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Educación para la individualidad

No se trata de una nueva asignatura que se proponga para el sistema educativo sino una actitud generalizable y especialmente recomendable para padres responsables tanto como para docentes decentes a fuer de incorrectos. La sociedad abierta, extensa, grande, como se la quiera calificar, necesita individuos que tengan más conciencia de que realmente lo son y menos, mucha menos, conciencia de identidad nacional, grupal, étnica, regional o nacional por muy preexistente o relativamente preferible que sea.

Tales herencias pueden ser buenas para el individuo o menos buenas. Es posible que herede pautas no decididas por nadie en concreto y que tienen un valor, o no, para la supervivencia de más individuos en su ámbito, pero, en todo caso, ha de ser el propio individuo quien revalide la vigencia para él mismo y, tanto si lo hace tras seria reflexión, como si es utilizando el mecanismo de la imitación, ha de apechugar con lo que elija.

Peter Berger habla en The Capitalistic Revolution de la gran sociedad moderna como hija legítima de la conciencia individual que se labró en los albores de la Edad Media británica y, en general, germánica. Habría que añadir, y el mismo Berger no niega esta aportación, la herencia mediterránea grecolatina y judeocristiana. Toda una conjunción de valores compartidos que concluye, en una de sus más importantes derivaciones, en el de no estar obligado a compartir valores. Lo que no quiere decir, y esto contra conservadores y socialistas, que debamos no compartir nada.

La individualidad, vinculada a la propiedad privada o extensa, está, no obstante, amenazada por diversos colectivismos cuyo reciclaje ideológico, en el peor sentido de este vocablo, se gesta en Occidente, cuna del individualismo. Es así que las identidades nacionales de distinto pelaje resaltan la obligación de ser catalán si se es catalán o español si se es español. No es que no se deba ser nada de eso si es lo que el individuo lo elije, pero que se hable o no determinado idioma entra dentro de lo que el individuo debe calcular y, subsiguientemente, decidir sin tener por ello que exigir que los demás subvencionen su deseo o que lo sigan a punta de pistola.

Hoy se estila, en una vuelta de tuerca más del colectivismo, ser aficionado de un club de fútbol y profesar Dios sabe qué identidad. Va tomando cuerpo, es el caso más visible, que tener un gusto por el Barça es estar contra Esperanza Aguirre o que aficionarse al Real Madrid equivale a lanzar puyas contra el afán independentista de Laporta. Ser del Barça y admirar la gestión de la presidenta de Madrid es ser un rara avis, lo mismo que lo inverso. Habría que promocionar esta postura, este atipismo, aunque solamente se trate de un testimonio, de un posicionamiento metodológico que deje claro que el individuo es lo primero, luego el individuo y, después, bastante después, la adscripción grupal parcial o total, permanente o circunstancial, que el individuo adopte y que no compromete a nadie más que a él.

El del fútbol es un mero ejemplo pero el repunte colectivista es un hecho generalizado y fomentado desde las instancias del poder político, no solamente, pero también aprovechando una crisis económica generada en las salas, antesalas y sótanos del mismo.

Por eso hay que reivindicar las actitudes iconoclastas contra la imposición de sets de identidades colectivas y proponer el supermercado identitario variado y cambiante. La educación estatal y obligatoria no ayuda mucho en esto y sería preferible que, si hay docentes como los citados arriba, promuevan el estudio del hombre desde el hombre, desde la subjetividad del mismo, desde el sacro respeto a la del vecino y desde la responsabilidad más rigurosa con las consecuencias de las propias elecciones. Escribió Bertrand de Jouvenel en su Sobre el poder, citando a Ihering, que en la Roma republicana, los senadores, tan graves como si fueran miembros de una asamblea de reyes, practicaban la actitud condensada en la máxima etiamsi coactus, attamen voluit. Estamos lejos, muy lejos de tal rigor en la asunción de la propia libertad y, quizá, no sea necesario tanto para defenderla, pero el punto en que nos hallamos hoy donde nuestras decisiones y exabruptos "identitarios" (vocablo que, en sí, es ya uno) son cargadas a lomos del vecino, sólo pueden acabar en un freno a la propia expansión de la sociedad. Lo único que puede asegurarla es la expansión del individualismo.

