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No es un derecho fundamental

Pero a otros nos parece una tremenda tontería que demuestra una vez más la prepotencia de los políticos y que, en realidad, no crea una situación legal muy diferente a la que puede existir dentro de poco en España sin que se hable de derecho y sí se utilice la expresión (algo menos grandilocuente) de "servicio universal".

Por mucho que los poderes de los Estados pretendan que pueden hacerlo, ellos no tienen capacidad de crear derechos, y mucho menos esos que se suelen llamar "fundamentales". A lo sumo tienen capacidad de reconocerlos, puesto que los verdaderos derechos son previos a la acción estatal (que tiende a restringirlos aunque se pretenda lo contrario). Los auténticos derechos son esos que, como la vida, la libertad de expresión o la propiedad, no requieren de una acción estatal para ejercerse. Los restantes, por mucho que se empeñen en ponerles el mismo nombre, son otra cosa.

Para que alguien pueda decir lo que le plazca no es necesario que el Estado se gaste un euro. De hecho lo que cuesta dinero público es, como ocurre en las dictaduras, crear mecanismos que impidan el ejercicio de esa libertad. Sin embargo, llevar un ancho de banda determinado hasta la última casa de un país sí supone un gasto para alguien distinto del que va a disfrutarlo, ya sea el Estado o la compañía privada a la que se le obligue a hacerlo. No estamos, pues, ante un derecho.

Considerar además que la conexión a internet es un derecho fundamental es una estupidez supina. Equivale a pretender que si el Estado no asegura un acceso a la red a determinada velocidad está actuando de forma similar a cuando priva a alguien de libertad sin un proceso judicial adecuado, ejerce la censura o utiliza sus recursos para acabar con la vida de alguien. Eso es, simplemente, tremendo.

Los efectos reales de este nuevo derecho otorgado por el prepotente Gobierno finlandés además no son para tanto. No parece que vaya a regalar las conexiones. Más bien suena a que impondrá a las operadoras la obligación de ofrecer la banda ancha en cualquier lugar del país. No es muy distinto de lo que busca el Ministerio de Industria español. Hasta ahora la telefonía con acceso a internet está incluida dentro del "servicio universal" (tiene que llegar a todos los puntos del país) que Telefónica está obligada a prestar, pero no la banda ancha. Ahora el departamento que dirige Miguel Sebastián pretende introducirla.

El resultado del cambio propuesto por Industria sería el mismo que el del decreto finlandés, pero sin querer ir de creadores de derechos. Por cierto, que en ambos casos hay muchos perjudicados. Llevar la banda ancha a lugares remotos cuesta dinero y eso termina repercutiendo en la factura de todos los consumidores, no sólo en los que deciden vivir en medio de la nada.

Un recado para Zapatero

Por supuesto que ni el presidente del Gobierno ni su ministra de Igualdad se darán por aludidos, pero eso no significa que la concentración ciudadana carezca de utilidad. Antes al contrario, desaparecido el partido de la oposición en los asuntos polémicos como éste, se hace más necesario que nunca un gesto de la sociedad civil para decirle a Zapatero que no aceptamos imposiciones de tal gravedad sin, al menos, manifestar nuestro firme rechazo en la calle.

La reforma de la ley del aborto, llamada eufemísticamente de "salud reproductiva", además de un atentado contra la vida humana constituye un ejemplo perfecto de la doble vara de medir del socialismo cuando se trata de "velar" por nuestro bienestar.

Una de las razones esgrimidas por la ministra para justificar la redacción de esta ley es el número creciente de abortos que se producen en España, situación que los socialistas consideran inaceptable y razón por la cual estiman conveniente facilitar más aún el acceso a este servicio mortuorio con cargo a la Seguridad Social. Sin embargo, cuando se trata de reducir el número de fumadores el Gobierno hace todo lo contrario, restringir al máximo el derecho de los ciudadanos a ejercer nuestro derecho a fumar. Por otro lado, si un político propusiera rebajar la edad para comprar tabaco hasta los dieciséis años la tormenta mediática lo fulminaría de inmediato, pero tratándose del aborto todos nos felicitamos de que también las niñas puedan ejercer ese "derecho" a cuidar su "salud reproductiva" sin consentimiento de sus padres, no sea que la hagan cambiar de opinión.

