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Más sobre las discográficas “indies”

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

No es que me arrepienta de las críticas en ella contenidas. Muy al contrario, las mantengo en su totalidad, pero están expresadas de tal manera que pueden parecer dirigidas a discográficas, músicos y personas a las que no me quería referir. No buscaba criticar a la totalidad de las personas o empresas implicadas en la música independiente, muy al contrario. Tan sólo pretendía hacer referencia a las compañías que firmaron el manifiesto exigiendo que el Estado se haga cargo de su caída de ventas.

Para el resto de implicados en la música independiente, todo mi respeto. Esto se aplica a compositores, cantantes, músicos y empresas, tanto discográficas como distribuidoras. Tiene razón Ricardo Texidó, que fuera fundador de Danza Invisible, cuando me recuerda en un mensaje que "mucha de la música que después se vuelve comercial y popular y todo el mundo conoce ha salido de compañías y sellos independientes". Pero incluso aunque no fuera así, también lo "indie" es digno de respeto y muchas veces de elogio y admiración.

Frente a quienes piden el cobijo del Estado, existe una inmensa constelación de grupos, solistas, compositores y pequeñas compañías que tratan de hacerse un hueco en el mercado musical apostando por la calidad (en algunos casos la tienen y en otros no, pasa como en cualquier actividad humana), la creatividad y la innovación. Pelean por conseguir su espacio en un sector dominado por unos gigantes poco amigos de la competencia y de ofrecer productos musicales novedosos. De ese ambiente realmente independiente es de donde surge la calidad y la creatividad.

Las grandes discográficas se muestran reacias a innovar, no sólo en estilos musicales, también en formas de afrontar los imparables cambios que han afectado profundamente el mercado musical. Sin duda alguna, será de los pequeños emprendedores, tanto músicos como empresarios, de donde surja un cambio profundo con nuevas formas de distribución y promoción adaptadas a los tiempos actuales. Internet puede ser un gran aliado en su camino. A todos ellos les quiero mostrar respeto y desearles suerte.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

El mito de las pensiones privadas argentinas y el ejemplo chileno

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Poder amasar un patrimonio de 600.000 euros en apenas 30 años de cotización sin ningún esfuerzo adicional al que ya realizan hoy –pues son unos fondos que el Estado les arrebata a los trabajadores antes incluso de percibirlos– suena al típico cuento de la lechera cuyo cántaro termina rompiéndose antes de poder vender la leche.

Pero no, los cálculos no están basados en especulaciones absurdas sobre el futuro, sino en presunciones sobre la economía que vienen avaladas por casi un siglo de historia en diversas partes del planeta. No hay nada como una buena teoría que esté confirmada escrupulosamente por la práctica.

Los sistemas de capitalización, sin embargo, suelen tener todavía muy mala prensa entre diversos sectores de la sociedad, eminente pero no exclusivamente socialistas. Es lógico que los políticos recelen de ceder el control de las pensiones, ya que les suponen una buena cantera de votos. Más incomprensible resulta que aquellos que se verían beneficiados por el sistema, lo critiquen recurriendo a espantajos y hombres de paja.

Generalmente tiende a pensarse que el sistema de capitalización implantado en Chile José Piñera no ha sido tan exitoso como se esperaba y que, además, ese tipo de esquemas de inversión suelen estar sometidos a grandes riesgos, como la quiebra de los propios fondos. Así, se recuerda el caso de Argentina en 2001, cuyos fondos privados padecieron unas pérdidas enormes a raíz de la crisis.

La realidad, sin embargo, dista bastante de estos infundados temores. Desde 2003 a 2009, la rentabilidad media del fondo de pensiones chileno con una mayor proporción en renta variable ha sido del 8,9%, muy cercana a la media nominal del 10% que apuntaba Esplugas en su reportaje (el fondo sólo invierte el 80% en bolsa, no el 100%). Y ello pese al desplome que sufrió en 2008 como consecuencia del pánico posterior a la quiebra de Lehman Brothers (pánico que, sin embargo, no afecta a largo plazo al valor de las acciones).

Más sibilino es, sin embargo, el mito de que en Argentina muchos fondos de pensiones (y sus respectivos cotizantes) sufrieron grandiosas pérdidas. Recuerdo a Miguel Sebastián, egregio miembro de este Gobierno que nos lleva al caos económico, rechazar los sistemas de capitalización que él mismo había defendido antes de convertirse en exitoso asesor económico de ZP, bajo el argumento de que podría suceder como en Argentina.

