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Disidentes, apoyos y silencios

Resulta totalmente imposible saber cuántos disidentes se enfrentan a diferentes dictaduras en la actualidad. Entre ellos hay quienes han hecho de ese plantar cara a la tiranía la causa central de su vida, mientras que otros tan sólo han participado de forma esporádica en alguna protesta o se han limitado a escribir unas pocas líneas críticas en un blog o a hacer una pintada amparados por la noche. Sin embargo, todos ellos tienen algo en común: la tiranía a la que se enfrentan desearía callarles de forma permanente.

Todo disidente corre el riesgo de acabar en prisión o incluso muerto en alguna zanja y dado por desaparecido oficialmente. Sin embargo miles, o puede que millones, de personas en todos los continentes están dispuestas a correr ese riesgo por su libertad y la de sus compatriotas. Y para todas ellas la presión de la opinión pública internacional y el apoyo de personalidades de otros países resultan fundamentales.

Los disidentes encuentran en ese apoyo externo, del que de una forma u otra suelen llegar a enterarse, un soporte moral que les permite seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Aquellos que sufren prisión u otro tipo de represalias por enfrentarse a los tiranos valoran profundamente cualquier señal de solidaridad de la que tengan noticia. En su Alegato por la democracia, Natan Sharansky cuenta el sentimiento de los presos políticos en las cárceles soviéticas al saber que Ronald Reagan se había referido a la URSS como el "imperio del mal": "Nos sentíamos exultantes. Por fin el líder del mundo libre había dicho la verdad, una verdad que ardía en el corazón de todos nosotros".

Pero las muestras de solidaridad con quienes se oponen a las dictaduras son importantes también por otra cuestión. Pueden convertirse en un elemento fundamental para que los disidentes no acaben en prisión o, en el caso de que ya lo estén, no terminen asesinados por el régimen tiránico de turno. Todos los dictadores desprecian la opinión de aquellos a los que oprimen, pero suelen estar muy preocupados por la imagen que de ellos se tenga en el exterior. Por ese motivo tienen mucho cuidado con el punto al que llegan en la represión de personas concretas de las que se habla en el exterior.

El doble valor de la solidaridad con los disidentes se incrementa cuando quien la muestra es alguien famoso o un destacado político. A pesar del desprestigio del Nobel (el receptor del galardón de "Paz" acaba de nombrar como directora de Comunicación a una mujer que tiene como filósofo político favorito al tirano chino Mao Tse Tung), la ganadora del premio de Literatura ha utilizado la repercusión que le ha dado el obtenerlo para una buena causa. Conocedora en propia piel de la realidad de los sistemas totalitarios, ha denunciado las dictaduras china, cubana, iraní y norcoreana. Además ha mostrado interés por un disidente chino que lleva meses desaparecido.

Ha hecho lo contrario que el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. Con sus encuentros con las autoridades de la larga dictadura comunista y su negativa a reunirse con disidentes lo que hace es estimular a la tiranía. Los hermanos Castro y sus sicarios saben que el Gobierno español será su principal lobbista en el seno de la Unión Europea para impedir que se condene cada nueva violación de los derechos humanos. Los disidentes también han recibido un mensaje alto y claro. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no moverá un dedo si algo les pasa. El resto de lo que quiera o pueda decir Moratinos sobre esta cuestión es mera retórica vacía.

P.D: Nos sumamos una vez más a una movilización web por la libertad en Cuba, así que nos despedimos con un:

LIBERTAD DE OPINIÓN, DE ACCESO A INTERNET, DE ENTRAR Y SALIR DE CUBA; DE LOS PRESOS DE CONCIENCIA.

LIBERTAD PARA CUBA

No existe el derecho a internet

Eran esos derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad que escribió Jefferson en la Declaración de Independencia; los derechos reconocidos en las diez primeras enmiendas a la Constitución estadounidense. Derechos que luego se llamaron "negativos", y que en realidad eran libertades. Eran las formas con que se concretaba aquello de que cada cual puede hacer lo que quiera siempre que no dañe a otro.