El regreso de Mr. Butskell

De 1945 a 1979 la política del Reino Unido se caracterizó por un alto grado de consenso entre el partido conservador y el laborista al coincidir ambos en una amplia gama de objetivos políticos dirigidos a dar apoyo entusiasta al Estado del bienestar y a establecer una economía mixta a base de medidas keynesianas, modelo económico de demanda y régimen de reparto.

Se acuñó la denominación de Butskellismo para definir un modo de gobernar muy similar cualquiera que fuera el partido instalado en el poder, simbolizado tanto por el ministro de Hacienda conservador Rab Butler como por su antecesor en el cargo, el laborista Hugh Gaitskell. Se veía como algo completamente normal el gasto público desbocado, la bondad del mantenimiento de las nacionalizaciones y el otorgamiento de inmunidad y privilegios legales a los sindicatos, a los que se trató con guante blanco por aquella época.

Sin embargo, al término de este periodo la realidad fue que las trade unions camparon por sus respetos poniendo de rodillas a los sucesivos gobiernos de Wilson, Heath y Callaghan. Los violentos piquetes diseñados por Arthur Scargill y la implantación de errados incentivos en las empresas gestaron una aguda crisis de fines de los años 60 que duraría toda la década de los 70. Aquello dejó la economía y la productividad del Renio Unido "hechas unos zorros". Se tuvo incluso que acudir al FMI para solicitar su ayuda.

Margaret Thatcher denunció sin reparos dichas políticas consensuadas de la posguerra como destructoras netas de riqueza. Su llegada al poder supuso un punto de inflexión hacia políticas de privatizaciones, de desregulación y liberalizaciones, atando en corto a los sindicatos e intentando achicar el obeso e ineficiente Estado providencia mediante reducción del gasto público (el austero presupuesto público de 1981 se hizo célebre). Pero lo más importante de todo fue que se cambió de paradigma y de valores dominantes.

Fueron dichas medidas tan efectivas y contundentes para el saneamiento de la economía británica que al variar de color el gobierno tras John Major, el laborista Tony Blair –en su largo mandato como primer ministro– no osó cambiar las directrices principales que había fijado la dama de hierro, conformando una nueva época que vino a llamarse Blatcherismo.

Vargas Llosa, Mendoza y Montaner denunciaron en su brillante libro conjunto El regreso del idiota que la ideología marxista está fuertemente asentada en Latinoamérica y que, pese a sus clamorosos fracasos, volvía una y otra vez a manifestarse en diversas formas y caudillos. Mostraban lo difícil que es –por desgracia– cambiar el rumbo de la política en su sufrido continente. Lo mismo puede decirse de Europa con respecto a la socialdemocracia.

En el Reino Unido la actual crisis económica y financiera va a dar paso, sin duda, a un mayor intervencionismo del Estado en la economía. El laborista G. Brown no desaprovechará, como se ve, dicha oportunidad. Lo malo es que su contrincante, el conservador David Cameron, habla a veces como un perfecto centrista de consenso. Su trayectoria es aún una incógnita. El flamante Obama, por su parte, está tomando los pasos necesarios para europeizar y socialdemocratizar de igual modo a los EE UU.

En España no hemos dejado de padecer nuestro particular Butskellismo desde la época de la Transición (pese al primer interregno aznarista). Hoy está más vivo que nunca. Ante las ocurrencias progresistas de Zapatero, el líder de la "oposición" no hace sino poner paños calientes para amortiguar algunos de los excesos de su rival político pero no representa, desgraciadamente, una verdadera alternativa. Estamos embarcados sin remedio en un nuevo consenso político que calificaría de Zapajoyismo a la española.

La manera en que ninguno de ellos afronta la actual crisis para atajarla con determinación y la coincidencia de ambos partidos hegemónicos españoles en demasiados temas es tan clamorosa que no deja espacio a dudas: se ha instalado en nuestros pagos un paradigma único de pensamiento socialdemócrata redivivo.

