Ir al contenido principal

No a la Tasa Tobin

Aparte de toda la pléyade de regulaciones innecesarias que ya han salido adelante y de la moralina anticapitalista con la que nos desayunamos día sí, día también, algunos socialistas como el economista Paul Krugman y los políticos del Consejo Europeo han lanzado la idea de un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras: la llamada Tasa Tobin.

Aunque la Tasa Tobin no fuera originalmente concebida para este propósito, ya se sabe que lo problemático en política no es cambiar el significado de las palabras, sino transformarlas en sufridos hechos con cargo al contribuyente. En este caso de lo que se trata es de gravar todas las transacciones financieras para reducir aquéllas que tienen un carácter puramente especulativo.

Si la crisis ha sido causada por la especulación, nada más lógico que tratar de restringir el exceso de especulación en el mercado. ¿Y qué mejor manera para ello que crear un nuevo impuesto sobre cualquier operación financiera?

El problema es que esta justificación para la Tasa Tobin tiene dos errores de base: a) el que sostiene que la especulación es superflua, y de hecho un exceso de la misma resulta nocivo; b) el que sostiene que el exceso de especulación tiene su origen en un mercado demasiado libre y que por tanto puede doblegarse con impuestos. Si, como enseguida veremos, ninguna de estas dos hipótesis se mantiene en pie, difícilmente podrá buscarse excusa alguna para este nuevo impuesto.

Los malvados especuladores

Aunque los especuladores tienen en general muy mala prensa, todos lo somos en cierta medida y en algún momento. El especulador simplemente trata de anticiparse al futuro, de no actuar únicamente conforme a los datos presentes sino a sus expectativas de datos futuros. Es decir, básicamente se dedica a comprar un bien para revenderlo más caro en el futuro (o a vender un bien para recomprarlo más barato). El efecto de la especulación será simple y llanamente estabilizar los precios a largo plazo: se compra en el presente cuando un bien está barato (aumentando su precio) y se vende en el futuro, cuando esté caro (disminuyendo su precio).

Ese futuro al que se dirigen los especuladores podrá ser más o menos extenso. Todos estamos habituados a oír hablar de "los especuladores inmobiliarios", que básicamente se dedican a comprar casas, mantenerlas vacías durante años y finalmente, cuando el precio de las mismas ha subido, venderlas. Sin embargo, éste no es el único tipo de especulación, ni siquiera el más habitual (de hecho, algunos de los mejores inversores de la historia, como Benjamin Graham, no lo considerarían siquiera una especulación, sino una inversión).

En los mercados financieros hay otro tipo de especulación, bastante más frecuente, mucho más a corto plazo y que normalmente no percibimos.

Ya vimos la semana pasada que todo bien cotiza a dos precios –uno para comprarlo (asked price) y otro para venderlo (bid price)–, y que esos dos precios suelen estar bastante distanciados entre sí. En los mercados se considera que el diferencial entre el asked price y el bid price sirve para medir la liquidez del activo, esto es, la facilidad para desprenderse de él sin pérdida de valor. Cuanto mayor sea ese margen, más habrá que pagar por comprar un bien (alto asked price) y menos se recibirá al venderlo (bajo bid price).

Invertir en activos ilíquidos es bastante arriesgado, ya que si el inversor los compra en grandes cantidades, tenderá a pagar un asked price cada vez más elevado; en cambio, si los ha de vender súbitamente y también en grandes cantidades, recibirá bid prices cada vez menores. Los promotores inmobiliarios han descubierto (tarde) esta triste realidad: sólo pueden liquidar su stock de viviendas si venden a precios muy inferiores al coste que soportaron para producirlas.

Y los inversores sólo están dispuestos a meter dinero en activos riesgosos si proporcionan una elevada rentabilidad. Dicho de otra manera: todos aquellos proyectos ilíquidos que no arrojen un rendimiento extraordinario no atraerán el interés de los inversores, y en circunstancias normales no serían siquiera emprendidos. Imagine que usted adquiere un paquete de acciones y que cuando va a venderlo nadie, en ese preciso momento, se lo quiere comprar (no hay inversores finales para esas acciones). Si necesita enajenarlas sin falta, el bid price que obtendrá será tan sólo una fracción del que pagó por ellas. Puede que aun cuando la acción se haya revalorizado pierda dinero.

Es aquí donde aparecen unos especuladores esenciales para el funcionamiento de los mercados, de los que también hablamos la semana pasada: los intermediarios o market makers. Su función consiste en pujar por los bienes que se quieren vender (elevando el bid price) y desprenderse de los que se quieren comprar (reduciendo el asked price). Gracias a estos especuladores, el inversor que quiera desembarazarse de un paquete de acciones obtendrá un precio por su venta muy superior al que habría obtenido sin ellos; análogamente, un inversor que quiera adquirir un paquete de acciones pagará un precio muy inferior al que hubiera abonado sin ellos.

Los especuladores-intermediarios se dedican a efectuar operaciones muy a corto plazo que pongan en contacto las necesidades de los distintos compradores y vendedores finales dispersos en el espacio y en el tiempo, reduciendo sobremanera los diferenciales entre asked y bid price. En cierta medida, incrementan la liquidez (o, mejor dicho, la negociabilidad) de los activos, reduciendo su riesgo y, por esta vía, aumentando la inversión que afluye a este tipo de proyectos.

A diferencia de lo que los defensores de la Tasa Tobin postulan acerca de los efectos del exceso de especulación, cuantos más especuladores-intermediarios se dediquen a comprar y a vender un bien, menor será el diferencial entre bid y asked prices y menor será su volatilidad; lo cual no tiene nada de negativo.