Esta reforma legal no va a reducir el número de abortos practicados en España sino que lo previsible es que se dispare de forma exponencial, que por otra parte es lo que corresponde a una sociedad tan exenta de resortes morales como la nuestra. Más de cien mil seres humanos son asesinados anualmente en el seno materno de la forma más cruel entre el aplauso de la izquierda, que considera esta salvajada un excelente vehículo para caminar por la senda del progreso iniciada tras la llegada de Zapatero al poder.

No sabemos si la manifestación de este sábado será o no un éxito, pero si al día siguiente los medios afectos al PSOE acusan a los curas y la derechona de haber organizado esta revuelta pacífica contra una decisión legal del Ejecutivo, podremos estar seguros de que el Gobierno, con ZP a la cabeza, ha acusado el rejonazo. Al menos esa satisfacción no nos la va a quitar nadie.

Un patrimonio muy clarificador

En esencia, comprendo perfectamente que nuestros políticos estén llevando al país a la quiebra y que se hayan dedicado a los dignísimos oficios públicos: probablemente habrían salido apestados de cualquier compañía que no quisiera suicidarse, lo que obviamente excluye a los bancos de inversión del estilo Lehman Brothers o a estafadores profesionales como Madoff.

Veamos. Siete de los algo más de 40 cargos del Gobierno están técnicamente quebrados, esto es, el valor de sus activos es inferior al de sus pasivos. Si fueran una empresa privada deberían declarar el concurso de acreedores y probablemente no saldrían muy bien parados pese a la clara subvaloración catastral de los inmuebles. Destacan Antonio Camacho y Bibiana Aído; el primero debe 450.000 euros y apenas tiene un patrimonio de 114.000, la segunda debe 110.000 euros y todos sus activos están valorados en tan sólo 38.000.

Después de ver estas cifras me sorprende que durante meses nuestros socialistas negaran que en España hubiera hipotecas subprime. ¡Si precisamente las tenían todos ellos concentradas en sus patrimonios! Es simplemente inexplicable cómo los bancos nacionales –tan independientes ellos de las influencias políticas– han concedido préstamos tan superiores a las garantías que nuestros gobernantes pudieron aportar.

Extraordinario, con todo, es el caso de Zapatero. Tras 18 años de diputado culiparlante y casi seis de presidente del Gobierno, apenas acumula un patrimonio de 210.000 euros… ¡y todo ello tras pedir prestados 80.000 al banco! Echemos unas pocas cuentas. Si un diputado raso cobra en torno a 60.000 euros anuales –media generosamente conservadora– y un presidente del Gobierno unos 90.000 –media todavía más generosa–, Zapatero se habrá embolsado desde 1986 alrededor de millón y medio de euros provenientes de las arcas públicas. Torrente de ingresos que sólo le han servido para ahorrar apenas 130.000, esto es, menos del 10% de todos sus ingresos. ¡Y ello a pesar de que como presidente del Gobierno tiene pagados todos los gastos de vivienda, alimentación o transportes!

Inexplicable, pues, en qué se habrá fundido el vallisoletano casi millón y medio de euros. Aun siendo conscientes de que sacar una familia adelante y llenar el armario de cinturones de Hermés resulta muy costoso, en este caso parece excesivamente gravoso. Aunque, como decía, tal monumental despilfarro, que a duras penas podrían igualar los muy faltos de escrúpulos capitalistas estadounidenses que utilizaban billetes de 100 dólares para liarse sus cigarros, explicaría que esté gestionando la Hacienda Pública a imagen y semejanza de su hacienda personal. Si Zapatero ha aplicado a su vida la máxima de que a lo loco se vive mejor, no resultaría extraño que, en aras del bien común, nos la quisiera imponer al conjunto de los españoles hipotecando a cambio de cuatro zanjas mal cerradas el futuro de los nietos de nuestros nietos.

Normal, pues, que tan excelentes gestores, que pese a cobrar los sueldos más cuantiosos de España en relación con la utilidad de sus tareas han conseguido situarse al borde de la bancarrota, no hayan encontrado acomodo en ninguna empresa privada que merezca tal nombre. Puede que como buenos socialistas tengan interiorizada la máxima de que todo capital tiene que desaparecer –empezando por el propio–, pero probablemente los accionistas de la compañía donde pudieran ser contratados no estén muy de acuerdo.