Es, básicamente, la implantación de un régimen monopartidista disfrazado de bipartidismo (nacionalismos periféricos aparte) pensado para una sociedad adocenada y dependiente delEstado. ¡Bienvenido Mr. Zapajoy y el regreso de las viejas y gastadas recetas keynesianas de terceras vías!

Renovables, periodismo, verdes y rojos

Pere Rusiñol, en Público, y Rafael Méndez en El País, presuntos investigadores e informadores, más bien parecen mamporreros agitadores de la opinión pública o escribanos a sueldo de poderosos grupos de interés receptores de multimillonarias subvenciones.

Según Público "El lobby neoliberal del PP boicotea a España en EEUU". No dan una: el Instituto Juan de Mariana (IJM) no es un lobby, es liberal (o incluso ultraliberal, como luego reconocen más bien como un insulto), no es del PP (ni nos protegen ni nos alimentan, más bien les damos bastante miedo por ser políticamente incorrectos y poco inclinados a la obediencia política) y no se dedica a boicotear a España (curiosa preocupación por esa entidad discutida y discutible viniendo de los protegidos de ZP).

El sector español de la energías renovables (básicamente eólica y solar y los bancos y grandes fortunas que las financian), parasitario de los contribuyentes españoles, difícilmente puede confundirse con la nación española en su conjunto. Ahora pretenden parasitar al contribuyente estadounidense (el español no da más de sí) y se han puesto bastante nerviosos cuando sus suculentos contratos con Obama se han visto en peligro. Solución: matar al mensajero, acusándolo de antipatriotismo por "la campaña más organizada y dura contra España en el exterior". Qué poderío tenemos.

Muchas de las memeces del artículo de Pere Rusiñol ya están desmontadas aquí. ¿Son simples errores de alguien poco hábil o se trata de mentiras producidas a conciencia para la intoxicación ideológica del lector del panfleto ultraizquierdista? Ese lector intelectualmente tan brillante que produce comentarios tan valiosos como recordar que el delito de alta traición está absolutamente vigente.

Este gran detective es incapaz de ofrecer ni una sola crítica concreta contra los contenidos del estudio, sólo asegura que "ha sido contestado por los expertos salvo los adscritos al campo negacionista". Tras tanto investigar nos quedamos sin saber qué dicen en detalle esos expertos no identificados.

Un presunto "consultor medioambiental de Estados Unidos" asegura que se trata de destruir "la marca España como modelo verde". Aparecen también en esta película la Secretaría de Estado sobre el Cambio Climático, la Fundación Ideas del PSOE, y el Center for American Progress, think tank próximo a los demócratas: claramente todos son partes desinteradas plenamente objetivas y sin ninguna posibilidad de contaminación política.

También está la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), seguramente los más imparciales y altruistas de todos. Según Javier García Breva, uno de sus directivos, muy dolido con el informe, pobrecito, les ha hecho pupa: "Hemos creado una industria nacional con tecnología propia y ahora se daña su imagen. El informe perjudica mucho los intereses de la industria española y nuestra posición de liderazgo mundial". Olvida mencionar que todo lo creado ha sido fundamentalmente gracias a las subvenciones estatales, que han impedido que se desarrollen otras industrias (ellos no son toda "la industria española" por mucho que se crean el ombligo del mundo) y tecnologías más competitivas y demandadas por los consumidores. La burbuja, porque eso es lo que era, ha resultado insostenible, por mucho morro que le echen asegurando que promueven la economía con dicho calificativo.

Según Rusiñol, Aznar "anunció su intención de acompañar a Calzada a la cumbre escéptica de Nueva York". Es que Gabriel Calzada es casi omnipotente: no es que él acompañe a Aznar, sino que Aznar lo acompaña a él, qué fuerte. Pero quien realmente acompañó a Calzada a esa conferencia fui yo, y no lo hice como sustituto de nadie, ya que Aznar iba o no iba, pero lo hacía por su cuenta y sin relación alguna con el IJM. Una característica esencial de la inteligencia es saber distinguir las cosas que son diferentes: en Público parecen no comprender que FAES y el IJM no son la misma cosa y que FAES no ha tenido nada que ver con este estudio.

