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Política e imagen

Pocos dudarán de la importancia que la imagen tiene actualmente. Nadie en su sano juicio iría a una entrevista de trabajo con bermudas y camisa floreada, como pocos son los que van a la playa a pasar una tarde entre amigos con traje y corbata. Cada momento tiene sus formas,  su imagen y éstas son importantes en tanto forman parte de nuestra tarjeta de presentación y transmiten información personal de cómo somos e incluso de cómo actuamos. Sin embargo, esta pasión por la imagen se está volviendo enfermiza y peligrosa cuando de lo que hablamos es de política.

Desde que la televisión se convirtió un fenómeno de masas, el color de la corbata, la marca del traje, el fondo de armario del político se ha convertido en un asunto de Estado. Las chaquetas de pana llevaron en volandas a Felipe González a la presidencia española para luego ser abandonadas por trajes cada vez más caros. Los descamisados de Alfonso Guerra pronto vistieron camisas de Hermenegildo Zegna o Loewe que se sacaban por fuera del pantalón para no confundir a posibles votantes. No hace mucho, Leire Pajín y otros cargos importantes del PSOE cantaba puño en alto la Internacional mientras lucían ropa de marcas que no se pueden permitir muchos proletarios. Sobre Aznar se lanzaron un millar de estilistas tijera en mano hasta que su bigote y flequillo terminaron enamorando, presuntamente, a millones de votantes. A Rajoy se le puede ver en mangas de camisa, como camarero improvisado en un albergue para desheredados en plena campaña navideña o como respetable congresista según le conviene.

El problema de la imagen es que poco a poco ha ido sustituyendo a la profundidad del mensaje político hasta el punto de que los grandes anuncios políticos se sincronizan con la hora del telediario para que con una frase grandilocuente o con un eslogan acertado se encandilen millones de televidentes. En la recién estrenada presidencia española de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero se ha gastado un porrón de euros en un nuevo mobiliario para que las reuniones de la superburocracia europea luzcan adecuadamente, cantidad que nos ha dejado con la boca abierta y el bolsillo dolorido, mientras ha anunciado que en seis mes, en seis, ni más ni menos, nos sacará de la crisis.

Aquí lo importante no es tanto si ese objetivo es posible o no, sino dar la sensación de que estamos ante un político ágil y comprometido con cierta utopía futurista. Una de las críticas, acertada desde mi punto de vista, es que el actual gobierno socialista ha estado gobernando a golpe de imagen, de negar la evidencia o de usar un asunto polémico o una ley vacua para tapar o minimizar los efectos de errores más graves o carencias evidentes. Y lo ha hecho con un éxito considerable.

Hay que reconocer que esta actitud política por sí sola no se sostiene sino que necesita la complicidad de otras actitudes que sostengan este particular mundo virtual. La primera es la de los medios de comunicación. Si estos se mantienen pastando del presupuesto como lo hacen los públicos, o pendientes de que les autoricen tal o cual emisora de radio o que les permitan tener una televisión aparentemente privada, nunca podremos aspirar a que las críticas al poder establecido sean demoledoras, que les hagan daño, que les obliguen a corregir o eliminar medidas concretas. Los medios de comunicación, en especial los audiovisuales, les hacen el juego reduciendo los discursos a simples frases o intervenciones que se suponen que concentran la esencia del mensaje. El resultado termina siendo la promulgación de leyes vacías que pretenden más un adoctrinamiento de la población que la resolución de ciertos problemas.

Alguien podría pensar que tal situación sí que se ha producido cuando después de los atentados del 11-M casi todos los medios de comunicación apuntaron al PP en el poder, como último responsable de los muertos. Semejante pensamiento es demasiado ingenuo, pues su actitud sólo favoreció un cambio de gobierno, con aspiraciones a cambio de régimen, que desde entonces ha endurecido el poder del Estado con leyes cada vez más coactivas, con libertades cada vez más restringidas y con una población cada vez más controlada.

La segunda actitud es quizá más preocupante. Es la actitud de la ciudadanía, es la actitud de gente que está dispuesta a someterse al poder, que está dispuesta a perder cada vez más libertad, es la actitud de los que no buscan salirse de lo oficial, de los que no hacen nada o hacen poco por sus propios problemas porque piensan que vendrá papá Estado a solucionarlos, es la actitud de los que piensan que existen fórmulas mágicas que sólo son conocidas por nuestros políticos y que sólo ellos pueden desarrollar e implantar, es la actitud de los que no buscan información y conocimiento y una actitud crítica ante la vida, del que traga todo tipo de ley y norma política sin ni siquiera plantearse su legitimidad, su legalidad o incluso su moralidad. Es la actitud del grupo pastueño que ha olvidado o no ha aprendido que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Con esta ciudanía, con estos medios de comunicación y con estos políticos afrontamos la salida de la crisis económica. Feliz año a todos.

Sexoencuesta

Alguien que sepa de psicología evolucionista les sabrá dar todas las razones de que las mujeres piensen en el amor romántico y en la reproducción y los hombres en el deseo sexual, que las mujeres se centren en seleccionar bien la pareja y los hombres tengan una estrategia… dispersa.

Todo eso lo sabíamos y lo sabía el Gobierno. ¿Por qué destina sacos de dinero público a esa encuesta? Sorprendentes o no, ¿qué relevancia tienen esos resultados para la acción del Gobierno? La ministra Aído, apenas miembra de este Gobierno, ¿qué ha dicho de tal desigualdad fraudulenta? ¿Cómo permite a los genes que sigan ordenando un comportamiento tan poco progresista? Usted mezcla los genes con la manía de la gente de hacer lo que les parece y luego pasa lo que pasa.

Es evidente que el Gobierno no ha hecho la encuesta para que Aído luche contra los genes, que contra la libertad de cada cual ya tiene sobrante tarea. ¿Por qué, entonces? Holgaría decir que el sexo pertenece al ámbito privado si no fuese porque el objetivo del Gobierno es convertirlo en un asunto público. Por eso dice que la encuesta es sobre "salud sexual", porque está aceptado que el Gobierno puede entrar en cómo manejamos nuestra salud. Por esa vía quiere entrar en nuestra casa, y en nuestra cama. Se trata de romper todas las barreras entre lo público y lo privado para que el Gobierno haga y deshaga a voluntad. Todo, desde cómo gestionamos nuestra salud o la educación de nuestros hijos a lo que consumimos, cómo nos desplazamos… todo es ámbito de decisión del Gobierno. Ni lo más íntimo se escapa de su mirada. Gran hermano.

