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Responsabilidades sociales

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Es curioso observar cómo en tiempos de crisis proliferan por todas partes las llamadas a la responsabilidad social, la responsabilidad corporativa o, lo último que he oído: la ESG (Enviroment, Sostenibility, Governance). Será esta moda tan pertinaz de la economía sostenible que escuchamos aquí y allá, junto a las reuniones contra el cambio climático.

Por ejemplo, hace algunas semanas asistí a la presentación de un interesante estudio de Josep Maria Lozano, profesor de ESADE, sobre La empresa ciudadana, responsable y sostenible. Además de otros libros, como un completo manual sobre la Ética en la empresa, es autor también de monografías similares en torno a la RSE de las PYMES o a las empresas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (iniciativa puesta en marcha por la ONU, como el Global Compact, de las que tal vez hablemos en otra ocasión).

Le acompañaba Alberto Andreu, responsable de Reputación Corporativa de Telefónica y persona bien conocida en estos foros. Estaba preocupado por el excesivo cortoplacismo de muchas empresas, por el recurso a veces cosmético a la RSE y, medio en broma medio en serio, por el "efecto Alcorcón" que se analizó en una clave no precisamente futbolística. También habló de cortoplacismo político el diputado de CIU, Carles Campuzano, colaborador de Ramón Jáuregui en las iniciativas del Congreso de los Diputados sobre esta materia de la RSE; así como el catedrático de la UAM Fernando Vallespín, bastante escéptico respecto a la capacidad de los partidos políticos para actuar con cualquier otro objetivo que no sea ganar las elecciones más cercanas.

Hay que decir que el tono de la reunión fue algo pesimista; entre los numerosos casos de corrupción nacional e internacional, la aparente incapacidad de reacción ciudadana y los efectos de la crisis económica, salimos del acto poco animados, la verdad. Pero quiero decir que, en parte, me parece que la culpa la tenemos nosotros mismos. Allí se echaba en falta la presencia de líderes, pero al mismo tiempo se defendían con vigor nuestras sociedades modernas y tolerantes, supuestamente "libres" de cualquier dirigismo dogmático, religioso, político… entonces: ¿en qué quedamos?

Es el drama de la posmodernidad, del que se quejan con razón, pero que no tratan de resolver. Cuando aceptamos sin reservas (como los sofistas presocráticos, no crean que se han inventado demasiadas cosas en los últimos veinticinco siglos) que el hombre es la medida de todas las cosas, no podemos escandalizarnos a continuación si resulta que tu medida es distinta de la mía; o si tu medida consiste en vender hipotecas subprime…

Seamos honestos por un momento: la crítica del relativismo solo puede hacerse cuando estás dispuesto a defender en serio que hay verdades ciertas y mentiras patentes, comportamientos correctos o miserables, y que somos libres para elegir unos u otros. Entonces es cuando somos responsables.

Particularmente desenfocada me pareció una crítica a nuestra cultura mediterránea y católica como mejor exponente de la pérdida del sentido de la responsabilidad; con la consabida comparación con esa otra ética protestante del esfuerzo. No comparto ese punto de vista. Pienso que las sociedades cristianas (unas y otras), cuando de verdad se comprometen en vivir coherentemente su fe, aportan un grado de honestidad y solidaridad que humanizan enormemente la convivencia. Claro, hablo de religiosidad vivida con plenitud, y no esa mascarilla tenue y superficial que describe tantas prácticas religiosas actuales.

Es por eso que estoy convencido de que la crisis actual (económica, política, ciudadana) es una crisis moral, de valores, de comportamiento. Claro que necesitamos líderes, firmes primero en sus convicciones, y que sean ejemplares por el ejercicio de su virtud (la areté, como señalaba Aristóteles: necesitamos aristócratas de verdad). El cambio que requiere nuestra sociedad es un cambio individual, de cada persona, en cada momento del día. Ya he protestado en otra ocasión a favor del ejercicio personal de la responsabilidad (más que el social); querría añadir ahora la urgencia para dotar a estas inquietudes responsables de un componente moral, del que se habla muy poco, por cierto, en todos estos foros que comento.

Jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad del Estatuto

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En teoría, pudiese ser constitutivo de delito el retraso de más de tres años del Tribunal Constitucional (TC) ya que, según el artículo 448 del Código Penal, "el Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años".

En los últimos meses, algún miembro de la judicatura comienza a levantar su voz en contra de la reforma encubierta de la Constitución Española de 1978 que supone el nuevo Estatuto de Cataluña (NEC). El retraso deliberado en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) está permitiendo la aplicación de una ley autonómica claramente inconstitucional, lo que está creando, por la vía de los hechos consumados, súbditos de primera, segunda o tercera categoría según donde vivan y según si pertenecen (o no) al colectivo nacionalista.