Claro que tan raquiticos patrimonios también puede servirnos para comprender por qué no se les han caído los anillos a la hora de subir la tributación a los ricos de este país y de perseguir a los paraísos fiscales. Si según tan pulcra y detallada declaración patrimonial apenas perciben rentas del capital, ¿acaso han de temer algo? ¿O más bien cabe temer que la fiabilidad de su declaración tributaria será la misma que la de sus bienes y derechos patrimoniales? Si es que ya se sabe: los ricos no pagan impuestos porque cuentan con los suficientes asesores como para acogerse a cuantas lagunas legales haga falta para enmascarar su riqueza. ¡No digamos ya quien redacta las normas fiscales!

Ciclos políticos

La crisis económica, del modo en se manifiesta y se percibe en España, está llamada a llevarse por delante a buena parte de la clase política actual. Por un lado la del PSOE y sus dirigentes actuales que, lejos de resultar comparativamente beneficiados por los escándalos del PP valenciano, parecen seguir perdiendo en las encuestas.

¿Un cambio de ciclo en la vida política española? Tal vez, pero no solamente el estamento político es el afectado; son los españoles los que, aquejados de ciertos males, acabarán trasladando su dolor a los de arriba.

El actual equipo dirigente del PSOE se subió a lomos de la impopularidad inducida con altas dosis de demagogia a la que tan proclives somos. A lomos de la impopularidad y de la expansión de la burbuja financiera que hizo de la construcción de viviendas y de los productos financieros (¡qué horror!) asentados en ella el principal activo de nuestra economía. Ya van dos legislaturas y el señor Zapatero sigue sin poder obtener una mayoría absoluta, cosa que sólo a Suárez y a Calvo Sotelo les ocurrió. El primero no acabó su segundo mandato y el segundo estuvo veinte meses en La Moncloa. No es que Zapatero no pueda lograr un tercer mandato por orden estadística, pero hoy, dadas las circunstancias económicas y las dificultades que, por ellas, tendrá para que los presupuestos del Estado le sirvan como compradores de votos, el futuro se le presenta amenazador.

A pesar de ello otros son los signos de que el cambio será más profundo y, pudiendo el PSOE repetir cuatro años más en la Presidencia, se va haciendo costoso que lo haga con los actuales dirigentes. Y, pudiendo el PP acceder a ese poder, también les resultará difícil a sus actuales líderes estar ahí para disfrutarlo. La crisis económica deja las vergüenzas de los gobernantes al aire y éstas no pueden ser, al menos a largo plazo, más que aproximado reflejo de la de los gobernados.

Mal que pese a quien sea parece bastante cierto el aserto de Dicey cuando asegura que "hablando grosso modo los deseos permanentes de la porción representativa del parlamento apenas puede, a largo plazo, diferir de los deseos del pueblo". Y esto vale para la España actual. ¿Qué debemos pensar, pues, de nosotros? Pues que no hay un nosotros uniforme, pero sí un clima extendido de mediocridad que hace que una masa crítica de españoles promocione políticos de su nivel. Y esa masa crítica está comenzando a repudiar a los políticos por no repudiarse a sí misma, que es de quien debiera estar cansada. Debería repudiar el permanente recurso a la subvención, ese meterse mutuamente la mano unos en los bolsillos de otros y las administraciones en la de todos. Pero no lo hará, con lo que la siguiente generación de políticos que surjan tras la defenestración de éstos sólo tendrá que ser hábil hablando de cambio y hacer que en absoluto decaiga, antes al contrario, el omnímodo deseo de ser un perpetuo free-rider. O sea, que nada cambie.

La derecha española tiene la experiencia de saber administrar los momentos de expansión crediticia y el perverso crecimiento que provoca. Puede que ese recuerdo aún le sirva para asumir el mando en La Moncloa, pero sólo será creíble con una cúpula dirigente nueva en el PP.

La izquierda, por el contrario, debe renovar sus caras para no morir en 2010. Con la actual política prosindical sólo podrá empeorar la situación económica y esto le traerá, probablemente, la muerte política a manos de los suyos. Una acción audaz, improbable aunque no al ciento por ciento, de Zapatero, tirando por la borda el cariño sindical y a la mayor parte de su equipo, le daría una dosis de oxígeno.

Lo que me preocupa de veras no es nada de todo esto, sino que los estados siguen creciendo, que tras la muerte de una generación de políticos, las posibilidades de que la siguiente adopte medidas de reducción del Estado sólo dependen de la decidida opinión de una masa crítica de individuos activos que se sepan tales.

