Ir al contenido principal

Las burbujas de Krugman

La actual coyuntura económica da mucho de lo que escribir y discutir. Parece renacer el interés por los asuntos económicos y financieros: la crisis, el plan E, y la subida de impuestos está en la boca de todos. Se hace evidente la observación general de que cuando a uno le tocan el bolsillo, la pereza y pasividad se difuminan.

Un efecto interesante de la inesperada –para la mayoría– debacle financiera es el debate que se está levantando en torno a ella, las conversaciones que se están manteniendo públicamente entre economistas de diversas corrientes teóricas, y el descrédito parcialmente aceptado del paradigma dominante relativo a la macroeconomía, la economía monetaria y los mercados financieros. Aunque ya viene hablándose de esta cuestión desde hace tiempo –por ejemplo, el director del Observatorio de Coyuntura Económica de este Instituto ya calificó en 2007 la actual situación como "crisis económica e intelectual"–, ha sido el extenso artículo del Nobel Paul Krugman en el New York Times el que ha disparado el número de escritos, réplicas y reflexiones sobre este tema. Un ejemplo más de la vasta influencia de personajes mediáticos y controvertidos como él en el mundo intelectual y de la opinión pública.

En pocas palabras, Krugman viene a dar con un garrote en la cabeza a todos los que no comparten la doctrina del "viejo keynesianismo", muy especialmente, a monetaristas seguidores de la Escuela de Chicago, pero también a neokeynesianos, quienes, cual chico débil en el colegio se ve influido por la mala conducta de los chicos grandes y poderosos, éstos pobrecitos se vieron casi obligados a aceptar algunas de los supuestos de los otros. No sorprende que no dedique ni un solo párrafo a los autores de tradición austriaca, a quienes ridiculiza sin comprender llamándoles los "teóricos de la resaca" –en relación a la analogía ampliamente utilizada por autores y divulgadores austriacos de la borrachera-resaca con el fenómeno de auge-recesión económica.

Quizás sea más llamativa la ausencia de economistas austriacos en el apartado titulado "Nadie podría haberlo predicho…", donde dice que esta crisis fue predicha por "algunos economistas" a quienes se les ignoró, nombrando únicamente el caso de Robert Shiller de Yale. ¿Se hubiera citado a sí mismo en caso de que él sí hubiera previsto la crisis? No me extrañaría, pero el caso es que no aparece. ¿Desconoce por completo los exitosos casos de analistas austriacos que predijeron la recesión y alertaron de la burbuja? Lo dudo mucho.

Sin embargo, éstos han sido quienes más sistemáticamente han previsto lo que se avecinaba, y han sabido leer más acertadamente los acontecimientos. Por ejemplo, ahí tienen a Peter Schiff defendiendo a capa y espada la existencia de una burbuja inmobiliaria ante 1.000 agentes hipotecarios, y las nefastas consecuencias de su inevitable pinchazo. Es curioso, porque aplicando la lógica de algunas afirmaciones de Krugman, en las que critica a sus oponentes por obviar totalmente la presencia de burbujas de precios, debería alabar a los austriacos en lugar de denigrarlos, pues fueron quienes alertaron sobre las mismas.

Ahora Krugman critica a sus contrarios como si él hubiera ganado la batalla intelectual, como si la vuelta a Keynes fuera la única salida del atolladero. Pero, ¿dónde estaba él mientras otros alertaban sobre la presencia de la burbuja inmobiliaria y sus negativos efectos futuros? Si me permiten la malicia, Krugman estaba ocupado recomendando a las altas instancias monetarias el crear una burbuja para salir de la anterior recesión.

¿Qué dijo en agosto de 2002 el reputado economista? "Para combatir esta recesión… Alan Greenspan tiene que crear una burbuja inmobiliaria para reemplazar la burbuja del Nasdaq". ¿Y qué dice ahora, en 2009? Al preguntarse cómo Greenspan y Bernanke no se dieron cuenta de la burbuja inmobiliaria, responde: "Puede ser que quisieran celebrar el éxito de sacar a la economía de la recesión de 2001; reconocer que buena parte de ese éxito descansó en la creación de una monstruosa burbuja hubiera estropeado la fiesta".

Asimismo, destaca que la "teoría de los mercados eficientes –que según Krugman asegura que el precio de los activos siempre es el correcto y que no existen burbujas– jugó un papel significativo en inflar la burbuja". Permítanme añadir otro factor que ayudó a desencadenar la burbuja: el mismo Paul Krugman.

División de poderes, ¿dónde?

La teoría de la tripartición del poder en ejecutivo, legislativo y judicial parte de Montesquieu, y se desarrolla con los Padres Fundadores americanos, Benjamín Constant (1767-1830), Guizot (1787-1874) y demás pensadores que habían estudiado la posibilidad de controlar el poder a través de la constitución, hasta llegar a Hayek.

Su fin, salvaguardar los derechos naturales (vida, libertad y propiedad) evitando que el poder político y el legislativo residan en las mismas manos. El objetivo es crear eficaces limitaciones a su ejercicio, pero también marcar con claridad la separación entre quien produce el Derecho y quien ejerce la función política.

