Ir al contenido principal

¿Crimen sin castigo?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Aunque se trata de justificar con el argumento de que el sistema judicial debe reconocer los efectos diluyentes del transcurso del tiempo sobre la reclamación de justicia contra los participantes en los delitos, la extinción de la responsabilidad criminal por la prescripción cuenta con pocos partidarios entre el gran público.

Por una elección legislativa, compartida mayoritariamente por una clase de juristas que adoran al Estado, sin embargo, la pasividad en la persecución de los delitos o la paralización de las actuaciones emprendidas, durante unos plazos prefijados en función de la pena prevista para el delito en cuestión, determinan la desaparición del derecho que se ha arrogado el Estado para castigar (ius puniendi) a sus responsables, sin necesidad de tener en cuenta a los afectados directamente por el delito. La regla no admite excepciones para los casos en que las víctimas (elemento esencial que, no obstante, los estados consideran prescindible para configurar los delitos) no comparten la renuncia estatal a castigar los delitos por criterios pragmáticos. A pesar de que el derecho español mantiene la brillante excepcionalidad de que el Estado no goza del monopolio sobre la acción penal, el ejercicio de ésta por parte de las víctimas no matiza la decisión del juez estatal sobre si procede el castigo y, en su caso, la reparación.

Se considera que el mero transcurso del tiempo sin que la maquinaria represiva reaccione justifica el sacrificio de los derechos de las víctimas en aras del mantenimiento de la seguridad jurídica y el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas que, en el ámbito del Derecho Penal, se completa y acentúa en el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la C.E.) y en los principios de orientación a la reeducación y reinserción social que el artículo 25.2º de la C.E. asigna a las penas privativas de libertad.

Centrada la persecución de los delitos en razones de prevención general y especial según las entiende el poder estatal, más que en la reparación del daño y la retribución por medio de la pena a petición de las víctimas del delito, las doctrinas del Tribunal Supremo y el Constitucional coinciden en los fundamentos de la prescripción. (Sentencias de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1995 y 7 de octubre de 1997, así como la S.T.C. 157/1990 de 18 de octubre de 1.990) Sus diferencias, aireadas de modo ostensible en casos muy sonados, se reducen a aspectos sobre el cómputo de los plazos de prescripción y sobre qué actuaciones suponen realmente una interrupción de los mismos.

Aun con todo, estos agravios a las víctimas parten en gran medida de los similares plazos de prescripción plasmados en los Códigos penales de 1973 y 1995. Delitos muy graves como el asesinato (y todos los que superen el umbral de penas superiores a quince años de privación de libertad) prescriben a los veinte años a contar desde su comisión (Art. 131 CP). Se establece, no obstante, que la prescripción se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena (132.2 CP).

Hace escasos días saltó a los medios el caso de una víctima mortal de la ETA asesinada en 1981, cuyos familiares fueron despachados de una sala de vistas de la Audiencia Nacional, donde se juzgaba por otros delitos al principal sospechoso, cuando protestaban por el archivo del asunto con el argumento de la prescripción de ese delito. Sin conocer en profundidad los detalles del caso, el hecho de que la intervención de los esos particulares contribuyera para que el gobierno francés concediera la extradición, y no se entendieran, por tanto, paralizadas las actuaciones hacen más chocante la estimación de la prescripción.

Resulta evidente que la reducción de los plazos de prescripción a términos ridículos supone una opción legislativa más que sospechosa a la vista del historial de los gobernantes. En este sentido el contenido anunciado respecto a la prescripción de delitos por un proyecto de ley de reforma del Código Penal que tramitan actualmente las Cortes no añade nada sustancial, salvo añadir los asesinatos terroristas a la lista de delitos imprescriptibles. Desde mi punto de vista, no obstante, deberían ampliarse significativamente los plazos de prescripción de los delitos con víctima con carácter general, respetando el principio de igualdad de trato ante la ley. Asimismo, llegados determinados umbrales temporales, la intervención de las víctimas debería ser crucial para la persecución de los delitos.

Sin necesidad de reformas legislativas, empero, algunos compromisos internacionales convierten muchos delitos en imprescriptibles. Me refiero a los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Estos últimos pueden suponer la imprescriptibilidad de más casos de los que comúnmente se suponen. En otra ocasión, observando el contenido de varios convenios internacionales suscritos por el Reino de España, aludí a la naturaleza de crímenes contra la humanidad de los asesinatos subyacentes en la masacre del 11-M en Madrid. Algo que debería disuadir a sus numerosos encubridores de persistir en las patrañas que, tarde o temprano, se averiguarán.

Por otro lado, la crítica que aquí se hace al presente estado de cosas no es óbice para reconocer la plausibilidad de la prescripción de los delitos sin víctimas, así como la lista interminable de infracciones que llevan aparejadas sanciones, creadas dentro de la categoría del derecho administrativo sancionador. En este sentido, recuérdese que el crecimiento apabullante del Estado descansa en su intervencionismo, y su derivada híper reguladora, sobre los tributos, el consumo, el urbanismo, el medio ambiente y las relaciones laborales, por nombrar sólo algunas de las materias objeto de la inflación legislativa y reglamentaria.

Al no haber personas directamente lesionadas, cabe esgrimir que razones de seguridad jurídica aconsejan limitar drásticamente el tiempo durante el cual el poder coercitivo del Estado puede ejercitar su potestad sancionadora.

El desprestigio de los economistas

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…al menos en lo que a su vertiente macroeconómica se refiere. Parapetados tras un arsenal matemático con mucho continente y en demasiadas ocasiones poco contenido, nos quisieron convencer de que, gracias a convertir la economía en una ciencia abstracta apartada de la realidad, habían conseguido dotarla de una elevada capacidad predictiva: con pequeños matices, nos decían, existe un consenso científico sobre cuáles son los efectos de la política monetaria, de la política fiscal y de los diversos géneros de regulaciones.

