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Intervencionismo sobre intervencionismo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Así, entiendo que muchos sospechen que las nuevas regulaciones que ha propuesto Obama para el sistema financiero –y que medio mundo se ha afanado ya en copiar, demostrando una vez más los pocos escrúpulos que tienen los políticos a la hora de aplicarnos el rodillo legislativo ante cualquier ocurrencia– tienen como propósito real acrecentar su poder y limitar el del mercado. Yo también lo creo y tras un año de presidencia de Obama, sólo sus feligreses deberían dudar de ello.

Ahora bien, dicho esto, no pienso que debamos descartar in toto su propuesta reguladora de ayer, que en esencia no es suya sino de una cabeza bastante bien amueblada en asuntos monetarios, como es la del ex presidente de la Fed Paul Volcker.

La normativa contiene dos grandes medidas. Una de ellas es por completo absurda y demuestra una vez más que a algunos no les interesa demasiado la historia. Obama pretende limitar el tamaño de los bancos impidiendo que ninguno acumule más del 10% del total de los depósitos del país. De este modo, barruntan, no habrá "bancos demasiado grandes para quebrar" y los contribuyentes no se verán forzados a rescatarlos. Cuando quiebre un banco pequeño, se lo podrá dejar quebrar –o se podrá optar por rescatarlo por cuatro dólares– sin riesgo a que contamine al resto del sistema.

Me sorprende que alguien siga creyendo en estas tonterías, máxime cuando el tamaño, a estos adoradores de la burocracia, sólo parece importarles en el sector privado. Estos señores que quieren impedir que haya bancos demasiado grandes son los mismos que luego abogan por incrementar las competencias del mayor banco de Estados Unidos –la Reserva Federal– y los que, por supuesto, no tienen ninguna pega a la hora de cebar el déficit público hasta las cifras más mórbidas de la historia.

Además, como digo, bastaría que se fijaran en el episodio de la Gran Depresión para que se dieran cuenta de lo estériles que son sus medidas para limitar el tamaño de los bancos. Durante los años 20 del siglo pasado, el sistema bancario de Estados Unidos estaba enormemente atomizado, de modo que las brutales expansiones crediticias que emprendió la Fed afectaron, no a unos pocos bancos grandes, sino a decenas de miles de bancos pequeños. En 1929 había 25.000 bancos en Estados Unidos; cinco años más tarde habían quebrado 10.000. ¿En qué sentido es más aconsejable rescatar 25.000 bancos que hacerlo con cinco? Ya se lo digo yo: en ninguno. Lo relevante no es el número de bancos, sino el tamaño del sistema bancario. Y obviamente sobre esto último Obama no se ha preocupado.

Hasta aquí los sin sentidos de la regulación. Vayamos con la otra medida que, salvo por los temores sobre cómo se va a implementar, considero bastante adecuada. Obama pretende restaurar la Ley Glass-Steagall aprobada durante la Gran Depresión y derogada parcialmente por Greenspan (a través de diversas excepciones que la fueron erosionando) y definitivamente por Clinton en 1999 (con la Ley Gramm-Leach-Bliley).

El objetivo de la Glass-Stegall era separar la banca comercial de la banca de inversión, es decir, que los bancos que captan depósitos y que pueden pedir dinero prestado al banco central no tengan permitido ni hacer trading por cuenta propia en la bolsa (lo que muchos llamarían con cara agria "especular") ni patrocinar ciertas emisiones de valores.

Muchos opinarán que debe ser el mercado y no el Estado quien fije este tipo de regulaciones… entre ellos yo. Creo que una banca libre podría autorregularse infinitamente mejor que a través de una panda de políticos que sólo pretenden instrumentarla para su propio beneficio. Ahora bien, no conviene olvidar que la banca actual dista mucho de ser libre. Mientras los bancos comerciales detenten el privilegio de refinanciar sus fondos de maniobra negativos en la Reserva Federal, trasladando su iliquidez al resto de la sociedad en forma de inflación, no podremos hablar de libertad bancaria.

Thomas Tooke, uno de los grandes teóricos de la banca en el s. XIX, lo dejó escrito: "La libertad de los bancos es la libertad para estafar". Cierto, pero sólo cuando los bancos prosperan a la sombra del Gobierno y de sus privilegios, esto es, cuando no son realmente libres sino que sólo lo parecen.

Obama, con sus regulaciones, ha venido a recortar alguno de estos privilegios (aunque, a la espera de leer los detalles, mucho me temo que pretenderá arrimar el ascua a la sardina de la deuda pública y si no, al tiempo). Así, los bancos comerciales ni podrán emplear el dinero de sus depositantes ni podrán pedir prestados fondos a la Reserva Federal para realizar algunas operaciones con activos a largo plazo y bastante arriesgadas (como el trading por cuenta propia). Además, tampoco estarán cubiertos por el fondo de garantía de depósitos a la hora de especular, lo que en principio debería incrementar un poco su prudencia.

Dicho de otra manera, con esta regulación se limitarán algo las brutales expansiones crediticias que dan lugar a los ciclos económicos y que son fruto del descalce de plazos de la banca y de las políticas laxas de los bancos centrales. Lo cual no significa, tal y como rápidamente ha anunciado Obama, ni que vayan a desaparecer las crisis (ya que siguen existiendo muchos otros circuitos por los que expandir el crédito) ni que los contribuyentes no vayan a tener que seguir sufragando rescates bancarios.

