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El recorte en I+D+i no es el problema

Recientemente, el economista Xavier Sala-i-Martín decía en una entrevista: "España ya no puede competir en precio ni en calidad, así que necesita innovar. Pero la innovación no es I+D. Hay que dejar esa obsesión enfermiza y no pensar en hacer un Silicon Valley II. Para mí, dos de las mejores ideas han venido del sector del café: Nespresso y Starbucks. Y otra gran idea ha sido la de Zara, en el sector textil". Es un buen reenfoque.

La visión liberal y socialista del bienestar son muy parecidas a nivel teleológico ("sé feliz"), pero son totalmente diferentes cuando se refieren a la prosperidad. Desde un punto de vista socialista la prosperidad sólo se puede conseguir mediante el parasitismo y la visión iluminada del alto funcionario. El dictador de la producción adjudica presupuestos a sectores nacionales dirigidos desde un consejo central (Estado). El Gobierno, para sufragar tales gastos, no se apoya en la voluntad expresa del dinero de la gente, sino en los impuestos. Esto es, en el dinero que surge de la usurpación del esfuerzo productivo de otros ciudadanos. El Estado realiza transferencias forzosas de actores económicos productivos a aquellos que no lo son. ¿Y por qué teóricamente hace algo así? Porque usted, ciudadano, es demasiado ciego e idiota para ver lo que es bueno para usted. El Gobierno le saca el dinero que gana para dárselo a sectores improductivos por su propio bien.

El problema de tal lógica intervencionista es que no contempla los designios de la sociedad, sólo los de los lobbies. Directamente, la lógica del Gobierno y acólitos es falsa. Es una de las vertientes del actual capitalismo de Estado. De hecho, ante la noticia del recorte en investigación del Gobierno, algunos lobbies como la Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios han dicho que "no están dispuestos a permitir este hundimiento de la ciencia en España, planteando, si fuera necesario, la movilización general de los científicos". Ya ven. Ellos son los portadores y únicos representantes de la ciencia. Usan, entre otras falacias, el sistema de la pataleta: si no te dan dinero, no te lo ganes con tu trabajo, berrea, llora, corta calles e impide la libertad de los demás con movilizaciones. Monta un escándalo detrás de otro hasta que te suelten la pasta. Es una forma de extorsión a bajo grado.

Un país que funciona así nunca puede prosperar ni tener una auténtica paz social. Siempre será la guerra de los lobbies contra el dinero de la gente. Las subvenciones jamás han hecho prosperar a una sociedad, más bien al contrario. El mejor ejemplo es el del cine español. Cuantas más subvenciones recibe, de peor calidad es, porque no hay feedback del consumidor o espectador.

En un sistema de libre mercado absoluto todo va orientado al servicio. ¿Qué quiere la gente? El mercado se lo ofrecerá, y cuanta más demanda, mayor competencia, mejor precio y más opciones. Este es el proceso que convirtió a Estados Unidos en lo es ahora. McDonald’s no nació de subvención alguna. Se creó para dar a los obreros una comida rápida y barata. Ahora está en todo el mundo. El dinero que ha conseguido la empresa no lo puede igualar ninguna subvención. Es más, McDonald’s recibe dinero del ciudadano de forma voluntaria. Es un sistema de financiación armonioso, no como las subvenciones, que no son más que el robo de un actor económico (ciudadano) para ser transferido a otro que, por el propio sistema de incentivos estatales, es incapaz de producir ni prosperar. Lo expuesto para McDonald’s ha ocurrido con todas las grandes firmas mundiales de tecnología. Todas han nacido de iniciativa y financiación privada.

¿Queremos grandes y numerosas empresas de I+D+i en España? Eliminen todas las subvenciones, impuestos, barreras técnicas, laborales y comerciales para crearlas. El dinero del extranjero vendrá aquí a raudales. Cambiemos el chip de los "científicos". Que se vuelvan emprendedores también. Ellos han de trabajar para nosotros y no para el Estado. Simplemente es lo que hacemos todos nosotros: trabajar para el cliente, para la sociedad. Menos aún han de esforzarse en hacer movilizaciones lloriqueando al gobernante de turno para que éste nos robe nuestro precioso dinero. A nosotros también nos cuesta ganarlo. Son ellos lo que han de trabajar para nosotros, y no nosotros para ellos como exigen.

En definitiva, instauremos un sistema de innovación enfocado al cliente, al consumidor final. Éste es, a la vez, el sistema que más capital humano y financiero les aportará, así como holgados beneficios. Convirtamos la ciencia en algo de todos y para todos. Los parásitos sólo perjudican al huésped (pagador de impuestos), por más "científicos" que se hagan llamar.

En el nombre de internet

En el nombre de todas estas cosas propone el citado alto cargo una regulación más avanzada para las redes de telecomunicaciones. Más avanzada quiere decir, por supuesto, con más intervención. Para asegurar la apertura de internet y la innovación y riqueza que la misma ha aportado y que se sigan generando oportunidades sobre ella, es necesario obligar a los propietarios de las redes de telecomunicaciones, sin las cuales no existiría internet, a unas cuantas cosillas.

Impávido al hecho de que dicha innovación y enriquecimiento se ha producido sin necesidad de la citada intervención (y seguramente gracias a su ausencia), propone que se obligue normativamente a los operadores a la neutralidad de red, la no discriminación y la transparencia en la gestión del tráfico. Eso, para ir entrando en calor.

