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Sanciones y mercado frente a Microsoft

La Comisión Europea ha impuesto a Microsoft una nueva multa, pues entiende que la compañía de Redmond, si bien cumplió con su exigencia de compartir con sus competidores el código de sus productos para que puedan progresar copiándolo, lo hizo imponiéndoles un precio que considera “excesivo”. El objetivo de Bruselas es fomentar la competencia, forzando a que el competidor preferido del mercado comparta con los demás la  fórmula de su éxito. Está preocupada por el poder que su “dominio” en el mercado puede conferirle, y quiere reducirlo a base de regulaciones y multas.

Es innegable lo encomiable de su esfuerzo, pero cabe preguntarse si su actuación es necesariamente positiva o siquiera conveniente. Parte de identificar la competencia con un número importante de oferentes, algo que ya se da en ese mercado, y en la semejanza en el tamaño de éstos, condición que claramente no seda. Pero hay otra forma de entender la competencia, como explicó el profesor Hayek en su seminal Dos tipos de competencia. La identifica el economista con la rivalidad en un proceso abierto y sin límites, sin intervención de los poderes públicos. Mientras que según la primera concepción la competencia tiene que estar asegurada por la intervención de los reguladores, la segunda la define como la ausencia de éstos y la sola base de la libertad y del Estado de Derecho.

Es, de hecho, ese proceso de rivalidad y de búsqueda permanente de nuevos caminos con que llegar al consumidor lo que hizo que Microsoft sea hoy la primera empresa del mundo y no un interesante proyecto en un garaje. El mercado lo componen, al fin, millones de consumidores sin mayor interés que servirse lo más cumplidamente posible al menor coste. Y nada asegura el predominio de Microsoft si no sirve de forma constante esos deseos, con centenares de empresas deseando ocupar su lugar. Acaso, sin hacer menoscabo de las buenas intenciones de la Comisión Europea, debiera plantearse si erigirse en árbitro del mercado y en juez y parte de sus sanciones es la vía más adecuada. Quizás debería replantearse honestamente cuáles deben ser los límites de su actuación.

Ministerio de la propaganda sindical

El título del libro lo dice todo: Smart Girls Marry Money: How Women Have Been Duped Into the Romantic Dream–And How They’re Paying For It. [Las chicas listas se casan por dinero: Cómo se han dejado engañar las mujeres con el sueño romántico – y cuánto están pagando por ello]. El libro defiende que los matrimonios basados en el amor no triunfan, todo es efímero. Hay que ser práctico y egoísta. A la larga el dinero es el que une a las parejas. Ellas dan una ilusión de amor y el marido una cuenta corriente llena hasta los bordes.

¿Se imagina que extrapoláramos esta visión al surrealista mundo político? Las ideas son desplazadas por los intereses económicos. Los favores son la moneda de cambio entre los poderosos. Dame sumisión y respeto, y te doy dinero. ¿Les suena? Es el matrimonio de conveniencia que están viviendo Gobierno y sindicatos.

Los sindicatos quieren una una manifestación el 12 de diciembre para denunciar la crisis. ¿Contra el Gobierno? ¡No, por Dios! Contra los empresarios. Según los sindicatos, los emprendedores van a aprovechar la mala situación económica para hacerse ricos despidiendo a gente a mansalva. Cada día cierran 500 empresas en España, pero para los sindicatos son los beneficiados de la crisis. El proceso de abrir una empresa en España tiene más obstáculos que en Zimbabue o Venezuela. Sí, hasta Chávez tiene leyes más abiertas que España para la constitución de empresas. Según el Banco Mundial, España cuenta con uno de los sistemas laborales más rígidos de la OCDE. ¿La culpa, según los sindicatos? De los empresarios. No se han dado cuenta de que las leyes las hace el Gobierno y no las empresas.

¿Pero tan ciegos y fanatizados están los sindicatos con sus ideas que no ven la realidad? No, simplemente han leído el libro de Drake y Ford para quemar los de Marx. Ahora se han aplicado el cuento. Primero, el dinero. Con esto, se montan las ideas que haga falta y justifican lo injustificable. Los 20 millones de euros que el Gobierno paga a los sindicatos les dan suficiente confianza como para que estos ofrezcan a Zapatero todo el amor que se merece.

El Ejecutivo no disimula. El PSOE apoya la movilización de los sindicatos mayoritarios. El sindicato USO lo ha dicho claro, "el Gobierno lleva unido con los sindicatos en un hermoso abrazo toda la crisis". Los de USO están que saltan. Ellos sólo se quieren casar por amor, no por dinero. Siguen fieles a sus ideas. Drake y Ford están en lo cierto, el amor no es un buen negocio. El dinero ha de mandar.