Para lograr estos dos objetivos sería necesaria regresar a una auténtica libertad bancaria: libre acuñación de moneda, abolición del curso forzoso y libre competencia entre bancos centrales (tal y como propusiera Hayek en 1976 con su opúsculo La desnacionalización del dinero). Pero eso ni siquiera el revolucionario Obama se atreverá a aprobarlo, pues al fin y al cabo el principal interesado en manipular artificialmente el crédito y la economía es el propio Obama.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

La progresiva confusión entre liquidez y negociabilidad

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Hasta comienzos del siglo XX, los estudiosos del dinero y de la banca se dividían en dos grupos: aquellos que se oponían a que los bancos realizaran cualquier clase de descuento con los fondos que les eran prestados a la vista y aquellos que si bien aceptaban la viabilidad del descuento comercial, lo limitaban a ciertos activos de muy alta calidad (como las letras de cambio con origen en transacciones reales).

La preocupación de ambos grupos de economistas consistía, pues, en que los bancos fueran capaces de atender en todo momento y circunstancia sus obligaciones a la vista. Los del primer grupo, la llamada Escuela Monetaria, pensaban que este sano propósito sólo podía lograrse si los bancos mantenían en reservas el 100% de los fondos necesarios para atender esas obligaciones; los del segundo grupo, la Escuela Bancaria, eran conscientes de que el efectivo no es el único activo circulante que permitía hacer frente a estos pasivos con un margen de seguridad razonable.

Dicho de otra manera, los teóricos de la Escuela Bancaria se preocupaban –con muchos matices– de que los bancos se mantuvieran líquidos. Como explicaba Melchior Palyi en 1936, "la liquidez, de entrada, es la capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras. Esto, a su vez, no coincide con tener reservas de efectivo. La ratio de efectivo es un asunto menor comparado con la composición del resto de activos del banco. Si estos activos son líquidos, el efectivo necesario, con el preceptivo descuento, se hallará con facilidad".

En definitiva, para Palyi y demás teóricos de la liquidez, lo esencial era que los bancos dispusieran de una cantidad suficiente de reservas o de entradas de efectivo procedentes del vencimiento de sus activos como para atender siempre a sus pasivos. Esa fue la regla de oro –tal y como la llamó a mediados del s. XIX el economista alemán Otto Hübner– sobre la que se desarrolló durante más de un siglo la práctica bancaria ortodoxa.

Tras la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos tuvo lugar, sin embargo, una fuerte contrarrevolución dentro de la literatura bancaria, que, no obstante, ya venía mascándose en los escritos de algunos economistas alemanes (por ejemplo, Carl Knies en 1879). Así, por ejemplo, Benjamín Anderson, sin dudas uno de los mejores teóricos monetarios del s. XX, escribía en 1917: "La función del crédito es universalizar la característica del dinero, la alta vendibilidad. Su propósito es ‘acuñar’, por decirlo de alguna manera, las mercancías de los escaparates, las tierras… en una forma que los convierta en tan vendibles como el propio dinero para que así funcionen como dinero. El crédito tiende a universalizar esa característica que Menger consideraba única del dinero [la liquidez]".

Sin embargo, fue sin duda alguna el famoso economista H. G. Moulton quien más hizo por desbancar el concepto tradicional de liquidez. En 1918, Moulton publicó una serie de artículos en un journal de la Universidad de Chicago bajo el título de La banca y la formación de capital. En su tercer número, el economista proponía sustituir el concepto de liquidez por el de negociabilidad: "En tiempos ordinarios, el problema de la liquidez no es tanto un problema de préstamos que maduran [a corto plazo] cuanto un problema de activos de unos bancos que deben ser enajenados a otros bancos a cambio de liquidez. Si un banco puede recibir siempre ayuda de otro banco en caso de necesidad, no es imprescindible que concentre su activo en préstamos que maduran [al tiempo que vencen sus obligaciones]. De hecho, ya está universalmente reconocido en los círculos bancarios que la manera de obtener las reservas necesarias no es fijándose en los vencimientos de los activos, sino acumulando una cantidad considerable de activos que puedan ser enajenados a otros bancos cuando se requiera. Liquidez equivale pues a negociabilidad".

Dicho de otra manera, para Moulton las reservas o las entradas de caja derivadas del vencimiento de activos eran irrelevantes con tal de que esos activos pudieran enajenarse a otros inversores obteniendo así el efectivo necesario. Así, más importante que invertir en activos a corto plazo de calidad lo era invertir en activos que tuvieran un mercado muy profundo donde poderlos vender con rapidez y sin prácticamente pérdida de valor. Es el caso de la deuda pública de ciertos países (como Estados Unidos) o de las acciones bursátiles de grandes compañías (blue chips): en principio, si un banco sin reservas ha de atender una obligación a corto plazo, podrá enajenar estos activos negociables para obtener la caja que necesita. ¿Qué importancia tiene, pues, que los bancos inviertan en activos que maduren a corto plazo si pueden simplemente vender sus activos a largo plazo antes de que sean amortizados?

De hecho, en la práctica ni siquiera resulta evidente qué activos son líquidos y cuáles negociables. La liquidez se define en términos relativos: un bien es más líquido que otro si su utilidad marginal se reduce más lentamente ante incrementos de su cantidad. La manifestación de la liquidez en el mercado se produce a través del llamado diferencial entre el precio ofrecido y el precio pedido (bid/asked spread): los bienes más líquidos son aquellos cuyos diferenciales se incrementan más lentamente conforme aumente la cantidad demandada u ofrecida.