La rendición de la libertad

Dice Anthony de Jassay en su libro Social contract, free-ride, que los individuos estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad de elegir para ponernos en manos del Estado con la esperanza de que esta institución nos provea de manera más eficiente de los bienes y servicios públicos, entendiendo por tales aquellos cuyos costes y beneficios son indivisibles. Parece, a primera vista, que solamente el ojo que todo lo ve y la mano que todo lo alcanza es capaz de proporcionarnos lo que haga falta. Y los individuos tenemos la sensación de que conseguiremos mejores resultados en una sociedad sometida al pacto social hobbesiano que si nos decidimos a confiar en nuestra capacidad de búsqueda, libre de coacción. Como la madre sobreprotectora y cansina que cree que si no le repite a su hijo mil veces "Ponte el abrigo", el niño no se lo va a poner aunque esté cayendo una nevada antológica en la calle. Así, los ciudadanos, adoctrinados en la creencia de que sin vigilancia y coacción esto es la selva nos hemos hecho adictos al control impuesto. Y no nos damos cuenta de que se nos ha ido de las manos.

Si el principal problema que trata de evitar la provisión estatal de los bienes públicos es acabar con el gorroneo, De Jassay nos dice que no solamente no se soluciona el problema, sino que se logra que, con el tiempo, aparezca de nuevo el parásito que vive a costa de los demás, pero con más intensidad. ¿Por qué razón? Porque la gente se amolda. Los gorrones también. Y una vez que han observado que el Estado tiene tendencia a engordar y que no hay doctor Pitanguy que frene su voracidad (recuerde: a costa de su cartera y su libertad), se cuelan por las rendijas y reaparecen con conocimientos avanzados en fallos del control estatal, solicitando subvenciones y privilegios.

De Jassay explica que no se puede acabar con los aprovechados, como tampoco puedes evitar que un panoli lo sea. Son roles que se aceptan de manera inconsciente, está en nuestra naturaleza. Como ser un líder o un seguidor. Es cierto que no es justo que unos vivan a costa de otros, pero no se soluciona mediante la coacción estatal. Lo que se consigue es que sea el Estado el que reparta los papeles arbitrariamente: tú eres beneficiado, tú el pagador. El Estado no es una autoridad moral, es un gestor político susceptible de corromperse, de pervertir el criterio de concesión de dádivas hasta llegar al más burdo clientelismo electoral (como el que padecemos). Pero, dicho esto, uno no se queda tranquilo. Resulta contrario a la lógica que tengamos que aceptar la injusticia del free-riding sin hacer nada y mucho más la idea de que la gente elige el rol de "abusado". No hay más que preguntar en un bar, una clase o una cena de amigos la siguiente cuestión: "¿Das limosna a los pobre de la calle?" Siempre te encuentras a personas que deciden dar dinero a los mendigos que piden por las esquinas y semáforos, a sabiendas de que tal vez lo gasten en vino, o en lo que sea. "No me importa. No soy quién para juzgarles", suelen responder. Hay gente que elige ser generosa sin esperar nada. ¿Eso es ser un sucker (o pringado) en la terminología de De Jassay? Sí, y es cierto que va con la persona. Como escaquearse y no pagar.

La solución no está en el Estado, sino en la sociedad: en la costumbre y en los valores. Se trata de minimizar las distorsiones, de manera que los gorrones, que tienen menos aversión al riesgo que los demás, carezcan de incentivos para vivir del resto porque saben que quien penaliza es la sociedad, no un Estado con tendencia a crecer y a agrietarse por el exceso de carga.

No es un tema resuelto, eso está claro. Siempre habrá cuestiones de alcance comunitario que nadie puede decidir por sí mismo sin decidir al tiempo por los demás. La tragedia de los comunes, o el problema de la gestión de los bienes públicos, ha sido estudiado desde hace muchos siglos y su relevancia en nuestros días ha obtenido el reconocimiento (no siempre digno de mencionar) del Premio Nobel de Economía de este año a Elinor Ostrom, quien lleva una vida analizando las posibles alternativas. A pesar de no llegar a una conclusión definitiva, de sus estudios se deduce que es mejor la toma de decisiones descentralizada que la planificación central. De Jassay también llega a la conclusión de que lo mejor es desglosar lo máximo posible el problema para que la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades correspondan a cada cual. Y, en todo caso, propone Anthony de Jassay que se pueda arbitrar un sistema de compensaciones que palien las posibles asimetrías.

Eso tendría como consecuencia que el clientelismo desaparecería y que el Estado necesitaría justificar su existencia de otra forma. Como punto de partida, no está mal.