CCOO y UGT se han superado a sí mismos. Han convertido el parasitismo no sólo en una forma de subsistir, sino de hacerse ricos. Miles de insensatos se dejarán embaucar por la palabrería de Ignacio Fernández Toxo (el secretario general de CCOO) y de Cándido Méndez (secretario general de UGT). Por sus bocas no habla la izquierda. Por sus bocas no hablan los defensores de los trabajadores. Por la boca de los sindicalistas habla el Gobierno, y como siempre, nosotros les pagamos. Da igual que usted no esté afiliado a un sindicato, el Gobierno roba parte de su dinero para mantener y enriquecer al nuevo Ministerio Sindical.

El Ministerio Sindical es un órgano de propaganda independiente que sólo se dedica a promocionar las acciones del Gobierno. Bienvenidos al Nuevo Orden Mundial, a lo que siempre se ha llamado Capitalismo de Estado o corporativista. No leerá de su creación en el BOE, pero sí verá cada día sus consecuencias en la prensa y televisión: satanización de los empresarios, de los trabajadores inmigrantes y de todo aquel que apuesta por vivir de su esfuerzo en lugar de entregarse a las subvenciones estatales y al parasitismo.

¿Será un éxito la manifestación? En este país hay mucho rentista estatal. Aquí cualquier prefiere parecerse a Joaquín Sabina que a Bill Gates. Probablemente arrasen. Así va el país. Por este tipo de cosas vamos a ser la última economía de la UE en salir de la crisis.

Precios máximos

Una de las políticas que desde tiempos inmemoriales se ha empleado para tratar de solventar la carestía de determinados bienes y servicios son los denominados controles de precios. Normalmente se suelen implementar en épocas de dificultad económica, cuando el precio de determinados bienes hace difícil su adquisición para parte de la población. Para responder a las quejas, el gobernante establece que el precio de determinados productos no puede sobrepasar una determinada cantidad, buscando así que puedan ser más accesibles. Normalmente su efecto suele ser el contrario, ya que dicho bien suele acabar desaparecer de los mercados oficiales, siendo menos accesible que antes de establecer los precios máximos.

A lo largo de la historia podemos encontrar múltiples ejemplos de controles de precios. Así, ya en el código de Hammurabi se fijaron determinados precios, e incluso salarios. En el antiguo Egipto, el precio del grano estaba establecido por el faraón. En Atenas se creó un cuerpo de inspectores de grano llamados Sitophylakes, cuyo objetivo era determinar el precio que percibiesen como justo. Y en Roma, el emperador Diocleciano especificó el precio máximo de determinados bienes.

Todos estos intentos acabaron fracasando, por grande que fuese la pena impuesta si se alguien se atrevía a violarlo (prisión, esclavitud, o incluso la pena de muerte). Para estudiar el motivo hay que acudir a la oferta y a la demanda analizando cómo se fijan los precios en el mercado. En toda transacción existe, al menos, una persona que vende un bien y otra que lo compra estando ambas conformes en las condiciones, que incluyen el precio. Por tanto, si existe un precio es porque las partes lo han acordado de manera voluntaria. Si ningún comprador estuviese dispuesto a pagarlo no habría transacción posible y no tendríamos precio. Lo mismo sería aplicable al vendedor. Es por ello por lo que el precio de transacción implica necesariamente un acuerdo con el comprador y el vendedor, estando ambos dispuestos a aceptarlo.

Si se establece un precio máximo por encima del que comprador y vendedor hubiesen acordado no existiría ningún problema ya que no afectaría al acuerdo. Sin embargo si se hubiese fijado por debajo, el comprador no tendría problemas, al ahorrarse parte del precio que estaba dispuesta a pagar, pero el vendedor es posible que no esté interesado en realizar el intercambio a cambio de dicho importe, por lo que la transacción es posible que no tenga lugar.

La primera consecuencia del control de precios sería la disminución de la oferta. Si el precio no resulta atractivo para el vendedor éste puede optar por no vender. La lógica económica indica que cuando la oferta de un bien disminuye, su precio debe aumentar. También, si el precio disminuye, en este caso en cumplimiento de la ley de precios máximos, la demanda debe aumentar. Por lo tanto, nos encontramos a un precio que no satisface a la oferta, por la que ésta baja, y que atrae a la demanda, aumentándola. En esta situación existiría una cantidad reducida de bienes que no podría satisfacer a toda la demanda. El vendedor puede tratar de equilibrar la bajada de precios con una disminución en la calidad del producto, reduciendo así sus costes.