Es curiosa la fijación que tienen estos defensores del bien público por impedir que los operadores bloqueen determinados contenidos o servicios a sus clientes. Así, la obligación de no discriminación "significa que no pueden bloquear o degradar tráfico legal en sus redes". Obsérvese que el tráfico que no se puede bloquear es el legal, del otro no se dice nada.

Digo que es curioso porque no se entiende tal preocupación. Los casos de bloqueo de tráfico por operadores de redes en más de 100 años son completamente anecdóticos. Puede haberlos habido y son posibles, pero lógicamente son contrarios a los intereses de los operadores, cuyo negocio es precisamente transportar tráfico. ¿Por qué se empeñan los gobiernos en hablarnos de esta amenaza?

La solución al enigma quizá tenga que ver con eso de que se puedan bloquear contenidos ilegales. Porque, no se olvide, las únicas entidades que consta que sí ordenan el bloqueo de tráfico son, lo han adivinado, los gobiernos. Entre ellos, destaca el Gobierno chino, pero no es el único.

Y casualmente son los gobiernos los encargados de decidir qué contenidos son legales o ilegales. Así que, en el nombre de internet, se pretende que el operador no pueda bloquear más contenidos que aquellos que le ordena el Gobierno. En el nombre de la innovación y de la prosperidad, será el Gobierno quien decida qué y qué no puede circular por la red de redes. En el nombre de la apertura de internet, el Gobierno decreta su cierre.

La receta de UGT contra el paro

Y mientras estos paniaguados de la izquierda se tiran los trastos a la cabeza, el desempleo supera los cuatro millones de parados en España y llevamos gastados en el último año la friolera de 30.000 millones de euros en prestaciones de desempleo porque nuestro muy flexible mercado laboral es incapaz de crear ni un solo puesto de trabajo.

Pero, ¿cuánto son 30.000 millones? Para no perdernos en las grandes cifras: para empezar, es algo así como el doble de lo que pretende ingresar el Gobierno con la recientemente aprobada subida de impuestos. Es prácticamente la mitad de lo que se recaudó por IRPF en 2008, el 60% de los ingresos por IVA y más de lo que obtiene por todo el Impuesto de Sociedades.

Dicho de otra manera, nuestra endémica incapacidad para crear empleo nos impide recortar el IRPF en un 50%, el IVA en un 60% o eliminar por completo el Impuesto de Sociedades. ¿Se imaginan qué impulso adquiriría la economía española si alguna de estas medidas se adoptara?

Mejor no lo piense mucho que igual se le revuelve el estómago. Limítese a mostrar una ligera indignación mientras se pregunta a qué o a quién se debe que cuatro millones de personas no encuentren ni un empleo: pues en esencia a estos visionarios sindicalistas que combinan el cariño hacia el socialista Zapatero con las elegantes admoniciones al socialista MAFO para que regrese al calor hogareño de "su puta casa".

Recuerde lector que estos locuaces individuos, esas plumas delicadas que en apenas un exabrupto sintetizan la calidad de sus ideas, son quienes dirigen ese infame proceso llamado de "negociación colectiva" por el que los salarios en España son incapaces de ajustarse aun cuando los ingresos empresariales se estén hundiendo. Son ellos a quienes se les ha investido con la categoría política de "agentes sociales", facultados para negociar de tú a tú con una entente gubernamental y patronal para decidir las condiciones por las que se van a regir todos los trabajadores y empresarios de España. Son ellos quienes viven de los salarios de los proletarios y de los beneficios de los empresarios sin dar un palo al agua con la excusa de disponer de tiempo libre para desarrollar con esta exquisita prosa sus aportaciones al drama económico que vive nuestro país. Son ellos, en definitiva, quienes siguen instalados en una retórica cuasi marxista para justificar su parasitismo político y económico de la sociedad española.

Tamaños poderes y privilegios para tan gran inteligencia y responsabilidad. ¿Qué sería de nuestro país si no eleváramos a la categoría de planificadores sociales a tan templados personajes? Imaginen a las huestes sindicales engrosando las listas de paro y buscando empleo con su característica buena educación. Si es que no puede ser: cuatro millones de parados son un precio más que equitativo para que los liberados no pasen por semejante trance. De momento, pues, que sigan siendo estos mantenidos de la "puta casa" quienes marquen la política laboral del Gobierno y que prosiga la sangría de parados y de gasto público. Total, paga el contribuyente.

Los incentivos de los ecologistas

En un artículo anterior, El calentamiento global en un futuro incierto, defendía la adaptación al cambio climático (facilitada por el crecimiento económico, el desarrollo de nuevas tecnologías, etc.) frente a los infructuosos y onerosos esfuerzos por mitigarlo, que asumen un contexto estático. Por supuesto, hay una cuestión previa: ¿el calentamiento global es causado por el hombre? ¿Hasta qué punto serán catastróficas sus consecuencias?

Algunos no tenemos suficientes conocimientos científicos como para emitir una opinión cabal independiente y tenemos que basarnos en las opiniones ajenas que nos parecen más creíbles. La pregunta es, ¿cómo decidimos a quién creer en este tipo de situaciones? Una opción es fijarse en los incentivos de la gente para decir lo que dice. Por ejemplo, a las compañías tabaqueras les perjudica que se extienda la opinión de que el tabaco afecta gravemente a los fumadores pasivos, además de a los fumadores, por lo que los estudios financiados por la industria sobre este tema tendrán en principio menos credibilidad que los estudios de la comunidad médica o investigadores independientes, que no se juegan nada en sus resultados. Eso no quiere decir que los primeros no puedan tener razón, significa simplemente que desde la ignorancia es más prudente apostar por los segundos.

