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“Mercado medioambiental” frente a “Economía Sostenible”

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado en Consejo de Ministros el 27 de noviembre de 2009, constituye un auténtico cajón de sastre, ya que combina toda una amplia gama de medidas, no sólo medioambientales, sino también fiscales, económicas, educativas, reguladoras y administrativas. El único denominador común es la impronta del intervencionismo público, de una u otra forma.

Se trata, en esencia, de una particular estrategia gubernamental para cambiar el modelo productivo en un horizonte de diez años. El programa está dotado inicialmente con un fondo de 20.000 millones de euros, financiado a partes iguales por el Instituto de Crédito Oficial y entidades financieras privadas.

Sin embargo, el proyecto también recoge el famoso Plan E para 2010, conocido oficialmente como Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros a repartir entre los municipios para la realización de obras de diversa índole con el objetivo de ocupar a unos 250.000 trabajadores. De este modo, el coste total de este plan se aproxima a los 25.000 millones de euros, equivalente al 2,5% del PIB nacional.

El error teórico del citado proyecto, al igual que ocurre con la inmensa mayoría de la legislación actual, reside en la aplicación de la perspectiva estática en el ámbito de la eficiencia económica. Así, en lo que se refiere al medio ambiente, todos las medidas que incluye el Gobierno en esta ley van dirigidas hacia el ahorro energético, la redistribución de costes medioambientales y la reducción de gases contaminantes, desechando de plano la innata capacidad creativa del ser humano y, por lo tanto, la función empresarial en el ámbito de la energía y el medio ambiente.

Y todo ello, bajo la excusa de combatir el tan temido calentamiento global. No es la primera vez que los socialistas y comunistas se escudan en la llegada inminente de un Apocalipsis medioambiental para justificar una mayor intervención del Estado en el ámbito económico y social.

Así, por ejemplo, en 1972, el Club de Roma publicó Los límites del crecimiento, el mayor bestseller del ecologismo, en el que se predecía el inminente colapso de la civilización a menos que se detuviera el desarrollo económico. Basándose en modelos informáticos -al igual que las proyecciones de la ONU sobre el calentamiento global-, esta organización calculó que la población mundial alcanzaría los 7.000 millones en el año 2000. Esto provocaría el agotamiento de alimentos y de ciertos recursos naturales como el cobre, la plata o el petróleo. ¿Solución? Reducir el número de seres humanos.

Sin embargo, en 2010, con una población próxima a esa cifra (7.000 millones), tales materias primas no muestran signos de agotarse, mientras que las tierras de cultivo tan sólo han necesitado crecer un 5% gracias al desarrollo de nuevas técnicas agrícolas. Una vez más, el terrible pronóstico de los algoreros no se ha cumplido. Y ello, gracias a la innata capacidad creativa y empresarial del individuo que propicia el mercado libre.

El debate actual sobre la “sostenibilidad económica” ignora por completo las soluciones demostradas y constatables que ofrece el mercado en la gestión de los recursos naturales. Ya va siendo hora de plantear abiertamente en el debate público ciertas cuestiones que, hasta ahora, son materia tabú.

El toro de lidia se habría extinguido hace décadas sin la fiesta nacional. Lo mismo sucede con el corzo, el ciervo, el jabalí o la perdiz si no existieran los cotos privados de caza. Así pues, ¿qué impide aplicar este sistema a especies como el león, el tigre o el rinoceronte?

El volumen de percebes y mejillones en la costa gallega aumenta año a año gracias a la asignación de títulos de propiedad privada para su explotación. Hasta hace poco se temía la extinción del salmón o la trucha, hasta la llegada de las piscifactorías. ¿Por qué entonces no privatizar el mar? ¿o permitir la ganadería marina de ballenas?

El comercio de pieles ha permitido el aumento de especies como la chinchilla, los visones, el cocodrilo o las serpientes. ¿Por qué no extenderlo a las focas y al marfil de los elefantes? ¿Por qué no privatizar las selvas para garantizar la reforestación mediante la explotación de la madera o de las plantas?… En definitiva, apostar por el Mercado Medioambiental frente a la Economía Sostenible de los socialistas.