Por otro lado el mercado puede buscar su equilibrio mediante colas, tan habituales en la antigua Unión Soviética y en otros países comunistas. Al demandar el consumidor un número mayor de unidades al disponible y al no poder subir los precios para equilibrar oferta y demanda, los consumidores realizan colas para poder adquirir dichos bienes. Los que ocupan las primeras posiciones adquirirán dichos bienes, mientras que los últimos no podrán hacer otra cosa más que seguir esperando hasta que llegue el siguiente envío. Así la cola serviría de elemento desincentivador, ya que mientras que se realiza, el posible comprador no se encuentra trabajando.

Finalmente quedaría el mercado negro, y es que aunque en los mercados oficiales no esté disponible el bien, existirá gente que de manera ilegal esté dispuesto a ofrecer el bien, aunque a un precio superior que satisfaga al consumidor y al vendedor, y con una prima de riesgo por el posible castigo que sufriría el vendedor si es detenido por la autoridad que estableció los controles de precios.

La primera respuesta a los controles de precios sería, por tanto, la bajada de la calidad, la existencia de colas, y el mercado negro. Sin embargo existen otras respuestas a largo plazo.

Los precios altos de un determinado bien pueden atraer a distinto tipo de emprendedores que vean dichos ingresos como algo atractivo, y decidan competir en dicho mercado. Al aumentar las empresas que ofrecen dicho producto, de un lado aumenta la inversión, lo que debe permitir una reducción en costes, y por otro una mayor oferta combinada con un mayor grado de competencia, conducirán los precios a la baja. Impidiendo que esos precios permanezcan altos, se desincentiva a que nuevos empresarios entren en dicho mercado y que a largo plazo, bajen los precios satisfaciéndose la demanda, lo que era imposible con los controles de precios.

Por lo tanto, el establecimiento de precios máximos sólo trae consigo la bajada de la calidad del producto, su escasez, o su disponibilidad a un precio mayor en el mercado negro, impidiendo que nuevos emprendedores y nuevas inversiones acudan a dicho mercado para al final reducir dichos precios.

El estatismo necesita un muro

Del mismo modo que el antiguo régimen imponía el servicio militar a todos los adultos, el gobierno socialista de Richter impone trabajo forzoso para la comunidad. Es la lógica de los derechos sociales: si Pedro tiene un "derecho a la salud", un "derecho a la vivienda", un "derecho a una renta mínima" es que Juan tiene la obligación de proveerlos, y en consecuencia no puede trabajar exclusivamente para sí mismo o marcharse del país.

Bryan Caplan se pregunta cómo pudo Richter anticipar de forma tan clarividente el muro de Berlín. Sugiere que Richet planteó a los idealistas socialistas las hipótesis adecuadas, "¿qué sucede si a un trabajador no le gusta tu ‘paraíso socialista’?", y observó que reaccionaban histéricos o con evasivas. Si esa es la respuesta a preguntas críticas antes de que tomen el poder, ¿cómo van a responder a los hechos críticos depués de alcanzarlo?

Lo cierto es que el estatismo en general no puede sobrevivir sin muro. El Estado intervencionista se impone a toda la sociedad, da igual que haya gente que no lo apruebe o que hayamos o no votado la Constitución. El Estado nos obliga a obedecer todos sus mandatos y a pagar impuestos por el mero hecho de vivir en una región. Igual que el mafioso de barrio, pero a escala nacional y con ínfulas de legitimidad. Luego los teóricos dicen que somos miembros de un imaginario "contrato social" y santas pascuas.

El muro físico de Berlín cayó y los socialistas contemporáneos lo repudian por grotesco. Pero si les planteamos la pregunta difícil que sugiere Caplan nos daremos cuenta de que en el fondo no pueden negar su necesidad. Quizás no hace falta alzarlo de hormigón, pero de un modo u otro hay que impedir que la gente que no está de acuerdo con el sistema se escinda y se rija por otras normas. Por su naturaleza, el estatismo (y aquí incluyo el intervencionismo de los Estados del Bienestar) no puede tolerar que la gente se emancipe y deje de contribuir al mismo, porque de lo contrario se les vacía "el paraíso" y su Estado se convierte en una comuna con pocos socios.

