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Cambio real, cambio nominal

La actual situación económica está consiguiendo lo que cuatro años de primer mandato negociador con ETA no han conseguido. La intención de voto a favor del PP o, más propiamente, en contra de Zapatero, es de cerca de siete puntos porcentuales. Tal diferencia induce a reflexión acerca de los motivos que, más allá de la mera elección de una u otra papeleta, llevan a los españoles a las urnas.

En el periodo 2004-2008 se produjeron los primeros avisos de que la expansión general del crédito con destinatarios varios, aunque preferentemente en el sector de la construcción, amenazaba con acabar en una crisis fatal. Dado que los avisos de crisis eran minimizados por la nomenklatura académica, y por supuesto política, la fluidez y abundancia de medios de pago eran un bálsamo para el espíritu crítico de los ciudadanos. Pero no solamente la falsa abundancia inducía a los españoles al error. Es más, el acriticismo no es fruto solamente de una tentadora situación en la que tenía más a cuenta endeudarse que no hacerlo. Han sido más determinantes las décadas de educación en la dependencia a que los españoles se han entregado.

Educar en la irresponsabilidad ha sido la tónica de la escuela y de la educación popular de casi cualquier institución. En los centros académicos tanto como en los medios de comunicación, o por parte de los tontos útiles de la cultura, todos se han coaligado con una clase política inmadura que prefiere a un ciudadano incapaz que a uno autosuficiente.

La negociación con ETA conllevó la aceptación pública del chantaje terrorista, la asunción de que alguien con quienes se identifican los españoles de manera compleja pero inequívoca, es decir, las víctimas, pueden ser dejadas de lado si, al final, se elimina el problema de manera indolora y angelical.

Pero tal irrealismo vital era, y es, aplicado a casi todas las demás facetas de la vida. La económica, en particular, ofrecía y ofrece los mismos rasgos. El problema de la subsistencia vital consiste para los adultos adolescentes en que el dinero fluya, los alemanes lo transfieran vía UE, los bancos lo presten fácilmente y los gobiernos lo regalen a quien tenga un proyecto vital de nuevo cuño.

¿Qué esperan, por tanto, los españoles de la oposición? No han cambiado las cosas respecto del anterior mandato. Los que ahora se manifiestan favorables al Partido Popular exigen de éste los mínimos cambios para que se restablezca el bon vivant precedente. La tentación de la inocencia que Bruckner describió es ya una estación, un fin vital, una aspiración a la jubilación anticipable.

Que el PP lo arregle para que nada cambie o, en todo caso, para que se prolongue ese estado en el que los individuos no deban sufrir el más mínimo sentido de la responsabilidad, alejen de su alma la idea de que la riqueza se trabaja con esfuerzo y talento, no con fluidez monetaria, huyan de considerar que los males de la existencia se afrontan aceptando el dolor de la cirugía, o sigan cándidamente creyendo que un ser social es el que vive de la sociedad, no el que coopera productivamente con ella.

La recesión es cosa de todos

En estos tiempos que corren, malos para la economía, malos para la universidad, malos para la ilusión, la gente hace lo que puede para encontrar balones de oxígeno emocionales que le ayuden a no desfallecer. La economía, ciencia basada en la acción humana, a veces depende de imponderables como la confianza o la esperanza. Por eso muchas personas de buena voluntad se apuntan a iniciativas que pretenden “arreglar entre todos” cuestiones que deben solucionar otros. Lo deseable es que quien la haga la pague, o al menos, que le salga caro…

Pero lo relevante cuando hay convulsiones dramáticas es ir al epicentro, al origen. Cuenta la historia que dos mujeres lavaban en el río cuando vieron un hombre que bajaba arrastrado por la corriente mientras trataba de mantenerse a flote. Las mujeres dejaron sus quehaceres y se apresuraron a socorrerle. Cuando estaban con él en la orilla, vieron un segundo hombre que bajaba arrastrado por el río igual que el primero. De nuevo, las mujeres corrieron a ayudarle. Mientras intentaban sacarle vieron un tercer hombre en las mismas circunstancias. Una de las mujeres salió del río y empezó a caminar río arriba. La otra exclamó: “¡Qué haces! ¿Por qué no me ayudas?” La respuesta fue muy clara: “Ya lo hago. Voy a ver quién les está empujando”.

En el caso de la recesión que padecemos, ir en busca de quien empuja no consiste en poner una tirita, meter el dedo en el ojo al partido del gobierno, echar la culpa a los empresarios, o a los trabajadores, o a los artistas… consiste en revisar que ideas están detrás de las acciones incorrectas.

Las ideas económicas a veces llevan directamente a la adopción de una política económica. Ésas no son realmente las más peligrosas cuando son erróneas. Encontrar el origen del error es sencillo. Pero hay teorías económicas que parecen abandonadas en la nube de la abstracción y que están reservadas para los cuatro profesores que nos dedicamos a rastrear en las ideas de otros (economistas o filósofos) que ya no están aquí: el club de los economistas muertos. Y sin embargo, ésas son las más peligrosas porque, aunque no sea evidente, a veces esas ideas permean la mente de toda una generación y se transmiten de profesores a alumnos, de padres a hijos, de legisladores a ciudadanos, sin que se note. Y no es fácil rastrear, de ese modo, “quién está empujando” río arriba.