Los bondadosos impuestos

Todo lo anterior no significa que la especulación no pueda degenerar en la formación de burbujas de precios sobre un activo. Si los especuladores asumen que ese activo se va a revalorizar durante mucho tiempo, comenzarán a depositar allí su dinero de manera masiva, provocando la subida. En este caso, los especuladores no se dedican a reducir y estabilizar los diferenciales de precios, sino más bien a desestabilizarlos. El precio de los activos se desvía de sus valores fundamentales y durante un tiempo no recoge información demasiado útil para los inversores finales.

Uno podría tachar este tipo de operaciones de "mala especulación", aunque desde luego es un subproducto inevitable de la competencia en el mercado y de las distintas estimaciones de precios futuros que efectúa mucha gente al mismo tiempo. Además, a diferencia de lo que suele pensarse, las pérdidas de este tipo de especulación sólo afectan a los propios especuladores –y no al resto de la sociedad–, a menos que se combine con una expansión artificial del crédito por parte del sistema bancario. Sólo en este caso las burbujas de activos terminan traduciéndose en malas inversiones reales, que deberán purgarse en un período de crisis como el actual.

No queda muy claro a qué se refieren los defensores de la Tasa Tobin cuando hablan de poner coto a la especulación: a evitar toda burbuja de activos, a evitar la expansión crediticia que da lugar a los perversos efectos de las burbujas de activos o a evitar una combinación de las dos.

En el caso de que se refieran a evitar toda burbuja de activos, un impuesto sería una herramienta del todo inapropiada. Por muy alta que pongan la Tasa Tobin, en ningún caso superaría el 1%, y muy pocos especuladores dejarán de entrar en una burbuja, en la que se pueden obtener rentabilidades enormes, por un gravamen así. Como recuerda Marla Singer, la última burbuja se ha producido en el mercado inmobiliario, que es probablemente el sector donde resulta más costoso realizar transacciones.

Si a lo que se refieren es a evitar la expansión crediticia penalizando, como apunta Krugman, el descalce de plazos y la enorme dependencia de los bancos de la financiación muy a corto plazo (operaciones repo), es posible que el gravamen cambie el tipo de productos que facilitan el endeudamiento a corto plazo de los bancos, pero no acabará con esta estrategia financiera. Sin ir más lejos, un depósito a la vista es, a efectos prácticos, una deuda bancaria tan a corto plazo que se renueva no cada día, sino cada segundo; del mismo modo, si dos bancos se fusionan no necesitan realizar operaciones en el mercado para transferirse financiación: basta con que se presten internamente los fondos. Un impuesto del 1% puede que reduzca el uso de las operaciones repo como base de la financiación bancaria, pero a cambio de incrementar el volumen de otros instrumentos, como los depósitos, que sigan permitiendo a unos bancos cada vez más integrados expandir de manera artificial el crédito.

En definitiva, mucho me temo que una tasa del 1% no sirve para evitar las burbujas ni el descalce de plazos, pero sí puede provocar la eliminación del estrecho margen que obtienen muchos especuladores-intermediarios cuando compran al bid price y venden al asked price. Esto es, puede abocar a que muchos de estos márgenes se queden sin arbitrar y a que, por tanto, los inversores tengan que pagar precios más elevados al comprar las acciones y reciban precios más reducidos al venderlas.

Dicho de manera más simple y demagógica, para que Krugman y otros defensores de la Tasa Tobin puedan entenderlo: un impuesto sobre las transacciones financieras eliminaría muchas operaciones de especulación buena y dejaría intacta la especulación mala. Hacemos, pues, un pan con unas tortas: más volatilidad de precios para el inversor final… y la misma recurrencia de burbujas especulativas.

Aunque, claro, todo esto debería preocupar a los defensores de la Tasa Tobin si su objetivo real fuera el que declaran: terminar con los efectos negativos de la especulación. Sin embargo, si ello fuera así, hace tiempo que habrían exigido el regreso al patrón oro, el cierre de los bancos centrales o la imposición de fuertes restricciones a la expansión crediticia artificial que llevan a cabo estas instituciones; mucho más fácil, cómodo y eficiente que un impuesto del 1% sobre todas las operaciones financieras. Por el contrario, los que defienden el nuevo gravamen suelen ser los mismos que exhortan a los bancos centrales a que reduzcan los tipos de interés y abaraten el endeudamiento en la economía.

El objetivo de la Tasa Tobin parece, más bien, ser el mismo que el de todos los impuestos: apropiarse de porcentajes crecientes de la riqueza de la sociedad. Aunque al publicano lo vistan de seda, publicano se queda.

La leche de Facebook

Y también lo tienen, por supuesto, a protestar y a dar a conocer al resto de la humanidad su opinión sobre la medida tomada por los responsables de la popular red social.

Pero hasta ahí. Mientras se limiten a quejarse, montar campañas de protesta o a tratar de contactar con los responsables de la prohibición, todo entra dentro de lo legítimo. Pero se saldría de esta categoría si trataran, esperemos que no lo hagan, de involucrar a los poderes públicos para que obligaran a Facebook a levantar tan estúpida prohibición. Al fin y al cabo, no deben olvidar que se trata de una empresa privada y que tiene la legitimidad de prohibir lo que le venga en gana a sus usuarios.