Sin duda, el riesgo existe: a los fondos privados de pensiones les puede pasar como a los de Argentina. ¿Pero qué pasó en Argentina? Ésta es una parte de la historia que no suele contarse pese a ser clave: a finales de 2001 el Estado argentino, de la mano de Domingo Cavallo, fuerza a los fondos privados a que inviertan el 90% de sus excedentes de liquidez en una deuda pública que posteriormente pesifica e impaga al grito de "Argentina, Argentina".

Siempre habrá ladrones al frente del Estado que amenazarán a las pensiones públicas y a las privadas. La diferencia es que las primeras se derrumban en la miseria sin necesidad de políticos ladrones. Ustedes verán.


Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Una solución medieval a la pobreza

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Digámoslo cuanto antes. La pobreza es la misma condición del hombre; aminorarla depende de que éste adopte ciertos comportamientos y no todo el mundo podrá adoptarlos o querrá hacerlo. Así que la pobreza no tiene solución. Pero ello no quiere decir que no se puedan ofrecer formas nuevas y viejas para permitir a las personas salir de la pobreza. La que me ha interesado en esta ocasión es muy nueva, y tan antigua como el medievo, crear ciudades con cartas de derechos otorgadas.

La idea la ha expuesto recientemente Paul Romer, un conocido economista, especialista en crecimiento económico. Él parte de la idea de que actuamos por nuestro propio interés (lo que no quiere decir de forma egoísta), y de que en el entorno institucional adecuado ello lleva a producir y acumular riqueza y, por tanto, a abandonar la pobreza. Pero hay otros entornos en los que ese interés propio lleva a comportamientos menos productivos e incluso antisociales. La cuestión es “cómo liberar a las personas de las normas nocivas”. Su propuesta pasa por crear “docenas, quizá centenares de ciudades con cartas” en los países pobres, pero con normas creadas por países desarrollados. Romer lo ve como “un camino intermedio entre las lentas reformas internas y unos arriesgados intentos de re-colonización”. Es un nuevo colonialismo, de todos modos, pero él lo plantea como si fuera consensuado.

Las “cartas” serían auténticas constituciones que reconocerían los derechos de los nuevos ciudadanos, y dentro de ello, los inmigrantes que acudiesen a esta nueva ciudad serían libres para ir cambiando las normas. La principal idea detrás de esta propuesta es ofrecer a las sociedades pobres la posibilidad de elegir unas normas diferentes con las que vivir. Además, una ciudad tiene el tamaño adecuado para no exigir normas comunes para comunidades muy amplias y diversas, lo que limita los conflictos políticos. Sería un espacio de libertad en un entorno de opresión.

La idea recuerda a aquéllas ciudades medievales que se ganaban ciertas libertades, reconocidas en una carta, que permitían un autogobierno, la creación de instituciones eficaces, y con ellas la libertad económica y la prosperidad. Pero esos arreglos institucionales no se hacían graciosamente, sino que se alcanzaban por una negociación entre poderes diversos que llevaban a un proceso de difusión del poder como lo ha explicado John P. Powelson. Y no está claro qué podría llevar a permitir y respetar una ciudad así a un Estado que no ha permitido la adopción de normas que restrinjan su poder. Lo único que podría llevarle a hacerlo son los ingresos fiscales.

Romer pone como ejemplo histórico cercano que pudiera ejemplarizar su propuesta a Hong Kong, la economía más libre del mundo desde hace décadas. La idea es muy atractiva. Pero no parece fácil de llevar a la práctica.

Recuperación del Estado, no del ciudadano

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

"El Gobierno no es razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible; en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen". George Washington

Hemos oído al director del FMI, Strauss-Kahn (un tipo que cobra casi medio millón de dólares al año), decir que la solución para España es bajar los sueldos (como si fuera el único problema del país). El Gobierno quiere subir la edad de jubilación a los 67 años. A propósito, esta decisión unilateral deja por los suelos la teoría del contrato social entre Gobierno y ciudadano. Ni contrato ni porras, el Gobierno cambia las condiciones del "contrato" con sus ciudadanos según venga el viento. Vemos en todas partes que la solución a la crisis es la misma: más subvenciones a rentistas estatales para comprar votos, más impuestos a la clase media y más dinero a los grandes lobbies económicos. En resumen, distribuciones de renta forzosas de un sector productivo a otros parasitarios y el fortalecimiento de monopolios.

