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La pensión pública ha de ser abolida

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

De forma sucinta, el ministro aboga por una especie de sistema mixto.

Los planes de pensiones, como producto, tienen un problema importante hoy día. Son una herencia del pasado que sólo quiere una minoría. Es un producto demasiado rígido que no encaja en la visión cortoplacista de los actores económicos del s. XXI. Fíjese si no en qué época las entidades financieras empiezan a hacer campañas. No son campañas continuadas de todo el año. Siempre venden el producto a final de año que es cuando el cliente bancario es más susceptible a hacer desgravaciones fiscales (siempre se deja todo a última hora).

Observe también en qué consisten los ganchos de los planes de pensiones. Muchas organizaciones, especialmente gubernamentales, se quejan de los regalos asociados a estos productos. Los bancos regalan desde jamones, a ‘home cinemas’, pasando por licuadoras en la venta de sus planes de pensiones. Lo que no encaja es que un producto financiero a tan largo plazo tenga un reclamo a tan corto plazo como un bien de consumo vulgar. ¿Cómo es que en las campañas de fondos de inversión –producto cuya gestión es la misma que un plan de pensiones– no se regalan productos para la cocina y el hogar también?

En realidad, para una parte importante de la demanda, los planes de pensiones no son tal, sino que consisten en el pago de un producto (aportación por un regalo), que adicionalmente va acompañado de una inversión en un instrumento de ahorro a largo plazo y que, además, desgrava. La fuerza del Estado y la habilidad de los bancos han convertido un producto que no duraría ni dos días en el mercado libre en una urgente necesidad que canaliza el dinero del agente económico sin que realmente lo quiera.

¿Qué pasaría si en un ataque de sensatez al Gobierno le diera por abolir las pensiones públicas y retirar las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados? Muy probablemente desaparecerían, o quedarían como un producto minoritario; el dinero se canalizaría más bien a otros productos financieros (renta fija, variable directa, fondos, seguros de ahorro, etc.), o simplemente se destinaría a consumo. Ésta última opción sería la mayoritaria. Es la más acorde a nuestros tiempos.

Si a usted le diesen la opción de destinar 6.000 euros al año a un plan de pensiones o quedarse el efectivo íntegro en su cuenta corriente, ¿qué escogería? Mayoritariamente el actor económico preferiría el dinero en ‘cash’, en su bolsillo ya.

El Estado no es tan abierto de mente como para darnos opciones. Los burócratas del Gobierno, "los Corbachos", nos sacan la pistola y nos dicen: "la bolsa o la vida". Nos retiran esos 6.000 euros (o los que a usted le correspondan) y se los quedan. Mientras nos encañonan con el arma de la ley, nos intentan aliviar diciendo que es para nuestro bien, para nuestro futuro. Consideran que somos idiotas en el manejo de nuestro dinero y lo toman por la fuerza para sus intereses.

Desglosemos qué son las pensiones públicas. Primeramente, son un robo. Desde el momento en el que el Gobierno se ve con autoridad suficiente para obligarnos a qué hacer con nuestro dinero sin que nosotros podamos tomar cartas en la decisión, se convierte en un delincuente a gran escala. El dinero de nuestras pensiones no se ha ahorrado, el Estado se lo ha gastado en lo que le ha dado la gana. De ahí todo el alarmismo actual. El Gobierno no sólo es la mafia legal, también es el peor gestor del mundo. Recuerde que sus ingresos sólo provienen del expolio de la propiedad privada y del robo al ciudadano.

Asimismo, las pensiones públicas no sólo son dirigismo que estimulan estilos de vida (economía del fascismo) de la sociedad hacia el pensamiento único (todo el mundo ha de ahorrar mediante la fuerza), sino que también son un fraude. Si una entidad privada hiciera lo que el Estado con el dinero de su cliente, meterían a su responsable máximo en la cárcel. De hecho, Bernard Madoff fue condenado a 150 años de prisión por gestionar sus fondos de la misma y exacta manera que el Estado gestiona las pensiones públicas. Si a Madoff le cayeron 150 años, "los Corbachos" del parlamento tendrían que ser condenados a trabajos forzados de por vida. Tal vez sería la única forma de que los políticos sirvan de verdad a la comunidad.

Las pensiones públicas son totalitarismo, son un robo, son un fraude, sólo sirven como herramienta para comprar votos, y en el pensamiento de Gustavo Bueno, una forma más de corrupción del Estado del Bienestar y la democracia actual.

La solución a los campos de concentración nazi no era privatizarlos (por razones pragmáticas), sino abolirlos. Con las pensiones del Estado igual. El objetivo no es un sistema de capitalización obligatoria, sino abolir las pensiones públicas y los estímulos a los planes privados: que la gente decida qué hacer con su dinero, que elija en el mercado si quiere este tipo de productos o no. Eliminemos los impuestos correspondientes a las pensiones (que es una tercera parte de su salario; mire cuántos impuestos paga aquí), los estímulos fiscales y dejemos que el ciudadano libre escoja cómo manejar su dinero.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

El fin del castrismo

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Hace un tiempo me contaron un chiste ingenioso a la par que tristemente cierto en lo que se refiere a la realidad cubana. En una hipotética conversación, Fidel Castro le pregunta a Hugo Chávez "compañero, ¿qué es lo que tú estás haciendo con Venezuela?". El inquirido respondía: "Bolivarizándola". Acto seguido añadía: "¿Y tú?, comandante, ¿qué es lo que estás haciendo con Cuba". "Martirizándola", respondía el barbudo tirano caribeño. Tal vez peque de excesivo optimismo, pero creo que podemos estar contemplando el inicio del fin de ese largo martirio de más de medio siglo de dictadura comunista en la Isla.