Pero, al mismo tiempo, numerosos activos a largo plazo –como la ya mentada deuda públicas o las acciones de empresas importantes– también cotizan con spreads muy reducidos gracias a la creación de los mercados organizados (como el mercado bursátil) y, sobre todo, a la continua participación de los market markers, cuya función consiste en comprar al precio ofrecido (bid price) todas las cantidades que quieran venderse de un bien y en vender al precio pedido (asked price) todas las que quieran comprarse (estrechando, como consecuencia, el diferencial entre ambos precios).

Parecería, pues, que en la práctica, como afirma Moulton, no existan diferencias entre liquidez y negociabilidad y que ambas dependan del marco institucional existente. Como ya sostuviera Waldo Mitchell en 1923: "El que un bien en particular sea líquido o no (…) depende de las instituciones existentes para darle circulación. Cuando los mercados de acciones, los almacenes o los mercados de abastos no existían, los bancos tenían más restringido el tipo de préstamos de calidad que podían conceder".

Si durante el s. XIX se decía que la primera lección que debía aprender un banquero era distinguir entre una letra y un bono, hoy ambos instrumentos resultan plenamente intercambiables. La mayoría de economistas no entiende la necesidad de que los bancos mantengan una cartera de activos líquidos para hacer frente a sus pasivos a corto plazo, pues el efectivo siempre parece fluir cuando se lo necesita (especialmente gracias a los bancos centrales).

De hecho, apoyándose en esta idea, las entidades financieras incrementaron de manera muy sustancial entre 2001 y 2006 los activos a largo plazo que integraban sus carteras de negociación (trading assets) a través de la emisión de deuda a corto plazo. Pensaron que siempre que fuera necesario, esos activos podrían ser traspasados por su importe nominal o, en todo caso, usados como colateral para obtener créditos con los que amortizar las obligaciones que fueran venciendo. Qué decir tiene que se equivocaron y que, como consecuencia de esa equivocación, se generó un ciclo económico cuya crisis ahora estamos padeciendo.

Por ello, se vuelve esencial trazar una línea divisoria clara entre liquidez y negociabilidad con el fin de ofrecer de nuevo a la banca una pauta que pueda seguir para realizar una gestión prudente de sus activos y de sus pasivos. A ello dedicaremos el próximo artículo.

Misión: acabar con el eMule

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace unas semanas, en este mismo medio aparecía una noticia con este titular: "Nuestra misión es acabar con el eMule". eMule constituye uno de los programas más populares para compartir ficheros por internet, que es una forma eufemística de llamar a las descargas de contenidos, como películas o canciones. ¡Creo que incluso se dan casos de gente descargándose libros!

Así pues, nada de extraño hubiera tenido que dicha frase proviniera de la SGAE o de sus acólitos en el gobierno de España (o viceversa). En la medida en que alguna de las descargar con el eMule quizá se corresponda con contenidos protegidos, sería muy razonable que uno de los objetivos de la SGAE fuera acabar con esta aplicación. Ahí tienen el BOE y demás medios de represión para tratar de impedir las descargas, y nadie es ajeno a sus múltiples intentos por conseguir tal fin. En frente, de momento, tienen a la opinión pública y especialmente al colectivo de internautas.

Si el emisor de este mensaje fuera el Gobierno, probablemente sería rechazado y rechazable por la sociedad. ¿Quién podía entonces ser el emisor para no suscitar el rechazo? Observen cómo cambia la cosa.

Se trataba de Lutz Emmerich, de Spotify España, en una entrevista que le hacía Fernando Díaz Villanueva. Estas declaraciones, realizadas por un representante de una empresa privada, no suscitan temor ni rechazo, sino todo lo contrario, expectación y deseos de que se consume el fin anunciado.

¿Por qué ocurre esto? Porque Spotify no tiene policía ni ejército a su disposición para "acabar con el eMule", que es lo que utilizaría el Gobierno en la misma tesitura. Y, por tanto, la única forma en que Spotify puede acabar con eMule es ofreciendo a la gente un producto mejor: más útil, más rápido, más barato, más versátil o más lo que sea. Pero que convenza a la gente de que es mejor utilizarlo a seguir con eMule.

En el mercado libre sin injerencias gubernamentales, cualquier individuo emprendedor puede afirmar legítimamente que su misión es acabar con un producto de la competencia. Y los demás deberemos alegrarnos, pues tanto su victoria como su derrota en el empeño mejorarán nuestro bienestar. Incluso los trabajadores del eMule se deberían alegrar, pues, en caso de que pierdan la batalla, también ellos contarán con un producto mejor para descargarse contenidos, y encima quedarán liberados para dedicar su talento a otras cosas en las que puedan desempeñarse más eficientemente.

El contraste es abrumador con el caso en que sea el Gobierno o la SGAE quien lo diga: con este emisor del mensaje, todos saldríamos perdiendo. La desaparición de eMule se sustentaría en el uso de la violencia y no en el de las mejores ideas.

Mucho ánimo, señor Emmeritch. Muéstrele a la SGAE cómo acabar con el eMule, a ver si aprenden.

