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Sostenibilidad y generaciones futuras

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La sostenibilidad está de moda, sobre todo en el ámbito del ecologismo, donde se reclama el desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades de la generación presente sin sacrificar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

La sostenibilidad parece muy razonable y bien intencionada (lo insostenible suena mal), pero su implementación ideológica está repleta de falacias e impregnada de colectivismo. A menudo se presenta a la naturaleza como un prodigio de equilibrio y armonía y al ser humano como un parásito o depredador que la destruye de forma suicida, ya que depende de ella pero parece ignorar esta dependencia. Se olvida que aunque la vida en abstracto es en principio sostenible mientras existan fuentes de energía y materiales, los individuos concretos tienen vidas limitadas y las especies evolucionan y eventualmente se extinguen: los ecosistemas no permanecen indefinidamente en estados estacionarios, sino que pueden cambiar debido a factores externos o a su propia dinámica interna. Las sociedades humanas son igualmente dinámicas, y los intentos coactivos de mantener formas culturales puras e intactas van en contra de la libertad y el bienestar de los individuos.

Un ser vivo necesita recursos energéticos y materiales y un entorno relativamente libre de agresiones para poder mantener su actividad autopoyética. Los recursos pueden ser inorgánicos u orgánicos (cadenas tróficas), igual que las amenazas ambientales: factores físicos o químicos u otros organismos depredadores.

La existencia a escalas de tiempo biológicas de algunos recursos, como la luz solar, no depende de que se aprovechen o no. Algunos recursos inorgánicos, como los combustibles fósiles, se generan muy lentamente, de modo que su consumo disminuye sus existencias físicas totales. Los recursos biológicos son especialmente sensibles a su consumo: si un depredador mata demasiadas presas puede poner en peligro su fuente de alimento, ya que la cantidad de organismos futuros depende de la cantidad de organismos presentes capaces de reproducirse.

El ser humano es una especie viva especial ya que no sólo consume recursos dados, sino que también los produce (agricultura, ganadería). La actividad del ser humano es tan intensa que puede modificar de forma notable su entorno: minería y basureros, deforestación o plantaciones, agotamiento de caladeros o piscifactorías. La acumulación de bienes de capital y los avances tecnológicos incrementan esta capacidad de acción, tanto en el lado de la producción de recursos como en el lado del tratamiento de los residuos y la modificación de las condiciones ambientales o la defensa ante las mismas.

Aunque el planeta Tierra sea un sistema finito (no cerrado) y con límites físicos, el crecimiento económico indefinido es posible porque se trata sobre todo de un crecimiento en calidad, en valor, en especialización e intercambios, y no sólo en cantidad. La actividad humana no consiste en sacar más y más riqueza natural hasta que ya no quede nada y tirar más y más basura hasta que no quede sitio donde meterla. La acción humana modifica y recombina la materia según sus preferencias, y la combinatoria ofrece vastas posibilidades cuyos límites son difíciles de alcanzar.

En una economía de mercado libre los bienes económicos tienen dueños y se intercambian a precios que indican su escasez relativa (oferta y demanda). Los recursos son en general sustituibles: es posible utilizar diversas fuentes de energía según su eficiencia económica. Los recursos minerales seguramente no llegarán a agotarse nunca: conforme sus existencias decrezcan y dependiendo de cómo evolucione el coste de su extracción, al elevarse su precio otras alternativas serán más atractivas. Descubrir qué opciones son mejores es tarea de los empresarios guiados por los beneficios y las pérdidas: la planificación estatal tecnocrática está condenada al fracaso por problemas de falta de incentivos e información.

Los que profetizan con absoluta certeza el apocalipsis del agotamiento de los recursos naturales deben de estar apostando fuertemente en los mercados de futuros de materias primas con la expectativa de enriquecerse y salvar al mundo del desastre. O tal vez no, quizás sólo son unos charlatanes que no saben gran cosa de otra sostenibilidad importante: la financiera.

Utilizar sólo recursos renovables es absurdo: si todas las generaciones hacen lo mismo, esos recursos permanecerán sin usar para siempre. El aprovechamiento de fuentes de energía renovables requiere tecnologías caras pero cuyo coste seguramente se reduzca por los avances tecnológicos: parece inteligente que las generaciones actuales relativamente más pobres utilicen los recursos más baratos y leguen a las generaciones futuras el capital y la tecnología para acceder a otros recursos.

La contaminación y los residuos son problemas donde no se tratan como agresiones sobre la propiedad privada (externalidades negativas). En una sociedad libre toda persona o corporación es responsable y debe hacerse cargo de su basura (sólida, líquida o gaseosa), por sí misma o con la ayuda de empresas especializadas en su tratamiento o almacenamiento.

La naturaleza intacta es a menudo muy bonita, pero los seres humanos demuestran generalmente con sus acciones que prefieren modificarla para ajustarla a sus deseos, dejando algunas zonas especialmente atractivas para su contemplación estética (parques naturales). La existencia de viviendas y fábricas no es un retroceso sino un avance.

El ser humano es también especial por su altricialidad extrema: el bebé humano es incapaz durante mucho tiempo de mantenerse por sí mismo. Los individuos quieren a sus crías (incluso a las crías de sus crías), se preocupan por sus hijos, cuidan de ellos. Las personas presentes consideran el interés de las personas futuras: pero no lo hacen de forma genérica y colectivista (todos por todos), sino de forma particular e individualizada. Además existe una continuidad de supervivencia y reproducción: los problemas que van a afectar al futuro suelen afectar también al presente, y por lo tanto los individuos actuales intentan resolverlos ya. Ni cualquier tiempo pasado fue mejor ni el presente es algo intocable que hay que legar a las generaciones futuras. Las personas del futuro existirán en unas condiciones que para ellos serán las normales, las únicas que habrán conocido. Además serán mucho más ricas gracias a la acumulación de capital, de conocimientos científicos y tecnológicos, de cultura, de arte. Las generaciones futuras no tienen derechos (ni como colectivos ni como individuos actualmente inexistentes) ni los necesitan.

Cómo atemorizar al mercado desde Washington

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Probablemente el Gobierno (o burócrata de Washington). Evidentemente, Obama no hará nada contra su Gobierno, quiere expandirlo, no contraerlo. La Casa Blanca pasa a la siguiente alternativa. La segunda bestia negra del americano medio es, sin duda, los banqueros. Todo el mundo los odia. En realidad, la medida era hasta previsible.