Los ecologistas acusan a multinacionales de la energía como Exxon de promover sus propios intereses económicos financiando estudios y campañas que ponen en duda el calentamiento global y la conveniencia de regulaciones que menoscabarían su negocio. Es posible que los verdes tengan razón y estas empresas no estén pensando en el bien común. La defensa de la verdad puede estar alineada con el beneficio propio, pero la coincidencia a veces suscita sospechas.

No obstante, muchos ecologistas también tienen incentivos para expresar sus opiniones sobre el cambio climático. No se trata (normalmente) de incentivos económicos, sino de incentivos ideológicos, que no son menos poderosos. Como señala David Friedman, el ecologismo en general y el calentamiento global en particular aportan nuevos argumentos a favor de un Estado más intervencionista, más impuestos, etc. Son medidas que mucha gente respalda por motivos ideológicos, luego tienen incentivos para creer en la validez de esos argumentos, popularizarlos y exagerarlos. Documentales catastrofistas como los de Al Gore o la excesiva politización de las conclusiones del IPCC confirmarían esta tendencia.

La mayoría de ecologistas son estatistas, muchos de extrema izquierda, y son hostiles a la sociedad de consumo o ven con recelo el estilo de vida occidental. El calentamiento global proporciona argumentos muy convenientes para los que aborrecen el status quo y quieren un giro de signo socialista. Friedman dice que el ecologismo es en parte un argumento real, en parte una religión, y en parte una cuestión ascética. Las dos últimas sugieren que la gente está demasiado dispuesta a aceptar la primera.

Otra forma de estimar la credibilidad de determinadas opiniones consiste en hacer que los expertos que las sostienen apuesten dinero en ellas. Como opinar es gratis, la gente no tiene incentivos económicos para contenerse, matizar o ponderar bien sus juicios. Si tu opinión puede costarte dinero (o reportarte ganancias), te lo piensas dos veces antes de expresarla. Apostar por tus opiniones demuestra una confianza adicional en tu propio juicio.

En el marco de las apuestas los escépticos se han mostrado poco activos. James Annan, científico británico que cree en el calentamiento global, ha retado a numerosos científicos escépticos a apostar sobre el aumento de las temperaturas en las próximas décadas. Varios de ellos han rechazado la apuesta, aunque otros la han aceptado. En general no parece que los escépticos apuesten entusiasmados por sus tesis como hicieran Julian Simon y Paul Ehrlich a propósito del agotamiento de los recursos. Pero las apuestas no suelen contemplar aspectos relevantes del debate, y su peso debería relativizarse en consecuencia. Por ejemplo, la mayoría de apuestas giran en torno al aumento de las temperaturas independientemente de si existe contribución humana o de si se debe a otros fenómenos como un supuesto incremento de la actividad solar. Pero solo en el primer caso tienen sentido medidas como el Protocolo de Kyoto.

Las apuestas tampoco ponderan la extensión de los daños y posibles beneficios que resultarían del calentamiento global, ni se refieren a la efectividad de las políticas destinadas a limitarlo. Es lógico que aquellos que creen que existe cierto calentamiento global pero no tienen claro que sea de origen antropogénico o que las políticas para limitarlo sean efectivas no encuentren el reto de Annan demasiado atractivo.

Otros economistas, como Bryan Caplan, sugieren apuestas más interesantes: ¿por qué no apostar sobre el aumento de la renta per cápita o la esperanza de vida en 2059 (o en 2109) condicionado a no hacer nada sobre las emisiones de carbono?

Un keynesiano contra Keynes

De hecho, ya hemos comentado aquí que el keynesianismo está cobrando inmerecidamente nuevos bríos no sólo entre una clase política siempre ahíta de extender su intervencionismo, sino entre una desorientada Academia que parece guiarse por el principio de arrimarse al sol que más calienta en lugar de dedicarse al estudio reflexivo de la ciencia económica.

El caso conocido más reciente es el del juez Posner, quien con la fe del converso ha estado a punto de levantar con sus propias manos una estatua a Keynes frente a Wall Street. Como ya dije, no es algo que deba extrañarnos; como comentaba el austriaco Jerry O’Driscoll, si sus cándidos compañeros de universidad –los economistas de Chicago– sólo sabían acrecentar la cantidad de escombros teóricos que ha de soportar nuestra ciencia, es normal que legos en la materia como Posner se acerquen ahora a Keynes.

Ahora bien, no toda la profesión económica está degenerando a pasos agigantados. A diferencia de los propagandistas como Krugman o de los iniciados como Posner, hay keynesianos que han dedicado su vida, más que a adorar al maestro, a leerlo, estudiarlo, comprenderlo y desarrollarlo; y, vaya por dónde, han descubierto que la presente crisis no encaja demasiado bien en el marco analítico keynesiano.

Es el caso del economista sueco Axel Leijonhufvud, uno de los mayores expertos en Keynes, a quien dedicó su tesis doctoral (Sobre la teoría keynesiana y la economía de Keynes) para defenderlo de la reformulación que de su obra había perpetrado John Hicks con el modelo IS-LM.

Pues bien, ¿qué opinión tiene este analítico y sesudo keynesiano de la crisis actual? ¿Acaso considera, en la línea del neoconverso Posner o del cronista Krugman, que viene a refrendar punto por punto las teorías de su maestro? Bueno, no exactamente:

La crisis actual se ha desarrollado de una forma prácticamente opuesta a la descrita por Keynes en su Teoría general.