La muerte de Orlando Zapata Tamayo, ese dramático acontecimiento que jamás tuvo que ocurrir, puede suponer un punto de inflexión en la evolución de la larga dictadura castrista. A raíz del fallecimiento del valiente opositor a causa de su huelga de hambre y los malos tratos recibidos se han producido hechos que antes inimaginables. El hecho de que los medios de comunicación oficiales (los únicos tolerados por el régimen castrista) hablaran de Zapata Tamayo para denigrarle es una buena muestra de ello. Antes nunca hubieran citado su caso, puesto que la inmensa mayoría de los cubanos no habrían oído hablar jamás de él. El que ahora lo hayan hecho demuestra que funcionan los canales informales de información creados de forma clandestina desde la sociedad civil. El Gobierno de La Habana ha contestado porque está perdiendo el monopolio de la comunicación.

Los canales informales de comunicación llegan incluso hasta las cárceles, como demuestra el hecho de que varios presos de conciencia se pusieran en huelga de hambre (al igual que ha hecho en su casa Guillermo Fariñas) tras la muerte de Zapata Tamayo. A esto hay que sumar que muchos cubanos parecen estar perdiendo el miedo. Los asistentes al velatorio del nuevo mártir por la libertad en Cuba no dudaron en mostrar la cara ante las cámaras de video y fotografía, algo que antes no resultaba común. No es un valor producto de que no haya nada que temer, surge de haber llegado al límite del aguante ante la represión diaria de la dictadura. También, y por los mismos motivos, grupos de vecinos no implicados en actividades opositoras del pueblo de Zapata Tamayo se mostraron ante los agentes de la dictadura acudiendo a su entierro durante el amanecer.

La dictadura castrista responde de la única manera que sabe hacerlo. Con detenciones cada vez más numerosas, maltratando a los opositores presos y sin hacer nada para salvar la vida de Ariel Sigler Amaya y Normando Hernández González, otros dos presos de conciencia cuya salud está deteriorada hasta el punto de que pueden morir en cualquier momento. A esto se suma una feroz campaña interior y externa de propaganda e insultos contra los opositores vivos y muertos. Una campaña a la que se suman con alegría artistas como "Willy" Toledo o Miguel Bosé y gobernantes como el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.

Esperemos que mi optimismo no esté injustificado. El castrismo nuca ha parecido tan débil como ahora ni la oposición había logrado con anterioridad una presencia interna y externa tan grande como la actual. La dictadura puede tardar en caer todavía meses o, incluso, unos pocos años. Sin embargo, ha comenzado a derrumbarse. Dentro de no demasiado tiempo tal vez veamos a unos Moratinos, Lula da Silva, Bosé o Toledo inventando excusas para justificar su alineamiento con la tiranía.

El fracaso del sistema de pensiones y la ‘previsión social’

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Con la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años se vuelve a abrir el debate sobre las pensiones. Lo cual no está mal, porque nos permite examinar el sistema actual y reflexionar sobre él, algo necesario en un sistema democrático. Sin embargo, el problema no es nuevo. Ya hace más de 15 años que economistas y expertos en la materia vienen planteando la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones.

La raíz del problema es que el sistema es de reparto. Las pensiones actuales las pagan los trabajadores actuales, es decir, que los pensionistas no reciben lo que han ido ahorrando o invirtiendo, sino que viven de las cotizaciones de los que trabajan a día de hoy. Este sistema, que no deja de ser piramidal (como Madoff y Afinsa), se va sosteniendo mientras el número de cotizantes sea mucho mayor que el de pensionistas.

El problema surge cuando la pirámide poblacional se va invirtiendo debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida, momento en el que cada vez es más difícil pagar las prestaciones, y éstas cada vez son menores. En España se estima que para 2049 habrá 15 millones de personas mayores de 65 años y diez millones de menores de 16 años, lo cual significa que más del 50 por ciento de la población no estará en edad de trabajar dentro de 40 años.

Sin embargo, este esquema piramidal, pese a ser igual de fraudulento que los demás, tiene una peculiaridad: que puede no suspender pagos. El Estado puede hacer que la pirámide no caiga. Eso sí, bajando cada vez más las pensiones (o subiendo los impuestos). Estrictamente hablando, siempre será posible garantizar su solvencia, si por solvencia entendemos que el tener o contar con medios suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con los compromisos adquiridos. En el caso de las pensiones, a lo único que se ha comprometido el político es a dar una prestación, pero nadie sabe la cantidad.

El político recurrirá, por tanto, a manipulaciones constantes y sistemáticas para no dejar caer el sistema. Esto quiere decir que, si no se apuesta por cambiar el modelo, siempre se deberán ir haciendo reformas para evitar su inherente quiebra.