Una de esas ideas, por ejemplo, es que la economía es un mecanismo, otra es que la riqueza es estática, como una tarta a repartir, y que si uno tiene mucho es porque se ha arrebatado parte de su porción a otro. Y así, podemos hacer una lista interminable. En muchas ocasiones otros teóricos son conscientes de estas ideas tóxicas (memes) que se atrincheran en la mente de la sociedad, y responden, argumentan, escriben, difunden otras teorías “sanas” que deberían suplantar a las tóxicas. Pero no suele suceder. Las razones son múltiples, complejas y difíciles de estudiar.

La recesión, según Jesús Huerta de Soto, es la muestra de que la crisis financiera ha pasado. Los agentes económicos empiezan a reestructurar sus gastos, sus empresas, sus necesidades, toman medidas y eso es bueno. Doloroso, por el paro, por el cierre de empresas, por el drama personal de los afectados, pero necesario. Como la resaca después de una borrachera. El cuerpo reacciona y eso está bien, pero es francamente desagradable.

Lo ideal es que las inversiones malas que se han depurado sean sustituidas por otras mejores, que las empresas no rentables que se han ido al garete sean sustituidas por otras que sí lo son, y de esta manera, que los trabajadores que han perdido su trabajo encuentren fácilmente otro. Este proceso se basa en la idea del “orden espontáneo” que vislumbró Mandeville en su teoría de las consecuencias no queridas, lo apuntó Adam Smith en su teoría armónica de la sociedad y lo explicó clara y profusamente Hayek, padre de la idea del orden espontáneo en economía.

La razón por la que no cuaja es que en nuestra sociedad sigue en vigor la perniciosa idea de que la economía es un mecanismo y que es necesario ajustarlo permanentemente. Los mecanismos automáticos que funcionen perfectamente de aquí a la eternidad simplemente no existen, antes o después se deterioran… como los mercados (si fueran mecanismos automáticos). Por eso la gente levanta sus ojos y mira a los gobiernos, a ver qué hacen.

Lo malo es cuando en vez de facilitar que la economía se reestructure, el gobierno refuerza las inversiones no rentables (el ladrillo) y no facilita que se reintegren los trabajadores parados porque no aparecen nuevas empresas. Y eso es lo que está pasando en España. Quienes podrían competir vendiendo a las empresas energía barata, como la británica CENTRICA, se van porque los privilegios de Iberdrola y Endesa impiden la entrada en el mercado de nadie más. El dinero de los ciudadanos que se debería dedicar a investigación se concede arbitrariamente a 16 centros tecnológicos afines por motivos políticos, dejando desnutridos los 73 centros restantes.

Tal vez los resultados de las malas medidas del gobierno ayuden a que algunas personas se planteen quién está tirando al río la economía, y el paradigma económico cambie. De lo contrario, seremos prometeos cargando con las consecuencias de nuestras ideas tóxicas.

La depresión de los bajos tipos de interés

¿Qué significa esto? Básicamente que los agentes económicos valoran más los bienes presentes que los bienes futuros. A saber, que todo el mundo prefiere disponer de 100 euros hoy a 100 euros dentro de cinco años y que los agentes sólo estarán dispuestos a renunciar a la disponibilidad de 100 euros hoy a cambio de algo más de 100 euros mañana. Ese "algo más" son los tipos de interés: si los individuos valoran mucho más los bienes presentes que los bienes futuros, los tipos de interés serán altos, y si ven mucha diferencia entre ambos, serán bajos.

El tipo de interés, por tanto, permite a los agentes coordinarse a lo largo del tiempo: unos renuncian a la disponibilidad de los bienes presentes hoy (los ahorradores) para que la ganen otros (los empresarios que invierten) a cambio de que estos otros les devuelvan en el futuro una cantidad incrementada de bienes futuros.

El problema empieza a surgir cuando los agentes manipulan este intercambio entre bienes presentes y bienes futuros. Si el sistema bancario presta más dinero del que otros agentes han ahorrado, el crédito crecerá de manera desmesurada: habrá más agentes que querrán controlar bienes presentes que bienes presentes disponibles para ser controlados. De ahí que a las expansiones crediticias siempre sean seguidas por períodos de inflación y de repuntes incontrolables de los tipos de interés: cuando la gente quiere dominar más bienes presentes de los que existen, eventualmente el valor de los bienes presentes sobre los bienes futuros (tipo de interés) repunta.

Los bancos centrales pueden manipular durante un tiempo los tipos de interés, pero no indefinidamente. Mientras no aprendan a manejar aquello de multiplicar panes y peces –es decir, mientras no creen de la nada bienes presentes–, les será imposible mantener indefinidamente los tipos de interés por debajo de los que vendrían justificados por el mercado. Por eso a la Fed y al BCE no les quedó más remedio que aceptar sus subidas en 2005, 2006 y 2007 y por eso cuando la Fed en 2008 trató de reducirlos, el mercado le hizo una peineta.