Tomemos, por ejemplo, el movimiento del Seasteading, que aspira a fundar comunidades voluntarias (liberales y de toda clase) en alta mar, donde no llega la jurisdicción de los Estados, haciendo uso de embarcaciones y plataformas. ¿Tolerarían los intervencionistas la creación de estas comunidades? En algunas de ellas el capitalismo se practicaría impunemente, no se pagarían impuestos y se aceptarían nuevos miembros que compartieran esos valores. Si en efecto están dispuestos a tolerar esas comunidades, ¿por qué se han reprimido todos los intentos de crear comunidades de este tipo en tierra firme desocupada? ¿Por qué ningún Estado vende una parcela de su geografía a promotores que quieren fundar una comunidad de este tipo (y que ya han mostrado su interés en varias ocasiones)? Tomando un ejemplo más común, ¿por qué se reprime a los "refugios fiscales"? Son países pequeños independientes que se rigen por otras normas y cobran pocos impuestos a quienes quieren trasladar allí su residencia, su empresa o su capital (no son llamados refugios en vano). ¿Por qué los grandes Estados y sus acólitos quieren pisotearlos? Por la misma razón que apuntaba Richter: los individuos están obligados a trabajar para los demás (léase el Estado).

Propongo una cláusula "opt out" para la secesión interna de individuos: aquellos que la firmemos recibimos un recorte drástico de impuestos y, al mismo tiempo, tenemos la entrada vedada a los hospitales públicos, a la escuela pública etc. En los ámbitos en los que el Estado permita la iniciativa privada y la libre entrada al mercado, los firmanes no podemos acudir al sector público. ¿Lo tolerarían los intervencionistas? Uno de ellos me replicó: "¿No es más lógico que impere el sistema político que la mayoría quiere y no el de la minoría?". Pero yo no estoy pidiendo que imperen mis normas, sino que me permitan separarme de las suyas. ¿Acaso aceptaría el socialista que una mayoría católica practicante le impusiera ir a misa siendo él ateo? ¿Aceptaría que los carnívoros impusieran su dieta a los vegetarianos? ¿No es mejor dejar que cada uno haga lo que quiera mientras no agreda al otro?

Esta es la diferencia entre el liberalismo y el estatismo: el liberalismo permite la libertad de salida, la competencia, los nichos de mercado. El Estado intervencionista no. Como decía Robert Nozick, el liberalismo es un marco para las utopías (en plural). El socialismo es una utopía concreta, y sus seguidores suelen querer imponerla a todos (hay excepciones). En una sociedad libre pueden convivir, prosigue Nozick, maníacos y santos, monjes y libertinos, socialistas voluntarios y capitalistas, comunidades tipo Fourier, Flora Tristan, Owen, Proudhon o Josiah Warren, kibbutz, Bruderhof…. Nadie sería obligado a formar parte de un club. El derecho de salida y la competencia harían que unos experimentos fracasaran y otros florecieran. Pero hoy existe un muro a esta competencia institucional. En el marco del Estado del Bienestar actual, los liberales no podemos tener nuestra Quebrada de Galt.

Sitel, o el paraíso de Rubalcaba

En un mes tiene previsto el juez Pedraz solventar este penoso asunto, para estupor de los procesados que llevan varios años esperando un juicio, pero como dice el ministro Caamaño, con las leyes, incluidas las procesales, no conviene generalizar.

Los gobiernos de los países civilizados tienen a gala no negociar con delincuentes, pero los españoles, muy nuestros, preferimos "morir antes que matar" (Bono dixit) y pagar a tocateja antes de realizar cualquier acción enérgica, no sea que nos acusen de belicistas.

Sea como fuere, la discreción proverbial de Zapatero, la leal colaboración de Rajoy, la facilidad expresiva de Moratinos y los buenos oficios a distancia de de la Vega, han hecho posible el que este penoso asunto se haya solucionado escasas horas antes de que venciera el ultimátum lanzado por las familias de los pescadores, hartas de la inactividad activa, pero discreta, de Rodríguez Zapatero.

Sólo queda "liberar a Willy" y su colega de apellido impronunciable, que con toda seguridad es una de las condiciones fijadas en las negociaciones del rescate. Rubalcaba podría organizarlo todo también de forma muy discreta, pero reciente como está el caso del bar Faisán no parece oportuno recurrir al chivatazo salvador. Además, los dos bucaneros están en la cárcel y esa es una complicación estratégica nada desdeñable. Por tanto, lo más fácil, como dice Anasagasti, es dar un volapié rápido en la Audiencia Nacional y preparar, también por la vía de urgencia, el correspondiente indulto.