Un posible parche consiste en incrementar el número de años para cobrar la pensión, es decir, aumentar la edad de jubilación. Otro puede ser ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión. En este último caso se ve claramente como la prestación debe reducirse forzosamente, ya que el importe de la pensión tomará los primeros años de trabajo, que son aquellos en los que se cobra menos sueldo. En definitiva, es evidente que con cualquiera de estas medidas/parches nos quedará menos dinero y no se podrá contar con una pensión digna.

Las pensiones entran dentro del sistema implementado por el Estado denominado previsión social, que se nos asegura que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familiares, que tienen por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Busca generar condiciones de seguridad a los ciudadanos durante toda su vida. Un ejemplo serían las pensiones públicas, que deben atender las necesidades de la población cuando por su avanzada edad disminuya su capacidad de trabajo.

Pero la realidad es que este sistema ni protege ni prevé nada. Y por supuesto, no es social. No mejora la condición de los trabajadores; no ayuda a superar la pobreza, sino que la aumenta; no elimina las desigualdades y discriminaciones, sino que las incrementa; no consigue aplacar los riesgos en empleo, salud, educación y previsión; no protege a quienes más lo necesitan y, además, genera condiciones de más incertidumbre al término de su vida laborar activa.

Desde luego, si seguimos con la idea de que “el Estado proveerá” sólo tendremos una pobre, complicada y amargada vejez.

¿De qué cohesión social me hablan?

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Artículos en prensa.

Una crisis que es consecuencia, no lo olvidemos, de un conjunto de malas intervenciones que han empujado a la gente a equivocarse en masa y no del exceso de libertad económica.

Ya desde los inicios de la crisis, allá por 2007, algunos analistas –como los del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana– defendían la reducción de impuestos para aliviar las cargas de los contribuyentes y aumentar su renta disponible, así como la flexibilización de los mercados de factores productivos, sobre todo del de trabajo, con el fin de hacer el reajuste productivo más llevadero.

Sin embargo, como resulta evidente, nada de eso se ha hecho. El mercado de trabajo apenas se ha tocado y las elevadas rigideces siguen presentes, a pesar de la insistencia de gran parte de los economistas para reducirlas. Las cuentas públicas se han deteriorado a un ritmo frenético, elevando las preocupaciones de los inversores acerca de la salud y solvencia del Reino de España. El gasto público se ha disparado fruto de los estabilizadores automáticos –el mecanismo por el cual en época de recesión se eleva el déficit público por el incremento del desempleo y la reducción de ingresos fiscales– y de la propia inercia del sistema, mientras que ya se anuncian incrementos de impuestos.

Uno de los argumentos que suelen esgrimirse para no reducir el gasto público es el de la cohesión social. El Estado debe encargarse de que haya cohesión social, y eso sólo se consigue mediante un Estado del Bienestar que provea de los bienes y servicios más básicos a la población (como la educación y la sanidad), se encargue de las personas más necesitadas que no pueden valerse de sí mismas (desempleados, niños, ancianos, pobres), etc. Y para ello, resulta necesario mantener elevados el gasto público y los impuestos.

Además, para criticar la flexibilización del mercado de trabajo, se alega que con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad de los trabajadores, hace falta un sistema laboral que no permita fácilmente el despido a los trabajadores por las horribles consecuencias que ello acarrea en su entorno.

Pero, ¿y si esta estrategia fuera a conseguir lo contrario de lo que se persigue, es decir, que en vez de favorecer la cohesión social, se fomentara el conflicto y el malestar entre la población?

La cuestión que parece más obvia es la que se refiere al mercado de trabajo. No sé qué suerte de cohesión social se pretende impulsar con un sistema laboral que, en las fases recesivas del ciclo, expulsa a una cantidad ingente de sus trabajadores; y que mantiene dos niveles de empleo, diferenciados entre los indefinidos que disfrutan de elevados privilegios y ‘protecciones’ y quienes no los tienen. Más bien, parece un excelente caldo de cultivo para las envidias sociales y la frustración de no poder conseguir un empleo por poca remuneración que éste ofrezca; una sangría que afecta especialmente a los jóvenes. Los expertos llevan ya tiempo alertando contra este sistema regulatorio anticuado y rígido que algunos califican de "brutalmente ineficiente" y "catastrófico". Todavía estamos esperando reformas serias ante la amenazante mirada de quienes viven cómodamente del statu quo.

En relación con el enorme déficit público que se ha generado en muy poco tiempo, uno también se pregunta qué es lo que está ganando nuestro país atrayendo la desconfianza de los inversores y analistas financieros internacionales al amasar una elevada deuda pública que deberán pagar quienes nada tienen que ver con estos desaguisados –esto sí que es solidaridad intergeneracional– y dificultando la verdadera recuperación económica.

Quizás lo que busquen sea la cohesión social que ahora están disfrutando los griegos, quienes se han visto obligados por las circunstancias a aplicar unos planes de austeridad donde se pretende reducir drásticamente el gasto público con el simple objetivo de salir con vida de ésta. No descartaría que algo similar a lo sucedido en Grecia, quizá con menor intensidad, pase aquí si es que el Gobierno no se da prisa en aplicar las medidas dolorosas de austeridad presupuestaria que ya algunos recomendaban a finales de 2007.