Pero a lo largo del siglo XX, este concepto ha ido perdiendo su significado original. Se fue pasando, poco a poco, a considerar "derecho" a todo aquello que parece deseable y bueno. Así, dado que todos necesitamos un techo donde cobijarnos, nuestra Constitución reconoce el "derecho a una vivienda digna". El problema está en la interpretación. Si miramos ese concepto con las gafas de los derechos de toda la vida, esto no significa otra cosa que los poderes públicos no pueden interferir en nuestros intentos de hacernos con esa vivienda digna. Pero si el vistazo se lo echamos con anteojos socialdemócratas, significa que el Estado tiene derecho a violar los derechos de terceras personas para proveernos a nosotros de ese bien que se considera deseable.

Así hemos llegado al extremo de que Finlandia vaya a reconocer como "derecho fundamental" disponer de una conexión de 1 Mbps a internet. Traducido al idioma de las personas normales, significa que las operadoras de telecomunicaciones tendrán la obligación de dar esa conexión a un "precio asequible" (que habrá que ver cuál es) hasta en la más remota cabaña de Laponia. Como las operadoras tienden a no perder dinero, quienes pagarán semejante dispendio serán los demás clientes. El "derecho fundamental" se desvela así como lo que realmente es: una mera redistribución forzosa de renta, ni más ni menos.

El problema es que de tanto hablar que tenemos derecho a tal o cual cosa los derechos realmente fundamentales van perdiendo entidad y confundiéndose en el barullo. La banda ancha y la libertad de expresión al final terminan siendo lo mismo. Un Gobierno que se niega a pagarle la conexión al subvencionado del PER es igual de malo que el que encarcela a los bloggers disidentes. Por eso, pese a que los políticos empleen ese lenguaje porque siempre queda muy bien eso de la "ampliación de derechos a la ciudadanía", jamás deberíamos dejárselos pasar. Porque un derecho que te "amplía" el Gobierno no puede ser nunca un derecho.

Primero Grecia, después España

El nuevo Gobierno socialista griego ha confirmado a Bruselas que terminará el año con una descuadre próximo al 12% del PIB, frente al 3,7% previsto por el anterior Ejecutivo. "El juego se ha terminado. Necesitamos estadísticas serias", espetó Juncker ante el evidente engaño que suponen tales cifras.

Pues bien. España será la siguiente en sufrir el varapalo de Bruselas. Como todo, la paciencia de nuestros socios comunitarios tiene un límite. La negación de la crisis primero y la incompetencia política después amenazan con provocar uno de los mayores desequilibrios presupuestarios de la historia reciente de España.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 bien pueden suponer un punto de no retorno. Hagamos memoria. Septiembre de 2008. El entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, presenta unos PGE irreales, ya que prevén un déficit público del 1,5% para 2009. Por desgracia, el año cerrará con un déficit muy próximo o, incluso superior, al 10% del PIB. Así pues, España cuenta, junto con Grecia, con unas estadísticas de broma –más bien de risa–, según la perspectiva de Juncker.

Y al igual que ahora hace Salgado, Solbes también vendió los Presupuestos como los "más austeros" en muchos años. Una de dos, o bien el Gobierno mantiene su estrategia de engaño masivo, o bien se ratifica como el equipo ministerial más incompetente de la democracia. La elaboración de unas cuentas públicas irreales conlleva graves consecuencias para los contribuyentes de un país.

Y es que, si el Gobierno vuelve a fallar en sus cálculos, y todo apunta a que sí, la brecha fiscal, lejos de recortarse, se agrandará aún más en 2010. España seguirá, pues, violando el Pacto de Estabilidad Presupuestaria, de obligado cumplimiento para ingresar y permanecer en el euro, en 2011 e, incluso, 2012. Es decir, un déficit y una deuda pública superior al 3% y al 60% del PIB, respectivamente.

De hecho, según los PGE, la deuda superará el 62% del PIB en 2010. ¿Problema? El Fondo Monetario Internacional eleva esta cifra hasta el 80%, mientras que el propio secretario general de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, Luis Espadas, aún va más allá y admite que podría llegar "fácilmente" el 90% del PIB si no se reconducen las cuentas públicas en los dos próximos años. Los Presupuestos para 2010 no reducen el gasto, lo aumentan, y además inflan los ingresos fiscales, con lo que el necesario reequilibrio fiscal será imposible,

A falta de un drástico plan de choque consistente en eliminar partidas presupuestarias al completo, los españoles pagarán con el sudor de su frente –vía impuestos– una deuda pública en constante crecimiento. Tan sólo un dato: el pago por los intereses de la deuda del Estado ascenderá a 23.200 millones de euros (el 2,21% del PIB) en 2010. Y eso, con una deuda estimada del 62,5% del PIB y sin contar el más que seguro encarecimiento de la financiación a partir de 2010. 