Parece ser que la crisis se arregla sangrando a la clase media, a las empresas y aumentando la caja del Gobierno. ¿Qué entienden los políticos por recuperación? Esta semana se ha rizado el rizo. La Comisión Europea ha respaldado el plan de ajuste griego. No hay nada concreto, pero la solución de la Unión –o de Alemania más concretamente– va a consistir en sacar a flote al Gobierno heleno a costa del sacrificio del resto de la Unión (alemanes especialmente) y de los ciudadanos griegos. Una de las medidas de Grecia ha sido aumentar los impuestos. La pregunta es, ¿qué tipo de recuperación económica es esa que va a dejar peor a sus ciudadanos? La preocupación de Alemania ahora mismo son las finanzas públicas. Lo que quiere solucionar Alemania no es la mala situación de los ciudadanos griegos, sino las cuentas del Estado. La excusa es que éstas pueden afectar al resto de la Unión. Los políticos tratan la situación como si el rescate y sus consecuencias fueran gratuitas.

La errática evolución de los acontecimientos están dejando al mercado temblando. El martes de esta semana el euro subía por las noticias del rescate a Grecia. Al día siguiente la moneda se hundía al saber que no habría ayudas directas para el país. José Blanco atacaba el otro día a los especuladores, pero es que el mayor especulador ahora mismo son los gobiernos con sus cábalas y declaraciones para ver el comportamiento de la prensa y el mercado.

La grandeza de un país no la da el crecimiento de su PIB, ni las cuentas estatales, sino la capacidad de prosperar que tengan sus ciudadanos por ellos mismos. Se trata de obtener una recuperación económica del ciudadano, no del Gobierno. Si ambas entran en conflicto, prima la gente. El Gobierno es el sirviente del ciudadano y no al revés. El modelo de Gobierno omnipotente ha fallado en todo el mundo. Sus políticas monetarias expansivas y su intrusismo en la economía dirigiendo la economía a sectores estratégicos han provocado una fuerte crisis. Cuando los políticos han de enmendar el problema, son incapaces de encontrar ninguna solución y claman más poder.

Al final, todo van a ser cataplasmas para salvar la situación dejando una enorme cantidad de dinero por el camino. La recuperación económica que se está siguiendo en Europa y Estados Unidos no es más que una ilusión contable en los libros del Estado que están llevando al ciudadano a la miseria. Europa está destruyendo la libertad, iniciativa y capital que antes tenía por una confusa idea de un mundo mejor, un Estado grandioso que lo controla y vigila todo para su propio bien.

Los actos irresponsables han de tener consecuencias para que se produzcan los ajustes necesarios y así se aprenda de los errores. Si la negligencia acaba teniendo premio, lo único que podemos esperar es que la situación se repita una y otra vez.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana.

Becas, esfuerzo y justicia social

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Artículos en prensa.

Dejando aparte las reflexiones preliminares, que reflejan buena parte de los principios ideológicos del partido en el gobierno, la aportación más original del documento, y así ha sido reflejado en los medios, es la que se refiere a la política de becas de estudio y a la aplicación de nuevos criterios de precios públicos. Aún en el caso de que, en el actual contexto económico, una política de incremento de la cantidad y la cuantía de las becas como la propuesta, que duplica prácticamente su número, pueda ser llevada a cabo y no se quede en una promesa vacía como la Ley de Dependencia, sería necesario estudiar si tal política sería funcional para la mejora del sistema universitario.

En primer lugar, el documento sigue la línea habitual de identificar el incremento del gasto universitario con mayor innovación, progreso o incluso mejora de la balanza de pagos nacional, cuando no hay ninguna relación causal necesaria entre una y otras. Un incremento del gasto, de los estudiantes o de la dotación económica que estos perciben no tiene por qué mejorar las condiciones de vida de un país o en su desarrollo, a pesar de la letanía comúnmente repetida. Esto, más bien, depende de los contenidos que se enseñen en las facultades y de la adecuación de la oferta educativa a las necesidades de los demandantes de empleo universitario. De hecho, podrían existir enseñanzas contraproductivas, con lo que, cuantos más universitarios las cursen, más daño se producirá; y enseñanzas no adecuadas a las demandas sociales que provocasen un aumento del número de titulados frustrados y un mayor despilfarro de recursos.

Todos conocemos el caso de países con un elevado porcentaje de universitarios que, a pesar de ello, o quizás por culpa de ello, no han sido capaces de afrontar con éxito el desafío del desarrollo económico. La antigua Unión Soviética, por ejemplo, fue un país con un elevado porcentaje de universitarios formados en doctrinas e ideas erróneas o contraproductivas, en el que la ampliación del número de titulados lo único que causó fue la mayor difusión del daño que tales doctrinas causaban.