¿El impuesto Robin Hood?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

…un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales. Originalmente fue concebida para penalizar transacciones de divisas muy a corto plazo para evitar situaciones de inestabilidad, luego fue apropiada por el movimiento anti-globalización para reclamar un impuesto del 1% sobre todas las transacciones financieras internacionales para "castigar la especulación" y ahora, en un nuevo giro propagandístico, los socialistas la han rebautizado como el "impuesto Robin Hood" y le atribuyen una función básicamente redistribucionista.

Según los firmantes de la petición, la crisis ha demostrado "los peligros de la desregulación financiera" y un mero impuesto del 0,05% serviría para recaudar cientos de miles de millones de euros. La tasa, dicen, se aplicaría a las transacciones financieras y no afectaría al ciudadano de a pie. Los fondos deberían destinarse a mitigar la pobreza y el cambio climático.

Para empezar, no estamos ante un mercado monetario "desregulado" o "libre". El banco central, un órgano de planificación de corte soviético, actúa como prestamista de última instancia y expande la oferta monetaria manipulando el precio más importante de la economía, el tipo de interés. Esta interferencia en el mercado crea un grave riesgo moral y estimula la iliquidez de los bancos, inflando una burbuja que luego estalla en forma de crisis. Un impuesto del 0,05% a las transacciones financieras no tiene ningún efecto sobre la generación de estas burbujas y es contraproducente en otros aspectos. Si lo que quieren esos 350 economistas es poner coto a los ciclos económicos, que pidan el cierre de los bancos centrales o el retorno del patrón oro.

Se habla de penalizar la especulación financiera como si fuera algo positivo. En el peor de los casos es contraproducente, y en el mejor de los casos es inútil. Es contraproducente cuando se trata de especulaciones que incrementan la negociabilidad de los activos. Los especuladores actúan a menudo como una suerte de intermediarios. Al comprar un bien para revenderlo más caro en el futuro, o venderlo para recomprarlo más barato, están aplanando los precios a largo plazo, facilitando a los inversores la compra y venta de activos.

El gravamen es inútil a la hora de mitigar los efectos de la expansión crediticia. Es posible que reduzca el uso de determinados instrumentos de endeudamiento a corto plazo, pero los bancos pueden dar salida al crédito artificial mediante otras operaciones.

Lo que sí conseguiría este nuevo "impuesto de Robin Hood" es encarecer el movimiento del capital y dificultar la inversión en países pobres. Además, el impuesto acabaría repercutiendo en el cliente con una cuenta bancaria, una póliza de seguro, una hipoteca, un crédito o un plan de pensiones. Sus proponentes aseguran, por un lado, que el impuesto es pequeño, pero por el otro prometen una ingente recaudación de 400.000 millones de dólares, casi la mitad de los beneficios de la industria bancaria. Es absurdo pensar que los bancos no van a trasladar ese coste a los consumidores.

Afortunadamente, como señala Madsen Pirie, es improbable que este impuesto llegue a materializarse, pues requeriría un acuerdo global de todas las jurisdicciones. Esta clase de consensos internacionales, como ilustra el estancamiento de la Ronda de Doha para liberalizar el comercio mundial, son difíciles de conseguir.

Si lo que quieren es ayudar a los países pobres, que hagan una campaña para que la Unión Europea suprima el proteccionismo agrícola y el Tercer Mundo pueda competir libremente con los productores locales. Es una reforma más simple y marcadamente progresiva (aunque en este caso la transferencia de renta de ricos a pobres sería voluntaria, como debe ser).

¿Realmente este impuesto que perjudica al ciudadano medio y dificulta la inversión en países en desarrollo merece ser asociado con una figura como Robin Hood, el amigo de los pobres? De nuevo hay que recalcar a los estatistas que las buenas intenciones y la indignación moral no les eximen de la responsabilidad de encontrar soluciones prácticas a los problemas.

Cabe recordar también a los hurtadores de narrativas que Robin Hood no robaba a los ricos para ayudar a los pobres. "Robaba" al tirano Rey Juan y a su séquito para devolvérselo al ciudadano. Como dice Guido, Robin Hood debe estar revolviéndose en su tumba viendo cómo son los que defienden una subida de impuestos quienes reivindican su nombre.