Pero entonces, ¿a qué se debe que los tipos de interés estén tan sumamente bajos a día de hoy? Pues a que los agentes están renunciando a controlar bienes presentes: cuando una empresa quiebra o una familia vende su vivienda, está mandando la señal de que renuncia a controlar esos bienes y, por tanto, el valor de los mismos en relación con los bienes futuros se reduce.

Hay muchos hoolingans de la banca central que sostienen que la Reserva Federal debería mantener bajos los tipos de interés hasta que se produzca la recuperación… e incluso más allá si esto contribuye a apuntalarla. No entienden que no es la banca central hoy la que mantiene bajos los tipos de interés, sino una estancada demanda de crédito. Se puede llevar el caballo al río, pero no forzarlo a beber.

De ahí que Trichet haga bien en advertir de que los tipos de interés subirán en el futuro y que no hará esfuerzos inflacionistas para mantenerlos artificialmente bajos. En la medida en que la economía se recupere y los empresarios quieran volver a invertir (a controlar más bienes presentes), los tipos de interés deberán subir. Lo contrario sólo generaría inútilmente inflación.

Quienes ansían una sociedad de tipos de interés bajos e incluso tipos de interés negativos no entienden qué significa semejante escenario: un estancamiento de la vida económica hasta tal punto que nadie quiere invertir nada. Como le decía hace unas semanas Scott Sumner a Russell Roberts, espero que los tipos de interés suban, de lo contrario significará que nos habremos hundido en la depresión.

Ahí lo tienen: los tipos de interés más bajos de la historia de Occidente los han disfrutado los Estados Unidos durante toda la Gran Depresión y el Japón de los últimos 20 años. Que les aprovechen. Yo prefiero una sociedad solvente y dinámica donde haya agentes dispuestos a invertir y a no morir ahogados en sus deudas. Algunos parece que sueñan con reinflar la burbuja antes de que termine de explotar. Al menos tengan el pudor de esperar un poco hombres de bien.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Churchill, Zapatero y la solidaridad cristiana

Proclama Stendhal en Rojo y negro que “la idea más útil a los tiranos es la idea de Dios”. Es evidente que el genial escritor francés se equivocaba; si hubiera vivido en el siglo XX se habría dado cuenta fácilmente de que el concepto más usado por los déspotas de toda condición ha sido el del Estado (con sus diferentes variantes colectivistas: la Nación, el Pueblo, el Proletariado, la Raza…).

Sin embargo, para los creyentes es doloroso reconocer que tiranuelos de todas las épocas se han apoyado en la idea de Dios (algunos siguen haciéndolo) para asentar su dominio y que, en algunas ocasiones, este control ha tenido el consentimiento (e incluso la colaboración) de los estamentos religiosos oficiales.

Pensaba en esta cuestión de las relaciones de la Iglesia con el poder político mientras leía la noticia de la recaudación de la casilla del 0,7% en el IRPF. Según estos datos, hasta 2006, el Gobierno destinaba 156 millones al sostenimiento de la Iglesia Católica. Hasta ese año, los españoles podían dar el 0,5% de su IRPF a este fin pero, si no se llegaba al mínimo con esta fórmula, el Estado completaba esos 156 millones. Desde el 1 de enero de 2007, la Iglesia sólo se financia con las aportaciones voluntarias de sus fieles a través de la Declaración de la Renta: este año han sumado 252 millones (y eso que la casilla aparece deshabilitada por defecto en el borrador y algunos pueden haberse olvidado de marcarla).

Es decir, que desde que el Poder Político ha dejado de velar por el mantenimiento de la Iglesia Católica, a ésta le ha ido muchísimo mejor. No creo que sea una casualidad. Como en todo mercado que se precie, la necesidad ha agudizado la virtud de la Conferencia Episcopal, que ha lanzado sucesivas campañas para convencer a sus fieles (e incluso a algunos que no lo son) de que colaboren tachando la famosa casilla.

De esta manera, en los últimos años, ha aumentado su presencia en los medios, ha mejorado su política de comunicación y han sido más palpables sus reivindicaciones (incluso algunas con las que los liberales podemos no estar de acuerdo); en general, ha crecido su importancia social. No es sólo una cuestión económica. Estoy convencido de que, cuanto más se aleje la Iglesia del Estado, más cercana estará a sus fieles y menos antipatías provocará.

Y no es únicamente un asunto que deba plantearse la Iglesia. Numerosas ONG (muchas de ellas bienintencionadas, otras son meras cazadoras de subvenciones) viven de las ayudas públicas, generando dudas sobre sus verdaderas intenciones y sometiéndose a la censura de un poder político que tiene en sus manos el control de su supervivencia.

Entre mis conocidos progresistas, es habitual la acusación de que “la Iglesia se financia con dinero público” y la exigencia de que no utilice esos fondos para organizar manifestaciones o campañas contra el Gobierno. Aunque es evidente su incoherencia (sólo les molestan las subvenciones a la Iglesia Católica, no a ninguna otra confesión, ni a sindicatos, productores de cine, ONG no cristianas o asociaciones de vecinos), no me importaría en absoluto que acabasen consiguiendo su propósito, puesto que estoy convencido de que, en un espacio corto de tiempo, sería muy beneficioso para la Iglesia a la que pertenezco.