El documento del Ministerio falla en que centra sus objetivos en ampliar el número de estudiantes becados, no en discutir qué es lo que se estudia en nuestras universidades y si esto tiene alguna relación con los mercados de trabajo. Además, agrava el problema al becar con abundancia a los estudiantes de postgrado. El sistema actual entendía, a mi parecer con razón, que al finalizar la licenciatura el titulado estaba ya en condiciones de poder emprender la búsqueda de empleo con unos conocimientos y aptitudes mínimos. Dado que muchas personas no habían tenido tal oportunidad –y no sólo por razones de índole económico– se consideraba injusto continuar con una financiación incondicionada a costa de los que no pueden o no quieren cursar dichos estudios. Así, los títulos ulteriores serían o bien a costa de la pecunia del estudiante, o bien de la obtención de una beca escasa y vinculada al mérito.

Esto garantizaba que el estudiante, al tener que pagar de su bolsillo sus estudios, con dinero familiar o créditos, fuese cuidadoso y escogiese aquello que entendiese que le garantizaba una mejor salida laboral. La financiación incondicionada de los estudios de postgrado tiene la disfunción de que se sigan ofertando, a cargo de millones de personas no tituladas, estudios sin ningún tipo de valor en el mercado de trabajo.

Dado que, a priori, la Administración no puede saber cuáles son tales estudios, conviene que permita decidir al estudiante, pero haciéndole responsable de las consecuencias de su elección. Prolongar la financiación sin fin de los estudios, incluyendo unas estancias en el extranjero que en muchos casos son una especie de coladero para aprobar asignaturas difíciles, sólo contribuirá a dificultar el ajuste de nuestras facultades a las demandas reales de la sociedad y agravará, aún más si cabe, la injusticia cometida hacia los condenados a financiarlos. Sin que todo ello conduzca, más bien al contrario, a una mejora de la calidad de vida.

Una propuesta de liberalización televisiva y radiofónica

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Con la excusa, cada vez menos creíble, de las limitaciones técnicas, y la de un supuesto máximo de emisoras asimilables por el mercado publicitario, los Gobiernos de prácticamente todos los países establecen sistemas de licencias televisivas y radiofónicas que les permiten limitar el número de emisoras presentes en su territorio.

Esto permite a los Ejecutivos, tanto nacionales como de administraciones territoriales (como los ayuntamientos y estados federados, comunidades autónomas o similares), crear sistemas donde se favorece a empresas de comunicación afines y se recorta la libertad de expresión, al impedir la entrada en acción de nuevas cadenas o emisoras contrarias al gobernante de turno.

A esto se suma que el sistema de licencias permite que quien gobierna en un territorio, con independencia de que sea un país, una región, estado, municipio u otro, disponga de un útil instrumento de coacción sobre los críticos. Se trata de la amenaza de no renovar o incluso revocar el permiso para emitir. Es necesario, por tanto, un modelo de reparto del espacio radioeléctrico (para transmitir por cable no debería ser necesario ningún tipo de reparto más allá del acuerdo entre empresas privadas) que lo liberalice de verdad y permita una verdadera libertad de medios audiovisuales sin interferencias políticas.

A continuación presentamos una propuesta para España pero que, con ligeros cambios relativos a la división administrativa, podría ser igualmente aplicable a cualquier otro país.

1. Cierre o privatización de las radios y televisiones de titularidad pública.

2. Eliminación de participaciones máximas permitidas en una o varias emisoras de radio o televisión.

3. Suspensión absoluta y definitiva de cuotas de emisión por nacionalidad de la producción u otros factores (como idiomas, por ejemplo).

4. Definición de "ámbitos" de espectro radiofónico para su uso por tipos de emisiones: radio digital, radio analógica, televisión digital, televisión analógica, telecomunicaciones (telefonía móvil, internet por radio y otras posibles futuras tecnologías).

5. Fragmentación de cada uno de esos "ámbitos" de espectro en "zonas" de frecuencia reservadas a las distintas áreas geográficas de emisión: nacional, autonómica, provincial, comarcal (o insular para los archipiélagos) y municipal (este último se puede a su vez dividir por barrios en caso de ciudades de cierto tamaño). En las comunidades uniprovinciales, las "zonas" de emisión autonómica y provincial se sumarían, mientras que en Ceuta y Melilla estas dos se unirían a la comarcal y municipal.

6. Dividir cada una de estas "zonas" en la mayor cantidad posible de franjas de emisión técnicamente viables (en la actualidad casi no existe límite).