Este tipo de medidas son las que han sido aplicadas en Irlanda, país que también ha sufrido las fatales consecuencias de la burbuja inmobiliaria –causada por una fuerte expansión del crédito venida del Banco Central Europeo–, y ahora parece contar con mejores perspectivas de futuro. En Irlanda las palabras de promesas de estabilizar el déficit público no han caído en el vacío, como sí suele pasar con las de Obama y Geithner en EEUU, sino que han ido seguidas de severas medidas para recortar el gasto público. Como explica Harry Phibbs:

"Todas las subvenciones, desde aquellas relacionadas con la vivienda hasta las relacionadas con la cultura, han sido severamente recortadas. Los activos excedentes han sido vendidos. Se ha disminuido la burocracia. Las ayudas al desempleo han sido reducidas porque según Lenihan (Ministro de Finanzas irlandés): "un sistema de protección social no acorde con los costes laborales del resto de la economía puede llevar a la gente a prolongar su situación de desempleo".

Y, cómo no, los resultados son positivos. Según The Economist: "La dura medicina parece estar funcionando, a medida que Irlanda sale de la recesión, las finanzas públicas mejoran y la economía vuelve a ganar la competitividad pérdida dentro del euro".

La incompetencia de la administración Zapatero, sin embargo, no inspira demasiadas confianzas de que se vayan a tomar las medidas correctas voluntariamente. Probablemente, estas medidas tengan que aplicarse por presiones internacionales, a la fuerza, tarde y mal; y las consecuencias podrían ser como lo que se ha visto en Grecia.

En ese caso, que espero que no tengamos que vivirlo porque se actúe antes de que venga el lobo, el argumento intervencionista de la cohesión social se lo podrían tragar con patatas sus muy ilustres proponentes.

Ángel Martín Oro escribe regularmente en su blog.

Cuba o el paraíso

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Apenas han transcurrido dos días desde que Javier Bardem pisara por última vez la alfombra roja que, nueve años atrás, le llevó a estar nominado al Oscar al mejor actor por su interpretación de Reinaldo Arenas en la versión cinematográfica de la autobiografía de este poeta cubano. No es el momento ni el lugar para escribir sobre glamour o hacer una crítica de cine pero sí para reflexionar sobre la relación que existe entre el llamado mundo de la cultura y el régimen cubano. Y es que, al parecer, muchos de los artistas e intelectuales patrios que no dudan en emular estas fastuosas ceremonias y sueñan con estar algún día entre sus premiados, o no vieron la película protagonizada por su compañero o no la entendieron. Hay una tercera posibilidad, pero supone mala fe e implicaría una complicidad con el mal del todo inexcusable.

Como Estado Socialista superviviente al desplome de la Unión Soviética, la isla de Cuba permanece a tan solo 160 kilómetros de Estados Unidos como una exótica anacronía que ha fascinado a muchos intelectuales que, como Hemingway, se han dejado seducir por sus placeres sin atender la falta de libertad que padecen los propios cubanos. Destino de viaje, inversiones y favores patrocinados por estados democráticos, Cuba ha vivido ajena a la prosperidad y la libertad gracias a la rígida e inflexible aplicación de los principios revolucionarios dictados por Fidel hace ya más de medio siglo: “Patria o muerte”.

Como todos los dictadores que se envuelven en la bandera no hay más patria que su propia figura y la muerte se convierte en el único destino al que puede aspirar cualquier atisbo de disidencia. Ni toda la sangre derramada ni la miseria a la que ha condenado a todo un pueblo han conseguido sensibilizar y conmover a esa vanguardia de intelectuales y artistas siempre prestos a actuar como abajofirmantes de las causas más nobles… siempre que estén en comunión con sus ideales de obediencia socialista.

No se trata pues de desconocimiento sino de incapacidad para ver, más allá del error intelectual que supone el socialismo, los sufrimientos y desajustes causados al tratar de construir el paraíso socialista en el que la felicidad del hombre nuevo traerá la armonía a un mundo imperfecto. Así pues, todo atropello e infracción de los más elementales derechos del Hombre son justificados y justificables, porque el bien será mayor y su sufrimiento de hoy supondrá su liberación del mañana. El problema es que, desde la revolución francesa hasta la cubana, estos experimentos han fracasado y el progreso se ha reducido a la destrucción de oportunidades y vidas.

Seres miméticos como somos, actitudes e ideas de estos referentes populares traspasan a gran parte del cuerpo social siendo fácil encontrar en cualquier conversación el acuerdo infundado de que la Sanidad cubana es una de las mejores del mundo o de que hay que viajar a Cuba antes de que muera Fidel. La realidad es que los familiares que pudieron huir de la isla cárcel siempre que tienen oportunidad envían medicinas a quienes se quedaron dentro y la nomenklatura del régimen es tratada por médicos extranjeros en hospitales de élite. Tampoco es fácil entender a qué Cuba quieren viajar, ¿a la de los complejos hoteleros sólo para turistas o a la de la cartilla de racionamiento? Entrar en un isla de la que su población no puede salir, sólo escapar, no parece el mejor de los destinos turísticos; disfrutar aprovechándose de la miseria ajena no parece un comportamiento ejemplar.

