no por sus actos, mientras que aquí es más bien al revés: las palabras de nuestra casta política se han convertido en un bombardeo continuo de mentiras destinado a justificar su latrocinio institucionalizado.

Vean si no al castrocomunista Llamazares reconociendo que invierte en un ignoto producto financiero conocido como "fondo de ahorro" —cualquier parecido con la bicha de un fondo de pensiones debe ser casualidad— al tiempo que recomienda a los ciudadanos que se mantengan única y exclusivamente en el sistema público de pensiones porque la rentabilidad de esos "fondos de ahorro" que él ha contratado es inferior a la de la deuda pública.

Siendo así la cosa, sólo cabría concluir que sus dotes como economista e inversor están a la altura de sus ideas políticas. Ninguna confianza para manejar las vidas de los ciudadanos debería recibir aquel que no sabe gestionar sus propias finanzas.

Claro que Llamazares parece olvidar que frente a la exigua rentabilidad que ofrecen muchos de esos "fondos de ahorro", existen otros productos, como los fondos de inversión, cuyo rendimiento sí es muy superior al de la deuda pública. Ahí tenemos al español Francisco García-Paramés, al que muchos consideran justamente el mejor gestor europeo, que ha logrado desde 1993 rentabilidades medias anuales del 17%. ¿Acaso no estarían nuestras pensiones mejor en sus manos que en las de ineptos como Zapatero o Llamazares?

Probablemente, aunque eso es algo que debería decidir autónomamente usted. Más que de eficiencia, se trata de libertad. Esa misma libertad que socialistas, comunistas y socialdemócratas populares se arrogan para sí pero niegan para los demás. En otro tiempo se denominaba despotismo ilustrado, pero habida cuenta de las pocas luces de nuestros políticos, mejor sería olvidarse hoy del calificativo.

Tan bueno debe de ser eso de poder gestionar la hacienda de uno mismo sin tener que entregar al Fisco o a la Seguridad Social el 50% de nuestros ingresos, que los mismos que cercenan nuestra libertad tratan de agarrarse a cualquier desgravación para capitalizar su renta en el sector privado. Es la misma disonancia que la de esos nacionalistas que eliminan la libertad de elección lingüística para sustraer a sus vástagos del cumplimiento de sus normas.

Porque, al final, lo que pretenden no es facilitarnos la vida, sino parasitarnos. Cuanto mayor sea el tamaño del Estado, de más prebendas gozarán. ¿Se imaginan que les sucedería a todos estos estómagos agradecidos si los impuestos bajaran y cada uno de nosotros pudiera elegir a dónde destinar nuestras rentas? Pues que se quedarían sin sus coches oficiales, sin sus secretarios varios y sin sus astronómicos sueldos; por no hablar de esa poderosa influencia de la que hoy disfrutan para presionar y relacionarse de forma, digamos, "especial" con las grandes empresas privadas.

Es seguro que nosotros prosperaríamos sin ellos, pero también es probable que ellos no prosperaran sin nosotros. De ahí que deban convencernos de que el Estado ultraintervencionista es el mejor de los mundos posibles, pese a que ellos sean los primeros en evadirlo. Pues sí, en este caso, lo que ellos hacen es más revelador que las consignas que puedan decir.

Yo el domingo tenía una empresa y dejé de tenerla en dos segundos

El mundo de los emprendedores es muy variado y las razones que suelen tener para lanzarse a la aventura de constituir una empresa son también muy diversas y complejas: obtener unos mayores ingresos, no tener que seguir las instrucciones de un superior jerárquico, asegurar el futuro de la familia cuando en el futuro no se esté, el espíritu de aventura, motivaciones éticas, etc.

Aunque sean distintas las motivaciones de cada emprendedor, sí comparten la característica común de arriesgar parte o la totalidad de su patrimonio, tiempo y reputación en acometer nuevos proyectos o en reforzar los ya existentes. El riesgo es algo inherente a la labor emprendedora, ya que pueden llegar a perder gran parte o incluso todos sus ahorros si algo sale mal. Por ello, son numerosos los factores que tienen que controlar para asegurar el éxito: proveedores, clientes, empleados, inversiones, financiación, etc.

Por todo esto, el respeto al derecho de la propiedad se convierte en un factor muy importante a valorar a la hora de acometer una inversión. A nadie le gusta arriesgar su patrimonio, tiempo y esfuerzo para ver, el día de mañana, que ha perdido el primero. Y aunque éste puede perderse porque el negocio fracase o incluso por razones de fuerza mayor, siempre tranquiliza el hecho de que el emprendedor no se verá privado de su patrimonio fuera de estas circunstancias.