Tras un año de matrimonio perfecto con la banca, ahora Obama trata a los banqueros de terroristas. Las consecuencias han sido el hundimiento de la bolsa. Cada intervención de Obama ha sido un nuevo batacazo para el mercado. En Estados Unidos, un porcentaje importante de ciudadanos tiene sus ahorros en bolsa de forma directa (un 63% según Gallup) o indirecta. Generalmente, siempre que el mercado de renta variable ha tenido duras sacudidas por temas políticos, acababa saliendo el presidente del país sacando hierro al asunto. El actual presidente de Estados Unidos ha hecho todo contrario. La nueva regulación bancaria se podría haber hecho sin causar ningún terremoto. Simplemente ofreciendo un diálogo abierto y pausado en lugar de dar gritos. Algo así habría restado impacto popular, pero habría sido menos dañino para todos.

Tenemos un Obama que antes de ser elegido presidente hablaba de diplomacia, paz, sentido común y entendimiento. Sólo le ha faltado un año para sacarse la máscara e incumplir todas sus promesas. Sigue en Irak, Guantánamo está igual que hace un año, lejos de extender la paz se ha metido con toda la artillería en Afganistán, el paro sigue castigando al país y su reforma de la seguridad social no se hará (lo de Massachusetts ha hecho inviable el ya descafeinado modelo que quedaba).

Algunos analistas han visto con buenos ojos la nueva regulación bancaria del presidente. Concretamente, el punto que forzará a los bancos a no tomar dinero de la Reserva Federal ni de sus clientes para el trading propio. Sería volver a la época anterior a 1999 rescatando la Ley Glass-Steagall. ¿Qué arreglaría la situación? Nada, los hechos inmediatos sólo han servido para desestabilizar el mercado a corto y medio plazo creando incertidumbre y miedo. Ha generado alarmismo sólo para ganar votos.

De todos los problemas monetarios y financieros que hay en Estados Unidos, éste se encuentra al final de la cola. Es el chocolate del loro. ¿Dejarán de existir lo ciclos con la nueva ley si se aprueba? ¿Se convertirá el dólar en una moneda fuerte con un respaldo sano? ¿Se amplía el libre mercado? Tajantemente, no.

El lobby bancario en Estados Unidos es muy fuerte. A veces, los bancos actúan como partidos políticos emitiendo comunicados, en entrevistas, presionando al mercado, etc. ¿Cree que Wall Street se dejará manosear sin pedir alguna compensación? Hace un año en Europa se hablaba repetidamente de regular profundamente los hedge funds. No se ha hecho nada. En España los políticos dicen pretender cambiar la fiscalidad de las SICAVs continuamente. Tampoco se ha hecho nada. Eso sí, con la nueva fiscalidad sobre los productos de ahorro han dejado "crujida" a la clase media. Por definición, el Gobierno siempre es fuerte con el débil, y débil con el fuerte. Obama va a compensar a Wall Street de una forma u otra. De hecho, ellos le financiaron.

Sobre la nueva regulación bancaria falta ver cómo serán los detalles. Es lo más importante de todo. Muy probablemente, el Gobierno obligue a la banca de inversión a partirse y acabe instaurando un impuesto bancario, pero el matrimonio Estado-Gran Empresa (Capitalismo de Estado o economía del fascismo) seguirá intacto, como siempre.

El problema real no está en la forma de operar de las grandes instituciones. Ni en que sean demasiado grandes. Las empresas de comunicaciones americanas también son enormes y no son un peligro por esta razón. El gran problema actual, y que ha sido el mismo que ha causado la crisis, es que el Gobierno omnipotente ha convertido al mercado en un soviet. Ya no sólo con la manipulación de la creación de dinero. Cada vez hay más quejas de inversores privados que piden explicaciones de las supuestas manipulaciones de la Reserva Federal en el futuro del Mini del S&P. ¿La nueva ley contra la especulación también afectará al banco central americano? Bueno, de hecho ya está operando en la ilegalidad con el Plunge Protection Team (aquí llamada "mano de dios"). ¿Nos hemos de creer a alguien así? ¿Realmente hay alguien aún tan iluso como para pensar que la Reserva Federal y Gobierno actúan por el bien común en lugar de satisfacer únicamente sus propios intereses?

No existen apaños para solventar las recurrentes crisis de este Capitalismo de Estado. Abolición de los bancos centrales, libre concurrencia de monedas privadas y eliminación del curso forzoso de moneda la "nacional". Es una drástica solución, pero es que las medidas pragmáticas de los políticos nos han llevado a una hecatombe económica aún más dramática. Ninguna forma de populismo ha creado prosperidad en ninguna nación. El de Obama y sus cantos de sirena para contentar al incauto y al técnico, tampoco van a servir de nada. El mercado no pude depender de cómo se levante el burócrata de turno o de cómo evolucione su índice de popularidad. El mercado necesita reglas claras y un sistema económico sano. Todo lo contrario a lo que tenemos ahora mismo.

Inmigración y “derechos sociales”

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Expectantes ante la llegada del acontecimiento histórico planetario que recordará a la humanidad entera la insignificancia de los políticos que comparten el "Desayuno de la Oración", las legiones mediáticas del caudillito posmoderno nacido a orillas del Pisuerga presenciaron una de sus representaciones más histriónicas.

En la rueda de prensa que ofreció después de su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Rodríguez Zapatero, que ocupa asimismo la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, se despachaba con singular afectación contra la momentánea negativa del consistorio de Vic de empadronar inmigrantes irregulares: "el Gobierno de España no consentirá que, por el truco de un Ayuntamiento, los hijos de un inmigrante, sea cual sea su situación, se queden sin sanidad o escuela".

Aunque parezca increíble, ese sofisma se lanzó por el máximo responsable de hacer cumplir la ley que impone a los extranjeros que quieran residir en España (excepto a los ciudadanos del Espacio Económico Europeo) el deber de obtener un permiso de trabajo en sus países de origen o contar con recursos suficientes para mantenerse sin ayudas del Estado. Es cierto, no obstante, por limitarnos a los dos servicios aludidos, que una de las primeras reformas de esa Ley de derechos de los extranjeros aprobada en el año 2000 introdujo el sinsentido de otorgar a esos residentes irregulares el "derecho" a la asistencia sanitaria (no sólo de urgencia) y a la educación, por el mero hecho de empadronarse en el ayuntamiento del lugar donde vivieran. A este respecto, la regulación del empadronamiento se ha desbordado por las previsiones que lo convierten en un requisito para que los extranjeros con residencia irregular consigan prestaciones sociales.