Por ello, si un retraso deliberado en la sentencia pudiese demostrarse jurídicamente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (según dispone el artículo 57 de la LOPJ), también podría ser aplicable el artículo 449 del Código Penal, cuando establece en su párrafo primero que "en la misma pena señalada en el artículo anterior incurrirá el Juez, Magistrado o Secretario Judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima".

La inacción de las instituciones, la irresponsabilidad de los políticos y la permisividad de los jueces con el culto al estatismo autonómico están deslizando España por el peligroso barranco del Estado confederal, como nueva religión a la que deben obedecer ciegamente los españoles.

Ya analizamos los excesos del Estado Autonómico que han degenerado la estructura territorial y han configurando dictaduras de proximidad en determinadas regiones que, sin limitación de competencias, obligan a comulgar con leyes que aplastan los derechos y libertades civiles. En vez de ciudadanos libres, intentan que seamos súbditos rendidos ante el nacionalismo secesionista.

Por ello, el Manifiesto por la Dignidad de España solicita el apoyo de la sociedad civil al pacto fundamental que aprobaron mayoritariamente los españoles para garantizar su convivencia pacífica. De hecho, una sentencia justa e imparcial del Tribunal Constitucional (TC) debiese seguir la dirección ya señalada por el Informe del Consejo General del Poder Judicial cuando se indicaron hasta 17 motivos de inconstitucionalidad en los artículos sobre justicia del nuevo Estatuto de Cataluña.

Pero, no hace falta que el TC busque muy lejos para cumplir fielmente con su cometido institucional. Simplemente, sus miembros deben aislarse de las presiones viles y de los espurios intereses nacionalistas, y deben seguir en detalle su propia jurisprudencia. Revisando sus propias sentencias, el TC podía ya haber emitido hace años una sentencia de inconstitucionalidad sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. A continuación, se indican sólo algunos ejemplos de la jurisprudencia del TC:

1. La sentencia STC 4/1981 explicita en relación con la unidad nacional y la soberanía:

  • "La Constitución parte de la unidad de la nación española, que se traduce en una organización –el Estado— para todo el territorio nacional."
  • "La autonomía hace referencia a un poder limitado. Autonomía no es soberanía, y dado que cada organización dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido."
  • "La Constitución contempla la necesidad de que el Estado quede colocado en una posición de superioridad, como una consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del interés de la nación, tanto en relación a las Comunidades Autónomas, concebidas como entes dotados de autonomía cualitativamente superior a la administrativa, como respecto de los entes locales".

2. La sentencia STC 82/1986 indica con respecto al castellano como lengua común oficial: "El castellano es la lengua española oficial del Estado, y entendiéndose obviamente aquí por Estado el conjunto de los poderes públicos españoles con inclusión de los autonómicos y locales resulta que el castellano es la lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo el territorio español".

3. La sentencia STC 84/1986 señala un precedente respecto de la primacía del castellano respecto de las lenguas regionales, y respecto de la obligación de conocimiento del idioma castellano porque reúne la característica de "idioma común para todos los españoles…. independientemente de factores de residencia o vecindad".

4. La sentencia STC 227/1988 (y también la STC 76/1983) rechaza que por vía estatutaria se pueda definir con carácter abstracto y general el alcance y contenido de las competencias autonómicas y, con ello, el ámbito de las competencias estatales, lo que realiza el nuevo Estatuto de Cataluña (NEC) en sus artículos 110 a 173: "el Estado tiene atribuidas competencias básicas que no pueden ser desconocidas, lo que imposibilita, de entrada, la calificación de competencia exclusiva que incorpora el referido precepto estatutario".

5. Y, por ejemplo, respecto de la imposibilidad de crear un Tribunal de Justicia de Cataluña completamente autónomo e independiente, la sentencia STC 38/1982 mantiene que "el Tribunal Superior de Justicia no es un órgano de la Generalidad, sino del Estado, y de la organización judicial, según se deduce con meridiana claridad del Art. 151.2, párrafo 2ª, de la Constitución".

Sin embargo, un Tribunal Constitucional con sus miembros elegidos por los partidos políticos cuyas leyes autonómicas debe juzgar, no cumple con el requisito jurídico de la independencia.

Como acabamos de analizar, a pesar que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) permite emitir una clara sentencia de inconstitucionalidad, el retraso en la sentencia sólo favorece a los políticos secesionistas y liberticidas.