Pero hete aquí que la crisis provocada por la expansión crediticia de la Fed no sólo dinamita los modelos que afirmaban que la política monetaria no tenía efectos reales a largo plazo (¿cómo negar la tozuda realidad de que en España hemos producido más de un millón de pisos que no deberíamos haber construido?) y que podía engendrar estímulos sorpresivos en el corto plazo (¿son las malas inversiones una novedosa forma de riqueza?), sino también el prestigio sobre la capacidad predictiva de la ciencia económica.

¿Alguien anticipó la crisis? Aparte de los economistas austriacos que cuentan con una poderosísima teoría del ciclo económico, hubo algunos economistas ortodoxos que tratando de comprender la realidad al margen de los estrechos modelos neoclásicos, anticiparon algunas dificultades (aunque ninguno de estos últimos previó tantas calamidades como las que más adelante vinieron). Sin embargo, el grueso de la profesión los desdeñó como catastrofistas a los que no había que hacer demasiado caso, lo que ilustra que el consenso estaba edificado en realidad sobre pies de barro.

Lo mismo está sucediendo en estos momentos con el lamentable espectáculo que están realizando algunos de estos "científicos" al discutir sobre la necesidad de un plan de estímulo para la economía. Krugman, por ejemplo, defendía a mediados de 2008 que el Gobierno estadounidense debía aprobar un plan de estímulo de unos 700.000 millones para relanzar la economía; después de que Obama ganara las elecciones y cuando todo hacía prever que iba a sacar adelante semejante paquete, el Premio Nobel (no lo olvidemos) de 2008 modificó su estimación: haría falta gastar el doble, 1,4 billones, para lograr que la economía se recupere. Ya sabrá el lector que entre 0,7 billones y 1,4 no hay mucha diferencia, sobre todo cuando paga el contribuyente.

Por su parte, la presidenta de los asesores económicos de Obama, Christina Romer, asegura que el paquete de estímulo de Obama ha contribuido a crear entre 600.000 y 1,5 millones de puestos de trabajo (cifras asimismo muy precisas) que habría desaparecido en ausencia del plan. Claro que la propia Christina Romer pronosticó en enero de 2009 que si el plan de estímulo se aprobaba, a finales de año Estados Unidos tendría una tasa de paro de algo menos del 8% –lo que suponía crear unos 3,5 millones de puestos de trabajo–, cuando hoy asciende a casi el 10%. Lo gracioso es que la propia Romer preveía que sin "estímulo" la tasa de paro no pasaria del 9%, lo que debería moverla a plantearse si, en efecto, el paquete de estímulo ha tenido efectos negativos.

De hecho, esto último es lo que sostiene ahora el eterno Nobelable Robert Barro: el Gobierno ha incrementado el gasto público en 600.000 millones a un coste de 900.000. Aunque en análisis de Barro me parece mucho más acertado que el de Krugman o Romer, no deja de ser lamentable que los modelos "científicos" que los economistas más prestigiosos del mundo están manejando les permitan obtener resultados diametralmente opuestos dependiendo de las hipótesis que incorporen al mismo. Krugman y Romer asumen, por ejemplo, que el efecto multiplicador del gasto es de 1,5 (es decir, que por cada dólar que el Gobierno gasta, se crean en la economía 1,5 dólares), mientras que Barro presupone que está en 0,6 (de modo que por cada dólar que el Gobierno gasta, se destruyen 0,4 dólares de riqueza en la economía).

La causa de que todos estos modelos sean tan discrecionales ya la apuntó Arnold Kling hace unos días: "Las condiciones bajo las cuales las técnicas estadísticas son científicamente válidas no se satisfacen con los datos macroeconómicos. No hay razón para tomar los resultados de un modelo como otra cosa que las opiniones de quien ha creado el modelo".

Pero señores, esto no es ciencia. Es una farsa destinada a "crear la ilusión de que el Gobierno puede ejercer un control preciso sobre el PIB y el empleo". Un modo elegante de someternos a todos a sus prejuicios e ideología. La ortodoxia económica entierra el realismo en nombre de la capacidad predictiva y al final obtenemos modelos irreales y predicciones a gusto del político de turno. Tal vez si los economistas concentraran más en comprender lo que sucede que en tratar de influir en qué ha de suceder, sus teorías serían más consistentes y útiles. Pero entonces muchos de ellos perderían su aura de gurús, arquitectos, maestros, salvadores y mesías para pasar a convertirse en simples observadores grises y aburridos de la realidad. Un coste demasiado elevado para obtener resultados tan pobres como dejar de estimular los ciclos económicos y no endeudar más a nuestros bisnietos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

El ‘impuestazo’

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El sistema de la Seguridad Social –la caja única que abona las prestaciones de los jubilados presentes con el dinero de los trabajadores presentes– es un modelo de reparto o redistribución condenado a la miseria y quiebra más absoluta por una cuestión de mera aritmética poblacional. Simplemente, es insostenible, ya que el número de jubilados futuros será muy superior al de afiliados futuros. La escasa natalidad y el progresivo envejecimiento de la población causará, más temprano que tarde, un déficit estructural en la hucha de las pensiones.

Es decir, números rojos o, dicho de otro modo, lo que pagan los contribuyentes no alcanzará para mantener el actual nivel de prestaciones. Esto es un hecho, reconocido ahora por el Gobierno, pero avalado desde hace años por la mayoría de economistas y organismos internacionales. De hecho, todos los países con un sistema de reparto similar al español sufren la misma dolencia: la insostenibilidad de las pensiones públicas. Así pues, no es de extrañar que los gobiernos vecinos, desde Francia a Italia, pasando por Alemania o Reino Unido, entre otros, hayan planteado reformas similares.