Sí, ha leído bien. Uno de los mayores conocedores y admiradores de la obra de Keynes reconoce que la crisis no tiene casi nada que ver con la teoría keynesiana:

¿Podemos aprender algo de Keynes que sea relevante para la crisis actual? La verdad es que no encuentro su Teoría general demasiado útil. Una vez asimilada la advertencia de que no se puede dejar que la economía real se vea influida por los tejemanejes de un casino, ¿qué nos queda?

Al fin y al cabo, Leijonhufvud recuerda que Keynes desarrolló sus teorías en un contexto bastante distinto al actual: su país, la Inglaterra de los años 20, tenía una tasa de ganancias decreciente tras la Primera Guerra Mundial y unos tipos de interés artificialmente elevados. Sin embargo, los Estados Unidos que han padecido la llamada crisis subprime han vivido una situación bastante diferente:

La Fed ha podido mantener los tipos de interés demasiado bajos durante demasiado tiempo, [generando] una burbuja de activos combinada con un deterioro general de la calidad del crédito… y esto tiene poco que ver con la narrativa keynesiana.

Entonces, si según el lumbreras de Krugman la macroeconomía neoclásica está en crisis y sólo podría ser sustituida por las historietas keynesianas pero, según Leijonhufvud, Keynes tampoco nos sirve de nada, ¿acaso no hay una teoría económica que nos permita explicar qué ha sucedido? Personalmente, ya di mi opinión: la teoría austriaca del ciclo económico encaja como un guante en los hechos que hemos vivido. ¿Pero qué opina al respecto Leijonhufvud?

Con Greenspan, la Reserva Federal (…) aplicó una política de tipos de interés artificialmente bajos. El resultado fue, desde luego, más keynesiano que monetarista, pero también más austriaco que keynesiano: no hubo inflación en términos de IPC, pero sí una enérgica inflación de activos y una muy preocupante caída en la calidad del crédito.

Ahora bien, el economista sueco tampoco abraza absolutamente las teorías austriacas, sino que se muestra favorable a combinarlas con las de otro economista estadounidense fallecido:

Lo que ha sucedido tiene bastante que ver con una variación de la teoría austriaca de la sobreinversión (o mala inversión). Pero Mises y Hayek tampoco tienen mucho que decir acerca del lado financiero de un boom causado por la sobreinversión. Para ello deberemos recurrir a Hyman Minsky.

Dicho de otra manera: el keynesiano Leijonhufvud apuesta por una combinación de las teorías austriacas con las de Minsky para explicar la crisis. Es cierto, en este sentido, que Minsky se consideraba a sí mismo un sucesor de Keynes, pero como el propio Leijonhufvud y otros economistas han puesto de manifiesto, "la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky es totalmente contraria a la teoría keynesiana de que la economía gravita a un equilibrio con desempleo".

¿Por qué Leijonhufvud opta por combinar las teorías de Mises y Hayek con las de Minsky y no se queda exclusivamente con las austriacas? Por lo que se desprende de su artículo, simplemente por un problema de interpretación de la teoría austriaca: el economista sueco piensa que la teoría austriaca explica siempre las expansiones crediticias a partir de la manipulación de los tipos de interés por parte del banco central. Pero, según el propio Leijonhufvud, "los errores del banco central no explican por sí solos la expansión de los credit default swaps o de los CDO cuadrados y cubos. Todo esto encaja de manera más natural en la obra de Minsky". Sin embargo, lo cierto es que la teoría austriaca no considera que el banco central sea el único desencadenante de la expansión crediticia, sino que ésta es una consecuencia de los privilegios jurídicos de la banca para endeudarse a corto plazo e invertir a largo.

Hayek, en La teoría monetaria y el ciclo económico, o Huerta de Soto, en Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, explican cómo las expansiones crediticias son fruto de las alocadas políticas de la banca comercial, sin necesidad de incluir a un banco central. Otra cosa es que todos los austriacos estén de acuerdo, y parece ser que Leijonhufvud también, en que los bancos centrales pueden inflar todavía más el crédito de lo que ya de por sí lo habría hecho la banca. Y eso es precisamente lo que sucedió a partir de 2001.

La diferencia entre Minsky y los austriacos se encontraría, por consiguiente, en que el primero piensa que el capitalismo es inherentemente inestable y que crisis como la actual tienden a reproducirse en ausencia de regulación, mientras que los austriacos sostienen que en un mercado libre –sin privilegios para la banca y con una desnacionalización monetaria– los ciclos económicos serían de muy corta duración y con efectos prácticamente imperceptibles: Minsky no se da cuenta de que, sin el apoyo estatal, las expansiones crediticias de la banca y del resto de agentes tendrían un recorrido muy breve.

En todo caso, el economista sueco reconoce que hay que tener en cuenta tanto a Hayek como a Minsky, y no se decanta por ninguno: "Ambas teorías tienen su validez; cuánta no es un tema que vayamos a dilucidar aquí". Pero lo cierto es que la descripción de la crisis que hace Leijonhufvud se acerca mucho a la que podría hacer cualquier austriaco, ya que incluso sitúa el "descalce de plazos entre activos y pasivos" como la clave para entender la expansión crediticia y la iliquidez de las entidades.

Tampoco se muestra el sueco muy entusiasta con las políticas de corte keynesiano que han aplicado los gobiernos y los bancos centrales en un momento en que los agentes económicos están sobreendeudados, y pone a Japón como referencia de sus críticas:

Japón ejecutó políticas fiscales keynesianas (…) y se dilapidaron enormes cantidades de dinero en puentes que no llevaban a ninguna parte y en proyectos que –es de esperar– estaban algo más justificados, hasta que su deuda pública creció tanto que se quedaron sin ganas de continuar. Todo para no lograr aparentemente nada. (…) La otra gran lección que debemos aprender de la experiencia japonesa es que una vez que el sistema crediticio ha quebrado, las reducciones en los tipos de interés no sirven para contrarrestar la reducción de la demanda efectiva. [Un diagnóstico, dicho sea de paso, idéntico al que algunos hicimos cuando Bernanke colocó los tipos al 0%].

