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Cómo desenterrar el cable

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

“Al cierre del tercer trimestre, ONO presentó un beneficio neto de 41 millones, un 144,7% por encima a la cifra alcanzada en el mismo periodo del ejercicio anterior, a pesar de la caída en un 5% de los ingresos (1.100 millones). Gran parte del éxito radica en la optimización “de los procesos de la compañía”, con un severo recorte del 50% en las inversiones.”

El párrafo que transcribo de una noticia leída no hace mucho, quizá llené de alegría a los accionistas de ONO. Debería ser una alegría justificada, tras tantos años de sufrimiento; por fin sus expectativas se ven reconocidas con un, aparente, retorno para su inversión. ¿O no?

ONO es el principal operador de cable en España. Eso significa que, junto con Euskaltel (en el País Vasco), grupo R (en Galicia) y Telecable (Asturias), es el único operador que dispone de infraestructuras de telecomunicaciones fija, aparte del antiguo monopolista. Como su propio nombre indica, dichas infraestructuras consisten de cable coaxial, que permite el suministro de todos los servicios de telecomunicaciones, con una capacidad bastante superior a la que permite el par de cobre propiedad de Telefónica. De hecho, usando dicho cable, ONO es capaz de prestar servicios de acceso a Internet a 50 Mbps, mientras que sobre el cobre las ofertas comerciales alcanzan únicamente los 20 Mbps.

En la actualidad, ONO puede suministrar servicios con su propio cable a más de siete millones de hogares. Ello es resultado de mucho tiempo y muchas inversiones, consumidas básicamente haciendo zanjas, enterrando cable y negociando con las comunidades de vecinos para que le permitieran poner cable en sus edificios. Es lo que se llama en el argot económico “inversiones hundidas”, pues dan lugar a infraestructuras que difícilmente son reciclables hacia otras áreas. Son difícilmente convertibles, o, siguiendo a Rothbard, específicos.

En estas condiciones, resulta que el futuro de la mayor parte de los activos que posee ONO está estrechamente ligado al éxito que puedan tener en el mercado los servicios de telecomunicaciones, esto es, a lo que estén dispuestos a pagar los clientes por dichos servicios. Si los clientes no aceptan pagar lo suficiente para compensar las inversiones, el negocio será inviable y los accionistas tendrán que abandonar el mercado con pérdidas.

Si estuviéramos hablando de una pastelería vendiendo ensaimadas, la solución sería relativamente sencilla. Una vez agotadas las ensaimadas, el pastelero trataría de vender otros dulces. Y si tampoco funciona esto, dejaría el mercado, por ejemplo, traspasando el local o dedicándolo a otros menesteres. Pero, ¿qué puede hacer ONO si el negocio no va cómo esperaba? No se trata aquí de un local fácilmente convertible, sino de un montón de cable enterrado para el que resulta complicado buscar otro uso.

Lo lógico parece que se siga vendiendo mientras se pueda (lo mismo que hace el pastelero con las ensaimadas mientras la quedan), pero deje de enterrar dinero en forma de cable (como el pastelero, que ya no compra más ensaimadas). Para un observador externo, lo que pasará es que repentinamente ONO obtendrá beneficios: está vendiendo e ingresando dinero por sus servicios, pero ya no “compra” recursos para proporcionarlos.

Todos sabemos que al pastelero este chollo le durará poco, lo que le duren las ensaimadas. A ONO, evidentemente, le durará más. Ha “enterrado” mucho más dinero en cable que el pastelero en ensaimadas. Pero, en todo caso, el chollo se acabará, y ONO desaparecerá.

Por eso mismo, no creo que la noticia que da comienzo a este comentario sea una buena noticia. En el fondo, supone la capitulación de los accionistas de ONO ante el mercado, y la constatación del fracaso. Sí, obtienen beneficios, pero a costa de recortar las inversiones un espectacular 50%. Los inversores han decidido no enterrar más dinero y empezar a desenterrar el cable en forma de dinero.

Todos los bienes de capital tienen una vida y exigen un mantenimiento constante. Incluso la vara de madera que Robinson Crusoe usa para coger bayas, requiere una decisión explícita de ahorro para mantenerse útil. Crusoe necesita dedicarle un tiempo al día, sea para pulirla o para ir preparando su sustituta cuando se rompa. En el momento en que deja de invertir ese tiempo, vive mejor, pero se va a quedar sin la vara.

Los inversores de ONO han decidido no ahorrar en el mantenimiento de su red. La están liquidando. Y en el momento en que la red se agote, ONO dejará de prestar servicios. Es la forma que han encontrado de desenterrar el cable.

Más grave sería constatar las razones por las que esto ha ocurrido. Pero eso ya no sería teoría económica, sino comprensión histórica. Y para una vez que me sale algo sin echar la culpa a la regulación y la intervención estatal, no quiero estropearlo (¿o arreglarlo?) en el último párrafo.

González-Sinde, escudo de Zapatero

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Ese iba a ser, por lo que parece, el famoso modelo español para combatir las denominadas descargas ilegales por internet. Sin embargo, ¿es eso cierto? No del todo.

El problema del anterior planteamiento es que no identifica de forma correcta a los actores. Por mucho que Rodríguez Zapatero haya salido a desautorizar a su ministra de Cultura, no es creíble que él no supiera de la inclusión de la famosa cláusula. Para empezar, el propio jefe del Ejecutivo había anunciado a bombo y platillo, y como para mayor gloria de él mismo, el proyecto de ley en cuestión. ¿Acaso haría algo así si no conociera su contenido? Una respuesta positiva a esta última pregunta sería como para ponerse a temblar al implicar una gran irresponsabilidad por parte del inquilino de La Moncloa.

