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Un país de pandereta

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Allí, la voz del ministro, habitualmente pausada y medida, traspasaba las paredes del salón de los pasos perdidos. El presidente del Congreso, el también socialista José Bono, agarraba por el brazo a su conmilitón y le invitaba a cejar en su actitud. A Rubalcaba le dio tiempo a decirle a Carlos Floriano "Veo todo lo que haces y escucho todo lo que dices".

La frase es significativa, porque el motivo de la disputa era precisamente Sitel, el servicio de control de telecomunicaciones que inició el anterior Gobierno pero que ha puesto en marcha el actual. Las escuchas telefónicas están a la orden del día desde hace décadas, y todas tienen control judicial. Bien, dejémoslo en que es preceptivo.

Con Sitel la cosa cambia. Por un lado, el agente, antes de hacer uso de Sitel, recibe toda la información de que dispone la Policía referida a su dirección de correo electrónico, situación geográfica de la terminal o proveedor de internet sin la aprobación del juez. Pero todavía no han comenzado las escuchas. Una vez reciben la autorización judicial, un puesto de control, a cargo de un agente, comienza a recabar todo tipo de información y a grabar las conversaciones.

Pero el control judicial es voluntarioso e inseguro. Sus órdenes son procesadas por agentes de los cuerpos de seguridad y por personas asignadas de las compañías telefónicas, pero no hay un mecanismo que impida dar esas órdenes sin haberlas recibido previamente por parte de un juez. Es decir, que cuando Rubalcaba le dice a un diputado que ve todo lo que hace y escucha todo lo que dice, es técnicamente posible hacerlo así sin control judicial o de otro tipo.

Todo este ansia del Estado por tenernos controlados es, ya lo habrán adivinado, por nuestro bien. Para protegernos de criminales y terroristas. Claro que nada asegura que la persecución del crimen sea siempre un objetivo por parte del Estado. Un caso claro es el del llamado "caso Faisán", en referencia al bar que recibió una llamada desde Interior y que avisó de que se había montado una operación policial para detener a un gran número de miembros de ETA. Esa operación habría desbaratado la negociación del Gobierno con la banda terrorista, y fue oportunamente desactivada. Ahí estaban las imágenes para probar quién entró y salió del bar, pero la grabación se corta, milagrosamente, en los momentos clave.

Es decir, que Sitel puede ser un instrumento técnicamente virtuoso, pero estará siempre al servicio del Estado y de sus objetivos. E igual que esos objetivos se pueden desviar nada menos que de la lucha contra el terrorismo, también pueden alcanzar al espionaje de políticos y periodistas. E incluso al Jefe del Estado, como hemos llegado a ver en España. Por eso resultan superfluas las críticas de que la mafia rusa y ETA hacen suyas las críticas a Sitel del Partido Popular.

Un control sin control

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ahora toca Antena 3 con la Sexta, y Tele 5 (Mediaset) con la Cuatro. Pero ya hemos tenido la variación Sexta-Cuatro, y no recuerdo si Antena 3-Cuatro.

Para el que desee ejercitarse en la confección de las posibles combinaciones, se le ha de decir que no tiene mucho trabajo por delante, pues sólo hay cuatro cadenas nacionales analógicas privadas en nuestras ondas terrestres. Así, tan sólo se tienen seis posibilidades de combinación. Y sólo hay cuatro teles porque así lo decide el Gobierno.

Por tanto, sólo en estos cuatro contenedores pueden meter las empresas sus anuncios. Se antojan pocos. Pero a los accionistas de estas cadenas les parecen muchos. Demasiada competición para el poco pastel que va quedando, incluso tras expulsar a RTVE del convite. Así que se quieren juntar para intentar exprimir más al anunciante: si somos menos, podremos poner precios más caros. Así de sencillo.

En otras condiciones, las autoridades de la competencia estarían que trinan. O, al menos, los defensores de la libertad de expresión y la pluralidad de medios. No en este caso, pues ya el Gobierno se encargó hace un tiempo de eliminar los límites accionariales previstos normativamente para la concentración de estas empresas. Lógico también: es más fácil "convencer" a dos medios de que hablen bien de ti, que hacerlo con cuatro.

Así que tenemos concentraciones empresariales entre empresas privilegiadas por un oligopolio, y con todas las bendiciones del Gobierno.

Por suerte, toda esta colusión y concentración no va a valer para nada. Las televisiones de este país no se quieren dar cuenta de que el problema de su modelo de negocio no tiene ya nada que ver con el número de convidados al pastel. Su problema es que no se adaptan a la realidad, a las nuevas preferencias de los consumidores. El tiempo de la televisión convencional ha pasado; ahora llega el tiempo de la interactividad. Se acabó la imposición, ahora elige el televidente, mejor dicho, el internauta; en suma, el individuo.

Por eso, es vano su intento. Los anunciantes responderán a las previsibles subidas precios abandonando el soporte y buscando otros nuevos, que es lo que viene ocurriendo desde hace un tiempo. La concentración no habrá valido para nada.

Y al Gobierno también le resultará inútil el esfuerzo. Porque esas cadenas que con tanto ahínco busca controlar, ya no tienen el impacto que tenían, como le están anticipando los anunciantes que abandonan el soporte (ya se sabe que la iniciativa privada siempre se adelanta a la burocracia).