Entre los países occidentales, EEUU es aquél en el que la fe (sea cual sea la religión que uno profese) y la idea de Dios están más presentes en el debate social. La influencia de la religión en la vida pública es mucho mayor que en los países europeos, aunque, desde un punto de vista legal, no existe ningún otro Estado con mayor separación frente a las distintas confesiones.

Precisamente porque fue un país creado por los disidentes que no queríamos en Europa, quisieron asegurarse de que ninguna religión se imponía sobre las demás; y, al consignarlo legalmente, consiguieron que sus tan queridas creencias marcasen la vida de su país con mucha más fuerza que la de cualquiera de sus vecinos. Y no es casualidad, tampoco, que también sea éste el país en el que más voluntarios y más dinero privado reciben las diferentes organizaciones de beneficencia (todas ellas, sea cual sea su objetivo, desde las parroquias hasta Greenpeace).

Por eso, mientras escribía este artículo, recordaba el Desayuno de la Oración al que acudió José Luis Rodríguez Zapatero hace unos días en Washington y me venían a la memoria unas memorables palabras de Winston Churchill para recordar la diferencia entre la solidaridad real que siempre ha estado detrás de la doctrina cristiana y aquélla, radicada en los Presupuestos Generales del Estado, de la que alardean muchos de nuestros políticos: “El socialismo de la era cristiana se basaba en la idea de que ‘todo lo mío es tuyo’; en cambio, el socialismo del señor Grayson parte de la idea de que ‘todo lo tuyo es mío”.

Hablemos de Guillermo Fariñas

El casual encuentro tuvo lugar en La Habana, en la casa de su amigo y también destacado demócrata cubano Elizardo Sánchez. Aunque hacía ya unos meses que había puesto fin a una huelga de hambre (lleva más de veinte huelgas entre pecho y espalda), su cuerpo todavía estaba resentido y las secuelas de sus numerosas protestas eran ya permanentes.

El organismo de Guillermo Coco Fariñas no podrá aguantar demasiado tiempo una huelga de hambre como la que lleva a cabo desde hace unos días. Desde que falleció Orlando Zapata Tamayo, no dejo de pensar en que tal vez se habría podido salvar su vida. De haberle prestado más atención desde los medios de comunicación extranjeros cuando aún estaba vivo, los tiranos caribeños hubieran tratado de evitar que muriera. No quiero sentir este mismo remordimiento con aquel valiente al que conocí en verano de 2007. Escribamos y hablemos mucho, gritemos si hace falta, sobre Guillermo Fariñas. Obliguemos al castrismo a reaccionar y salvemos así su vida.

Hagamos lo mismo también con los presos de conciencia que se mantienen en las huelgas de hambre que iniciaron tras la muerte de Orlando Zapata Tamayo. El mundo debe estar pendiente de Nelson Molinet y Fidel Suárez. La vida de ambos, como la de Fariñas, puede depender de no ser relegados al olvido por los periodistas, los ciudadanos y los gobiernos del mundo. Quienes no somos Willy Toledo, los que creemos que los Derechos Humanos tienen que ser defendidos en todo el mundo y no repetimos las mentiras de una dictadura asesina, debemos mantenernos alerta.

Recordemos por tanto también a otros dos valientes que están siendo duramente castigados por el régimen de los hermanos Castro y cuyas vidas corren serio peligro. Ariel Sigler Amaya ha visto reducirse su fornido cuerpo de boxeador a apenas 50 kilogramos de piel, hueso y debilidad absoluta por las duras condiciones y el maltrato que le imponen en prisión. La situación de Normando Hernández González no es mejor.

Por Guillermo Fariñas, Nelson Molinet, Fidel Suárez, Ariel Sigler Amaya y Normando Hernández González no podemos callarnos. A todos ellos podemos prestar la ayuda que no dimos a Orlando Zapata Tamayo. Cada columna, entrevista, reportaje y noticia escritos sobre ellos en un medio de papel o internet es útil. Cada crónica televisiva o cada palabra transmitida por la radio tienen idéntica utilidad. Seamos, por tanto, insistentes. Por ellos y por cada una de las víctimas del castrismo.

Antonio José Chinchetru es periodista y miembro del ‘think tank’ Instituto Juan de Mariana.

Lo que estamos dejando de ganar

Todos los trabajadores fueron sometidos a un sistema de redistribución que encadenaba el futuro de una generación a los esfuerzos crecientes de la siguiente. Algunos todavía se creen que al cotizar estamos acumulando e invirtiendo dinero para nuestra propia pensión. Pero no estamos capitalizando ni un centavo. Las cotizaciones del presente pagan las pensiones del presente, y las huecas garantías del Estado no van a evitar que cuando nos jubilemos cobremos una pensión pública (aún más) indigna.

El sistema de pensiones de reparto tiene un esquema piramidal: una gran base de cotizantes paga las pensiones de la cúspide de jubilados. En 50 años esa base estará en la cúspide, y se necesitará una base mucho mayor para sostener la pirámide o un crecimiento económico insólito. Ninguno de los dos supuestos va a materializarse ni por asomo.