De todos modos, para ser coherentes del todo con su nombre –puesto que la organización lleva en el mismo la palabra "Libertad"– desde CCF deberían protestar, siempre sin recurrir al apoyo de los gobiernos u otras instancias estatales, por todas las prohibiciones de publicidad. Al igual que la leche y sus derivados no resultan nocivos para gran parte de seres humanos (no olvidemos que hay millones de intolerantes a la lactosa) muchos podrán alegar que el consumo responsable de alcohol o un uso correcto de las armas, por ejemplo, tampoco lo son. Y en aquellos casos, como las drogas o el tabaco, en el que casi siempre son dañinos, anunciarlos no es lo mismo que obligar a consumirlos.

Además no deja de ser irónico que en esa red se prohíba anunciar toda una serie de productos y se permita, por ejemplo, hacer propaganda de ideologías políticas totalitarias que han supuesto la muerte para millones de personas y de regímenes que coartan la libertad de muchos otros millones. Sin embargo, la libertad tiene esas cosas, hasta los indeseables defensores de personajes como Hitler o Stalin tienen derecho a expresarse. Y el resto de usuarios la tienen para pedir que Facebook no se lo permita hacer en su red social. Si lo hace, bienvenido sea, que se creen una propia para ellos. Hablamos siempre de entornos privados.

Los responsables de Facebook han hecho el tonto prohibiendo la publicidad de lácteos. "Son la leche", que diría un castizo. Pero tan sólo es eso, una idiotez que son libres de cometer.

La educación y el desarrollo: alternativas al Estado

Una idea prácticamente intocable es que la educación es vital para el crecimiento económico, ergo, se argumenta, el Estado debe garantizar una educación pública universal y dedicar elevados presupuestos para tal cuestión. Se podrá rebajar el gasto público en contener el sueldo de algunos funcionarios, recortar las subvenciones, ¡pero nunca reducir el gasto en educación! Un gobierno que haga eso se enfrentará a las críticas vociferantes de la oposición, pero también de la gente, que pensará que el gobierno les está traicionando, a ellos y a sus hijos.

El economista del desarrollo William Easterly, de la New York University, en su libro En busca del crecimiento, tiene un capítulo sobre la educación en los países pobres que tiene un título muy ilustrativo: "¿Educarse para qué?". En él, examina la evidencia empírica acerca del gasto en educación y el desempeño, y encuentra que la correlación no está nada clara, argumentando que si faltan los incentivos adecuados para que los padres inviertan en el futuro de sus hijos, el gasto no servirá de nada, pudiendo ser incluso contraproducente.

Desde esta perspectiva se observa una clara bidireccionalidad en la causalidad, en el sentido de que el desarrollo económico genera incentivos para la educación, y que la educación es importante para el desarrollo. En este campo sucede algo parecido con el tema de los anticonceptivos en los países pobres, al que Easterly también dedica un capítulo, concluyendo que "el desarrollo por sí mismo es un anticonceptivo mucho mayor que el dinero para preservativos". Las soluciones mágicas propuestas en estas dos áreas le parecen al norteamericano "panaceas" para favorecer el desarrollo que han resultado fallidas.

Y es que el buen intencionado propósito de hacer que los niños más desfavorecidos puedan estudiar no hace, por sí mismo, que éstos estudien, o que lo que estudien les sirva para su futuro. Así, por ejemplo, ante la construcción de escuelas o la aplicación de programas de organismos internacionales –como el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU– para conseguir que la educación universal sea una realidad en África, se pueden dar varios escenarios (que de hecho se dan).

En primer lugar, se pueden construir bonitos edificios y bien acondicionados, pero contar con unos profesores sin ningún tipo de aliciente ni motivación, que incluso se duerman en las clases o no aparezcan. En segundo lugar, puede que los niños no vayan a la escuela porque son más necesarios trabajando en el campo ayudando a su familia; o, por último, puede que los niños vayan a la escuela y aprendan realmente, pero que luego apenas existan oportunidades para poner en práctica esos conocimientos en su propio país, teniendo que emigrar a países más desarrollados.

Por otro lado, aparte de esta vía burocrática de aparatos supraestatales y agencias internacionales, existen alternativas para hacer avanzar la educación en los países más pobres. Como suele pasar, la realidad es más rica de lo que nos pensamos en un primer momento, y especialmente mucho más rica y llena de matices de lo que piensan quienes pretenden solucionar casi todos los problemas sociales mediante más dinero e intervención pública, fruto de una mentalidad de planificador de la sociedad.

En efecto, existen alternativas, aunque muchas veces éstas se traten de ocultar, o parezcan simplemente inimaginables. El investigador británico James Tooley lleva décadas estudiando el fenómeno de las escuelas privadas en las zonas más pobres del mundo, ya sea en África o Asia (India o China). Ha llegado a la conclusión de que la educación privada es buena para los pobres. Su interés hacia este tema se despertó cuando, a pesar de que pensaba que la educación privada era algo casi impensable en países poco desarrollados, se dio cuenta de que sus prejuicios no parecían del todo acordes a la realidad. Así fue como trató de averiguar la magnitud y amplitud de este fenómeno.

Fruto de estos años de investigación ha publicado libros como The Global Education Industry: Lessons from Private Education in Developing Countries, y más recientemente, The Beautiful Tree: A Personal Journey Into How the World’s Poorest People are Educating Themselves. Libros como éstos ponen en duda algunos de los tópicos acerca del subdesarrollo y la educación privada. Tooley quiere transmitir la lección de que el espíritu empresarial y el amor de los padres por los hijos pueden ser encontrados en todas las partes del mundo; y que estas dos fuerzas pueden conseguir maravillas.