La lucha para sustraer a quienes tienen el poder político la potestad de establecer qué es Derecho se configura así como uno de los temas clásicos y constantes de la tradición liberal, distinguiéndola de las demás tradiciones políticas, pues un liberal es extremadamente reacio a atribuir al mismo conjunto de personas el poder legislativo y el poder ejecutivo, y considera que la separación entre estas dos funciones es condición indispensable para garantizar la libertad individual.

No obstante, tanto en el campo político como en el económico, la constante preocupación de los liberales ha consistido en evitar la creación de monopolios, es decir, que una posición de predominio pueda transformarse en una posición permanente de dominación mediante la creación de normas favorables a sus intereses.

Por ello, la función del Estado tan sólo consistiría en garantizar que el intercambio libre de informaciones, bienes y servicios entre individuos. Este modelo tiene como presupuesto y fin que la intervención del Estado en la esfera económico-social sea extremadamente reducida, puesto que un Estado intervencionista implica el riesgo de que quien gane las elecciones se adueñe de la totalidad del poder, sirviéndose así del presupuesto estatal como de un instrumento para acrecentar su propia clientela electoral y hacerla duradera.

Es evidente que tal precepto nada tiene que ver con la realidad política de nuestro tiempo, en donde el jefe del Ejecutivo detenta una gran capacidad de maniobra para modificar y ampliar nuevas leyes con el fin, en la mayoría de los casos, de extender la intervención del Estado en el ámbito socioeconómico.

Una constitución liberal no puede ser, en ningún caso, una constitución programática (como la nuestra) ya que, siendo ésta inmutable, constituye de hecho un despotismo jurídico, pues el tratar de concebir la inmutabilidad de la Constitución como una especie de derecho natural presupone la identidad entre derecho natural y Estado.

Una Constitución de este tipo, de carácter programático, contiene objetivos éticos, políticos y económicos, de forma que ello acaba por legitimar la intervención del Estado en ámbitos que no le incumben. La crítica liberal aquí se centra en la particular concepción del bien común en cuanto a una irrealizable "comunidad de fines", y no sin embargo en cuanto a una "comunidad de normas" que se limiten a especificar los comportamientos.

El principal problema reside así en lograr fijar unos límites eficaces a la voluntad de la mayoría mediante la formación de una Constitución liberal que tenga por objetivo garantizar los derechos y libertades individuales, las normas relativas al funcionamiento de los poderes y sus relaciones y que, finalmente, se base en la distinción entre ejecutivo y legislativo.

Se entiende ahora, por qué el liberalismo se opone a una intervención del Estado en el mercado con el fin de especificar sus propios objetivos, tratando así de separar la función legislativa de la dirección política, y ambas de la esfera de gestión de la esfera económica. En esto consiste, precisamente, la esencia de la tradición liberal en oposición a la tradición democrática, que concibe el Derecho como expresión de la voluntad del pueblo soberano. Para esta última lo importante no es, pues, la defensa de los derechos individuales sino que se logren los ideales de justicia social e igualdad.

Y es que debemos tener en cuenta que la teoría de la división del poder surge en un período histórico en el que el titular de la soberanía (el rey) trataba de aumentar su poder y luchar contra una limitación que le venía impuesta, consistente en la existencia de un Derecho que no había creado ni podía modificar.

En tal contexto, configurado por actores políticos tales como la nobleza, el clero, y la naciente burguesía, se sitúa la génesis de la teoría de la división del poder elaborada por Locke y Montesquieu, así como los constitucionalistas americanos, que la emplean como mecanismo para garantizar las libertades individuales frente a las aspiraciones absolutistas del Antiguo Régimen.

Se trataba del derecho natural y la tradición jurídica, expresada en los "parlamentos", los cuales empezaron a asumir funciones análogas a las de hoy en día, como la posibilidad de establecer y controlar el presupuesto del Estado (no taxation without representation), aumentando así su poder. Sin embargo, y esto es lo importante, tal aumento de poder parlamentario acrecentó la tensión existente entre reyes y parlamentos, los cuales, no debemos olvidar, se constituían como poderes con fuentes de legitimidad distintas e intereses contrapuestos.

Sin embrago, tal situación no tardó mucho en cambiar, ya que el creciente desarrollo económico supuso el surgimiento de una nueva clase política que, al tiempo que reclamaba la participación en la vida política, se autodeclaraba como portadora de la soberanía, lo cual choca y se contrapone con la idea de soberanía tanto absolutista como liberal (soberanía de la ley).

Se trataba de la soberanía popular (soberanía perteneciente únicamente al pueblo) y del inicio de la teoría democrática moderna, donde el ejercicio del poder es reclamado, íntegramente y sin mediaciones ni restricciones, por la mayoría y delegado a sus representantes.

La principal consecuencia de ello es que acaba sucumbiendo la compleja y delicada relación de equilibrio y compensación de poderes propia del constitucionalismo liberal. En su lugar, surge la convicción de que tanto el Gobierno como el Parlamento elegidos por el pueblo, y por lo tanto representantes legítimos del único titular de la soberanía, son también los titulares del monopolio de la producción del Derecho.

Por ello, la tripartición liberal del poder acaba siendo un mero simulacro carente de vacío y de contenido, pues el Estado pasa de ser concebido como un instrumento de garantía a un instrumento para la realización de la igualdad. La principal consecuencia que deriva de ello es que para perseguir el objetivo de la igualdad, entendida ésta como justicia social, se exige una legitimación ética del Estado y, por lo tanto, de la extensión de sus funciones y competencias.