Pero no queda ahí la cosa. Aunque muchos parezcan haberlo olvidado, la polémica medida había sido incluida en un proyecto de ley de un ministerio diferente al de González-Sinde. En concreto, el texto entra dentro del ámbito de responsabilidad de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Resultaría extraño que Elena Salgado no informara a su jefe de la inclusión de contenidos procedentes de otro departamento. Si hubiera actuado de esa manera, Zapatero debería plantearse muy en serio su inmediata destitución.

Recordemos además que no es la primera vez que desde un Gobierno presidido por Zapatero se intenta sacar adelante una medida así. Los borradores del proyecto de la LISI, con la que se reformaba la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, eran todavía peores. Llegaban a incluir a las entidades de gestión de derechos de autor entre las "autoridades competentes" para cerrar páginas web. Y en aquel entonces la ministra de Cultura era Carmen Calvo, no Ángeles González-Sinde. Quien sí ocupaba su cargo actual era el jefe del Ejecutivo. Esto suena a reincidencia.

Rodríguez Zapatero ha mostrado una gran cintura política. Se intenta colar de rondón una medida tan impopular como violadora de derechos fundamentales en una norma en la que nadie se la espera. Cuando se descubre, quien da en principio la cara es la más impopular de todos los ministros, González-Sinde. No le queda más remedio que convocar una reunión a un grupo de periodistas on line, blogueros y empresarios de internet (que, como ellos mismos recuerdan, acudieron a título propio y no como representantes de nadie). El encuentro fue, por lo que contaron los asistentes, de todo menos agradable e incluyó el intento de comprar voluntades.

El escenario estaba listo para que se focalizara en la ministra de Cultura el enfado de miles de ciudadanos y Zapatero pudiera vender su inocencia. No nos engañemos, es posible que en el futuro vuelvan a intentarlo, con Sinde o sin ella. El presidente encontrará a quien culpar si las cosas vuelven a salirle mal.

Con razón quieren acabar con internet

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

En caso contrario, los grandes medios disimulan y siguen hablando de las mariposas hasta que el estruendo es tan enorme que se ven obligados a realizar una breve reseña. La línea editorial no la modifican, claro, que para eso son medios "independientes", y así podemos asistir a la divertida situación de ver un periódico nacional informando de que la teoría del cambio climático de origen antropogénico es un fraude que no creen ni sus propios valedores, mientras en la sección de ciencia el calentólogo de nómina sigue alertando a la humanidad su próximo fin (los progres son propensos a la grandilocuencia) si no se reducen las emisiones de CO2.

De todas formas, los españoles no podemos quejarnos demasiado, porque nuestros dos principales periódicos sólo tardaron una semana y media en acusar recibo del Climagate, mientras en Gran Bretaña, país del que surgió la noticia, lo han hecho seis semanas más tarde de conocer la información.

Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es precisamente este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz, como anteriormente ocurrió con otros escándalos que los políticos y sus medios afines decidieron ocultar.

En España hemos estado solos durante muchos días informando a los lectores de esta canallada seudocientífica subvencionada por los políticos. En lo que respecta a los medios de comunicación profesionales, Libertad Digital ha estado en solitario cumpliendo con su deber, que es la forma más elegante y honesta de disfrutar la soledad, junto con centenas de blogs particulares que se han hecho eco de este escándalo aportando valiosa información en muchos casos. Se comprende que el fenómeno de internet preocupe mucho a los políticos, porque les priva del monopolio de decidir qué pueden o no conocer los ciudadanos, y a los medios tradicionales, cuyos peajes ideológicos les obligan a difundir únicamente las "verdades" tamizadas del poder. Precisamente por eso, los intentos de intervenir en la red arrogándose el derecho de cerrar los sitios incómodos debería preocuparnos a todos. Han empezado amenazando a las páginas que enlazan contenidos audiovisuales, pero no cabe dudar de que es sólo la puerta por la que el poder político entrará en internet y una vez dentro, expulsarlo será una misión casi imposible.

No se puede tolerar el menor ataque de los gobiernos hacia las nuevas tecnologías de la información, porque nuestra libertad es lo más importante. Incluso más que la discografía completa de Ramoncín y las obras completas de Suso del Toro, lo más descargado de internet a escala mundial desde hace décadas como es bien conocido.

Lobbylandia S.A.

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

No miente el presidente del Gobierno cuando afirma, mitin tras mitin, que "saldremos más fortalecidos de la crisis". Se refiere a las grandes corporaciones. Zapatero se erige como dictador de la producción para canalizar los recursos privados hacia sus intereses económicos e ideológicos. ¿Qué ocurre cuando un dictador de la producción cree que el país que gobierna es su propiedad y lo explota?

Un caso extremo es el comunismo. No hay propiedad privada y el dictador marca las líneas económicas de producción, precios y procesos. Es un sistema económico en una dirección, el de la oferta hacia la demanda, sin feedback. El problema es que el mercado no se retroalimenta con información para adaptarse y acaba quebrando. Es lo que Mises llamó "imposibilidad del cálculo económico socialista". No es esta la situación que estamos viviendo –el comunismo murió– pero es similar. Lo que se lleva ahora es la unión entre Estado y gran empresa. El Capitalismo de Estado, Corporativista o Nuevo Orden Mundial.

Este miércoles el presidente del Gobierno dijo que "hoy nos cuesta más producir un kilovatio con energía renovable que con petróleo". ¿Y dónde está el negocio de la ecología pues? En las leyes y subvenciones, esto es, en la capacidad que tenga el Gobierno para robar a sus ciudadanos, y no el de la utilidad o negocio de las empresas. El Gobierno tiene claro adónde ha de ir la producción y establece un marco jurídico y económico para promoverlo. Aquí es donde la economía comunista y "corporativista" se separan. Aparecen los amigos del dictador productivo y empresas que quieren lucrarse del nuevo marco gubernamental. Pizarro lo expresó más claramente: el Gobierno dará el dinero de la Ley Sostenible "a quien le dé la gana". ¿Y quiénes son los afortunados? Si sigue un poco el mundillo político-económico lo habrá adivinado ya: ACS, Abengoa y Acciona. Muy posiblemente hasta 2011 estas tres empresas se van a repartir 20.000 millones de euros de nuestros impuestos. Mientras tanto, el paro seguirá aumentando hasta el 20,5%. El déficit público continuará por las nubes y la deuda casi llegará al 75% del PIB, según la CE.