7. Eliminación del sistema de licencias. Se sustituye estas por una mera "comunicación" administrativa por parte de la empresa u organización (el sistema estaría abierto a su uso por parte de todo tipo de asociaciones que estuvieran dispuestas a participar en él usando fondos privados para ello) interesada en usar una franja de emisión disponible hasta ese momento. El nuevo actor tan sólo tendría que informar de su intención de comenzar a emitir, en qué frecuencia lo haría y para que ámbito territorial.

8. Establecimiento de un periodo máximo para comenzar a emitir, a fin de evitar que alguna compañía comunique que va a usar una gran cantidad de frecuencias y no lo haga, para evitar que éstas sean usadas por otras empresas u organizaciones.

9. Instauración de un sistema de inspección. Podría ser privado pero (dado que los Estados no estarían dispuestos a ceder hasta este punto) también sería factible un organismo mixto. Tendría como función supervisar que se producen las emisiones y dispondría de capacidad de establecer que una frecuencia ha vuelto a quedar libre, pero sólo tras un periodo sin emisiones lo suficientemente largo como para que no se deba a problemas técnicos o empresariales que se puedan resolver a corto o medio plazo. Este organismo podría no instaurarse y sustituirse mediante el recurso a los tribunales o a un sistema privado de arbitraje.

Este modelo sería, sin duda alguna, mejorable. Sin embargo, podría ser un buen punto de partida para establecer un sistema de medios audiovisuales realmente libre y sin interferencias políticas.

Un nuevo paso para destruir el derecho

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

No por casualidad, se trata de un paso más en el camino emprendido por el Gobierno que padecemos hacia un régimen despótico y arbitrario, cuya función esencial consiste en favorecer a distintas cuadrillas de amiguetes con la fuerza coactiva del Estado.

Sin embargo, creo que esta vez el Gobierno se ha dejado llevar por las prisas. El objetivo de conseguir que un órgano administrativo tome la decisión de cerrar las webs de enlaces para descargas (¿sólo?) por la presunta vulneración de derechos de propiedad intelectual, les ha llevado a pergeñar una argucia leguleya de fácil impugnación.

Sin ser ideal ni mucho menos en la actualidad el cierre de una página en internet cuyo servidor esté establecido en España y albergue enlaces a otras u ofrezca por sí misma los contenidos, puede acordarse como medida cautelar en dos tipos de procedimientos. Bien porque lo decide un juez de instrucción, en el curso de un procedimiento penal por la comisión de algún delito; o bien porque un juez de lo mercantil o uno de primera instancia así lo decida dentro de un procedimiento civil, previa solicitud de una amplia lista de legitimados, que incluye de forma muy peligrosa no solo a los directamente afectados, sino también a representantes de intereses difusos.

Es cierto que, además, la confusa Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información (en adelante LSSI) estableció la posibilidad de sanciones de ese tipo en el ámbito de un procedimiento administrativo (e incluso su ejecución provisional) siempre que se atente o pueda atentarse contra una lista de vagos principios, aunque subordina la resolución administrativa a la decisión judicial cuando se incida sobre derechos fundamentales.

Asimismo, existe la posibilidad de que las autoridades españolas sean requeridas para ejecutar una decisión de este tipo adoptada en un país miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, donde su ordenamiento jurídico permita un cierre administrativo.

Aun con todo, se nota que los autores de esa disposición del anteproyecto están avisados de las garantías constitucionales que se oponen a un cierre gubernativo de una página web. Es por esto por lo que comienzan por retorcer la legislación vigente e incluyen en la LSSI la vulneración de derechos de propiedad intelectual (una materia civil o penal) entre las materias que merecen una protección administrativa. A continuación, pretenden crear una sección segunda (S.S) dentro de un órgano dependiente del Ministerio de Cultura, la comisión de propiedad intelectual, en el que –a semejanza del modelo corporativo fascista– se anuncia la incorporación de las entidades de gestión de derechos (léase SGAE) como componentes decisivos. Lo cual pone de manifiesto que los amiguetes del Gobierno no están contentos con haber saturado los juzgados de lo mercantil con muchas de sus extravagantes demandas. Quieren tener la sartén por el mango. Este comité tan ecuánime será el encargado de adoptar las resoluciones administrativas sobre "la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial".

Tomada la decisión se remitiría a un juez central de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para que resuelva en un plazo de cuatro días sobre su ejecución, si afecta las libertades de expresión y opinión, después de oír a las partes personadas. Ni siquiera se prevé una vista propiamente dicha.