Tan sólo hay dos opciones para mantener el actual modelo de reparto. En primer lugar, tal y como ha planteado el Gobierno, retrasar la edad de jubilación y ampliar el período de cálculo para recortar la cuantía a percibir. En resumen, trabajar más y cobrar menos.

Claro que también existe una segunda opción, si cabe mucho pero que la anterior. Y ésta es, precisamente, la salida que buscan los sindicatos. Aumentar los impuestos para financiar las pensiones. De este modo, una porción del coste se financiaría mediante los Presupuestos Generales del Estado.

Así, el sistema ya no sólo se sufragaría con las cotizaciones que pagan empresarios y autónomos (un impuesto sobre el trabajo) sino que, además, precisaría de nuevos y crecientes recursos públicos para mantener el actual modelo más o menos a salvo. Es decir, o bien los contribuyentes pagan muchos más impuestos o bien la Administración Pública redirige partidas presupuestarias enteras a pagar pensiones (algo que no va a suceder). De este modo, el rechazo al denominado "pensionazo" bien podría acabar con algo mucho peor, la aplicación de un "impuestazo" destinado a vaciar, aún más, el bolsillo de los contribuyentes.

El debate está mal planteado en origen. La pregunta clave no es "sí" o "no" a la reforma que plantea el Gobierno sino la valentía o no de apostar por una cambio de modelo, pasando de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual en el que cada trabajador pueda disfrutar en el futuro de los ahorros acumulados a lo largo de su vida laboral.

En lugar de rechazar la reforma, lo importante es abrir un debate serio sobre la posibilidad de iniciar una "transición sensata hacia el sistema de capitalización personalizada de las aportaciones de cada trabajador, con un fondo de solidaridad intrageneracional (y no intergeneracional) que cotice por quienes no puedan", tal y como plantea la Asociación para la Reforma de las Pensiones.

Un sistema de estas características no sólo garantizaría la sostenibilidad del sistema sino que, además, permitiría a los trabajadores de hoy jubilarse con una pensión digna, cuya cuantía media se situaría en 3.500 euros al mes. No apostar por este modelo condenará, sin remedio, a la miseria a los contribuyentes y jubilados del futuro.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

La amplitud de la libertad

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La libertad individual, como fundamento de la dignidad humana, no resulta posible en todo orden social sin atender a variables como Política, Poder, Derecho y Moral. Únicamente cierta combinación de dichas variables contribuye a la formación de sociedades donde sus miembros gozan de semejante reconocimiento personal.

La consideración máxima e individualista del ser humano existe cuando queda incorporada dentro de procesos amplios (en términos relativos), cuya extensión no resulta dimensionable a priori, aun cuando podamos distinguir un límite crítico a partir del cual puedan identificarse rasgos concluyentes.

1. En cuanto a las reglas de mera conducta, queriendo representar con este término tanto las reglas jurídicas, de por sí irresistibles, como las reglas de cumplimiento voluntario, de tipo moral, analizando su contenido aprehensible en ambos casos cabe concluir características que propician una ordenación eficiente de la conducta. La autonomía de la voluntad no se concibe dentro del grupo atávico y reducido, como tampoco fuera de la familia, hasta un momento muy reciente de nuestra historia.

El imperio de las reglas es mucho más severo y efectivo que el imperio del poder político arbitrario. Un orden de reglas intensamente interiorizado por los individuos, automatiza la conducta de forma poco flexible (la burla moral se refiere a un contenido mínimo y superficial). El fraude de reglas consolidadas (por la mera articulación de su contenido superficial) representa, dentro del grupo humano primitivo, un crimen capital en contra de toda la comunidad.

Este carácter estático del pequeño clan quebrará hasta quedar hecho añicos al mismo ritmo que los individuos de dicho grupo comiencen a reconocer al extraño (miembro de otra tribu o familia) y procedan a tratar e intercambiar con él. Los contenidos normativos se adaptan en clave de confianza y apertura, provocando cambios en dos direcciones: la regularidad permite definir reglas que, una vez especificadas (advertidas o no de manera consciente), producen nuevas regularidades (la fuerza centrífuga del Derecho y la moral, que diría S. Cotta). La permeabilidad del orden de reglas y su dinamismo serán el fundamento del éxito social de cada tribu, siempre necesitada del contacto con extraños próximos o lejanos.

La amplitud es evidente cuando un individuo, así considerado, establece vínculos comerciales, morales o políticos, con quien, hasta entonces, fuera un perfecto desconocido (un extraño). Desde ese mismo momento, nacerán entre ambos sujetos nuevas regularidades de conducta que ampliarán la perspectiva cognitiva de cada uno de ellos, relajando reticencias, disolviendo prejuicios y, por fin, favoreciendo futuros intercambios, todo ello consecuencia directa de una renovada y potente curiosidad.

En estas situaciones, los contenidos normativos se adaptan a una mayor velocidad, simplificando normas y principios, posibilitando el entendimiento entre esquemas morales aparentemente divergentes. El Derecho y la moral de una Sociedad abierta o extensa quedan circunscritos a un reducido núcleo fundamental de mecanismos de resolución de conflictos y salvaguardia de valores, depurado competitivamente y capaz de albergar singularidades no excluyentes.

2. En cuanto al poder y la política, el sometimiento progresivo a ámbitos de jurisdicción, consenso social y compromiso político mucho más amplios (que, en ningún caso, implica la centralización del poder, sino todo lo contrario, como veremos a continuación) ubicará al individuo en una posición de fortaleza frente a las pretensiones de dominación de otros individuos, alejando las tinieblas del enfrentamiento entre pequeños grupos y el consecuente aislamiento de su miembros.