No me considero una persona conservadora en lo moral, pero desconfío de el Gobierno entre en ese terreno. Sus efectos no son en la moral menos devastadores que en la economía. El pudor es un sentimiento útil para proteger la intimidad y, en última instancia, a la persona. Será por eso que la camarilla que nos gobierna no conoce la vergüenza.

El capitalismo lo aguanta (casi) todo

La noticia de que Gallardón va a gastar casi 10.000 euros por minuto en 2010 –y de que lo vaya a hacer en un combinado de inversiones para su promoción personal y para hacernos la vida imposible a quienes residimos en Madrid– muestra hasta qué punto nuestras administraciones públicas se han expandido hasta límites que deberíamos haber considerado intolerables desde hace mucho tiempo. Si trasladáramos ese cálculo a la administración central, alcanzaríamos cifras igualmente indignantes: Zapatero espera gastarse el año próximo (aunque a tenor de 2009, será mucho más) más de 320.000 euros por minuto, esto es, más de lo que ingresarán muchos españoles en 15 años y, desde luego, más de lo que ahorrarán muchos en toda una vida.

Estos números ilustran como pocos una inquietante realidad: los Estados se han convertido, casi sin excepción, en los principales agentes de las economías occidentales. La economía de mercado, asentada sobre la soberanía del consumidor en elegir qué quiere y qué no quiere consumir, combinada con la autonomía del capitalista para descubrir cuáles son los métodos más eficientes para servir al consumidor, ha quedado arrinconada a una mínima expresión. Probablemente, si al asfixiante gasto público le añadiéramos las regulaciones, bastante menos de un tercio de las economías modernas seguiría mereciendo el apelativo de economía de mercado.

Y sin embargo, las personas que actúan en ese reducto de libertad son tan eficientes, perspicaces, ingeniosas, creativas y capaces como para sufragar los milmillonarios despilfarros de nuestras administraciones públicas y para incrementar de manera muy sustanciosa el nivel de vida de las masas. Del mismo modo que unos diminutos mercados negros sirvieron como válvula de escape para las inclemencias y miserias del comunismo, el capitalismo que resta tras deducir impuestos, regulaciones, prohibiciones, inflaciones, manipulaciones de los tipos de interés, restricciones ecologistas y controles de precios basta para que, año a año y pese a los ciclos económicos, Occidente sea cada vez más rico.

Los socialistas de todo pelaje y color llevan un siglo tratando de cargarse desde dentro esta maravillosa institución natural que es el mercado y todavía no lo han logrado; una prueba más de que la inteligencia dispersa y espontánea de millones de individuos supera cualquier expectativa y previsión que pueda realizar una mente individual tratando de planificar los procesos sociales. Sólo cabe preguntarse y lamentar qué cotas de desarrollo habríamos alcanzado si sectores enteros de la sociedad no se dedicaran y se organizaran para rapiñar, ponerles la zancadilla e impedir la creación de riqueza al resto de la sociedad.

En definitiva, si la muy intervenida economía española es capaz de resistir a los manirrotos gallardones y zapateros durante los próximos años, el capitalismo habrá logrado un nuevo hito difícil de superar, pues ni siquiera una de las sociedades más endeudadas, desestructuradas, anestesiadas y estatalizadas de Occidente se quedaría estancada en su propia parálisis funcionarial.

Veremos qué nos depara 2010. Pero si hay razones para ser optimistas, desde luego se las debemos a los empresarios, a los capitalistas, a los especuladores, a los ahorradores, a los trabajadores y a los consumidores que tratan de volver a coordinarse en ese grandioso esquema que se llama división del trabajo y del conocimiento para volver a generar riqueza. Sin duda, no habrá que buscar esperanza en políticos, grupos de presión, sindicatos o patronales que sólo pretenden sobrevivir a costa de la capacidad y de los esfuerzos de los demás.

Que tengan un próspero 2010, neto de minutas socialistas.

Ética y personas inexistentes

Derechos, deberes y prohibiciones éticas son formas de expresar normas de conducta para minimizar los posibles conflictos entre personas y permitir el desarrollo individual y social. Estos conceptos legales sólo son aplicables a sujetos éticos existentes en cada momento, unos respecto a otros, como agentes que actúan y como receptores de los efectos de diversas acciones: no tiene sentido exigir obligaciones o aplicar protecciones a entidades inexistentes, sea porque son ficciones imaginarias, porque ya han muerto o porque aún no han nacido. Las personas que no existen no tienen problemas, no actúan, no prefieren, no valoran la realidad, no toman decisiones, no participan en ningún conflicto. Nuestros antepasados ya fallecidos tuvieron derechos pero ya no los tienen. Nuestros descendientes aún no nacidos tendrán derechos pero aún no los tienen. Los personajes de ficción sólo existen en la ficción.

La única norma ética universal, simétrica y funcional es el derecho de propiedad (junto con el cumplimiento de los pactos contractuales). Las personas inexistentes no pueden ser propietarios de nada real (ni controlan bienes ni pueden tener y expresar preferencias ni sufrir daños) y no pueden comprometerse a nada con nadie.

Sin embargo a menudo los seres humanos incluyen seres inexistentes (ancestros, divinidades, generaciones futuras) en sus argumentaciones morales por diversos motivos: ciertas normas culturales se transmiten como sabiduría de generación en generación; la creencia en espíritus con capacidades de vigilancia y recompensa o castigo refuerza el cumplimiento de normas cooperativas; la atribución del origen de las normas a agentes benevolentes y poderosos que no forman parte del grupo puede servir para evitar conflictos de interés entre cooperadores igualitarios o para justificar falazmente el dominio de los poderosos sobre los explotados.

Los seres humanos no actúan conforme a lo que es estrictamente real, sino según sus representaciones mentales imperfectas, que no abarcan toda la realidad y pueden incluir entidades irreales, recuerdos de personas ausentes o proyecciones imaginarias. En la mente de un individuo coexisten memorias de personas reales con representaciones de personalidades inexistentes, que también tienen intereses y transmiten órdenes o peticiones.

La reflexión ética es posible, pero mucha gente ignora la filosofía y la ciencia de la moral, no se pregunta por la razón de las normas o da respuestas erróneas a su sentido. Dadas las capacidades, limitaciones y especializaciones de la mente humana, a mucha gente le resulta más fácil pensar en las normas morales como resultado de la acción intencional de personas concretas que transmiten órdenes en lugar de analizar las normas como conceptos abstractos despersonalizados.

Los sentimientos morales de los humanos son valoraciones procesadas inconscientemente y percibidas como normas de conducta (inhibidores o activadores) que en general no tienen características de universalidad y simetría y pueden ser ocasionalmente (o sistemáticamente) disfuncionales. Estos imperativos morales pueden ser instintivos (genéticos) o resultado de la transmisión cultural, en especial durante la infancia del individuo.