Así pues, la división de poder del constitucionalismo liberal, inspirado en la enseñanza de Montesquieu entra en crisis, confirmándose así sus temores, ya que desaparece la distinción entre legislativo y ejecutivo, así como el fundamental hecho de que la mayoría ganadora de las elecciones se encarga además de gestionar una organización de tipo finalista:

Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura el poder legislativo está unido al poder ejecutivo, no hay libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado hagan las leyes tiránicas para imponerlas tiránicamente. No hay libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Si estuviera unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, ya que el juez sería al mismo tiempo legislador. Si estuviera unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si una única persona, o el mismo cuerpo de grandes, de nobles, o de pueblo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los delitos y litigios de los privados.

Del espíritu de las leyes.

La modernización de la justicia

Recientemente, el Presidente del Tribunal Supremo, señor Carlos Dívar, ha realizado su discurso de apertura del año judicial 2009-2010. Más allá de las palabras retóricas se pudo constatar las intenciones de mejorar los recursos de la justicia española. Sin duda, las líneas de modernización previstas son imprescindibles para la mejora de la justicia: la organización moderna de la oficina judicial, la reestructuración de la planta y de la demarcación judicial, la implantación de las nuevas tecnologías (e-justicia), el seguimiento y la mejora de la actividad judicial, las reformas procesales o el estatuto del juez.

Sin embargo, se comprueba rápidamente que tan necesaria modernización no se producirá al ritmo que sería necesario, observando como el presupuesto dedicado a la Justicia rebasa tímidamente los 1.658 millones de Euros y, por ejemplo, comparándolo con el despilfarro de más de 3.000 millones de Euros dedicados a la ayuda al desarrollo y a la alianza de civilizaciones con las más pintorescas dictaduras del planeta como Bolivia o Venezuela. Por no establecer comparaciones con los recursos presupuestarios dedicados al cheque bebé (1.000 millones de Euros) o con la vacuidad del Ministerio de la Vivienda (1.600 millones de Euros).

En vez de dedicar el presupuesto para garantizar el Estado de Derecho, reducir la burocracia, aumentar la seguridad jurídica o agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales, se dedica el dinero recaudado de los sufridos contribuyentes para utópicas iniciativas de subvención de economía "verde" y "sostenible" con más de 3.000 millones al año o para sostener el agujero negro presupuestario que supone el gasto "social"; un saco roto donde se alojan las ayudas a los sindicatos y organizaciones próximas al partido en el poder a cambio de su paz "social" y caben, especialmente, las prebendas a los artistas.

En estos momentos, llega una cantidad creciente de procedimientos judiciales a los tribunales en forma de juicios de faltas, de familia, de vecinos, mercantiles… Hay que tener en cuenta que ha aumentado la población hasta rebasar los 46 millones de ciudadanos, pero ha aumentado aún más la litigiosidad (3% anual) de modo que por cada 1.000 habitantes se tramitan 185 procedimientos judiciales en España por 120 en Francia y tan solo 75 en Alemania o 50 en el Reino Unido.

Entre las medidas planteadas por el Plan de Modernización de la Justicia es extremadamente urgente la implantación de sistemas informáticos, software y bases de datos ágiles en todas las oficinas judiciales; compartidas y accesibles para las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Dejando a un lado las fisuras constitucionales que merman considerablemente la justicia en España y que ya hemos tratado en anteriores ocasiones, el proceso de modernización será lento y farragoso si el Parlamento no logra aprobar un presupuesto sensato que proporcione los recursos financieros requeridos.

Como alternativas, existen otras iniciativas que permiten introducir el derecho privado en la resolución de conflictos sin necesidad de grandes presupuestos. Por ejemplo, se puede legislar para habilitar a los notarios para que intenten lograr un acuerdo entre las partes enfrentadas con el objetivo de funcionar, de modo similar a los "juzgados de paz" pero actuando como juristas neutrales, asesorando para lograr pactos rápidos y mutuamente beneficiosos entre las partes enfrentadas, para evitar llegar a la vía judicial y reducir el incremento desmesurado de la litigiosidad.

Por otro lado, también se podrían introducir los juicios orales rápidos en los pleitos dentro del ámbito del Derecho Civil, Laboral o Mercantil, para que un juez de carrera decida en procesos sencillos de un modo rápido y en el transcurso de una única sesión con la participación activa de la fiscalía y de los abogados representantes de las partes, lo que reduciría la litigiosidad y debería permitir implementar la jurisprudencia al estilo anglosajón.

Y, puestos a reducir la litigiosidad, resultaría revolucionario legislar la igualdad de potestades entre el ciudadano y el Estado en el ámbito del Derecho Administrativo para que, por ejemplo, los recursos del interesado frente a una resolución administrativa se tramitasen de modo obligatorio con el concurso de un juez y en un juicio oral rápido, de modo que se pudiesen tramitar con rapidez y en igualdad de condiciones para ambas partes, tanto tratándose de expropiaciones o concesiones como pleiteando por desavenencias en el pago de sanciones o por dobles imposiciones tributarias.