Con estos antecedentes, no es seguro que los piratas vayan a respetar demasiado de ahora en adelante a los pesqueros españoles que faenan en la zona, pero para tranquilizar a todas las familias de los que tienen que ir a ganarse el sueldo a la costa de Somalia está el Bloque Nacionalista Gallego, que por boca de su diputada en el congreso Olaia Fernández Dávila, ya ha garantizado que su formación política está trabajando para asegurar la protección de nuestros barcos en el Índico. Y por si fuera poco aval, también el partido Eusko Alkartasuna se muestra firmemente dispuesto a acabar con los secuestros de pesqueros. Si yo fuera pirata somalí, emigraba inmediatamente al Caribe.

Y ahora, a indultar a Willy

Tanto es así que, no por casualidad, el prestigioso diario británico Financial Times sitúa a Salgado como uno de los responsables de Economía peor valorados de la Unión Europea, tan sólo por delante de su homólogo húngaro Peter Oszkó, el griego George Papaconstantinou y el irlandés Brian Lenihan.

Sin duda, se podrá decir que Solbes era una farsante, un ministro sin vergüenza que engañó a la opinión pública a sabiendas, negando la crisis durante meses con el único objetivo de conseguir réditos electorales. También se puede afirmar que fue un pésimo gestor por eludir su responsabilidad a la hora de implementar reformas de calado con el fin de salir de la recesión en el menor tiempo posible.

Pese a ello, cabe reconocer que su labor al frente de Economía durante casi legislatura y media fue prudente durante los años de bonanza y, al menos, no fue suicida durante el inicio de la tormenta. De hecho, en numerosas ocasiones ejerció de apagafuegos del Gobierno, ya que logró frenar o, al menos, adelgazar algunas de las ocurrencias lanzadas por Zapatero y sus ministros.

Salgado, por el contrario, mantiene la falsedad y el descaro de su antecesor, pero es que además peca de ignorante. Y, por desgracia, no hay nada peor que un ignorante inconsciente. Así, se puede permitir el lujo de prometer que no habrá subidas de impuestos para, apenas dos meses más tarde, aumentar la carga tributaria a la clase media sin el más mínimo rubor.

Pero la última de Salgado, si cabe, aún va más allá. Ni corta ni perezosa, la ministra se atreve ahora a asegurar que España será el primer país en situar su déficit público por debajo del 3% del PIB. Y eso que la cuentas públicas presentan el mayor descuadre de la zona euro, junto con las de Irlanda y Grecia.

De muy poco sirve que el Banco Central Europeo grite a los cuatro vientos que "algunos países están muy cerca de perder la credibilidad" por su abultado déficit, en una clara referencia a España, o que la Comisión Europea insista una y otra vez en que el Gobierno debe flexibilizar el mercado laboral o reformar el sistema público de salud y de pensiones. Salgado, simplemente, hace oídos sordos. Tan sólo se contenta con seguir las necias directrices económicas de su querido presidente.

Es una ministra ideal para perpetuar la depresión económica en España. No obstante, de su cartera ha salido el primer PER nacional, un plan ideado para comprar votos a base de subsidios, al estilo andaluz y extremeño.

Visto lo visto, no tengo más remedio que discrepar del ranking del Financial Times. Pase que esté a la altura del ministro irlandés e, incluso, del griego –pese al reciente tirón de orejas que ha recibido de Bruselas– pero, a la vista de los datos, su homólogo húngaro merece situarse por delante de la ministra española.

No obstante, y esto es un aviso para navegantes, Hungría anunció este martes que debido al éxito de sus reformas renuncia a utilizar la cuarta cuota (1.000 millones de euros) del gran paquete de rescate de 20.000 millones lanzado en 2008 por el FMI y la UE para evitar el colapso económico del país.

Hungría es uno de los países europeos más afectados por la crisis financiera y económica, al igual que España. Su economía sólo pudo ser estabilizada con un crédito de emergencia internacional y, sobre todo, gracias al drástico recorte del gasto público, de las pensiones y de numerosas ayudas sociales aplicadas por su Ejecutivo y, en concreto, por su ministro de Hacienda, Péter Oszkó. Así pues, Salgado debe pasar del puesto 16 al 17. Una medalla más como responsable de la cartera más importante del país. ¡Enhorabuena!