Sin embargo las razones anteriores no son las únicas por las que una persona puede verse privada de su patrimonio. Las legislaciones de cada país prevén motivos por los que la administración pública puede expropiar el patrimonio de una persona. En los países donde se respetan más los derechos del individuo, la expropiación no puede realizarse sin estar amparada por una ley, por causas tasadas y pagándose un justiprecio que compense la pérdida del patrimonio. Además, se suelen proporcionar mecanismos jurídicos para que el expropiado recurra si percibe que la operación se ha efectuado sin las garantías correspondientes, arbitrariamente o a un precio injusto. Sin embargo no siempre ocurre así, bien porque la ley que permite la expropiación es tan ambigua que permite causas de difícil justificación, o incluso porque no existen leyes o garantías.

Así una persona puede decir de un día para otro: “Yo el domingo tenía una pequeña empresa y dejé de tenerla en dos segundos”. Si los emprendedores pueden ser privados de su negocio no por haber fracasado su aventura empresarial sino por una arbitrariedad política, no es de extrañar que las personas que estuviesen pensando en abrir una empresa se vean totalmente desanimadas por este antecedente y disminuya la iniciativa empresarial en el país. Por lo tanto, el daño causado no se limita simplemente a las personas directamente afectadas, a quienes se les ha privado de su empresa de manera arbitraria, sino a muchos otros que ven cómo el fruto de su esfuerzo puede desaparecer en un instante y que deciden no emprender.

Es por ello que el respeto de los derechos del individuo en los procesos expropiatorios resulta vital para fomentar la actividad económica de un país. Mientras más firmemente se protejan estos derechos, más personas se verán animadas a iniciar una actividad empresarial, y mayor será la riqueza generada.

El sexenio de las ‘luses’

Este aniversario es, además, redondo. 2008 fue bisiesto, adelantando de este modo un año la coincidencia de los días del mes con los de la semana. Así, el fatídico 11-M ha vuelto a caer en jueves, el lluvioso 12-M en viernes, el miserable 13-M en sábado y la victoria electoral en domingo. Es una coincidencia que carece de importancia real pero no de cierto simbolismo que todos, aunque algunos lo nieguen, hemos sabido apreciar.

Aquellos cuatro días de marzo marcaron un punto de inflexión en la Historia de España. El gobernante electo, un culiparlante de León del que nadie tenía referencias, imprimió a partir de ese momento –y de una forma deliberada– un cambio de rumbo que hoy, un sexenio después, se verifica en casi todos los aspectos de la vida pública. Zapatero, que había sido motejado como el Sagasta de Aznar, traía un programa de metamorfosis nacional que, sin descanso y surfeando sobre la ola de demagogia que rompió frente a la sede del PP la tarde del 13-M, ha aplicado punto por punto y coma por coma.

Su desenfreno legislativo, su pose de iluminado y sus enfermizas ansias por transformar una realidad que no satisfacía sus prejuicios de pequeñoburgués provinciano, nos han llevado a la situación actual, con el país cogido por alfileres y la respiración contenida por el tsunami económico que, sí o sí, nos va a arrasar en cuanto levantemos la cabeza. A excepción de los artistas de la ceja, de Teddy Bautista y de la madre de Leire Pajín, hoy nadie está a gusto en España. Los unos porque la revolución de las luces, –las luses, que diría Bibiana Aído– apadrinada por el Gobierno no ha llegado lo suficientemente lejos. Otros porque se han roto demasiados melones sin saber muy bien qué iba a hacerse después con ellos.

En el sexto año triunfal todos, menos los que chupan del bote, tienen su agravio. La izquierda porque, a pesar de todo, el capitalismo vivaquea y los socialistas, lejos de asaltar el Palacio de Invierno, se han apuntado a la juerga de vestir de Armani, volar en primera y presumir de peluco suizo. La derecha porque, avergonzada de sí misma, es objeto de mofa, befa y escarnio público. Los nacionalistas, los vascos, los catalanes y hasta los que aseguran vestidos de jotero que Castilla es más nación que nadie, siguen sin poder subirse al balcón del ayuntamiento para proclamar la independencia de su taifa. Éste es el resultado de gobernar con el estómago y no con la cabeza pensando que España, más que un grupo de individuos que se dedican a sus cosas, es una caseta de la feria de Sevilla donde, aunque se cambien los farolillos, la fiesta nunca decae.