Leer más

Cállate

Evidentemente, no guardo ninguna simpatía hacia sus autores, que entre otras cosas muestran su apoyo incondicional a Bibí y su proyecto criminal contra los no nacidos. Pero no puedo dejar de entender la frustración de quien permanece en un partido, quiere cambiarlo y no le permiten siquiera decirlo.

Desde hace tiempo, los gurús de la internete han estado elucubrando con la idea de una "política 2.0" en la que los profesionales de la cosa estuvieran en contacto más directo con sus representados gracias a la nuevas tecnologías y se convirtieran en algo más parecido a los representantes de sus electores, que es lo que se supone que deberían ser. Sin embargo, en Estados Unidos el cambio se ha limitado principalmente a la recaudación de fondos y a la mayor facilidad con la que se organizan los activistas aunque estén dispersos, que está teniendo en las llamadas tea parties contra el aumento del tamaño y el gasto del Gobierno federal su último ejemplo. Pero no parece que los representantes políticos hayan disminuido su autismo.

En España, claro, la cosa es mucho peor. No porque usemos menos internet o le demos menos importancia, que también. Sino sobre todo por el deficiente sistema político consagrado en nuestra Constitución. Votamos a partidos políticos, no a personas (sí, a veces hay que recordar que incluso los políticos pueden ser personas), y son los partidos quienes deciden quienes nos "representan". Con esta estructura de incentivos, el resultado no podría ser otro que la adscripción incondicional al líder del partido en cada momento y el "quien se mueva no sale en la foto", en la excepcional formulación de Alfonso Guerra, imposible de mejorar por su capacidad de síntesis del problema.

Así, cuando los políticos representan a su líder y no a sus electores, las protestas y críticas no es ya que molesten, es que resultan peligrosas. Aquello de la "democracia interna" de los partidos nunca incluyó el derecho a la libertad de expresión conservando el cargo. Internet, en un mundo político como es el español, no puede ser sino un adorno o una molestia. Y así ha sido en general. El PSOE ha incorporado mejor a la blogosfera en su partido que el PP, principalmente porque es más sectaria y acrítica con los suyos que las derechas que escriben en internet. Pero en cualquier caso ambos lo han hecho como adorno. Y cuando se convierte en molestia, reaccionan como quien tiene un mosquito dándose un festín con su brazo. Intentando aplastarlo.

Ahora bien, el mosquito también tiene su parte de responsabilidad. Ha sido siempre parte fiel de esta estructura y sigue creyendo en ella, considerando excepcional el manotazo que ha sufrido. Se puede entender la frustración, pero difícilmente se puede considerar heroico combatir los síntomas pero no la enfermedad.

Nuevo engaño presupuestario

Para empezar, Economía no ha modificado un ápice su cuadro de previsiones macroeconómicas. Un ejercicio fundamental, pues, de él depende el cumplimiento o no de las compromisos presupuestarios. El Gobierno prevé cerrar 2010 con una caída del PIB del 0,3%, aunque "a lo largo del primer semestre nuestra economía tendrá ya previsiblemente crecimientos positivos". Ningún organismo, hasta ahora, se ha atrevido a pronosticar un ascenso del PIB a medio plazo. De hecho, la mayoría de analistas estiman una caída superior al 1% (tres veces superior al cálculo del Gobierno), mientras que los más pesimistas avanzan un desplome del 4% interanual.

Pero como Salgado atisba recuperación en el horizonte, el Gobierno no se arruga al afirmar que la destrucción de empleo se reducirá "sensiblemente" en 2010, de modo que apenas desaparecerán 303.500 empleos, tan sólo un 1,7% de los puestos de trabajo actuales. Por ello, la tasa de paro tan sólo subirá hasta el 18,9% (4,3 millones de desempleados) frente al 17,9% previsto para este año. Baste decir que los datos de Eurostat ya muestran un paro próximo al 19%, y los análisis más serios elevan este índice al 25% a finales de 2010.

La segunda gran falacia reside en el maquillaje de las cuentas públicas. El Gobierno estima que los ingresos estatales aumentarán un 21,2% respecto a la liquidación de 2009, hasta alcanzar 121.627 millones de euros. ¡Habrá que verlo!

Al mismo tiempo, afirma que el gasto no financiero del Estado disminuirá un 3,9%, hasta los 185.249 millones. Con estas cifras, la ministra de Economía se atreve a alardear de "austeridad" cuando, en realidad, todo su departamento sabe a la perfección que el gasto estatal crecerá un 17,3% respecto a los Presupuestos de 2009. Es decir, no existe tal recorte presupuestario, se mire por donde se mire.

El problema es que si se parten de unas estimaciones erróneas el resultado nunca será correcto, por mucho que se trate de ocultar con soflamas políticas de perfil populista. De ahí que su previsión de déficit (8,1% del PIB para 2010) se quedará corto.

A ello, se añade que los Presupuestos incluyen la mayor subida fiscal de la historia de la democracia: unos 11.000 millones de euros que, tras la negociación con los partidos minoritarios de izquierda, podrían verse incrementados en otros 5.000 millones adicionales.