Aunque las normas éticas son universales y simétricas, la continuidad de la especie humana es claramente particular y asimétrica: los progenitores transmiten sus genes e invierten recursos en sus hijos, quienes durante bastante tiempo no pueden mantenerse por sí mismos. Además los adultos son por lo general más fuertes y sabios que los niños, de modo que los padres suelen transmitir ideas y dar órdenes a los hijos (deberes, prohibiciones), y estos buscan su protección y tienden a asumir las indicaciones recibidas (para obtener premios o evitar castigos), llegando eventualmente a hacer suyas las reglas recibidas de sus mayores (progenitores y miembros destacados de la tribu).

Cuando los niños se hacen adultos siguen obedeciendo las indicaciones de sus mayores aunque estos hayan muerto, los honran y mantienen sus compromisos con ellos, lo cual origina un culto a los ancestros: la memoria de personas pasadas y sus ideas influye sobre la conducta moral actual. Este culto puede ser impersonal (los antepasados en general) o particularizarse en algunas figuras sobresalientes (héroes, jefes, personajes carismáticos). Dadas las exigencias de poder y sabiduría de la persuasión moral es fácil que lo histórico se transforme en mito o leyenda. La creencia en espíritus sobrenaturales vigilantes con poder para premiar y castigar refuerza la influencia de las normas morales sobre el control de la conducta.

Cada individuo actúa según sus contenidos mentales, pero esos contenidos pueden ser resultado de interacciones con otros sujetos (las conductas individuales no están completamente descorreladas, cada uno influye sobre las decisiones de los otros). Mediante la comunicación lingüística los miembros de un grupo pueden intentar manipularse unos a otros implantándose programas mentales que dirijan su comportamiento. Estas influencias mutuas permiten la coordinación social: la presión de la conformidad hace que los contenidos morales sean mayoritariamente uniformes y las acciones previsibles.

Las normas morales pueden percibirse como impersonales (simplemente haz esto o no hagas eso otro) o como órdenes que expresan la voluntad de alguien que tiene suficiente poder para premiar o castigar y capacidad de vigilancia para comprobar que sus deseos se cumplen (si no fuera así, la orden podría ignorarse). En ocasiones una persona puede camuflar sus preferencias personales y realizar afirmaciones morales como si fueran hechos objetivos básicos e irrefutables que deben ser aceptados por todos. En otros casos es posible reforzar la aceptación de un mandato cuyo sentido no se entiende (o no se quiere aceptar) explicando que procede de una persona fuerte, sabia y bondadosa (o astuta y malvada si se teme un castigo).

Si un miembro de un grupo pretende actuar como fuente de las leyes es posible que surjan conflictos de interés al imponer sus preferencias particulares. Disponer de una referencia normativa externa frente a la cual todos los individuos están en situación de igualdad puede servir para evitar este problema. Pero en los grupos humanos suele haber asimetrías de poder: los fuertes pueden someter a los débiles e imponerles su voluntad. Para evitar revueltas y afianzar su poder los poderosos pueden recurrir a la superstición popular y declarar que gobiernan por mandato divino: son simplemente representantes de una voluntad más alta a la cual todos deben someterse.

España en 2010

Echando la vista atrás, no cabe duda de que el pronóstico se ha cumplido: acabamos de sufrir la mayor recesión económica de las últimas décadas tras registrar una caída del PIB superior al 5% –si se descuenta el peso de los estímulos públicos–; un paro muy próximo al 20%; y un intenso descuadre en las cuentas estatales, con un déficit superior al 7% a cierre de año.

Ahora bien, ¿qué cabe esperar de 2010? Organismos y analistas ofrecen sus previsiones para el año entrante. En este sentido, lo primero que cabe resaltar es que este tipo de pronósticos son inútiles, ya que fallan estrepitosamente en la inmensa mayoría de los casos. Son meras adivinanzas carentes de valor porque, entre otras cosas, hacen uso de modelos estáticos de naturaleza matemática que, partiendo de teorías económicas erróneas, no contemplan un principio básico en economía: el futuro está por hacer. Por ello, si fallaron en 2009, es muy probable que también lo hagan en 2010.

Sin embargo, sí es posible atisbar ciertas tendencias en España de cara a los próximos 12 meses. En concreto, una positiva y dos negativas. La buena noticia es que, tal y como cabía esperar, la recesión ha logrado purgar en 2009, al menos parcialmente, los excesos que generó la expansión crediticia orquestada por la banca central en la última década. El sobredimensionado sector inmobiliario se está ajustando, aunque muy lentamente, el consumo y la demanda de crédito caen con fuerza, el ahorro crece a tasas históricas y las empresas reducen costes y ajustan plantillas. Es decir, los agentes privados se están apretando el cinturón para sobrellevar su pesada deuda.

Como resultado, la crisis se ha llevado por delante 300.000 empresas y casi dos millones de puestos de trabajo. Sin embargo, la sana limpieza que aplica el mercado aún no se ha completado y, de hecho, se está postergando sine die por culpa de la intervención estatal. Como era de esperar, el Gobierno se ha puesto manos a la obra y, haciendo uso de la deuda pública, ha hecho lo peor que podía hacer.

Esto es, intentar salir al rescate de la economía mediante políticas de gasto: entre otras medidas, crear empleo artificial (Plan E); subvencionar la compra de coches; ampliar prestaciones por desempleo; comprar stock inmobiliario e impulsar la construcción de VPO; ingentes ayudas públicas a sectores industriales (industria, carbón, renovables…); concesión de créditos públicos (ICO); permitir trampas contables y refinanciaciones inútiles con el fin de retrasar la necesaria reestructuración y la quiebra de entidades financieras.

Los efectos de estas políticas ya son visibles: aumento récord del déficit público, subida de impuestos y restricción del crédito a empresas y familias solventes (crowding out). Si a ello se suma la inexistencia de reformas estructurales para mejorar la competitividad de nuestras empresas en el exterior, tan sólo cabe concluir que el Gobierno está impidiendo la ansiada recuperación económica.

Así pues, 2010 será una continuación de 2009. La agonía se prolongará gracias a la intervención del sector público. Si bien es posible que el PIB repunte en algún trimestre, el crecimiento económico será prácticamente nulo e incluso no se descarta un nuevo cierre en negativo. De este modo, España corre el riesgo de enquistarse con una tasa de paro estructuralmente elevada, próxima al 20%, ante la imposibilidad de generar empleo. Además, no cabe esperar ningún cambio de rumbo o corrección por parte del Gobierno.