Si fuera congruente, no obstante, el presidente del Gobierno debería promover cambios legislativos que suprimieran el deber de la policía de detener a los mismos inmigrantes que carecen de esos permisos y encerrarlos en centros de internamiento mientras se decide su expulsión. Pero no es el caso. Incluso para los elásticos parámetros europeos, la hipocresía de la regulación española resulta excesiva. Ningún gobernante europeo se atreve a insinuar que los inmigrantes irregulares deban recibir las mismas prestaciones públicas que los regulares. Entre otras razones porque, aunque cunda la tendencia de denominar como derechos a determinados servicios cuya prestación se han reservado muchos Estados, subyace la idea en todos los sistemas de bienestar que los usuarios acceden a esos servicios "gratuitamente" porque contribuyen a su financiación vía impuestos o cotizaciones a sistemas de seguridad social obligatoria, según criterios previamente establecidos. Desde esa perspectiva, la nacionalidad del contribuyente/usuario resulta absolutamente irrelevante para dejar paso al concepto de residente legal en un determinado país.

Aun discrepando de la virtualidad de esos sistemas, la recesión económica va a triturar la recaudación fiscal que permitió dar cobertura al llamado "gasto social" sin que las administraciones públicas incurrieran en abultados déficit. De esta manera, realidades largamente ocultadas por la insensatez de la casta política española van a precipitarse con singular crudeza. Los estrechos límites para la financiación de los impropiamente llamados "derechos sociales", como la sanidad y la educación, traerán consecuencias en el futuro inmediato. La degradación de esos servicios públicos cada vez más demandados se hará más perceptible. Dicho de otra manera, en una época de vacas flacas las tensiones comunes a todo plan redistributivo se van a agudizar tremendamente.

Quienes atizan las reclamaciones de "derechos" asistenciales saben que, tarde o temprano, tendrán que poner coto al universo de los beneficiarios que no contribuyen en nada, si quieren mantener la viabilidad financiera del sistema. En su huída hacia delante, los socialistas y los defensores del status quo, intentarán soslayar los vicios inherentes al sistema para asentar su poder sobre el temor a la adversidad. Sin embargo, debe abrirse la discusión sobre la conveniencia y viabilidad de los esquemas del Estado del bienestar por si mismos considerados, con independencia de que los usen los españoles o los extranjeros.

Sorpresa: los Estados también quiebran

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En momentos de crisis, nos decían, el Estado tiene que sustituir a un sector privado paralizado por la incertidumbre y cuyas demandas de bienes de consumo y de bienes de inversión han desaparecido.

Portentosa huida hacia delante similar a la de esos malos estudiantes que no satisfechos con haber suspendido un curso entero en la universidad, duplican el número de asignaturas matriculadas al año siguiente para aparentar que siguen en la brecha.

Debería haber sido evidente desde un principio que la deuda pública no constituía un activo para una economía, sino más bien, y como dicta su naturaleza, un pasivo. Sólo aquellos que se han inyectado a Keynes en las venas pueden pensar que una borrachera de gasto y endeudamiento generará la riqueza adicional suficiente como para autofinanciar el propio torrente de despilfarro.

Al fin y al cabo, el economista inglés se burlaba  de los economistas clásicos por creer (en realidad no lo creían, pero él los manipuló tanto que todo el mundo ha terminado por tragárselo) que "toda oferta genera su propia demanda". ‘Pobres ignaros decimonónicos’, pensaban altivos desde su atalaya los economistas del s. XXI pertrechados de modelos macroeconómicos a cada cual más irreal. Pero lo cierto es que los sucesores de Keynes se han creído a pies juntillas otra máxima más ridícula si cabe, la de que "todo endeudamiento público genera sus propios ingresos fiscales".

Y así, llegamos a donde nos aseguraron que nunca llegaríamos si seguíamos sus recomendaciones, si aplicábamos a rajatabla ese libreto mal escrito y peor razonado de la Teoría General. Grecia al borde de la quiebra y tras ella… España. Eso afirma Roubini, Dr. Doom, el gurú que tanto prestigio ha ganado durante esta crisis y también el mismo que ha avalado esta política de endeudamiento masivo: "Si el sector privado no puede gastar, las antiguas y tradicionales políticas keynesianas de gasto por parte del Gobierno se vuelven a convertir en necesarias", nos prescribía poco después de la caída de Lehman Brothers.

Ya ni siquiera los más entusiastas partidarios del gasto público se atreven a negar la posibilidad de que algunas economías quiebren y por ello se afanan en buscar excusas con las que justificar por qué las economías que más ajustes necesitaban –y que menos ajustes han implementado gracias al manto protector de la deuda pública– siguen hundiéndose en la miseria, pese a que sus Estados –incluyendo a nuestra España– han sustentado perfectamente la demanda privada que desaparecía, tal y como ellos recomendaban.

Hace dos años, algunos –tampoco demasiados–marcamos el objetivo al que deberían dirigirse las finanzas públicas para favorecer una pronta recuperación: bajar los impuestos y reducir aún más el gasto público para así generar superávits. La lógica era palmaria: España –Occidente en general– tiene un problema de excesivo endeudamiento que sólo puede paliarse incrementando durante varios ejercicios el ahorro, para lo cual será necesario recortar el consumo privado y también el público. Menos impuestos y menos gasto habrían permitido reducir la deuda pública y privada, colocando a nuestras sociedades en posición para volver a invertir y prosperar.

Pero no, se aplicó justo la receta opuesta: incrementar desproporcionadamente el gasto para aparentar que seguíamos siendo ricos mientras nos hundíamos en la miseria. Ahora no sólo tenemos que realizar los duros ajustes que deberíamos haber acometido hace años, sino que, en el caso de España, debemos hacerlo con la gravosa carga adicional de unos 150.000 millones de deuda pública.

Es el síndrome del nuevo rico incapaz de administrar sus finanzas y que termina por arruinarse. Nuestras élites políticas e intelectuales no estaban maduras, pues desconocían y desconocen cómo funciona una economía de mercado. Sólo les ha faltado que desde el extranjero el consenso económico internacional –que ya quebró cuando estalló la crisis y que se vuelve a resquebrajar ahora que la ha acentuado en varias partes del globo– les haya dado ánimos para seguir gastando y endeudándose. Algunos, como ese insigne propagandista llamado Paul Krugman, incluso se atreven a afirmar que el problema es que nuestros Estados no se han endeudado lo suficiente.