Y, lamentablemente, sólo se espera una sentencia interpretativa que perfumará el Estatuto pero que, en la práctica, inhabilitará la Constitución y el ejercicio del Estado de Derecho, e imposibilitará la tutela judicial efectiva en las regiones con Estatutos nacionalistas.

Ojalá sea equivocado el diagnóstico sobre el actual proceso de involución institucional, pero parece formar parte ineludible de la hoja de ruta que ha trazado la cleptocracia autonómica para guiarnos irresponsablemente hacia un camino de servidumbre al nacionalismo secesionista.

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Montilla, Camps y Gallardón coinciden: ¡viva el consumismo!

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Molt Honorable Josep Montilla exhortó hace unos días a los catalanes, con su proverbial pericia en el manejo del idioma, a que consuman con el siguiente argumento:

Esta gente que puede consumir o que se tiene que cambiar de coche lo tendría que hacer, o la gente que necesita una vivienda y tiene recursos para hacerlo la debería comprar. Seguramente haciendo estas cosas está contribuyendo a que su hijo o su vecino mantengan su trabajo.

Es de suponer entonces que su esposa, la de los 14 sueldos, no se arredrará a la hora de acudir a los grandes almacenes. Si se comporta de manera tan dispendiosa como aconseja su marido, ella solita será capaz de mantener todos los puestos de trabajo en la Ciudad Condal.

En las muy libertarias filas populares no han querido quedarse atrás en este asunto. El Consell valenciano ha pedido recientemente a la población local que consuma productos del terruño

por su calidad y cualidades nutricionales, pero también porque de este modo contribuimos a generar riqueza y empleo en las comarcas de nuestra Comunitat.

Lo que no entiendo, entonces, es cómo Milano pudo echar el cierre, con las cuantiosas adquisiciones que se realizaban en Valencia.
 

Como no sólo de súplicas políticas vive el hombre, los ayuntamientos de media España se han visto forzados por las inclemencias de la crisis económica –muy en contra de su voluntad, claro– a ser especialmente desprendidos a la hora de alumbrar las zonas comerciales de sus ciudades, a ver si así se anima el personal y deja limpias las tiendas.
 

Sólo nuestra ilusionante alternativa política al socialismo zapateril, el ex militante de Alianza Popular y actual alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, se ha gastado la friolera de 4,6 millones de euros en colocar lucecitas para lar lustre a los escaparates de los grandes centros comerciales de la Villa y Corte: todo sea por machacar un poco más las muy machacadas tarjetas de crédito de los madrileños.

Cuando las empresas privadas recurren al merchandising para incrementar sus ventas se les viene encima una avalancha de condenas por tratar de manipular al consumidor; pero cuando son nuestros políticos quienes lo hacen, por lo visto hay que aplaudir con las orejas, pues todo lo hacen en pro del bien común.
 

Sin duda, uno no sabe muy bien qué hacer ante estas luminarias. Ora denuncian que el consumo excesivo del ostentoso Occidente está destruyendo ese planeta, que no es de nadie salvo del viento, ora se lamentan de que no consumimos lo suficiente como para que todo hogar tenga una buena hogaza de pan en la mesa. Consideran necesario tanto el racionamiento del consumo y el alza de los impuestos como el fomento del consumo y el aumento del gasto público. Todo ello, guardando la muy preciada consistencia que requiere cualquier plan de actuación política para resultar eficaz.
 

Aún así, no estaría de más recordarles que Standard and Poor’s acaba de colocar en perspectiva negativa a España, entre otros motivos, por su elevado endeudamiento privado: familias y empresas acumulan unos pasivos equivalentes al 177% del PIB. Puestos a tratar de aclarar nuestras tenebrosas perspectivas, ¿no habría tenido más sentido, tal vez, recomendarles que aparten un poquito de dinero para reducir ese abultado endeudamiento? ¿Acaso alguien en su sano juicio –esto es, no incapacitado por prodigalidad– se dedica a fundirse todos sus ingresos en productos innecesarios cuando carga con una montaña de deudas y en el futuro pintan bastos?
 

El sentido común parece dictar que más nos valdría limitar el consumo tanto como sea posible, ahorrar el resultante, minorar parte de nuestra deuda (¿qué tal una cancelación anticipada de las hipotecas para acelerar la recapitalización de nuestro zozobrante sistema bancario?) e incrementar la presencia de activos en nuestro patrimonio que nos proporcionen rentas alternativas a las salariales (¿cómo le suena acudir a las ampliaciones de capital y a las refinanciaciones de deuda de nuestras empresas más solventes?) .
 