Las tres compañías siempre han sido el ojo derecho de Zapatero (entre muchas otras). Las tres se dedican a la sostenibilidad y reciben grandes cantidades en subvenciones y pedidos de gobiernos extranjeros y del nacional. Las tres son suficientemente grandes como para cotizar en el Ibex-35. A diferencia de un sistema comunista, una vez que el Estado ha trazado sobre el mapa el nuevo esquema productivo, los beneficios son cantados. Ahora interviene la "mano invisible" del mercado. ¡Pero ojo! invisible no significa que no esté manipulada por los burócratas del Gobierno. Llevan la mano invisible de las grandes corporaciones ahí donde ellos quieren, al bolsillo del erario público.

El mercado (manipulado con falsos estímulos e incentivos gubernamentales), se deja llevar por las posibles rentabilidades empresariales. Accionistas, fondos y especuladores acuden rápidamente para tener su parte del pastel. No sólo en el mercado de valores, también en la economía física con nuevas empresas, acreedores, intermediarios y proveedores. Los escenarios productivos se dilatan llenándose de empresas de todos los tamaños.

Estas empresas crecen, su volumen también, las acciones y sus dividendos suben. Es lo que ocurrió con el ladrillo. El problema viene cuando nos miramos la producción útil de estas empresas. ¿Cómo puede una empresa que debería tener pérdidas –como el propio Zapatero admite– ser la estrella de la economía? Por la intervención del Estado. Añádale a esto la habitual expansión monetaria o de dinero barato y voilà, ya lo tiene.

Este gran auge, este proceso de inflación sin respaldo de producción es lo que se llama burbuja. No es más que una ilusión de beneficio que se esfuma de la misma forma con la que se ha creado. Los empleos generados, desaparecerán. Los beneficios también. El ajuste, o pinchazo de la burbuja sólo dejará un ganador, la gran empresa, que sólo es responsable de los altos beneficios pero no de las pérdidas. Lo hemos visto con el motor, la construcción y la banca. España es lobbylandia S.A., el país donde cualquier rent seeker ("rentista estatal" en una traducción muy libre) puede forrarse, destrozar económicamente un país y jubilarse con honores.

El ecologismo es un negocio de grandes empresas y Estado. Salgado negó que la Ley de Economía Sostenible sea franquista. La ministra no sabe de franquismo ni de economía. La "ley sostenible" es economía del fascismo, la del dictador de la producción que considera el país su propiedad privada (a propósito vea este vídeo de la Falange contra el capitalismo: el discurso podría haber sido perfectamente redactado por Salgado o Zapatero). En algunos años veremos las consecuencias de la unión entre Estado y gran empresa… ¡otra vez! ¿Quién cree que pagará los platos rotos? Como siempre, las clases bajas y media.

Al menos destine parte de sus ahorros, si es que aún le quedan, a alguna empresa "sostenible". Contribuirá a la catástrofe, pero al menos habrá sacado algo si se retira a tiempo.

Las instituciones

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Las instituciones son patrones de conducta generalizados en la sociedad que sirven como referencias orientadoras que facilitan la coordinación y la cooperación. Las instituciones surgen y se mantienen de forma dinámica y evolutiva (cambiando para adaptarse a situaciones diferentes) mediante la participación descentralizada y no coactiva de gran número de individuos, unos realizando propuestas y otros aceptándolas o rechazándolas.

Las instituciones son demasiado complejas como para ser diseñadas de forma centralizada por una sola mente (o un comité de ingenieros sociales expertos) de forma intencional. Se basan en procesos meméticos evolutivos de creación e imitación: algunos individuos más emprendedores inventan o descubren (de forma deliberada o por accidente) formas de hacer las cosas que ellos mismos u otros perciben como acertadas y las copian o replican. Son necesarios mecanismos de generación y examen: producción de nuevas variantes (mutación de las antiguas, recombinación o flujo del exterior) y comprobación de su validez para la retención de lo exitoso y la eliminación de lo fracasado. Los cambios institucionales no necesitan ser constantes (aunque suelen ser graduales, progresivos y marginales), y de hecho cierta estabilidad institucional es posible y deseable; pero para sobrevivir toda sociedad debe mantener la capacidad de cambiar y adaptarse.

Las principales instituciones sociales son el lenguaje (permite la comunicación o transmisión de información mediante el uso de un idioma común), el derecho (normas morales o leyes formales explícitas que restringen posibilidades de conducta al declarar algunas acciones prohibidas u obligatorias) y el dinero (depósito de valor, medio generalizado de intercambio indirecto de bienes o servicios económicos y unidad de cuenta). Lenguaje, derecho y dinero son realidades fuertemente relacionadas: el derecho se expresa formalmente mediante el lenguaje; los pactos contractuales suelen incluir pagos con dinero; los quebrantamientos de normas suelen penalizarse con multas monetarias; algunas leyes se refieren a usos del lenguaje; las unidades monetarias suelen indicar su naturaleza y cantidad mediante algún símbolo lingüístico; las promesas de pago de dinero que funcionan como sustitutos o complementos monetarios se expresan mediante lenguaje y constituyen compromisos contractuales con eficacia normativa.

Las instituciones humanas no son monolíticas ni perfectamente homogéneas o universales, sino que presentan una cierta diversidad y variabilidad en sus implementaciones particulares, las cuales comparten rasgos abstractos pero difieren en detalles concretos. No existe una única forma institucional detallada que supere a todas las demás, ya que las circunstancias particulares son importantes y diversas y la adaptación evolutiva es siempre relativa.