Este procedimiento de excepción, que se incrustaría en el nuevo artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, vulnera crasamente los artículo 20.5 y 117.3 de la Constitución, en la medida que limita la función jurisdiccional a resolver sólo sobre la ejecución de una decisión administrativa que forzosamente incide sobre los derechos fundamentales a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Lo curioso es que los redactores no se han preocupado de proponer la supresión de los preceptos de la LSSI (artículos 8.1 y 40.2) que reconocen la competencia judicial para acordar órdenes de interrupción del servicio o retirada de contenidos, de acuerdo al artículo 20.5 de la Constitución. De esta manera, si se aprueba el texto conocido, no sólo se vislumbraría una antinomia más, sino que se dejaría un rastro del carácter manifiestamente inconstitucional que, en cualquier caso, la introducción de una regulación de ese tipo tendría.


José Antonio Baonza Díaz es abogado y miembro del Instituto Juan de Mariana

Un peligroso precedente

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

…para los países miembros de la Unión Monetaria e, incluso, para la futura viabilidad de toda la Unión Europea. El edificio de la moneda única, que vio la luz hace apenas una década, se sustenta sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que impone un déficit público máximo del 3% del PIB y una deuda que, en ningún caso, debe superar el 60%.

Pues bien, las políticas de estímulo aplicadas por los gobiernos comunitarios para solventar la crisis económica han hecho saltar por los aires estas líneas rojas a nivel presupuestario. Todos los países de la zona euro, sin excepción, incumplen el Tratado que hace posible la moneda única. De hecho, algunos países, como es el caso de Grecia, Irlanda y España, lideran el desequilibrio fiscal, con déficits superiores al 10% del PIB.

Ahora, sin embargo, tal y como advertimos en estas páginas, se ha demostrado que el Estado, al igual que una empresa o familia, también puede quebrar. El problema no es sólo de Grecia, sino de toda la Unión. Las necesidades de financiación de la zona euro en su conjunto están batiendo todos los récord conocidos hasta la fecha. En concreto, los dieciséis países miembros precisarán créditos por valor de 2,2 billones de euros, tan sólo en 2010, para cubrir sus necesidades de financiación (deuda pública), lo que equivale al 19% del PIB de la eurozona.

Ante esta enorme demanda de créditos, sin contar las necesidades de financiación de otras grandes potencias como Japón, Reino Unido o Estados Unidos, resulta evidente que los mercados (esto es, los inversores) discriminarán entre unos y otros a la hora de conceder los préstamos requeridos. Así, si una empresa atraviesa por graves problemas económicos y, en lugar de ajustar plantilla y reducir costes, apuesta por gastar lo que no tiene, es muy probable que ningún banco o inversor se arriesgue a concederle un crédito. Y, en caso de hacerlo, resulta del todo lógico que a cambio exija un tipo de interés muy superior respecto a otras empresas solventes y saneadas, debido al mayor riesgo de impago.

Esto mismo es lo que sucede con los países. Los mercados no están dispuestos a seguir manteniendo una línea de crédito a tipos bajos de forma ilimitada y a todos por igual. Grecia, con un déficit próximo al 14% del PIB –tras falsear sus cuentas– y una larga historia de evasión fiscal, es el típico deudor de baja calidad crediticia (subprime) y, por lo tanto, está obligado a pagar unos intereses muy superiores al de otros países más solventes y sólidos. De ahí, precisamente, que en las últimas semanas haya tenido que ofrecer a los inversores una rentabilidad superior a la de la deuda alemana para lograr colocar sus bonos en el mercado (es lo que se conoce como spread o diferencial).

Si a un familia muy endeudada y con escasos ingresos le triplican de repente los tipos de interés, su situación financiera se vuelve dramática e insostenible por momentos. Esto mismo es lo que le ha sucedido al Gobierno heleno y, de hecho, es justo lo que está empezando a experimentar en sus propias carnes el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, pese a que se excuse en "conspiraciones universales" de tipo judeo masónico.

El rescate, sin embargo, es una inmoralidad. En esencia, Bruselas pretende que los contribuyentes europeos (sobre todo, alemanes y franceses) se hagan cargo de los disparates cometidos por el Gobierno de Atenas. Todo ello se materializará, sin duda, en más impuestos para todos.

Habrá que ver si lo alemanes, que conocen a la perfección los terribles efectos que conlleva una creciente deuda pública, aceptarán el citado plan en caso de que la canciller Angela Merkel dé finalmente su brazo a torcer. No obstante, la broma le podría salir muy cara electoralmente. Además, tras Grecia, posiblemente, irán otros (España y Portugal son firmes candidatos).