El Estado, como señorío que da forma al poder absoluto organizado, procura la atomización social, rompiendo vínculos que le son ajenos, y absorbiendo instancias de poder que pudieran representar un freno a su inseparable carácter totalitario. El Estado nace en una época donde el individualismo florece, convirtiéndose en un conveniente, pero letal aliado, en la misión de romper las cadenas de un orden social parcelado.

Sólo la amplitud del poder (dispersión del poder, en realidad) permite al individuo mantener su resistencia contra el absolutismo estatista (concentración del poder), nacido de la espontánea atomización social (distinta de la atomización promovida deliberadamente por el Estado). La figura del contrapoder es más fuerte en órdenes de cierta amplitud, donde el Estado no sea capaz de seducir a todos e integrarlos en su maquinaria de dominación (federaciones de poderes locales o sistemas forales). La falta de dispersión de instancias de poder sobre las que se ejerce dominio tiende a concentrarlo y tramarlo dentro de una estructura única y excluyente (resultando más sencillo cuanto menor sea la población gobernada, aunque dependa de otros condicionantes culturales e históricos que impiden generalizar del todo la regla).

El poder político efectivo rebosa su cómoda esfera de control en la medida que los individuos, con antelación, extiendan sus vínculos y derriben viejas barreras morales, jurídicas y comerciales existentes entre culturas y pueblos. La discusión política supera fronteras forzando dos tipos de salida: la expansión (con concentración, cuando es violenta; sin concentración, cuando es acordada o progresiva), o la contracción del poder. La historia nos proporciona ejemplos de ambos escenarios, siendo ahora el tiempo del compromiso interestatal, como germen de un poder más extenso (en cuyo seno pugnan las posiciones, favorables unas a la concentración y el centralismo, defensoras otras de la dispersión –con forma federal, por ejemplo-).

El Poder (en el sentido amplio del término: poder personal, jurídico y/o político), mantiene una actitud bipolar en su relación con la libertad individual: la conserva y la destruye al mismo tiempo. Si bien, un poder amplio, extenso y disperso (plural), será, en todo caso, más débil y manejable por los individuos y sus asociaciones voluntarias. El liberalismo debe saber combinar la descentralización del poder con la extensión de los ámbitos de entendimiento, ampliando de este modo el orbe del consenso social y los valores que le dan sentido. Foralismo integrado, por así decirlo, o proximidad del magistrado (servidor público) al ciudadano, unido al límite de integración de cada facultad dependiente del poder político o jurisdiccional, que impide por sí misma, en términos de eficiencia, una distancia excesiva entre el problema y el encargado de resolver o administrar dicho problema (siendo la única vía abierta para la progresiva liberalización de ámbitos considerados artificialmente comunes).

El estudio científico de las reglas de mera conducta y del Poder (personal, político y jurisdiccional), nos permite afirmar que la amplitud (tal y como aquí se ha conceptualizado), resulta un condicionante básico de la libertad individual y la formación de órdenes sociales abiertos y extensos. Cuanto más intensa sea la interiorización de contenidos normativos estrictos, y más tramada y absorbente la integración del Poder (hasta llegar al absolutismo estatista), más pobre y débil será la manifestación individualista.

La libertad individual resiste y avanza en escenarios donde se produce, al mismo tiempo, una dispersión del poder, dentro de formaciones espontáneas más amplias (integración horizontal, confederalismo o federalismo suave), y un proceso dinámico de evolución del orden de reglas de mera conducta, vertebrado únicamente por unos principios fundamentales de la moral y el Derecho, articulables (en términos suficientes pero reducidos) en la comprensión abstracta de los contenidos normativos básicos, eficientes y coincidentes, de naturaleza histórica y evolutiva.

“La Libertad depende de la división del poder. La democracia tiende a la unidad del poder. Para mantener separados los agentes es necesario dividir las fuentes; es decir: hay que mantener, o crear, organismos administrativos separados. Para aumentar la democracia, un federalismo limitado es la única restricción posible a la concentración y el centralismo” (Lord Acton, Carta a Mary Gladstone, 20 de febrero de 1882).

El capitalismo vuelve a ser popular

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Su presidencia será recordada por muchos aspectos, no todos buenos. Uno de los mejores es el de “capitalismo popular”. Se lanzó un ambicioso programa de privatizaciones; tan exitoso que esa palabra, “privatización”, que estaba condenada por los medios de comunicación, adquirió un prestigio enorme que llegó, pásmense, a la España de Felipe González.

La novedad viene de que aquel gobierno quiso que el ciudadano medio participara en las compras de las empresas públicas. Se distribuyó la riqueza y se creó un vínculo, uno más, entre los trabajadores y el capitalismo, que lo era también entre los votantes y el Partido Conservador. Lo mismo se intentó en España siglo y medio antes, con las desamortizaciones.

Aquel capitalismo popular se agotó, quizás porque consideraron que no había mucho más que vender. Yo dejaría al Gobierno en una habitación de un hotel con casino y poco más. Lo del casino es para que se entretengan jugando y perdiendo su dinero y no el nuestro. Quizá faltó ambición, pero lo cierto es que aquel programa de privatizaciones se detuvo. En algún momento tenía que hacerlo.

Estas cuitas se olvidaron hasta que Gordon Brown, un apellido hecho primer ministro, nacionalizó Northern Rock, un caso con el que descubrimos que el socialismo era esto: dejar en manos privadas los beneficios y socializar las pérdidas. David Cameron, líder de los tories, dijo al terminar enero que él quería “un capitalismo verdaderamente popular” en el que “se recapitalice a los pobres, en lugar de a los bancos”.