Pero, ¡ah!, nos dicen nuestros políticos, si nadie consume, ¿qué pasará con los puestos de trabajo de nuestra economía? A lo que John Stuart Mill habría respondido, hace 160 años: "La demanda de bienes de consumo no equivale a la demanda de trabajadores". O, dicho en román paladino: si nadie ahorra, ¿qué pasará con todos los puestos de trabajo que dependen de que los bancos vuelvan a ofrecer crédito, y familias y empresas a demandarlo?
 

Porque el consumo tiene un arreglo sencillo: si nadie en España quiere consumir, las compañías podrán vender su mercancía al extranjero… si bajan lo suficiente sus precios (y sus costes, entre ellos los salariales, mis muy apreciados sindicatos). De paso, además, contribuiríamos a reducir nuestro muy considerable déficit exterior, otro de los motivos de preocupación para Standard and Poor’s.

Pero a diferencia del consumo, el crédito, cuando es desbordante, no tiene arreglo vía ajustes en el precio. Ningún banco concederá más préstamos, por muy elevados que sean los tipos de interés, si se encuentra al borde de la quiebra; y ninguna familia o empresa demandará más créditos, por muy bajos que sean los tipos, si se ha sobreendeudado para acometer inversores que han terminado siendo ruinosas.
 

Pues bien, los bancos españoles van a tener en los próximos años problemas de solvencia muy serios –de los que quizá no consigan salir vivos–, y nuestras familias y empresas han destinado tal cantidad de deuda a financiar inversiones fallidas (viviendas a precios infladísimos), que durante mucho tiempo no se plantearán endeudarse más para acometer los nuevos proyectos que resulten rentables en medio de la crisis.
 

O purgamos nuestra economía rápida y decididamente, como hace cualquier empresa sensata cuando se da cuenta de que se ha equivocado en su plan de inversiones, o seremos purgados lenta pero irrefrenablemente por una economía moribunda.
 

Si pretendemos viajar de Madrid a Valencia con nuestro automóvil y a mitad del trayecto nos explota el motor, de poco servirá que nos pongamos a empujar: o arreglamos el motor, o abandonamos el coche y seguimos caminando. En cualquiera de los dos casos, más nos valdrá no malgastar energías con empujoncitos estériles.
 

Sin embargo, parece que el empujón del consumismo navideño conseguirá este año reanimar el motor de nuestra economía. Comprando sartenes y juegos para la Playstation 3 conseguiremos recapitalizar nuestros bancos, dar salida a un stock de más de un millón de viviendas vacías, aligerar la enorme deuda de nuestras familias y empresas, corregir los 80.000 millones de estructural déficit público y equilibrar nuestro desajuste exterior. Eso es lo que proclaman los infalibles políticos del Reino de España, y en eso se gastan nuestro dinero. En estas fechas, en las que ningún corazón alberga maldad alguna y en nuestras acciones están iluminadas desde lo más alto, habrá que creerles, ¿no?

Por qué no confiar en la Wikipedia

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los calentólogos han procurado, con bastante éxito, impedir la publicación de los escépticos en revistas científicas y no incluir sus estudios en el IPCC cuando éstos lograban saltar la censura.

Lawrence Solomon ha puesto de manifiesto cómo un sólo hombre, un informático que trabajó durante años en la elaboración de modelos climáticos, William Connolley, ha logrado hacer desaparecer toda traza de críticas a la teoría del calentamiento global de la edición en inglés de Wikipedia. Alcanzó el estado de administrador, desde el cual editó 5.428 artículos de la Wikipedia, en buena parte relacionados con el clima. En sus esfuerzos, empleó sus privilegios con frecuencia para evitar que esos artículos respondieran al estándar de "Punto de vista neutral", revocando ediciones de otros internautas e incluso bloqueándolos.

Connolley es responsable de haber eliminado las dudas de los escépticos de los artículos sobre calentamiento global, efecto invernadero, registros de temperaturas, efecto de isla de calor urbana, modelos climáticos, enfriamiento global, óptimo climático medieval, pequeña edad de hielo y un sinfín de científicos escépticos. Como administrador ha borrado alrededor de 500 artículos que no le gustaban. Finalmente sus privilegios fueron revocados por emplear sus tácticas de matón de enciclopedia con un artículo sobre fusión fría; se ve que lo que hacía sólo estuvo mal cuando se salió de "su campo".

