No queda demasiado claro qué es eso de la justicia, aplicado a los precios, ni cómo alcanzarla desde las instancias oficiales. ¿Es justo el precio que permite que todos los consumidores, incluso los más desinteresados, se puedan permitir adquirir un bien? ¿Es justo el precio que remunera a todos los productores, incluso a los más ineficientes? ¿Es justo un precio arbitrario comprendido entre las dos anteriores arbitrariedades?

Cabe la posibilidad de que la ciencia económica no haya avanzado lo suficiente como para saber cuál es el precio justo de una patata o de una naranja, o también puede que semejante categoría quede fuera del reino de los tubérculos y de los cítricos.

No veo, de hecho, qué tiene de injusto el precio que los agricultores rechazan con ferocidad: el libremente pactado por compradores y vendedores. Se me antoja razonable tanto que un vendedor no pueda obligar a un comprador a que adquiera su mercancía si es que encuentra otra más barata, como que un comprador no puede obligar a un vendedor a que le venda su mercancía si éste encuentra otro que esté dispuesto a pagársela más cara. Pero muchos agricultores parecen no estar de acuerdo con este sencillo razonamiento, tal vez por encontrarse del interesado lado de los vendedores. Así, consideran que sólo es justo aquel precio que les permite ganar dinero haciendo exactamente aquello que venían haciendo desde antaño, sin necesidad alguna de preguntarse si, como dijera Dylan, las cosas han cambiado y, tal vez, sea necesario adaptarse al Zeitgeist.

Y es que el problema más inmediato del campo es que existe un exceso de capacidad, esto es, se produce una cantidad demasiado grande de mercancía, que sólo puede venderse a unos precios que no compensan. Por tanto, o reducen costes –lo cual, debido a ciertas características del campo español, como la extensión del minifundismo, no es algo que pueda solucionarse inmediatamente–, o muchos productores habrán de echar el cierre. El mercado soluciona siempre los excesos de capacidad de la misma forma: si los consumidores sólo están dispuestos a pagar por un producto un precio inferior a lo que cuesta producirlo, es que hay que reducir la oferta del mismo.

Hablamos de un ajuste sin duda traumático para muchas personas que no han desarrollado otras actividades en su vida y que probablemente les resultaría más llevadero si en lugar de expulsar del mercado agrario a productores enteros se pusieran de acuerdo entre ellos para repartirse los recortes en la producción en los distintos mercados territoriales.

Cuando en un sector económico existe un exceso de capacidad, las empresas tienen dos opciones: iniciar una guerra de desgaste, para ver cuál aguanta más vendiendo a pérdida, o, por el contrario, firmar un armisticio y colaborar entre ellas para acordar reducciones en la producción que eleven el precio de mercado. En otras palabras, tienen la opción de destruirse mutuamente o formar un cártel.

Sí, he mencionado una palabra tabú: cártel. Los cárteles son acuerdos empresariales por los que dos o más empresas pactan, bien los precios a los que venden sus mercancías, bien la cantidad de productos que llevan al mercado. Y, a diferencia de lo que asume el pensamiento convencional, no se dirigen necesariamente a explotar a los consumidores para lograr beneficios extraordinarios. En muchos casos, un cártel puede ir simplemente dirigido a racionalizar un sector en el que ha aparecido un exceso permanente de capacidad (por ejemplo, por un cambio súbito de gustos que lo ha dejado desprovisto de parte de su demanda tradicional) y en el que, por tanto, todos o casi todos los productores están vendiendo por debajo de coste.

Mediante un cártel, los empresarios pueden estabilizar la oferta de una mercancía para así asegurarse de que cubren costes y, al mismo tiempo, reducir la incertidumbre sobre cuál será la evolución futura de sus precios. En lugar de padecer una fuerte volatilidad de precios derivada de una feroz competencia empresarial por ganar cuota de mercado, con la estabilidad de precios los empresarios pueden realizar más fácilmente sus cálculos a largo plazo y optar por realizar inversiones que reduzcan sus costes y que mejoren su rentabilidad.

El mercado agrario español y europeo necesita un cártel. De hecho, la PAC –en sus distintas fases– ha sido un intento de constituir un cártel público –de ahí que, por ejemplo, se hayan destruido los excesos de producción que deprimieran los precios–, pero como tal limitaba la libertad de entrada en el mercado, lo que provocaba que los agricultores no sintieran la presión competitiva de empresarios ajenos al cártel. Y sin competencia externa el agricultor deja de ser miembro de un cártel privado para convertirse en un rentista estatal: ni innovaciones, ni ajustes internos, ni nada que se parezca a un cambio en el modelo de negocio.

La PAC ha sido un intento fallido de constituir un cártel en el sector agrario –fallido porque beneficia a corto y a largo plazo a sus miembros a costa de los consumidores–, pero un cártel privado no tendría por qué serlo. Pudiendo asignarse a sí mismos cuotas de producción de acuerdo con la demanda anual, los agricultores podrían seguir compitiendo en costes y en calidades. Seguiría habiendo incentivos a la innovación y a la mejora de la competitividad, en especial por la fuerte competencia que representarían los productores extranjeros; una competencia foránea que, incluso, podría resultar insuperable para un cártel de carácter nacional. Sin embargo, esa fórmula es, en realidad, una de las pocas alternativas que les quedan para tratar de prosperar sin desmantelar a los consumidores y a los contribuyentes.