Pero ahí tenemos las consecuencias de su vademécum: los mismos que creían que no existía "otra política económica posible" son los mismos que ahora anuncian apesadumbrados y como si no fuera con ellos la quiebra de los eslabones más débiles de la economía mundial. Pues nada, a seguir así, a ver si con Obama como aliado también conseguís cargaros la economía estadounidense previa ronda de lloros, lamentos, excusas y unos cuantos "yo no fui".

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Google y Microsoft: víctimas y verdugos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Demasiados clientes se han pasado a las filas del P2P y las descargas, hartos de unos precios absurdamente altos y, en muchos casos, de un formato que en su día fue económicamente necesario, que muchos consideran una necesidad artística, pero que cada vez menos gente compra: el LP, primero, y su sucesor el CD después.

La forma cada vez más habitual en que se consume música es mediante ficheros en MP3, obtenidos de las más diversas maneras, y que los melómanos tienen en sus ordenadores, sus teléfonos, sus discos duros multimedia, sus marcos digitales o sus reproductores MP3; y en algunos casos en todos esos dispositivos y algunos otros al mismo tiempo. Se escuchan canciones sueltas, en recopilaciones personales de la música completamente ajustadas al gusto de cada uno. La industria ha pretendido que siguiéramos atados al CD, al que incluso han cargado de protecciones para intentar que no pudiéramos copiar la música que habíamos comprado a formatos más cómodos. Pero han fracasado.

También han puesto trabas a la compra legal de canciones sueltas; principalmente a través de unos precios absurdamente altos. Todos sabemos que el coste de descargar una canción de tiendas como iTunes o Amazon MP3 es ridículo, y que los precios de 89 ó 99 centavos están puestos para no hundir aún más el negocio de vender soportes de plástico. De modo que muchos de los más aficionados a la música se han acostumbrado a compartirla por internet y las SGAEs de este mundo les han hecho perder hasta la más pequeña brizna de culpabilidad; será muy difícil que lo dejen por una solución de pago, a no ser que sea mucho más cómoda.

Ahí es donde productos como Spotify pueden triunfar. Tiene un catálogo enorme, aunque con lagunas, y el acceso es casi instantáneo. Los clientes de pago pueden además disfrutar de las canciones en algunos móviles de última generación, aunque tiene el fallo de ser menos universal que el simple y puro fichero MP3. Pero complementándolo con compras más baratas podría ser la vía para que las discográficas sigan ganando dinero de las grabaciones. Menos que antes, claro, pero porque su aportación a la cadena de valor de la música ha disminuido muchísimo en un mundo en el que tanto el precio de las herramientas de grabación y producción discográfica como los costes de distribución han bajado a niveles ridículos si miramos los de hace una o dos décadas. Pero la industria sí sabe cómo promocionar a los músicos, incluso puede ofrecerse como mánager, y esos ingresos podrían compensar ese descenso en su facturación.

Viendo lo que ha pasado, y lo fácil que resulta analizarlo desde la ventaja que nos da el haber contemplado todas y cada una de las meteduras de pata de las discográficas, podría resultar asombrosa la actitud de las editoriales y sus correveidiles. Así, por ejemplo, en El País escribían lo mala que sería la desaparición de los "heditores" porque nadie haría la labor de, eso, edición de unos manuscritos que siempre pueden ser mejorados gracias a una mano profesional distinta de la del autor, al igual que la música gana con un productor que sepa encontrar el sonido perfecto para un artista o una canción. Y sin duda es una tarea necesaria, y por eso mismo no desaparecerá, al igual que las discográficas seguirán aportando algo de valor a la música que será retribuido. Pero eso sólo no justifica que las editoriales sigan existiendo tal cual son ahora.

Sin embargo, bajo excusas tan exiguas como ésta, parecen estar cerrando los ojos ante lo que se les viene encima. O les facilitan la vida a los lectores que se pasen al libro electrónico, bajando los precios en ese formato aunque pueda reducir sus ventas de papel, o incluso pensando en mecanismos de suscripción que quizá no sean Spotify pero se le puedan parecer, o pueden despertarse un día y ver que sus autores les han abandonado por empresas que no son editoriales de toda la vida, pero que ofrecen a los escritores lo que necesitan: la vía para llegar al mayor número posible de lectores.

Algunos escritores de éxito están presionando a sus editores para llevarse una parte mayor del pastel y algunos como Ian McEwan directamente han firmado con Amazon para convertirla en su editorial, que venderá el libro en papel y en el Kindle y le dará un porcentaje mucho mayor de las ventas. Amazon lo ha visto claro, y amenaza con convertirse en la mayor editorial de Estados Unidos a poco que las tradicionales se despisten. Por supuesto, aún hay tiempo de cambiar. Pero muchas editoriales, entre ellas las españolas, parecen tener toda la intención de despistarse.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

Una editorial para atarlos a todos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

En primer lugar, la banca ya se ha caído del guindo. La mayoría de entidades, otrora adalid de la "solidez" y "solvencia" del sistema financiero español, acaban de reconocer abiertamente lo que hasta hace dos días se negaban a aceptar. Esto es, que el mercado inmobiliario ha quebrado y, por lo tanto, los promotores no pueden afrontar el pago de su deuda, próxima a los 325.000 millones de euros.

La propia Asociación Hipotecaria Española advierte de que "el sistema no puede asumir la deuda inmobiliaria" y "las refinanciaciones posteriores (proceso conocido como roll-over) estarán comprometidas". ¿Qué está pasando? Bancos y cajas son concientes de que el crédito concedido a los promotores es incobrable y, como resultado, tendrán que acabar incorporando a sus balances gran parte del stock inmobiliario –pisos y, sobre todo, suelo–, cuyo precio de mercado es muy inferior al que consta en sus balances contables, lo cual se traduce en suculentas pérdidas que, por el momento, ocultan.

Si a mediados de 2009 la banca acumulaba cerca de 100.000 pisos embargados, ésta acabará absorbiendo, como mínimo, medio millón en manos de los promotores hasta 2012, por no decir casi todo –entre 1 y 1,6 millones, según los cálculos–, sin contar con una abultada cartera de suelo que, hoy por hoy, carece de salida en el mercado. En resumen, la crisis financiera nacional está a punto de comenzar.