Y es que es muy probable que el Ejecutivo socialista mantenga su estrategia de estímulos públicos e inexistencia de reformas y austeridad en las cuentas para mantener la pax social y asegurarse la reelección en 2012. Eliminar partidas presupuestarias y recortar de forma drástica ayudas públicas es un precio electoral que, hoy por hoy, no está dispuesto a pagar el PSOE. Así, de mantener esta senda, 2010 podría ser, sin duda, el inicio del fin. Un punto de inflexión a peor ya que, en ese caso, el Gobierno aumentará aún más la deuda y subirá otra vez los impuestos, convirtiendo en depresión lo que hoy es ya una intensa y larga recesión económica.

Condena a la SER, condena a internet

Ambos son, además, grandes profesionales. Irago fue quien descubrió el grave escándalo de que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tuviera un restaurante y radió en exclusiva la victoria de Kerry en las elecciones norteamericanas de 2004. Anido, por su parte, tuvo un papel fundamental en la movilización de las multitudes "espontáneas" que cercaban las sedes del PP el 13-M y fue quien descubrió la sorprendente decisión de Aznar de nombrar sucesor a Acebes . Esas son las grandes exclusivas de la cadena SER, propias de quienes ejercen "un oficio" que, según decía Anido, debía defenderse de "burgos, ansones, losantos, pejotas, ussías y alguna que otra schlichting" que cometían el pecado capital de criticar a las ministras de Zapatero, razón suficiente para llamarlos "puteros" y "pajilleros". Y es que ya se sabe que es pecado de leso progresismo criticar a una política de izquierdas, mientras que hacer lo propio con Esperanza Aguirre es de un mérito y un valor insuperables. Las contradicciones del feminismo de cuota.

Pero una cosa es el huevo y otra muy distinta el fuero. Tampoco aquí tienen excesiva razón los grandes profesionales de la excelsa cadena radiofónica. Una de las primeras cosas que aprendí del oficio de los "losantos" que pueblan esta santa redacción es que si se publicaban documentos en los que aparecían datos personales de los afectados, como el domicilio o el DNI, debíamos tacharlos o difuminarlos. Por otro lado, parece claro que los nombres de estas 78 personas que al parecer se afiliaron irregularmente al PP no tenían interés informativo ninguno pero es que, además, según la sentencia, se publicaron también sus domicilios. Algo que, a mi modo de ver, se aparta del derecho a la información para entrar de lleno en el gangsterismo político. No es una noticia, sino un mensaje: "Cuidado, no te afilies al PP si no quieres que todo el mundo lo sepa y además averigüe donde vives para darte tu merecido, so facha."

Y sin embargo… el juez también hace una cosa muy fea. Aunque parece accesorio en la fundamentación de la sentencia, argumenta que internet no es un "medio de comunicación social" como pueda ser un periódico o una radio, sino "universal", como el teléfono; por tanto, carecería de las protecciones de las que disfrutan los periodistas. Es decir, que si aquí en el "Grupo LD" doy una primicia en nuestra radio o nuestra televisión disfruto de las garantías adicionales de ejercer el derecho a la información, pero si lo hago en el diario digital no.

Tiene razón en parte el magistrado, porque "internet" así, en general, no es un medio de comunicación tal y como lo entendemos tradicionalmente. Sin embargo, cualquier web que está en internet puede serlo. Facebook quizá no lo sea, pero un diario digital o el blog de un señor de Albacete sí. Y si uno u otro publica una noticia, debe contar con las mismas garantías que cualquier periodista sesentón que lleva treinta años escribiendo en El País.

Curiosamente, en la SER también les deben enseñar lo mismo que aprendí yo en Libertad Digital. En la sentencia que han publicado, los DNI de los periodistas condenados están tachados. O han aprendido con el tiempo o consideran que eso de la intimidad sólo es aplicable a los suyos. Casi apostaría por lo segundo, pues no he visto que se rasgaran las vestiduras cuando Antonio Rubio fue acusado, con mucho menor fundamento, de lo mismo que ellos se han visto condenados.

¿Habrá una rebelión contra la prohibición del tabaco?

Ya en el siglo XIX Bastiat advertía en La Ley que ninguna sociedad puede existir si no impera en algún grado el respeto a las leyes, pero que lo que da más seguridad para que éstas sean respetadas es que sean respetables.

Si esas preocupaciones ya eran visibles hace siglos, desde luego que hace tiempo que el mayor problema que embarga al Derecho parte del persistente empeño de legisladores de toda laya por producir un número ingente de órdenes destinadas a moldear las mentes y las conductas de los ciudadanos según un modelo considerado óptimo por los gobernantes. Si el estado de bienestar clásico se postuló como un proveedor desinteresado –forzoso- del individuo frente a la necesidad, desde la cuna hasta la tumba, sus fracasos han venido a complementarse por un estado prohibicionista que se inmiscuye en las esferas más íntimas de las personas para dictarlas como deben pensar, sentir y comportarse desde que se levantan hasta que se acuestan. Asistimos a unos procesos políticos contradictorios. A pesar de tímidos repliegues de instituciones básicas para el consenso socialdemócrata de la posguerra por la constatación de su fracaso, se ha producido paralelamente un salto cualitativo en el intervencionismo. Actualmente, se percibe en los políticos occidentales una maniática obsesión por moldear las mentes de los ciudadanos, a fuerza de leyes formales, muy similares a los esfuerzos de los países totalitarios reconocidos.

Como cabía esperar de esa implacable tendencia, sus adalides tratan de ocultar la deriva hacia el totalitarismo alterando el significado de las palabras. De esta manera, las órdenes y mandatos se denominan "leyes" por el aura de respetabilidad que la mención de ese nombre irradia. Y, sobre todo, en el caso de las leyes antitabaco, se esgrime la protección de la salud de los individuos, incluso contra su propia voluntad. Manejan como arma dialéctica destinada a socavar eventuales contestaciones, la invocación de la inexorabilidad de su adopción. En este sentido, la cooperación de los medios de comunicación tejidos por la larga mano del gobierno resulta crucial para transmitir esa sensación de que está fuera de lugar oponer cualquier tipo de resistencia. La idea extendida en la sociedad española de que el último mohín del ministro de turno en relación a sus súbditos tiene categoría de ley por su mera expresión, sin necesidad de trámite parlamentario, debe mucho a esa labor de zapa.