Pero las alternativas no se acaban aquí. Además del sector educativo con ánimo de lucro en los países pobres, existen otras asociaciones que sin la búsqueda del beneficio monetario, ayudan a la construcción de escuelas y a su puesta en marcha. Este es el caso de Building Tomorrow, organización norteamericana que trabaja para Uganda, y que obtiene buena parte de sus fondos de donaciones de estudiantes universitarios de EE.UU.

Al contrario que muchos proyectos de cooperación al desarrollo, están preocupados por los incentivos, y para ello tratan de involucrar a toda la comunidad que se beneficiará de la construcción de una escuela. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de agencias estatales burocráticas, aquí sí hay un proceso de feedback entre donantes e intermediarios. Si no se realiza lo que la organización había prometido, pueden sufrir una reducción importante de las donaciones, por tanto deben ser muy cuidadosos con cómo emplean los recursos. Además, no son partidarios de la educación "gratuita" dada por un ente benevolente como el Estado, sino que los padres tienen que financiar total o parcialmente la educación de sus hijos, bien con dinero, bien mediante trabajo o trueque.

Parece que son más conscientes de la importancia del esfuerzo para conseguir las cosas que buena parte de la clase política "avanzada". Claro, que ellos no pueden permitirse ningún lujo; aquí, sin embargo, podemos dilapidar la riqueza y las gentes siguen teniendo algo que llevarse a la boca. Pero todo tiene un límite.

Absurdos nacional sindicalistas

Hay más de cuatro millones de parados, si desmaquillamos los datos de Trabajo, y las perspectivas para 2010 son iguales o peores. Es decir, peores, porque crecerá el número de personas y familias que lleven en paro un tiempo prolongado. Seis años lleva Zapatero en el Gobierno, lo suficiente como para que pueda presumir, con justo título, de los frutos de su política económica, a la vista de todos. Bien, pues por una vez, los sindicatos han decidido acompañar a los parados en la calle. Pero no para exigirle responsabilidades al Gobierno, sino para intentar canalizar la creciente indignación con la situación actual contra los empresarios. ¡Contra los empresarios! ¡Pero si lo que busca todo parado es, precisamente, un empresario que le ponga a trabajar! Pero la idiocia en política es libre y muy barata, la regalan partidos y sindicatos y la esparcen los medios con profusión.

Y, como prueba, lo ocurrido en 167 municipios en Cataluña. Los nacionalistas organizan varias encuestas sobre la secesión (ellos lo llaman independencia porque tienen espíritu colonial, ¡pero de colonia, no de metrópoli!). Es normal que ellos quieran darle al muestreo, que no tiene validez ni jurídica ni política ni científica, una categoría que no tiene; referéndum le llaman. Lo sorprendente es que haya medios que participen en este engaño.

Madrid y Cataluña; dos situaciones paradójicas. La primera acoge una manifestación con cuatro millones de argumentos para la protesta, pero sin exigencias políticas. La segunda vive el intento de elevar a categoría política una fiesta independentista sin validez alguna. Como si tal cosa.

Samuelson o la Economía sin esencias

Sin embargo, difícilmente puede uno haber obtenido la licenciatura en Economía sin haber sufrido su herencia metodológica –que va mucho más allá de haber popularizado la síntesis neoclásica de Keynes–, a saber, la generalización del lenguaje matemático como herramienta de comunicación entre economistas.

El problema no está tanto que las matemáticas se usen como método para pensar y exponer ciertas conclusiones, sino en que se hayan llegado a convertir de facto en el único método válido para pensar y exponer conclusiones en la ciencia económica moderna. Con esta revolución metodológica no sólo se ha llegado a despreciar por acientífico el trabajo esencial de numerosos economistas que prefirieron el lenguaje verbal y la lógica –algunos de los cuales fueron tutores de Samuelson, como Gottfried von Haberler o Joseph Schumpeter–, sino que sobre todo los economistas dejaron de preocuparse por comprender a fondo la realidad.

Así, con el abuso de las matemáticas se ha abandonado la esencia de los problemas para centrarse en su manifestación cuantitativa. Como ya se quejara Hayek en el discurso de su recepción del Nobel: "Se nos llega a pedir que formulemos nuestras teorías sólo en términos que se refieran a magnitudes mensurables. Difícilmente podrá negarse que esta demanda limita arbitrariamente el número de hechos que pueden admitirse como las causas de los problemas que suceden en el mundo real".

Samuelson, de hecho, pontificaba la importancia de las matemáticas por el hecho de que permitían a los economistas alejarse de los pseudoproblemas cualitativos y centrarse en los auténticos problemas cuantitativos. Pero como el gran Fritz Machlup le recordó a renglón seguido, ni todo puede expresarse en lenguaje matemático ni todo aquello que no pueda formularse con precisión en éste deviene irrelevante para las relaciones humanas y, por tanto, para la ciencia económica.

Es más, en la medida en que la Economía se desarrolla en torno al concepto de valor –el ser humano actúa para satisfacer sus fines más valiosos empleando los medios más útiles para ello–, debería resultar evidente que su auténtico objeto de estudio deberían ser las relaciones cualitativas entre los seres humanos y su entorno, dentro de las cuales ya se encuentran, pero no en solitario, las cuantitativas. Reducir la calidad a un simple problema de cantidad demuestra una escasa comprensión de cómo actúan los seres humanos y puede llevarnos a cometer muy graves errores que para más inri no podrán detectarse mediante el razonamiento matemático.