Según previsiones optimistas del Ministerio de Trabajo (suponía una tasa de paro del 8,8% en 2010…) en 2060 el gasto dedicado a pensiones superará el 14% del PIB, frente al 8% actual. En otras palabras, la población en edad de trabajar se mantendría más o menos estable, mientras que las personas mayores de 65 años pasarían de siete millones a más de quince. Eso significa que si ahora cuatro cotizantes pagan la pensión de un jubilado, en cincuenta años menos de dos cotizantes tendrán que costear la misma pensión.

Algunos economistas, como Vincenç Navarro, prefieren alimentar la esperanza de los ingenuos y de los irredentos en vez de afrontar el fracaso de su modelo y empezar a debatir una reforma profunda del sistema. Navarro afirma que no hay problema si el gasto en pensiones se eleva al 16% del PIB en 2060. Hace 50 años el gasto era del 3%, ahora es del 8%, ¿acaso no sigue el sistema en pie? Lo que Navarro debería explicar a sus lectores es cómo se traduce ese abstracto porcentaje del PIB en los ingresos de cada trabajador.

Si en 2060 se dobla el gasto en pensiones y la masa de trabajadores se mantiene, significa que pagaremos el doble en cotizaciones en términos proporcionales para mantener el mismo nivel de pensiones. Supongamos que el PIB, como augura Navarro, se dobla en cincuenta años. El salario medio en España en 2009 fue de 20.500 euros, que implica una cotización aproximada de 6.000 euros para pensiones. En 2060 el salario medio (habiéndose doblado la riqueza nacional) será de 41.000 euros. El que crea que la cotización será entonces de 12.000 se equivoca. Recordemos que el gasto en relación con el PIB se dobla, y que el PIB se ha doblado también. Es decir, pasamos de un 8% sobre un PIB de base 100 (igual a 8 unidades), a un 16% de un PIB de 200 (igual a 32 unidades), lo que significa cuadriplicar el gasto real (32/8). De modo que en 2060 estaríamos pagando una cotización de, agárrense, 24.000 euros (6.000 x 4). Como el empresario minora el salario en una proporción similar al aumento de la cotización, para mantener el coste por trabajador igual, nuestra nómina en realidad sería de 31.000 euros (un poco más que la cotización…). Eso o la carga se trasladaría al contribuyente, que podría seguir cobrando 41.000 euros pero pagaría 12.000 euros en impuestos adicionales. Los que estén confundidos con tanta multiplicación pueden dividir todas las cifras por dos: sería como si actualmente el salario medio pasara a ser de 14.500 euros (en lugar de 20.500), con una cotización de 12.000 euros, o pagáramos 6.000 euros más en impuestos. ¿De verdad a Navarro le parece sostenible esta situación?

En cualquier caso, lo peor del sistema no es su viabilidad. Pagando pensiones lo bastante bajas quizás llegue a sobrevivir. Lo peor es el coste de oportunidad, lo que estamos dejando de ganar por no poder invertir nuestras cotizaciones en bolsa o en fondos de pensiones que capitalicen las cantidades y nos ofrezcan un patrimonio y unas rentas extraordinarias al final de la vida laboral. En un artículo anterior calculamos que si una persona invirtiera en bolsa la cotización media destinada a pensiones (unos 6.000 euros), al final de un período de 30 años (tomando la rentabilidad histórica ajustada a la inflación, un 7%) dispondría de un capital de 600.000 euros, y tras 40 años tendría 1,28 millones euros. Si el jubilado quisiera una renta estable podría sacar el capital de la bolsa y meterlo en renta fija. Suponiendo una revalorización ajustada a la inflación del 2% anual, obtendría una renta mensual de 1.000 euros más un patrimonio de 600.000 euros, o una renta de 2.100 euros más un patrimonio de 1,28 millones. Actualmente la pensión media del sistema público es de 900 euros al mes, más cero centavos de patrimonio.

El jubilado que quisiera liquidar todo el patrimonio en 30 años de jubilación, podría poner el dinero en letras del tesoro que conservan más o menos el poder adquisitivo e ir gastando cada mes parte de ese capital. 600.000 euros dividido por 30 años son unos 1.650 euros al mes. Si consumiera el patrimonio de 1,28 millones (acumulado en 40 años), obtendría una renta mensual de 3.500 euros al mes.

Ésta sería una opción para los que tengan menos aversión al riesgo y quieran invertir en un ETF que replica el índice o en fondos de inversión que intentan batirlo. Otros quizás quieran poner sus ahorros en planes de pensiones más conservadores (o incluso salirse totalmente del sistema). Que cada uno elija.

Un modelo regulado de capitalización individual (único o mixto) ya se aplica en varios países, entre ellos Chile, Estonia, Letonia, Lituania, México, Perú, Eslovaquia y Hungría. Chile fue el primero en implementarlo, hace casi 30 años. El éxito ha sido rotundo. Los cotizantes chilenos, obligados a ahorrar un 10% de su sueldo, pueden invertir en cinco tipos de fondos de pensiones, dependiendo del riesgo, y optar por distintos gestores y modalidades de pago. Si fallecen, la familia recibe la pensión o el montante en herencia. El fondo Tipo C, que es de riesgo moderado y acoge al 43% de los afiliados, tenía una rentabilidad media anual del 9,19% a julio de 2009, desde su creación en 1981. Todos los fondos han recuperado en un solo año la pérdida de valor de 2008. Un chileno sólo tiene que trabajar 28 años para obtener una pensión igual a sus últimos sueldos.