Siguiendo la tradición de Bastiat, Hayek señala al filósofo del Derecho Carl Schmitt como uno de los grandes teóricos de la sistematización jurídica del intervencionismo. Admirado tanto por juristas conservadores como izquierdistas, tuvo una influencia decisiva en la forja del Derecho público alemán de la época nazi. En sus obras declaró periclitada la tradicional concepción liberal "normativa" del derecho, la cual, vino a decir, había progresado gradualmente para adquirir un carácter "decisionista". Según esta última concepción, la voluntad del legislativo debe prevalecer sobre el comportamiento individual hasta el punto de propiciar la formación de un orden concreto. Dicho de otro modo; el derecho no consiste en normas abstractas que, al delimitar el campo del comportamiento individual, hacen posible la formación de un orden espontáneo basado en el oportuno desarrollo de las iniciativas individuales. Antes al contrario, el derecho constituye un instrumento de ordenación u organización que convierte al individuo en servidor de determinados propósitos.

Uno de los ejemplos más recientes de esa legislación abrasadora y dictatorial es la Ley Antitabaco aprobada en la legislatura anterior que invade sin ningún tapujo aspectos íntimos de las vidas de sus destinatarios. Como tantas otras intervenciones, ese texto pretendió regular minuciosamente casi todas las cuestiones relacionadas con el tabaco, un producto objetivamente nocivo para la salud de los fumadores y quienes les rodean. Corroborando lo indicado sobre los caprichos de los ministros, llevamos meses de maceramiento por parte de la titular del Ministerio de Sanidad para presentar como indefectible un retorcimiento de los contenidos de esa Ley. Específicamente, ha anunciado que la prohibición será total en bares y restaurantes atropellando desvergonzadamente las previsiones de hace tres años, las cuales permiten a esos establecimientos elegir si permiten fumar a sus clientes o habilitar espacios separados para ellos si cuentan con una superficie superior a los cien metros cuadrados. La presentación del proyecto de ley de reforma se fecha para el mes de enero porque antes, añade la ministra, debe llegarse a un consenso con los grupos parlamentarios.

No tengo noticia de estudios solventes sobre el grado de cumplimiento de la Ley actual. Tan solo de estadísticas que apuntan a que el pretendido objetivo de disminuir el número de fumadores ha fracasado estrepitosamente, ya que el número de éstos ha aumentado desde su vigencia. Probablemente, pues, los ingresos que el estado percibe por la tributación del tabaco no han caído tampoco. Sin embargo, cabe aventurar una escasa incidencia en los bares pequeños diseminados por las ciudades y pueblos españoles y son perceptibles los incumplimientos vergonzantes, como el de aquellos que se refugian en la intimidad relativa de los cuarto de baño de su lugar de trabajo para prender su cigarrillo, y los abiertos, como los que se comprueban por los locales de ocio nocturno con independencia de su tamaño.

Aun con todo, tenemos un caso paralelo protagonizado por nuestros vecinos franceses, cuya casta política mantiene un tradicional ascendiente sobre la que soportamos los españoles desde hace siglos. Normalmente experimentan con ellos antes que con nosotros, por lo que, teniendo en cuenta que las diferencias de comportamiento son anecdóticas, podemos tomar como referencia las reacciones que se han producido allende los Pirineos ante la medida estrella que se anuncia aquí.

Según nos cuenta escandalizada la revista Time –uno de los libelos de la corrección política global– la prohibición total de fumar en sitios cerrados impuesta en Francia hace tres años está sufriendo una abierta contestación después de un periodo de aparente obediencia. El atribulado periodista comienza por insinuar la predisposición de los franceses a no cumplir las leyes. Sin embargo, pasa a considerar que, en realidad, la culpa es del Gobierno por no tener un sistema represivo efectivo para imponer las multas de 200 euros previstas para los que fumen en lugares prohibidos. En las empresas los jefes miran a otro lado cuando los empleados se echan un pitillo en su puesto de trabajo o al lado de la máquina de café, lo cual parece plausible dadas las temperaturas que deben aguantarse a cielo abierto en invierno. Otro tanto ocurre con los dueños de bares y restaurantes donde las terrazas cubiertas temporales se han tornado en lugares fijos para fumadores, soslayando la prohibición que también afecta a esos espacios.

Sin que el periodista lo advierta, el camarero de uno de esos establecimientos le aporta el enfoque que, por mi parte, defiendo: "Tenemos que convivir juntos y este tipo de compromisos lo hace posible. ¿Ve usted a alguien que se queje?". Todas estas invasiones en la vida privada de los individuos deberían ser abolidas con carácter inmediato. En su lugar, debería optarse por una regulación mínima basada en el respeto del derecho de propiedad privada de los dueños de los establecimientos y la libertad de los individuos para relacionarse con los demás en un toma y daca que supone llegar a acuerdos (o simplemente renunciar a ello, evitando compartir espacio) sobre conductas que pueden dañar a otros.

Como se ve por experiencias ajenas, si los parlamentarios españoles no sacan fuerzas de flaqueza para impedir que este nuevo atropello se consuma, deberán atenerse a las consecuencias de una rebelión silenciosa.

Contrapoder

La existencia del Poder resulta inevitable. La del Estado no. La existencia del Estado es una cuestión que atañe a valores, arraigo y cainismo; en ningún caso responde a una razón de Orden, público o político, menos aún social.

El Poder, en su camino hacia el absolutismo, tiende a descomponer los vínculos que le son ajenos (B. Jouvenel). Procura la atomización individual, quebrando organizaciones voluntarias u organismos consuetudinarios. El Poder tiende a integrar intereses privativos dentro de su propia estructura de intervención y redistribución de riqueza. De esta estrategia depende su sostenibilidad. Cuando dicha integración es "total", desaparecen los contrapoderes competitivos, fundiéndose toda instancia de dominación, coordinación, cooperación o intervención.

El Poder pasa a ser identificado con Orden público, Jurisdicción, Derecho y arbitrio distribuidor. Es en ese preciso momento cuando nace el Estado, como forma instrumental y constructo intelectual que adopta el Poder absoluto.

La estructura del Estado teórico preexiste en un orden de cosas práctico: el Gobierno (institución inintencional) extiende organizacionalmente los resortes administrativos que requiere para ejercer sus funciones naturales, creando una maquinaria permanente (D. Negro).

La irresistibilidad, como característica formal que distingue el orbe jurídico del moral, se extiende sobre la mera decisión política. La Pragmática adquiere fuerza de ley; siendo la Ley la máxima expresión de lo que puede decirse sobre el Derecho (la Ley es una forma de conocer el contenido normativo que señala lo justo o lo recto), cualquier acto producido por el Poder adiciona mandatos al orden jurídico, trasformando éste en un ordenamiento positivo (G. Radbruch). La definitiva incorporación a dicho ordenamiento, de toda norma organizativa o de intervención emanada de la Administración gubernamental, consolida al Estado como organización que trata de anular el orden social (espontáneo).