Es posible construir una ética universal, pero esta no determina unívocamente una única moral o una única ley positiva sino que es compatible con una multiplicidad de ellas (la exploración intelectual de la ética como el estudio de aquellas normas que son iguales para todos no implica que todas las leyes deban ser idénticas para todo el mundo). La gramática universal profunda innata y los conceptos fundamentales del pensamiento humano son las bases de múltiples lenguajes y dialectos. Las funciones esenciales del dinero se realizan de formas diferentes según las épocas, la tecnología, las tradiciones y la cultura.

Son posibles los conflictos entre diferentes versiones de una institución presentes en un mismo lugar y tiempo: multiplicidad de lenguas mutuamente incomprensibles, sistemas legales incompatibles, dineros diferentes. Algunas personas pueden desear eliminar esta conflictividad mediante la imposición de una única forma institucional (probablemente su propia versión), pero por un lado esto supondría unas graves pérdidas para quienes ven eliminada la alternativa que ellos utilizaban y su capital social acumulado, y por otra se elimina la posibilidad de competencia indispensable para el control de la calidad de la institución.

En un sistema adaptativo complejo como la sociedad humana el mantenimiento y la reproducción de las instituciones se realizan de forma distribuida mediante múltiples decisiones descentralizadas
realizadas por todos los agentes que participan en las mismas. Las instituciones constituyen redes relativamente estables de relaciones, y en toda relación existe un riesgo de contraparte: en el uso del lenguaje son posibles los malentendidos o las mentiras; los contratos a veces se incumplen, por imposibilidad o por fraude o estafa; es posible falsificar el dinero. La calidad de la institución depende de la acción responsable y vigilante de todos los participantes.

No todos los participantes tienen el mismo poder y efecto sobre la organización institucional: algunos serán más persuasivos, con más carisma, o más ingeniosos, o dispondrán de más medios, otros simplemente imitarán, confiarán y se dejarán llevar. Pero en una sociedad libre ningún agente tiene suficiente poder como para imponer a los demás su versión de las instituciones.

Gran parte de la utilidad de las instituciones procede de que es posible utilizarlas sin pensar en ellas, como si estuvieran dadas y fueran intocables, sirviendo así como referencia objetiva para todos. De hecho las instituciones son tan potentes que a un individuo puede parecerle que están dadas y que él no tiene ningún poder sobre ellas. Pero aunque su contribución sea pequeña, existe y es indispensable: cada persona contribuye al mantenimiento de una forma institucional en la medida en que la utiliza, aceptando un dinero y rechazando otro, usando una lengua y no otra, unas palabras y no otras, unos significados y no otros, recurriendo a unas leyes y no a otras. Estas elecciones locales pueden ajustarse espontáneamente unas a otras y converger hacia órdenes globales no diseñados.

La esencia evolutiva, dinámica y descentralizada de las instituciones no es intuitiva, y a menudo los seres humanos la desconocen y recurren a mitos explicativos de las mismas, en los cuales una divinidad o un gran héroe inventan el lenguaje, la ley o el dinero y se lo ofrecen a la tribu o a toda la humanidad. Esta intuición errónea es sumamente peligrosa, ya que sugiere que, igual que fueron creadas por un único agente, las instituciones deben ser mantenidas y controladas por un único agente que las dote de unidad y coherencia. Si monopolizar una actividad económica causa mayores precios y menor calidad, el monopolio de una institución es socialmente desastroso.

Las instituciones funcionan solamente si hay libertad, porque sólo así reflejan realmente las preferencias subjetivas y las capacidades limitadas de los individuos en sus circunstancias locales concretas, expresadas no sólo mediante su voz y su voto sino sobre todo mediante la decisión de salida o no participación. Si en la sociedad libre las instituciones se proponen (no utilizando la fuerza para indicar qué patrones de conducta  seguir), mediante la coacción estatal las instituciones se imponen, directa o indirectamente, de forma parcial o total. El intervencionismo es en general sólo parcial, ya que al incrementarse tiende a destruir al sistema intervenido: las instituciones son poderosas, aguantan mucho lastre, pero no son omnipotentes.

La planificación centralizada es incapaz de crear las instituciones, pero el intervencionismo gubernamental del agente dominante supremo (el Estado, con sus políticos, burócratas, funcionarios y grupos de interés asociados) es muy capaz de distorsionarlas y parasitarlas en su beneficio una vez que existen.

El Estado monopoliza la jurisdicción y la ley, que pasa a ser legislación producida por presuntos representantes capturados por diversos grupos de presión. La ley se transforma en positivismo jurídico obsesionado por procedimientos políticos democráticos en lugar de investigar la legitimidad y funcionalidad del contenido de las normas.

El Estado monopoliza el dinero para facilitar su propia financiación: expropia el auténtico dinero o dificulta su tenencia y uso, impone leyes de curso forzoso, monopoliza u oligopoliza la banca, ofrece garantías generadoras de riesgo moral y proporciona falsa liquidez.

El Estado distorsiona el uso del lenguaje: es prácticamente imposible vigilar efectivamente todos los actos lingüísticos, dada su cantidad, su frecuencia y su carácter local y en general efímero. Pero los políticos controlan en buena medida a los medios de comunicación de masas (que dependen de licencias estatales y de la publicidad gubernamental) y a las escuelas en las que se enseñan los usos adecuados del lenguaje y donde se fomenta o impone una determinada visión del mundo que permite el mantenimiento de las estructuras de poder: así la redistribución coactiva de riqueza pretende ser justicia social, los presuntos derechos son a costa de otros y garantizados por el aparato estatal, y la libertad se confunde con la riqueza obtenida gracias a la obediencia al poder establecido.