El auténtico fraude de la Seguridad Social

A este respecto, son muy interesantes las conclusiones a las que ha llegado Patricia Bayley del Institute for Media and Enterteinment de la escuela de negocios IESE:

  1. "La tecnología para la televisión online está lista": Totalmente falso. El ancho de banda necesario para la transmisión de contenidos digitales en calidad similar a la televisión y películas aún dista del necesario. Se espera que para 2013 el tráfico global de consumo de contenidos de este tipo sea del 91%. Pero la inversión en infraestructura aún no va a la velocidad de la demanda.
  2. "La publicidad de televisión online financiará los costes operativos y dará beneficios": Probablemente falso. Prometedores proyectos como Hulu.com generan menos beneficios de lo proyectado inicialmente. Los dólares de inversión publicitaria que inicialmente se pensaba que irían desde los medios tradicionales (radio y papel) a internet, no están llegando como se preveía. Según eMarketer, la inversión en vídeo significará un 11% de la inversión publicitaria online y un 5,5% de la TV para el año 2013.
  3. "Los consumidores pagarán por la televisión online": Probablemente cierto. El operador de cable y medios Comcast Corporation ha comenzado una prueba con TV Everywhere, que ha sido aceptada de forma positiva por un 73% de los suscriptores. La conveniencia de poder disponer del contenido en cualquier sitio ha sido la opción valorada como más ventajosa.
  4. "La gente esta dejando la TV tradicional por la TV online": Totalmente falso. Los consumidores aún pasan el 67% de su tiempo frente al televisor y más sorprendente aún, el consumo de la TV tradicional domina en la franja de 18 a 24 años.
  5. "Los adolescentes son los grandes consumidores de Internet y televisión por cable": Totalmente falso. La franja de 45 a 54 años es la que más consume: 9,5 horas por día.
  6. "Los consumidores evaden la mayoría de la publicidad que ven": Totalmente falso. Según el Council for Research Excellence, los consumidores interactuan un 44% más con anuncios online y por otro lado, los televidentes tradicionales aún están expuestos a 72 minutos por día de publicidad, desmitificando la creencia de que todos los consumidores hacen zapping sólo para evitar la publicidad.

Las conclusiones de Patricia son discutibles pero están apoyadas en datos y no en mitos construidos en el aire. Necesitamos más estudios como éste para poder comprender cómo está transformando internet las diferentes industrias y lo más importante, a las personas.

A los que les interese profundizar en las conclusiones, el estudio completo se puede descargar aquí.

Televisión por internet y sus mitos

Frente a la inseguridad de un mercado de valores que en algunos momentos de marzo llegó a perder más de un 50% desde su valor máximo, el presidente del Gobierno español defendía la estabilidad y la solvencia de las pensiones públicas.

Bueno, pues ahí lo tiene. Conforme se incrementa el número de pensionistas y cae el de cotizantes, las "solventes" pensiones públicas lo van siendo cada vez menos; de momento, ya hemos suspendido las aportaciones a ese Fondo de Reserva que se creó precisamente para retrasar un poquito el reconocimiento del déficit en la Seguridad Social y hoy Bruselas nos recuerda por enésima vez que las reformas son urgentes si no queremos que el nivel de vida de nuestros pensionistas se hunda todavía más.

Por supuesto, Zapatero no tocará ni una coma de este sistema que se desmorona poco a poco. Total, cuando estalle él probablemente ya no dormirá en La Moncloa y estará cobrando una de esas generosas y privilegiadas pensiones vitalicias de 90.000 euros anuales que perciben los ex presidentes del Gobierno… por sus invaluables servicios prestados a la Nación, se supone.

Ahí no hay quiebra a la vista ninguna. Por muy ruinosa que sea la política económica de Zapatero siempre quedará algo que rapiñar para que nuestros políticos sigan viviendo a cuerpo de reyes, que al fin y al cabo es lo que soñaron con ser y en lo que se han convertido.

Pero no creamos que la peor parte del sistema público de pensiones es que esté condenado a la quiebra y que vaya a privar a nuestros mayores del pan con que comer. Aclarémoslo: el sistema de pensiones ya está quebrado; lo está prácticamente desde el momento en que nació. Y lo está simple y llanamente porque sus activos son inferiores a los pasivos devengados. Eso es todo, que no es poco, pero no debería confundirse con que el sistema de pensiones vaya a suspender pagos. Tal escenario probablemente nunca acaecerá, por el simple motivo de que la Seguridad Social es uno de los pocos deudores que tiene la capacidad para reducir a discreción el montante de sus deudas. Cuando las cotizaciones no den para abonar las pensiones, simplemente se impondrá una reducción draconiana de las rentas de nuestros pensionistas y se acabaron los problemas. ¿Que las pensiones ya son una miseria? Pues espere a ver en qué las dejará Zapatero cuando llegue la hora de la verdad.