El Gobierno utiliza su Poder político como herramienta de asimilación de todo Poder público, espontáneo y competitivo. La Jurisdicción ofrece resistencia, y aun cuando sea engullida como instrumento, de su pervivencia como función dependerá la continuidad del propio orden social (Hayek).

Otro contrapoder institucional que desaparece merced del expansionismo absolutista que convierte al Poder en Estado, es la representación popular, definida como traslación de los intereses circunscritos de un grupo natural o institucional de individuos (ciudades, asociaciones, aristocracia…). La cámara de representantes, antes concebida como límite del Gobierno, deriva en una vulgar asamblea política al servicio del gobierno: Parlamentarismo gubernativo.

Los principales contrapoderes sociales que hoy cabría identificar, a pesar de su integración en el cuerpo del Estado, son los siguientes:

  1. Organizaciones competitivas de intereses: asociaciones voluntarias que, en la persecución de un fin, logran satisfacer multitud de fines adheridos libremente a la causa de aquellas. La intervención económica, regulación, barreras, carga fiscal, contratos públicos o subvenciones, distorsionan sus objetivos, decisiones, expectativas e incentivos (Mises). El Estado adquiere la condición de principal inversor y consumidor, generando, a su alrededor, una tramada dependencia.

  2. Contrapoderes individuales: formación de grandes patrimonios o influencias personales y políticas. El estatalismo se funda en el atavismo. El éxito siempre comporta un peaje de arrepentimiento (Hayek). El altruismo o la entrega por la causa general (no necesariamente la ajena, basta con definir valores "colectivos" y luchar por ellos: toma de conciencia), erosionan el ímpetu individual y contrarrestan su posible resistencia. Quien disfruta de carisma personal o influencia de cualquier tipo, padece fuertes incentivos hacia su integración en la estructura de dominación, bien a través de los partidos políticos, o mediante un vínculo político-comercial.

  3. Partidos políticos: facciones ideológicas que aglutinan voluntades individuales y proyectos comunes. Terminan por mimetizar la naturaleza del Partido Único, integrándose en la estructura de dominación del Estado a modo de catalizador de pretensiones personales (Revel).

  4. Moral: definida como conjunto de normas de conducta, exigible pero de cumplimiento voluntario, cuya dinámica define al orden social en su conjunto (Hayek). También moral privada, a modo de estructura individual de máximas explícitas de conducta (o acervo íntimo de reglas básicas de mera conducta). El Estado, en este sentido, se convierte en ídolo secular, que potencia hedonismo, consumismo imprevisor, desligamiento familiar, merma del altruismo personal y voluntario, irresponsabilidad individual en la toma de decisiones relevantes… (D. Negro)

    El Estado, en su esfuerzo atomizador, prefiere la desmoralización tradicional, como paso hacia la consolidación de una nueva moral donde él mismo aparece como vínculo directo de cada sujeto con el resto de individuos (individualismo estatalista). Expresiones concretas son todas las medidas tuitivas, de discriminación "positiva" o de "corrección" de un supuesto desequilibrio contractual (legislación laboral, por ejemplo).

Siendo el Estado la denominación que adquiere el Poder cuando es absoluto (en los términos expuestos), cabe afirmar la ausencia de Estado en caso de que concurran los siguientes supuestos:

  1. El Derecho permanece libre y competitivo, siendo conocido a través de un proceso institucional evolutivo.
  2. La Jurisdicción emana de la autoridad genuina, queda limitada por un criterio representativo y se configura como una institución pública pero competitiva.
  3. Existen contrapoderes dentro de la unidad política que sostiene el gobierno de "lo común".
  4. La política es integrada de forma representativa, siendo los propios representantes contrapoderes independientes respecto del Poder, incluido el que ellos mismos pudiesen alcanzar.
  5. La propiedad privada permanece como criterio de justicia conmutativa, mientras que la autonomía de la voluntad o la extensión de la consideración personal son conservados como exigencias inalienables.

Siguiendo con la explicación conviene identificar un tipo singular de contrapoder: aquel que mantiene una vocación totalitaria, y no meramente competitiva, como sería el tipo de vocación característica de los contrapoderes arriba comentados. El contrapoder "totalitario" es útil cuando convive con otros contrapoderes de su misma especie, sin que ninguno alcance una posición de dominio frente al resto (sistema interestatal atomizado, por ejemplo). El Estado procede de uno de estos contrapoderes, por lo que cualquiera que fuera su naturaleza, nunca debiera confundirnos un contrapoder, distinto al Estado, que demostrase cierta eficacia práctica contrarrestando el poder de éste, dado que en realidad su objetivo es ocupar la posición del Poder contra el que combate. Ejemplos pueden encontrarse en cierto tipo de Iglesias(en una acepción amplia del término), administraciones o instituciones locales y regionales, grandes corporaciones empresariales u organismos sindicales mayoritarios.

Tomando como supuesto un mundo ideal donde fueran muchos, y muy pequeños, los Estados en que se dividiera territorio y población, concluimos que, en la medida que su Poder exterior permanezca equilibrado, los unos representarán contrapoderes frente a los otros. Bien por integración en estructuras de dominación supraestatales, bien por el despunte de uno de ellos, engullendo a otros hasta definir espacios nuevamente "equilibrados", el Estado, como Poder absoluto, nunca se sentirá satisfecho dentro de su ámbito de dominio (el Estado tiende a ocupar toda la realidad disponible, al tiempo que procura poner a su disposición toda la realidad restante).

Internamente, cuanto más pequeño sea el Poder absoluto o Estado, más débiles serán los contrapoderes inferiores con capacidad de contrapesar su impronta. Toda fuerza social experimentará una intensa tendencia a la integración dentro de la estructura mecánica o de intereses del Estado. Desaparecen así los contrapoderes competitivos internos, como también lo harán los contrapoderes totalitarios: por ejemplo, la regionalización política o administrativa.

Sin embargo, a partir de un límite de integración, una estructura de dominación o Estado, experimentará el florecimiento de contrapoderes internos, de tipo competitivo, pero también de vocación totalitaria, bien a nivel regional, corporativo o sindical, lo que limitará su capacidad de dominio. Es por ello que podemos concluir que, en un escenario donde lo evitable (el Estado) –según la aseveración hecha al comienzo– se consolida, en función de su tamaño e intensidad de su integración social, el Poder absoluto que representa, hallará una mayor o menor oposición y contrafuerza. A nivel interno, tenderá a desaparecer cuanto más pequeño o integrado sea el Estado, generando a su vez mayor inestabilidad exterior, en directa dependencia del equilibrio, en su caso, entre un gran número de poderes, siempre ávidos de hegemonía y extensión.