Mucho peor que Solbes

El sabio estadounidense admitía que podían hacerse ciertas concesiones a cambio de la suficiente seguridad; al fin y al cabo, la misma existencia del Estado es una renuncia de libertad que al propio Franklin le parecía bien.

Sitel, en sí mismo, no es malo. Los ordenadores e internet, además de permitirnos hacer cosas que antes no podíamos hacer, nos facilitan enormemente el trabajo de otras. También la tarea de escuchar conversaciones. Anteriormente, interceptar las telecomunicaciones requería una labor de interceptación física; ahora lo que decimos por teléfono se convierte a una serie de bits que circulan por las redes y ordenadores de las operadoras, así que basta con que el Gobierno las obligue a enviarles una copia de eso que circula por ahí. Sitel es el sistema que facilita esa labor; al tenerlo ya instalado en todas las operadoras ni siquiera es necesario pedirles permiso, orden judicial mediante, basta con que la Policía lo active. Cabe suponer que también con orden judicial. O no.

El problema es que Sitel, como buen sistema informático, facilita demasiado la tarea. Y su uso se convierte, por tanto, en un riesgo enorme, y más cuando tenemos en el Gobierno a los mismos que se dedicaron a espiar los teléfonos móviles del Rey, los periodistas y todo aquel que se les puso a tiro. Una aplicación tan poderosa sólo debería ponerse en marcha con un enorme arsenal de leyes y regulaciones que nos aseguren, en la medida de lo posible, que su uso está controlado. El Gobierno del PP compró la aplicación, pero no la puso en marcha precisamente porque los informes que encargó les indicaron que afectaba a derechos fundamentales, y necesitaba de una ley orgánica. ¿Y cómo iba a proponer esa ley un Gobierno de derechas, al que se acusaría inmediatamente de fascista y de montar unas SS digitales?

Pero claro, un Gobierno del PSOE puede hacer lo que le dé la real gana y acusar a quienes ponen el grito en el cielo de perjudicar la lucha antiterrorista y mil cosas más, que siempre contará con la numerosísima prensa adicta para taparle las vergüenzas y hacerse eco de las patéticas excusas de Rubalcaba, dándole la razón. El mero hecho de que la vicepresidenta De la Vega pidiera "discreción" a la comisión interministerial a la que encargaron la regulación del invento debería suponer su dimisión inmediata. Tenemos sentada en la poltrona, poniéndose estupendísima todos los viernes, a alguien que ha destruido derechos fundamentales de los españoles a la chita callando.

Sitel debe desaparecer, o ser regulado por ley orgánica. Una ley que obligue a modificar el sistema, exigiendo que sólo una orden firmada digitalmente por un juez permita activarlo, y que sólo produzca ficheros de sonido y datos relacionados firmados digitalmente, de modo que no puedan ser alterados sin dejar huella. Y que elimine de sus servidores todos los ficheros una vez producida la copia destinada al sumario. Sitel exige, en definitiva, ponerle trabas que no hagan tan sencillo su uso. Que Rubalcaba siempre se ha pasado la verdad y la ley por el forro ya lo sabemos. Lo que no podemos permitirnos es dejárselo tan fácil.

Populismos contra la libertad de expresión

A los políticos de todo el mundo les resulta incómoda la libertad de expresión, puesto que les somete a un permanente escrutinio y una constante crítica, pero los diferentes gobiernos tienen maneras muy distintas de hacer frente a dicha incomodidad. Uno de los baremos, aunque no el único, de medir el grado de democracia en un Estado y hasta qué punto una sociedad puede considerarse libre es precisamente como se articula la coexistencia entre dicha libertad de expresión y los poderes públicos.

En un sistema realmente democrático y propio de una sociedad libre, los gobernantes aceptan el hecho de que se pueda denunciar sus fallos y se les critique. Aunque les pueda resultar incómodo, permiten el normal desarrollo de la libertad de expresión no como un mal menor sino como un bien necesario para los ciudadanos. No tratan de constreñir la acción de los medios de comunicación ni coartar, en unos tiempos en los que internet ofrece infinitas posibilidades para ello, la libre expresión de los ciudadanos.

Cuando esa relación entre libertad de expresión y poder político se desarrolla de manera diferente estamos ante una realidad distinta. No se puede hablar de democracia ni, mucho menos, de una sociedad abierta y libre. Los argumentos para tratar de imponer unas reglas de juego basadas en la coacción y el recorte de la libertad son múltiples, pero siempre esconden el objetivo final de querer acallar las voces críticas. Es lo se ve en diferentes lugares del mundo, como un Irak en el que se condena a un medio extranjero por denunciar el autoritarismo del primer ministro o una china donde desde hace años una media de cincuenta ciberdisidentes están encarcelados de forma simultánea.