El propio Samuelson fue una conocida víctima del desprecio por la esencia de los fenómenos. Así, en la decimotercera edición de su popular manual universitario Economics, datada en 1989, Samuelson concluía que:

La economía soviética es una prueba de que, al contrario de lo que muchos escépticos piensan hoy, una economía socialista puede funcionar e incluso prosperar. Es decir, una sociedad en la que la mayoría de las decisiones económicas son adoptadas de manera administrativa, donde los beneficios no sean el motivo principal detrás de la producción, puede crecer durante largos períodos de tiempo.

Samuelson, por supuesto, sólo se fijaba en el crecimiento de las cantidades de bienes y servicios, sin plantearse cuáles eran las cualidades de esos bienes para satisfacer los fines de los individuos que eran obligados a fabricarlas. Tal vez la economía soviética "creciera más rápidamente durante más tiempo que la mayoría de economías de mercado", pero también nuestras economías occidentales crecieron durante la pasada burbuja, sin que ello indicara que estuvieran creando riqueza (más bien al contrario).

No muy riguroso puede ser aquel análisis económico que, como el de Samuelson, si bien constata que "el crecimiento soviético se ha producido en una atmósfera de sacrificios humanos, incluso de asesinatos y represión política", se plantea a continuación, como "uno de los más grandes dilemas de la sociedad humana", si "todo ese clima justifica las ganancias económicas logradas". No, no hay ganancias económicas sin libertad. De hecho, no hay economía propiamente dicha sin libertad.

No es que el uso de las matemáticas conduzca necesariamente a conclusiones tan absurdas –de hecho el marxismo es en su mayoría un movimiento no matematizado–, pero sin las pertinentes cautelas de que por sí mismas no son suficientes en la ciencia económica sí pueden abocarnos a ellas. Samuelson fue una clara prueba de ello.

Los intermediarios y los agricultores (otra vez)

Cíclicamente, como si de una crisis se tratase, los agricultores sacan los tractores a la calle para reclamar ayudas para su sector. Hace unas semanas, miles de agricultores se manifestaron en Madrid convocados por las tres grandes organizaciones de ámbito estatal: Asaja, COAG y UPA. Señalan, como cada vez, que los intermediarios son los culpables de que los productos agrícolas se encarezcan desmesuradamente y denuncian sus amplios márgenes. No dudan en mostrarlos como un grupo privilegiado de especuladores que se enriquecen a costa de agricultores y consumidores. Este “argumento” (por llamarlo de alguna manera) significa no entender absolutamente nada de economía.

Veamos. La clave está en darse cuenta de que el producto que el agricultor recoge no es un bien de consumo, sino simplemente un paso intermedio en el proceso productivo. Y es que los consumidores (es decir, cualquiera de nosotros) no queremos ese bien que el agricultor acaba de recolectar. No tiene ningún valor para nosotros; no nos es de ninguna utilidad. No es un bien de consumo porque, entre otros motivos, no tenemos acceso a él y/o desconocemos su existencia.

Económicamente hablando, la manzana que el agricultor de Extremadura recoge en su campo no es el mismo bien que la misma manzana comprada por nosotros en el supermercado. Un producto sólo puede ser denominado “de consumo” cuando ha pasado por todas y cada una de las necesarias etapas de transformación del proceso productivo, se ha acercado y se ha puesto al alcance del consumidor. Mientras no sea así, ese bien “no existe” para el consumidor, y de ahí que no tenga ningún valor.

Por tanto, los agricultores son solamente una etapa más de la producción, de igual importancia que los transportistas, distribuidores, publicistas, controladores de calidad, mayoristas, minoristas y demás prestadores de servicios que son indispensables para que el producto acabado de consumo esté a disposición del consumidor.

Si no fuesen económicamente analfabetas, estas organizaciones agrícolas y de consumidores sabrían perfectamente que los intermediarios son totalmente imprescindibles. Deberían imaginarse que no me sale a cuenta desplazarme a Canarias cada vez que se me antoje un platanito; que no voy a coger el coche en dirección a Galicia cuando desee comer pulpo de calidad; que no volaré hasta Argentina o Uruguay para degustar su carne; o que no voy a ir a la Rioja para comprar el vino que necesito esta noche. Paradójicamente, los principales beneficiados de la existencia de intermediarios son precisamente los agricultores.

Si eliminamos a los intermediarios o intentamos aminorar coactivamente las ganancias de su negocio, lo único que conseguiremos es crear una escasez de alimentos, como ha sucedido en la historia en otros regímenes con economías planificadas.

Lo único que verdaderamente deberíamos exigir es que no haya barreras de entrada para realizar la actividad de intermediario, es decir, que no se pongan trabas a cualquier persona que quiera (intentar) ejercer de intermediario. Si esto es así (mercado libre), no cabe más que concluir que los profesionales que actualmente están realizando esos servicios son los más eficientes. Son los que ofrecen la mayor calidad a un menor precio. Esto es debido a que los procesos de competencia hacen que los servicios mejoren de calidad y bajen de precio, ya que los empresarios intentarán realizar su labor lo más eficazmente posible y con costes cada vez menores para imponerse a sus competidores. El que no lo consiga deberá cerrar y será expulsado del mercado.

Por tanto, si tan buen negocio es ser intermediario, ¿por qué no se dedican a ello los agricultores? ¿Es que hay alguna barrera de entrada legal que se lo prohíba?

Pero estos lobbies que dicen defender el campo español y a los consumidores pisotean y obvian las leyes más básicas de la economía para conseguir lo que verdaderamente quieren: privilegios. Por eso han centrado sus esfuerzos en exigir la intervención del Gobierno (¡cómo no!) para que regule/fije precios y márgenes de comercialización cuando se trate de productos de primera necesidad. Se entiende que los productos de primerísima necesidad son casualmente los suyos.