Ética y mercado

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Éste ha sido el título de una de las mesas del XI Congreso Católicos y Vida Pública que suele celebrarse todos los años por estas fechas en el CEU San Pablo de Madrid. Consta de sesiones plenarias, ponencias y comunicaciones. El sábado 21 de noviembre, abrió la jornada Manuel Pizarro hablando sobre el Orden social y económico, con algunas afirmaciones que luego se han repetido en los medios: “toda decisión económica tiene consecuencias morales” o “la crisis actual es más de valores que económica”. Hablaremos en seguida sobre ello. Pero, sobre todo, despertó interés su abierta crítica a la inyección de dinero público en la banca, puesto que “no se puede subvencionar al que lo hace mal para que siga haciéndolo mal con dinero público e impida que entre al que lo hace bien”.

A continuación hubo varias ponencias sobre Mercado y Ética, con una Mesa Redonda moderada por el catedrático de la Universidad de Navarra, Rafael Alvira. En su presentación explicó que las realidades del “mercado” y del “capitalismo” son categorías naturales: no son conceptos discutibles. Otra cosa es el ejercicio más o menos virtuoso de las actividades que las constituyen. Y nos ofreció una interesante lectura de Adam Smith, como filósofo moral más bien poco optimista respecto a la capacidad del ser humano para alcanzar la virtud (lo que basaba en algunas lecturas jansenistas del profesor de Glasgow). Alejandro Chafuen, Director de la Fundación Atlas (USA), también se refirió a la necesaria relación entre economía y principios morales. Nos contó cómo ha estudiado a fondo los precursores escolásticos de Adam Smith, los maestros de la Escuela de Salamanca (justamente había presentado el día anterior una nueva edición de su libro Las raíces cristianas del libre mercado). Y señaló cómo la corrupción no siempre es culpa de la codicia; a veces también proviene del exceso de intervencionismo (recordando la crítica de Juan de Mariana a las manipulaciones monetarias de Felipe III).

Otros ponentes fueron la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Mª Isabel Encinar, el Presidente de Reny Picot, Francisco Rodríguez García, o el Director de Caja Almendralejo, Fernando Palacios. Y después de un turno de preguntas se presentaron varias comunicaciones, entre las que intervine hablando sobre “Responsabilidad social vs responsabilidad individual”, de la que me permito resumirles las siguientes ideas:

La primera: constatar que el inicio de la crisis económica trajo consigo una reflexión sobre los fundamentos morales del sistema capitalista, revisando las propuestas de Adam Smith y la posterior derivación utilitarista con John Stuart Mill, como posibles causas de algunas limitaciones, debilidades o errores de la economía de mercado. En mi análisis concluyo que sí existen razones para someter a crítica muchas conductas irresponsables y/o delictivas, supuestamente amparadas en la libertad de mercado; pero destacando que siempre se trata de acciones individuales sometidas a un juicio sobre la conducta personal, y no a un inexorable destino del marco institucional “capitalista”.

Como contrapartida a todo ello, sostengo que es posible encontrar unos principios de organización “capitalista” coherentes con los valores de la ética cristiana (y más en concreto, acordes con la Doctrina Social de la Iglesia), y que yo remito a los escritos de los maestros escolásticos de la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII. 

En segundo lugar, planteo una contraposición entre los términos de responsabilidad social y responsabilidad individual. También con la crisis han proliferado los congresos, los libros, las asociaciones sobre RSE o RSC. Pero con el peligro de convertirlo en un discurso formal, vacío de contenidos.

Estimo que la causa se debe a que nos desorientamos en el análisis sobre la toma de decisiones sociales; y hago un paralelismo con la protesta de Hayek contra la mal llamada justicia social (que él calificó de “espejismo” en su gran obra Derecho, legislación y libertad). Hayek desconfiaba del constructivismo racionalista y de las propuestas de reforma basadas en los cambios sociales, en vez de las conductas individuales. En este libro citado concluye que la justicia social no existe; solo puede hablarse de una justicia distributiva (que relaciona a los individuos con los gobiernos) y una justicia conmutativa (para las relaciones personales). Remata su argumento recordando cómo en la Unión Soviética los mayores crímenes se ocultaron bajo el nombre de la justicia social.

Y en tercer lugar analizo muy por encima la Encíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate, como actualización más reciente de la DSI (y que ya glosé también aquí: https://ijmpre2.katarsisdigital.com/comentario/3990/enciclica/caritas/in/veritate/ ). Porque ocurre que, después de todo lo dicho, nos encontramos ante una nueva propuesta para el ejercicio de la justicia. El Pontífice interpela en su Carta a una reflexión sobre los intercambios entre iguales (justicia conmutativa) y sobre el papel del Estado en las relaciones económicas (que sigue llamando justicia distributiva); pero aquí introduce un nuevo elemento, el papel de la gratuidad, del don, al que llama justicia social.

¿Cuál es el contenido de esta nueva categoría de la Justicia? ¿Es otra manera de referirse a la subsidiariedad? Parece que nos encontramos en un interesantísimo atolladero del que habrá que procurar salir con estudio e imaginación.

El arte del capitalismo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin financiación pública, dice Guardans, no habría ópera ni música clásica en España. El Estado es, pues, imprescindible, cuando no el motor de la cultura.

No es así en Estados Unidos y la pregunta es por qué. Según el informe How the United States Funds the Arts de la NEA, en Norteamérica el sector privado es el principal abastecedor de las instituciones artísticas, por medio de donaciones de particulares y empresas, patrocinios y suscripciones, y pago de entradas. La financiación pública representa solamente un 13% de los presupuestos de las instituciones y organizaciones artísticas sin ánimo de lucro. Un 44% proviene de la venta de entradas, de las suscripciones a miembros y otros ingresos comerciales, y un 43% corresponde a donaciones (31% individuos, 3% corporaciones y 9% fundaciones). La financiación pública directa en el caso de las orquestas sinfónicas, por ejemplo, representa un 4% del presupuesto. Un teatro o una orquesta en Alemania recibe como mínimo un 80% de sus recursos por esa vía. El museo medio francés está casi totalmente subsidiado.