¿Cómo? Lo explica el ministro de economía en la sombra, George Osborne: “Los banqueros ya tienen su prima, así que nosotros queremos que los ciudadanos tengan también la suya como retribución por el dinero (más de un billón de euros) que pusieron en el rescate bancario”. Lo que harán es ofrecer acciones de los bancos nacionalizados, con descuentos. El capitalismo vuelve a ser popular.

Antisemitismo chavista

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los objetivos principales de la calculada (por falsa) espontaneidad del presidente venezolano era el histórico edificio La Francia, que albergaba una gran cantidad de comercios de oro y joyería. Lo que no resulta tan conocido es que el 60 por ciento de los pequeños empresarios afectados por la “bolivariana” arbitrariedad chavista eran judíos. No se trata de una coincidencia. Al contrario, es una buena muestra de un antisemitismo cada vez más evidente en el líder del socialismo del siglo XXI.

Al día siguiente de que Chávez ordenara en televisión la expropiación, grupos de seguidores del presidente fueron a hostigar a los comerciantes que recogían sus cosas. Los gritos que tuvieron que oír aquellos que perdían su forma de vida no dejaban lugar a dudas. “¡Fuera, judíos, váyanse a su casa!”, clamaban los sectarios bolivarianos a las víctimas del expolio gubernamental.

En el programa televisivo de agitación y adoctrinamiento La Hojilla, el presentador (un barbudo que al hablar parece un doble de Chávez) justificó la expropiación con el argumento de que en el edificio “sólo hay judíos que venden oro”.

La expropiación, que en rigor iba dirigida contra la universidad propietaria del edificio (no controlada por el Gobierno), evidenció una judeofobia chavista que responde a los esquemas clásicos del viejo odio contra los hebreos.

Dos mitos se repitieron esos días: los judíos como personas que comercian con oro y los judíos como extranjeros. Nada sorprendente. Basta con observar de quién gusta rodearse Hugo Chávez para comprender que el antisemitismo tiene su lugar en su peculiar y totalitaria visión del mundo.

Al margen de su nefasta alianza con Ahmadineyad, Chávez ha nombrado vicepresidente a Elías Jaua, uno de los personajes más siniestros del régimen venezolano. A sus vínculos con los terroristas de ETA y las FARC, hay que sumar sus antiguos contactos con los golpistas “carapintadas” argentinos, según denuncia el Centro Wiesenthal. Entre estos últimos, el odio a los judíos era algo público y notorio.

El mandatario venezolano tuvo entre sus primeros colaboradores a un oscuro personaje argentino, el ya fallecido Norberto Ceresole. Ceresole era un furibundo ensayista antisemita que negaba el Holocausto y cuya obra es admirada por los neonazis.

El odio a los judíos y el rechazo a la libertad suelen ir unidos. El chavismo es un buen ejemplo de ello

La vieja derecha

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Miro con interés y fruición (y sí, un poco de envidia) los movimientos que se producen en la derecha de aquel país, dos veces vencida, primero por un presidente republicano y ahora por uno demócrata. La crisis de aquel movimiento se está resolviendo con una renovación de carácter espontáneo y popular.

Cada renovación parece abocada a mirar a los orígenes, sólo que aquel país tiene la suerte de tener unos comienzos fechados en el tiempo, todavía no lejanos. En estas circunstancias, lo nuevo es una vuelta a lo viejo, pero lo viejo es revolucionario y liberal. Alberto Acereda, que es guía segura en este terreno, ha señalado la importancia de la Declaración de Mount Vernon, el sitio del palacio de George Washington. El Tea Party es, desde el nombre hasta la realidad heterogénea del movimiento, una vuelta al pasado.

Pero hay un elemento que parece haberse perdido, aunque nunca del todo, y que sería bueno que se recuperara allí y también aquí: la vieja derecha. No quiero saber la cueva llena de bestias pardas que tendrá en mente el progrespañol, con más imaginación que conocimiento, cuando oiga hablar de la vieja derecha estadounidense, pero es esencialmente liberal, desconfía profundamente del Estado y se atiene a la política exterior tradicional de aquel país que, contra lo que ahora pudiera parecer, pasa por no meterse en asuntos que vayan más allá de las propias fronteras.

Si hay un nuevo conservadurismo es porque hubo uno viejo, que no transigió con el New Deal ni con sus sucesores, y que temía que un Estado policía del mundo acabase devorando las libertades y la hacienda de los propios estadounidenses, como de hecho ha ocurrido. Era nacionalista, pero identificaba de veras la nación con el pueblo, y la oponía al Estado. Por tanto, esa vieja derecha era, y es, contraria al imperialismo. Quizá debiera hacer un esfuerzo por conciliar sus viejos valores con la realidad de hoy, que no se parece en nada a la que precedió a la I Guerra Mundial, pero sigue siendo de mucho valor. Y no sólo para aquel país, sino también para nosotros mismos.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana

El alfarero y el jardinero: dos enfoques contrapuestos

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

En ocasiones anteriores he tratado acerca de distintas "mentalidades" o concepciones del orden social. Éstas, sobre todo una de ellas, están muy presentes en los debates más importantes de las ciencias sociales, y en la economía en particular. A la hora de encarar un mismo problema, estas dos visiones contrapuestas suelen chocar.

El pensador –mucho más que economista- Friedrich Hayek expresó con absoluta claridad y brillantez ambas posturas en su conferencia de aceptación del Premio Nobel de 1974, titulada “La pretensión del conocimiento”. El título, precisamente, describe una de estas posturas: la característica primordial del planificador o ingeniero social, de la que algunos modelos y enfoques teórico-económicos son partícipes, consciente o inconscientemente.