No, el sistema público de pensiones es un fraude con todas sus letras porque se ha convertido en uno de los mecanismos estatales más efectivos para la proletarización y el empobrecimiento de las sociedades capitalistas. Ningún economista que merezca tal calificativo pone en duda que a largo plazo la bolsa no es sólo el activo más rentable, sino también el menos arriesgado –incluso menos arriesgado en todos los sentidos que la deuda pública.

Invertir en bolsa es el vehículo más seguro para alcanzar la prosperidad individual y social: supone canalizar volúmenes ingentes de ahorro a las empresas punteras de una economía para que sigan innovando y capitalizándose. Las empresas se enriquecen y nosotros, como accionistas-propietarios de las mismas, logramos amasar una fortuna que nos habría sido imposible conseguir metiendo simplemente el dinero en el banco. Por darle sólo unas cifras: la media histórica de revalorización de la bolsa (entre 1929 y 1998) es del 7% anual (ya descontada la inflación). Esto significa que invirtiendo 3.000 euros anuales en bolsa, en 30 años alcanzaríamos un patrimonio de más de 300.000 euros, lo que a su vez nos permitiría lograr como media una renta anual de 21.000 euros. ¿Se imagina cómo vivirían nuestros pensionistas –y sus futuros herederos– si tuvieran en acciones un patrimonio de 300.000 euros y cobraran mensualmente unos 1.800 euros?

Bueno, pues sepa que la Seguridad Social le arrebata unos 5.000 euros anuales a un trabajador cuyo salario sea de 15.000 euros brutos. Dicho de otra manera, si invirtiéramos en el mercado de valores el dinero que nos quita cada año el sistema público de pensiones, aplicando la sencilla renta anterior, alcanzaríamos un patrimonio de 500.000 euros y una renta mensual de 3.000. ¡Y tan sólo en 30 años!

Nos podríamos jubilar a los 50 cobrando, sin pegar un palo al agua, 3.000 euros mensuales. Y para rematar, nuestras empresas –con todo el significado del término, porque serían de nuestra propiedad– serían más productivas, innovarían más, fabricarían bienes y servicios más baratos y de mayor calidad, y por consiguiente nuestros salarios también serían más elevados. Ése es el auténtico fraude de la Seguridad Social. Ése es el escenario, el de la sociedad de propietarios, que horroriza a los socialistas. La pesadilla de Marx: un mundo donde todos fuéramos capitalistas por ser los accionistas de las empresas en las que, si quisiéramos, estaríamos trabajando.

Cuando Haydn escogió la libertad

Joseph Haydn fue, a su modo, un lacayo ejemplar. Su biografía ha resultado siempre muy poco atractiva a los románticos. Cumplir casi ininterrumpidamente treinta años al servicio de una neo-feudal familia húngara –los Esterházy– afincada en los limes del imperio de los Habsburgo, hacerlo de forma intachable y sin mostrar el menor atisbo de desafío o rebeldía (como sí hicieron Mozart o Beethoven) es decepcionante para almas novelescas.

La condición servil de Haydn en aquella inmóvil y sofocante sociedad del Ancien Régime le imponía, entre otras muchas obligaciones, componer a requerimiento de sus patronos. Además, según contrato, sus criaturas artísticas serían propiedad exclusiva de los Esterházy. En su obligado retiro dorado fue desgranando, con fertilidad sobrecogedora, obras maestras en todos los géneros musicales.

Pese a estar Haydn físicamente separado del mundo, era una toda una celebridad en Europa. Su música se apreciaba mucho y, desde hacía años, sus admiradores coetáneos habían hecho caso omiso de la prohibición principesca de divulgar su música sin su nihil obstat. Excepto unos pocos encargos oficiales, fue profusamente copiada, publicada y pirateada por doquier sin su consentimiento. Los derechos de autor estaban en pañales.

Sólo al final de su carrera, su vida dio un giro inesperado. Al morir un año después de la Revolución francesa su principal empleador, el príncipe Nikolaus, le sucede su hijo Antal que profesaba escaso interés por los asuntos filarmónicos, por lo que no dudó en licenciar a todos los músicos que su padre, gran melómano, tenía contratados.