Además, salvar a los gobiernos que han hecho mal los deberes impedirá el necesario ajuste que precisan la mayoría de balances presupuestarios en el seno de la Unión. El rescate tan sólo será un parche a corto plazo para prolongar la agonía en caso de que los países más débiles y con mayores desequilibrios fiscales no pongan en marcha de forma urgente drásticos planes de austeridad en el gasto público. Y cuando me refiero a drásticos, me refiero a recortes presupuestarios mínimos del 30% ó 40% en un período de dos o tres años. Tan sólo así se podrá solventar la crisis de deuda pública que acaba de comenzar.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

¿Los masones contra Zapatero?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…países que, a excepción del tercero, integran una Unión Monetaria a la que dudo que quieran hacer estallar por los aires.

Aun así, nada se interpone entre el disparate y la lengua de un socialista cuando de defender a Zapatero se trata. De este modo, D. José Blanco, ese eminente estadista en el que durante años muchos no vieron más que al Sancho Panza de Zapatero, no ha vacilado en anunciar una conspiración internacional contra el paraíso socialista que, contra viento, marea y neocons, nuestro egregio presidente esta instaurando en España.

Al parecer, los especuladores internacionales no tendrían nada mejor que hacer que tratar de derribar el Gobierno de ZP, abanderado en la lucha por regular a estos señores y por despojarles de su impunidad para arruinar países enteros, por lo que se habrían dedicado a pergeñar "maniobras turbias" que desestabilizaran nuestros mercados financieros. Por ejemplo, vender todo aquello que lleve asociada la marca España, incluso las acciones de un banco como el Santander que acababa de presentar los mayores beneficios de su historia.

Sin embargo, tal vez cabe una explicación alternativa que no sé si habrá considerado D. José: que efectivamente la economía española sea cada vez una inversión más arriesgada y que nadie quiera depositar en ella su dinero a menos que espere obtener rentabilidades mucho mayores que antes. Cierto que España no es Grecia, pero liderada por Zapatero va camino de serlo. Entenderá, pues, que a quien piense invertir a varios años en España no le preocupe tanto cómo estamos hoy, sino cómo vamos a estar mañana. ¿Y acaso es del todo descartable que degeneremos a una situación similar a la griega? No, porque a menos que Zapatero rectifique, en esos estamos ya. De hecho, precisamente porque con este rumbo vamos camino del abismo, Zapatero ha rectificado (o más probablemente le han hecho rectificar) en asuntos tan críticos como las pensiones, el gasto público o la reforma laboral.

Si según D. José todo son maniobras infundadas, ¿por qué rectifica ZP? Quizá porque los ritmos actuales de despilfarro son insostenibles y los mercados ya se están dando cuenta. La incógnita es ahora si el PSOE conseguirá sacar adelante las reformas que precisa nuestra economía y en esto, permítame excelentísimo ministro de Fomento, que tanto los malvados especuladores como un servidor tengamos serias dudas, sin necesidad de que meta en la ecuación turbia maniobra alguna.

No es cuestión de que el mercado sea una selva en la que los depredadores con más dinero pueden devorar sin miramientos a unas pobres hormigas progresistas cuyo incontenible altruismo les quitó tiempo para enriquecerse. No, cualquiera con un capital suficiente puede hacer mover al mercado en una dirección justo un segundo antes de que otro con el mismo capital o muchos con pequeños capitales lo hagan mover en la contraria. Porque, no lo olvidemos, si estamos diciendo que merced a las distorsiones judeo-masónicas las acciones de las empresas españolas están artificialmente baratas o que la deuda pública española ofrece rentabilidades mucho mayores a las que justificaría su riesgo real, entonces debería haber cantidades ingentes de inversores ansiosos por forrarse mediante la adquisición de esos activos a unos precios tan atractivos. Pero no los hay, simple y llanamente porque Zapatero, y no los especuladores, ha terminado por cargarse una economía ya debilitada por la propia burbuja que el Banco Central Europeo, y no los especuladores, sentó las bases para crear.

Ya ve D. José, quizá no se trate de que haya una campaña para convertir a Zapatero en un demonio, sino de que muchos, al verlo, ya lo identifiquen con uno. Motivos los tendrían sobrados, aunque más que con cuernos y rabo, habría que imaginárselo vestido de negro, con un pasamontañas y un gran saco en la espalda. En los tiempos que corren, no sería para menos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Venezuela devaluada

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

No cabe duda que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, es coherente. Este dictador con vocación de cómico no engaña a nadie; se le ve venir. No quiere saber nada de la economía capitalista y actúa en consecuencia. Todas sus acciones son consecuentes con lo que él llama “el socialismo del siglo XXI”, que a estas alturas de la película ya sabemos que viene a ser el socialismo de toda la vida.