Pese a ello, Connolley –militante del Partido Verde– continúa empleando una gran parte de su tiempo con la Wikipedia y logrando imponer sus puntos de vista con éxito. Lo que lleva a una conclusión importante, como es la poca confianza que ofrece la enciclopedia en asuntos "calientes", y no me refiero a la temperatura. La política, la economía e incluso la ciencia en aquellos campos tan tremendamente politizados como la climatología son asuntos sobre los que no se debe consultar en la "enciclopedia libre". Mi experiencia personal es que tiende más a la izquierda, quizá porque quienes más tiempo ocupan en la edición de la Wikipedia son jóvenes y éstos tienden a ser más de izquierdas que el público general. Pero aunque fuera al revés, eso no cambia lo esencial: pese a las reformas y sus intentos de cambiar, lo cierto es que la Wikipedia no puede ofrecer una defensa eficaz contra un punto de vista no neutral si hay activistas con interés y dedicación suficientes para imponerlo.

Si estamos hablando de un artículo sobre matemáticas o la biografía de, no sé, Faraday, es improbable que existan razones personales tan fuertes que lleven a arruinar el artículo. Por eso Wikipedia es tan gran invento y la gente tiende a confiar en ella de forma más o menos ciega. Pero del mismo modo que con los medicamentos hay que "leer las instrucciones y consultar con el farmacéutico", hay sitios web que se debe aprender a usar. Incluso, si tenemos tiempo, registrarnos en la versión española y aportar nuestros conocimientos, intentando no imponer nuestro punto de vista, sino luchando por alcanzar ese imposible equilibrio llamado "neutralidad".

Ni patronal ni sindicatos

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

No obstante, su liderazgo lleva en entredicho varios meses, tanto a nivel interno como externo. En concreto, desde que la crisis económica comenzó a aflorar las debilidades y posibles errores de gestión en sus empresas.

Los líderes sindicales, por el contrario, no se deben preocupar de este tipo de problemas, ya que desde hace décadas sus cargos no dependen en ningún caso del aumento de afiliados o la presentación de unas cuentas saneadas. Para inyectar dinero en UGT y CCOO ya está papá Estado, que bien se encarga de engordar año tras año las nada maltrechas carteras de los liberados sindicales gracias a los impuestos de los contribuyentes.

La debilidad de Díaz Ferrán, que la pasada semana protagonizó un amago de dimisión, es vista por sus opositores y el propio Gobierno como una oportunidad para deshacerse de una figura algo incómoda a la hora de pactar la más que necesaria reforma laboral. Su aspiración, colocar en la poltrona de la CEOE a alguien más afín a las posturas del Gobierno para facilitar un acuerdo que no soliviante a los sindicatos y así mantener la pax social –y el consiguiente rédito electoral– en un 2010 que se presenta difícil.

Sin embargo, la clave no radica en si Díaz Ferrán es o no la persona adecuada para representar a la patronal en la negociación colectiva que acaba de reiniciar con Ejecutivo y sindicatos. La raíz del asunto va mucho más allá, y consiste en la función misma que desempeñan este tipo de agentes llamados "sociales". "Mesa de Diálogo", "agentes sociales" o "negociación colectiva" son cruces de la misma moneda. A saber, el keynesianismo imperante en el Estado de Bienestar.

Patronal, sindicatos y administración pública cuentan con potestad para imponer por ley salarios y condiciones laborales a millones de empresarios y empleados en España. Constituyen un oligopolio con capacidad plena para imponer por la fuerza una determinada forma (arbitraria) de hacer las cosas. Por desgracia, el mercado de trabajo no existe en España porque el uso del término "mercado" carece de sentido en un ámbito en el que unos pocos privilegiados deciden por el resto.

Libertad es, en gran medida, poder o capacidad de decidir por uno mismo, y es evidente que tal concepto brilla por su ausencia en las interacciones que efectúan empleadores y empleados. La ley regula todos y cada uno de los aspectos de la relación laboral, imprimiendo una rigidez cuyos efectos ya conocemos: la tasa de paro más elevada de los países desarrollados.

La fuerza laboral no se rige por criterios de mercado. El salario y las condiciones de trabajo no son acordadas libremente entre empresario y trabajador, sino que son impuestas desde arriba. La ley universal de la oferta y la demanda ha sido borrada del mapa mediante una voluminosa regulación heredada del franquismo.

La reforma laboral que precisa España debería empezar por eliminar los privilegios legislativos que ostentan los "agentes sociales". El trabajo, al igual que cualquier otro recurso, debería regirse única y exclusivamente por la ley del mercado. De este modo, eliminando "salarios mínimos" y "convenios colectivos", los agentes individuales, auténticos protagonistas del proceso de mercado, podrían contar con una libertad de la que hoy carecen por completo.