Y, como siempre, parece que han conseguido (o conseguirán) lo que se proponen. Es de esperar que los subsidios a los agricultores sean pagados por todos los contribuyentes de forma directa o indirecta. Directa, mediante impuestos que irán destinados a incrementar su partida presupuestaria; indirecta, al provocar que los precios que deberán pagar por los alimentos sean más elevados.

Se beneficia claramente a unos sectores en detrimento de la mayoría, que acaba pagando sus costes. Lo cual supone una curiosa manera de entender la democracia por parte de los gobernantes, ya que permiten que intereses particulares prevalezcan sobre los derechos individuales del resto de ciudadanos. Y es que una vez más se demuestra que la política está reñida con la ciencia económica más básica.

Propaganda tributaria de gobiernos famélicos

Después de su apropiación indebida durante más de una década por parte del movimiento globalización, hace unos días Paul Krugman, salsa de todos los guisos intervencionistas, proponía implantarla en el mercado bursátil para gravar a los "especuladores" y ahora el Consejo Europeo la extiende a las "transacciones financieras internacionales". De las divisas hemos pasado sorprendentemente a todo tipo de operaciones; es como si comienzan con la propuesta de subir el impuesto sobre hidrocarburos para terminar incrementando el IVA.

La idea original de Tobin, siendo errónea de raíz, tenía su interés académico, ya que se dirigía a combatir un problema potencialmente muy destructivo para un país: el dinero caliente. En un mundo donde empresas, bancos y países se endeudan masivamente a corto plazo para invertir a largo, una fuga súbita de la financiación a corto puede abocar a una espiral destructiva. Políticos y economistas se muestran desconcertados por este fenómeno y suelen sacarse diversos conejos de la chistera. Uno es la Tasa Tobin y otro, por ejemplo, el modelo chileno, donde se obliga a que todo capital extranjero que entre en el país permanezca como mínimo un año.

Como digo, son regulaciones equivocadas –pues la mayoría de los movimientos a corto plazo de capitales prestan servicios insustituibles a la hora de proporcionar liquidez al sistema y de arbitrar precios– pero discutibles. La solución real es mucho más sencilla: bajo el patrón oro ni había dinero caliente ni se producía especulación a corto plazo en el mercado de divisas. Dado que los tipos de cambio eran estables y que el banco central carecía de una flexibilidad absoluta para expandir el crédito a placer, estos fenómenos eran simplemente desconocidos. Hasta que los mismos gobiernos que ahora protestan por la volatilidad de los flujos financieros internacionales no desterraron la "bárbara reliquia" a objeto de correrse periódicas juergas presupuestarias, ambos fenómenos carecían de incidencia. Nuestros políticos ya saben, pues, cuál es el paliativo si es que quieren estabilizar el sistema financiero y no aparentar que se estabiliza mientras se sigue chupando del bote.

Pero no nos engañemos, aquí no se está hablando de evitar la especulación en el mercado de divisas, sino en cualquier mercado financiero, tenga consecuencias desestabilizadoras o no. Sería un error por tanto creer que con este impuesto se quiere algo así como minimizar los movimientos especulativos a corto plazo. No, su afán es simple y llanamente confiscatorio. Llevamos dos años en los que los déficits presupuestarios de todo el mundo se han disparado por el absurdo encumbramiento a categoría científica de las supercherías keynesianas. Se nos decía que incurriendo en déficits públicos volveríamos a crecer y que con la recaudación fiscal derivada de ese crecimiento amortizaríamos buena parte de esos déficits.

Pero el brutal endeudamiento de la mayoría de Estados no ha dado lugar a ninguna apreciable recuperación, sino más bien a una ronda de impagos soberanos que parece va a inaugurar Grecia. Lejos de salvarse, los Estados se encuentran con el agua al cuello; más que nada, porque continúan obsesionados con seguir gastando y expandiendo su dirigismo sobre la sociedad. Ya lo decía con regocijo Krugman en su artículo: "Un impuesto sobre las transacciones financieras puede generar ingresos sustanciales, lo que ayudará a aliviar los temores infundados de los déficits públicos. ¿Por qué no debería gustarles a nuestros políticos?".

Nuestros mandatarios necesitan nuevos impuestos. Las deudas de hoy son los tributos de pasado mañana. Nadie se engañe. Viene éste y vendrán muchos más: todos, eso sí, en nombre de la prosperidad y de la estabilidad. Lo peor, con todo, será ver a los propagandistas de siempre, dentro y fuera de la Academia económica, tratando de justificar con peregrinos argumentos lo que ellos mismos saben que sólo son mentiras políticas para lograr engordar el erario; claro que ya llevan años comprometidos con esa causa.

El procejariado se va de manifa

La escena es tan surrealista que sólo se puede dar en la España de Zapatero, no porque en otros lugares el sindicalismo de clase (alta) no insulte a la inteligencia y el bolsillo del resto de trabajadores, sino porque fuera de nuestras fronteras lo hacen con más discreción.

Aquí se despelotan sin ningún pudor y convocan una manifestación contra los enemigos seculares del proletariado, sin tener en cuenta que la famosa lucha de clases pasó a la historia y lo que queremos los trabajadores no es hacer la revolución sino un puesto de trabajo y un pisito en la costa como cualquier sindicalista liberado, vaya.

Con sus acciones, los sindicatos confirman que la batalla en el mundo actual ya no discurre entre empresarios y empleados, sino entre los que viven del dinero público y los que debemos financiar sus francachelas.