De regreso a Viena, el desempleado compositor estuvo sopesando qué hacer. Muchas cortes europeas le cortejaron. El que más cerca estuvo de firmar un contrato con el afable y pulcro Haydn fue Fernando IV de Nápoles pero, ante la perspectiva de un empleo seguro y sin riesgos, se entrometió el violinista y empresario Johann Peter Salomon, radicado en Londres. Éste le propuso una aventura: realizar una gira de conciertos por Inglaterra.

El casi sexagenario Haydn, de origen humilde, sin haber visto nunca antes el mar y falto de toda experiencia en un mundo de profesiones liberales ajeno a la tutela aristocrática, accedió a la propuesta de aquel dinámico representante para sorpresa de sus allegados.

El 2 de enero de 1791 desembarcó en Londres, conglomerado urbano vasto y cosmopolita que cambió su vida. Era la ciudad más bulliciosa del momento. La actividad de una burguesía local evolucionada la hizo un lugar en que todo lo reclamado por la gente se convertía en business. La música no fue excepción. Muchos músicos acudieron allí al calor de las oportunidades empresariales que se desplegaban. Un hijo de Bach, Johann Christian, organizó allí junto a un compatriota la primera sociedad privada moderna de conciertos.

Durante su estancia en Londres participó Haydn en abarrotados conciertos (de pago) en las diversas sociedades de conciertos que competían entre sí en las salas de la Hannover Square, en el King’s Theatre o en el Pantheon Theatre. Se le concedió el doctorado por la Universidad de Oxford y tuvo tiempo de tomar –en su escaso tiempo libre– clases de inglés.

No tardaría ni año y medio en probar de nuevo las mieles de la "dulce libertad", tal y como la denominó en su correspondencia. Realizó su segundo viaje a inicios de 1794 y sus nuevas actuaciones y desplazamientos fueron tan agotadores y lucrativos como la vez anterior. Hizo más amigos y vida social que en su Viena natal.

Debido a su experiencia londinense le sobrevino un memorable estallido de madurez creativa: sus últimas sinfonías y cuartetos, su concierto para trompeta, sus dos grandiosos oratorios y sus seis misas finales son un tesoro sonoro de vibrante optimismo y honda expresividad. Seguramente fue la de Londres la etapa más feliz de su vida.

Haydn regresó finalmente a Austria para desempeñar el papel de compositor sacro a las órdenes de un nuevo Esterházy, pero poniendo esta vez el anciano músico sus condiciones. Se jubiló luego a su casa particular en el distrito de Gumpendorf de Viena (hoy Mariahilf), pagada con los frutos de su trabajo en Inglaterra. Allí moriría unos años después durante la ocupación napoleónica de Viena, rodeado de una soldadesca revolucionaria que ya no era fiel a un rey sino al nuevo Estado y a sus virtudes republicanas. Venían con sus mortíferos ejércitos con la intención de "liberar" a Europa; incluida su añorada Inglaterra, primera nación del orbe en conocer una revolución política e institucional sin precedentes.

Se vende trabajo

¿Por qué no se venden casas? Porque son caras, es decir los posibles compradores creen que son un activo sobrevalorado y que su precio actual no refleja su valor real.

¿Por qué hay paro? Mejor dicho, cambiemos la pregunta: ¿por qué no se vende trabajo? Porque es caro, es decir los posibles compradores creen que es un activo sobrevalorado y que su precio actual no refleja su valor real.

No hay más. Si los posibles compradores de cualquier bien o servicio lo juzgan como caro, es decir, que su adquisición no va a compensarles el desembolso que han de hacer, simplemente no lo van a comprar. Esto es aplicable a casas, coches, trabajadores del metal o futbolistas.

Es difícil de entender para una mentalidad española que lleva años oyendo la cantinela socialista de los pobres trabajadores, de que los empresarios son malísimos, pero el trabajo proporcionado por un mileurista despedido era caro, por eso le han despedido, y, en cambio, el trabajo proporcionado por Cristiano Ronaldo no lo era para el Real Madrid y por eso le ficharon

Todas las teorías sobre las causas del paro, todos los estudios de sesudos sociólogos, economistas y funcionarios de la OIT, se reducen a esto. Cuando no se vende trabajo es porque está caro.

¿Y qué se puede hacer cuando algo no se vende? Es evidente, bajar el precio, hacer rebajas… y finalmente, si no se vende ni a la de tres, liquidarlo a precio de saldo e incluso regalarlo. Y dedicarte a otra cosa.