Las caras más terribles de esa represión de la libertad de expresión en Iberoamérica son los 16 periodistas asesinados en la región en medio año y las 27 profesionales de la información presos en las cárceles cubanas, así como la paliza a Yoani Sánchez y otros dos blogueros independientes a manos de la policía castrista. Pero, aunque menos tremendas, los ejecutivos populistas de la zona están articulando otras formas para impedir la difusión de mensajes críticos y no controlados por ellos. Como bien ha denunciado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la extensión de gobiernos inspirados en el de Hugo Chávez a lo largo y ancho de la región está produciendo un aumento de las normas destinadas a recortar la posibilidad de que los medios y sus profesionales se expresen con libertad.

Vemos como gobiernos como el venezolano, el argentino o el ecuatoriano, entre otros, apelan a diferentes motivos para impedir el normal funcionamiento de los medios. El kirchnerismo recupera una legislación de Perón y argumenta que la libertad de expresión no puede estar por encima de los supuestos derechos laborales de unos "canillitas" cuyo sindicato es fiel al matrimonio presidencial. También legisla sobre la propiedad de los medios en nombre de la lucha contra fantasmagóricos monopolios. En otros casos el argumento es que los periodistas sólo deben contar "la verdad" o, incluso, que deben ser fieles a los principios revolucionarios.

La libertad de expresión no es algo que ataña tan sólo a los periodistas o a los medios de comunicación. Es en sí misma un elemento fundamental para que una sociedad sea abierta y libre. Cuando desaparece el daño lo sufren todos los ciudadanos. Demasiadas partes de América caminan a un ritmo cada vez más acelerado hacia el autoritarismo.

El contraste entre realidad y teoría en la economía neoclásica

Desde la metodología predominante entre los economistas neoclásicos –el positivismo–, se enseña que el método económico debe seguir varias etapas. En primer lugar, es necesario establecer algunos supuestos o premisas (por ejemplo, que los agentes maximizan la utilidad, o que los precios y la información están dados) para llegar, a través de herramientas matemáticas, a ciertas conclusiones (p.ej., que la demanda de un bien depende de los precios).

Hasta aquí estaríamos dentro de la teoría pura y abstracta, pero este esquema teórico hay que aplicarlo a la realidad y llenarlo de contenido concreto, llegando a formular ciertas predicciones o explicaciones. La última etapa es la del contraste y validación de todo lo anterior: se debe comparar el mundo real con el modelo teórico obtenido, esto es, ver si los "hechos en sí" tal y como se observan en la realidad son consistentes con las conclusiones teóricas.

Y un modelo será adecuado y bueno cuando prediga bien: "El objetivo último de una ciencia positiva es el desarrollo de una ‘teoría’ o ‘hipótesis’ que genere predicciones válidas y significativas sobre fenómenos que todavía no se han observado", decía Friedman, uno de los mayores defensores de esta metodología.

De esta manera se asegura que los modelos vayan acordes con la realidad que intentan explicar, estableciéndose un sano y necesario proceso de feedback entre la teoría y la experiencia observada. Esto suena muy bien, ¿pero realmente es así?

Lo cierto es que hay numerosas razones para pensar que este contraste, o bien está lleno de dificultades inherentes a la complejidad de los fenómenos sociales y la imposibilidad de obtener datos puros y totalmente objetivos, o bien muestra las carencias de sus teorías, o ambas cosas. Si no, que se lo digan a Milton Friedman, en relación con sus pésimas predicciones de coyuntura en 2005. En cambio, su contrincante metodológico, Ludwig von Mises, sí predijo la Gran Depresión.

Si hubiera un contraste auténtico entre la realidad y sus modelos, cabría replantearse algunas de las teorías neoclásicas englobadas en ocasiones dentro de la teoría de los fallos del mercado –además de su visión macroeconómica.