Segundo punto. Ante tal panorama, como no podía ser menos, el sector pide ayuda al Gobierno. En concreto, emplear dinero público (el de los contribuyentes), ya sea a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Banco de España o Estado, para "financiar" al sector del ladrillo. Y es aquí donde está la clave. ¿Qué reclama la Asociación Hipotecaria? Muy simple: que los contribuyentes desembolsen los 325.000 millones de euros en créditos que los promotores adeudan a bancos y cajas y que, en su mayor parte, son incobrables. De este modo, el sector financiero no tendrá que absorber el citado stock. ¡Fantástico!

Y es que las primeras medidas destinadas al rescate público del sector inmobiliario han obtenido un rotundo fracaso. En 2008, el Gobierno anunció que el ICO avalaría la concesión de créditos por valor de 25.000 millones de euros (2,5% del PIB) destinados a la compra de VPO y préstamos a los promotores de vivienda protegida. ¿Problema? Ni los promotores pueden construir, dada la parálisis que sufre el sector, ni los ciudadanos quieren seguir endeudándose aún más para comprar unos pisos que están sobrevalorados.

Y puesto que las medidas destinadas a estimular la demanda no han dado sus frutos, ahora lo que se plantea es intervenir por el lado de la oferta. Que el Gobierno compre el stock, cosa que ya están haciendo múltiples comunidades autónomas, o que, directamente, se rescate el ladrillo mediante la concesión de ayudas, tal y como reclama ahora el ex ministro socialista Jordi Sevilla.

El problema es que cualquiera de estas medidas implicará, en todo caso, un incremento disparatado del endeudamiento público, con todo lo que ello implica: nula recuperación económica, descuadre aún mayor de las cuentas públicas, aumento de la presión fiscal y riesgo de quiebra soberana. Cubrir el enorme agujero que ha dejado la burbuja inmobiliaria con impuestos presentes y futuros es, a todas luces, inaceptable, inmoral, vergonzoso e ilegal. Es un robo, un atraco a mano armada que no podemos ni debemos consentir.

Puesto que el famoso Fondo de Rescate Bancario (FROB) sigue paralizado en Bruselas, ante el temor de que se salve indiscriminada y arbitrariamente al sector de las cajas de ahorros (en manos de los políticos), las entidades aspiran a que seamos nosotros quienes tengamos que cargar con la factura. ¡Y se quedan tan anchos, oiga!

Pues bien, ni rescate inmobiliario ni rescate bancario. Que cada palo aguante su vela. Los promotores han quebrado, ya que con rebajas del 15% o 20% optan por declararse en concurso y entregar los pisos a sus acreedores para saldar la deuda. Y puesto que el mercado sigue sobrevalorado en un 30% de media, serían bancos y cajas los encargados de liquidar el stock a pérdidas. Sin rebajas sustanciales no habrá ajuste.

¿Que eso va a comprometer la solvencia de numerosas entidades? No cabe duda. Entonces, ¿qué hacer? Analizar caso por caso y proceder a una dura y transparente reestructuración e, incluso liquidación ordenada, del sector mediante privatizaciones y apoyos públicos puntuales que, en todo caso, deberán ser devueltos con intereses una vez saneado el sistema. Lo contrario sería, simplemente, injusto, además de desastroso.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Por favor, no rescaten al ladrillo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La compañía de Page y Brin cargaba contra la empresa de Gates por su supuesta práctica monopolística consistente en regalar el navegador Internet Explorer junto con las distintas versiones del sistema operativo Windows. Según Google, el elevado porcentaje de usuarios que seguían empleando Explorer no se debía a su superioridad técnica, sino simplemente al hecho de que Microsoft lo empaquetaba con Windows. El éxito de este último arrastraba al primero, otorgándole una cuota de mercado muy superior a la que habría alcanzado en caso de que ambos productos se hubiesen ofertado por separado.

No seré yo quien niegue la más que probable hipótesis de Google. De la misma manera, tampoco tengo dudas de que se venden más automóviles con motor incorporado que sin él. Lo que no entiendo es de dónde se colige que una estrategia empresarial, por ser exitosa, pasa a convertirse en una práctica restrictiva de la competencia.

Uno creía que las compañías rivalizaban en el mercado por satisfacer del mejor modo posible las necesidades de los consumidores, y que para ello no sólo resultaba necesario fabricar los bienes, sino distribuirlos, comercializarlos y facilitar su uso.

Es evidente que la integración de Windows e Internet Explorer proporcionó a muchos consumidores el pack que requerían para empezar a navegar por la Red desde el momento en que adquirían un ordenador, sin necesidad de acudir a una tienda de informática para elegir qué navegador comprar. Con un producto suficientemente funcional, Microsoft ahorraba numerosos costes –monetarios y no monetarios– a los usuarios de internet.

Muchos no valorarán en absoluto las ventajas de este ahorro de costes, incluso puede que lo consideren un obstáculo para su bienestar (por ejemplo, aquellos que nunca habrían instalado Internet Explorer en su ordenador). Es posible, pero parece claro que los perjudicados por la integración de ambos productos eran una minoría absolutamente minoritaria al lado de los beneficiados. Al fin y al cabo, Microsoft sólo facilitaba el acceso a un navegador, pero no impedía la descarga y utilización de cualquier otro.

En este sentido, recordemos otra genial iniciativa contra Microsoft, esta vez por cuenta de la Comisión Europea. Allá por 2003, las autoridades comunitarias de defensa de la (in)competencia llegaron a la conclusión de que resultaba inadmisible que la compañía de Bill Gates vendiera Windows junto con el reproductor de audio y video de Microsoft (el famoso Windows Media Player). Por razones simétricas a las expuestas por Google, alegaban que Microsoft se estaba aprovechando del efecto arrastre de Windows para colocar a los consumidores un producto que debería competir independientemente en el mercado. Al final, obligaron a Microsoft a pagar la mayor multa de la historia de Europa: 497 millones de euros (monto que acabó siendo superior por supuestos incumplimientos), y a ofrecer dos versiones de Windows XP, una con el Windows Media Player y la otra sin él. Esta última, que también existe para Windows 7, lleva por nombre Windows XP N. ¿Les suena? Imagino que no mucho, porque su fracaso de ventas fue mayúsculo: en abril de 2006, varios años después de salir al mercado, apenas representaba el 0,005% de las ventas de Windows XP: ni fabricantes, ni minoristas ni consumidores estaban interesados en comprar un producto defectuoso e insuficiente.