El rostro del Ché, emblema descafeinado de movimientos contestatarios, es otro ejemplo de la perversión de toda una generación capaz de lucir con orgullo la memoria de un asesino y el símbolo de una ideología destructiva que sólo conoce su figura a través de los panegíricos que destilan los medios dominados por esta élite cultural.

Estos misioneros de salón se autropoclaman como vanguardia, no ya autoconsciente, sino consciente y conocedora de los problemas ajenos y de sus soluciones. Desde la comodidad del Primer Mundo, ordenan y aconsejan al Tercero condiciones y fórmulas en las que ellos jamás tolerarían vivir. Su capacidad de empatía queda cegada por sus buenas intenciones y objetivos superiores, dando mayor importancia, como diría Paul Johnson, a las ideas que a las personas. A través de este proceso mental, las víctimas de los hermanos Castro se convierten en meros obstáculos y anécdotas que no pueden, ni deben, desmerecer el objetivo final, el de una sociedad buena ordenada según los principios del Comunismo y que el “socialismo real” trata de construir. Luego, ya sólo queda la propaganda, la conversión del mito y la popularización de la mentira. Todo sea por el bien de la Humanidad.

Entre tanto, las vidas truncadas de los disidentes interiores o exteriores, exiliados o encarcelados, vivos o muertos, pasan desapercibidas ante la sensibilidad de estos progresistas acomodados, que son incapaces de denunciar la dictadura castrista de forma contundente y apoyar así el anhelo de todo un pueblo que muere, literalmente, por ser libre. Nuestra obligación, es no olvidarlos y tomar su rebeldía como ejemplo; como el propio Reinaldo Arenas, cuyas últimas palabras escritas fueron “mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre. Yo ya lo soy”. Que su lucha y su esperanza sean las nuestras.

¡Salven al mejillón!

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En el fondo no fue nada sorprendente: era el pastón que cabía suponer que ganaría el hombre que más ha hecho por destruir la imagen pública de la institución que preside y de los autores que representa. Pero resulta especialmente significativa su reacción, pues pareciera que mientras se ajuste a "la ley y la transparencia democrática" ya todo está bien. Sucede algo similar cuando se critica a la SGAE que cobre a peluquerías o a festivales benéficos. Su defensa es que la ley está de su parte.

El problema, claro, es que la ley llega donde llega, y existen muchas cosas malas que no están prohibidas y muchas cosas buenas que no son obligatorias. Como debe ser. La ley debe llegar para castigar aquello que supone un daño a un tercero, pero la mayor parte de lo que hacemos en la vida no llega a tanto. Eso no quita para que se pueda hacer un juicio moral, decidir si nuestras acciones son malas o buenas dependiendo de nuestro particular punto de vista, que puede ser compartido por la mayoría de los ciudadanos, o no.

Cuando una entidad –sea un individuo, una empresa o una asociación de autores– hace rutinariamente cosas legales pero malas para casi todos los que no se benefician de ello, lo razonable sería que se planteara si no estará metiendo la pata. En demasiadas ocasiones, sin embargo, se enroca en que lo que hace está permitido y, por tanto, el que se considere negativo es sólo un asunto de percepción, de que los demás no entienden bien el problema, de que están equivocados porque algún ser pérfido –por ejemplo, los medios de comunicación o algún partido político– se ha esforzado en ensuciar su imagen.

Siendo una actitud evidentemente equivocada, desgraciadamente cada día es más habitual. La razón es que estamos incentivando la confusión entre moral y ley. Muchos conservadores critican a los liberales porque algunos de ellos creen que deberían liberalizarse las drogas, legalizarse la prostitución y, en definitiva, despenalizar los vicios de cada uno. En algunos casos se debe a la creencia de que las consecuencias serán malas para la sociedad, pero en otros porque piensan que quien promueve estos cambios está sancionando moralmente esos comportamientos. No es así. Se puede estar en contra de la prostitución o de las drogas, desaconsejar a todo el orbe conocido que incurra en esos vicios y, sin embargo, no querer que el Estado los castigue.

Es curioso cómo en algunos ámbitos la distinción parece estar clara. No se sabe ya cuánto se ha repetido la frase aquella de "no estoy de acuerdo con nada de lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo". De algún modo, al menos si no eres el Grupo Prisa, parece haberse asumido que el derecho a la libertad de expresión no depende de nuestra opinión sobre lo que se dice. Pero no se traslada ese razonamiento a otros ámbitos. En cuanto vemos algo en la tele que no nos gusta, el Gobierno debe prohibirlo. Cuando éste o aquél realizan actividades que nos escandalizan, el Parlamento debería hacer una ley.

Y según nos deslizamos por esa pendiente, se vuelve más difícil recordar la distinción entre moral y ley y que te entiendan. Así, deja de resultar extraño que la SGAE o Teddy Bautista se defiendan de sus múltiples comportamientos inmorales alegando que la ley les da derecho a hacerlo. Quizá casos tan escandalosos para la mayoría podrían conseguir que se invierta esa tendencia. Pero no tendremos tanta suerte.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

Bautista, la SGAE, la ley y la moral

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

…peligran esas pensiones que a modo de caramelillo nos prometían nuestros socialistas de todos los partidos para que no protestáramos por el atraco. Al final, como en Múnich, nos quedaremos sin el honor y sin la paz, en este caso sin la libertad y sin la cartera.