Pero bueno, al menos podrán hacer como el robot de aquella vieja serie: Bip…bip, concentrando… controlando.

Necesitamos un líder

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Desde que Max Weber estableció los tres tipos ideales de dominación y legitimación del liderazgo (tradicional, carismático y legal-racional) politólogos y sociólogos –si es que son cosas distintas– han seguido sus pasos estableciendo tipologías abstractas con la pretensión de explicar una realidad difícilmente cuantificable que ya Maquiavelo resumió sin tantas pretensiones metodológicas al recomendar al Príncipe a tener de zorro y de león pues "hay que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos". Como entonces, los científicos sociales han puesto sus conocimientos al servicio de esos líderes con la ambición de que éstos se miraran en los espejos que sobre el papel habían diseñado aquéllos. Más interesante que clasificar a los políticos de hoy entre zorros y leones sería ofrecer los instrumentos necesarios para protegernos de ellos.

Cuando el ser humano empezó a dar sus primeros pasos y tomaron forma las primeras organizaciones sociales surgieron líderes que, por conocimiento o actitud, eran capaces de guiar y estructurar modelos de conducta. Han pasado milenios y nos continuamos comportando de igual forma, reconociendo a una persona en un cierto ámbito autoridad suficiente como para delegar en ella nuestras opiniones y decisiones respecto a ese tema. Lo que ha cambiado a lo largo de este tiempo ha sido el contrato social en el que ahora nos encontramos atrapados sin posibilidad ni clausula de terminación: el Estado. Y aquí es donde surgen los problemas, porque del líder espontáneo que puede surgir en cualquier circunstancia, desde el emprendedor visionario hasta el líder religioso pasando por el crítico cinematográfico al que fiamos la capacidad de discernir entre las películas que merece la pena ver y las que no, es completamente diferente al líder político que el sistema necesita para funcionar. Y es que el proceso de selección y competición política hunde sus raíces en creencias y sentimientos, además de las ideologías –todavía en pie a pesar de su anunciada muerte– que fomentan el plebiscito sobre un individuo que durante un periodo de tiempo personificará el Estado y será el referente moral de toda la sociedad que organiza. De ahí que los sistemas presidencialistas la personalidad y liderazgo de los políticos tenga más importancia que en los sistemas parlamentarios donde tienden a ser más grises.

Nuestra capacidad cognitiva es limitada y el tiempo invertido en tomar decisiones supone un coste de oportunidad nada desdeñable; así, parece lógico que la naturaleza nos haya dado el instinto y la capacidad de delegar, pero el hombre es algo más que un ser racional y hay cuestiones que escapan al intelecto y permanecen en la región emotivo-sentimental de la actividad humana. De ahí que a las ciencias sociales hayan fracasado una y otra vez en su intento de sistematizar y cuantificar algo que se asemeja más a un proceso psicológico a través del cual se establece un vínculo entre un conjunto de personas y otra que es capaz de ponerse al frente y liderarlas en una causa común. Un proceso que no se produce unidireccionalmente sino que necesita de un individuo extraordinario capaz de ver más allá que el grupo y que éste a su vez así lo perciba. Y aquí lo de menos es si la realidad que perciben todos, pastor y rebaño, es acertada o falsa, pues la confianza que surge es ciega.

Nuestras sociedades democráticas reúnen varias condiciones que abonan el campo para que los líderes no ya carismáticos sino mesiánicos tengan más éxito que otros. Por un lado, muchos de los sistemas parlamentarios han ido mutando en sistemas mixtos con características de los presidencialistas, al acaparar los gobiernos mayores funciones e iniciativa política en detrimento de los parlamentos, que han quedado reducidos a una mera extrapolación aritmética de los resultados electorales. Por otro, el avance de lo que Sowell brillantemente denominó visión ilimitada de la naturaleza humana hace que los líderes naturalmente seleccionados por la gente que comparte esta visión analizarán la realidad a través de este marco y se considerarán ungidos y capacitados para lograr que la utopía se convierta en realidad. Esta visión está unida a la ampliación de las funciones del Estado, que logra inmiscuirse ley a ley en más parcelas de nuestra vida privada requiriendo una elite política más interesada en estos asuntos. Así, el proceso se retroalimenta con líderes que consideran necesario, y siempre por nuestro propio bien, ensanchar las fronteras del Estado mientras que nuestra intimidad queda cercada o, directamente, invadida.

Esta doble realidad, de la propia naturaleza humana que necesita líderes y del triunfo de la visión progresista, hacen más necesario que nunca que activemos todas las alertas y aumentemos las precauciones a la hora de confiar nuestros destinos a una vanguardia que se cree elegida y legitimada para tomar decisiones que nunca debieron escapar a la soberanía individual. Ahora más que nunca debemos permanecer vigilantes ante los excesos del poder y preguntarnos en lo más profundo de nuestro interior si realmente necesitamos un líder diferente a nosotros mismos y dar rienda suelta a la sana desconfianza hacia el poder que sabiamente nos ha otorgado la naturaleza.