Esto significa que mientras familias y empresas se aprietan el cinturón para reestructurar sus balances y seguir a flote mientras sube la marea, el Gobierno está esquilmando los escasos recursos de que disponemos aumentando la deuda pública hasta un nivel insostenible. Un creciente volumen de ingresos fiscales irá destinado al pago de la deuda por lo que, tarde o temprano, el Gobierno tendrá que optar por subir los impuestos, una vez más, o recortar los servicios públicos. De donde no hay no se puede sacar. El Ejecutivo socialista sigue con la venda puesta en los ojos, no así nuestros socios comunitarios, que ya amenazan con tomar cartas en el asunto. En Grecia ya se ha encendido la luz roja. ¿Cuándo le llegará el turno a España? Es cuestión de tiempo.

¿Para qué sirven los presupuestos?

De este modo, el Gobierno debía justificar de antemano de dónde obtendría los recursos y a qué los destinaría, no pudiendo desviarse ni un milímetro de semejante declaración.

El keynesianismo y su insaciable recurso a la deuda pública, sin embargo, enterraron esta constringente finalidad del presupuesto. De límite a la acción arbitraria del Gobierno se convirtió en un instrumento de "política económica" destinado a "estabilizar" la economía, recurriendo, no al pago religioso de impuestos que repercute con severidad y realismo sobre las generaciones presentes, sino a la adicción a un endeudamiento que traslada y diluye el coste entre las generaciones futuras.

Así, el sarao que durante estos días se celebra en el Congreso de los Diputados difícilmente va a parir un documento que refleje en alguna medida la realidad y las previsiones de futuro. El debate presupuestario es un inútil ritual donde todos mienten y todos saben que mienten. Desempeñan su papel de (irresponsables y falsos) representantes del pueblo que debaten durante largas y tediosas sesiones como si les fuera algo en ello, como si les importara lo más mínimo la fuente y el destino de esos 150.000 millones que arrebatan cada año a los sufridos contribuyentes.

De nada sirven unos presupuestos que no se conciben para ser cumplidos sino, precisamente, como una formalidad que le permita al Gobierno hacer de su capa un sayo. Lo que buscan es aprobar un documento que nazca ahogado en las milmillonarias emisiones de deuda que ya tiene pensado acometer Zapatero. De nada sirven porque aunque se cumplieran, nuestro país –todos nosotros– estaríamos condenados por esta casta política a seguir despeñándonos por el precipicio.

Merece la pena recordar en este punto dónde está nuestra economía: nos hemos endeudado hasta decir basta durante casi una década con el extranjero para especializarnos en construir bloques de hormigón a precios que casi hicieron palidecer al Palacio Imperial de Tokio. Ahora, cargamos que el peso de una deuda que esperábamos amortizar vendiendo inmuebles a los inocentes guiris y que, sorpresa, ya no tenemos manera de minorar salvo reduciendo drásticamente nuestro consumo, aceptando sueldos menores, recortando los precios de los bienes y servicios que vendemos al extranjero y, sobre todo, permitiendo que el valor de las viviendas se hunda hasta niveles que hagan rentable reutilizar en otras actividades todos esos cementerios de ladrillo. En otras palabras, ahorro, austeridad y tocar con los pies al suelo para captar los recursos que nos permitan, primero, amortizar nuestro elevadísimo endeudamiento y, segundo, reorientar nuestra estructura productiva.

¿Y qué nos ofrece el Gobierno para ello? Gasto, gasto, gasto y más impuestos. Fantástica receta para pulirse el escaso ahorro que hemos ido generando gracias a nuestros sacrificios y para impedirnos que repitamos experiencia en el futuro debido al estallido cada vez más inminente de nuestras obligaciones tributarias.

Dispendios que para más inri van a parar en dos direcciones, a cada cual peor: la primera, a recolocar a los pobrecitos constructores que adictos al cemento sólo quieren cambiar el adjetivo del sector en el que trabajan, obra privada por pública; la segunda, en mantener con aguinaldos a unos cinco millones de desempleados a los que el propio Gobierno y sus amados sindicatos impiden trabajar por puro sectarismo ideológico. No sólo, pues, el Estado nos obstaculiza la reducción de nuestro insostenible endeudamiento, sino que además se dedica a impedir que la economía se reestructure y a tapar los agujeros que él mismo abre con contumacia.