Al parecer, las pensiones dignas y seguras que eran la quintaesencia del Estado de Bienestar europeo no van a ser ni dignas ni seguras. No otra cosa cabe colegir de la recomendación de Corbacho para que los españoles complementen la cotización (coactiva) pública con una voluntaria privada. Cosas veredes, los mismos socialistas que hace apenas tres años se cargaron el atractivo fiscal de los planes de pensiones al eliminar la reducción del 40% por el rescate en forma de capital y que disminuyeron el límite de las aportaciones desde 24.250 euros anuales a los 12.500, son los mismos que ahora tratan de salvar la nula credibilidad que debería merecer el sistema público de pensiones apelando a la capitalización privada.

Pero, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, el auténtico fraude de la Seguridad Social no viene representado por la forzosa necesidad de minorar unas pensiones ya excesivamente bajas en sí mismas, sino por aquello que dejamos de ganar. El problema del sistema es el horroroso coste de oportunidad que acarrea: durante toda su vida laboral, se priva a los trabajadores de la posibilidad de capitalizar su renta y de construirse un patrimonio con el que alcanzar una pensión realmente digna. No deberíamos estar complementando la pensión pública con la privada, deberías tener la oportunidad de gestionar como quisiéramos todo nuestro ahorro.

Porque, digámoslo de otro modo, si los trabajadores no entienden o desconfían tanto de la bolsa como para huir de ella, nada les impide invertir el dinero que hoy les está arrebatando la Seguridad Social en otro tipo de activos. Cuarenta años sufragando una cotización media de unos 6.000 euros anuales asciende a alrededor de 240.000 euros pagados compulsivamente a la Seguridad Social. ¿Se imaginan qué habría sucedido de haber invertido esas cuantías, por ejemplo, en dos inmuebles y una plaza de garaje? ¿Qué pasaría si nuestra pensión dependiera de alquilar (o vender) dos pisos y un garaje que hemos ido adquiriendo durante toda nuestra vida laboral?

Pues que hoy nuestros jubilados sí tendrían asegurada una pensión digna. Esa misma que los socialistas hoy nos racanean, no por ser malos gestores (que lo son), sino por habernos impuesto durante décadas un sistema que todo el mundo sabía que terminaría reventando. Pura aritmética.

En 1995, Solbes ya nos lanzó la primera advertencia y nos recomendó invertir en esos planes de pensiones que él mismo, una década más tarde, desalentaría mediante el IRPF. La inmigración, empero, vino al rescate –a corto plazo– del sistema de pensiones de reparto: más de cinco millones de trabajadores se incorporaron al mercado laboral. Todo lo cual permitió sufragar las prestaciones de los pensionistas con un mayor desahogo… a cambio, claro está, de crear cinco millones más de jubilados futuros con derecho a reclamar su pensión a una población joven cada vez más exigua. Es decir, salvábamos el sistema a corto, hipotecándolo a largo. Es lo que tienen los esquemas piramidales: que la base siempre tiene que seguir creciendo para que el esquema no se desmorone.

Ya estamos en ello. Los fondos privados de pensiones al rescate. Si ya lo decía Zapatero en el Congreso, "quienes defienden las pensiones privadas, se habrán encontrado con un problema durante esta crisis". Pues anda que quienes defienden las pensiones públicas… ¡Qué panorama! La Seguridad Social sin recursos y su garante, el Estado español, en riesgo de caer en suspensión de pagos. Sin duda, como pregona el PSOE, éste es el momento de "lo público".

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

¿Y por qué soportar el lastre de las pensiones públicas?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Éste es el radical ideario que defiende el Partido Antitaurino, que ha conseguido abrir el debate público sobre la prohibición de la Fiesta Nacional en Cataluña. Dicho grupo de "animalistas" –tal y como se hacen llamar– califican de "maltrato" y "crimen" el arte del toreo debido al sufrimiento que experimenta el morlaco durante la corrida.

Bajo este argumento solicitan, no sólo la prohibición de este festejo, sino también la del uso de animales en los circos o el abandono y sacrificio de perros, gatos, animales exóticos e, incluso, palomas. Pero, puestos a pedir, mucho me temo que los "animalistas" se quedan cortos. Y es que, si toda su argumentación gira en torno al mero sufrimiento del animal, ¿qué impide extender su aplicación a toda la fauna? ¿Por qué escandalizarse por la matanza de perros y gatos y no por la de ratas o cucarachas? ¿Es que acaso no gozan de los mismos "derechos animales"? ¿Por qué discriminar entre especies?

Para gustos colores. Entre el amplísimo abanico de amantes que tiene el mundo animal habrá quien profese una especial predilección por las pulgas, las serpientes, las lagartijas, los gusanos, los murciélagos, los insectos… ¿Por qué los activistas no protegen a los parásitos y roedores, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay entre un ratón y una paloma? Ninguna desde el punto de vista biológico, ambos son animales sólo que pertenecen a especies distintas.

Y puestos a poner de relieve el sufrimiento del toro en la plaza, ¿qué decir de la agonía que sufre el mejillón al ser cocido vivo en agua hirviendo? Aún peor es el caso de la ostra, que es engullida y masticada viva por los crueles comensales de marisco y, sin embargo, su dolor es totalmente ignorado por los animalistas. ¿Y las lombrices? Estas pobres criaturas son cruelmente secuestradas por los pescadores para dar rienda suelta a su particular hobby. Los gusanos son trinchados sin piedad en el anzuelo, y recociéndose de dolor son lanzados al río, aún conscientes, a la espera de que un incauto pez caiga en la trampa.