La imposición bilingüe

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Algunas voces han salido, no obstante, en su defensa, de entre las que destacan dos furibundos críticos de la inmersión lingüística en Cataluña: Pepe García Domínguez y Juan Carlos Girauta.

Girauta felicita a Feijóo por intentar un nuevo enfoque y alterar los parámetros del debate, ofreciendo al PP la oportunidad de cambiar la estrategia en Cataluña. El nacionalismo catalán utiliza la inmersión lingüística en las aulas como instrumento de homogeneización. En teoría se puede poner fin a la discriminación por dos vías: la de la elección de lengua, o la imposición bilingüe. La segunda, en el contexto de Cataluña, tiene la ventaja de atender una inquietud de muchos catalanes: que un porcentaje de castellano-hablantes y, sobre todo, un creciente número de gente venida de fuera, elija la escuela sólo en castellano y aumente el número de monolingües. Siendo el catalán más difícil de aprender en la calle (porque tiene menos presencia en la mayoría de ámbitos sociales), el número de interacciones en castellano se multiplicaría hasta desplazar el catalán. Una educación bilingüe ahuyentaría el fantasma de la progresiva extinción del catalán.

Los críticos con el decreto de Feijóo apelan al derecho a elegir la lengua. Es una cuestión de libertad, de que los padres puedan elegir escolarizar a sus hijos en su lengua materna con independencia de cual sea ésta. Pero, como advierte Girauta, esa libertad no existe en el resto de España, donde la educación es obligatoriamente en castellano. ¿Por qué debería ser distinto en Cataluña? La lógica es la siguiente: lo que para España es el castellano, para Cataluña es el castellano y el catalán. En España nadie venido de fuera del territorio puede educar a sus hijos en otra lengua materna que no sea el castellano. No hay libertad para elegir el inglés, el chino o el árabe. El caso de Cataluña es más singular, porque tiene dos lenguas propias (ahí es donde el nacionalismo catalán disiente, afirmando que la única lengua realmente propia es el catalán, pese a que hablan castellano la mitad de los catalanes). Dada esta particularidad, y aplicando el principio que rige en el resto de España, es coherente que en Cataluña se imponga una educación bilingüe. Si en España el idioma propio es de obligado conocimiento, ¿por qué en Cataluña no tendrían que ser de obligado conocimiento los dos idiomas propios?

Muchos de quienes critican que en Cataluña se imponga el catalán a los que vienen de otras partes de España no tienen ningún problema en imponer el castellano a los que vienen de fuera de España. Protestarán diciendo que los españoles que se desplazan a Cataluña no son inmigrantes, pues Cataluña es parte del mismo Estado. Pero esta réplica evade la pregunta de por qué los inmigrantes llegados a España tienen que adaptarse. ¿Es porque se trata de "otro Estado"? ¿O es porque la nación o comunidad cultural a la que inmigran tiene una lengua distinta y deben integrarse? Si es la primera, están dando un motivo importante a los independentistas para reclamar un Estado propio. Si es la segunda, nótese que no viene condicionada por las fronteras políticas.

Parapetar el derecho a elegir detrás de la oficialidad de las lenguas hace patente, como bien explica Carlos López, la imposición de que son objeto. La libertad de elegir entre opciones está coartada desde el momento en que la oficialidad limita las opciones.

El posicionamiento de Girauta es, por tanto, coherente con la fórmula practicada en el resto de España. Pero no es liberal. Imponer una educación bilingüe atenta contra los derechos individuales de las personas, que son los que cuentan aunque la Constitución no lo diga. Las consecuencias agregadas de la elección de lengua (como el futuro del catalán o el uso de la lengua con fines nacionalistas) son secundarias. ¿Contra quién atenta el padre que quiere escolarizar a sus hijos solo en castellano (o en inglés o en chino) porque ya habla catalán con la familia y consideran que tiene que reforzar mucho más el otro idioma? ¿A quién agrede el padre que quiere que su hijo se eduque sólo en catalán porque cree que el castellano ya se aprende fuera de las aulas? La libertad de uno acaba donde empieza la de los demás, y la elección de lengua de los padres no interfiere en la de nadie.

La cultura es también un mercado, y es mejor que opere sin imposiciones ni distorsiones artificiales. La coacción como medio para integrar o educar a la gente repulsa a los que pensamos que el uso de la fuerza sólo es legítima en defensa propia. La presión asimiladora del mercado laboral y la industria mediática, el activismo cultural, las fundaciones y organizaciones privadas y, sobre todo, la actitud comprometida de los propios hablantes, son métodos de inmersión y promoción lingüística proporcionales a la causa.

El argumento de Girauta, con todo, se dispara en el pie, al conceder la premisa nacionalista de que los padres no tienen derecho a elegir y la imposición es necesaria para garantizar el conocimiento de las dos lenguas. En este marco, el nacionalismo catalán sólo tiene que introducir una variación razonable para defender la inmersión lingüística: si de garantizar el conocimiento de las dos lenguas se trata, el catalán necesita más atención que el castellano, que se aprende en la calle, en el patio, en el trabajo o en los medios. El conocimiento equilibrado de las dos lenguas, dado el desequilibrio social del que parten, exige practicar la discriminación positiva a favor del catalán. Y volvemos a estar donde antes.