Empleador y empleado son los únicos que deben decidir libremente el fondo y forma de sus relaciones contractuales. El estrangulamiento del mercado, como por ejemplo la fijación de precios por ley o la aplicación de una fiscalidad elevada, tan sólo crea distorsiones perversas que, siempre y en todo lugar, acaban por generara escasez, despilfarro de recursos y pobreza. Da igual el ámbito al que se aplique: alimentos, energía, trabajo… Limitar la propiedad privada y los acuerdos libres entre individuos siempre acarrea problemas. Por ello, ni patronal ni sindicatos son actores legítimos para decidir por nosotros.

Lorca en los huesos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Lorca sigue con nosotros, gracias a su poesía. Pero sus huesos… ¿será necesario decirlo? Sus huesos no hablan. Para ello es necesario un salto simbólico, que los convierta en protagonistas de una narración. No un relato histórico, porque es insuficiente. Un relato de memoria histórica: un recuerdo impreciso, una reconstrucción incompleta y falaz con la carga precisa de amor y de odio, y un villano lo suficientemente genérico (la derecha) como para poder concretarlo en media España, hoy y siempre. El Lorca verdadero murió. Y el que vive no dedicó su obra al odio político. Este Lorca en los huesos el que busca el Gobierno, sin éxito, es otro

Mientras nuestra derecha marxista se afana con los números, el INE(M) y las encuestas, nuestra izquierda tiene muy claro cuál es su objetivo, el poder sin medida, y el método, la apelación constante a los sentimientos. Esa es la razón de que los discursos de Zapatero sean tan vacíos, de que hable de la Tierra y el viento; siempre apela a los sentimientos. Un cortocircuito de la razón.

Funciona. La manipulación de los sentimientos le dio a Zapatero una victoria con la que él, sé bien lo que digo, no contaba. En 2008 otro atentado inundó de sentimientos el día de las elecciones, y en ese terreno la izquierda juega en casa. Pero esos sentimientos necesitan un marco ideológico para adquirir sentido y alcanzar toda su potencia, para ser efectivos. Por eso no se puede confiar la estrategia electoral en el número de parados y es necesario dar la batalla de las ideas.

Pagar más y consumir menos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Los políticos se sientan en una mesa y planifican (tras negociar con las eléctricas más importantes) la estructura del sector a medio y largo plazo según su visión ideal del mundo, que no tiene y no suele coincidir con la de los consumidores finales; hogares y empresas. El desajuste entre un sector planificado desde arriba y una realidad de mercado bien distinta provoca que cada nueva ley sea un parche que intenta tapar los descosidos de la norma anterior. Muchas empresas han montado una estructura tan costosa que de tener que ofrecer su electricidad en un mercado libre, perderían los clientes en beneficios de otras empresas más pequeñas que han logrado mantener un modelo de negocio más tradicional. La situación es insostenible.

Esta realidad kafkiana es lo que explica las (de otro modo incomprensibles) declaraciones realizadas por el presidente ejecutivo de Iberdrola a Financial Times, en las afirma que los consumidores deberían “pagar más y consumir menos” electricidad. Es posible que se nos obligue a pagar todavía más pero todos sabemos que los consumidores no van a demandar menos sino más electricidad. La era digital y de la información no ha hecho más que empezar y mantener su crecimiento significará un continuo incremento de la demanda energética.

¿Y por qué debemos pagar más? El presidente de la primera empresa eólica de España expone en su entrevista la versión según la cual las facturas energéticas de los hogares todavía representan una parte muy pequeña de los costes que tienen que soportar. El problema de esta excusa es que la Tarifa de Último Recurso de los hogares es cuatro veces el precio de la electricidad en el pool. Esto lleva a pensar que los consumidores están pagando la electricidad a un precio muy elevado con respecto al mercado y que el verdadero problema está en otro lado.

De hecho, el propio Galán explica en otra parte de la entrevista el verdadero motivo por el que los consumidores deberían pagar más. El meollo de la cuestión radica en que las empresas eléctricas tendrán que realizar importantes inversiones para introducir los cambios que los políticos les piden para reducir las emisiones de CO2. Así que en el fondo el único problema es que ni aún con el elevado precio que pagan los hogares actualmente da para pagar el coste en el que incurren las empresas que se han dedicado a seguir de forma más fiel los designios políticos en materia energética incentivados por la zanahoria de las jugosas primas y subvenciones que en última instancia también pagan el consumidor final o el contribuyente.