Incorrectos

Sencillamente, tienen su propio criterio sobre las cosas, y da la casualidad de que ese criterio no se ajusta al traje ideológico que nos han hecho para todos.

La corrección política no es una ideología. Es incluso peor. Constituye un entramado de tabúes e imposiciones, de mecanismos mentales repetidos millares de veces, mitos y letanías que no constituyen en sí una forma de pensamiento, pero sí apuntalan una forma de ver las cosas. Thomas Sowell, en su estudio sobre los ungidos (el precipitado antropológico de la izquierda), dice que su dialéctica se basa en dividir el mundo en mascotas que deben ser defendidas a toda costa, y objetivos a los que hay que destruir sin concesiones. Ese mapa maniqueo es la corrección política.

Está claro que la corrección política no tiene nada que ver con la lógica. En ocasiones incluso prohíbe llamar a las cosas por su nombre. No puedes llamar “viejo” a una persona vieja. Como si pudiera haber algo malo en ello. La corrección es un cortocircuito de la razón y una traba constante a la libre discusión. Y, sobre todo, una pesadez enorme.

Por eso resultan atractivos aquellos que, como Sánchez Dragó o nuestro compañero Salvador Sostres, se pasan la corrección política por salva sea la parte. Por eso, y porque tener criterio propio al margen de lo establecido le lleva a uno a ponerse en muchas ocasiones contra el poder. Y si bien hay quien se muere de miedo cuando alguien se mete con el poder, somos también muchos los que disfrutamos con ello.

Obama, turbio y dependiente

Es normal. A todos nos hace ilusión que algún día llegue a gobernar un político que actúe con independencia y cuente realmente cómo hace lo que quiera que esté haciendo. Dos lemas consagraron la imagen de cristalina independencia del cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos de América. La primera y más famosa era "expulsar a los lobbies fuera de Washington". La segunda consistía en "devolver la ciencia a su legítimo lugar".

Poco más de un año después de su toma de posesión, diversos medios y blogs le acusan de hacer justo lo contrario. Lo simpático del asunto es que la causa de esta polémica es el estudio acerca de los efectos sobre el empleo de las ayudas públicas a las fuentes de energía renovables que realizamos hace ahora un año Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo y un servidor con la colaboración de José Ignacio García Bielsa.

El estudio tuvo una gran acogida en medios académicos y periodísticos internacionales. El Wall Street Journal, por poner un ejemplo, le ha dedicado tres editoriales aplaudiendo el enfoque y sus resultados. Obama llevaba algunos meses vendiendo la idea de que la creación de empleos verdes en el sector de las energías renovables sería una de las principales soluciones para sacar a EEUU de la crisis económica. Nuestro estudio venía a decir que si de crear empleo se trata, uno puede hacerlo poniendo a miles de personas a mover turbinas que generen electricidad, pero que la cuestión es si eso es económicamente viable: cuánto costará falsear la competitividad de esa modalidad de producción energética y cuál es el coste de oportunidad de hacerlo.

Así, las conclusiones mostraban que cada empleo verde creado en España entre el año 2000 y 2008 había requerido más de medio millón de euros en subvenciones, que debido a que la mayor parte de esos empleos eran en instalación de nuevas plantas, el mantenimiento de esos empleos requería un crecimiento astronómico de las ayudas a la producción, que el modelo español había creado una burbuja que amenazaba con explotar, que estábamos poniendo en riesgo el sistema eléctrico, que esos recursos utilizados en subvencionar una producción ineficiente de electricidad hubiesen creado más empleo si los recursos se hubiesen dejado en el resto de la economía y que estábamos provocando una deslocalización forzada en diversas industrias.

Como es lógico y comprensible, las conclusiones de nuestro estudio no gustaron a todo el mundo por igual. Los lobbies a ambos lados del Atlántico que reciben dinero por su vinculación con las energías verdes y los políticos que defienden esas políticas energéticas fundamentadas en subvenciones no recibieron con buenos ojos el estudio.

Varios meses después de la salida de ese informe, sus conclusiones se citaban con mucha frecuencia en los debates en torno a la propuesta de nueva ley energética en el Congreso de EEUU. Alguien debió sentir que este estudio académico podía poner en peligro el pastel de subvenciones que se estaba cociendo en Washington. Todo esto, ya digo, es normal y comprensible.