Acabar con los supervivientes

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Es un fenómeno tan viejo como la humanidad, que actualmente sólo pervive en grandes proporciones en los regímenes de inspiración marxista. Si el Estado no te permite intercambiar tus productos o tu trabajo o lo hace imposible con sus regulaciones, los ciudadanos seguirán enriqueciéndose mutuamente a través de intercambios privados a espaldas del fisco.

El deseo de los seres humanos de prosperar aprovechando las oportunidades de negocio que les ofrece el mercado no desaparece por mandato del Boletín Oficial del Estado. Sólo hay que darse cuenta de lo que ocurre en Cuba o Venezuela para constatarlo, a menos que el antifaz del socialismo nuble la visión del observador. En el caso de España está ocurriendo algo parecido pero el Gobierno, fiel a su ideología marxistizada, prefiere actuar al contrario de lo que dicta el sentido común, algo habitual desde que Zapatero llegó a la Moncloa.

Si Salgado quiere acabar con la denominada "economía sumergida", lo que debería hacer es rebajar la presión fiscal y eliminar regulaciones para que la sujeción de la actividad comercial a los usos legislativos vuelva a ser rentable. En lugar de eso, el Gobierno se propone cerrar también la válvula de escape que los emprendedores utilizan para seguir participando en el proceso económico. El resultado será un mayor empobrecimiento general sin ningún efecto sobre la recaudación.

Los primeros que desearían operar dentro de la legalidad son los propios protagonistas, pero si el Gobierno, los gobiernos, se lo ponen imposible, el instinto de supervivencia empresarial siempre será más fuerte que las amenazas coactivas de los poderosos. Un mayor nivel de coacción institucional siempre trae aparejados más pobreza y más mercado negro. También ocurre lo contrario, pero el Ejecutivo ha decidido optar por lo primero y, además, destruir a los supervivientes. Sálvese quien pueda.

Estado de Bienestar, una teoría con pies de barro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La teoría económica dominante, basada en la Justicia Social, se ha materializado en la mal llamada Economía del Bienestar, hoy vigente en la mayoría de países occidentales, propagándose además como un virus letal que todo lo infecta entre las facultades de Económicas de medio mundo. Como consecuencia, economistas y políticos centran toda su atención en cómo redistribuir de la forma más eficiente posible la riqueza que posee una determinada sociedad.

Es lo que se conoce como intervención pública y, por desgracia, las escasas críticas que recibe consisten, casi exclusivamente, en poner en duda la buena gestión de los recursos disponibles. Es decir, en denunciar el despilfarro en el que tan habitualmente caen los organismos estatales. Sin embargo, dicho planteamiento adolece de un vicio circular de imposible resolución si los agentes implicados no alcanzan a comprender la naturaleza misma de la ciencia económica.

El esquema teórico vigente que guía a la Economía hace aguas en su misma base y, por ello, se formulan respuestas inadecuadas a preguntas erróneas. Así, la clave no radica en dilucidar si el poder público gestiona bien o mal unos recursos escasos que se suponen dados a fin de evitar su despilfarro, sino en cómo articular un marco institucional adecuado para que florezca la innata capacidad creativa del ser humano y, de este modo, impulsar al máximo la función empresarial, principal motor del desarrollo económico y social.

La Economía del Bienestar construye su armazón en torno al concepto de "eficiencia estática", una estrecha y reducida dimensión de la teoría económica, ya que tan sólo analiza cómo mejorar la administración de los recursos disponibles para minimizar su despilfarro. No cabe duda de que el desarrollo y profundización de esta parcela ha cosechado grandes éxitos en el ámbito de las Ciencias Naturales, y más concretamente, en la Física (eficiencia energética) y en la Ingeniería Mecánica, pero su hegemonía ha terminado por imponerse igualmente en el campo de la acción humana, esto es, las Ciencias Sociales y la Economía, con nefastos resultados.

De hecho, tal y como muestran las enseñanzas del afamado Leon Walras, la economía neoclásica, mayoritaria en nuestros días, constituye una copia casi exacta de las aplicaciones propias de la física mecánica del siglo XIX. Conceptos tales como la "necesaria" redistribución de la renta (Arthur Pigou) y de la riqueza (Wilfredo Pareto), bajo la falaz excusa de alcanzar el máximo nivel de "bienestar" social posible, parten precisamente de este error. A saber, concebir la eficiencia como algo únicamente estático, sin tener en cuenta la dimensión creadora y especulativa que, desde sus orígenes, tenía el concepto de eficiencia económica.

Y de aquellos barros estos lodos. La preeminencia de la eficiencia estática en el cuerpo de la teoría económica continuó desarrollándose a lo largo del siglo XX hasta plasmarse plenamente en el ámbito político bajo el título "Estado de Bienestar". De este modo, durante décadas la Economía ha descuidado por completo su esencia misma al marginar de su análisis y estudio la eficiencia dinámica que, tal y como señala Jesús Huerta de Soto, consiste en "la capacidad para impulsar, por un lado, la creatividad empresarial y, por otro lado, la coordinación, es decir, la capacidad empresarial para buscar, descubrir y superar los diferentes desajustes sociales".

Así pues, más allá de la administración eficiente de la casa familiar (eficiencia estática), el problema económico fundamental consiste en cómo incrementar la hacienda actuando empresarialmente y comerciando con ella (eficiencia dinámica). Un campo clave que, sin embargo, ha quedado relegado al más absoluto olvido en la mayoría de los manuales que emplean los estudiantes y profesores de Económicas.