La engañifa de la neutralidad laica

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

El que no quería asistir a la eucaristía se quedaba en clase y se respetaban todas las sensibilidades. Dudo que algún ateo se sintiera ofendido u oprimido en aquel ambiente, aunque entiendo que se hubiera sentido más cómodo en otro. La mayoría de los padres que nos habían inscrito eran católicos y querían educarnos en ese ambiente. Los demás padres no religiosos consideraban que la confesionalidad de la escuela no era motivo suficiente para rechazar sus otras virtudes.

El Congreso se plantea ahora prohibir los símbolos religiosos en las escuelas. En principio la ley solo afectaría a los colegios públicos, aunque la Comisión de Educación ha recomendado retirar los crucifijos de "las escuelas", sin más especificación. Hasta ahí llegan las ambiciones de algunos. El argumento laicista es que los símbolos religiosos en las escuelas públicas son incompatibles con un Estado neutro y no discriminatorio. Los crucifijos son una herramienta adoctrinadora y el Estado no debe adoctrinar en ninguna religión.

Lo primero que cabe apuntar es que este problema no existiría si todos los centros fueran privados y autónomos con respecto al Estado. Si la educación estuviera genuinamente separada del Estado como la religión, no existiría un "ámbito público" donde el Gobierno se viera legitimado para dictar las normas. Eso debería servir de lección a los católicos liberales que defienden la educación pública: una vez cedido el poder al Estado no debería sorprender a nadie que políticos, burócratas y grupos de presión intenten imponer su propia agenda.

La controversia también ilustra el peligro del modelo de la escuela concertada o incluso del cheque escolar, propuesto a menudo como reforma que potencia la libertad de elección de los padres. La financiación pública de la escuela concertada es utilizada por algunos laicistas para defender la retirada de crucifijos en colegios como en el que yo estudié. Si, bajo un sistema de cheques, más escuelas privadas pasaran a ser subsidiadas por el Estado, el argumento se haría extensible a ellas y su indepedencia podría verse menoscabada.

La mayoría de los promotores de esta legislación parecen aceptar que la escuela privada debe quedar al margen, pero aún así su enfoque es tramposo: alegan neutralidad porque respetan la enseñanza religiosa privada pero simultáneamente defienden la casi total nacionalización de la enseñanza. El resultado es el mismo: la imposición de una educación laica a la inmensa mayoría de los alumnos contra la voluntad de muchos padres.

Los laicistas prohibicionistas consideran que la condición "pública" de la escuela exige aconfesionalidad. Pero, como señala Pascual González, hay muchos espacios públicos donde eso no se requiere. En la calle pública la gente puede vestir prendas religiosas, se celebran procesiones y fiestas, y se ponen cruces y otros símbolos a la vista de todos. Restringir esos usos supondría un atentado contra la libertad de expresión, y nadie vería ese ejercicio de "aconfesionalidad" como una medida neutral.

González intenta introducir una distinción arbitraria entre el "espacio público" y el "espacio institucional", sin explicar qué justifica la "asepsia simbólica" en uno pero no en otro. Sostiene que un crucifijo sobre el encerado de una clase contradice el principio de la libertad de conciencia que el Estado debe amparar, pero este argumento sólo es persuasivo si atribuimos al crucifijo el poder de convertir a los alumnos. Francamente, dudo que un mero símbolo colgando de una pared sea un obstáculo a la "libertad de elegir una opción religiosa o rechazarlas todas".

En cualquier caso, si la mayoría de padres en una determinada escuela pública quieren que haya un crucifijo, es razonable respetar esta preferencia. En las escuelas públicas donde haya una preferencia contraria, que los retiren. Es injusto que los padres religiosos que no pueden permitirse pagar una escuela privada (porque los precios son artificialmente altos en ausencia de un mercado competitivo) vean usurpado su derecho a elegir. En la actualidad la decisión de mantener la cruz o quitarla la toma el Consejo Escolar de cada centro. Esta aproximación descentralizada atiende mejor las preferencias de los padres que la imposición de una misma norma a todas las escuelas.

Dicen que "una pared sin crucifijo no ofende a nadie", pues no es confesional y permite a cada uno pensar lo que quiera. Pero esa neutralidad, como decía Unamuno, es una engañifa: una pared sin crucifijo invita a no pensar en Dios o en la religión, que es precisamente lo que quieren fomentar unos y evitar otros. No hay neutralidad, ambos quieren promover sus valores, y la mejor forma de acomodar las distintas preferencias es permitiendo que la gente escoja.

El coup de whisky que provocó el crack del 29

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Con tal de no molestar a las centrales sindicales, unas autoridades convencidas –como siguen convencidas hoy– de que la imperiosa necesidad de deflación puede sustituirse por una impetuosa inflación del crédito prefirieron presionar a los bancos para que proporcionaran crédito con el que comprar el carbón al resto del continente. Una operación financiera sin demasiado sentido que deterioró enormemente la salud de los bancos ingleses y los convirtió en deudores de Francia y Alemania, cuyos bancos centrales acumulaban grandes cantidades de libras esterlinas convertibles en oro. Años más tarde, en 1929, Sir Felix Schuster, uno de los principales banqueros de Inglaterra, resumiría los hechos de la siguiente manera:

Nuestra sensatez ha cedido ante las presiones del Gobierno y ante el sentimiento de Londres. Nuestra situación es alarmante.