Así son las cosas en Chile. En España la solución del Gobierno (y de la oposición) es agarrarse al Pacto de Toledo, prolongar la edad de jubilación, reducir la pensión y seguir estafando al trabajador.

Albert Esplugas Boter es miembro del Instituto Juan de Mariana, autor del libro La comunicación en una sociedad libre y escribe regularmente en su blog.

Energía nuclear, política energética y empresas

La energía nuclear ha sido protagonista durante los últimos meses. La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña, prevista para 2013, y la más reciente de agilizar la ubicación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos radiactivos, han provocado una riada de declaraciones y acciones de grupos pro y anti nucleares, además de los propios implicados.

Pero, independientemente de quién posee la razón o quién la verdad, si es que razón y verdad se pueden aplicar en este caso, la polémica ha demostrado que no existe un mercado energético en España, sino una política dirigida desde el poder político, con las grandes empresas energéticas españolas como cómplices activos.

Resulta difícil desagregar la energía nuclear del resto de la política energética. Al fin y al cabo, las empresas que, por ejemplo, tienen intereses en las energías alternativas son las mismas que son dueñas y accionistas de los conglomerados que gestionan las centrales nucleares. Por poner algunos ejemplos, Nuclenor, la empresa gestora de la central nuclear Santa María de Garoña y de una participación de la de Trillo, está participada por Endesa e Iberdrola. Ambas empresas también tienen intereses en Vandellós y Ascó, y la última, en Cofrentes.

Además, las dos, en especial Iberdrola, tienen intereses en las energías renovables (ha creado una filial exclusiva para ello). Y esto por sí sólo no tendría que ser un problema en un mercado libre, pero sí en un sistema energético intervenido, donde se priman las energías alternativas y se castigan o se entorpecen al resto. Los modelos de negocio de las empresas se articulan pues en función de intereses políticos, nacionales, comunitarios e internacionales, que son los que marcan las políticas energéticas.

La Ley de del Sector Eléctrico de 1997 suponía en teoría una ligera desregulación del sistema energético español y así es como se vendió por el entonces gobierno español del Partido Popular. Nada más lejos de la realidad, el sistema posee demasiada inercia para que pequeñas liberalizaciones supongan grandes cambios. Es cierto que, hoy por hoy, el consumidor puede elegir un distribuidor, pero en la práctica apenas han cambiado los monopolios regionales que ya existían, fruto del intervencionismo energético. Existe un mercado libre (OMEL), pero el precio regulado es el que se aplica mayoritariamente, una tarifa que cada seis meses estima el Ministerio y que, además, sigue incrementándose pese a la crisis económica.

En cuanto a la energía nuclear, la ley permite la construcción de este tipo de centrales y da por terminada la moratoria nuclear, pero en la práctica se necesita una autorización administrativa y ésta es, en última instancia, decisión del Consejo de Ministros y, en la práctica, del capricho del Presidente de Gobierno. Es en este contexto en el que tenemos que colocar la polémica nuclear en España.

Hoy por hoy, la política energética del Gobierno está basada en directrices claramente intervencionistas: la diversificación de fuentes, la eficiencia energética y el cuidado del medioambiente. En la primera, a través de ayudas públicas, se pretende conseguir un sistema donde todos los tipos de generación estén presentes, independientemente de su coste y eficacia. El segundo concepto es confuso, pues mezcla un menor uso de la energía, promovido desde la iniciativa pública, con una aparente disminución del intervencionismo. El tercero responde a criterios medioambientalistas de los lobbies ecologistas que, más allá de si son o no adecuados, realistas o falsos, suponen un modelo de ingeniería social basado en la primacía de la naturaleza sobre el hombre.

Los productores de energía nuclear, e incluso sus valedores, se mueven mayoritariamente en este ámbito público. Su defensa se centra en el menor daño que hace al medioambiente (pues sólo emite CO2 en el proceso de construcción y desmantelamiento de las instalaciones y sus residuos son mucho más controlables que los de otras energías) y en la estabilidad y la garantía del suministro (hecho que, si bien hoy por hoy es cierto, podría verse alterado por muchos factores geoestratégicos de los países productores).

Nadie se plantea una verdadera liberalización del mercado, sino que la pieza del puzzle encaje mejor en el modelo existente. Nadie se plantea que las diferentes maneras de obtener energía pueden tener perfectamente su nicho de mercado sin que sean excluyentes. Nadie se plantea que mientras se ayudan o castigan desde las políticas públicas las diferentes fuentes energéticas, las tecnologías que podrían solucionar los problemas derivados de su utilización, o que podrían hacer más eficientes ciertos procesos, no se investigan, y se hace rentable y válido algo que, dadas las circunstancias, hoy no lo es. Mientras nada de esto cambie, la energía nuclear sólo será una marioneta más en manos de un poder político cada vez más fuerte y unas empresas cómplices incapaces de labrarse su propio camino.