  1. Bienes públicos, externalidades y free-rider (gorrón): desde esta teoría se sostiene que hay cierta clase de bienes que el sector privado, por diversas razones, no tiene incentivos de proveer/gestionar a un nivel o calidad adecuados, como el alumbrado público, las calles, los faros, las carreteras, los recursos comunales, etc. Sin embargo, históricamente han existido faros construidos, provistos y gestionados privadamente, como mostró Ronald Coase (El faro en economía). Aun así, tras el artículo de Coase, el ejemplo de los faros suele ser uno de los más populares. Por otro lado, ¿cómo se explicaría desde la teoría mainstream el ejemplo del enorme parque temático de Walt Disney, o la existencia de comunidades privadas que se proveen de bienes públicos a niveles más que aceptables (Public goods and private communities, Fred Foldvary)? ¿O la existencia de amplias carreteras privadas en el siglo XIX? O ¿cómo se puede explicar que, como muestra la recién Premio Nobel Lin Ostrom, haya recursos naturales de uso común que sean mejor provistos mediante la cooperación voluntaria que no mediante el Estado?
  2. Monopolios "artificiales" y naturales: se suele afirmar que siempre que una sola empresa domine una industria, ésta perjudicará a los consumidores estableciendo precios más altos y reduciendo la oferta. Parece razonable, pero, ¿cómo se explicaría el comportamiento de la compañía petrolera Standard Oil? En el caso de los llamados monopolios naturales, esto es, cuando la empresa, tras una inversión inicial enorme, se ve con costes que decrecen a medida que aumenta su producción, se dice que la industria estará inexorablemente monopolizada por un solo productor. Se ponen como ejemplos los sectores de la telefonía y la energía. Pero ¿cómo se explicaría la existencia de multitud de compañías compitiendo en estas industrias antes de que estas teorías se hicieran dominantes y así se justificara que el Estado comenzara a regularlas?

Pero siempre se podrá argüir que existe una divergencia entre el "equilibrio competitivo" que se consigue en el mercado real –que, por cierto, no suele corresponder con los criterios que se le exigen en el modelo de competencia perfecta– y el "equilibrio eficiente socialmente". ¡Ah! Ésa es una de las ventajas de jugar con conceptos teóricos poco –o nada– anclados en la realidad: siempre queda un as en la manga.

En definitiva, aplicando el punto metodológico positivista, la realidad demuestra que esas teorías están erradas, o al menos no son realmente válidas y enseñan poco sobre el mundo real.

De todo esto se derivaría que la aproximación metodológica neoclásica más dominante, heredada de las ciencias naturales del XIX como la física, deja mucho que desear para llegar a una comprensión cabal de los fenómenos económicos, protagonizados por seres humanos que actúan –descubren, imaginan– y que no son meras máquinas maximizadoras de funciones dadas. También muestra que la crítica a los economistas austriacos por su falta de apego a la realidad estaría infundada. Más bien, sería el paradigma neoclásico quien debería revisar estas teorías de acuerdo a la experiencia.

Cobardes

Tiene el aplauso del respetable en el bolsillo. Cuando baja, se le acercan varios empresarios a felicitarle efusivamente por sus palabras. Pero ¿cuál es mensaje que se lanza verdaderamente? Este: "Los empresarios hemos creado siete millones de puestos de trabajo sin que se haya reconocido nuestra labor". Es decir, que no quieren que el Gobierno les siga vistiendo de bruja en el guiñol nacional.

Hasta ahí llegan. Se quejan de que la sociedad no les reconozca su papel, de que el Gobierno les utilice en sus pobres representaciones ideologizadas, y con eso se conforman. El Gobierno, bien lo saben ellos, está hipotecando nuestro futuro por estrategias a corto plazo de supervivencia en el poder; está socavando todo consenso y sentando las bases de nuevos enfrentamientos sociales; está desatendiendo las reformas que nos permitirían seguir formando parte del primer mundo. Y a lo más que llegan es a pedir que les dejen, a ellos, en paz.

Si de verdad quisieran que cambien las cosas, harían algo más que lamentarse en privado y darse palmaditas en la espalda. Por lo que se refiere al debate público, tenemos un empresariado cobarde y adocenado, que levanta la voz lo suficiente como para poder autocomplacerse, pero nunca tanto como para poner en riesgo una subvención o un mal texto en el BOE. El Mundo junta a 100 de esos empresarios y ninguno es capaz de decir que todos los cambios necesarios los deben liderar ellos. Son como el Gobierno que desprecian en privado: se aferran a su pequeña estrategia y no se ven lo suficientemente concernidos por el futuro de España como para enfrentarse a este Gobierno y a su discurso.

Tienen todos los medios necesarios para hacerlo. Hay mil iniciativas sociales en marcha y otras tantas que podrían crearse para ayudar a cambiar la sociedad española. Cuentan con el dinero y con los mejores profesionales a su disposición. Lo que les falta es aprecio por España y los españoles y por ellos mismos. Y valor para luchar por todos.