La mera existencia de un pequeño Estado, inserto en un orden de Estados mayores (categorizados así por traspasar un límite de tamaño, pero no por la homogeneidad entre sí mismos), demuestra el interés de estos últimos en conservar ámbitos y agentes fuera de su propio orden internacional. Los paraísos no existen sino a costa de ciertos fines manifestados a través del resto de Estados no paradisiacos: no pueden ser, en este sentido, garantía o respaldo de teorías políticas que no toman en cuenta la realidad del Poder cuando es absoluto.

Implicaciones de la teoría del capital sobre el ciclo

En mis dos artículos anteriores traté de analizar por qué las definiciones de capital y de bienes de capital necesitan de una revisión a fondo para adaptarlos a la realidad y para que resulten fructíferos en el desarrollo de la ciencia económica.

Uno de los campos donde más importante tiene adoptar una visión correcta del capital y de los bienes de capital es en el ciclo económico. Sin ella podemos caer fácilmente en las falacias lógicas keynesianas que nos aseguran que lo único que le pasa a la economía es que ha perdido fuelle, que han empeorado las expectativas y que es necesario reanimarlas.

Al fin y al cabo, hay algo ciertamente incomprensible en que la misma estructura productiva que durante años estuvo creciendo a elevadas tasas entre en crisis de la noche a la mañana. ¿Por qué las mismas máquinas, los mismos edificios o los mismos procesos que ayer creaban riqueza hoy son incapaces de hacerlo?

La teoría austriaca del ciclo económico da una respuesta válida que, sin embargo, muchos no han sabido interpretar correctamente por carecer de una buena teoría del capital y de los bienes de capital. Según Mises y Hayek, el crecimiento vivido durante el boom es inducido por un sistema bancario al expandir masivamente el crédito, por lo que en su mayor parte ni es real ni es sostenible; al manipular a la baja los tipos de interés, las industrias más alejadas del consumo comienzan a hiperdesarrollarse a costa de las industrias más cercanas al consumo, arrojando una estructura productiva que dura más tiempo del que están dispuestos a esperar los consumidores para adquirir sus frutos (tal y como manifiestan en el volumen de ahorro real). Las crisis no son más que la etapa en la que esta expansión artificial se detiene, se desinflan las demandas insostenibles, se corrigen los precios relativos distorsionados por esas demandas, desaparece la rentabilidad ficticia que arrojaban esos falsos precios relativos y se procede a la purga de las malas inversiones sectoriales.

Cierto, esta explicación tiene su complejidad pero no debería resultar incomprensible para nadie y mucho menos para economistas supuestamente duchos en la materia. Sin embargo, la ausencia de toda una buena teoría del capital en la que insertar estas conclusiones conduce a muchos de ellos a descartarlas por inconciliables con la realidad.

Tomemos el famoso caso de Paul Krugman y su supuesta refutación de la teoría austriaca del ciclo. El premio Nobel de 2008 plantea en este artículo dos objeciones a la teoría austriaca: a) si los consumidores deciden adquirir más bienes de consumo de los planeados por las empresas, la economía no debería entrar en crisis, sino tan sólo incrementar el capital y la capacidad productiva de las industrias de consumo a costa del de las industrias de bienes de inversión, b) si se han producido malas inversiones, basta con darlas de baja del balance para volver a crecer, lo cual deja sin explicar por qué las buenas inversiones permanecen ociosas durante la crisis y numerosos trabajadores muy productivos son despedidos.

En definitiva, Krugman no entiende por qué una crisis no puede solventarse de la noche a la mañana transportando el exceso de capacidad de las industrias de bienes de inversión hasta las deficitarias industrias de consumo.

Buena parte del problema de Krugman –como el de toda la vertiente keynesiana– es precisamente que carece de una teoría del capital y de los bienes de capital. Las malas inversiones en la etapa del boom se han plasmado en toda una serie de bienes de capital que están diseñados para prestar sus servicios en las industrias muy alejadas del consumo. Como ya vimos, los bienes de capital son heterogéneos, complementarios, específicos y difícilmente reconvertibles, lo que significa que su transferencia de unas industrias a otras no puede ser un proceso automático y ausente de costes. Es más, en la medida en que esos bienes de capital se utilizaban con otros de manera complementaria, la pérdida de valor de alguno de ellos elimina esas sinergias, que no siempre podrán aparecer –o no de un modo tan intenso– en otras estructuras de bienes de capital, dejando muchas de ellas ociosas.

Tomemos el caso de la industria del ladrillo. El hiperdesarrollo de la misma conllevó la aparición y el crecimiento de constructoras, cementeras, inmobiliarias, promotoras, fábricas y minoristas de mobiliario, despachos de arquitectos… Cada una de estas industrias tenía sus propios planes de negocio, en los que se empleaban bienes de capital muy especializados y específicos: grúas, hornos, canteras, pozos, trituradoras, elevadores, palas mecánicas, secaderos, lavadores, laminadores, desintegradores, chapeadoras, barnizadoras, ventiladores, sierras, afiladoras, troqueladoras, lijadoras, canteadoras, aspiradoras, escuadradoras, fresadoras o incluso capital humano diverso como la arquitectura. Y a su vez, cada uno de estos bienes de capital poseía diversos grados de heterogeneidad, especificidad e inconvertibilidad (no todas las sierras son iguales, por ejemplo) que los hacía más o menos aptos para desempeñar una función distinta de la originalmente planeada en otras industrias.

La crisis precisamente revela que todos estos bienes de capital deben reorientarse a otras partes de la economía –las industrias más cercanas al consumo–, al haberse generado un exceso de capacidad en unos sectores cuya demanda estaba inflada por una oferta del crédito artificialmente elevada y barata. Y este proceso, obviamente, ni es sencillo ni automático como parece suponer Krugman y el resto de keynesianos, quienes obvian, bajo el velo del capital, la naturaleza de las estructuras de los bienes de capital.

Debería resultar evidente que la manera de acelerar el ajuste pasa por facilitar tanto como sea posible esa recolocación de los bienes de capital, para lo cual será de vital importancia eliminar todos los costes artificiales a sus movimientos (regulaciones e impuestos) y a las rigideces de sus precios. Al fin y al cabo, para que un bien de capital pueda ser recolocado en otras partes de la estructura productiva será necesario que el precio que los potenciales compradores hayan de pagar por él sea inferior a su productividad marginal dentro de los nuevos planes empresariales; productividad que debido a su complementariedad, especificidad e inconvertibilidad será mucho más baja que en sus anteriores funciones. Pero mientras su precio continúe por encima de su productividad marginal el recurso permanecerá "ocioso" y no contribuirá a generar nueva riqueza.