Eso sí, debo agradecer al señor (por llamarlo de alguna manera) Rusiñol que haya descubierto que, además de miembro del IJM (lo que es cierto y yo ya sabía), resulta que soy liberado de Libertad Digital y no sólo colaborador de opinión. Estoy pensando consultar con mis asesores jurídicos para analizar qué acciones legales tomar ante esta grave situación: no queda claro de qué me han liberado, pero es de todo punto inaceptable que ni siquiera se hayan molestado en comunicármelo.

Por su parte Rafael Méndez asegura que "Un informe encargado por la Administración Obama desmonta el estudio de FAES que atacó la inversión pública en renovables". Son un poco pesaditos con FAES, que está chupando cámara sin merecerlo (en el titular de la noticia ya los han borrado sin reconocer el error).

Podemos estar tranquilos porque "Los expertos de la agencia de Estados Unidos niegan que las energías limpias destruyan empleo". ¿De qué agencia se trata? Del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, que naturalmente depende del Estado: se supone que son totalmente inmunes a la política y su palabra es la verdad oficial.

Según Méndez "En síntesis, Calzada asegura que si toda la inversión pública que han recibido las renovables lo hubieran gastado las empresas habrían creado mucho más empleo". Obviamente la síntesis no es su fuerte: obsérvese como lo público "invierte", pero las empresas sólo "gastan", aunque normalmente son las empresas las que reparten dividendos cuando pueden.

Naturalmente que "crear empleo para juristas o médicos cuesta más que crear empleo para profesionales administrativos o clericales", o como asegura el presidente de la Asociación Empresarial Eólica, José Donoso: "Si se trata de ver cuánto cuesta cada empleo, que el Estado nos dé a todos un trozo de madera y un cuchillo y hagamos zuecos. Así cada empleo sale muy barato". Hay sectores industriales que utilizan más capital (tecnológico o humano) y otros que utilizan menos. En este caso el Estado ha decidido fomentar empleos más intensivos en capital: curioso esto de los rojos declarados favoreciendo a los capitalistas, algo no encaja. Donoso quizás no entiende que la alternativa a que el Estado cree empleos caros no es que el Estado cree empleos baratos, sino que el Estado no interfiera en la creación de empleos del sector privado no protegido, que es el que realmente sirve de forma competente y honesta a los ciudadanos.

Como el lector del antiguo diario del gobierno socialista quizás no es tan descerebrado como el de su actual panfleto de propaganda, Méndez al menos ofrece algunos argumentos: lástima que todos sean profundamente defectuosos y sólo aptos para incautos.

Sí que es cierto que el sector de renovables español exporta mucho (o lo hacía, habrá que ver qué pasa con la crisis): cuando te subvencionan en casa y te subsidian fuera el negocio es redondo. También producen un porcentaje considerable de la energía eléctrica, pero lo hacen al precio más caro de todas las alternativas disponibles. Se evitan importaciones de combustibles fósiles, lo cual es positivo si uno considera que el comercio internacional es malo y la autarquía buena. Tal vez al haber sido de los primeros en el mundo el sector español de renovables algún día sea el más competitivo de todos: pero sólo tal vez (los niños sobreprotegidos suelen acabar malcriados), y olvidando que otros sectores se habrán visto castigados al tener que costear esos privilegios. Si triunfaran a gran escala, ¿se les exigiría que devolvieran todo lo que recibieron como ayuda?

Por último, que todas las energías recibieran en su momento o sigan recibiendo subvenciones no implica que esa situación sea justa ni eficiente: es simplemente la típica estupidez igualitarista.

Cambiemos la cerradura

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.

De esta forma comienza el preámbulo de la constitución del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario de Bolivia (sic), una constitución redactada a mano alzada por los grupos indigenistas que apoyan a Evo Morales y su Movimiento al Socialismo, que atribuye al Estado la propiedad de los recursos naturales susceptibles de explotación, incluye en el sistema de salud pública los ritos curativos tradicionales y en el de justicia las tradiciones indígenas para castigar delitos, establece como principio transversal el resarcimiento del daño causado por la "colinización" española y permite a su actual presidente perpetuarse en el poder indefinidamente a imitación de su padrino venezolano.