Albert Esplugas Boter es miembro del Instituto Juan de Mariana, autor del libro La comunicación en una sociedad libre y escribe regularmente en su blog.

El Jefe del Estado y sus funciones

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En una democracia parlamentaria el Jefe del Estado debe garantizar la estabilidad institucional, pero además debe proteger los derechos y libertades de los ciudadanos a los cuales debe su cargo.

Según este planteamiento, el Presidente en una república, o el Rey en una monarquía, debe trabajar con coraje y astucia para que la lucha política no deteriore las instituciones democráticas y, por tanto, para que no se legisle en contra de la separación de poderes, de la estricta independencia judicial o de los derechos de cada ciudadano a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

Ambas figuras tienen sus ventajas e inconvenientes. El Presidente en una república democrática es elegido por sufragio universal cada cierto tiempo, pero siempre queda sujeto al desgaste público, tanto por las campañas electorales en las cuales debe involucrarse como por las decisiones que debe asumir en el ejercicio del poder ejecutivo.

Sin embargo, un Rey queda elegido por el refrendo mayoritario de los ciudadanos a la Constitución que instaura la monarquía parlamentaria y, aunque sanciona y promulga las leyes, queda fuera del ejercicio del poder. La familia real representa un vínculo sociocultural e histórico con el pasado de la nación y de las personas que la integran. Ese vínculo de unión puede verse reforzado en el caso de que se produzca el casamiento del rey o de su heredero con personas del pueblo que tengan sentido de Estado y actúen con la dignidad y la responsabilidad adecuadas.

Quizás, la principal ventaja de una monarquía frente a una república reside en que el Rey y su familia representan la primacía de la Constitución, del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, arbitrando su correcto funcionamiento más allá de las luchas por el poder y de las tendencias naturales e incorregibles de muchos políticos por coartar la libertad de la población y por utilizar las instituciones en su propio beneficio o, incluso peor, por arrastrar el país hacia el infierno de la utopía.

En todo caso, tanto en el caso de un Presidente como en el caso de un Rey, la persona que ejerce la Jefatura de un Estado debe ser la primera garantía de la dispersión pluralista del poder, como única alternativa viable institucionalmente para que, actuando con independencia de los políticos, diversas fuentes de poder actúen como contrapesos que institucionalicen un mayor control de las actuaciones públicas de los cargos políticos y proporcionen máximas condiciones de libertad para la interacción libre en un mercado mínimamente intervenido.

Por otro lado, si realiza bien su trabajo, un buen Jefe de Estado debe moderar el funcionamiento de las instituciones y la correcta aplicación de la Constitución, ya que se le permiten ciertos privilegios a cambio de ejercer su cargo con la inteligencia y la valentías necesarias para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y el funcionamiento democrático de las instituciones, conforme al espíritu y el texto de la Constitución, con el noble objetivo de garantizar la convivencia pacífica durante el mayor número de generaciones posibles.

El lector puede preguntarse ¿por qué son tan importantes esas funciones en un Jefe de Estado? Y la respuesta está en la esencia misma de una sociedad civilizada. Sólo se consigue una sociedad extensa, compleja y abierta, cuando las instituciones respetan los derechos individuales por encima del poder político, ya que son derechos inmanentes a la naturaleza del hombre libre y, por tanto, inalienables por el poder político y previos a cualquier Constitución.

Esto significa que un Jefe del Estado debe siempre reclamar que se ejerza una protección efectiva de los derechos civiles de todos y cada uno de los ciudadanos que viven en una nación y, debe exigir que exista una sujeción a la Constitución del funcionamiento de todas las instituciones. Precisamente, por ser uno de los pilares centrales que sostiene la Constitución, el Jefe del Estado tiene responsabilidad máxima y debe evitar que degeneren las instituciones en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos.