El presupuesto del Ministerio de Cultura francés fue de 2.639 millones de euros en 2004. El presupuesto de su equivalente americano, la National Endowment for the Arts, fue de 84 millones de euros el mismo año, un 3.2% de aquel montante o el presupuesto de una superproducción de Hollywood. Si añadimos el gasto público a nivel estatal y local la suma asciende ya a la considerable suma de 886 millones de euros, pero es una tercera parte del presupuesto de Francia en una país que tiene cinco veces su población y seis veces su PIB.

Como explica Tyler Cowen en su libro In Praise of Commercial Culture, esta relativa pasividad del Estado no ha sido un freno al desarrollo cultural, antes al contrario. Francia ha perdido su status como líder mundial en el ámbito artístico y es hoy un ávido importador de cultura americana. Estados Unidos figura en la vanguardia de ámbitos como el arte abstracto, la composición clásica moderna, la danza, la ficción, la poesía, la arquitectura, el jazz o el teatro. Desde 1965 a 1990 el número de orquestas sinfónicas pasó de 58 a casi 300, el número de compañías de ópera de 27 a más de 150, y el número de teatros regionales sin ánimo de lucro, de 22 a 500.

No en vano, a lo largo de la historia los centros artísticos y culturales más importantes han emergido en sociadades basadas en el comercio, con estructuras de gobierno descentralizadas o poco autoritarias. El Renacimiento tuvo su máximo exponente en ciudades-Estado comerciales como Florencia o Venecia. Los Países Bajos y su escuela flamenca vivieron su edad dorada en el siglo XVII, cuando era la región más próspera y el centro comercial más importante del mundo. El impresionismo francés nació al margen del Salón parisino controlado por el Estado, financiado por la demanda internacional y el capital privado fruto del auge industrial.

El capitalismo favorece la cultura de muchas maneras, directa e indirectamente. Expande y descentraliza las fuentes de financiación, promoviendo la independencia económica de los artistas; abarata los costes de producción, poniendo los medios al alcance de todos; aporta innovaciones tecnológicas en la difusión y la preservación del arte, aumentando la oferta cultural contemporánea y del pasado; instituye incentivos lucrativos para satisfacer la demanda de cultura y cubrir nichos de mercado; y genera la suficiente riqueza como para que dispongamos de tiempo libre y podamos cultivar nuestras inquietudes ascéticas.

La intervención del Estado atrofia la iniciativa privada en los ámbitos mencionados. Por ejemplo, si consideramos las donaciones individuales a causas artísticas, los estadounidenses donan diez veces más per cápita que los franceses. El menor volumen de donaciones no es consecuencia de la avaricia francesa sino del papel más intervencionista de su administración, que en lugar de complementar desplaza las iniciativas voluntarias. ¿Por qué vamos a hacer una donación si sabemos que el Estado se encarga de financiar el arte y además ya pagamos bastante con nuestros impuestos?

Por eso Guardans hace trampas cuando afirma que sin financiación pública no habría ópera o música clásica. Si el Estado dejara de subvencionar el arte, el mercado (empresas, organizaciones, patrocinadores, consumidores, artistas) tomarían progresivamente el relevo. El Wall Street Journal se hacía eco en un reciente reportaje, The Culture of Giving, de la influencia que el modelo americano de donaciones estaba teniendo en las instituciones artísticas europeas. El Louvre incrementó sus ingresos provenientes de la filantropía, los patrocinadores y el alquiler de espacios de un 6% en 2003 a un 16% este año. Para atraer donantes las organizaciones están siendo creativas: viajes artísticos, exhibiciones y conciertos especiales, cenas y tours privados etc. Un ejemplo de cómo el mercado establece incentivos para el desarrollo cultural.

El elogio de la cultura comercial de Tyler Cowen es el mejor antídoto contra la extendida opinión de que el capitalismo está en conflicto con el arte. "Créanme, mi único propósito es hacer tanto dinero como sea posible; después de una buena salud es lo mejor que se puede tener". No es una frase de Donald Trump, sino de Mozart.

El poder sobre el alquiler

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Según sus promotores, la cacareada reforma dotará de mayores garantías a los propietarios de viviendas que son reacios a poner sus pisos en el mercado de alquiler, por el temor a un impago y se logrará, entre otras cosas, agilizar los procesos de desahucio. Se le ha llegado a colgar el apelativo de "desahucio express", nada menos. Por último, siguiendo una técnica legislativa defectuosa que consiste en abordar en el mismo texto una materia totalmente heterogénea, se reforman también un par de preceptos de la ley de propiedad horizontal para estimular que las comunidades de propietarios permitan la instalación de equipos que ahorren energía o de recarga de vehículos eléctricos en sus garajes.

Corroborando en parte el sobrenombre recibido en la prensa, el contenido procesal de la reforma avala la hipótesis de que profesionales con experiencia forense hayan soplado a los legisladores las tretas que vienen utilizando los inquilinos morosos que se especializan en burlar la acción de la justicia. Desde las dilaciones provocadas por el rechazo de las notificaciones, pasando por la solicitud de abogado de oficio poco antes de la vista de los juicios para conseguir su suspensión, hasta las argucias para malograr la ejecución de las sentencias de desahucio. Se aprecia en todo caso un buen hacer en la sistemática reforma procesal de apartados concretos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En resumen, las reformas introducidas por su artículo segundo simplifican los trámites reconduciendo también a los trámites del juicio verbal (en principio más concentrados y breves) las reclamaciones de rentas, cualquiera que sea su cuantía. Cuando el demandado rechaza la notificación personal, se exime a los demandantes de instar la notificación de cada fase del procedimiento por edictos en boletines oficiales y se facilita extraordinariamente la ejecución de los desahucios.