¿Qué diferencia a Google de Telefónica?

…para proteger la innovación en lo que podrían llamarse los extremos de la red, es decir, aquello que se conecta a ella. Por ejemplo, los servicios y aplicaciones web o herramientas como Skype.

El problema de esta aproximación, que a primera vista suena tan razonable, es que olvida que para poder fomentar esa innovación en los extremos de internet debemos eliminarla en buena medida dentro de la propia red. La imposición de la neutralidad impediría cambiar muchas cosas en las redes de telecomunicaciones: sin duda, muchas de ellas serían negativas para los usuarios, y por tanto terminarían siendo desechadas por éstos mediante el viejo método de votar con los pies y llamar a la puerta de la competencia. Pero algunas podrían ser beneficiosas, e imponiendo la neutralidad impediríamos que pudieran desarrollarse.

Desgraciadamente, muchos no entienden este problema, porque es mucho más sencillo apreciar la innovación en productos finales, como son los sitios web, antes que en bienes más intermedios como puedan ser las redes. De ahí que venga tan bien la denuncia de tres sitios web, uno de ellos propiedad de Microsoft, contra Google por abuso de posición dominante. Lo que quieren es que sea público y transparente el modo en que se ordenan los resultados de las búsquedas en Google ya que éste tiene alrededor del 90% del mercado en Europa, y un pequeño cambio en el algoritmo puede significar para una empresa que dependa de la web perder un porcentaje brutal de sus visitantes.

El razonamiento de quienes proponen lo que han llamado "neutralidad en la búsqueda" es tremendamente familiar. Los buscadores deberían seguir principios imparciales que dependieran solamente de la relevancia, principios que deberían ser públicos. Además, se debería prohibir que pusieran sus propios servicios en posiciones relevantes de las búsquedas, como ha hecho Google con su función "Universal Search", que coloca su servicio de mapas cuando buscas una dirección o su comparador de precios cuando se escribe cualquier producto. ¿La razón? Pues que no estar en los buscadores es casi lo mismo que desaparecer de internet. En la práctica, es casi lo mismo que esa posibilidad con la que nos asustan quienes quieren regular la red, la de que puedan desconectar a sitios web que no paguen un extra a las operadoras.

Si quienes apoyan la neutralidad en la red se creyeran realmente sus argumentos, tendrían que estar también a favor de la neutralidad en la búsqueda. Pero el problema aquí es que resulta mucho más sencillo verle el truco al razonamiento. Si Google dijera públicamente cómo ordena los resultados y no pudiera cambiar esa orden, ni integrar otros servicios suyos, sería un producto mucho menos útil. Miles de creadores de sitios web los modificarían para aparecer los primeros en determinadas búsquedas, que quedarían ahogadas en resultados basura haciéndonos regresar a los días en que encontrar algo en internet resultaba una misión imposible. Encontrar respuesta a nuestras preguntas nos llevaría mucho más tiempo. Y Google (o Bing) carecerían de libertad para mejorar su servicio como han hecho hasta ahora.

Esencialmente, Google y Telefónica son lo mismo: intermediarios entre nosotros y ese vasto océano de información y servicios que es internet. Si se quiere regular a uno, inevitablemente se terminará regulando al otro. Y si no, al tiempo.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

El drama de los cinco millones

España acaba de superar los 4,6 millones de parados, pese a que el Gobierno insista en aplicar el ya habitual maquillaje estadístico con el fin de ocultar la terrible realidad a la opinión pública. Tan sólo en febrero 82.132 personas han perdido su puesto de trabajo, la cifra más alta de la serie histórica tras el récord absoluto de 2009, en un mes tradicionalmente favorable para la creación de empleo.

Sin embargo, el Gobierno insiste en cerrar los ojos al drama que sufren millones de familias. Así, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, reitera, una vez más, que se ha "conseguido frenar" la destrucción de empleo, y ahora esa tendencia "se está desacelerando". Pajín se agarra al aumento de afiliados a la Seguridad Social para lanzar tal afirmación. Efectivamente, el número de ocupados subió en 26.340 personas el pasado mes, frente a la intensa destrucción laboral que tuvo lugar en febrero de 2009.

Pero el dato, nuevamente, es engañoso. En primer lugar, Pajín prefiere ignorar que ese aumento de 26.340 afiliados es tres veces inferior que el del mismo mes de 2008, primer año de la crisis, cuando se crearon casi 83.000 empleos. Además, tal y como acertadamente destaca la patronal de ETTs (Agett), el mercado laboral español ha perdido 232.000 puestos de trabajo en los dos primeros meses de 2010 frente a los 120.000 del mismo periodo de 2008. Es decir, el ritmo de destrucción laboral sigue duplicando al del primer año oficial de crisis, por lo que la situación no se puede calificar en ningún caso de positiva, tal y como afirma irresponsablemente la cúpula socialista. En resumen, España sigue destruyendo empleo y el paro sigue en ascenso.