Tenebroso panorama al que este sainete del Congreso sólo puede hacerle honor. Una economía moribunda a la que nuestros políticos se encargan de propinarle la puntilla, tanto en el fondo como en las formas.

La paralela

Sin embargo, los datos conocidos confirmaron los presagios de que toda esta fanfarria ocultaba una simulación desde el principio y abrieron todavía más interrogantes.

Si se toman en serio, conducen a la conclusión de que ciertos ministros y secretarios de Estado se encuentran en quiebra. Una situación que debería llevar a la inmediata dimisión o cese de unos individuos cuya confesada prodigalidad les deja a merced de un conflicto de interés permanente con sus cargos.

Si se desciende al detalle cualitativo, se observa que no se publica una lista de bienes inmuebles concretos, sino tan solo su valoración "para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares".

Este pretexto resulta contradictorio con los postulados del derecho registral hasta ahora conocido, el cual aspira a dar publicidad a las titularidades de los inmuebles existentes en España en aras de proteger la seguridad jurídica. Por otro lado, aunque la inscripción del dominio en el registro de la propiedad no es obligatoria, de hecho la proliferación del crédito hipotecario y las ventajas concedidas a la publicidad registral han convertido en raras excepciones los bienes inmuebles no inscritos. De acuerdo a esos presupuestos, cualquier interesado en adquirir una casa que cree de tal o cual ministro, pongamos por caso, puede conseguir esa información del registro de la propiedad que corresponda. ¿Se va a reformar también la legislación registral para ocultar esa información?

Otra invitación al fraude que se concedieron los promotores de un registro de bienes que tan solo refleja su valor –peculiar, eso sí– consistió en permitir la omisión de la declaración por parte de sus cónyuges, la cual aprovecharon todos ellos, tal vez paralizados por la timidez. Esta circunstancia bastaría por sí sola para invalidar estas declaraciones, ya que los matrimonios, incluso los que siguen el régimen económico de separación bienes –o los novios estables–, tienden a una comunicación muy fluida de sus patrimonios.

Por si lo anterior fuera poco, como sarcástico colofón, la publicación parcial de las declaraciones puso de manifiesto que el reglamento –la sombra de Romanones planea siempre sobre la casta política española– introdujo la precisión de que los bienes inmuebles tomarían el valor catastral que la administración de Hacienda les asigna. Como se sabe, este criterio subestima a propósito el valor real de los bienes inmuebles, aunque descontemos los efectos de la burbuja inmobiliaria.

De este último truco debieron tomar buena nota los miles de contribuyentes sometidos a expedientes de comprobación de valores por no declarar el precio de mercado como base imponible de los impuestos sobre el patrimonio, transmisiones patrimoniales e IVA, tal como lo valora la administración. Una vez suprimido el gravamen sobre el patrimonio –aunque no la obligación de presentar declaración– el incumplimiento de esa obligación de consignar el valor real en las transacciones sujetas a imposición supone que la administración tributaria competente gira la correspondiente liquidación paralela y, en determinados casos, puede imponer una sanción.

En definitiva, pocas veces se puede presenciar una burla que deje tanto rastro en el propio boletín oficial. Evidentemente, los urdidores tienen una gran confianza en que no va a producirse una suerte de comprobación parlamentaria de valores y una simbólica liquidación paralela. ¿Por qué será?

¿De qué se ríe Elena Salgado?

La mentalidad socialista es incapaz de identificar cuáles son los mecanismos que permiten la creación de riqueza, así que su único objetivo cuando se debaten las cuentas públicas es introducir la consabida dosis de demagogia para dar una imagen "social". También en este apartado la ministra Salgado ha roto el techo de estolidez político-económica, con afirmaciones tan pasmosas como que las políticas "neoconservadoras" (sic) son las que han originado la crisis, espantajo tan manido que resulta grotesco incluso para un Gobierno tan falto de escrúpulos como el de José Luis Rodríguez Zapatero.

La política económica plasmada en los presupuestos generales del Estado para el año próximo es el certificado de defunción de las clases medias, sobre las que va a recaer (ya lo está haciendo) el peso del despropósito organizado por Zapatero y su ministra de Economía, por cierto, desecho de tienta al que ZP ha tenido que recurrir en última instancia ante la huida en masa de los que aún tienen cierto sentido común y algunos conocimientos en la materia dentro del PSOE.