Esto último fue incidentalmente reflejado en el debate sobre la viabilidad o imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, que tuvo lugar entre los años 20 y 30 entre economistas austriacos (Mises y Hayek) y otros favorables al llamado “socialismo de mercado” (Lange), quienes hacían uso de modelos neoclásicos de equilibrio general.

Frente a esta perspectiva, tenemos a los teóricos que analizan la sociedad como un orden complejo y en continuo cambio, formado por innumerables piezas, complejas a su vez. Por ello, y dado que el ser humano está lejos de la omnisciencia –y más aún de la perfección-, nadie puede acumular el conocimiento y la información necesarias acerca de ese orden como para que pueda funcionar con éxito. En esto tiene especial protagonismo el problema de la coordinación, una de las cuestiones más relevantes en economía.

Ambas mentalidades las describió Hayek muy gráficamente en su discurso del Nobel, estableciendo dos figuras: el alfarero (artesano en palabras del austriaco) y el jardinero. Mientras que el primero, disponiendo de unos determinados materiales, se afana en darles la forma que él establece con mucho cuidado y precisión, el segundo simplemente se encarga de proporcionar a las plantas un entorno favorable para su propio crecimiento. Hayek advirtió contra el uso del conocimiento social como alfarero, dado que esto podría producir más daño que bien en el orden social, independientemente de las intenciones.

Estos enfoques no son meramente ideas abstractas sin consecuencias prácticas, sino que suelen impregnar las opiniones e ideas en ciertos temas.

Pensemos por ejemplo en la cuestión de la innovación. Se suele decir que nuestro país anda muy escaso en innovación e investigación: las empresas españolas innovan poco, el gobierno dedica pocos recursos a I+D+i, la investigación no está bien considerada, etc. etc. La respuesta del alfarero a este problema consistiría en dedicar más recursos públicos a esta rúbrica, creando parques de innovación por iniciativa de los gobiernos, que participarían con capital público, etc.

Por el otro lado, el jardinero estaría más preocupado en establecer de manera adecuada el marco institucional, en este caso el referido a los incentivos y obstáculos que existen en el entramado social, económico, legal y político para la innovación: cuestiones de derechos de propiedad intelectual (¿favorecen o perjudican la innovación?), de regulaciones estatales que imponen excesivos e innecesarios costes burocráticos, del nivel de impuestos sobre las actividades empresariales, del sistema educativo, etc. Una vez se proporciona un ambiente favorable, el jardinero esperará que surjan los frutos, más tarde o más temprano.

Otras cuestiones en las que se podrían reflejar estas dos perspectivas son los problemas relacionados con el mercado laboral –si bien no existe un mercado laboral homogéneo- o el desarrollo económico, entre muchas otras. El alfarero usará sus herramientas para tomar medidas con el objetivo de “moldear” la parcela de la sociedad –incentivar fiscalmente a quienes creen empleo, utilizar la vía de la planificación para industrializarse a marchas forzadas.

El jardinero, sin embargo, consciente de las enseñanzas de Hayek, preferirá conformarse con poner las condiciones institucionales –donde, por ejemplo, el sistema legal sería clave- que permitan a los individuos, siguiendo su propio interés, utilizar su particular conocimiento y capacidades para los fines que ellos consideren más oportunos y urgentes.

El jardinero vería con mucha cautela las aparentes buenas intenciones del alfarero, quien ve la sociedad como una masa homogénea y maleable, y que antepone la colectividad a la individualidad.

Salvar la economía puede ser perjudicial

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Artículos en prensa.

El rampante incremento del intervencionismo de los diferentes gobiernos sobre la economía con la excusa de salvar el sistema financiero de su colapso y evitar el fin del mundo, podría tener consecuencias permanentes sobre la estructura económica de las naciones desarrolladas, en especial de los sistemas financieros y bancarios.

Así lo piensa el profesor de economía y estudioso del sector público y el Gobierno, Randall Holcombe. En su artículo Transformando América: Los programas de estímulo Bush-Obama, argumenta que las medidas aplicadas como respuesta a la crisis van a "transformar (negativa y) permanentemente a la economía americana". Para Holcombe, estas medidas son: la política expansiva y no convencional de la Reserva Federal –compras masivas de deuda pública y de activos del sector bancario de dudosa calidad–, el Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP, Troubled Asset Relief Program), el plan de estímulo de gasto público de Obama y los rescates de compañías financieras y automovilísticas.

Y esto a pesar de las declaraciones de algunas de las principales autoridades económicas –como la del (sospechoso y nada transparente) secretario del Tesoro norteamericano Timothy Geithner– que han insistido una y otra vez en que estas intervenciones eran meramente temporales y de emergencia. Incluso hay quienes, como el ex presidente George W. Bush, se arrogaron el papel de salvadores del sistema de libre mercado: "Con el fin de asegurar que la economía no se desplome, he abandonado los principios del libre mercado para salvar el sistema de libre mercado", declaraba el 16 de diciembre de 2008. Una idea muy similar a la sostenida por quienes piensan que J. M. Keynes en los años 30 trataba de salvar al capitalismo de libre mercado de sus propias e inherentes inestabilidades mediante la aplicación de políticas intervencionistas de gasto público y estímulo monetario.

Lo más probable es, sin embargo, que estas políticas, programas, agencias, y empleos públicos perduren, en una clara manifestación del Efecto Trinquete. Pero nadie podrá decir que no ha existido una frenética actividad en los últimos tiempos.

Desgraciadamente, esta actividad no ha sido económica –en forma de generación de empleos productivos o apertura de nuevas empresas– sino principalmente política y burocrática. Las autoridades políticas y monetarias han tenido que hacer horas extras para tratar de averiguar cómo resolver los graves problemas que asolan a las economías avanzadas. Aunque, parafraseando al inversor Jim Rogers antes de las cumbres del G20, igual habría sido mejor que en lugar de trabajar tanto, se hubieran tomado un par de años sabáticos.