En definitiva, no es que los austriacos estemos de acuerdo con todo lo que dice Leijonhuvfud, ya que al fin y al cabo sigue siendo un keynesiano –por ejemplo, sí considera que la política fiscal tiene efectos multiplicadores cuando los agentes económicos son solventes, o que el capitalismo, como decíamos, es inherentemente inestable–, pero al menos es un keynesiano que se ha dado un baño de realismo, que ha leído a otras escuelas, que sabe bastante de finanzas y que reconoce cuándo sus ideas no encajan con los acontecimientos. Es, pues, todo lo contrario a un vocero como Krugman o a un fanático como Posner, que se pone a hacer reverencias a Keynes tras haber ignorado durante 70 años su obra.

Leijohnhuvfud y los austriacos hablan más o menos el mismo lenguaje: el de una ciencia económica que debe seguir avanzando mediante la reflexión, la discusión y el contraste de opiniones fundamentadas. Gente como Krugman, Posner o la mayoría de chicaguenses está más interesada en la propaganda, en la agitación y en vivir de las rentas en sus torres de marfil que en hacer progresar la teoría económica; Leijonhuvfud y los austriacos, no. Como parece sugerirles el sueco: "La humildad ante la realidad que pretendemos analizar es también una lección que deberíamos aprender de Keynes". El problema, Leijonhvfud, es que ellos nunca han pretendido analizar la realidad.

De faisanes y otros bípedos

La novedad no es que los socialistas utilicen todos los apéndices del poder del Estado en beneficio propio, sino que el portavoz del PP denuncie pública y enérgicamente una situación de facto inadmisible en un Estado de derecho.

El chivatazo del bar Faisán es una canallada hacia las víctimas del terrorismo y un insulto a todos los españoles, además de un delito que la justicia debiera haber perseguido y castigado con ejemplaridad. En lugar de eso, la Fiscalía solicita el archivo propiciando que el Gobierno pase la última página del vergonzoso "proceso de paz" al que nos abocó Zapatero con la inconsciencia dañina consustancial al personaje.

Y por encima de todo este asunto sigue planeando la sombra rasputínica de Rubalcaba, profundo conocedor de las "cloacas del Estado" en definición de su anterior jefe. No sabemos cómo lo hace este hombre, pero está siempre en el epicentro de los asuntos más sucios que ocurren en España desde hace veinticinco años. Será una coincidencia, claro, pero el hecho es que desde el GAL, no hay desmán protagonizado por los socialistas en contra de los derechos y libertades de los españoles en que el apellido Rubalcaba no aparezca destacado.

Lo del chivatazo al responsable de las finanzas terroristas para evitar su detención, sin que tras su descubrimiento se haya sustanciado dimisión o cese alguno, es un jalón más en la trayectoria de un personaje con una de las biografías más sustanciosas que se recuerdan en el socialismo español, que ya es mucho. El PP debiera haber empezado a pedir con insistencia su cese treinta segundos después de que Zapatero anunciara el nombramiento. Tras cinco años solicitando su decapitación política y abandonando el parlamento cada vez que hiciera uso de la palabra, probablemente hoy no estaríamos escribiendo sobre este asunto.

Es hora de que el bueno de D. Alfredo cumpla su sueño de formar parte en la directiva del Real Madrid para viajar cada domingo con el primer equipo, pero como el presidente es del Barça, prefiere tenerlo en el Gobierno velando por la libertad y la seguridad de todos los españoles. De sobra sabe Zapatero que con la mirada rubalcábida en la nuca, Casillas pararía los penaltis aunque se los lanzaran con una pelota de beisbol.

Políticamente incorrecto

España necesita un revulsivo para despertar del engañabobos al que nos tiene acostumbrado la inepta clase política de este país, un líder empresarial o institucional valiente que sea capaz de decir lo que realmente piensa, con la verdad por delante y sin miramientos. Día sí y día también saltan a la luz opiniones diversas de responsables políticos, sindicales y empresariales acerca de la difícil situación y pocos, por no decir ninguno, se saltan el guión preestablecido por el pensamiento único dominante.

El gobernador del Banco de España anima a Zapatero a reformar el mercado laboral, por vigésima vez, pero no se moja a la hora de reclamar la eliminación de la negociación colectiva que tanto encorseta al empresariado español, o una rebaja sustancial en el coste del despido, o la flexibilización total de la contratación laboral. De hecho, Miguel Ángel Fernández Ordóñez defiende la subida de impuestos aprobada por el Gobierno. Eso sí, siempre y cuando esa mayor recaudación se destine a reducir el déficit.

Ordóñez, el mismo que está permitiendo a las entidades financieras ocultar su morosidad real con engaños contables. De la misma calaña es José Viñals. El ex subgobernador del Banco de España se atreve ahora a dar consejos de prudencia crediticia y bancaria desde su nuevo cargo en el Fondo Monetario Internacional tras su nefasta gestión al frente de la supervisión del sistema español.