Y tan pronto como la City comenzó a perder oro a finales de ese año, todas las alarmas saltaron.

Se trataba de una situación incómoda para todas las partes implicadas: por un lado, el Banque de France y el Reichsbank consideraban que ya estaban demasiado expuestos a una moneda –la libra– que cada vez resultaba menos creíble, y además querían reconstruir sus reservas de oro para estabilizar sus respectivas divisas; por otro, el Banco de Inglaterra sabía que no tenía suficiente metal para seguir pagándoles, y que su única alternativa para proteger sus reservas –la única que habían tenido desde siempre los banqueros centrales en este tipo de situaciones– era subir el tipo de interés, medida que resultaba inaceptable para los propagandistas del dinero barato, como Keynes.

Por este motivo, el gobernador del Banco de Inglaterra, el célebre Montagu Norman, solicitó auxilio al poderosísimo presidente de la Reserva Federal de Nueva York, aquel al que Milton Friedman calificaría años más tarde como "un hombre verdaderamente notable": Benjamin Strong. Norman y Strong eran amigos íntimos (Barry Eichengreen describe sus relaciones personales como "cálidas y de mutuo respeto"), y ambos estaban vinculados directa o indirectamente con JP Morgan.

Strong estaba convencido de que los bancos centrales debían ser solidarios y ayudarse entre sí, motivo por el cual convocó a mediados de 1927 una reunión de gobernadores de bancos centrales en Long Island; "el club más exclusivo del mundo", como se dijo entonces.

La reunión estaba claramente diseñada desde un principio para presionar a los bancos centrales de Francia y Alemania para que dejaran de exigir al de Inglaterra el pago en oro de sus deudas y se conformaran con libras esterlinas (algunos infelices todavía confunden hoy esta suerte de farsa monetaria con el patrón oro). Pero las cosas no salieron como Strong y Norman habían planeado. El gobernador del Reichsbank, Hjalmar Schacht, era un astuto negociador que no se casaba con nadie, y su homólogo francés, Émile Moreau, declinó asistir: en su lugar envió a uno de los economistas monetarios más brillantes del s. XX, Charles Rist.

Rist conocía perfectamente las intenciones del tándem Strong-Norman, pero antes de tomar una decisión prefirió consultar a otro de los grandes genios monetarios del s. XX, Benjamin Anderson, economista en jefe del Chase National Bank.

Anderson acudió a la Reserva Federal de Nueva York con la intención de presentarse en el despacho de Rist, donde ambos tenían pensado discutir sobre la situación financiera internacional y cuál debía ser la política de los bancos centrales al respecto. Pero mientras deambulaba por los pasillos de la Fed, Strong se cruzó con Anderson y rápidamente trató de abortar la reunión entre ambos entrando primero en el despacho de Rist. En teoría, mientras Strong estuviera reunido con Rist, éste no podría atender a Anderson.

Sin embargo, el economista en jefe del Chase National Bank era un hombre de gran paciencia, y ante las disculpas reiteradas del secretario personal de Rist, le advirtió de que estaba dispuesto a esperar "indefinidamente", hasta que Strong saliera. Finalmente, tras cerca de una hora, se le invitó a entrar… pese a que Strong todavía seguía dentro. Una vez se marchó éste, Rist y Anderson discutieron libremente sobre la gran expansión crediticia que había tenido lugar al amparo del patrón-divisa oro y de la muy delicada situación en que se hallaba el Banco de Inglaterra.

Así, cuando Norman y Strong pidieron a Schacht y Rist que se olvidaran de demandar oro a Londres y que acometieran una política monetaria expansiva que aliviara aún más las tensiones sobre la City, ambos se negaron. Schacht fue rotundo: no quería bajar artificialmente los tipos para seguir inflando más el crédito: "No me deis un tipo de interés bajo. Dadme un tipo de interés verdadero y yo sabré cómo mantener mi casa en orden", les reprochó.

Fue entonces cuando Strong desistió y advirtió de que, incluso si Francia y Alemania no colaboraban, Estados Unidos ayudaría a Gran Bretaña mediante una política de crédito barato, lo que de paso le serviría para "dar un pequeño coup de whisky a la bolsa estadounidense".

Desde luego, Strong sabía de qué hablaba. No era la primera vez que le daba un empujoncito mediante la expansión artificial del crédito. En 1922, la Reserva Federal llevó a cabo la primera operación de mercado abierto de su historia (compras de deuda pública) y el Dow Jones se disparó de 70 puntos a más de 100. En 1923, Strong enfermó y el resto de miembros de la Fed, no demasiado de acuerdo con sus políticas inflacionistas, dejaron de expandir el crédito, con lo que el Dow Jones cayó a 90 puntos. Cuando Strong se reincorporó un año más tarde y se reanudaron estas operaciones, el Dow Jones se catapultó hasta los 160 puntos. En 1927 se trataba, pues, de meterle la última inyección energética.