El aumento récord de la presión fiscal y de la deuda pública (hasta el 62% del PIB), unas previsiones macroeconómicas excesivamente optimistas, austeridad presupuestaria nula y unas previsiones de ingresos previsiblemente cortas hacen de los Presupuestos un nuevo caldo de cultivo ideal para agrandar el actual descuadre de las cuentas públicas. El Gobierno ha vuelto a pecar de optimista con el fin de obtener réditos electorales. Por desgracia, su error lo pagaremos todos.

Posner, una nueva víctima de Keynes

Dado que nunca comprendieron el funcionamiento de la economía y los mercados, se contentaron con una moderada transacción entre la libertad y la coacción que enseguida travistieron de ciencia: lo mejor cuando no tienes ni idea sobre un tema es no tomar partido.

Pero el sesgo intervencionista de sus planteamientos no desapareció, y a las primeras de cambio, con la crisis, se han echado al monte. Es el caso, entre otros, de Richard Posner, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y uno de los padres del análisis económico del Derecho.

No es que Posner fuera antes un gran defensor del capitalismo con anterioridad a la crisis. Así, por ejemplo, acusó a alguien tan tibiamente liberal como Milton Friedman de confiar en los mercados más por fe que por ciencia. O, recientemente, reflexionando sobre la muerte del conservadurismo estadounidense, afirmó que su tipo de gobierno ideal se alcanzó durante la era Clinton, momento en el que, entre otras cosas, la presión fiscal se situó en sus niveles más altos desde el New Deal.

Sin embargo, parece que este verano el juez Posner ha concluido algunas lecturitas que tenía pendientes desde hacía unas cuantas décadas y, vaya por dónde, se ha convertido al keynesiasmo. En un propagandístico artículo publicado la semana pasada, Posner nos relata cómo tras la quiebra de Lehman Brothers se planteó leer la Teoría general de John Maynard Keynes, ante la evidencia de que la teoría económica ortodoxa carecía de respuestas y explicaciones para lo que estamos viviendo. Una línea de razonamiento, por cierto, muy similar a la que ya glosamos de Paul Krugman y que acierta en el diagnóstico (los llamados economistas no saben de economía) pero fracasa estrepitosamente en las recetas (hay que volver a Keynes).

Posner, el mismo que acusaba a Friedman de irracional defensor del mercado y propugnaba un análisis más científico de la realidad, se deshace en elogios hacia Keynes, "el mejor economista del s. XX", y su obra, "la mejor guía disponible para entender la crisis". Sorprende el entusiasmo del nuevo converso, sobre todo cuando este reputado economista, a sus 70 años, todavía no había leído un libro tan equivocado pero no por ello menos importante como la Teoría general. ¿Qué fiabilidad merece el juicio de un lector parcial, tendencioso y que abraza casi de manera acrítica un libro tan archirrefutado como el de Keynes? ¿Qué comprensión de los fenómenos económicos podemos esperar que posea? Probablemente la misma que antes de su bautizo keynesiano: ninguna.

Posner expone a lo largo de su artículo la explicación keynesiana de las crisis económicas, que podemos resumir así: la renta de una sociedad puede destinarse al consumo, a la inversión o al atesoramiento; consumo e inversión son actividades productivas que permiten contratar a los trabajadores y poner en marcha la economía; pero el atesoramiento de dinero supone dejar ociosos algunos recursos, de modo que una parte de los trabajadores no encontrará ocupación y tendrá que disminuir su consumo y su inversión, arrastrando así al resto de la economía. Dado que los mercados libres se enfrentan a una incertidumbre inerradicable que los empresarios intentan combatir mediante el atesoramiento de dinero, habrá una parte de la economía que tienda a permanecer pasiva. La misión del Estado es, por un lado, buscar empleo a esos recursos ociosos (mediante rebajas de tipos de interés o incrementos del gasto público) y, por otro, reducir la incertidumbre (de nuevo, garantizando los beneficios al empresariado con proyectos sufragados por el erario público).

Aunque los errores de Keynes son numerosos, y su exposición y crítica nos llevaría más que un artículo periodístico, sí podemos seguir la estela de Posner al sintetizar las tres proposiciones básicas del keynesianismo: a) el consumo es el fin de una sociedad; por tanto, cuanto más se consume, más riqueza se genera; b) el atesoramiento es destructivo para la economía; c) la incertidumbre futura afecta negativamente a la inversión a largo plazo porque los empresarios sólo la combaten mediante el atesoramiento.

La primera de estas hipótesis probablemente sea la más absurda, y sorprende que un tipo como Posner no le encuentre pega alguna. De acuerdo con Keynes, cuanto mayor porcentaje de nuestra renta gastemos en consumir, más productivas serán nuestras inversiones. Así, si los consumidores gastan 90 euros de cada 100, los empresarios recibirán ese dinero como ingresos, lo que a su vez constituirá su renta, que destinarán también en un 90% (esto es, 81 euros) a comprar los bienes de otros empresarios, quienes, a su vez, volverán a gastar el 90% (72 euros) en otros bienes… Al final, pues, si la gente gasta en consumir el 90% de su renta, cada euro que nos proporcione una inversión se multiplicará por 10; en cambio, si por ejemplo la gente sólo gasta el 20%, cada euro sólo se multiplicará por 1,25.