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European way of life

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

…y que no se impida a algunos circular por las razones que sean. Quienes quieren que el Estado meta su nariz en internet y la regule, imponiendo esa neutralidad, a menudo han puesto sobre la mesa un escenario que, por exagerado e improbable, los hacía parecer unos alarmistas al estilo de los climáticos, siempre tan puestos a poner el grito en el cielo con datos falsos, como sabemos ahora. Lo que decían, y dicen, es que si no se impone por ley que las operadoras de telecomunicaciones gestionen sus redes siguiendo ese principio de neutralidad, acabarán cortando el acceso a Google o Yahoo si éstos no les pagan un extra.

Pues bien, ha venido César Alierta y se ha declarado convencido de que la situación actual, en que los buscadores de internet, que "usan nuestras redes sin pagarnos nada", "va a cambiar, estoy convencido". ¿Me preocupan por sí mismas esas declaraciones? La verdad, no. Para poder lograr este objetivo, Alierta tendría que convencer, pongamos, a Google, que es la empresa con más dinero y es con diferencia el buscador más popular en nuestro país. Su única arma, en un mercado libre, sería decir al gigante de internet que o paga, o en España y otros países, especialmente sudamericanos, no va a poder acceder a Google ni el tato. O, en una versión más light, que los usuarios accederán más lentamente al buscador, a Gmail, a Google Maps, etc.

¿Accedería Google a esta oferta que no puede rechazar? Lo dudo mucho. Es una empresa global, y no creo que sus jefazos sean tan tontos como para no darse cuenta de que si ceden ante Telefónica, tendrían que ceder en el resto del mundo frente a todas las demás operadoras. Así que dirían que no, sufrirían el castigo… y los clientes de Telefónica nos iríamos a otro proveedor de acceso a internet, en un número que previsiblemente haría un agujero en sus cuentas mayor que lo que esperaban cobrar de Google.

Pero la cosa cambia, y mucho, cuando va el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y suelta que cobrar a los buscadores "es una opción posible que hay que discutir y barajar". Me preocupa por una razón muy clara: el Gobierno tiene el poder, algo de lo que carece Telefónica, por más que sea el operador dominante. Así que podría emplear su monopolio de la fuerza no para imponer la "neutralidad en la red", sino para exigir su violación, obligando a empresas como Google a pagar a Telefónica, Ono y compañía.

Y es que, como recordara George Washington, el Gobierno es la fuerza, "y como el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible". Hay que tener cuidado cuando se invoca su intervención, porque siempre puede hacer lo contrario a lo que deseas. Si Telefónica, u otra compañía, decidiera violar la neutralidad en la red por su cuenta, lo más probable es que fracasara, porque carece del arma necesaria para obligarnos a pasar por el aro, que es la Ley. Pero si es el Gobierno quien lo impone, no hay escapatoria posible. Aquellos que quieren meterlo en internet deberían recordarlo más a menudo.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

Un amo temible

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

… (tal y como se nos decía desde el Gobierno para justificar el despilfarro de alrededor de 30.000 millones de euros hasta 2008), lo que ayudaría a colocar a España en el panteón de las economías del futuro, entonces no se entiende que Miguel Sebastián, ese ministro de Industria amigo de la mentira, proclame ahora que España está "en el tope" del desarrollo de estas fuentes de energía.

A menos que me haya perdido alguna nota de prensa del INE o del Inem, tengo la impresión de que nuestra economía ni ha regresado a la Champions League en la que supuestamente se encontraba ni ha bajado de los 4,5 millones de parados. Y, sin embargo, Sebastián ya está viniendo con las rebajas de este maná celestial bajo argumentos tan irritantes como que las energías renovables tienen "limitaciones económicas", a saber, que hay que pagarlas y son mucho más caras que el resto.

¡Habrase visto que a algún miembro de este Gobierno le preocupe mínimamente la realidad! Tan caras son que algunos ya avisamos de que, con datos de cierre de 2008, los 30.000 millones de euros que habrán ayudado a maquillar las finanzas privadas de algún empresario del ladrillo mediante su reconversión verde destruían 2,2 empleos por cada uno que decían crear.

Esa debe ser la insostenibilidad a la que se refiere Sebastián: mientras éramos ricos nos podíamos permitir el lujo de tirar el dinero público –ése que no es de nadie– por el retrete de La Moncloa, pero ahora que ya no cabe ningún parado más en España y para que más inri nos miran con desconfianza desde el extranjero, hay que empezar a disciplinarse un poquito.