¿Era necesario que la Comisión Europea multara y obligara a Microsoft a comercializar un Windows con menos prestaciones que otro –con todos los costes adicionales que ello conlleva– para descubrir que los consumidores tienden a preferir el Windows con más prestaciones gratuitas? Parece ser que para una panda de burócratas que sólo visitan los mercados para pisotearlos, sí. Qué sorpresa más grande se debieron de llevar al comprobar que los consumidores hacían lo que todo el mundo preveía que iban a hacer.

Mutatis mutandis, lo mismo sucede con Internet Explorer, lo cual no ha impedido ni que la Comisión persevere en sus meteduras de pata ni que Google, poco después de desarrollar Google Chrome, tratara de arrebatar cuota de mercado a Microsoft desde los despachos de los políticos.

En realidad, sin embargo, los consumidores parecen ser bastante menos tontos de lo que suponen los burócratas europeos y los empresarios aprovechateguis, pues la posición del navegador de Bill Gates dista mucho de ser hegemónica. Si en 2004 el Explorer alcanzaba una cuota de mercado del 95%, en 2009 ya había caído por debajo del 70% (sobre todo por culpa de Firefox). Basta con que Microsoft desarrolle un par de versiones de su navegador notablemente inferiores a las de la competencia para que millones y millones de internautas abandonen su software.

Pero parece que a muchas compañías les resulta más barato y sencillo vencer a sus rivales fuera del mercado (donde no necesitan satisfacer a los consumidores) que dentro del mismo. El caso de Google es, si cabe, más escandaloso, porque su buscador ostenta una cuota de mercado de entre el 75 y el 100%, según el país, y gracias a esa posición preeminente puede publicitar otros servicios, como el correo (Gmail) o su propio navegador (Google Chrome). ¿Habría tenido tanto éxito Gmail sin la ayuda prestada por el navegador de Google? Sinceramente, y pese a que Gmail me parezca un excelente servicio de correo para amateurs como yo, lo dudo. ¿Significa que, en línea con lo que Google reclama para Microsoft, se debería prohibir a Page y Brin cualquier publicidad y conexión entre Google, Gmail y Chrome? Espero que no, pues al final quienes saldríamos perdiendo, en nombre de una sacrosanta defensa de la competencia que no se sabe muy bien a quién defiende, seríamos los propios usuarios.

Google nunca debió avalar con sus maniobras la legitimidad de los tribunales antitrust, pues resultaba evidente que ellos iba a ser su próxima víctima. Y así ha sido: el pasado 11 de enero la ministra alemana de Justicia –del partido liberal– declaró que Google se estaba convirtiendo en un monopolio y que podría ser perseguido como lo está siendo Microsoft.

Dicho y hecho: a los pocos días supimos que la compañía se enfrentaba a tres demandas por prácticas monopolísticas, a cuál más absurda: una procede de los editores alemanes, otra de Microsoft y la última de la empresa Euro-cities. Los editores se quejan de que Google gana 1,2 billones de euros en publicidad mientras que todos los periódicos y revistas de Alemania sólo alcanzan los 100 millones, aun cuando parte del éxito de Google, dicen, se debe a que ofrece acceso a sus contenidos. Microsoft no reveló los detalles de la demanda, pero básicamente pretendía romper el contrato privado que una de sus filiales de publicidad, Ciao, mantenía con Google por considerarlo, ahora, demasiado restrictivo para sus intereses. Y Euro-cities, un servicio de mapas por internet, protestaba por que la gratuidad de Google Maps hacía imposible competir contra él (ya saben, competencia desleal por proporcionar un servicio gratuito que tanto perjudica a los usuarios).

Huelga señalar que ninguno de estos contenciosos debería haberse dirimido en un tribunal de defensa de la competencia, pues se refieren o bien a conflictos contractuales privados, o bien a modelos de negocio que han dejado de ser útiles para los consumidores al existir alternativas mejores y más baratas.

Sin embargo, desde que se aprobaran las primeras legislaciones antitrust, allá por finales del s. XIX, las grandes empresas privadas han ido recurriendo cada vez más a las instituciones políticas para competir entre sí o, mejor dicho, para evitarse competir. La lucha se traslada desde el mercado a los despachos de los políticos y a los juzgados; todo, supuestamente, con el objetivo de proteger a un consumidor que al final es el máximo perjudicado cuando desaparecen, por motivos no económicos, las empresas más punteras, innovadoras y capacitadas del mercado.

Las políticas de defensa de la competencia ya han conseguido que la gran Microsoft de los años 90 haya desaparecido, en medio de sanciones, costas procesales y restricciones a su actividad. Ahora, nuestros burócratas y su corte de empresarios incompetentes quieren hacer lo mismo con Google. Parece que ni siquiera los verdugos se libran de convertirse en víctimas una vez alcanzan la excelencia. Es la dictadura de la mediocridad.

Este artículo fue publicado en el suplemento IDEAS de LIBERTAD DIGITAL.

Competencia política

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Competencia política

La reciente victoria del ya senador electo del Estado de Massachusetts, el republicano Scott Brown, prueba las ventajas que tienen los sistemas electorales y políticos más competitivos e individualistas.

La política es el arte con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado, vinculado a la puesta en común de ciertos aspectos de la convivencia, y en consecuencia, está identificada con toda actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. La competencia, siempre en su sentido dinámico, lejos de los modelos de equilibrio y perfección sistemática, y de acuerdo con alguna de sus acepciones principales, sería la oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa, pero también la mejor vía para descubrir conocimiento o generar nueva información, actualizar expectativas y recomponer planes de acción valoraciones y utilidades, sobre fines y medios que nunca están dados. El concepto de competencia política se incorpora de este modo a un tipo de análisis más amplio, al que no le es ajeno el estudio económico o jurídico.

Hablamos de concurrencia entre iguales, contienda pública entre aspirantes a captar el apoyo de los electores en un plebiscito, pero también mientras dure la encomienda. Hablamos de representación, como sustitución de alguien en lo que le compete o interesa, traslación de la voluntad más o menos definida de un grupo humano circunscrito. La política exige discrecionalidad, entendida como margen de arbitrio, o potestad sobre un conjunto de atribuciones formales, razón que impide que su titular sea un mero procurador de intereses, desligándose de la imperatividad del mandato representativo que, en otros ámbitos jurídicos o sociales, sí resulta indispensable y efectivo.