Y como adecuado colofón a un acto tan sublime estará de maestro de ceremonias el periodista preferido de Gallardón, que incluso es posible que haya rebajado su caché para aceptar ir a amenizar la fiestuki. Que no falte de nada. El alcalde de Madrid debería asistir también a la manifestación, junto a los comicastros del Partido, para protestar contra Esperanza Aguirre, culpable junto a los empresarios de que Zapatero haya destruido nuestra economía a una velocidad nunca vista en un país civilizado. Total, salvo el PSOE, los sindicatos, el procejariado y Gallardón, que están libres de culpa por su condición de progresistas, los demás no sólo tenemos que financiarlos a todos sino escuchar también sus reprimendas.

Dicen que se van a manifestar contra los que se aprovechan de la crisis. Hombre, yo creía que se referían a ellos mismos, porque no hay nadie en España que esté aprovechándose con más intensidad de la actual catástrofe económica que los sindicalistas y el resto de subvencionados. Oiga pues no. Para estos detentadores de la moral pública, el pequeño empresario que cierra su negocio, pierde su patrimonio y se va al paro o a la economía sumergida es un enemigo al que hay que combatir del brazo del Gobierno socialista, que es el que maneja el BOE.

Y todos los demás, que financiamos su alegría reivindicadora, no sólo tenemos que seguir pagando sino aceptando con resignación la bronca de estos ungidos. Y sin rechistar, oiga, no sea que una patada perdida de kárate acabe impactando en nuestras costillas, que cosas más raras se han visto.

Competencia asimétrica

Una de las grandes críticas que se suelen formular al sistema de libre mercado está motivada por la indefensión que existiría por parte de los consumidores y las pequeñas empresas frente al poder detentado por las grandes compañías. Cuando se describe el mercado frecuentemente se suele presentar la imagen en la que consumidores indefensos no tienen más remedio que adquirir una serie de bienes y servicios que no son necesariamente los que más le convienen, en unas condiciones que hacen muy difícil cualquier tipo de reclamación, siendo ofrecidos por una serie de grandes empresas que apenas compiten entre sí. Por otro lado, estas grandes empresas emplearían todo tipo de tácticas para impedir el nacimiento o la consolidación de nuevos competidores.

Cabría preguntarse si esta imagen que se tiene del funcionamiento del mercado es cierta. Si se analizan las grandes empresas, es innegable que cuentan con ciertas ventajas muy importantes a la hora de competir. Por un lado tienen una gran facilidad para financiar sus proyectos. Gracias a su tamaño y a su consolidación, les resulta relativamente fácil obtener financiación bancaria, ampliar capital o emitir empréstitos, todo ello a un coste ventajoso. Es por eso por lo que, a la hora de desarrollar nuevos productos o mejorar los presentes, tienen menos problemas de financiación. También sus inversiones en activos fijos resultan muy elevadas, por lo que, a la hora de producir, obtienen importantes economías de escala que reducen sus costes. Por último, y no por ello es el factor menos importante, reúnen una cantidad importante de talento humano. Gracias a sus sistemas retributivos y de reclutamiento son capaces de reunir un personal muy capacitado y motivado para desempeñar sus funciones.

No obstante, la pequeña empresa no carece de armas con las que competir. Así, las grandes organizaciones suelen tener un grado de flexibilidad más reducido precisamente por su tamaño. Un equipo reducido de personas puede cambiar su forma de trabajo a un ritmo mucho más veloz que un grupo grande. También presentan la ventaja de que el pequeño empresario puede estar más en contacto con los cambios del mercado que la cúpula de una gran empresa, debido a que suele tratar directamente con su cliente y sabe lo que necesita. La cúpula de una gran empresa dispone de informes y de su correspondiente equipo de analistas y asesores, pero su contacto con el cliente de base es mucho más reducido. Por último el pequeño emprendedor puede llegar a disponer de empleados mucho más fieles que la gran empresa, ya que muchas veces emplea a la propia familia, que suele cobrar menos, dedicar más horas a su trabajo y pensar menos en cambiar de empleador que el personal de una gran empresa, a lo que habría que añadirle la importancia que sobre el total del trabajo desempeñado suele tener la labor del fundador de la empresa.

Mientras tanto, el consumidor se ve beneficiado por la existencia de empresas de distinto tamaño que se ven obligadas a competir entre sí para contar con su beneplácito, al ser, realmente, la única persona que efectúa la elección de a quién comprar.

No obstante este funcionamiento no es siempre tan idílico, y muchas veces se pueden ver quejas de las dificultades que encuentra el pequeño empresario a la hora de desempeñar su labor. Muchas de las quejas tienen que ver, sin duda, con la dificultad intrínseca que tiene su tarea. No es una tarea fácil ofrecer lo que el cliente necesita, al precio que quiere, mejorar con respecto a la competencia, satisfacer las pretensiones económicas de proveedores y empleados, y obtener financiación para todo ello. Sin embargo, muchas veces sus quejas no suelen estar motivadas por lo anterior sino debido a la legislación y sus cambios, y ahí sí que suele presentar una ventaja competitiva importante la gran empresa. A la hora de redactar nuevas leyes es frecuente que se abra un periodo de consultas sobre la idoneidad de éstas. La gran empresa suele contar con un gran equipo de personas (bien de su personal, bien asesores externos) que saben desenvolverse en la administración, por lo que tan pronto se anuncie la intención de dictar una ley o reglamento, podrán formular las alegaciones pertinentes para que los cambios no les perjudiquen o incluso les beneficien. Incluso saben con qué personas entrevistarse para lograr iniciativas legislativas favorables. Sin embargo, esta capacidad no está tan disponible para las pequeñas empresas, por lo que no suelen presentar ningún tipo de alegaciones, sugerencias o informes.