El ex ministro Jordi Sevilla, por su parte, discrepa de su antiguo jefe de filas y critica, vagamente, unos Presupuestos Generales cuya falsedad y engaño son más que evidentes. La patronal de empresarios se contenta con disparar balas de fogueo contra la política económica del Gobierno. Acepta subir los salarios, pese a que deberían bajar, no se revuelve contra el aumento de la presión fiscal, apenas se limita a pedir tímidamente una reforma light del mercado laboral no vaya a ser que los ministros se nos enfaden.

¡Y qué decir de los sindicatos! Potentados burgueses que conducen coches de lujo y viven a cuerpo de rey mientras denuncian a viva voz la explotación del proletariado con el puño en alto. Nadie mejor que un líder sindical sabe aplicar el dicho aquel de en boca cerrada no entran moscas, y el tan acertado no muerdas la mano que te da de comer.

La oposición, por supuesto, no se queda atrás. La cúpula del PP no habla, tan sólo se limita a contemplar y esperar a que la manzana podrida se caiga del árbol sin apenas menear el tronco. Ni una palabra sobre la necesaria reducción drástica del gasto público; concreción nula a la hora de exigir reformas estructurales para incentivar la mermada competitividad de nuestra economía… Al contrario. Los populares tan sólo se mueven para pulsar el botón verde y apoyar así al PSOE en la aprobación del PER nacional para parados, el rescate de Caja Castilla-La Mancha haciendo uso de los impuestos de los contribuyentes o la creación de un fondo de rescate bancario dotado con casi 100.000 millones de euros cuya transparencia es nula.

Mentiras, engaños y falsas promesas son los ingredientes básicos que conforman el discurso de los representantes políticos y sociales. ¿Para eso pagan impuestos los españoles? Son meros parásitos que no están a la altura de las circunstancias. Dejen ya de confiar en la política. Nada van a hacer por usted. Dependemos única y exclusivamente de nosotros mismos para salir del pozo en el que otros, ahora convertidos en falsos profetas, nos metieron. Basta ya de hipocresía.

EEUU contra los blogs

Existirán en Estados Unidos cientos de miles de blogs: toda una fuente de trabajo para la FTC, la Comisión Federal de Comercio, que tendrá que aumentar su plantilla si quiere revisarlos. Policía del blog, nueva ocupación en Washington.

Por supuesto, nunca podrán revisar todos por más que se empeñen. De modo que sólo lo harán con algunos, lo cual traerá sospechas del posible sesgo en el que puedan incurrir. Aquellos que sean considerados culpables recibirán multas de hasta 11.000 dólares. Y tampoco servirá de mucho, a no ser que también se pongan a regular foros, sitios especializados y, en breve, redes sociales, que son otros lugares donde se habla de productos a la venta susceptibles de ser evaluados.

El problema no es que la FTC haya adoptado esta medida, sino que no produzca indignación; parece incluso que a muchos no les parece mal. En parte es debido a que a la mayoría ve con buenos ojos que empresarios y empresas carezcan de algunos derechos, empezando por el de la libertad de expresión. Las restricciones draconianas a la publicidad son moneda común, cuando regulaciones similares para la prensa o la política nos parecerían intromisiones intolerables en nuestros derechos.

Pero quizá la principal causa es que seguimos sin saber diferenciar entre los conceptos de bueno y malo y los de legal e ilegal. Alabar en un blog los productos de una compañía que nos regala algo sin avisar de ese posible conflicto de intereses, sin duda, es malo. ¿Pero por qué tendría que ser ilegal? ¿Acaso es ilegal engañar a la novia o, ya que estamos, a los votantes? No existe razón alguna por la que una cosa deba ser regulada y las otras no, salvo que quizá en el segundo caso habría demasiada gente –o gente demasiado importante e influyente– que se daría cuenta de que el Estado está metiendo la nariz demasiado en nuestras vidas.

Algunos querrán ver prohibido todo engaño, tanto a lectores como a la pareja o a los ciudadanos. Son quienes siguen sin ver que la principal diferencia entre lo malo y lo ilegal es que lo segundo implica emplear la coacción, la fuerza, para evitarlo. Quienes verían con horror –y con razón– que un novio despechado pegara a su pareja por haberlo engañado, parecen no tener problema en meter a la Policía a obligarnos a hacer lo que es correcto.

Y todo esto sin tener siquiera en cuenta que la mayor parte de las regulaciones no cuidan de que hagamos lo correcto, sino lo que le parece correcto en un momento dado a algún político o funcionario. Resulta absurdamente incoherente que los mismos que violan cada dos por tres disposiciones estúpidas del código de circulación y hacen gala de ello animen a ampliar las prohibiciones en otros ámbitos. Cuanto más amplio es el campo que regulan las leyes, menor es nuestra libertad y menor el respeto que sentimos hacia la Justicia en su conjunto. Que tengan cuidado, pues, los aprendices de brujo, porque pueden terminar con una sociedad que pase olímpicamente de lo que los políticos han decidido que es lo bueno.

¿Profesores policías?

El anuncio por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de su intención de introducir una reforma legislativa autonómica que atribuirá la condición de "agente de la autoridad" a los profesores de los colegios públicos no ha servido lamentablemente para abrir un debate serio sobre el calamitoso estado de la enseñanza en la sociedad española. Aparte de los foros donde se plantean alternativas al modelo socialista que los españoles padecen desde hace veinte años, la noticia no pasó de la anécdota.