Cualquier potestad implica responsabilidad, respecto de las normas que limitan la acción del potestatario, pero también, en la medida que se trate de un magistrado directamente elegido, responsabilidad política. Esta es la razón que hace la circunscripción unipersonal una mejor solución que aúna independencia y representatividad.

Cuando de lo que se trata es de componer órganos colegiados, cada miembro debe contar con la confianza formalizada de una parte del todo político, sobre el que dicho colegio pretenda adoptar decisiones. Dividiendo al electorado en distintas circunscripciones, la composición orgánica resultante adquiere independencia y competencia interna, contribuyendo a alejar el fantasma del blindaje corporativista. Mientras que sea permeable, vivirá expuesto a la opinión pública. Siempre que cada miembro dependa de un electorado directo y atento, su acción ganará mesura e independencia respecto de los intereses creados dentro del propio colegio.

Las magistraturas personalistas derivan de la exigencia de liderazgo en el ejercicio de determinadas potestades. Desaparece la competencia intraorgánica, pero pervive entre homólogos, circunscritos a ámbitos territoriales o personales diferentes. Cuando la magistratura es única (una única circunscripción), su independencia convive con la del resto de magistrados, si bien, en virtud de sus atribuciones, exclusivamente la opinión pública llegue a representar un límite o control político, más allá de la convocatoria electoral periódica (el control potestatario depende del sistema de organización política, sus reglas y mecanismos de corrección vinculados a otras magistraturas independientes).

La opinión pública es un contrapoder abstracto pero sensible y efectivo en casos extremos. El magistrado que trate de no vivir sujeto a sus tendencias, se excederá en su vocación de independencia, que al mismo tiempo podrá ser una forma inmejorable de consolidar carisma, liderazgo y autoridad. La potestad formal y el acceso representativo a las funciones definidas, no son suficiente a fin de garantizarle a un electo todo el poder político que necesitará para hacer efectivas sus atribuciones. La discrecionalidad se mide en clave de autoridad, siendo ésta la única vía para fortalecer, e incluso convertir en irresistible, casi cualquier decisión que llegue a adoptarse.

La competencia política, como mecanismo que contribuye a formar un orden social libre, se funda a su vez en la alternancia posible, la libertad de expresión, la resistencia individual frente al esfuerzo de dominación organizada, y la extensión del sufragio pasivo sobre todos aquellos que disfruten del ídem activo. Únicamente de este modo se logrará permeabilizar el poder e integrar la idea de comunidad política.

La descentralización de la potestad, de acuerdo con los criterios expuestos, corresponde con la constitución de magistraturas personales (colegiadas o no), responsables e independientes. La delegación de atribuciones, desde un magistrado expuesto a elección periódica, en competencia con el resto y sometido al límite de la potestad (opuesta a la idea de imperio como poder absoluto), quiebra en el instante en que el encargado, arbitrariamente seleccionado por aquel, ostenta funciones que no son mecánicas o meramente ejecutivas. Existe un límite de integración política también al nivel de cada magistrado, desgajándose una o varias nuevas magistraturas en la medida que se rompa el nexo mecánico dada la politización del poder delegado. Gracias a la competencia política se descubren límites de integración, promoviendo una descentralización que es, por definición, contraria al poder absoluto (imperio).

La descentralización no debe entenderse en su mero aspecto formal, cuando de una unidad política, de por sí absolutista, nacen nuevas entidades autónomas o independientes, sobre ámbitos de dominio menores. No varía la naturaleza del poder, simplemente su integración organizativa y mecánica, incorporando exclusivamente una falsa pluralidad política. La libertad exige competencia, pero no entre Estados o regiones, sino entre magistrados personales e independientes, integrados o no en colegios o cámaras, con o sin homólogos. El contrapoder, entre absolutos, deriva en conflicto y colectivismo. El mejor poder es el representativo, descentralizado en magistraturas personales y responsables, sometidas a la competencia política multidireccional. Identificadas las ventajas del individualismo, no parece comprensible alabar las virtudes de la descentralización colectivista.

Haití

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Las polémicas palabras del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, fueron más o menos que "existen males mayores que la tragedia de Haití". Enseguida asistimos al revuelo de todos los columnistas, contertulios o presentadores de radio y TV bienpensantes. Ya se la tenían guardada a este flamante obispo, por el terrible delito de haber suscitado con su nombramiento episcopal un cierto reproche entre algunos curas supuestamente nacionalistas. Seguro que algo mal habrá hecho, pensaron antes de averiguar mínimamente la verdad sobre las cosas (verdad que salió a relucir después, en una cálida y multitudinaria acogida en la catedral donostiarra).

Total, que ha sido la ocasión propicia para criticar de nuevo a Munilla, esta vez por su aparente frialdad y falta de consideración ante el dolor ajeno y la pobreza de esa nación caribeña. Hasta tal punto que el obispo se vio en la necesidad (innecesaria, a mi juicio) de tratar de matizar sus palabras, seguramente algo cohibido por la presión mediática en medio de todas las circunstancias que acabo de señalar.

En mi opinión esa frase es correcta, desde un punto de vista filosófico, antropológico o teológico. No es cuestión de extendernos en ese tercer aspecto, que curiosamente ha despertado un inusitado interés entre políticos y periodistas bien orgullosos de su ateísmo, pero que enseguida hablan ex catedra sobre cuestiones religiosas. En cuanto a los dos primeros puntos, me parece evidente defender que los males morales son peores que los males físicos; aunque a veces menos impactantes, informativamente hablando. Lo último que le puede ocurrir a un caballo es romperse una pata; sin embargo, podría escribirles aquí una inacabable lista de males que le pueden ocurrir a un ser humano peores que esa fractura ósea. Yo, desde luego, prefiero que mi mejor amigo me rompa una pierna a que me engañe, me traicione, me deje en la estacada…

Claro que la muerte y el sufrimiento físico son terribles. Pero el abuso moral y las heridas espirituales son peores. Esto lo empieza a tener claro el propio ordenamiento jurídico, que contempla por ejemplo el acoso psicológico, ese mobbing inmaterial, como algo igualmente delictivo, si no más, que el físico.