Una de las maravillosas consecuencias de este intenso trabajo de los políticos es el brutal incremento del déficit público de los países desarrollados (si bien parte de esto se debe a los llamados "estabilizadores automáticos"). Las implicaciones de seguir por este camino y empecinarse en no hacer los deberes (dolorosos, sí, pero, ¿a quién le gusta hacer los deberes?) podrían llegar a ser tenebrosas. Como los malos alumnos, el Gobierno español está retrasando hasta el último día las tareas pendientes, y puede que cuando llegue el día del examen ya sea demasiado tarde, o se tenga que hacer todo a la fuerza, tarde y mal.

A medida que avanza el tiempo, organismos oficiales como el Banco Central Europeo –raramente dado a aceptar escenarios extremadamente pesimistas, y con la prudencia y corrección diplomática que lo caracteriza–, o reputados analistas, como Roubini Global Economics, van alertando de las negativas consecuencias de los aumentos desorbitados de la deuda pública, hablando incluso de degradaciones de la calidad de la deuda soberana y expulsión de países miembros de la zona euro. Un escenario que ya se rumoreaba hace más de un año.

La cruda realidad de la crisis financiera está empezando a asomar la cabeza en las finanzas de los mismos gobiernos, a pesar de lo que podría parecer tras el auge de empleos y remuneraciones que vive parte del sector público. Quienes parecían ser inmunes, y no necesitaban ajustarse para nada el cinturón –más bien, todo lo contrario–, están recibiendo ahora numerosos jarros de agua fría.

Lo cierto es que los efectos distorsionadores del ciclo económico, generado por las abultadas expansiones crediticias lideradas por los bancos centrales, también afectan a los gobiernos y sector público, induciéndoles a graves errores de previsión en sus presupuestos, cuya adecuación y sostenibilidad depende de la continuidad de la burbuja del crédito, algo a todas luces imposible.

Así, si en la etapa de auge –por ejemplo, durante la burbuja inmobiliaria– ayuntamientos y Estados ven llegar dinero a espuertas, gracias a la mayor recaudación debida al incremento de la actividad –entre otros, se disparan las transacciones inmobiliarias y en consecuencia la recaudación por impuestos sobre bienes inmuebles–, en la etapa de recesión los ingresos se hunden y crecen las dificultades.

Pero aquí el sector público tiene un as en la manga: su naturaleza coercitiva le permite burlar la disciplina que el mercado sí impone a las empresas privadas. De esta manera, en vez de que los gestores de lo público paguen por sus errores, tienen la fantástica alternativa de recurrir al siempre dispuesto y generoso contribuyente mediante el endeudamiento público o las subidas de impuestos.

No obstante, esto tiene un límite, como ha puesto de manifiesto la reciente situación de, entre otras zonas, el estado de California. Este límite es la capacidad de aguante de la gente ante futuras subidas de impuestos y de los exigentes inversores para financiar la creciente deuda pública.

Y en este límite es en el que se están moviendo algunos países, dentro de los cuales –sin necesidad de recurrir a un grado exacerbado de sentimiento antipatriota– me temo que se encuentra España.

Ángel Martín Oro escribe regularmente en su blog.

Deslindando la liquidez de la negociabilidad

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

En mi anterior artículo, me dediqué a constatar que el criterio de qué bienes o activos son líquidos fue desvirtuándose con el paso del tiempo hasta volverse equivalente al de cuáles son negociables. Este error de base ha contribuido a la masiva degradación de la liquidez de los agentes económicos que ha tenido lugar en los últimos 50 años, pues muchos de ellos han creído que bastaba con rellenar su activo circulante de activos a largo plazo que fuesen fácilmente vendibles.

Lo cierto es que la confusión, en la inmensa mayoría de los casos, tiene poco de malintencionada y es más bien fruto de la complejidad intrínseca del concepto de liquidez que, además, se ha visto agravada por su infradesarrollo teórico dentro de todas las escuelas económicas, incluida -por desgracia- la austriaca.

Pues bien, para empezar a desentrañar el asunto hay que perfilar el concepto de liquidez. Como sabemos, todo bien económico es más o menos útil que otro en función de los fines que subjetivamente permita lograr a un agente o conjunto de agentes (sociedad); además, conforme incrementamos las unidades de ese bien, dado que va sirviendo para satisfacer fines progresivamente menos importantes, su utilidad va decreciendo (es lo que se conoce como ley de la utilidad marginal decreciente).

Ahora bien, la utilidad de todos los bienes no decrecerá al mismo ritmo, ya que algunos de ellos servirán para satisfacer un conjunto de fines que serán más valiosos que los de otros bienes. Como suele decir José Ignacio del Castillo, la utilidad marginal del bien económico "libro de sánscrito" se derrumba mucho más rápidamente que la de otros bienes económicos que sirven para satisfacer muchos más fines a muchos más individuos (por ejemplo la vestimenta, la comida…). Simplemente, a poco que incrementemos la cantidad de libros de sánscrito, los fines marginales que se van habilitando son mucho menos importantes que los anteriores, por lo que pequeñas variaciones en su cantidad disponible darán lugar a sufrir grandes oscilaciones en su valor.

Esto es precisamente la liquidez: la estabilidad que exhibe la utilidad marginal de un bien ante cambios en su cantidad. Los bienes más líquidos tendrán una utilidad marginal más estable que los bienes menos líquidos, pues prácticamente cualquier cantidad de ellos permitirá satisfacer fines que siguen siendo muy relevantes. O, como dice Fekete, la utilidad de los bienes más líquidos parece ser, a efectos prácticos, constante.