Bien está. Por cierto, que su compañero de partido Jesús Caldera va pregonando desde ese think tank de partido llamado Fundación Ideas que esas renovables tan caras e ineficientes que ya han desbordado todos los límites técnicos y económicos de España van a impulsar la creación de millones de puestos de trabajo en unos pocos años.

Ver para creer: un castillo de naipes incapaz de sobrevivir en el mercado sirviendo al consumidor y al que ya ni un manirroto Gobierno puede sostener será el futuro de nuestra economía. Será que esperan que cuando todo se haya desmoronado, los molinitos se mantengan en pie en medio de la devastación e impulsados por la principal fuente de riqueza de España, a la sazón propietario único del planeta Tierra: el viento.

Menos mal que la credibilidad y fiabilidad de algunos siguen a la misma altura a la que están dejando nuestra economía. Si no, sería para echarse a temblar.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

¿”En el tope” de la creación de empleo?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…por la simple razón de que carece del suficiente conocimiento y amplitud de miras como para entender mínimamente el funcionamiento real de la economía. Zapatero, al contrario que el ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan o la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, es un keynesiano convencido y practicante. Profesa una arraigada ideología socialista, cuyo rezo consiste en ensalzar la figura estatal por encima de las libertades individuales.

Resulta, pues, absurdo que Zapatero se esfuerce en buscar su particular "Reagan interior" ya que, de encontrarlo, le faltaría tiempo para ahogarlo en las profundidades de sus entrañas estatistas. La reducción salarial a los controladores aéreos, al igual que la reforma de las pensiones, el recorte del gasto público o la reciente propuesta de reforma laboral no son, en ningún caso, iniciativas libremente adoptadas por el presidente, sino imposiciones de Bruselas ante la crisis de deuda pública que afecta al seno de la Unión.

De hecho, hasta tal punto llega su convencimiento socialista que, ante la mínima reacción sindical, Zapatero pliega velas de inmediato en un torpe intento por ocultar que a España no le queda más remedio que emprender profundas reformas estructurales para salir del atolladero, consistentes en recortar de forma drástica el gasto público y el mal llamado Estado de Bienestar. Aún hoy, pese a la experiencia de Grecia, el jefe del Ejecutivo se resiste con todas sus fuerzas a aplicar el tijeretazo que precisa el sector público. Tan sólo Bruselas y el castigo del mercado han hecho reaccionar tímidamente al Gobierno español. De ahí, precisamente, que dude de su capacidad para dirigir el Titanic en esta compleja travesía. Le falta convicción, comprensión, arrojo y, sobre todo, valentía para reconducir la situación.

El "Reagan interior" de Zapatero nunca saldrá a la luz porque nunca ha habitado su seno. En todo caso, como mucho se esconde un pequeño Obama. Lo que precisa España es una Margaret Thatcher. Una nueva figura política capaz de liderar un ambicioso proceso de reformas contra viento y marea.

Thatcher llegó al poder en Gran Bretaña a finales de los años 70, después de que el Gobierno laborista llevara al país a la quiebra técnica en 1976 (Reino Unido tuvo que negociar un préstamo con el FMI). Las reformas emprendidas desde 1979 enfrentó a Thatcher con los entonces poderosos sindicatos británicos y el extenso sector público. Pero ni las protestas ni las huelgas lograron hacer vacilar un ápice las profundas convicciones liberales de la Dama de Hierro.

El sindicato minero protagonizó una de las huelgas más violentas y largas de la historia británica durante 1984-85, pero fue derrotado. La economía resurgió a través de una profunda política de liberalización y privatización económica. Thatcher fomentó entre los británicos una cultura orientada al ahorro e incentivó la contratación de pensiones privadas. En su tercer mandato reformó la sanidad, la educación y el sistema fiscal, entre otras medidas. Tras el abandono de su partido, Thatcher dimitió como primera ministra el 28 de noviembre de 1990, sucediéndola John Major.