Lo interesante empieza cuando el Laboratorio Nacional para las Energías Renovables (NREL) publicó un contraestudio en el que fundamentalmente se criticaba la metodología que habíamos usado en nuestro estudio. En EEUU muchos se preguntaron qué hacía un organismo público contestando un estudio académico de otro país sobre una experiencia en materia de legislación energética en ese país extranjero. El hecho no tenía precedentes. Así que el Competitive Enterprise Institute, un think tank defensor del libre mercado, apoyado en la ley sobre la libertad informativa requirió información al Gobierno estadounidense y a la NREL sobre quién lo había encargado, por qué lo había hecho y cuánto había costado el contrainforme.

La respuesta ha llegado medio año después de la petición y contiene unas 900 páginas de correos electrónicos y documentación diversa. Ninguna de las preguntas queda medianamente contestada en esas 900 páginas pero una cosa sí queda clara: varios lobbies, entre los que destacaba el de las empresas eólicas, estaban detrás del estudio del Laboratorio y la supuesta categoría académica del estudio había sido lograda gracias a la revisión del manuscrito por parte de los propios lobbies. Leyendo los centenares de páginas de correos que se han enviado entre sí el ministerio, el laboratorio y los lobbies, uno pierde la cuenta de quién es el Gobierno y quién es el grupo de presión. No es de extrañar que la polémica le esté costando a Obama su imagen de trasparente e independiente.

Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana

Eurofracaso

No es que fuera impensable que pudiese funcionar, pero era ciertamente muy difícil. El euro impone una misma política monetaria a países muy distintos. Sólo es viable si la política fiscal de todos sus miembros es estable, de ahí los criterios de Maastricht. Pero la moneda común se enfrentaba a varios riesgos y parece haber caído en todos.

Por un lado, quienes marcan la política monetaria son dos países, Francia y Alemania, y anteponen sus intereses a los del resto de la mal llamada Unión. Por otro, actúa en un contexto global y tras la crisis de las puntocom y del 11 de septiembre de 2001, optó por ir en comandita con la Reserva Federal para apostar por una política monetaria laxa. No tienen por qué reaccionar todas las economías del mismo modo y, de hecho, no lo hacen. En España, las tasas de crecimiento de los préstamos hipotecarios arqueaban las cejas, y son sólo una parte del aumento del crédito, que era llamativo. Decidimos ponernos a invertir y consumir tomando prestado del exterior, y acumulamos un déficit por cuenta corriente espectacular.

Por lo que se refiere a la política fiscal, no es ya que los distintos países puedan optar por seguir caminos diferentes. O que baste una crisis económica para que todo el mundo se dedique a hacer keynesianismo cutre a costa de la moneda. Es que la opinión griega no es igual que la alemana. Ni la española es como la de Luxemburgo. Los griegos, con un Gobierno conservador, se han lanzado a una política de gasto sin medida. Y si votaron a los socialistas no es porque quisiesen menos socialismo. Los griegos, sencillamente, han huido de la disciplina fiscal necesaria para mantenerse dentro del euro. Y esa cultura económica fallida es muy difícil de cambiar.

Todas las monedas, la peseta, el dólar, la libra, el franco, cogían sus nombres de medidas de pesos, porque indicaban la cantidad de oro o de plata. ¿Qué es un euro? ¿Qué nos dice su nombre? No nos habla de una moneda surgida por haberse probado en el mercado, sino de un acuerdo político. Por eso está a punto de fracasar. Nos habría ido mejor si pudieran entrar varias monedas en competencia, y todos pudiésemos elegir la que quisiésemos. Pero eso es muy poco europeo.

¿Sabe Rajoy de lo que habla?

En este sentido, el plan de choque propuesto por Rajoy no va mal encaminado (soñar es fácil) el problema es saber cómo piensa materializarlo.

Las cinco ideas –reducir el déficit, no subir impuestos, combatir la morosidad, reestructurar el sistema financiero para que fluya el crédito y crear un nuevo contrato laboral– son como aquello de desear el fin del hambre en el mundo, un deseo desligado de la realidad (de la realidad del PP). A saber, si a Rajoy sólo se le ocurría hace unas semanas reducir el gasto público en 10.000 millones, no está claro cómo piensa acabar con el déficit público sin aumentar los impuestos.

Porque redactar la Carta a los Reyes Magos con dos meses de retraso no equivale a presentar un plan económico creíble. Es cierto que la política del PSOE difícilmente podría ser más errática –ora negando la crisis, ora reconociéndola; ora bajando impuestos, ora subiéndolos; ora aumentando el gasto, ora prometiendo reducirlo; ora subiendo las pensiones, ora bajándolas; ora cerrándose en banda a cualquier reforma del mercado laboral, ora promoviéndola–, pero el PP no le va mucho a la zaga.