Deberíamos pensar que esta explicación cojea por alguna parte, desde el momento en que reparemos en que si todos gastáramos el 100% de nuestras rentas, en teoría cada euro que proporcionara la inversión debería multiplicarse por infinito; esto es, bastaría que todos dejáramos de ahorrar para que la escasez sobre la Tierra terminase. Pero esto es profundamente antiintuitivo, ya que todos somos conscientes de que si los empresarios dejan de invertir en sus empresas, nuestros bienes de capital se depreciarían, y si las familias dejaran de ahorrar no habría dinero para financiar proyectos de inversión a largo plazo, como viviendas, investigaciones, grandes infraestructuras… Esto es, si todos dejáramos de ahorrar, destruiríamos la civilización.

El truco que emplea Keynes es tan primario, que los que no se preocupan por buscar explicaciones causales y realistas dentro de la economía suelen ser presa fácil del mismo. Básicamente, Keynes se fija en que la Renta Agregada (o el PIB) es igual a consumo + inversión. Así, supongamos que el PIB es 10, el consumo 9 y la inversión 1 (10 = 9+1); parece claro que entonces la inversión es una décima parte del PIB, o lo que es lo mismo, el PIB es diez veces la inversión. Esto le sirve a Keynes para dar un salto al vacío y suponer que si la inversión se incrementa de 1 a 2, el PIB también lo hará de 10 a 20, cuando en puridad pasaría de 10 a 11 (11 = 9+2). El economista de Cambridge confunde las relaciones causales (cada punto de inversión multiplica por 10 la renta) con las funcionales (en estos momentos, la renta es 10 veces mayor que la inversión).

Más consumo no nos llevaría a más riqueza, sino a matar y cocinar la gallina de los huevos de oro. En el fondo de este disparate, sin embargo, subyace la idea de que todo deseo de consumo presente se transforma automáticamente en producción; en realidad, por el contrario, nuestro consumo actual es fruto de la producción pasada, que fue financiada con un volumen de ahorro tan elevado como para permitir, por ejemplo, en el caso de las ventas de coches, que los trabajadores de las minas cobraran hace años sus salarios puntualmente a fin de mes, aun cuando el aluminio que extrajeron en aquel remoto pasado sólo se haya terminado de vender ahora y en forma de vehículo.

La siguiente proposición de Keynes que Posner defiende es que el atesoramiento es no sólo inútil sino perjudicial para el funcionamiento de una economía. La idea es que atesorar dinero equivale a dejar ociosa una parte de los recursos de la sociedad, que se correspondería precisamente con los factores desempleados. Keynes viene a decir: si de cada 10 euros se consumen 7, se invierten 2 y se atesora 1, el poder adquisitivo contenido en los euros atesorados no se empleará para contratar a trabajadores y otros factores productivos, que quedarán por tanto desempleados. Es lo que el inglés llamaba "equilibrio con desempleo".

En realidad, sin embargo, el atesoramiento de dinero cumple funciones muy importantes en la vida empresarial; funciones que resultan insustituibles para su correcto funcionamiento. Primero, es la única manera en que los consumidores pueden protestar contra los empresarios que les ofrecen lo que no demandan: en este caso, el atesoramiento es una manera de forzar la reconversión de la estructura productiva a una más acorde con los deseos de aquéllos. Como decía Jacques Rueff: "Demandar liquidez no es no demandar nada, como creía Keynes; es demandar riqueza que pueda ser monetizada dentro de nuestro sistema monetario. Y, por tanto, como cualquier otra demanda, pone en funcionamiento las fuerzas del mercado". Y, segundo, el atesoramiento equivale a un fondo del que los agentes económicos pueden echar mano para adaptarse rápidamente a los cambios imprevistos. Sin dinero atesorado, las empresas y las familias apenas tienen capacidad para modificar su conducta de manera rápida y para corregir sus errores.

Posner se queja de que los bancos estén "atesorando dinero en lugar de prestarlo", y denuncia que el atesoramiento por parte de las familias "se ha cargado al sector minorista de Estados Unidos". En realidad, no tiene en cuenta que probablemente ese sector minorista era artificialmente grande debido a un crédito al consumo falsamente asequible, fruto de las expansiones crediticias del sistema bancario. No olvidemos que un crédito supone un mayor consumo presente a costa de un menor consumo futuro, y probablemente las familias estadounidenses se hayan dado cuenta de que su renta no se va a incrementar indefinidamente gracias al endeudamiento masivo de la sociedad y prefieran reducir este fuerte desequilibrio temporal. La afirmación de Posner sería tanto como decir que en España los promotores inmobiliarios han quebrado por el exceso de incertidumbre; mire, no: han quebrado porque producían vivienda a unos precios insostenibles.

El atesoramiento sólo es un problema si existen fuerte rigideces de precios que impiden que la economía se adapte al cambio que exigen los consumidores y los inversores. Pero entonces el énfasis de las reformas keynesianas debería situarse no en multiplicar el gasto público, sino en flexibilizar los mercados. Algo que desde luego no sucede, ya que en opinión de Keynes incluso podría resultar contraproducente para la recuperación.

Por último, Posner también rescata la muy keynesiana idea de que la única respuesta que adoptan los agentes económicos ante un incremento de la incertidumbre futura es el atesoramiento. A este respecto, conviene tener presente que Keynes era un economista muy cortoplacista, que no comprendía adecuadamente los mercados de valores y que amasó su fortuna no invirtiendo a largo plazo, sino especulando a corto.