En un discurso pronunciado en 1996 en memoria de Keith Joseph, Thatcher desgranó algunas perlas de su pensamiento político:

Nosotros depositábamos mucha más confianza en los individuos, familias, negocios y vecindarios que en el Estado […] La creatividad es necesariamente una cualidad que pertenece a los individuos. En realidad, quizá la ley inmutable de la antropología sea que todos somos diferentes […] Lo que caracteriza nuestra visión conservadora es la convicción de que el Estado, el gobierno, sólo apuntala las condiciones para una vida de prosperidad y realización. No las genera. Es más, la misma existencia del Estado, con su enorme capacidad para el mal, es un peligro potencial para todos los beneficios morales, culturales, sociales y económicos de la libertad. 

Los Estados, las sociedades y las economías, que permiten que los talentos únicos de los individuos florezcan, florecen también. Aquellos que los empequeñecen, aplastan, distorsionan, manipulan o ignoran no pueden progresar. Aquellas épocas en las que se ponía un gran valor en el individuo son las que han conocido los mayores adelantos. 

[…]

Es sólo la civilización occidental la que ha descubierto el secreto del progreso continuo. Esto se debe a que sólo la civilización occidental ha desarrollado una cultura en la que los individuos importan, una sociedad en la que la propiedad privada está a salvo, y un sistema político en que se acomoda una variedad de puntos de vista e intereses.  

La causa del gobierno limitado -en la que el Estado es sirviente, no amo; guardián, no colaborador; árbitro, no jugador- es aquélla bajo cuyo estandarte Keith Joseph y yo nos reunimos todos esos años atrás. Es hora que quitarle la naftalina, cepillarle la telaraña colectivista que se ha colgado en ella, y salir al encuentro del enemigo.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Lo que necesitamos es una Thatcher

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Bastan un rss por aquí o un twitter por allá para escudriñar la prensa internacional (y lo que no es prensa) con una rapidez inusitada. Entre tanto titular, me llama la atención uno, que traducido del escueto twitter al castellano dice: "Los déficit amenazan la estimable forma de vida de los europeos". Sólo que el european way of life, en el idioma original, me transporta a otro continente. ¿Habrá un european como lo hay american? Oiga, esto se avisa, que uno siempre quiso encontrarse los menos impedimentos posibles para elegir su propia vida.
 
No. El corresponsal de la BBC Gavin Hewitt nos dice que quien ha hablado del european way of life es Herman van Rompuy, y que antes lo había hecho Durao. Lo del portugués tiene un pase. Pero que sea un burócrata, del que nos enteramos que era presidente de Europa por los periódicos, el que nos hable de nuestro modo de vida… en fin, me da la risa floja. ¿Qué será eso del european way of life, viniendo de un muñeco de trapo con bandera azul de fondo? Los que le colocaron en la presidencia de Europa sin contar con los europeos, ¿qué habrán decidido para nuestro modo de conducirnos en los azares de la vida?

Hewitt nos resuelve pronto las dudas. "Quiere decir un Estado de Bienestar fuerte, mucho gasto público, pensiones públicas generosas y redes de asistencia" bien cargaditas de euros salidos de nuestros bolsillos. Acabáramos. El american, que tanto despreciamos, es el modo de vida que los estadounidenses han elegido, que forma parte de la cultura popular y que los políticos se ven forzados a respetar. Y el european es exactamente todo lo contrario: nace de la oscuridad de un despacho y pasa de ahí a las agencias de prensa, a las pantallas de los televisores y a nuestros quehaceres. Conmigo que no cuenten. 

Adiós al consenso calentólogo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

…y todo el movimiento calentólogo ha defendido desde hace años el intervencionismo energético y el racionamiento de CO2, entre otras medidas que nos alejan del libre mercado y la prosperidad.

El "consenso" también ha servido a las organizaciones del ecologismo radical para negarse una y otra vez a discutir cuestiones tan básicas como puedan ser los puntos más oscuros de la teoría catastrofista, o las propias mediciones de temperatura. Desde el director de Greenpeace hasta el último becario de WWF, la posición típica en los últimos años ha sido negarse a debatir sobre las causas y el alcance del cambio climático porque, según ellos, el consenso ya había dictado sentencia sobre estos asuntos. Catastrofistas como López Uralde no paraban de repetir que lo único que se podía discutir era cuánto teníamos que racionar las emisiones de CO2 para detener la catástrofe planetaria.