Desde mi punto de vista, esa propuesta legislativa no solo constituye una confesión del fracaso del sistema actual de enseñanza obligatoria y estatalizada, sino también un desenfocado intento de poner remedio a una de sus más llamativas consecuencias con un parche que soslaya plantear la reforma global del sistema. Es la constatación de que el intervencionismo estatal en una actividad cualquiera causa unos fallos que, a su vez, provocan el incremento de la regulación para corregir los efectos no deseados, en una espiral que conduce a la planificación total. Por ser más preciso, apunta una paradoja de la que no pueden sustraerse algunas reformas políticas que promueve el Gobierno (autoproclamado liberal) de Esperanza Aguirre: la limitada competencia legislativa que el tambaleante régimen constitucional y estatutario asigna a su comunidad autónoma le impide afrontar reformas generales y tampoco promoverlas por la persecución que las ideas liberales y la coherencia sufren en su partido. En cambio, a veces se centra en medidas cosméticas que no prestan atención a las coordenadas del sistema, pueden crear más problemas y no tienen nada de liberales.

La justificación dada a la medida ha sido falaz. Ni supone una novedad notable –tiene precedentes en Valencia y Cataluña– ni el fin pretendido de atajar los crecientes casos de agresiones de distinta gravedad por parte de alumnos y padres a los profesores de la enseñanza obligatoria (sobre todo de secundaria en institutos públicos) tiene visos de lograrse por esa vía. Se ha dicho que considerarlos legalmente como "agentes de la autoridad" les proporcionará una protección jurídico penal reforzada que disuadirá a los potenciales agresores de atacarlos. Sin embargo, se oculta que los tribunales consideran a los profesores de los centros públicos sujetos pasivos del delito especial de atentado tipificado en el artículo 550 del Código Penal, cuando son agredidos desempeñando su labor o como consecuencia de ella. Cuestión distinta es que deba aplicarse a los alumnos agresores la ley de responsabilidad penal de los menores, que, para empezar, busca más la componenda amparada por los fiscales que el esclarecimiento de los hechos como requisito previo para después juzgar responsabilidades.

Desde una perspectiva jurídica, la única consecuencia palpable de esta medida consistirá en que acciones como la resistencia o la desobediencia de los alumnos a sus profesores podrían ser punibles, bien sea como delito o bien como falta. Utilizo el condicional porque esa penalización por remisión al concepto de agente de la autoridad concurrirá con el régimen disciplinario de los alumnos establecido por la legislación estatal. De esta manera, siguiendo la lógica del sistema, muchos fiscales de menores sobreseerán las denuncias por actos de desobediencia grave en las escuelas (como ocurre con algunas agresiones) con el argumento de que la tramitación de un procedimiento para aplicar el derecho penal, considerado la ultima ratio del Estado, debe decaer cuando existe un régimen disciplinario que sanciona conductas que se solapan.

En cualquier caso, para calibrar hasta que punto esa proclamada recuperación de la obediencia y el respeto a los profesores resulta incongruente con ese régimen disciplinario escolar, conviene recordar que éste prohíbe las sanciones que vayan más allá de la expulsión temporal del alumno por un mes o el cambio forzoso de centro para acciones tan graves como la propia agresión al profesor, y siempre previa tramitación de expediente que resolverá el consejo escolar. Frente a las más comunes alteraciones del orden en la clase, los profesores no pueden echar a los alumnos a no ser que el jefe de estudios los llame a su presencia.

No es ninguna casualidad, por otro lado, que la mayoría de los incidentes graves tengan lugar en la educación secundaria obligatoria, etapa de la enseñanza reglada donde la LOGSE de 1990 introdujo la escolarización forzosa hasta los dieciséis años. Esta norma se mantiene sin cambios en la Ley orgánica de educación vigente (arts. 3 y 4). Como se sabe, hasta entonces la enseñanza primaria obligatoria se prolongaba hasta los catorce años y, superada esa fase, los alumnos que deseaban proseguir sus estudios (y sus padres) podían elegir entre el bachillerato o la formación profesional.

Por supuesto, la docencia adolecía de las taras propias de una actividad fuertemente intervenida, cuya prestación el Estado pretendía monopolizar mediante sus propios colegios, u otros concertados, para asegurar su obligatoriedad y gratuitad (Art 27.4 CE). Sin embargo, al menos en lo que concierne a la cuestión que analizamos, se mitigaba la permanencia de adolescentes que asistían a clase contra su voluntad más aguerrida. Por el contrario, la elevación de la edad de escolarización obligatoria aumenta el número de alumnos que no duda en recurrir a la coacción y la violencia para manifestar su malestar e intimidar a sus profesores y compañeros, justo a una edad que suele ir acompañada de una mayor fortaleza física. ¿Qué sentido tiene forzar a esos muchachos a asistir a clase y a sus padres a matricularlos? ¿Es compatible un ambiente académico de una mínima calidad con el despliegue de una fuerza represiva proporcional a la amenaza de los alborotadores?

Esa obligatoriedad de la educación constituye el elemento determinante del incremento de la violencia en las aulas. Luego podrán debatirse otras reformas. Pero si quieren reducirse los conflictos que destruyen las enseñanzas que puedan tamizar una mayoría de alumnos de un sistema mediocre y adoctrinador –por no hablar de la autoestima y la dignidad de los maestros– se debe comenzar por la supresión de la educación obligatoria a partir de los catorce años. A continuación suprímase la prohibición legal de trabajar a los mayores de esa misma edad, al menos como aprendices. Cada individuo puede ser gradualmente el mejor policía de si mismo en este ámbito, si no se limitan las vías posibles para aprender.