Todo un ejemplo de democracia moderna, como se ve, que la izquierda española aplaude a rabiar cuando su protagonista se da una vuelta por la odiada metrópoli para insultar a sus habitantes. Pero por debajo de las apelaciones a la Pachamama y de los carísimos trajes de diseño con aires precolombinos, Morales ha venido a cobrar la deuda que la propia izquierda española se ha ofrecido siempre a satisfacer para lavar su absurda mala conciencia. Setenta millones de euros setenta es lo que se lleva para Bolivia en concepto de condonación de su deuda exterior con España. Una pastizara que todos los contribuyentes tendremos que financiar, para que Evo Morales nos perdone por haber llevado la civilización a las tierras andinas. No lo hará, claro, porque como miembro destacado de la extrema izquierda populista, sabe muy bien que el odio al capitalismo y a la civilización occidental proporciona grandes apoyos políticos y financieros entre la izquierda española, tan populista como la hispanoamericana cuando no más radical.

Y como cada vez que hay un sarao izquierdista, Gallardón se ha sumado a este espectáculo lamentable de desfondamiento nacional entregándole al cobrador del frac de alpaca las llaves de la ciudad. Las de su casa no, claro, que no está la economía para cambiar cerraduras cada dos por tres. Ahora bien, una cosa hay que reconocerle al alcalde madrileño: su vista de lince para ganar apoyos a la candidatura olímpica de Madrid. Con Chávez y Morales damos un paso de gigante. En cuanto venga Ahmadineyad las olimpiadas están en el bote.

Sí había alternativa

Se nos dijo en aquel momento, cuando las obscenas reuniones entre políticos y banqueros se extendían con sorprendente descaro por todo el orbe, que no había alternativa, que era necesario recapitalizar a la banca –a toda la banca– para evitar males mayores.

En Estados Unidos fue una mentira difícil de digerir y llegó a costarle una humillante derrota en la Cámara de Representantes a George Bush. En España coló con la habitual mansedumbre que nos caracteriza; la izquierda les regalaba carretillas de dinero a los banqueros y a sus compinches de las cajas, mientras el proletariado nacional, ése que según nuestro ínclito presidente del Gobierno no va a sufrir las consecuencias de la crisis, y la derecha, ésa que debe articular una alternativa liberal-simpática al fiasco socialdemócrata actual, se plegaban ante la "única política económica posible". Pero, ¿realmente era la única posible?

En el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana hemos publicado un extenso análisis del derrumbe del sistema financiero internacional hace ahora un año. De él se desprende que había al menos dos alternativas al rescate del sistema financiero tras la quiebra de Lehman.

La primera, y más evidente, es no haber generado la crisis, esto es, haber eliminado todos los incentivos para que todas estas entidades se endeudaran masivamente a corto plazo con la finalidad de invertir a largo plazo. La iliquidez que arrastraban la banca, las aseguradoras y las agencias hipotecarias en su balance era de tal calibre que si acaso sorprende que no quebraran mucho antes.

Para que nos hagamos una idea, la mayoría de los bancos estaban apalancados más de 30 veces sobre su capital. Sería como si a una persona que sólo tiene en propiedad 10.000 euros, se le concediera una hipoteca de 300.000 euros. Pero el asunto era aún peor, ya que más de la mitad de ese dinero recibido a préstamo vencía a corto o a muy corto plazo; ¿se imagina que cada semana o cada día tuviera que renegociar 150.000 euros de su hipoteca? Mas los problemas no terminaban aquí: partes muy sustanciales de ese dinero se invirtieron no sólo a largo plazo, sino en activos cuyo valor estaba tremendamente inflado: como si usted hubiese utilizado los 300.000 euros para comprar un inmueble que dentro de unos años valdrá 150.000 euros.

La situación era dramática y en drama se tornó. Cuando las inversiones de Lehman comenzaron a pinchar, sus acreedores a corto plazo dejaron de renovarle los préstamos y el banco de inversión se vio obligado a echar el cierre, generando un pánico sobre el resto del sistema financiero que a punto estuvo de costarle la vida de no ser por la onerosas inyecciones estatales de dinero.