La conferencia de gobernadores no cristalizó en ningún acuerdo unánime demasiado concreto. Schacht y Rist se fueron con el compromiso de rebajar ligeramente su presión sobre el Banco de Inglaterra pero sin sumarse a la orgía inflacionista que estaba a punto de empezar. En cambio, Strong sí prometió a su buen amigo Morgan que la Reserva Federal prestaría 12 millones de libras en oro al Banco de Inglaterra, y que rebajaría los tipos de interés por debajo de los suyos para evitar que los inversores ingleses sacaran su oro del país a fin de depositarlo en los bancos estadounidenses.

Dicho y hecho. En agosto de 1927 los tipos de interés caen medio punto, hasta alcanzar prácticamente su mínimo histórico, y, sobre todo, se duplica el volumen de las operaciones de mercado abierto (por las que se canalizaba el crédito a los bancos para que a su vez rebajaran los tipos de interés a sus clientes). Y, ciertamente, la borrachera bursátil respondió a las expectativas: entre agosto de 1927 y octubre de 1929, el Dow Jones se disparó de 170 a 380 puntos.

No es extraño, vistas esas cifras, que la Reserva Federal se asustara del monstruo que ella misma había ayudado a crear. A finales de 1927, el gobernador Strong enfermó de nuevo y se retiró de la política activa (murió un año después), por lo que su sustituto, Roy Young, tuvo las manos libres para intentar revertir sus errores. Entre febrero y julio de 1928 los tipos de interés pasaron del 3,5 al 5%, pero aunque el ritmo de expansión crediticia se moderó, ya era tarde: el boom bursátil había empezado, y ni siquiera la Reserva Federal tenía capacidad para detenerlo.

Se había creado demasiado crédito durante demasiado tiempo, y ahora era imposible de retirar. Ya lo decía con resignación Benjamin Anderson:

Cuando la bañera del piso de arriba se ha desbordado y ha estado vertiendo agua durante cinco minutos, no es complicado lograr que deje de hacerlo y aprovechar para fregar el suelo. Pero cuando ha estado vertiéndola en grandes cantidades durante muchos años, las paredes, los falsos techos y el suelo están echados a perder, y resulta muy costoso y complicado retirarla. Mucho después de que se haya cerrado el grifo, el agua seguirá rezumando por las paredes y el techo.

El exceso de crédito siguió ahí hasta que fue destruido, de manera desordenada y caótica, durante el proceso de quiebras bancarias que inauguró el crack bursátil de 1929.

Ochenta años después, no está de más recordar que fueron las políticas inflacionistas de la Reserva Federal las que generaron ese auge artificial que inevitablemente terminó pinchando. Nuestro Strong fue Greenspan. Entonces como ahora, se dejaron los grifos abiertos y anegaron el sistema financiero. Entonces como ahora, se culpó al libre mercado de la negligencia de un monopolio público, el que rige sobre la emisión de moneda. Hay cosas que, por desgracia, no cambian.

50 euros por protestar

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde su entrada en vigor, aquellos que formulen un recurso por escrito contra resoluciones judiciales de trámite o, incluso, las decisiones de los secretarios –cuando la reforma procesal surta efecto– tienen que prestar una caución de veinticinco euros (aunque se llame impropiamente depósito) para que sea admitido a trámite. Si se trata de una sentencia que resuelve un tribunal superior, la cifra a consignar en la cuenta del juzgado se eleva a cincuenta euros. Sólo en el caso de que el recurso, la revisión o la rescisión de sentencia prosperen, se devolverá esa fianza. De esta manera, la desestimación del recurso conlleva la imposición de una suerte de multa procesal.

Según la exposición de motivos de esta ley, la caución y eventual multa por recurrir pretenden disuadir a litigantes temerarios de prolongar el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso.

Sin embargo, conviene analizar brevemente las excepciones a esa obligación y el resto de la legislación para avizorar cuáles son las auténticas razones que han llevado al Gobierno a promover, con el consenso de los grupos parlamentarios, una medida de tan dudosa constitucionalidad.

En primer lugar, se dispensa a los trabajadores en los procedimientos laborales y las partes de un procedimiento penal (salvo la acusación popular, que suma cada vez más cargas para poder ejercerse) de tan molesto desembolso. Tampoco tendrán que pasar por ese trance el fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos. Excepto en el caso del orden jurisdiccional penal, donde entran en juego bienes jurídicos de una categoría superior, esos privilegios objetivos o subjetivos resultan incompatibles con el principio de igualdad ante la ley en el ámbito procesal.

La nueva multa convivirá con la tasa que grava el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los procedimientos civiles y contencioso administrativos. Introducida por la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2003, no se implantó con carácter general y universal. La idea parece loable tanto para evitar el abuso del ejercicio del derecho a la tutela judicial, como para disminuir la carga fiscal de quienes no suelen o no tienen que acudir a los tribunales. Sin embargo, el juego de exenciones subjetivas vigentes hace que sólo paguen esa tasa las sociedades cuyo volumen de negocios anual supere los seis millones de euros.