Se mantiene, sin embargo, la facultad de "enervar" el desahucio por una vez, esto es, conseguir que la sentencia que estima una demanda no surta efectos en virtud del pago de las rentas debidas por el arrendatario antes del juicio, salvo en el caso de que el arrendador hubiera requerido de pago al arrendatario con un mes de antelación a la presentación de la demanda. Asimismo, se percibe un voluntarismo infantil en la reducción de los plazos que se otorgan a los juzgados para resolver los procedimientos arrendaticios. Conociendo su funcionamiento, no hay ningún elemento que permita pensar que vayan a tardar menos cuando no cumplen los vigentes hasta ahora con la coartada – a veces cierta– de la acumulación de asuntos previos por resolver.

Ahora bien, los legisladores confían sus buenas intenciones de dinamizar el mercado en el perfeccionamiento de mecanismos procesales, pero desdeñan o pasan por alto otras causas de que muchos propietarios prefieran mantener sus casas vacías en lugar de alquilarlas para percibir una renta. Aparte de los motivos fiscales, se trata de la existencia de un derecho sustantivo imperativo que coarta la búsqueda por parte de los arrendadores e inquilinos concretos de las condiciones más favorables para sus situaciones particulares. La reforma que comentamos deja la Ley de arrendamientos urbanos vigente sustancialmente igual. La única novedad consiste en que el arrendador podrá dejar constancia en el contrato de manera justificada que necesitará la vivienda no sólo para sí, sino también para sus hijos o su cónyuge divorciado, si se da el caso, como única causa para impedir que la prórroga forzosa del contrato durante cinco años le sea aplicable (Art. 9.3 LAU). Por lo demás, este tipo de disposiciones, común también a las legislaciones de arrendamientos urbanos anteriores, se convierten en una fuente de inseguridad jurídica (y por lo tanto de litigiosidad) entre arrendadores e inquilinos, a propósito de la concurrencia o ausencia de esa causa de denegación de la prórroga forzosa.

Frente a la experiencia acumulada en España, esta reforma legal ha obviado recuperar la libertad de pactos en los contratos (parcialmente reconocida en el Art.1255 del Código Civil) especialmente respecto a la duración de los arrendamientos de vivienda (Artículo 1581 CC). En efecto, bastó que el artículo 9 de Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica (Decreto Boyer) suprimiera la prórroga forzosa para aquellos contratos de arrendamiento que se celebraran a partir de su entrada en vigor para que, de repente, la oferta de viviendas en alquiler se incrementase notablemente en las ciudades españolas.

Lamentablemente, se ha desaprovechado otra oportunidad para liberalizar los arrendamientos de vivienda, aumentar la seguridad jurídica de los contratantes permitiendo que sean ellos quiénes negocien sus contratos sin interferencias y, por lo tanto, incentivar el alquiler de cientos de miles de viviendas vacías y la reducción de las rentas que podría derivarse previsiblemente en un mercado sin trabas.

Los estados fracasados

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Forma parte de los tópicos arraigados entre la casta política de los países occidentales concebir que una actuación con ese propósito de sus estados (bien directamente, o bien a través de organizaciones interestatales) sirve para ‘construir’ países que respeten los derechos humanos y garanticen los derechos de sus empresas y ciudadanos, allá donde reina la guerra civil y el pillaje brutal por las más variadas causas.

Curiosamente, esa pretensión quimérica entronca con algunos de los fundamentos que justificaron el colonialismo en otras épocas, pero en todo caso está alterando hasta extremos grotescos los términos de los compromisos (acaso más modestos) que esos políticos tienen contraídos con los individuos sobre los que asientan su poder.

Nos encontramos con la aparente paradoja de estados que, proclamando el monopolio de la fuerza para proporcionar seguridad a sus ciudadanos, se revelan absolutamente incompetentes para desempeñar las funciones básicas que se les suponía asignadas, cuando no se convierten en un obstáculo para que los individuos directamente concernidos asuman, por la cuenta que les trae, la solución de sus problemas.

Un ejemplo de estas cuitas nos lo está ofreciendo la actuación de los gobiernos europeos -con el español representando el papel hasta el paroxismo- en relación a los abordajes y secuestros que sufren los barcos pesqueros y petroleros que se atreven a navegar por aguas internacionales del Índico cercanas a las costas de Somalia, donde bandas de piratas bestiales medran con el saqueo y el pillaje que proporcionan los secuestros de pacíficos navegantes.

Cualquiera que sea la situación interna en Somalia, los gobiernos han asumido, con grados diferentes de autonomía, un enfoque voluntarista, trasunto de la doctrina general para otras zonas del mundo donde la seguridad brilla por su ausencia. Por lo demás, la confusión de las causas con los efectos de la deplorable situación que sufren millones de seres humanos, les ha llevado a embarcarse en una misión multilateral de reparto de alimentos, cuyo destino no puede ser sino el pasto de la rapiña que las distintas facciones que luchan entre sí y el llamado gobierno federal somalí de transición. Una reciente resolución del Parlamento Europeo sobre una solución política al problema de la piratería en las costas de Somalia -compendio de los contradictorios objetivos y deseos de sus miembros- le concede el título de ‘Estado desestructurado’ o ‘failed state’.

Mucho se ha comentado a cerca del secuestro y posterior liberación del atunero vizcaíno Alakrana, pero ante un hecho consumado de esa naturaleza, casi nadie planteó abiertamente considerar, al menos, la alternativa de una acción militar o policial de rescate por parte de fuerzas especiales. Después de una cuidadosa evaluación de los riesgos podrá descartarse este tipo de intervención, pero desde la perspectiva de las obligaciones de un estado, opino que una actuación de ese tipo está mucho más justificada que otras desplegadas en países donde no concurren intereses españoles directamente.

Quiso la casualidad que dos semanas antes del abordaje de ese navío, la mayoría del Congreso, pastoreada por el Gobierno socialista, rechazase una moción de los nacionalistas vascos (no siempre coherentes con sus postulados) con una enmienda adicional de los populares, que pedía la protección de infantes de marina a bordo de los buques pesqueros españoles, visto el precedente del atunero Playa de Bakio.