Este tipo de asimetría normalmente no puede ser compensada ni por la pequeña empresa, ni por el consumidor individual. La existencia de asociaciones puede facilitar la participación de éstos en estos trámites e iniciativas, sin embargo, dada la multiplicidad de fines que persigue cada uno de los asociados, su escasa representatividad y sus limitaciones presupuestarias, estas asociaciones no suelen tener la misma efectividad que las grandes empresas, aunque indudablemente existen sus excepciones, y pueden provocar asimetrías en sentido opuesto.

Esta asimetría se puede estudiar mejor con un ejemplo. Supongamos que se pretendiese llevar a cabo una subida en los tipos a la Seguridad Social de las empresas que venden al público un determinado producto. Rápidamente las grandes empresas se pondrían en contacto con el órgano que pretende dictar dicha norma, para hacer ver la serie de inconvenientes que tendría dicha medida, por ejemplo, sobre el empleo en dichas empresas. La Administración puede llegar al acuerdo con dichas empresas de realizar dicha subida sólo sobre trabajadores a tiempo parcial, para que no les perjudique tanto, y fomentar, de dicha forma, el empleo con dedicación total. En principio parece que todo el mundo sale ganando. No obstante dicha medida contaría con un perjuicio importante, que serían las pequeñas empresas. En las grandes empresas, precisamente por su tamaño, resulta más infrecuente, porcentualmente hablando, realizar contrataciones a tiempo parcial. Es fácil reemplazar a varios trabajadores a mitad de jornada con la mitad de dicha cifra a jornada completa. Sin embargo, esto no es tan cierto en las pequeñas empresas, donde puede que sólo se necesite un trabajador a tiempo parcial, suponiendo esto un porcentaje importante sobre el total de horas trabajadas. Por tanto se introduciría una asimetría artificial a la hora de competir en el mercado, precisamente introducido por una ley.

Esta misma distorsión se produciría con respecto a los consumidores. Para una gran empresa es posible promover o reformar iniciativas que les sean ventajosas a ellas, pero cuyo resultado indirecto implique la pérdida de derechos contractuales o de posibilidades de adquisición por parte del consumidor.

Por tanto, aunque las circunstancias en las que suelen competir las empresas son distintas, éstas deben poder aprovechar sus respectivas ventajas competitivas a la hora de satisfacer a sus clientes. No obstante, pueden existir asimetrías que no son consustanciales ni al mercado ni a la especificidad de cada empresa, y que lo distorsionan, siendo introducidas desde el ámbito legal. Éstas distorsiones al final van a perjudicar al propio consumidor, al disminuir la competencia y por tanto su posibilidad de elección, que es una de las mejores salvaguardias que tiene el consumidor. De ahí la importancia de que el marco legal sea neutral, logrando así un juego limpio entre todos los actores y que lleguen al consumidor la mayor cantidad de posibles ofertas.

Democracia…

Somos demócratas.

Cada cuatro años podemos elegir una lista con muchos nombres, en su mayoría perfectos desconocidos. Las listas que reciban más votos recibirán mayor número de asientos en una asamblea y los que ocupen el 51% de dichos asientos elegirán a la persona que decida el partido a cuya lista pertenecen para mandar cuatro años.

Esto se hace a tres niveles: estatal, autonómico y municipal.

Esas personas, elegidas democráticamente, son la voz del pueblo… nada más y nada menos que la voluntad popular. Y aquí viene el quid de la cuestión. La “voluntad popular”, la “voz del pueblo” nos dice qué debemos hacer con nuestra vida y hacienda. Y es mejor hacerle caso, pues el grado de coacción que puede imponernos es insuperable.

Así, la voz del pueblo decide que podemos hacer y que no. Qué podemos comprar, qué podemos vender, qué educación han de recibir nuestros hijos y quiénes pueden darla, qué cine tiene que exhibirse, qué deportes han de practicarse, qué arte ha de crearse… También decide cuanto podemos cobrar por nuestro trabajo, cuanto podemos pagar por el trabajo de otros e incluso decide qué parte del fruto de ese mismo trabajo nos la podemos quedar para poderla gastar nosotros (en lo que ellos digan, generalmente) y cuál no.

La “voz del pueblo” decide sobre nuestros gustos, sobre nuestros intereses y deseos. Decide qué empresas debe haber, qué fuente de energía hemos de utilizar, a qué temperatura debemos poner la calefacción de nuestros locales. Decide sobre nuestra salud, sobre lo que podemos o no comer, beber, fumar o esnifar. También decide qué asistencia medica nos corresponde, qué moneda estamos obligados a usar, qué medicamentos podemos tomar y cuáles no, qué servicios (telefónicos, postales, de distribución, lúdicos. etc.) están disponibles y quiénes pueden ofrecerlos.

Incluso decide cómo hemos de ahorrar para la vejez y las malas rachas. Y aún hay más, pues, gracias a la emisión de deuda pública, puede decidir nuestro grado de endeudamiento.

Todo muy democrático, pues no en vano la lista más votada por el pueblo es la que decide todas estas cosas en nuestro nombre. ¿Y la libertad? Pues ahí la tenemos, cada cuatro años podemos votar a una lista cerrada distinta, para que sus integrantes elijan a quienes van a decidir por nosotros para otros cuatro años…

Pero eso si, repito, todo muy democrático.