Lo que me lleva a una segunda consideración: ¿qué es lo que verdaderamente necesita hoy el pueblo haitiano? Pues, en mi opinión, menos ayudas materiales y más fortaleza moral e institucional. Peor que este desastroso terremoto han sido, a mi juicio, muchos años de abusos y corrupción; de crímenes, extorsiones y robos. Incluso desde una perspectiva simplemente cuantitativa, las muertes de haitianos inocentes han sido mayores en los sucesivos regímenes dictatoriales y opresivos que con este inesperado desastre natural.

Sin embargo, lo que prima a nuestro alrededor es un frenesí social por el de envío de aviones, bomberos y latas de albóndigas… Pido disculpas por la ironía, que ya sé que no es políticamente correcta, y ya sé que en este momento hay personas muriendo de hambre, enfermedad o deshidratación. Pero lo escribo adrede para que seamos capaces de enfocar el problema correctamente: lo que verdaderamente necesita Haití es un Gobierno justo y representativo, que atienda los problemas con racionalidad, que administre los bienes equitativamente y que distribuya las ayudas internacionales sin sospechas de robo. Ayudar a la constitución de este tipo de autoridades es una tarea mucho más importante que un envío de alimentos que tal vez sea más urgente en estos días, pero resulta insignificante a largo plazo. Eso es lo que deberíamos exigir a nuestros gobernantes nacionales y mundiales. Aunque me temo que tal vez sea más fácil pedirle a la tierra que deje de moverse.

De la planificación central al mercado: China y Rusia

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

La economía china plantea algunas cuestiones de extremo interés teórico, y también práctico. Su enorme tamaño y creciente influencia económica y geopolítica convierten el desempeño social y económico de China en un tema muy relevante a nivel global.

En primer lugar está la cuestión de cómo una economía totalmente arruinada por la planificación central pudo llevar a cabo una transición –al menos, relativamente, si la comparamos con Rusia u otros países excomunista–- exitosa hacia una especie de capitalismo.

Acerca de las causas de la divergencia entre las transiciones rusa y china, algunos apuntan a que en el primer caso tuvo lugar un proceso de reforma repentino y rupturista –la terapia del shock–, mientras que en el segundo se llevó a cabo un proceso de reforma gradual. Aunque esta tesis puede ser cierta –de hecho, sería complementaria a la siguiente–, otros estudiosos señalan al diferente modelo respecto a la descentralización versus centralización en el proceso de transición como variable explicativa clave.

Así, Rusia habría experimentado con un modelo centralizado desde arriba (top-down), acometiendo reformas ambiciosas en las instituciones formales (leyes, regulaciones, etc.), pero fallando en ajustar esas instituciones a lo prevaleciente en las normas culturales y sociales de la población. Unas normas que tras 70 años de experimento comunista, estaban totalmente desligadas a las normas esenciales de un sistema capitalista de libre mercado, como es la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Además, la confianza entre unos y otros era muy reducida, lo que hace muy difícil la cooperación social beneficiosa.

El comunismo significó mucho más que la miseria económica y la muerte de millones de personas; también significó la erosión de los valores individuales y de responsabilidad, necesarios para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Por ello, la transición rusa no solo requería de reformas como liberalizaciones de precios y privatizaciones –instituciones de jure–, sino también de cambios radicales en las actitudes sociales –de facto– de los individuos de a pie, de los políticos y de los grandes gestores-burócratas. Cambios que, por otra parte, no suelen ocurrir de la noche a la mañana.

En definitiva, Rusia en su proceso de transición habría experimentado importantes cambios en las instituciones formales, pero muy pocos en las informales.

En cambio, China habría seguido un proceso contrario: buena parte de las reformas habrían surgido descentralizadamente desde abajo (bottom-up), y el Gobierno no habría tenido más que permitir ese proceso, ajustando paulatinamente las instituciones formales a las nuevas circunstancias, o simplemente dejando hacer.

Este fenómeno se ilustra excelentemente en el inicio de un reciente artículo de la Hoover Institution, titulado How China Won and Russia Lost. En noviembre de 1978, algunos campesinos chinos, que veían cómo el sistema agrícola de tipo comunista les era gravemente perjudicial, decidieron secretamente dividir la tierra comunal entre varias familias individuales, para que éstas cultivaran la tierra de forma privada, y pudieran quedarse con el sobrante tras cumplir con las cuotas estatales. Tales comportamientos eran ilegales, e incurrían en graves riesgos.

Las acciones de estos valientes agricultores (verdaderos "buscadores" en la terminología de William Easterly en The White Man’s Burden) se extendieron a lo largo y ancho de los poblados de campesinos de China, en un proceso espontáneo de imitación de las estrategias más exitosas, llevadas a cabo por los agentes más intrépidos y perspicaces. Y así es cómo comenzó de forma auténtica el proceso de transición chino, según esta tesis: de forma descentralizada y espontánea.

Solo fue un mes después, concretamente en diciembre de 1978, cuando comenzó el proceso de reformas liberalizadoras y aperturistas formales, "la caída de la Muralla China". El timing no es en absoluto baladí.

Esta tesis sobre la divergencia entre estos dos caminos, defendida, por ejemplo, por Easterly en el mencionado libro, viene a confirmar varias cosas: la importancia que tiene la distinción entre instituciones formales de jure e informales de facto en el análisis institucional (enfatizada por la investigación del economista de la George Mason University Peter Boettke y su círculo); y los mejores resultados que proporcionan las soluciones descentralizadas, en las que se permite que la información y el conocimiento relevante y útil para la actividad económica, emerja de los individuos para ser usado de manera productiva. Cuestiones ambas sobre las que he tratado en otros artículos.

Por supuesto, la reforma china es incompleta, el proceso de reformas sigue abierto y persisten importantes dosis de represión económica –sin contar con la gravísima represión de las libertades civiles y otros aspectos–, gran cantidad de empresas públicas, un sector bancario nacionalizado, etc., además de cruciales retos y problemas graves como el medioambiental o la actual coyuntura . No seré yo quien defienda un excesivo optimismo sobre China en el corto plazo.

Pero lo que el caso chino puede enseñarnos es que avances en la libertad económica de los individuos pueden significar verdaderos y Grandes Saltos Adelante ; irónicamente, todo lo contrario de lo que intentó Mao bajo ese mismo nombre.  Una lección que ofrece algo de luz en un panorama económico global muy negativo. Y una lección que nos puede dar algunas esperanzas sobre el futuro de países extremadamente pobres como Haití.