Pero, ¡ah!, el artículo 1 de nuestra Ley de Defensa de la Competencia dice: "Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto (…) a) la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio, b) la limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones, c) el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento…". Jarro de agua fría. Si nuestros políticos dicen que así se defiende la competencia, será verdad. Propuesta zanjada y que prosiga la PAC, que por lo visto es el único cártel agrario aceptable para nuestras autoridades.

Por supuesto, el enloquecimiento colectivo de una sociedad no modifica las ruinosas consecuencias de tales dádivas públicas, simplemente las recubre con un manto de aquiescencia general gracias al cual el Estado, como ya previera Bastiat, alcanza su auténtica y plena naturaleza: la ficción a través de la cual todo el mundo intenta vivir a costa de los demás.

La manifestación de agricultores que ha tenido lugar hoy en Madrid no es más que otro destello de esa sociedad dependiente y parasitaria en la que Zapatero ha convertido a España. Todas sus demandas, salvo la referente a la fiscalidad, son inaceptables y más que a evitar el desmantelamiento del "campo" –signifique esto lo que signifique– se dirigen a desmantelar a los consumidores y a los contribuyentes para no reconocer que una parte significativa del campo se encuentra en abierta bancarrota y que necesita reconvertirse.

Partiendo de la consideración del campo como un sector estratégico –¿Y cuál no lo es? ¿La eléctrica que permite alumbrar nuestros hogares y poner en funcionamiento la maquinaria industrial? ¿La armamentística que habilita nuestra defensa? ¿La textil que nos proporciona vestimenta? ¿La informática que permite procesar millones de datos y solventar en muy poco tiempo problemas de enorme complejidad? ¿Las telecomunicaciones que facilita la transmisión de información por todo el mundo? ¿Las automovilísticas que fabrican los vehículos con los cuales transportamos a las personas y a las mercancías por nuestro territorio y fuera de él? ¿Las constructoras que edifican los inmuebles en los que habitamos? ¿Las farmacéuticas que nos proporcionan los medicamentos con los cuales superar nuestras enfermedades? ¿Las petroleras que extraen y refinan el combustible con el que movilizar nuestro aparato productivo?– solicitan "precios justos" para su sector, mayores ayudas bajo la cobertura de la PAC y la promoción de las energías renovables (¡tonto el último que se sume a la burbuja!).

Pero me temo que los precios justos no son otros que aquellos que los consumidores a quienes quieren venderles sus productos están dispuestos a pagar. Si esos precios resultan demasiado bajos como para que les salga a cuenta seguir labrando y cultivando sus campos, tal vez es que deberían cambiar de sector. Del mismo modo en que la agricultura se contrajo desde el 90% del PIB en el s. XIX a apenas el 5% en el s. XXI; del mismo modo en que centenares de empresas quiebran cada día en España por ser incapaces de atender a su demanda; del mismo modo en que nadie debería medrar en el mercado a costa de esquilmar a los demás.

Bastante daño ha hecho ya la PAC –dentro y fuera de nuestras fronteras– como para extender su régimen más allá de 2013. Puede que el campo haya sobrevivido merced a producir centenares de miles de litros de leche u otros tantos kilos de trigo que posteriormente deben destruirse para no deprimir los precios o merced a primar a los agricultores para que dejen las tierras en barbecho –esto es, exactamente por no hacer nada–, pero al tiempo hemos impedido que el sector se readaptara –que redujera su tamaño para incrementar el de otras industrias– y que los consumidores puedan minorar de manera significativa el coste de su cesta de la compra.

Malamente prosperará a una sociedad que pretenda enriquecerse volviendo los bienes de consumo más inaccesibles y escasos para el público. De nuevo, Bastiat ya lo entendió: aquellos efectos no visibles de las intervenciones públicas son por lo general mucho más dañinos que las consecuencias inmediatamente constatables. Por ello, los políticos demagogos pueden comprar votos arruinando la economía: basta con que vendan como propios los pobres logros de las intervenciones y como ajenos sus nefastas consecuencias.

La economía española no necesita "sectores estratégicos" incapaces de sobrevivir si no es expoliando a los sectores competitivos, a aquellos que crean riqueza por sí solos, a aquellos que pueden vender a bajos precios productos de calidad a los consumidores y aún así obtener pingües beneficios. Si todos los que fracasamos en un proyecto empresarial ponemos la mano delante del Ministerio de Economía, como sentenciara Thatcher con respecto al socialismo, "a la postre se acaba el dinero".

Puede que este Gobierno manirroto e izquierdista se merezca sufrir la manifestación y el desprecio de unos agricultores famélicos de subvención. El resto de los españoles, que seríamos al final quienes abonaríamos la factura de sus exigencias, desde luego no.