Asimismo, también será necesario acumular grandes cantidades de ahorro para financiar la reconversión de aquellos bienes de capital cuya transformación no resulte especialmente costosa; para crear nuevos bienes de capital que se complementen en sus nuevas tareas con los antiguos bienes de capital y así aparezcan nuevas complementariedades que eleven su productividad; y para reducir la presión que ejerce una fuerte demanda de consumo que fuerza su traslado hacia las industrias más cercanas al mismo donde previsiblemente su productividad marginal será más baja.

La solución keynesiana, sin embargo, pasa por obstaculizar tanto como sea posible ese ajuste, bajo la falsa idea de que el crecimiento económico se puede reanudar sobre las endebles bases de las malas inversiones previas a través de estímulos de demanda. Convencidos de que el capital equivale no al valor que en un mercado libre tienen los bienes de capital destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores, sino al valor que resulta de unos precios manipulados e intervenidos, consideran preferible reorientar todos los bienes de capital específicos e inconvertibles hacia proyectos promovidos con gasto público donde sean fácilmente reutilizables. Así, se pretende buscar salida a toda la maquinaria de la construcción privada en faraónicos planes de obra pública, sin darse cuenta que de este modo obstruyen su recolocación en otras partes del mercado y absorben los escasos capitales necesarios para reconvertirlos, crear nuevos bienes de capital complementarios y rebajar la presión depresora sobre su valor que ejerce una fuerte demanda de consumo.

El keynesianismo es una ideología orientada a conservar las malas inversiones y a evitar la catarsis y el reajuste de la estructura productiva. No entienden la necesidad de purgar los espejos del pasado porque caen en el error de considerar que todo crecimiento del "capital", tanto durante la fase del boom en la que se acumulan las malas inversiones como durante los estímulos artificiales y cortoplacistas de la demanda a través del déficit, es sinónimo de creación de riqueza. Se olvidaron de qué es realmente el capital y de qué valor y función tienen las libres elecciones individuales en todo esto.

Cosa juzgada y cubrir el expediente

De otra manera, la labor de los tribunales sería meramente consultiva; se limitaría a emitir dictámenes u opiniones. Cuando una resolución judicial adquiere firmeza no puede modificarse y vincula al juez o tribunal que la dictó (cosa juzgada formal). Especialmente las sentencias firmes surten efectos de cosa juzgada material desde una doble perspectiva. Por un lado, su existencia supone la eliminación teórica de la posibilidad de volver a tratar y decidir el mismo asunto (efecto negativo de la cosa juzgada) y, por otro, en el caso de que se siga un segundo proceso por un hecho idéntico, la sentencia que recaiga en éste deberá ser acorde a la primera (efecto positivo).

Ahora bien, una de las singularidades del proceso penal respecto a los demás estriba en que no ampara la eficacia de la cosa juzgada material de carácter positivo o prejudicial. Antes al contrario, en los sistemas jurídicos de los países occidentales, y de aquellos adheridos al Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España en 1977, rige el principio "non bis in idem", según el cual nadie puede ser juzgado, ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de cada país. Dicho de otra manera, tal como declara la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una vez resuelta una causa criminal por sentencia firme o resolución asimilada, no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona.

Vienen estas consideraciones al caso si se repasan los motivos de distintas resoluciones de la Audiencia Nacional (dictadas tanto por instructores como por salas de apelación) para desestimar la práctica de diligencias propuestas por las acusaciones particulares de Gabriel Moris y la Asociación de Ayuda a las víctimas del 11-M. En todas ellas se esgrime como obstáculo para acceder a las mismas los efectos de cosa juzgada formal y material que se derivarían de la sentencia firme del sumario principal del 11-M, tal como quedó después de que el Tribunal Supremo estimara algunos de los recursos de casación que se interpusieron en su día. Cuestión distinta es la petición de "reapertura del sumario", que únicamente podría conseguirse si prosperase un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo que no se ha promovido (Art. 954 y ss. LECr) pero que no cabe descartar en función del desenlace del procedimiento penal contra Sánchez Manzano y la química de los Tedax y el descubrimiento de nuevos elementos de prueba.

Subyace en esos argumentos una notable confusión sobre la cosa juzgada en el orden penal, lo cual permite llegar a decisiones profundamente injustas. En efecto, los órganos de la Audiencia Nacional presentan unos contornos de los hechos probados sobre los explosivos de esa primera sentencia que quedan desmentidos por su mera lectura. Con independencia de que su consistencia quedara todavía más en entredicho después de conocerse el Informe Iglesias, los magistrados soslayan que la sentencia no agotó la cuestión de la procedencia, naturaleza y suministro de los explosivos empleados en los atentados de los trenes. Esa limitación determina, por lo tanto, una eficacia relativa de la cosa juzgada material (en su vertiente negativa) sobre ese particular y la improcedencia de prejuzgar las diligencias para profundizar sobre ese aspecto como redundantes.

Una segunda línea de argumentación sostiene que el juez de instrucción contradiría anteriores resoluciones del sumario dictadas por él mismo y confirmadas por la sala de apelación, es decir vulneraría la cosa juzgada formal. Sin embargo, dada la fase de instrucción en que se encuentra el sumario, esas decisiones tienen un carácter provisional y, en la medida que las diligencias deben dirigirse a la averiguación de la verdad material sobre los hechos, pueden reconsiderarse ante la aparición de nuevos datos. Por lo demás, el rechazo sistemático de las diligencias de prueba sobre los explosivos no va acompañado de un avance de las investigaciones oficiales, a pesar de haber transcurrido cinco años desde que el dimisionario juez del Olmo abriera dos causas relacionadas que luego se acumularon.

No obstante, el pasado mes de agosto, poco antes de rechazar las diligencias de prueba, el instructor actual levantó el secreto de las actuaciones al tiempo que desgajaba una parte para "investigar exclusivamente las personas relacionadas con la ayuda a huir de autores directos de los atentados del 11-M y explosión de las bombas de Leganés".

Nada ha vuelto a saberse de ese ímpetu estival por explorar vías de investigación que puede anticiparse que no llevan a ninguna parte, según reconoce el mismo instructor cuando sitúa a varios supuestos huidos a recaudo del régimen marroquí (lo cual veda su extradición a España para juzgarlos) o en paradero desconocido.

De forma alucinante, parece que los magistrados de la Audiencia Nacional que hasta ahora han afrontado unos delitos que podrían calificarse de lesa humanidad tan sólo habrían tratado de cubrir el expediente.