Con el gasto público disparado, la actividad económica en recesión y las cifras de paro aumentando vertiginosamente, la receta del Gobierno es subir los impuestos para seguir gastando porque, dicen, es lo más social. Los sindicatos están de acuerdo, claro, porque, como Zapatero, opinan que lo que debe hacer un Gobierno no es permitir la creación de riqueza y empleo por parte de los empresarios –los únicos capaces de generarlos–, sino mantener los subsidios de todos los que pierden su trabajo, siempre y cuando no se toquen las partidas establecidas para financiar a las organizaciones sindicales, de cuya buena salud financiera depende, al parecer, el futuro de España.

Vamos hacia el desastre ante la mirada risueña de Zapatero y Salgado, ambos encantados de haberse conocido. Los primeros minutos de la respuesta de la vicepresidenta a Rajoy han sido definitivos para conocer el verdadero nivel de nuestra responsable económica. Cinco minutos de balbuceos sonrientes hasta que consideró llegado el momento de recurrir a la palabra "neoconservador", momento en el cual la bancada socialista casi se viene abajo de la misma euforia. Qué nivel Maribel.

Lo que se viene abajo, además de los escaños sociatas, es el presente de las clases productivas y el futuro de nuestros hijos, entre el aplauso de un partido desnortado que sigue apelando a las consignas de siempre para disimular su ineptitud proteica en todo lo que se refiera a la economía. Pero Elena Salgado no pierde la sonrisa. Quizás es que, para los socialistas, el ver irse a pique a un país entero condenando a la pobreza a un tercio de la población productiva es un espectáculo muy divertido.

El endeudamiento de los Estados modernos

Es una práctica corriente y ampliamente extendida en el mundo moderno que los Estados gasten más dinero que el que recaudan debido a los compromisos políticos y sociales que asumen.

Cuando un Gobierno se endeuda ocurre lo mismo que cuando lo hace una persona, familia o empresa: el contraer deudas le permite gastar más en el presente. ¿Qué es lo que haría una familia en esa situación? Lógicamente procuraría disminuir los gastos (e incrementar los ingresos si es posible) para saldar sus deudas. Esto, que resulta tan evidente para familias y empresas, no lo es si se trata del Estado.

Los gobiernos tienen una clara tendencia/preferencia a financiar sus gastos con deuda. De esta manera pueden gastar todo lo que quieran en el presente sin preocuparse mucho por las consecuencias, que vendrán en el futuro.

La forma de obtener financiación de los gobiernos es obteniendo préstamos o emitiendo bonos. En el primer caso, los gobiernos recurren a una institución financiera para obtener un préstamo, que tendrá derecho posteriormente a demandar el capital más un interés determinado. Los bonos son títulos de la deuda pública de un país emitidos por la tesorería del Estado que devengan un interés fijo y son emitidos a largo plazo (aunque existe una gran cantidad de variantes al respecto). A la llegada de la fecha de vencimiento se paga al poseedor su valor nominal. Debido al gran peso de las deudas contraídas, es habitual que, entre los gastos del Estado, se incluya una considerable partida dedicada al pago de los intereses y del capital de la deuda asumida.

En el caso de Estados Unidos, Obama se gastó 3,2 billones de dólares para llevar a cabo sus grandes planes y rescates financieros. No ha alcanzado los objetivos que se proponía, pero sí ha conseguido tener un desequilibrio presupuestario memorable. El déficit público se ha disparado y ha alcanzado cifras históricas. Para hacer frente a este déficit, el Gobierno federal va a tener que emitir nueva deuda pública y pedir prestado al exterior una enorme cantidad de dinero para hacer frente a la necesidad de financiación sin precedentes.

La deuda pública se puede clasificar en interna o externa. La primera sería aquella cuyos acreedores son ciudadanos del propio país, mientras que la segunda sería la que está en poder de acreedores extranjeros. También suele darse el nombre de deuda externa a la denominada en moneda extranjera. La (principal) diferencia entre tener deuda en moneda extranjera o local, es que en el segundo caso se puede recurrir a emisiones suplementarias de moneda nacional para atenderla. Esta "licuación" hace que exista, evidentemente, una presión de tipo inflacionario, ya que las emisiones se producen sin respaldo de bienes producidos por el país.