La función empresarial, o si se prefiere la acción humana –tal y como enfatizaba Ludwig von Mises en su Tratado de Economía–, no consiste esencialmente en asignar medios dados a fines también dados de una forma óptima sino que, básicamente, consiste en buscar, descubrir y darse cuenta de nuevos fines y medios de forma activa y creadora.

Y es que, el hombre más que homo sapiens es homo agens o, si se prefiere, un homo empresario que actúa aprendiendo del pasado y usando su innata capacidad creativa (justo lo que nos distingue de los animales) para imaginar el futuro y, así, poder ir creándolo paso a paso.

Es lo que Mises denomina Praxeología, un campo de estudio en el que la teoría de la eficiencia dinámica cobra un papel primordial. Y es que, bajo este nuevo prisma todo cambia. Lo relevante no es alcanzar el máximo nivel de producción posible evitando el despilfarro y la óptima asignación de unos recursos dados mediante la redistribución, sino potenciar las capacidades empresariales del hombre para lograr ampliar continuamente una hipotética frontera máxima de producción que, gracias a la aparición de nuevos descubrimientos antes no concebidos, termina por convertirse en una curva difusa debido a su constante crecimiento y avance.

De este modo, el enfoque de la eficiencia dinámica sitúa la empresarialidad en el centro del cuerpo teórico, y sobre esta sólida base se construye el resto del edificio derribando, simultáneamente, los agrietados y constreñidos muros que encorsetaban, dejando sin respiración, a la ciencia económica. La adopción de dichas lentes dinámicas modifica la perspectiva del mundo.

Lo importante en el mercado no es alcanzar resultados "óptimos", sino propiciar las condiciones necesarias que favorezcan la creatividad empresarial. Es decir, orientar la política económica hacia la configuración de un marco institucional que respete al cien por cien la propiedad privada, potencie los intercambios comerciales de carácter voluntario, garantice el cumplimiento de los contratos y, en resumen, favorezca la actividad empresarial.

La sociedad más justa y ética será, pues, aquélla que con mayor energía y solidez defienda la empresarialidad inherente que yace en el espíritu de cada ser humano. Por ello, dicha concepción es incompatible con la existencia de un marco institucional caracterizado por el paternalismo estatal, la coacción política, los esquemas de redistribución (Economía del Bienestar) o la ausencia de plena libertad para ejercer el intercambio voluntario y, sobre todo, la función empresarial. La "eficiencia dinámica" es la llave maestra que abre la puerta a un nuevo mundo, no sólo económico sino también social y político.

Derecho de rebelión ante cambios constitucionales ilegítimos

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Muchos autores reclaman desde antiguo el derecho de los ciudadanos a rebelarse en contra de las autoridades ante situaciones de restricción o eliminación de derechos y libertades civiles. Por supuesto, ante el derecho de rebelión, existen posicionamientos de muy diversa índole.

Así, por ejemplo, los monarcómanos reclamaban el tiranicidio, es decir, llegaban a justificar el asesinato del Rey cuando actuaba como un tirano al usurpar la libertad de sus súbditos. Argumentaban en contra del Rey, como máximo exponente del Estado absolutista, cuando disponía a su antojo de la vida y la libertad de sus plebeyos.

También las ideas de la Escolástica Española, heredaras de la obra La Monarquía de Santo Tomás de Aquino, sugerían la posibilidad de rebelión cuando el Rey (o mutatis mutantis el Estado moderno) actuaba como un tirano por cometer excesos en contra de los súbditos, sus propiedades o, incluso, la cantidad y la calidad de metales preciosos en las monedas de curso legal.

El derecho de alzamiento en contra de la autoridad política alcanzó su mayor repercusión política en Europa con el inglés John Locke, si bien lo matizó, ajustando su alcance tan sólo al objeto de derrocar al Rey cuando su autoridad deja de proteger los derechos naturales de los hombres a la vida, a la libertad y a la propiedad. Las múltiples ediciones de sus obras durante los siglos XVIII y XIX testimonian su influencia en los movimientos de sublevación en contra de los regímenes políticos que aplastaban derechos y libertades individuales.

Sin duda, son deudores directos de su obra, tanto la Revolución Gloriosa del año 1688 como la Declaración de Derechos del año 1689, como consecuencia de un cambio de régimen pacífico que permitió afianzar la democracia parlamentaria en Inglaterra. En los siglos posteriores el derecho sublevación fue crucial para la consolidación de otras democracias parlamentarias. Quizás su máxima expresión sean la Declaración de Independencia del año 1776 y, en menor medida, la Constitución de 1789 de los Estados Unidos de América, vigente desde entonces.

Sostenemos como evidentes estas verdades: todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

Como se comprueba en esta cita de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, la característica más importante que hace prevalecer la libertad es la lucha de cada ciudadano por proteger sus derechos individuales (e inalienables) frente al Estado, pero la estructura institucional también es un factor decisivo. Por su especial resistencia frente a los cambios políticos, sigue siendo un referente el mundo anglosajón por su mayor respeto a la jurisprudencia (common law) y al cumplimiento estricto de las ley (rule of law).

De hecho, es esencial para un país el dotarse de una buena Constitución que garantice el desarrollo socio económico de sus ciudadanos durante decenas de generaciones, bien explicitada en un texto único (Estados Unidos), bien desarrollada en diversas normas y convenciones no escritas (Inglaterra). Pero, en todo caso, redactada de modo que se protejan los derechos civiles del modo más abstracto, general y permanente posible y que, expresamente, se limite el intervencionismo del Estado con barreras normativas y con una mención al derecho de rebelión frente a cualesquiera leyes liberticidas que promuevan el control del ámbito de decisión privado.