Por consiguiente, la manera más clara de haber evitado esta situación habría sido no generándola, esto es, eliminando los enormes incentivos que existen para que los bancos se endeuden a corto plazo e inviertan a largo, provocando el ciclo económico. Básicamente, como decía Alan Greenspan en sus tiempos más honestos, volver al patrón oro para evitar que los bancos centrales puedan inflar artificialmente el crédito y crear burbujas sobre todo tipo de activos.

Sin embargo, en pleno 2008 esta alternativa servía de más bien poco. La crisis estaba ahí y había que encararla de alguna manera. Los gobiernos optaron, como decía, por recapitalizar la banca para evitar que quebrara, y nos juraron que no cabía otra posibilidad. Pero mintieron.

Habría bastado con que los acreedores del sistema financiero hubiesen convertido, en el peor de los casos, el 8,5% de sus créditos en acciones para que toda –repito, toda– la banca estadounidense hubiese evitado la quiebra sin necesidad de meter un solo dólar del contribuyente. Situación bastante parecida a la española, con la salvedad de que este proceso habría implicado que los políticos renunciaran a sus chiringuitos, privatizando las cajas de ahorro.

La estrategia de convertir deuda en acciones es muy habitual en los procedimientos concursales. Aquellos acreedores que confían en la viabilidad del negocio, en lugar de liquidarlo aceptan pasar a ser sus propietarios. Lo mismo podría haberse hecho con el sistema financiero internacional: si yo hubiese prestado 100 euros por ejemplo a Citigroup, éste me debería haber devuelto 91,5 euros y los 8,5 euros restantes me los habría pagado en forma de acciones del banco; una vez evitada la quiebra, el banco habría podido volver a generar beneficios, con lo que el precio de sus acciones habría aumentado, y yo sólo tendría que haberla vendido para recuperar el monto total de mi préstamo.

De hecho, en la práctica es muy posible que hubiese hecho falta bastante menos dinero que el 8,5% de los pasivos de la banca para recapitalizarla. Al fin y al cabo, numerosos bancos llevaron a cabo importantes ampliaciones de capital que podrían haber sido incluso superiores sin la intervención pública. No en vano, por lo que ha trascendido de la reunión del 13 de octubre de 2008 entre el secretario del Tesoro, Henry Paulson, y los principales bancos de Estados Unidos, la mayoría de éstos sólo aceptó el dinero público bajo amenaza del propio Paulson. Es más, el consejero delegado de uno de los mayores bancos de Estados Unidos, Wells Fargo, no ha ahorrado críticas al plan de rescate público de la banca, por considerar que redujo enormemente el margen de maniobra de las entidades para recapitalizarse en el mercado.

Desde luego, no puede decirse que el rescate público fuera un éxito. En un momento de contracción y restricción crediticia, dio paso a la emisión de cientos de miles de millones de dólares en deuda pública, lo que redujo todavía más el crédito disponible para el sector privado. Y todo para salvar sin criterio alguno a una gran cantidad de entidades con problemas, convalidando con nuestro dinero las buenas pero también las malas inversiones que hubiesen realizado.

Los políticos justificaron sus planes de rescate en la promesa de que volvería a fluir el crédito, pero éste sólo se empantanó aún más, provocando, entre otros, el derrumbe del consumo a crédito y trasladando la crisis a la economía real. Fue este fenómeno, erróneamente asociado con una crisis de demanda, el que dio alas a los demagogos keynesianos para proponer todo tipo de programas de estímulo que sólo han hecho que lastrar la recuperación y generar un endeudamiento propio de tiempos de guerra que, siendo optimistas, terminarán pagando nuestros nietos.

La mala intervención pública inicial –las expansiones crediticias de la Reserva Federal– dieron lugar a nuevas intervenciones –rescate de la banca–, que a su vez favorecieron aún más intervenciones estales –planes de estímulo keynesianos–, a cada cual peor. Había alternativas más orientadas hacia el mercado, pero ninguna de ellas se siguió. Porque para la mayoría de los políticos, de lo que se trata en esta crisis no es de recuperarnos, sino de estrangular la libertad, incrementar su poder, gastar a manos llenas, hiperregular el mercado y entonces, sólo entonces, no entorpecer la recuperación. Pero sí, el culpable de todo esto es el sistema capitalista. Qué duda cabe.