Volviendo al caso de Estados Unidos. China es el principal acreedor del gobierno estadounidense junto con Japón. El Gobierno chino ha considerado en el pasado que los bonos del Tesoro americano eran buenos activos (sino los mejores) para invertir en ellos. Sin embargo, la desastrosa política económica llevada a cabo por las autoridades monetarias estadounidenses, ha hecho que el dólar se deprecie enormemente. Esto ha hecho que los chinos empiecen a desconfiar en los bonos del Tesoro americano, ya que prevén que los beneficios serán cada vez menores. China reducirá (lógicamente) su compra de activos estadounidenses nominados en dólares; su tenencia de bonos irá en descenso; y diversificará sus activos con el objetivo de no tener demasiada deuda pública americana. Si los inversores extranjeros son incapaces de absorber la creciente oferta de bonos por parte del Tesoro, Estados Unidos tendría un serio problema justo en el momento en que se enfrenta a la mayor necesidad de financiación de toda su historia.

Señalar, para finalizar, que los gobiernos pueden seguir incrementando su deuda hasta el punto en que no haya nadie capaz o dispuesto a seguir prestando por el riesgo de incumplimiento. Es decir, los Estados también pueden caer en default. Y es que las políticas keynesianas que abogaban por presupuestos deficitarios como remedio para activar el crecimiento económico han contribuido enormemente al endeudamiento y colapso de los Estados modernos.

San Esteban de Salamanca

Dentro de unos pocos días se celebrará en esa ciudad castellana una interesantísima reunión del Mises Institute, Salamanca, cuna de la teoría económica, de la que el IJM es coorganizador, y cuyas sesiones tendrán lugar en la sala capitular del convento de San Esteban. El evento también va a servir para conmemorar los 400 años de la publicación del Monetae mutatione de Juan de Mariana, así como para entregar el premio Schlarbaum 2009 al profesor Huerta de Soto. Me gustará compartir más adelante con ustedes los contenidos de las conferencias, pero antes quería ubicar históricamente este importante convento dominico.

San Esteban está en la parte baja de la ciudad, relativamente cerca del río Tormes, como subiendo hacia la Plaza Mayor a mano derecha. Tiene una enorme iglesia renacentista y un precioso claustro donde residen los frailes. Durante los siglos XVI y XVII vivieron allí maestros muy notables de la llamada Escuela de Salamanca, que iban a impartir sus clases en el paraninfo de la antigua universidad. Se conserva una capilla con las tumbas de los doctores más influyentes, como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto.

Este convento tuvo además alguna relación especial con el Nuevo Mundo, pues allí solían alojarse los dominicos que iban y venían a los recién descubiertos territorios americanos. Es por ello que el Padre Bartolomé de las Casas residió en San Esteban, al igual que el maestro Vitoria. Uno y otro representan posiciones distintas respecto al hecho de la conquista y evangelización de las Indias. Es bien conocida la rigurosa denuncia sobre los abusos de los españoles que escribió De las Casas en su Brevísima relación de la destruición de las Indias (1552), que seguramente a pesar suyo ha dado lugar a uno de los tópicos más repetidos de la famosa Leyenda Negra sobre las atrocidades hispanas. Coincidiendo con una bien organizada campaña de propaganda política de los rebeldes holandeses contra Felipe II (algo en lo que, por cierto, el Monarca castellano fue más bien muy poco hábil), los textos del fraile dominico sirvieron para ilustrar unos atractivos libros y folletos que mostraban con todo colorido las barbaridades más increíbles de los conquistadores españoles.

Está claro que De las Casas tuvo bastante razón al recriminar ciertos abusos, pero desde luego que no fueron tan generalizados como se piensa; ni tampoco fueron menores a los cometidos en otras muchas partes del mundo, en tiempos antiguos y recientes, y por otros muchos países. La obra de España en América cuenta desde luego con luces y sombras, y no podemos eliminar ninguna de las dos realidades.

Seguramente De las Casas podría asemejarse con un cierto utopismo bienpensante que hoy en día es muy frecuente. Hablar de un mundo ideal, sin fricciones, con las culturas en una feliz alianza que apenas nunca ha existido. Pero, sobre todo, con ese papel director de los poderes públicos que tanto gusta. El propio fray Bartolomé obtuvo permiso de la Corona para poner en marcha una especie de experimento social de convivencia entre españoles y nativos en Verapaz (Guatemala), que al cabo fue un fracaso organizativo y una bancarrota económica. Tal vez por eso prefirió dedicarse a criticar los desmanes, por lo demás frecuentes a su alrededor.