Down

Pablo Pineda, que padece el síndrome de Down, es conocido por su participación en algunas series recientes de TV, y tiene el orgullo de ser el primer enfermo de estas características que ha obtenido una licenciatura en Europa. Hay muchas noticias en la red que pueden ilustrarnos sobre este tenaz estudiante, quien a pesar de su aspecto físico no sufre todas las consecuencias del síndrome. Ahora ha sido galardonado con el premio del Festival de Cine de San Sebastián 2009 al mejor actor, por su interpretación en la película "Yo también" de Antonio Naharro.

Este premio ha recibido comentarios diversos, a caballo entre el reconocimiento por el esfuerzo en una persona de estas características y la crítica sobre la cualidad técnica de Pablo como actor (¿representaba a un personaje o se representaba a sí mismo?). Pero en realidad no me interesa demasiado esta cuestión, sino otra pregunta que llevo tiempo haciéndome: ¿por qué cada vez nacen menos niños con el síndrome de Down? Lo que aplicado al caso que comentamos tiene un corolario evidente, pero molesto para expresarlo en voz alta: dentro de unos pocos años apenas existirán otros Pablos Pineda, porque a la mayoría se les interrumpe su embarazo.

Considero que tiene interés actual esta reflexión, por el también reciente Proyecto de Ley sobre el aborto que ha aprobado el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y que, entre otras muchas reacciones, ha motivado la importante manifestación en favor del Derecho a Vivir de los embriones humanos (y no simplemente "seres vivos") que está convocada para el próximo sábado 17 de octubre.

Pero volvamos al caso Down. No hace falta ser un doctor en Lógica para sospechar que la actual ley del aborto permite una selección clínica del feto (lo que toda la vida se ha llamado eugenesia), por la que determinadas enfermedades justifican la eliminación del diminuto ser humano. Con un límite de ciertas semanas, hasta ahora, y mucho más amplio (progresista, dicen ellos) con la futura nueva Ley. De manera que no es casual la notoria disminución estadística de niños nacidos con determinadas malformaciones como el enanismo, Down, etc.

Así las cosas, resulta cuando menos paradójico que nuestra sociedad confortable y bienpensante se felicite por este logro de integración de un joven disminuido, al mismo tiempo que aprueba leyes que suprimen antes de nacer a estas personas; y todo ellos justificado por una parte importante de la opinión pública. Es de locos, la verdad.

No voy a hacer aquí una emotiva defensa de la enorme riqueza vital que aportan estas criaturitas Down en su entorno; ni el relato pormenorizado de la tenebrosa práctica abortiva en sus procedimientos cotidianos. Afortunadamente se puede encontrar muy buena información al respecto. Sin ir más lejos, buceando en los archivos de este Instituto he localizado varios artículos al respecto de Pablo Molina, Joaquín Santiago Rubio y José Carlos Rodríguez. Este último comenta con (triste) ironía una noticia de El País sobre la supuesta eficacia de la Ley del Aborto al haber reducido en un 30% el número de nacidos con esa anomalía: ¡valiente forma de curar una enfermedad ésa de liquidar antes de nacer a sus pacientes!

O, por ejemplo, no puedo evitar copiarles algunos párrafos que he encontrado en la siguiente web, y a los que apenas tengo nada que añadir. Gabie, su autora, que por cierto también ha recogido con pasmo la noticia que comenta José Carlos Rodríguez, escribe una reflexión más larga en la que explica cómo "está científicamente demostrado que la posibilidad de dar a luz un hijo con Síndrome de Down aumenta con la edad. Sin embargo en varios países de Europa se está dando una paradoja: la maternidad se retrasa pero la incidencia del Síndrome disminuye. En España se estima que en quince años se pasó de 1 caso cada 600 nacimientos a 1 cada 1000. La variación estadística, una disminución de alrededor del 30%, se explica en pocas palabras: son eliminados en el útero materno".

Y a continuación se hace todas estas preguntas: "¿Será mi hija una de las últimas de su especie? Si en países como España, con alta tasa de amniocentesis, cada vez hay menos chicos Downs; ¿que pasará cuando todo el mundo se haga el estudio y se pueda saber antes de la octava semana si el feto tiene algún problema? ¿Todos abortarán? ¿Algunos lo harán y otros no? ¿Como tomará Zoe, cuando tenga 20 años, que ya no haya personitas como ella? ¿Esto está bien? ¿Está esto mal? ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Lo entenderá? ¿Cuánto va a sufrir? ¿Tengo derecho a traer una persona al mundo, aunque la traiga por el amor más desinteresado que existe, para hacerla sufrir? ¿Si la naturaleza los crea no será por algo que no estamos pudiendo ver hablo más allá del amor, hablo dentro del esquema de la evolución? ¿Si me pasará lo mismo dentro de 20 años, la tendría? ¿Tenemos derecho a detener una vida? ¿Tenemos derecho a dar a luz a una persona que puede que sea única y diferente y a la que la sociedad dejará de lado? ¿Pero….. y si son estas personas únicas y diferentes las que pueden cambiar el mundo? ¿Podemos nosotros cambiar el mundo o definitivamente el mundo ya nos está cambiando? ¿Tengo que pensar desde la conciencia cristiana de la vida (y esencialmente de la católica), en las que últimamente he dejado de creer, o debo creer en la raza humana? ¿Debo creer en mí? ¿Debo creer en Zoe? ¿Debo creer en Dios o no preocuparme porque simplemente la vida sigue rodando más allá de nuestros deseos? ¿Alguien tiene respuestas…? ¿Alguien tiene otras preguntas…?"

Lo dejo encima de la mesa del lector. Desde luego que merecen mi respeto y admiración esos padres que cuidan con tanto cariño a sus hijos enfermos de Down. Luego, todos ellos dicen que reciben mucho más de lo que dan.