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Trasvase, otra palabra maldita en el PP

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Zapatero firmó el decretazo anti PHN antes de fumarse el primer pitillo como presidente del gobierno, y Marcel-lí Iglesias, Maragall y Carod-Rovira se enfundaron unos meybas y se fueron a la desembocadura del Ebro a celebrarlo con cava. Sólo les faltó acercarse a Villena a miccionar sobre la primera piedra del trasvase del Ebro, imagen que hubiera esmaltado perfectamente el compromiso de los nacionalistas y socialistas con la vertebración territorial de la nación española.

Los cuatro ignorantes del apocalipsis oficiaron de esa forma tan cateta el pretendido ritual de su victoria sobre Aznar, ese facha, pero lo que en realidad hacían era contravenir una ley del Reino de España a cuyo mandato estaban ellos obligados en primer lugar, en tanto dirigentes institucionales. Sobre la responsabilidad de Zapatero en el desafuero, sobra cualquier comentario, dado que la rebeldía constitucional es la nota característica de su estilo de gobierno.

Lo interesante en todo este asunto es que el partido de Aznar haya preferido de nuevo, de la mano de Rajoy, diluirse en el paisaje, para no desentonar ni siquiera en uno de los problemas graves de una parte de España, de cuya defensa había hecho siempre gala, con espléndidos resultados electorales.

Hoy es el día en que no sabemos aún qué opina Rajoy sobre el problema del reparto del agua entre las zonas húmedas y secas de España, porque ha hablado tan poco y de forma tan críptica que sus declaraciones podrían ser esgrimidas por defensores de tesis completamente opuestas. Es cierto que el programa electoral del PP contempla la necesidad de llevar el agua sobrante de unas cuencas a las deficitarias, y que, si juzgamos a un partido por lo que hace cuando está en el poder, también lo es que antes de ser desalojado del gobierno el PP aprobó el PHN y procedió simbólicamente a su puesta en marcha. Pero es igualmente innegable que, desde que está en la oposición, en el partido de Rajoy se oyen más las voces de los que quieren blindar los ríos a su paso por el territorio de su comunidad que los que exigen el cumplimiento íntegro de lo contemplado en el último programa electoral.

Sin ir más lejos, María Dolores de Cospedal, a la sazón secretaria general del partido –un partido con vocación nacional–, ha sido la principal impulsora de la cancelación del único trasvase que trae agua al sediento levante español, rubricando con su firma el texto de una reforma estatutaria en Castilla-La Mancha que establece expresamente la muerte del Tajo-Segura. Si el contrato que el PP ofrece a sus votantes incluye en lugar destacado su apoyo al reparto del agua con criterios de solidaridad interregional y la segunda de a bordo dedica sus mayores esfuerzos a promover todo lo contrario, algo debería decir el presidente del partido, para aclarar la confusión que sin duda atenaza a los que le otorgaron su voto en las zonas sedientas de la península.

Rajoy es partidario de llevar agua a las zonas que las necesitan cuando hace campaña allí, y exquisitamente discreto cuando le preguntan al respecto en las cercanías del Ebro, el Duero o el Tajo, mayormente para no molestar a los progres sostenibles y altermundistas, no sea que le acusen de depredador del medio ambiente.

Para mala suerte del gallego, resulta que en las regiones que demandan el agua sobrante de otras zonas de España –a las que, por cierto, ampara absolutamente la legislación en la materia– gobierna su mismo partido, con unos dirigentes regionales que no parecen dispuestos a traicionar a sus votantes, sobre todo porque están mucho más cerca de ellos que sus jefes asentados en los cómodos despachos de la calle Génova.

No pretendo decir que estemos ante el inicio de un proceso de rebelión interna en el PP, pero las elecciones autonómicas son a comienzos del año próximo y los políticos del sureste también necesitan imperiosamente ganarlas. Dada la habitual falta de escrúpulos en la clase política, no nos asombraríamos de nada de lo que pudiera ocurrir. ¿Y Rajoy?

Entender la libertad 2.0

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

No hubo esas dificultades con la llamada "ley de la patada en la puerta" del ministro Corcuera o Corcuese, que dimitió después de que el Constitucional le tumbara su barbaridad. Todo el mundo entendía que suprimiendo las garantías jurídicas a la hora de registrar un domicilio, por más que se justificara en la efectividad de la lucha contra el delito, eliminaba uno de nuestros principales derechos y borraba de un plumazo nuestras libertades.