Obviamente, una utilidad marginal que decrece muy lentamente se manifiesta en el mercado en forma de un bid/asked spread que tampoco se incrementa sustancialmente con las variaciones en la cantidad que se quiere comprar o se quiere vender. Los vendedores pueden vender casi cualquier cantidad a un precio ofrecido (bid price) casi constante porque siempre hay consumidores dispuestos a pagarlo y los compradores pueden comprar cualquier cantidad a un precio pedido (asked price) casi constante porque a poco que incrementen sus pujas, éstas superarán la utilidad que para multitud de individuos tienen los bienes líquidos, aumentando notablemente su oferta.

Fue esta estabilidad en el bid/asked spread la que observó Menger cuando sentenció que: "Cuanto menor sea el margen, es decir, la diferencia entre el precio pedido y el precio ofrecido de una mercancía, mayor tiende a ser su grado de comercialización. (…) [Denominamos a los] artículos [como] más o menos líquidos de acuerdo con la mayor o menor facilidad con que se los puede vender en un mercado en el momento conveniente".

Sin embargo, tal y como apuntaba en mi anterior artículo, muchos bienes o activos también muestran un diferencial de precios más o menos constante gracias a la continua actuación de los market makers en los mercados secundarios. Es más, prácticamente todo bien puede durante un tiempo mantener más o menos estables sus spreads si se destina a ello el suficiente capital.

El problema, claro, es que entonces la inclusión de bienes líquidos en los saldos de tesorería de los agentes no les garantizaría que pudieran adaptarse inmediatamente a los cambios externos -que es, precisamente, para lo que sirve la tesorería-, sino que esa capacidad dependería del precio que pudieran negociar con dificultad por ellos en el mercado. Este problema se agrava si tenemos en cuenta, además, que la demanda y oferta de ciertos activos por parte de los markets makers depende en buena medida de las disponibilidades de crédito, lo que provoca que numerosos activos sean aparentemente muy líquidos (en realidad muy negociables) cuando el crédito está creciendo y muy poco líquidos cuando éste se contrae (justo el momento en que más necesarios se vuelven los activos líquidos).

La diferencia entre liquidez y negociabilidad, si bien en apariencia difusa, sí puede precisarse y acotarse. Fijémonos en que si la liquidez se refiere a una utilidad marginal que desciende muy lentamente porque satisface fines muy importantes, los bienes líquidos sólo podrán ser aquellos que sirvan para satisfacer por sí mismos las necesidades de los individuos, esto es, bienes de consumo cuya utilidad marginal sea muy estable.

Por el contrario, los bienes o activos negociables son aquellos cuya demanda última se basa en que permiten lograr -o en que dan derecho a- bienes de consumo futuros (bienes de orden superior) que, por tanto, no satisfacen directamente las necesidades de ningún individuo. Los agentes económicos los adquieren o para obtener esos bienes de consumo futuros o con la expectativa de enajenarlos a otros individuos que los demandan, con la finalidad, a su vez, de apropiarse de los bienes de consumo futuro.

En otras palabras, la demanda original de los bienes líquidos debe proceder del gasto en consumo, mientras que la demanda de los bienes negociables siempre provendrá del ahorro. Son los market makers quienes, gracias a su enorme capital, tienen la capacidad suficiente para absorber, de manera temporal, grandes cantidades de cualquier bien con las que construir unos inventarios que poco a poco van enajenando a otros agentes. Que el bien sea líquido o no dependerá, pues, de si esos otros agentes son consumidores que demandan esos bienes para el uso final o si, en cambio, son capitalistas que quieren inmovilizar su capital en ellos para posponer su consumo.

Al fin y al cabo, la demanda del market maker se secará tan pronto como prevea que no hallará salida para sus inventarios y esa previsión dependerá de sus expectativas respecto a las demandas de los capitalistas, que pueden ser muy fluctuantes según su posición de liquidez o sus perspectivas sobre la rentabilidad del activo. O dicho de otra manera, en una economía sin ahorro, sin crédito o sin market makers, no habría bienes negociables, pero sí habría bienes líquidos.

Es la amplitud del gasto en consumo lo que determina la intensidad y la variedad de bienes líquidos (lo que Adam Smith y Fekete llaman capital circulante social), mientras que es el ahorro destinado a construir y conservar los inventarios de los market makers el que determina la intensidad y la variedad de bienes negociables.

Los agentes (y especialmente los bancos), por tanto, no deberían conformar sus saldos de tesorería con bienes o activos cuya vendibilidad dependa de la propensión a invertir de los individuos -de aquella parte de su renta que quieran conservar a lo largo del tiempo- sino de su propensión a consumir. Por eso las viviendas, cuya demanda a día de hoy depende casi en su totalidad de que otros nos presten sus ahorros en forma de crédito, no son un activo líquido y la porción de los bienes de consumo más urgentemente demandada sí lo es.

En general, y para concluir, ningún bien o activo que deba adquirirse a crédito (o cuyo repago dependa de la disponibilidad de crédito) o que proporcione rentabilidad a lo largo de un período prolongado de tiempo podrá aspirar a ser líquido (sólo negociable) y no debería colocarse en la tesorería de los agentes económicos. En caso contrario, cuando los agentes incrementen su atesoramiento y recorten su gasto en inversión, el valor de estos bienes o activos negociables se desplomará y el propósito que los agentes buscaban con ellos -conservar su valor en cualquier circunstancia y para cualquier cantidad enajenada o adquirida- se verá frustrado. No pocos bancos se han descapitalizado durante esta crisis porque se vieron forzados a liquidar con grandes descuentos aquellos bienes y activos a largo plazo que pensaban que siempre podrían endosar a otros bancos por su importe nominal.