Los animales, a diferencia de los humanos, actúan movidos por el instinto. En este sentido, carecen del glorioso don de la creatividad. De ahí, precisamente, que el hombre evolucione como especie mientras que el cocodrilo o el perro no han experimentado ni el más mínimo avance desde que habitan la Tierra. Pese a ello, los "animalistas" exigen la protección e, incluso, la concesión de derechos cuasi humanos a determinadas criaturas frente a otras. Se trata, pues, de un debate absurdo y artificial. Gracias a la Fiesta, el toro de lidia vive a cuerpo de rey hasta la celebración de la corrida, a diferencia de los millones de pollos, cerdos o vacas aglutinados y casi inmóviles en las granjas de explotación hasta su sacrificio. De hecho, sin el toreo, no existiría el toro.

El problema es que este tipo de activistas pretenden imponer por ley sus particulares preferencias al resto de la población. Así, ahora pretenden prohibir las corridas, pero también estarían dispuestos a eliminar la carne o el pescado de las comidas, solicitando pena de cárcel a todos aquellos que se nieguen a ser vegetarianos. Hoy es ¡salven al toro!, y mañana ¡salven al mejillón!

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Entreabriendo los cielos

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

En los inicios de la aviación, algunos teóricos sostuvieron que el espacio aéreo debía ser libre. Sin embargo, tras la Gran Guerra esta idea se echó al cubo de la basura. Los estados se apropiaron del mismo y decretaron desde la primerísima Convención de París de 1919 la soberanía exclusiva y completa sobre el espacio que se levantaba sobre su territorio. Los cielos quedaron bien cerrados a la entrada de extraños y al cuidado de cada manto de protección estatal. A partir de entonces, la intervención pública fue intensa: se fijaron tarifas y cupos de vuelo, se impuso la restricción a la competencia y la propiedad pública de las aerolíneas (compañías de bandera), y la concesión de ayudas o subvenciones a fondo perdido fue lo habitual. La disciplina de mercado brillaba por su ausencia.

La Convención Internacional sobre Aviación Civil celebrada en Chicago a finales de 1944 vino a ratificar dicha situación, aparte de crear la OACI como agencia de la ONU para promover las normas y reglamentos únicos en la aeronáutica internacional. No obstante, se consideró que tal vez no fuese del todo mala la idea de permitir ciertas libertades del aire y, por tanto, entreabrir los cielos a la competencia. Para ello, se crearon mecanismos con el fin de que los estados firmantes liberalizaran los cielos de forma multilateral, cosa que, obviamente, fue un fracaso como lo han sido generalmente las rondas de la OMC para liberalizar el comercio mundial.

Lo único que ha funcionado son los acuerdos bilaterales entre estados o bloques de ellos, asemejándose la liberalización a lo ocurrido con los acuerdos preferenciales, como traté en un comentario anterior.  Hoy, la industria del transporte aéreo mundial se encuentra dominada y restringida por una maraña sumamente compleja de acuerdos paritarios entre Estados que determinan qué líneas aéreas pueden operar por cada ruta y qué precios y capacidad se pueden ofrecer en cada caso.

Las reglas de las rutas comerciales de la aviación nacional de los EE UU empezaron a liberalizarse a finales de los 70 mediante la desregulación del mercado doméstico y el cierre de la Civil Aeronautics Board; por su parte, se liberaron los vuelos internacionales con la firma de numerosos acuerdos bilaterales con otros Estados. Muchos países replicaron estos mecanismos de semi-apertura recíproca.

En los 80, una fuente más de presión para abrir los cielos fue la consolidación de los vuelos charters que, al no ser regulares, podían zafarse de la imposición de precios establecidos por la IATA, asociación controlada por las compañías de bandera e, indirectamente, por sus gobiernos. Europa tardó mucho más (1997) en conseguir una liberalización dentro de sus propias fronteras comunitarias, mediante la integración progresiva iniciada en 1990. Todo ello impulsó la aparición de compañías de bajo coste que, unido a las posibilidades que ofrecía Internet, revolucionaron el sector.

El 22 de marzo de 2007, los responsables políticos de gestionar el espacio aéreo más importante y rentable del mundo (EE UU y Unión Europa), que acapara el 60% de todo el tráfico existente, firmaron la liberalización entre ambos bloques. Las compañías aéreas de los países implicados operan ya desde marzo de 2008 casi libremente entre sus ciudades sin más limitación que la disponibilidad de slots. Se han establecido no obstante ciertos límites como la imposibilidad de adquirir la mayoría del capital o el control de una compañía aérea nacional (aún considerada sector estratégico). Queda todavía pendiente la conquista del último bastión del proteccionismo aéreo: la libertad de cabotaje que permite embarcar pasajeros y mercancías en un Estado que no es propio del avión y desembarcarlos en ese mismo país. Además, cabe la marcha atrás de cualquier parte firmante mediante la “cláusula de suspensión automática” y volver al rancio proteccionismo de antaño, caso de no respetarse la reciprocidad. A pesar de todo ello, dicho acuerdo es un hito en la historia de la desregulación de la aviación civil transatlántica. La firma de una segunda fase liberalizadora de dicho acuerdo está prevista para antes de septiembre de 2010; si se logra, muchos Estados de EEUU y de Europa se abrirán definitivamente y surgirán nuevas relaciones económicas, sociales y culturales entre ambas zonas.