De las Casas fue un dominico longevo, que tuvo una cierta influencia en la Corte de Carlos V y Felipe II, aunque menor de lo que hoy se suele creer. Los consejeros de Indias escucharon sus relaciones, como las de otros muchos religiosos y seglares que vieron los abusos que se cometían en América. El Gobierno español atendió a estos descargos, y fue introduciendo mejoras y controles en sus leyes y en sus representantes indianos. Virreyes y gobernadores fueron investigados por una especie de Tribunal de Cuentas que funcionó con enorme seriedad y eficacia. La tarea imposible habría sido desmontar por completo la nueva sociedad hispano-amerindia que iba conformándose poco a poco.

En este sentido Francisco de Vitoria fue un personaje mucho más realista y a la vez profundo. Se le considera iniciador de una Escuela de Salamanca que durante doscientos años generó ese importantísimo pensamiento filosófico, económico, jurídico, político y teológico, que al cabo de los siglos comienza a reconocerse.

Aunque nunca viajó al Nuevo Mundo, su Relección sobre los indios (1532) muestra una inteligencia y modernidad bastante sorprendente. Estudiantes y profesores, juristas, políticos y hasta el mismo Emperador Carlos escucharon sus clases con admiración. En algún sitio he leído que, estando enfermo o ya mayor, sus alumnos bajaban al convento de San Esteban para llevarle en volandas a su cátedra de Prima (no creo que esto ocurra en ninguna universidad del mundo…).

A Vitoria se le atribuye la concepción de los derechos humanos, como principios universales que todos los hombres –europeos o indígenas– compartimos, precisamente por esta condición personal. Por tanto, ese respeto individual debía garantizarse en las leyes, como sucedió en algunas revisiones legislativas de América. Y junto al respeto por la persona hay que defender el respeto por sus propiedades, actividades económicas e incluso su libertad de conciencia. Fue doctrina común que no se debía bautizar por la fuerza a los indios: la evangelización debería realizarse como un convencimiento persuasivo; adecuado, claro está, a los tiempos que nos ocupan y a la formación de unos pueblos históricamente enclavados en culturas casi neolíticas.

Vitoria escribió también sobre la guerra, analizando bajo qué causas legales podría producirse; sobre la necesidad de un comercio libre entre España y América; o sobre cuáles serían los Justos Títulos que permitían el gobierno español en las Indias. Su enseñanza trascendió las universidades hispanas, sirviendo de argumentario en los textos de filosofía o política que durante el siglo XVII iban a prefigurar una Ilustración secularizada en la Europa continental y anglosajona.

Limiten a cero el tamaño del FMI

El caso de Islandia en octubre de 2008 demuestra que no todo sistema bancario puede ser rescatado, especialmente cuando su tamaño es varias veces superior al del PIB de una economía: simplemente, el Gobierno no puede captar ni vía impuestos ni vía deuda los recursos suficientes para recapitalizar a las empresas concursadas.

Por este motivo, diversos economistas están proponiendo limitar el tamaño de las empresas: que no haya ninguna demasiado grande como para que no pueda ser rescatada. En concreto, el FMI ha sugerido restringir el tamaño de los bancos, pues en la reciente crisis ha sido la bancarrota de Lehman Brothers –la mayor en la historia de Estados Unidos– la que disparó un proceso de contracción crediticia que hasta ese momento sólo se había producido de manera atemperada.

En principio, la idea puede parecer lógica: si los bancos son pequeños, no podrán hacer mucho daño. Olvidan, sin embargo, los del FMI que lo importante no es el tamaño de las empresa, sino de la industria. Hay industrias donde es más eficiente que haya muchas compañías muy pequeñas que unas pocas muy grandes –esencialmente allí donde ninguna empresa ofrece ninguna ventaja diferencial en su producto con respecto a las restantes y no existen economías de escala– y viceversa.

En el caso de los bancos, y en general en todas las industrias de red –aquellas donde todas el servicio que prestan las compañías a sus usuarios depende en buena medida de sus interrelaciones–, suelen aparecer empresas de gran tamaño que actúen como intermediarios o market makers. Cuanto mayor sea el tamaño de estas empresas, mayor capacidad poseen para coordinar a sus clientes y beneficiarles del efecto red: si un madrileño quiere sacar dinero en un cajero de Praga tendrá que acudir a un banco que esté en Madrid y en Budapest o bien a un banco praguense que esté asociado de alguna manera con uno madrileño a través de alguna compañía que proporciona esta infraestructura. Lo mismo sucede si queremos comprar acciones de compañías checas o hacer una emisión de deuda en Shangai.