Esto es lo que hay.

Porque finalmente, los que han decidido que el trabajo es caro no son, como tratan de hacernos creer los subvencionados sindicatos, uno empresarios malísimos y sin corazón que quieren bajar lo sueldos de los pobres trabajadores. Los que hemos decidido que el trabajo es caro somos el conjunto de consumidores que hemos dejado de comprar muchos de los productos y servicios generados por dicho trabajo, pues su alto coste repercute y encarece el precio final.

Así, mientras no baje de precio y no se ajuste a la demanda, el trabajo seguirá sin venderse. Y el Gobierno parece decidido a impedir, con la ayuda de los sindicatos, que dicho trabajo pueda finalmente venderse.

Y para acabar de rematar la faena, el suyo, el trabajo del Gobierno, de los sindicatos y del enorme sector público ineficaz y deficitario que soportamos, ese si que estamos obligados a comprarlo; no es raro que no nos quede pasta para comprar del otro.

¡Arriba los contribuyentes de España!

Ni una palabra altisonante ni atisbo de huelga general, no vaya a ser que el grifo de las subvenciones y prebendas decaiga. Y ello, pese a que España cuenta con la tasa de paro más alta del mundo desarrollado. Ni más ni menos que un 18,9%, y subiendo. En la actualidad, cerca de 4,5 millones de trabajadores sufren el azote del desempleo.

Resulta evidente, pues, la complicidad maniquea e hipócrita que coexiste entre poder ejecutivo y sindical. Sin embargo, pese a la execrable actitud de UGT y CCOO, la pasividad que muestran estas mafias sociales ante el drama que viven millones de familias tiene un aspecto positivo. Y es que lo último que necesita la economía española es el estallido de una oleada de huelgas generales y disturbios callejeros.

No obstante, si los sindicatos salen a la calle será, única y exclusivamente, para reclamar al Estado una mayor intervención pública. Esto es, más gasto social en forma de Planes E, del todo inútiles, y una mayor rigidez laboral, entre otros muchos "derechos sociales" que en nada favorecerán la recuperación económica.

Pero no todas las huelgas son negativas y, por tanto, condenables. La desazón y el desengaño que sufren empresarios y contribuyentes a causa de la profunda incompetencia del Gobierno amenaza con transformarse en un movimiento de protesta, casi inédito en España, cuya sola mención aterra a los organismos públicos.

Los empresarios amenazan con tomar la calle e, incluso, con llevar a término un "cierre patronal". España parece que se dirige hacia una huelga general… ¡de empresarios! Autónomos y pequeñas y medianas empresas están dispuestos a paralizar su actividad durante varias jornadas. Este colectivo reclama financiación, ésa que tanto escasea debido al despilfarro estatal, menos impuestos y, sobre todo, poner fin a la morosidad de los organismos públicos. Si bien es cierto que no todas sus demandas son positivas –como el rescate público de empresas–, muchas de sus exigencias son justas y legítimas.

Tan sólo falta que a este incipiente movimiento se le acabe sumando otro, cuyo calado sería incluso mucho mayor, para que el Gobierno se vea forzado a reaccionar. Se trata de la insumisión o protesta fiscal que, en este caso, estaría protagonizada por una masa creciente de contribuyentes indignados. No hay nada que asuste más a un gobernante que una rebelión civil de este tipo. Y es que, sin impuestos, la parálisis de los poderes públicos es casi insalvable.

Al igual que el ilustre Juan de Mariana defendía el tiranicidio como un derecho legítimo de los individuos para defenderse de los abusos del poder, los contribuyentes tienen plena potestad para oponerse al pago de un tributo que consideran excesivo. De hecho, la Revolución Americana, de marcado espíritu liberal, constituyó un levantamiento social armado contra el despotismo tributario ejercido entonces por la Corona británica.

Existen algunos antecedentes en España. "Que no entre ni una peseta en las arcas de Hacienda ni en la de los ayuntamientos en 1993", fue el grito de guerra de la asociación empresarial Copyme –Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas– del Estado Español en la última crisis económica de mediados de los 90. Este tipo de lemas es el que precisa la economía nacional para combatir con eficacia y contundencia el ataque depredador que pretende poner en marcha el Gobierno socialista a nivel nacional o el gallardonita en Madrid, entre otros muchos entes autonómicos y locales. ¡Arriba los contribuyentes y empresarios de España!