Al parecer los principios están claros: no se subirán los impuestos y se reducirá el déficit. Despejándolo la incógnita, sólo me aparece un recorte del gasto público de tales magnitudes que probablemente ningún político sea capaz de imaginar sin sufrir taquicardia.

Veámoslo así: en 2009 el Estado gastó unos 260.000 millones de euros y recaudó 145.000, lo cual nos deja un déficit de de 115.000 millones. Es cierto que una parte de la caída de impuestos y de aumento del gasto es coyuntural, derivada de la menor actividad y del incremento del desempleo. Pero ni mucho menos sueñen en el PP que por llegar ellos al Gobierno la economía retornará a los niveles de recaudación propios de la burbuja inmobiliaria (200.000 millones de euros) ni se entusiasmen pensando que basta con crear empleo para reducir el gasto (las prestaciones por desempleo apenas supusieron en 2009 35.000 millones de euros).

Así pues, dado que el PP promete no subir impuestos, tendrá que reducir el gasto entre 60.000 y 80.000 millones de euros para acabar con el insufrible déficit público, lo que equivale a dejar de gastar alrededor de 1 de cada 3 euros que el Estado despilfarró en 2009. Es decir, será necesario cerrar administraciones y organismos autónomos enteros, bajar el sueldo y reducir el número de funcionarios, privatizar todas las empresas públicas y, por supuesto, poner fin a casi todas las transferencias de renta que hoy se produzcan (a sindicatos, partidos políticos, asociaciones culturales, dictadores del tercer mundo…). Algo que muchos hubiésemos deseado hace años para liberar y dinamizar nuestra sociedad, pero que ahora se impone con mayor necesidad si cabe.

En conjunto asciende a algo más que la calderilla de 10.000 millones que Rajoy pregonaba desde el Congreso frente a las bancadas socialistas. Por ello, no parece que el partido político del liberalismo simpático, ese mismo que aborrecía de Hayek y (con un poco más de razón) de Friedman, vaya ahora a liderar el mayor adelgazamiento del Estado en la historia de nuestro país.

No sé si Rajoy sabe de lo que habla. Me gustaría pensar que sí, pues significaría que se ha decidido a finiquitar el Estado ultraintervencionista que padecemos sin esquilmar aún más a las clases medias. Pero viendo sus antecedentes y los de otros miembros de su partido, me permito dudarlo. Al final, unos y otros, la socialpopulocracia, subirán masivamente impuestos. Ellos gastan, nosotros pagamos. Lo llevan en la sangre y en la cuenta corriente.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Huellas rojas

En la localidad de Xiaogang, en la provincia oriental de Anhui, la vida era dura e incierta. Era un pueblo de agricultores, pero no lograba ni alimentarse a sí mismo. Se le conocía como “el pueblo de las tres dependencias”, pues no podían sobrevivir sin los subsidios oficiales de grano, préstamos para atender sus necesidades básicas y ayudas para lograr los recursos necesarios para mantener una producción miserable. Cada año, tras la cosecha del otoño, las familias se desplazaban a localidades cercanas a pedir comida. En la primavera de 1978, la situación empeoró a causa de la sequía. La situación era desesperada. A muchos les esperaba la muerte por inanición, y lo sabían.

Antes de que la muerte diese sus pasos, 16 agricultores, demacrados por las huellas del hambre, se reunieron en secreto la noche del 24 de noviembre. Sabían que no podían continuar así. Y sabían, también, qué hacer al respecto. Habían vivido bajo el sistema Da guo fan, algo así como “la gran olla de arroz”, según el cual todos recibían la misma cantidad de alimento, sin relación alguna con cuánto había aportado cada uno. Eso iba a cambiar esa noche. Mancharon sus dedos de rojo y con sus huellas sellaron un papel que contenía un acuerdo. Ahora, en contra de las directrices del régimen, resolvieron parcelar el terreno común, repartírselo, y cambiar la responsabilidad comunal por la individual. Lo llamaron Da bao gan, un “contrato amplio”.

El periodista Wu Xiabo lo llama “sistema de responsabilidad contractual personal” que, sin duda, es mucho más descriptivo. Resolvieron que si les encarcelaban por el crimen que estaban a punto de cometer, los pueblos vecinos se harían cargo de sus hijos hasta que éstos cumpliesen 18 años. Estaban dispuestos a ser encarcelados o ejecutados antes de seguir con el sistema comunal. Amaneció al día siguiente y todo pareció volver a la normalidad, como si no se hubiese producido una pequeña revolución.