Ni que decir tiene que la práctica forense consiste, precisamente, en un debate entre litigantes, a quienes normalmente dan voz los abogados, y entre éstos y los jueces y sus funcionarios subordinados, quienes tramitan materialmente los asuntos con el refrendo del juez o el secretario judicial. Aparte de las razones que todo justiciable tiene para recurrir la desestimación de pretensiones de fondo, los errores y las decisiones infundadas –o, cuando menos, discutibles legalmente– sobre cuestiones influyentes en la decisión final de un litigio son habituales. La confianza ciega en formularios estereotipados de resoluciones produce a veces desternillantes –si en ocasiones no fueran dramáticas– incongruencias entre lo que se pide y lo que se decide. Sobre esos presupuestos, las propias leyes prevén mecanismos de subsanación y depuración de defectos procesales. Básicamente, la parte que se considera perjudicada cuenta con una gama de remedios, los cuales van desde señalar simplemente la existencia de un error manifiesto en una resolución, hasta la formulación de un recurso contra la misma por la infracción de algún precepto legal. La particularidad en estos supuestos reside en que el mismo juez responsable de la resolución decide sobre el destino del recurso, si bien ello no obsta para que proceda su ejecución.

Si concurre el riesgo evidente de que las partes de un proceso acudan a los recursos con fines espurios, no parece menos cierto que se combina con la tendencia de los jueces a rechazar la corrección de sus propios errores o la reconsideración de decisiones no ajustadas a derecho, en un entorno de tramitación burocratizada de los asuntos que tienen que conocer. Ninguna de estas tensiones ambivalentes se tienen en cuenta cuando se exige sólo a determinados sujetos y en el seno de determinados procedimientos que presten caución para recurrir resoluciones judiciales o decretos de los secretarios.

Por otro lado, la ley no menciona los mecanismos que ya existen para atajar esos abusos. Los jueces pueden rechazar peticiones manifiestamente abusivas e incluso imponer multas a las partes o sus abogados por conculcar la buena fe procesal (art. 247 Ley de Enjuiciamiento Civil). Lejos de ello, incentiva que los jueces rechacen los recursos. No en vano, las cauciones perdidas y los intereses que originen –nos precisa la nueva redacción de la disposición decimoquinta de la ley del poder judicial– quedarán afectadas a las necesidades derivadas de la actividad del Ministerio de Justicia e irán "destinadas específicamente a sufragar los gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita y a la modernización e informatización integral de la Administración de Justicia".

Visto todo lo cual, podemos llegar a varias conclusiones. La primera es que el objetivo principal de estas multas por protestar no es otro que el recaudatorio. Nada gratificaría más a sus diseñadores que que los juzgados continúen plagándose de recursos contra resoluciones interlocutorias o de fondo, sin que se distingan los justificados de los temerarios. No sólo eso. De forma insidiosa, se convierte a los jueces en auténticos agentes recaudadores del Gobierno que ha generado el mayor déficit presupuestario en menos tiempo de la historia de España, añadiendo un nuevo incentivo para que desechen los recursos con la afectación parcial de las multas a la financiación de sus juzgados.

Y la tercera, que es muy probable que se incremente exponencialmente el número de escritos que se presenten en los juzgados apuntando a que una determinada resolución judicial ha incurrido en un error manifiesto. Con tal de que no sea un recurso…

Chávez y la “nefasta herencia” de la división de poderes

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El caudillo venezolano Hugo Chávez ha plasmado por escrito algo que no resulta sorprendente viniendo de él. En uno de esos largos textos que, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro, publica impartiendo doctrina y mostrando su peculiar modo de ver el mundo, proclama: "el tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de su división –como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde– trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en Nuestra América".

En esas líneas lo realmente importante es el hecho de considerar a la división de poderes como un "lastre" del que liberarse y una "nefasta herencia" que ha de ser superada. Sólo teniendo en cuenta eso puede llegar a entenderse en qué consiste ese constitucionalismo, presentado con el adjetivo de "popular", del que habla el presidente paladín del socialismo del siglo XXI. Al igual que hiciera el denominado socialismo real del siglo XX, y sigue haciéndolo en países como Cuba, China o Vietnam, la nueva careta de ese totalitarismo utiliza las palabras para decir justo lo contrario de lo que significan.

En el bloque soviético "democracia" significaba dictadura, y libertad, opresión. Justo como ocurre en los residuos comunistas como Cuba o Vietnam y al igual que sucede en la Venezuela de Chávez. Ahora, además, "constitucionalismo" pasa a querer decir todo lo contrario. En la tradición constitucionalista iniciada con las revoluciones liberales del siglo XIX, y en la que se inscriben personajes tan falseados por los totalitarios como Simón Bolívar y José Martí, la división de poderes es fundamental.

Pero la mentira de Chávez no termina ahí. Él escribe como si el fin de la separación de poderes fuera algo por hacer, cuando hace tiempo que él ya emprendió la tarea de desmantelarla. En Venezuela no quedan jueces que estuvieran en ejercicio antes de su llegada al poder, en una intromisión cuyos tres últimos vergonzantes capítulos son muy recientes. La destitución de la juez de primera instancia en lo penal Mercedes Chocrón contó con tan pocas garantías legales que el régimen venezolano tiene que enfrentarse a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra magistrada, María Lourdes Afiuni ha sido detenida por decretar la libertad condicional de un banquero perseguido por el Gobierno y, como terrible colofón, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estrella Morales, declaró que la separación de poderes debilita al Estado y que, por tanto, debe eliminarse.