Sea como fuere, se adujeron motivos falaces para rechazar esa moción y es muy probable que un despliegue inmediato hubiera evitado ese secuestro. La tramposa gestión de toda la crisis por parte del Gobierno comenzó, a modo de desquite por la osadía parlamentaria, abroncando a los pescadores por faenar fuera de la zona patrullada por las fuerzas navales bajo el mando conjunto de la Unión Europea (Operación Atalanta). No cabe duda de que Zapatero, el artista, y su pandilla vislumbraron enseguida las oportunidades que ofrecía el miedo de los familiares para presentarse como los desfacedores del entuerto. Tras muchas comparecencias ante los medios de comunicación de sus subalternos, pese a que decían que ‘trabajaban’ en gestiones reservadas y las subsiguientes intoxicaciones, el presidente del Gobierno se guardó el momento de anunciar la liberación de la tripulación del pesquero como fruto de las difíciles –no fáciles, en la neolengua monclovita- decisiones que había adoptado su Ejecutivo. Todo el mundo sabía lo que había ocurrido, pero el mensaje insistía en atribuirse un dudoso éxito sin aclarar si se había pagado un rescate a los secuestradores.

Bien es cierto que mientras se negociaba el rescate, el Gobierno parecía dar pasos en una línea sensata para prevenir casos futuros. El 30 de octubre aprobaba una modificación de los reglamentos de armas y de seguridad privada y, poco después, una orden que dejan a merced del Gobierno qué empresas serán autorizadas a desplegar guardas de seguridad pertrechados con armas de guerra en los pesqueros y el tipo de armamento que debe considerarse como tal. En otra ocasión me referí a la férrea regulación de la seguridad privada en España, pero, a juzgar por las informaciones dadas respecto a las primeras actuaciones de estos guardias de seguridad repeliendo el ataque de piratas cuando ha surgido la ocasión, parece que los efectos de remover la traba inicial para esas empresas han resultado extraordinariamente halagüeños.

Esa defensa privada se adaptará mejor a las necesidades específicas de los pesqueros y resto de la flota mercante que la defensa ante ataques concretos que pueda proporcionar la Armada de los estados involucrados en la operación Atalanta, después de todo entrenadas generalmente para otros cometidos. No obstante, los piratas podrían comenzar una escalada de ataques de mayor envergadura si destinan solo una mínima parte del dinero que ya han conseguido por anteriores secuestros para aprovisionarse de embarcaciones con mayor autonomía y del armamento adecuado. Ante esa eventualidad, deben eliminarse las estrechas limitaciones cualitativas marcadas por las regulaciones gubernamentales para utilizar armamento de guerra (en el caso español esas armas se limitan a fusiles de largo alcance) y las visibles barreras de entrada a los proveedores de esos servicios que el Gobierno impone, con el pretexto de velar por la seguridad pública. Resulta obvio, por otro lado, que las empresas son responsables de sus acciones según las normas jurídicas penales y civiles españolas, sin necesidad de una declaración expresa.

Asimismo, el gobierno debería abstenerse de destinar fondos públicos para financiar esa seguridad privada in situ, pues cuando se trata de una fuerza disuasoria ya no se dan las razones de urgencia que concurren en un secuestro consumado. Según anunció la propia ministra de Defensa, Carmen Chacón Piqueras, en el caso español, los gobiernos central y autónomo vasco asumirán por mitades el 50 % de los gastos que estos servicios de seguridad ocasionen a los armadores y navieros vascos, en el marco de un plan que parece extrapolable a los pescadores de otras comunidades.

De momento, es posible que una combinación de defensa privada a bordo de los barcos y la proporcionada por las armadas de distintos países europeos sea complementaria, pero si la situación de inseguridad se prolonga y continúan los ataques a la libertad de navegación, los estados deberían dejar paso a esos servicios de seguridad privados que contraten libremente los afectados, al tiempo que dejen de otorgarles subvenciones para sufragar su coste.

Mercantilismo monetario

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Los artistas de la canción, que llevaban ya un tiempecito sin echarse un manifiesto al bolígrafo, acaban de firmar un documento en el que afirman que sus productos suponen una seña de identidad nacional que hay que preservar de internet, ese nido de libertarios que ni siquiera el gran Janli Cebrián ha podido amojonar.

Dicen que la industria musical está en crisis, gran novedad en los tiempos que corren, y en lugar de echar la culpa a la política económica de Zapatero, al que llevaron al poder a golpe de ceja, se la endosan a los adolescentes frikis que combaten los ataques de acné bajándose de las redes P2P el último éxito del momento.

En los últimos tiempos han descendido los ingresos de las discográficas, como lo han hecho en el sector del automóvil, de la panadería o de la fabricación de esparteñas, pero lo que no dicen los artistas es que, en cambio, han aumentado los beneficios directos de los grupos musicales gracias a la proliferación de actuaciones, debido en gran parte a la popularidad que obtienen sin ninguna inversión a través de internet.

Los tiempos han cambiado y las líneas de negocio que hace una década eran rentables ahora son deficitarias por la propia evolución de la tecnología y, por tanto, del mercado. Las dos únicas posibilidades para triunfar son adaptarse a las nuevas circunstancias y explotar sus posibilidades, como hacen los músicos de otros países, o exigir al Gobierno que coarte la libertad de los ciudadanos que, sin cometer ningún delito, comparten afición a través de la red.

Los cantantes, músicos y empresarios de la copla españoles han optado por lo segundo, que es más cómodo y bastante rápido. En última instancia, el coste de imponer una coacción institucional en internet lo asumiría el Gobierno y ellos serían los beneficiarios limpios de culpa. Sin embargo, la pasión por la libertad de los usuarios de internet les puede pasar una gravosa factura, y si no sólo tienen que preguntarse a sí mismos a qué festival puede acudir hoy en día su colega Ramoncín, pionero en el intento liberticida que ahora pretenden llevar a cabo todos estos "abajofirmantes". Es lo malo de la red: nada pasa desapercibido. Y mucho menos los nombres de los enemigos de la libertad.