Por las mismas fechas en que redactaba su Teoría general, dos exitosos inversores, Benjamin Graham y David Dodd, publicaban el que probablemente sea el libro más completo sobre este tema: Security Analysis. En él acuñaron el concepto de margen de seguridad de un activo financiero, definido como la diferencia entre el valor intrínseco y el precio de mercado del propio activo. Básicamente, ¿compraría usted hoy un piso de 100 metros cuadrados en la calle Serrano por 50.000 euros? Por muy alta que sea la incertidumbre, seguramente sí lo haría, porque es consciente de que el precio de ese inmueble nunca caerá por debajo de esa cifra.

Ante un estallido de incertidumbre en el mercado, los empresarios no tienen por qué atesorar toda su renta y negarse a invertirla, sino que pueden hacerlo en aquellos proyectos que les ofrezcan un mayor margen de seguridad. La respuesta a una mayor incertidumbre no tiene por qué ser más atesoramiento, sino la exigencia de mejores precios, lo que nos devuelve a la necesidad de eliminar rigideces artificiales en el mercado.

Puede que los especuladores como Keynes se muevan por lo que él llamaba animal spirits y la mentalidad de ganado, pero los grandes inversores a largo plazo, como Warren Buffett o como los directivos de cualquier gran empresa, se mueven por los precios que les ofrece el mercado en cada momento: aprovechan los pánicos como una oportunidad y, como mucho, se limitan a controlar mejor dónde colocan su dinero (¿o acaso las grandes empresas han cesado completamente de invertir en nuevos proyectos durante la crisis?).

Siendo graves todos los errores de Keynes, hay que decir que son destellos de una realidad mucho más compleja que ni el inglés ni por supuesto Posner han llegado a comprender. Keynes se obsesionaba con que la inversión fuera inferior al ahorro, y nunca llegó a plantearse qué sucedería si la inversión superaba al ahorro merced a manipulaciones del crédito. Hoy son muchos los que, como Posner, siguen sin comprender este punto, y por eso se suman a los arúspices-economistas del s. XX que preferían escrutar las tripas de un pollo antes que estudiar la realidad.

71 costaleros, de momento

Con setenta y un costaleros, según señala el auto del magistrado Pedreira, se puede llevar el paso de la última cena de Salzillo de la Semana Santa murciana con dos equipos para ir relevándose, aunque la experiencia nos dice que cuando la justicia le pone la proa al Partido Popular, las consecuencias penales suelen ser raquíticas, y eso en el caso de que se sustancie alguna.

Porque lo cierto es que resulta difícil creer que setenta y un tíos y tías hayan estado trincando pasta ante las barbas apostólicas de Mariano Rajoy, pero sea como fuere, lo cierto es que ya están imputados, y eso, en España, es un baldón que se lleva para casi toda la vida, por más que al final te absuelvan con todos los pronunciamientos favorables.

El papelón más difícil de interpretar va a ser el de los que "pasaban por ahí" y han acabado imputados en el sumario, sin haber cambiado de jaguar ni haber comprado viviendas en las estaciones de esquí más afamadas. La justicia discriminará en su día los honestos de los corruptos, pero de momento todos van en la misma procesión. Y esa es una circunstancia bastante peligrosa, porque alguno de estos puede ponerse a contar cotilleos jugosos de los miles que surgen a diario en cualquier partido político y enredar la madeja todavía más de lo que ya está. Eso sin contar con la típica aparición de la mujer despechada, personaje clásico en estos sainetes, que acaba rematando la pieza y dándole mucha vidilla a todo el asunto.

El Gobierno está encantado con todo este follón, claro, porque es un argumento excelente para que los telediarios gubernamentales cierren el bloque de información nacional y los votantes olviden el desastre económico sin parangón en que nos ha sumido la ineptitud proteica de Zapatero. Entre uno que te roba a través del BOE y otro con la intervención de personajes como los protagonistas de la trama Gürtel, la gente acaba prefiriendo al primero, que además va rasurado. Es sólo cuestión de bigotes.

¡Paren internet!, gritó ZP

La instantánea cuya retirada de internet pidió La Moncloa a la Casa Blanca es una foto oficial en la que ZP decidió posar junto a toda su familia, tomada en el marco de una recepción también oficial que tuvo lugar dentro de un viaje oficial. Si todo es tan oficial, difícil resulta reclamar el ámbito de lo privado.

Aún así tiene derecho a hacerlo, por mucho que resulte ética y estéticamente reprobable la apelación a la intimidad cuando todo se produce dentro de sus funciones como jefe de Gobierno y con coste al erario público. Lo que sí demuestra es falta de inteligencia. Cuando, a diferencia de los más de 130 mandatarios que posaron junto a Obama y su mujer para tomarse una foto similar, decidió colocar a sus hijas menores delante del fotógrafo debería haber sido consciente del tipo de imagen de la que se trataba. Debería saber que el fin de esas fotografías no era adornar la mesilla de noche en el dormitorio presidencial de la Casa Blanca o tener un recuerdo que uno puede comprar a la salida como si se tratara de la montaña rusa de un parque de atracciones.