El legislativo también ve recortado cada vez más su campo de actuación en Venezuela y países afines. Cuando esto no ocurre, los presidentes directamente ignoran la obligación de acudir a él para aprobar ciertas normas o acuerdos. Así, en el caso de Ecuador la Asamblea espera desde hace medio año para votar si se da el visto bueno a una integración en el bloque bolivariano ALBA que ya es real por deseo de Rafael Correa. Tampoco se respeta la división vertical, entre los poderes nacionales y regionales o municipales. En Venezuela, y otros países, cuando una región o un ayuntamiento tienen un gobierno de signo contrario al del presidente se le recorta atribuciones o se le priva de los recursos que necesita para funcionar.

La división de poderes hace tiempo que dejó de ser un lastre para Chávez y compañía. De esa "nefasta herencia" tan sólo quedan unos pequeños restos que poco a poco se irán desmantelando.

Para brindar y no echar gota

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

No pregunten por qué, pero es lo que ha dicho a sus diputados antes de que sus señorías se tomen el merecido descanso invernal, porque los diputados son como las marmotas y otros esciuromorfos, que necesitan hibernar durante los meses de frío para aparecer al comienzo de la primavera llenos de ilusión, con un montón de preguntas parlamentarias en el portafolios y cientos de dietas que cobrar.

Es posible que Rajoy haya sido sincero y esté muy satisfecho con la labor de su partido, pero tan sólo tendría que hacer una encuesta de urgencia entre diez votantes suyos elegidos al azar para darse cuenta de que su optimismo no es compartido por los que, en última instancia, van a decidir si se pega un nuevo batacazo o no en las próximas generales.

Nunca, desde que gobierna Zapatero, había tenido tantas ganas y tan variados motivos la derecha sociológica para lanzarse a la calle en contra del socialismo. Habría bastado que Rajoy la hubiera convocado para haber pulverizado cualquier marca anterior, pero el PP no ha creído oportuno "crispar", ni siquiera en una situación de deterioro económico y político como el que venimos arrastrando durante este año que a Rajoy le ha parecido tan fructífero. No es que no haya convocado a la población a rebelarse contra los muchos desastres protagonizados por ZP; es que cuando la propia sociedad ha levantado la voz de forma espontánea, el PP tampoco ha estado ahí para apoyarla. Ocurrió con la manifestación en contra de la ampliación de la ley del aborto, a la que Rajoy, con gran generosidad, permitió que asistieran sus empleados siempre que lo hicieran a título personal, cuidando él mucho de no aparecer por los alrededores, no fuera que en el informativo de la Secta le llamaran facha o retrógrado.

Si esta es la línea que va a seguir Rajoy en lo que queda de legislatura, sus votantes van a pasar otro año muy crispados. No con Zapatero, que por supuesto, sino con el líder del PP, al que exigen una mayor contundencia en unas circunstancias políticas y económicas que van a seguir deteriorándose de forma acelerada en los próximos doce meses.

Encantados de haberse conocido, los inquilinos de Génova 13 van a pasar unas Navidades de fábula dándose palmadas en el hombro y felicitándose por lo bien que lo han hecho en todos los terrenos. Que aprovechen ahora y liquiden las existencias de cava. Mucho me temo que en el próximo año y medio no van a tener demasiadas ocasiones de brindar.

Facebook, Google y la intimidad

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Facebook se ha ido convirtiendo en hegemónica en buena parte del mundo y como este tipo de herramientas son más útiles conforme más personas hay en ellas, cabe concluir que está aquí para quedarse, y sus decisiones sobre la protección de la intimidad de los usuarios hay que mirarlas con lupa. Según los internautas han ido entrando en esta red social, cada vez han aparecido más noticias del tipo "encuentra a su hijo perdido" o "le dan una paliza por subir unas fotos", lo que ilustra la importancia que puede tener el acertar con el grado

Hay que tener en cuenta que a Facebook, a igualdad de condiciones, lo que le interesaría es que hiciéramos público absolutamente todo el contenido que volcamos en sus servidores: los amigos, las actualizaciones de estado, las fotos… De este modo, quienes aún no están dentro podrían percibir mejor la utilidad del invento buscando por algún amiguete en Google u otro buscador. Sin embargo, esto es "a igualdad de condiciones", y eso no se da. La mayoría de los usuarios quieren mantener todo o casi todo lo más privado posible, y cualquier intento de Facebook de cambiar esto podría provocar una huida de muchos de sus usuarios o, al menos, una reducción de su presencia en la red social, cambiando los datos y poniendo otros falsos, eliminando amigos y fotos, etc. Es decir, todo lo contrario a lo que querrían Mark Zuckerberg y sus cuates.

Así, con este cambio, Facebook ha querido matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, ha ofrecido mucho más control a sus usuarios, algo que estos agradecerán. Se pueden precisar unas políticas generales de privacidad más detalladas y más fáciles de modificar al estar todas ellas en una sola página. Y por otro lado, cuando se añade algo de contenido al perfil, se puede especificar quién queremos que pueda acceder a él. Podemos hacer listas de nuestros amigos en Facebook, por ejemplo "Compañeros de trabajo", "Pandilla", "Familia" o lo que sea y luego publicar las fotos de la última fiesta sólo a los amigos, por ejemplo, y dejar que en el curro y en casa sigan creyendo que somos una persona seria.