La situación límite de muchas empresas españolas y la competencia de empresas extranjeras donde la energía es más económica hacen que el tejido industrial no pueda asumir un mayor coste de la electricidad. Por eso quienes defienden subidas piensan que se puede y debe hacer cargar a los hogares con el sobrecoste de las decisiones políticas.

En lugar de seguir liando el problema eléctrico con exigencias de pagar más y consumir menos, lo que habría que hacer es tener unas compañías eléctricas más productivas y que cobren menos. Es más, la solución a la mayor parte de los problemas de la humanidad, desde la producción de agua potable hasta el problema de la contaminación, pasa por producir más energía y más barata. Para eso necesitamos menos electricidad política y más electricidad de mercado.

La libertad no es negociable

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Más de medio año ha transcurrido entre una declaración y otra, prácticamente idénticas, y lo único que hemos visto ha sido un intento gubernamental de proteger los intereses del lobby de los derechos de autor a costa de los derechos de los ciudadanos.

Una diferencia fundamental entre entonces y ahora es que su imagen está, por difícil que pareciera hace algo más de medio año, todavía más dañada que en aquellos momentos. Debe de ser un papelón para ella decir, como lo ha hecho, que el Gobierno está "muy satisfecho" con el "debate social" sobre los derechos de autor en internet. La revuelta "internáutica" le ha dejado maltrecha ante la opinión pública, pero ella debe salir a dar la cara en nombre de todo el Ejecutivo. El hombre que piensa que la Tierra es del viento no dará la cara y seguirá dejando que la ministra de Cultura cargue con una responsabilidad que es de él.

En cualquier caso, ni el presidente del Gobierno al que alguien debió traducir aquello de the answer is blowin’ in the wind ni la guionista metida a política quiere reconocer la verdad. Lo que desde el Gobierno no se quiere reconocer es que lo que ellos llaman "debate social", –la revuelta de miles de internautas contra un intento de meter de forma rastrera una norma contraria a la Constitución– fue un movimiento en el cual la sociedad defendió la libertad frente a los intereses de unos grupos afines al poder.

No está en juego aquí el equilibrio entre "todos los intereses" o los "intereses de todos". Muy al contrario, de lo que se trata es de la libertad de expresión, puesto que contra ese derecho tan elemental intentaban atentar al pretender crear una comisión con capacidad de cerrar sitios web sin intervención judicial, frente a los privilegios de unos pocos beneficiarios del actual sistema de propiedad intelectual. Y no cabe debate o negociación posible en esos términos.

La libertad no es negociable. No existe legitimidad alguna para tratar de recortarla en defensa de intereses particulares. A no ser que quien tiene el poder se considere a sí mismo como un huracán arrasador o una benigna brisa y considere que "la libertad no pertenece a nadie, salvo al viento".

Los minaretes y la libertad unilateral

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

A propósito del referéndum suizo pidiendo la prohibición de alzar minaretes en las mezquitas vuelve a escucharse el argumento de la reciprocidad: "Si en Arabia Saudita no permiten construir una sinagoga libremente, o que las mujeres vayan sin velo, en Occidente deberíamos pagarles con la misma moneda, impidiendo que erijan su minarete o lleven velo". Cuando ellos toleren la libertad religiosa, prosigue el argumento, nosotros toleraremos la suya.

Nótese el fondo colectivista: "ellos" y "nosotros", confundiendo el Estado con la sociedad. Confundiendo, además, a la gente que emigra con el mismo Estado que dejan atrás. Como si todos los saudíes fueran responsables de lo que hace el Estado y no hubiera muchos, incluyendo una importante proporción de los que emigran, que en realidad son sus primeras víctimas. De hecho es razonable pensar que los musulmanes que emigran tienden a ser más pro-occidentales que los que se quedan. Una muestra de la incoherencia de no pocos occidentales: tan pronto defienden la "liberación" de Irak o Irán, arguyendo que el pueblo es víctima de un tirano, como apelan a la "reciprocidad" para restringir la libertad de los que emigran, tratándolos ahora de fundamentalistas. ¿En qué quedamos, son los musulmanes víctimas que merecen una liberación o son fundamentalistas que merecen ser reprimidos?

La exigencia de reciprocidad implica que los Estados islámicos marquen los estándares de lo que debe tolerarse en Occidente. Ya no es la "libertad de culto" o la "libertad de expresión" propia del liberalismo el principio rector, sino el grado de represión que se practica en esos países. Si Arabia Saudita castiga la conversión de un musulmán al cristianismo, recíprocamente Occidente debe castigar la conversión al islam o, mejor, obligar a los musulmanes inmigrantes a convertirse al cristianismo.