Por si ello fuera poco, cabe señalar que casi un tercio de los nuevos afiliados registrados en febrero proceden del sector de la construcción. Y es aquí donde entra en juego la tercera pata del engaño colectivo que está propiciando el Gobierno con respecto a las cifras del paro. Y es que Trabajo no sólo aplica el habitual maquillaje estadístico para ocultar las cifras reales de desempleo sino que, además, no contabiliza como parados a los cientos de miles de personas ocupadas artificialmente mediante el uso de dinero público.

El primer Plan E, dotado con 8.000 millones de euros para la realización de obras municipales, ocupó a 428.118 personas en 2009, según datos oficiales. El coste medio de esta medida asciende a unos 18.700 euros por puesto de trabajo creado de forma temporal. De este modo, gracias al dispendio que han propiciado estos inútiles proyectos –desde construir pabellones deportivos a levantar aceras, pistas de patinaje o de pádel–, el Ejecutivo ha logrado ocultar más de 400.000 parados en la construcción, con lo que el número de desempleados real se aproximaría, en la actualidad, a los 5 millones de personas.

El mercado de trabajo está siendo invadido de forma inequívoca por un agresivo cáncer que amenaza ya con convertirse en metástasis incurable de no tomar las medidas de choque que precisa el país. Sin una profunda reforma laboral capaz de liberalizar el mercado esta enfermedad se hará crónica. Es decir, España podría sufrir una tasa de paro próxima al 20% durante varios años. El Gobierno, en lugar de ejercer su responsabilidad, descarta aplicar por el momento las recetas adecuadas. En lugar del papel de médico, los miembros del Ejecutivo son meros curanderos que se aprovechan de las esperanzas de la gente para engañar al paciente con falsas ilusiones de recuperación.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Zapandreu

Incluso se ha llegado a proponer la aprobación de una Ley de Economía Sostenible que pretendía darnos un empujoncito hacia el futuro promoviendo la producción de energía cara e ineficiente.

Ahora, en plena apoteosis de ese pactismo tan propagandístico como inútil, ha llegado el momento de que Salgado repita chuleta en mano todas y cada una de las medidas contenidas en la mentada ley –donde se incluyen algunas partidas tan esenciales para el bienestar de los españoles como la inversión aeroespacial– más dos ocurrencias de última hora: el retorno de la banca pública y de la vivienda de protección oficial como impulsores de la creación de empleo.

Ya se sabe, si algo ha creado empleo en este país ha sido el crédito barato y el ladrillo, por consiguiente, no parece haber motivo para renunciar a ellos. Los problemas menores acaecidos desde entonces –ya saben, esos cuatro millones y medio de parados y esos 120.000 millones extra que nos hemos fundido en 2009– no empañan la bondad del modelo en general: si algo falló entre el año 2000 y el 2007 no fue que nuestra economía estuviera, digamos, algo volcada en dos sectores hipertrofiados y que experimentaban una de las mayores burbujas del orbe entero, sino que esos sectores habían caído en manos de los especuladores.

De ahí que ante un sector bancario en proceso de quebrar, ante una deuda privada que roza el 200% de nuestro PIB y ante un stock de viviendas cercano al millón y medio, a nuestros gobernantes sólo se les ocurra crear más bancos, endeudar más a los españoles y construir más ciudades fantasma por toda la península. Eso sí, todo público. Si la farsa del falso capitalismo que hemos vivido durante las últimas décadas consistía en "privatizar los beneficios y socializar las pérdidas", la revelación que nos ofrece el socialismo moderno para salir del atolladero parece consistir en olvidarnos de esos conceptos tan reaccionarios como beneficios o pérdidas.

Al cabo, los comunistas ya descubrieron en su momento que la Unión Soviética era claramente superior a las economías capitalistas porque no padecía de ciclos económicos periódicos de auge y depresión. Claro, eliminaban las crisis periódicas imponiendo una crisis permanente. Y es que si para algo sirven las recesiones es para revelar que nuestros empresarios se han equivocado, que durante años han llevado a cabo malas inversiones de manera generalizada (impulsados por las falsas señales emitidas por los bancos centrales) y que, si no queremos arramblar con toda la economía y nadar en una abundancia de inmuebles mientras nos faltan zapatos, habrá que rectificar cuanto antes.

El socialismo tiene la virtud de que no necesita cambiar para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos porque son éstos quienes tienen que sobrevivir a los delirios del planificador central. Por el mismo rumbo marcha España: puede que ni necesitemos endeudarnos más ni incrementar nuestro parque de viviendas, pero ¿importa lo más mínimo? ¿Acaso es más importante volver a crear riqueza que poner a trabajar en algo, en los que sea, a 350.000 personas?

Total, si nos olvidamos de esa pequeña molestia de "asignar los recursos escasos a sus usos más valiosos", es decir, si nos olvidamos de la economía, cualquier proyecto deviene igualmente aconsejable. Lo mismo da desarrollar nuevas medicinas o incrementar la disponibilidad de materias primas que erigir colosos en honor a Zapatero o multiplicar la cría de lombrices. Que lo mismo da la energía barata que una placa solar 11 veces más cara, vamos.

Pues sí, la economía sostenible del futuro es la misma economía colapsada del viejo socialismo. Justo lo que necesitábamos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.