Pero también han sido un poco sucios a la hora de plantear estos cambios a los usuarios. Cuando se les ha presentado el resumen de las nuevas opciones han puesto cada una de las categorías ("información personal", "contacto", etc.) con dos opciones para escoger: lo que teníamos antes y lo que Facebook quiere que pongamos. Y esto último… ¡es lo que viene por defecto! Así, muchos usuarios pueden haberse fiado de la red social y ahora estar compartiendo con demasiada gente datos que quizá desearían que fueran más privados.

No obstante, al menos Facebook se preocupa por este asunto. Google ha demostrado que no. Su consejero delegado, Eric Schmidt, el "otro", el que no es ni Larry Page ni Sergey Brin, ha dicho que "si hay algo que no quieres que nadie sepa, quizá no deberías haberlo hecho en primer lugar". Resulta irónico, dado que Google ordenó a sus empleados que no hablaran con los periodistas de CNET después de que ese medio publicara todo tipo de información sobre Schmidt –salario, barrio en el que vivía, donaciones políticas– que había obtenido del propio buscador, como modo de dar la voz de alarma sobre la falta de privacidad que teníamos en internet. ¿Acaso le avergonzaba algo de lo que publicaron? No, claro. Pero a nadie le hace gracia ver su intimidad expuesta en internet, y a Schmidt menos que a nadie. Es un argumento tan estúpido como defender que quien se niega a que la policía entre en su casa sin orden judicial es que "tiene algo que esconder".

Google lleva muchísimo tiempo intentando convencernos de que son buenos y de que los datos que recopilan de nosotros los emplean para dar un mejor servicio, no para hacer cosas feas con ellos. Acaban de tirar a la basura años de declaraciones públicas. Al menos, ya sabemos a qué atenernos.

El punto de inflexión

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La zona euro comienza a tener graves problemas ante la posibilidad real de que los países periféricos entren en bancarrota. Grecia, Irlanda y España están ya en el punto de mira.

El pasado abril ya avanzábamos que el Estado, al igual que cualquier empresa, también puede entrar en suspensión de pagos (default). En especial, tras la llegada de una gran crisis financiera como la actual. Así, durante las últimas cinco grandes crisis económicas de la historia moderna un porcentaje muy elevado de países –entre el 30% y el 50% de 66 casos examinados– no pudieron afrontar el pago de sus deudas soberanas.

La situación actual no es muy diferente. No obstante, estamos sufriendo la peor situación económica desde la Gran Depresión de los años 30. Tras la quiebra técnica de Dubai, la amenaza se extiende ahora a los países más débiles de la zona euro, los conocidos PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), así como a los mercados emergentes de Europa del Este.

Esta peligrosa situación ha sido creada, una vez más, por la intervención política. Desde hace meses, el Gobierno socialista se viene vanagloriando de su política de despilfarro público a base de Planes E de todo tipo con la falsa ilusión de que el poder público reactivará la economía, cuando es justo lo contrario.

Si el problema de España es la falta de ahorro y el exceso de deuda, el Gobierno ha tirado de más deuda para apagar el incendio, y es ahora cuando comienza a atisbarse la factura. La pregunta es… ¿quién la pagará? Respuesta: los contribuyentes y los hijos de los contribuyentes. Pero, ¿y si es tan abultada que no se puede pagar? Pues entonces será cuando los acreedores (Alemania y Francia) tomarán cartas en el asunto y, al igual que una empresa en suspensión de pagos, impondrá un duro plan de reestructuración o liquidación de activos para tratar de recuperar lo que pueda.

Es decir, ya sea el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea (CE), tomarán el control de la compañía para hacer lo que su actual gestor (Zapatero) es incapaz de realizar: el mayor recorte de gasto público de la historia reciente del país y, posiblemente, nuevas subidas fiscales para cuadrar las cuentas e ir amortizando deuda poco a poco.

Hoy por hoy, a falta de un cambio radical de rumbo, es muy improbable que el actual Gobierno sea capaz de poner en marcha un duro, pero más que necesario y sano, plan de austeridad presupuestaria que elimine partidas enteras de gasto, recorte salarios a funcionarios, borre ministerios y rebaje drásticamente prestaciones y subsidios. Y es que ante un escenario de este estilo, los sindicatos, ahora callados y sumisos, no tardarían ni un minuto en tomar las calles, con el consiguiente conflicto social que ello implicaría. El sector público se paralizaría.

Algo similar pasó en Argentina, y hoy acontece en Grecia. Entonces, el Gobierno argentino no aguantó la presión y finalmente los ciudadanos sufrieron un corralito financiero y una intensa devaluación monetaria (pérdida de poder adquisitivo) que acabó por desembocar en el actual populismo político de los Kirchner.

Por suerte, es muy posible que ante la llegada cada vez más plausible del peor escenario para España, la CE (léase el Bundesbank alemán) saldrá al rescate mediante la intervención de la cuentas públicas españolas. Lo único cierto es que, de seguir por esta senda imparable de despilfarro público, tras Grecia, sin duda, vendrá España.