La reciprocidad tiene implicaciones incómodas: si Arabia Saudita o Irán castiga el adulterio, ¿debe Occidente castigarlo también para los inmigrantes musulmanes? Si encarcela a homosexuales, ¿debe Occidente condenar a los inmigrantes musulmanes que sean homosexuales? De hecho, el argumento de la reciprocidad es aplicable a cualquier otro Estado, por ejemplo Cuba. El régimen comunista niega el derecho de propiedad privada y la libertad de expresión. ¿Debe el Gobierno español, de forma recíproca, negar el derecho de propiedad y limitar la libertad de expresión a todos los cubanos que inmigren a España?

El principio de la reciprocidad, no obstante, puede tener cabida a nivel de Estados, como apuntaba Angel Mas: no es lo mismo prohibir la construcción de una mezquita por parte de una organización privada que impedir que el Estado saudí la financie. Los ciudadanos privados tienen derechos individuales, los Estados no. El Estado español no puede sufragar la construcción de iglesias o sinagogas. Podría argumentarse que aquellos Estados que conculcan la libertad religiosa en su territorio y a menudo promueven un fundamentalismo hostil hacia los derechos de las personas no deben poder financiar templos o escuelas confesionales en suelo occidental.

En lo que respecta a los inmigrantes, ya sean árabes o cubanos, sus derechos individuales deben ser defendidos unilateralmente. Los Estados occidentales deben predicar con el ejemplo y ser lo menos represivos posible con independencia de cómo se comporten los demás Estados. Eso no debería ser motivo de lamento sino de orgullo. Los inmigrantes, que muchas veces huyen de la opresión en sus países, no deben pagar por los crímenes de su Gobierno.

Un país de pandereta

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Allí, la voz del ministro, habitualmente pausada y medida, traspasaba las paredes del salón de los pasos perdidos. El presidente del Congreso, el también socialista José Bono, agarraba por el brazo a su conmilitón y le invitaba a cejar en su actitud. A Rubalcaba le dio tiempo a decirle a Carlos Floriano "Veo todo lo que haces y escucho todo lo que dices".

La frase es significativa, porque el motivo de la disputa era precisamente Sitel, el servicio de control de telecomunicaciones que inició el anterior Gobierno pero que ha puesto en marcha el actual. Las escuchas telefónicas están a la orden del día desde hace décadas, y todas tienen control judicial. Bien, dejémoslo en que es preceptivo.

Con Sitel la cosa cambia. Por un lado, el agente, antes de hacer uso de Sitel, recibe toda la información de que dispone la Policía referida a su dirección de correo electrónico, situación geográfica de la terminal o proveedor de internet sin la aprobación del juez. Pero todavía no han comenzado las escuchas. Una vez reciben la autorización judicial, un puesto de control, a cargo de un agente, comienza a recabar todo tipo de información y a grabar las conversaciones.

Pero el control judicial es voluntarioso e inseguro. Sus órdenes son procesadas por agentes de los cuerpos de seguridad y por personas asignadas de las compañías telefónicas, pero no hay un mecanismo que impida dar esas órdenes sin haberlas recibido previamente por parte de un juez. Es decir, que cuando Rubalcaba le dice a un diputado que ve todo lo que hace y escucha todo lo que dice, es técnicamente posible hacerlo así sin control judicial o de otro tipo.

Todo este ansia del Estado por tenernos controlados es, ya lo habrán adivinado, por nuestro bien. Para protegernos de criminales y terroristas. Claro que nada asegura que la persecución del crimen sea siempre un objetivo por parte del Estado. Un caso claro es el del llamado "caso Faisán", en referencia al bar que recibió una llamada desde Interior y que avisó de que se había montado una operación policial para detener a un gran número de miembros de ETA. Esa operación habría desbaratado la negociación del Gobierno con la banda terrorista, y fue oportunamente desactivada. Ahí estaban las imágenes para probar quién entró y salió del bar, pero la grabación se corta, milagrosamente, en los momentos clave.

Es decir, que Sitel puede ser un instrumento técnicamente virtuoso, pero estará siempre al servicio del Estado y de sus objetivos. E igual que esos objetivos se pueden desviar nada menos que de la lucha contra el terrorismo, también pueden alcanzar al espionaje de políticos y periodistas. E incluso al Jefe del Estado, como hemos llegado a ver en España. Por eso resultan superfluas las críticas de que la mafia rusa y ETA hacen suyas las críticas a Sitel del Partido Popular.