Y ahí está la tragedia de Venezuela, porque los resultados de las medidas económicas implantadas por Chávez también acabarán siendo las del socialismo de siempre: pobreza y escasez generalizada.

El viernes 8 de enero, el gobierno de Hugo Chávez anunció la devaluación de la moneda. Posiblemente se inspiró en su admirado Lenin, que en una ocasión dijo: "¿Queréis destruir una nación? Primero destruid su moneda". Así, desde el lunes 11, comenzaron a regir dos nuevos tipos de cambio en el país. El llamado “bolívar fuerte" sufrió ajustes. Pasó de la paridad oficial actual de 2,15 bolívares por dólar, a una de 2,6 y a otra de 4,3 bolívares por dólar. Lo que significa dos devaluaciones, una de casi el 21% y otra del 100%.

¿Qué hizo la población ante esta circunstancia? Deshacerse de sus saldos de caja comprando bienes en tiendas y supermercados (¡incluso aunque no los necesitasen en ese momento!) porque sabían que se iba a producir una notable subida de precios (al doble en algunos casos) debido a que los bolívares iban a perder muchísimo poder adquisitivo.

Ante esto, Chávez no dejó pasar la ocasión para mostrar su estilo matonesco y su ineptitud económica. Aseguró que no hay ninguna razón para que nadie incremente los precios, y que no aceptaría que ningún comerciante burgués especulador (Chávez dixit) subiese los precios de los productos. Incluso instó a la población a “denunciar públicamente al especulador para que ellos [el ejército] interviniesen”. Un estilo que sólo identificamos al recordar los grandes totalitarismos del siglo XX.

Evidentemente, pese a las bobadas chavistas, los precios deben subir forzosamente debido al aumento notable de los costes. Imaginemos el caso de un comerciante que vendía a 700 bolívares un determinado producto que había adquirido previamente por 500. Si ahora ese producto le pasa a costar 1000 bolívares, resulta un poco difícil que prospere su negocio si lo sigue vendiendo a 700. Es decir, o suben los precios o desaparecen los negocios, no hay más salidas posibles.

Los ciudadanos, a su vez, por mucho que Chávez se ponga colérico, tratarán de huir de los bolívares para sustituirlos por otros activos/monedas con la intención de salvaguardar el valor de su riqueza. Los particulares acuden al mercado negro, donde pueden adquirir dólares a unos 6 ó 7 bolívares.

Menos suerte tienen las empresas extranjeras de cierto tamaño (sobre todo las españolas, colombianas y estadounidenses), que tienen que pasar obligatoriamente por el Banco de Venezuela para que les cambien sus bolívares a dólares (u otra divisa extranjera). Debido al criminal control de cambios que opera desde 2003, la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) procesa las demandas de conversión de moneda de las empresas. Éstas son obligadas a mostrar el origen de sus beneficios y luego solicitar la repatriación de dividendos a CADIVI. ¿Qué pasa con las empresas españolas que operan en Venezuela? Pues ha sucedido que después de la devaluación, y debido a que el Gobierno sigue teniendo la llave para que las filiales de empresas españolas paguen dividendos a sus matrices, éstas han visto reducirse a la mitad sus ingresos, beneficios, recursos y dividendos. Así de fácil. De un plumazo totalitario.

En realidad, el único que saldrá beneficiado con estas devaluaciones es el gobierno liberticida de Chávez, que al recibir más bolívares por cada dólar ingresado por petróleo, tendrá más fondos para poder cubrir el presupuesto y las numerosas obligaciones sociales de gasto que tiene. También podrá saldar y hacer frente a sus deudas, como, por ejemplo, pagar a los proveedores de servicios de la petrolera estatal PDVSA.

Y es que vivir gracias al petróleo (aporta cerca del 50% de los ingresos del presupuesto nacional y del 90% de las divisas que entran en el país) tiene un problema, a saber, que cuando los ingresos por petróleo disminuyen, dejan ver las consecuencias del socialismo chavista en Venezuela: existe escasez de agua y alimentos (la importación de alimentos se ha disparado); la inflación en 2009 fue del 25%, la acumulada es de más de 700%, y la deuda pública está cerca del 200%; las expropiaciones están a la orden del día; el número de funcionarios se ha casi triplicado; las exportaciones del sector privado venezolano son inexistentes; y han aumentado notablemente el número de pobres y enfermedades.

Y es que, desgraciadamente, lo que ese sátrapa llamado Chávez está consiguiendo con su gobierno incompetente, no es devaluar el bolívar, sino devaluar a Venezuela entera.