La liberalización trae consigo mejores precios, mayores ofertas de rutas, crecimiento de las exportaciones y del turismo, un control de costes en las aerolíneas y más inversiones y ganancias para la economía en su conjunto tal y como sucedió con la apertura de los cielos norteamericanos en los 80 y europeos en los 90. Con ello se va a reestructurar necesariamente el sector. El baile de fusiones y/o alianzas no ha hecho más que empezar.

Por el contrario, aquellos países que han mantenido políticas restrictivas su número de visitantes y de carga aérea ha descendido, su oferta de rutas y vuelos ha sido deficiente con respecto a la demanda y sus usuarios han visto encarecerse el servicio de transporte aéreo. Ejemplo de ello es Latinoamérica y su caso paradigmático, Brasil, destino turístico que, debido a las políticas proteccionistas de su espacio aéreo en los años 80, registró una bajada del 44% de visitantes entre los años 1986 y 1990. En contraste, México, uno de los primeros en firmar un acuerdo bilateral con los EE UU en 1988, es el país latinoamericano que más turistas recibe al año.

Como acertadamente señala Adrián Ravier, es ya irrelevante que las líneas aéreas sean públicas o privadas, lo decisivo es el marco regulatorio: eliminar las restricciones legales, acabar completamente con la competencia controlada, permitir la entrada de cualquier transportador y garantizar idénticos derechos para cualquier compañía que opere en su territorio. Lo único que deberían hacer los responsables políticos en la materia es mejorar las infraestructuras aeroportuarias y llevar un control de los estándares de seguridad.

Lo mejor y más osado sería no esperar a conseguir acuerdos recíprocos sino establecer la apertura completa del espacio aéreo a cualquier operador de manera unilateral e irrestricta. El éxito sin paliativos de las políticas de liberalización unilateral llevadas a cabo (1) tanto por Singapur (hoy disfruta de uno de los mercados aéreos más importantes de Asia y casi el 10% de su PIB proviene de los servicios relacionados con ese sector) como por los Emiratos Árabes Unidos -con 92 líneas aéreas tanto propias (1,2,3) como extranjeras que sirven el mercado del reino y no recibiendo su línea nacional emiratí ningún privilegio sobre el resto- puede iluminar a los gobernantes dubitativos entre abrir o no sus cielos.

(1) Guatemala tuvo una política total de cielos abiertos de 1997 a 2000, pero sus gobernantes volvieron al proteccionismo de la reciprocidad tras ese breve lapso de tiempo de libertad irrestricta de sus cielos.

Genocidios de mal tono

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Yo soy un poco más canalla que eso, qué le vamos a hacer. Es lo que tiene defender la libertad, que acabas echándole un cable a lo más inmoral, soez y despreciable de la sociedad. ¡Con las buenas compañías que hacen los valladares de la virtud!

La mala compañía de hoy se llama Pedro Varela y regenta una librería nacional-socialista. De un nacionalismo acendrado, con los antecedentes intelectuales con mayor renombre, y un socialismo que nada tiene que envidiar a otros. “Socialistas de cátedra”, se llamaba, con servil reverencia, a los abuelos de aquel “socialismo alemán”. Ese nacional-socialismo, envuelto en libros y a la venta, era el comercio de la famosa librería barcelonesa. Y ese comercio le ha llevado a Varela a una condena de dos años y nueve meses.

El pensamiento no delinque, se ha dicho, y es cierto. Es criminal el acto concreto contra los derechos de los demás. El genocidio, por ejemplo. A Varela se le ha condenado por “ideas genocidas”. Pero todo el mundo sabe que del dicho al hecho hay un trecho. El trecho que separa una librería, pongamos por caso, de la cárcel. La libertad de expresión, esa madre repudiada por todos, o casi, ampara lo más excelso y lo más bajo del pensamiento humano. Y se la maldice mil veces por proteger ambas cosas.

Pero ¿qué mejor censura de las ideas abyectas, las de Varela y su gente, que su libre encuentro con las buenas? Por ejemplo, su contraste con los pocos que defendemos la libertad de expresión. ¿Cómo podríamos salir perdiendo? A la luz, el nacional-socialismo aparece con toda su fealdad. Él y sus dos patas ilustres. Que venga, que algunos le estamos esperando. Seremos pocos, pero somos mejores.

Por lo demás, ¿cuál es el crimen del nacional-socialismo sino el genocidio? Pues tampoco, porque no ha habido ningún genocidio comparable al comunista. No tiene rival en número, en concepción de un plan ambicioso, sobrehumano e infrahumano a la vez. Pero, al parecer, hay genocidios de buen tono, que se pueden encapsular en libros de toda laya, y venderse libremente por las librerías de Barcelona y de España toda. Prohibir los genocidios de mal tono me parece una frivolidad inane.

José Carlos Rodríguez es periodista.