Si no tuvo en cuenta la naturaleza de la imagen es culpa exclusivamente suya, por lo que sostener que se ha roto un "pacto tácito" con los medios para que no se sepa cómo son sus hijas es un absurdo. La instantánea se publicó en una colección de fotos oficiales destinadas a la prensa de todo el mundo, después de que él no advirtiera al Gobierno de Estados Unidos de que no quería que se difundiera. ¿Acaso pretende que el público español no acceda a una imagen que pudieron ver durante hora y media los internautas de cualquier país en el que haya acceso libre a la red? De hecho, lo publicado por los periódicos de España respeta la intimidad de las adolescentes en cuestión, puesto que han tapado sus caras.

Si a Zapatero le molesta que se vea el cuerpo de sus hijas, así como su evidente falta de gusto con la vestimenta para asistir a una recepción oficial, el problema es suyo. Lo único que logra es que muchos ciudadanos se planteen si el presidente del Gobierno se avergüenza de su descendencia. Si esto es así, sólo él sabrá los motivos. Por mucho que otras personas puedan, acertando o equivocándose, imaginarlos.

Para rematar su falta de habilidad, su intento de parar la difusión de la foto ha logrado lo contrario de lo que buscaba. ZP gritó, simbólicamente, "¡que paren internet!". Y el tiro le salió por la culata. Desde el momento en que la foto sale en un sitio web, ya no puede impedir su difusión por mucho que se retire a la hora y media. Ha habido tiempo suficiente para que unos cuantos internautas se la guarden y la cuelguen en servidores de todo el mundo accesibles desde cualquier ordenador con conexión a internet. Con su patético intento de censurar una foto oficial destinada a la prensa, para la que posó su familia al completo, lo único que ha logrado es que se hable más de ella y que se multipliquen los montajes riéndose de los retratados.

Giro liberal en Alemania

Mientras que Zapatero se empeña en fustigar a las clases medias y bajas con más impuestos que le permitan seguir incrementando al leviatán estatal, los tres grandes partidos alemanes entendieron que la ciudadanía no consentiría subidas impositivas y pujaron a ver quién ofrecía mayores rebajas. El mayor recorte lo ofrecía el Partido Liberal que liderado por Guido Westerwelle entrará en el nuevo gobierno de la mano de Angela Merkel. Detrás venía el CDU, la sección bávara de los democristianos. A los de Bavaria les seguía la matriz democristiana con Merkel a la cabeza, prometiendo una contundente rebaja fiscal e importantes recortes en el gasto público. Cerrando el pelotón de la rebaja fiscal estaba el Partido Socialdemócrata que a pesar de su ideología no barajó en ningún momento una subida de impuestos porque según su líder, Frank-Walter Steinmeier, "subir los impuestos sería catastrófico en esta coyuntura".

Pero la política de saqueo del contribuyente mediante subidas impositivas con el objeto de que el Estado siga engordando y aumentando el gasto mientras la ciudadanía trabaja de contener el suyo también estaba representada. Su líder era nada más y nada menos que Oskar Lafontaine, el Zapatero germano. A pesar de obtener una pequeña subida, su partido, Die Linke (La Izquierda) se queda en torno al 12%. Los Verdes, que parecían secundar la política económica confiscatoria de la izquierda radical (ya saben, la salvación del planeta bien vale alargar la crisis todo lo que haga falta), han obtenido aproximadamente un 10% de los votos.

Parece que los alemanes no son tan dóciles ni masoquistas como los españoles. Menos de una cuarta parte del electorado ha respaldado a partidos dispuestos a aumentarles los impuestos. Allí una subida podría haber provocado una revuelta. Aquí mucho me temo que ni siquiera vaya a provocar movilizaciones sociales ni objeción fiscal. ¿O sí?

Alemania vota contra Zapatero

La primera consecuencia es un cambio de Gobierno. Aunque Merkel seguirá siendo la canciller alemana, nuestro vecino ha perdido cuatro años por las ataduras de la Grossen Koalition y no ha podido ni tomar las medidas más eficaces para vadear la crisis ni adoptar una posición clara frente a problemas de primer orden, como la política de cerrar las 17 centrales nucleares que hay en funcionamiento.

No menos importante que el giro liberal del Gobierno es la crisis en que se sume la izquierda alemana. Los verdes mantienen un apoyo importante y la izquierda neocomunista obtiene un apoyo muy notable. Juntas casi alcanzan la fuerza electoral de los socialdemócratas. En consecuencia, el voto a la izquierda queda muy dividido. No hay un discurso común y parte del esfuerzo de los líderes de estos partidos se tiene que dedicar a ponerse mutuamente como no digan dueñas.

También es llamativo el éxito electoral de los liberales. Los buenos aficionados a la política en Alemania saben que los liberales (el FDP) son conscientes de que ese partido sube cuando su discurso es más auténtico y baja cuando lo traiciona. Y el discurso del líder, Guido Westerwelle, es el más liberal de las últimas décadas. Su éxito, por tanto, es notable pero no sorprendente. Los que se habrán quedado sorprendidos son todos los que hablaban del auge en Europa de la ultraderecha. Los neonazis han quedado incluso por detrás del Partido Pirata.

Merkel ha prometido una gran rebaja fiscal si, como ha sucedido, ganaba las elecciones. Está claro que España se va a quedar atrás, muy atrás, del resto de Europa.