No sucede lo mismo con esta ley. Muchos continúan pensando y argumentando que, al fin y al cabo, esto va contra los sitios web de enlaces, y que quienes nos oponemos a la ley somos todos unos piratuelos dedicados en cuerpo y alma a la mula y el torrente. Es lo mismo que aducir que quienes se oponían a la Ley Corcuera eran en realidad unos delincuentes que no querían acabar en la trena tras un registro de su casa. Así, por ejemplo, El Mundo se ha mostrado de acuerdo con la versión más radical de la ley, la que no incluía jueces ni siquiera de la forma tramposa en que se ha hecho, porque "la Justicia en nuestro país es más que lenta, lentísima". Si es por esa razón, bien podían ser también favorables al CAC porque los tribunales tardarían mucho en cerrar un medio de comunicación…

La última muestra de la resistencia de los internautas a esta "ley de la patada en el router", como ha sido bautizada en honor a aquellas viejas intentonas socialistas de violar nuestros derechos, es un nuevo manifiesto al que han llamado "Libertad 2.0" y que, pienso, puede firmar tranquilamente cualquier liberal de estricta observancia. No comete errores como el del manifiesto original, que pedía al mismo tiempo que no se interviniese en la red y que se garantizara la "neutralidad de la red" –algo que exige una intromisión estatal para su imposición–, o invocaba un inexistente "derecho de acceso a la cultura a través de internet", que parece catalogar las descargas nada más y nada menos que como un derecho al nivel de la libertad de expresión. Ni siquiera errores más veniales como hablar de "ciudadanía" como un colectivo en lugar de referirse a los ciudadanos, individuos con sus derechos individuales, como hace la plataforma Red-Sostenible. Y no hablemos ya, claro, de la frikada de los Gopegui, Regás, Frabetti y compañía.

En cualquier caso, y aunque sea por motivos distintos, o les escandalicen unos aspectos más que otros, parece claro que la Ley Sinde ha provocado la repulsa de los internautas de todas las adscripciones ideológicas. Sin embargo, claro, eso no significa que el PSOE no vaya a intentar aprobarla. Ni siquiera estoy seguro de que finalmente el PP vaya a votar en contra, conociendo la táctica marianista de hacer un discurso impecable contra el Gobierno, pero abstenerse o votar a favor cuando llega el momento realmente importante. Aunque el ruido que han logrado provocar los internautas haya sido mucho mayor que en otras ocasiones, finalmente el desprecio hacia nosotros que llevó a Zapatero a nombrar a González Sinde volverá a actuar. Cabrá entonces preguntarse si la gente de izquierdas que tan activa ha sido contra esta ley votará por una alternativa, se quedará en casa o decidirá apuntarse a la doctrina Gump expuesta por Víctor Manuel. Miren que en muchos casos yo apostaría por lo último.

¿Habrá tijeretazo?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En primer lugar, el conjunto de las Administraciones Públicas ha incurrido en uno de los mayores y más rápidos descuadres presupuestarios del mundo desarrollado, ya que el saldo de las cuentas públicas se ha desplomado en 13 puntos porcentuales (más de 130.000 millones de euros) en apenas dos años, al pasar de un superávit del 1,9% del PIB en 2007 a un déficit público que, según BBVA, rondará el 11,5% del PIB en 2009.

En segundo lugar, los planes de estímulo discrecionales aplicados hasta el momento y el sustancial aumento de las prestaciones sociales como consecuencia del paro han logrado que el gasto público se eleve hasta el 46,5% de la riqueza nacional. Ante tal situación, la entidad concluye que el Gobierno incumplirá con su objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2013, tal y como ha pactado con Bruselas.

Aunque la economía saliera de la recesión y los ingresos fiscales experimentaran cierta recuperación, la Administración Pública se verá abocada a poner en marcha un duro plan de ajuste centrado en recortar el gasto público hasta un 8,5% del PIB de aquí a 2013 o, lo que es lo mismo, unos 20.000 millones de euros anuales. Para ello, el peso del gasto corriente y de los sueldos de los funcionarios tendría que retroceder, como mínimo, hasta los niveles de hace 10 años, lo cual se traduciría en recorte de plantillas y salarios en el sector público, tanto a nivel estatal como autonómico o local.

De hecho, la entidad recomienda fijar un techo de gasto a las administraciones autonómicas, cuyo dispendio está siendo, en la mayoría de los casos, igual de alarmante que el protagonizado hasta ahora por el Gobierno central. No obstante, la mayoría de las comunidades autónomas registrará un déficit presupuestario en 2010 superior al límite del 2,5% del PIB fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado año, según la agencia de calificación Fitch.

Si todo ello se llevara a cabo, es decir, si el Gobierno efectuara el tijeretazo necesario para regresar al 3% de déficit, la deuda pública ascendería al 73% del PIB en 2012, casi el doble que antes de la crisis. Y, de hecho, aún manteniendo el equilibrio presupuestario a partir de esa fecha, el nivel de deuda pública no regresaría al límite máximo del 60% del PIB que impone Bruselas hasta la siguiente década: 2021 ó 2024, según los analistas de la entidad.

Hasta aquí el panorama previsto siempre y cuando se hiciera lo que tiene que hacer. Sin embargo, mucho me temo que la realidad será muy distinta. ¿Se imaginan a Zapatero pactando con los gobiernos autonómicos un recorte salarial, aunque éste sea mínimo, a los más de 3 millones de funcionarios que trabajan hoy en España? ¿Se imaginan a Salgado presentando para 2011 una reducción presupuestaria equivalente al 2% del PIB, y así hasta 2013? ¿Y a las autonomías aceptando un techo de gasto público? ¿Y a los sindicatos apoyando que el salario de los empleados del sector privado se ligue a la productividad? Sinceramente, hoy por hoy, no me lo imagino. ¿Habrá, pues, tijeretazo? Lo dudo. El Gobierno mantendrá su política económica hasta donde le permitan los inversores o Bruselas. La única cuestión pendiente es, si llegado a ese punto, habrá posibilidad de retorno.