Pues ahora resulta que el principal científico involucrado en el Climategate y uno de los gurús del "consenso" calentólogo, Phil Jones, reconoce que no existe tal consenso, que la inmensa mayoría de los científicos no consideran que el debate haya concluido y que, desde luego, esa no es su visión. Según el científico británico apartado temporalmente de sus funciones como director de la conocida Unidad de Investigación sobre el Clima (CRU), aún existen muchas incertidumbres, no sólo en lo que respecta al futuro, sino también en lo que se refiere a las mediciones de las temperaturas y especialmente el de las temperaturas pasadas.

Con estas declaraciones a la BBC que recoge Libertad Digital, el ecologismo radical se ha quedado con el culo al aire. La idea del consenso ha sido el corazón de la estrategia calentóloga y le estaba sirviendo para todo al movimiento ecologista. En la web de Greenpeace podemos encontrar frases afirmaciones del tipo: "Existe un amplísimo consenso científico internacional acerca de que el cambio climático avanza a una velocidad mucho mayor de lo que se esperaba hace pocos años". Sin embargo, el propio Jones reconoce en la entrevista que entre 1995 y 2009 hay una tendencia negativa de -0,12 grados centígrados por década (si bien matiza que no es estadísticamente significativa).

Los catastrofistas parecen estar perdiendo apoyos a marchas forzadas. Otra de sus cantinelas se refería al hecho de que jamás habíamos vivido un calentamiento similar. Pues bien, una vez más su hasta ahora adorado Jones desmiente este mito y reconoce que ha habido al menos tres periodos anteriores, uno de ellos en el siglo XIX, en los que el calentamiento ha sido similar al de las últimas décadas. Es más, incluso admite lo abierto que está el debate científico en torno al famoso Palo de Hockey, popularizado por Al Gore en su conveniente y oscarizada secuencia de mentiras y exageraciones. El climatólogo llega a reconocer que el periodo cálido medieval podría haber sido más caluroso que el periodo actual.

El Climategate parece haber traído algo de sensatez al debate en torno al cambio climático. Esto no es sólo importante de cara a la búsqueda de la verdad científica en este terreno, sino que también lo es, y mucho, para que la adopción de estrategias públicas y privadas se realice con un mínimo de cordura, respetando las libertades individuales y pensando en los distintos costes y beneficios que pueda haber en juego.

Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana

Sarah Palin y el Tea Party

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Luego cayó un poco en desgracia y, cuando arreciaron las críticas en su contra, dimitió como gobernadora de Alaska. Para una persona que juega con la idea de ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos, abandonar su puesto en un mal momento es un mal precedente. Su displicencia hacia el trabajo le ha jugado alguna mala pasada.

Ahora ha vuelto a adquirir protagonismo gracias un gran discurso en el que dijo que los Estados Unidos estaban preparados para una nueva revolución. Lo pronunció en la convención de un movimiento grass roots, es decir, emergido de la iniciativa popular, llamado Tea Party, y que nació como una protesta por el aumento de impuestos, necesario para pagar los enormes planes de rescates de Bush-Obama, más los planes de estímulo del empleo, que excepto el nombre tienen muy poco de estímulo. Ahora se ha convertido en el vehículo de expresión del descontento de una parte importante de aquel país hacia el aumento desbocado del poder del Gobierno federal sobre los ciudadanos.

Es muy interesante, porque su origen está en el hecho de que gentes de todo tipo pusieran en común toda la indignación que podemos comprender bien si aunamos los efectos de la crisis económica con los impuestos y gastos al alza y con una tradición política que recela del poder, que es la que vio nacer a aquel país y que todavía no ha muerto. Este movimiento cuenta con la simpatía de un tercio del país. Acaba de crear un Comité de Acción Política, que es el nombre que le han dado a las organizaciones que se dedican a recabar dinero para apoyar a un candidato en unas elecciones. De modo que el Tea Party puede jugar un papel muy importante en la política en aquél país.