Para prestar esos servicios es, pues, imprescindible que exista una red, que puede ser tanto interna a la propia empresa (el cable de Telefónica) o externa a la misma (el servicio de pago por tarjeta que ofrecen los comercios gracias a VISA). Dicho de otra manera, si el FMI impide que que sean las propias empresas las que proporcionen a sus clientes sus propias redes y que crezcan merced a ellas, tendrán que recurrir a redes externas provistas por otra empresa. No tendremos, por consiguiente, un sector financiero más pequeño, sino uno más atomizado con redes externas.

Pero poco o nada ganaremos con ello si es fruto de la imposición estatal. En Estados Unidos, el número de bancos fue históricamente muy elevado debido a las prohibiciones para abrir sucursales en otros estados. Pero ello no evitó la Gran Depresión. En 1929 el número de bancos era de alrededor de 25.000 y en 1934 apenas llegaba a a 15.000. En cambio, en 2006 el número de bancos era de 7.401 y a finales de 2008 todavía se mantenía en 7.086. En 1929 había muchos bancos muy pequeños y, por consiguiente, quebraron muchos de poco tamaño; en 2006, había pocos muy grandes y, por consiguiente, quebraron pocos de gran tamaño.

En una crisis financiera, lo que se tambalea son porciones de la industria –su tamaño relativo dentro del sistema económico–, no empresas concretas –su número absoluto. Si el FMI quiere limitar los ciclos debería preguntarse más bien por qué el conjunto del sector financiero tiende a sobredimensionarse tanto durante los booms económicos y luego se paraliza durante las crisis.

La respuesta ya la sabemos: la fuerte expansión crediticia que llevan a cabo los bancos endeudándose a corto e invirtiendo a largo les permite prestar cantidades de dinero muy por encima del ahorro real de una sociedad. Por ahí tendría más sentido la reforma: impedir que haya crédito no respaldado por ahorro. Sin duda, con esta medida el tamaño de la banca en general sería mucho menor y las crisis se reducirían a su mínima expresión. Pero ay, entonces habría que comenzar por cerrar los bancos centrales estatales y, entre ellos, el banco central de los bancos centrales: el Fondo Monetario Internacional. ¿No se preocupa esta institución por su propio tamaño y por los irresponsables préstamos que ha extendido en los últimos meses a países del todo insolventes?

Cadáveres emergentes

Es sorprendente que no considere la posibilidad que esos 2,3 puntos de diferencia en dos semanas tenga que ver con el margen de error de la anterior encuesta, o con la actual, realizada a medio millar de almas, lo que permite un margen de 4,5 puntos. El hecho de poner una cifra con decimales no la convierte en exacta, cuando lo exacto sería advertir al lector de que, en realidad, el propio periódico no sabe si sus resultados son significativos o no.

El País titula: El ‘caso Gürtel’ pasa factura al PP. Por ejemplo. Porque el margen de error le permite titular, apoyándose en las mismas encuestas, la de este domingo y la de hace dos semanas, así: El ‘caso Gürtel’ no pasa factura al PP.

Pero más allá de las medallas que se quiera colocar en el pecho el diario de Prisa, hay una idea que resulta difícil de evitar cuando uno lee sobre este caso. Y es que es imposible que no hubiera una mínima sospecha, una filtración por parte de un alma caritativa, una llamada de atención desde los aledaños de la dirección del PP. El olor a muerto ha tenido que subir hasta la séptima planta de Génova, 13.

Vista la actitud de Rajoy y su equipo, uno se pregunta cuántos cadáveres quedan por emerger. Este no tiene por qué ser el único, ni el último. Mala estrategia. Cuando uno se enfrenta al poder, al poder de verdad, tiene que tener el jardín a prueba de las tuneladoras de Gallardón. Porque cualquier tolerancia con la corrupción la acabará pagando.

El Gobierno tiene todos los medios en su mano, y no vacilará en ir acumulando esos cadáveres para convertirlos en zombies cuando más le convenga. Rajoy hará bien en tomar una actitud firme ante las corruptelas circundantes, pues de otro modo el vídeo de campaña del PSOE se parecerá al Thriller de Michael Jackson.