La siguiente cosecha, estos agricultores produjeron 90.000 kilos. ¿Es eso mucho o poco? Era lo mismo que habían producido en los veinte años anteriores. Comenzaron a pagar sus deudas. Dejaron de mendigar alimentos para vivir. El éxito no se podía esconder y llegó a oídos de Wan Li, primer secretario de Anhui, que promovió el ejemplo de Xiaogang por toda la provincia. Hoy se reconoce que ese pacto secreto es el origen de la reforma agraria que ha permitido a China alimentar a una población creciente y exportar a tasas sorprendentes.

Xiaobo se hace eco de esta historia, por lo demás bastante conocida, en la China emergente. Hoy, ese documento con las huellas rojas sobre los nombres de los firmantes del acuerdo de Xiaogang forma parte del Museo Nacional de China, antes Museo de la Revolución China. La historia tiene varias lecturas: cómo la amenaza de la muerte puede llevar a unos pobres campesinos a rebelarse ante la autoridad o la diferencia entre el sistema comunal y el de la propiedad privada. Pero es también interesante que, según Xiaobo, “si hacemos una retrospectiva sobre los treinta años de reforma en China, descubrimos con frecuencia que es el pueblo el que provoca los cambios más relevantes”.

¿El principio del fin de Google?

Esta situación es especialmente pronunciada en los negocios por Iinternet, debido a la dimensión global de la red, lo que eleva a cotas casi increíbles la escala y el plazo en que se pueden conseguir éxitos espectaculares.

Google es sin duda el paradigma actual del éxito. No contento con superar a los que podríamos considerar sus competidores tradicionales (los buscadores), su ambición desborda el ámbito de internet, y parece amenazar a gigantes como Microsoft, los operadores de telecomunicaciones o los medios de comunicación. Constituye así la prueba definitiva de la convergencia del estos mundos, la constatación de llamado "hipersector" de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

Hasta aquí, el análisis no pasaría de mera constatación de hechos en el mercado, de puesta en claro de las preferencias de los ciudadanos. Sin embargo, lo malo es que, como se dijo antes, el éxito atrae a otras moscas a la miel, los gobiernos. Y estos no son tan deseables.

Comienzan a acumularse las quejas contra Google, que ya han alcanzado rango de denuncia ante la Comisión Europea en algún caso. También está la ofensiva desatada desde el sector de las telecos, y no me refiero a la legítima de los operadores, sino a la de los gobiernos pretendiendo arrogarse el derecho a "dar permisos" para que unos paguen y otros cobren. Y tampoco hay que olvidar la ofensiva sobre contenidos, lanzada desde los terceros en liza, los medios, y que tiene su base en los malhadados derechos de propiedad intelectual.

Gracias a todo ello, los gobiernos empiezan a tomar protagonismo en un asunto en el que no deberían tener cabida, y encima promocionados desde determinados ámbitos, típicamente desde el de aquellos que no encuentran cómo plantar cara en el mercado la capacidad de innovación de Google.

Para ser justos, hay que reconocer que parte de la culpa de la situación es del propio Google, que no ha dudado en tratar de usar a su conveniencia esas mismas armas que ahora se vuelven contra él. Me refiero al debate de la neutralidad de red, que sobre todo en los Estados Unidos ha sido impulsado por el buscador con la clara intención de atar de pies y manos a los operadores de telecomunicaciones, que percibe como posibles competidores en el medio plazo.

Lo cierto es que lo peor que le puede pasar a Google es que los gobiernos empiecen a inmiscuirse en sus asuntos. Incluso en el tema de la neutralidad de red, aunque en el corto plazo obtuviera beneficios.

No sólo es lo peor para Google, sino también para sus rivales del hipersector (aunque parezca paradójico) y, en esencia, para los ciudadanos y la sociedad. Si estos agentes siguen dirimiendo sus cuitas en frente de los gobiernos, su destino quedará en esas manos, que serán las que arbitren los destinos de unos y otros.

Pero son precisamente los gobiernos los que menos saben de las preferencias de los consumidores. Y es sobre éstas donde ha construido su fortuna Google (como cualquier otro emprendedor). Por ello, el interés que, en parte buscado por él mismo, suscita Google entre reguladores y demás organismos augura el principio de su fin.