El Tea Party es un movimiento de renovación, esa renovación política que sólo Estados Unidos, el país más democrático de todos con gran diferencia, puede ofrecer. Pero es también un movimiento con tradición en la política de los Estados Unidos. No es ya que recoja su nombre del Boston Tea Party que prendió la chispa de la revolución estadounidense, sino que cuenta con precedentes como la revuelta por el impuesto sobre el whiskey, la oposición al embargo de Jefferson, las revueltas contra el "arancel abominable" y contra Lincoln o el movimiento de la vieja derecha contra el New Deal. Este movimiento ha nacido en el momento histórico oportuno y cuenta con las ideas precisas y la tradición suficiente como para dejar una huella permanente en la historia de los Estados Unidos.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana

El Estado debe obligar a los hijos a cuidar a sus padres

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Si defendiera lo que dice el título no sólo protestarían los liberales, sino todos los hijos en general. Sin duda, quieren a sus padres y se preocupan por su bienestar, pero ninguno cree que deban estar legalmente obligados a cuidar de ellos. La ayuda se presta de forma voluntaria. Incluso si se trata de padres en situación muy precaria, que han criado a sus niños con gran pena y esfuerzo durante años, nadie apoya una ley que redistribuya renta entre familiares o que reconozca el derecho social a vivir en casa de los hijos.

Sin embargo, cuando hablamos de gente desconocida, el espíritu y el lenguaje de la voluntariedad son rápidamente sustituidos por los de la imposición. La solidaridad y el deber moral ya no consisten en prestar ayuda al prójimo por propia iniciativa, sino en cargar impuestos para satisfacer derechos sociales.

¿No es paradójico que tengamos, hacia individuos anónimos de los que ignoramos su integridad o sus méritos, obligaciones que no tenemos ni para con nuestros padres o seres más queridos? Si alguien no cuida de sus padres como merecen, le acusamos de ser un mal hijo, pero no pedimos que lo metan en la cárcel. Nadie nos tacha de insolidarios por no exigir que el Estado obligue al hijo a asistir a sus progenitores so pena de cárcel.

En cambio, si alguien se resiste a la redistribución de sus ingresos es multado, embargado y, a la postre, encarcelado. Si alguien expresa su opinión en contra de esa redistribución forzosa es calificado de insolidario, dando por descontado que esa postura emana de un sentimiento egoísta o de indiferencia hacia las necesidades de los demás.

“Si no crees que una persona tiene derecho a una vivienda o a una pensión digna, ¿significa que te da igual que duerma debajo de un puente o que no disponga de dinero durante su vejez?” Es la típica reacción del estatista a la postura del liberal. Como dice Theodore Darlympe, el socialismo atrofia la imaginación. Fuera de los derechos sociales parece que no sepan concebir ninguna alternativa a que la gente viva bajo un puente o los ancianos se mueran de hambre. No reparan en que el liberal, en lugar de limitarse a tranquilizar su conciencia apelando a supuestos derechos sociales, prefiere interesarse por la materialización práctica de ese derecho; a saber, cuál es la mejor manera de proveer viviendas a precios asequibles y hacer que nuestros mayores disfruten de cuantiosas pensiones, concluyendo que hay que liberalizar el suelo y privatizar las pensiones para que los trabajadores puedan capitalizar sus ahorros. Al final es el liberal quien pregunta al estatista: “¿te da igual que una persona duerma debajo de un puente o que un anciano tenga una pensión mísera mientras tu Estado del Bienestar declare solemnemente que garantiza una vivienda y una pensión digna a todos?”.

Lo más curioso, como señala Bryan Caplan, es que el Estado del Bienestar, con sus programas universales, ni siquiera cobra a los ricos para ayudar a los pobres. Retórica aparte, la redistribución es básicamente horizontal, y esto es así por razones de incentivos, grupos de interés y dinámica electoral. El Estado no carga un impuesto a Pedro para ayudar a Juan, cargan un impuesto a Pedro para ayudar a Pedro. O, en palabras de Bastiat, “el Estado es la ficción por la cual todos pretenden vivir a costa de los demás”.