Sociedad del desconocimiento

Con este proyecto, el presiente del Ejecutivo pretende, una vez más, vender humo, sólo que a precio de oro. La nueva Ley de Economía Sostenible, más allá de escandalosa improvisación, restaura el dirigismo estatal en la inversión exterior, propio del régimen franquista, e impulsa a golpe de decreto el modelo energético más caro e ineficiente que existe en la actualidad (energías renovables).

Su coste estimado: 20.000 millones de euros. Un dinero que saldrá del bolsillo de los contribuyentes, ya que el proyecto abre la puerta a la creación de nuevos impuestos verdes para poder financiar tal despilfarro de recursos públicos.

No es algo nuevo. Hoy es la "economía sostenible" –más bien, insostenible–, ayer fue la "innovación y el desarrollo" mediante las políticas de I+D+i. En 2005, apenas un año después de llegar a La Moncloa, Zapatero también anunció a bombo y platillo un ambicioso plan de inversión pública para fomentar la innovación, dotado con 2.800 millones de euros. El objetivo entonces era situar a la "sociedad del conocimiento" como eje vertebrador de la nueva estructura económica.

Cuatro años después, los resultados no pueden ser más claros. Según el Indicador sobre Innovación, que elabora la Comisión Europea, España ha perdido peso en innovación tecnológica durante la pasada legislatura. En concreto, bajó un puesto en el ranking tecnológico mundial en 2007. España con 0,31 puntos apenas supera a países de la talla de Malta (0,29), Lituania (0,27) o Hungría (0,26), y se coloca justo por detrás de Chipre, cuyo indicador tecnológico alcanza el 0,33. De este modo, España se aleja de la media comunitaria en materia de innovación, con 0,45 puntos en 2007.

Muchos pensarán que el esfuerzo inversor del Gobierno ha sido insuficiente en esta materia, pero los datos muestran una realidad distinta. El gasto público de España en innovación no es muy inferior a la media de la UE: 0,51 puntos frente a 0,65, respectivamente.

La clave reside en la falta de inversión privada. Es aquí donde las diferencias, simplemente, se disparan: 0,61 frente a 1,17 puntos de media europea; gasto empresarial en innovación (0,94 frente a 2,15); empleo en servicios de alta tecnología: (2,68 frente a 3,26 de la UE); exportación de productos tecnológicos (4,7 frente a 16,7); número de patentes en la UE (30,6 frente a una media europea de 128 por millón de habitantes); número de patentes en EEUU (6,5 frente a 52,2 por millón).

Es decir, hoy por hoy, España no es un país atractivo para que el capital privado invierta en I+D. Y es que, a diferencia de lo que piensa Zapatero, son las empresas, no el Estado, las impulsoras de la innovación para mejorar sus productos, incrementar sus ventas y lograr beneficios. Véase, por ejemplo, el caso de Microsoft que, pese a la crisis económica, recluta a cientos de universitarios cada año para mejorar su capital humano. ¿Sueldo? Hasta 6.000 dólares al mes, siendo simples becarios. Por el contrario, el único incentivo del Gobierno en esta materia consiste en vender su proyecto a la opinión pública para ganar votos.

Lo privado y lo público siguen estrategias distintas, ya que responden a intereses opuestos. No obstante, apenas cuatro años después, Zapatero está dispuesto a recortar el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación ante la necesidad de reducir el déficit público que él mismo ha generado. Por desgracia, ya tiene en mente un nuevo proyecto, el de la "economía sostenible", mucho más costoso que el de I+D, para tratar de engañar al electorado con falsas promesas.

La inversión en innovación y desarrollo, factor clave para la productividad de un país, no crece a base de gasto público, sino generando las condiciones idóneas para atraer capital privado (inversiones), multinacionales (empresas) y talento (recursos humanos de alta cualificación). En realidad, no es tan difícil. Tan sólo es necesario sustituir las ingentes subvenciones públicas que se malgastan en proyectos inútiles (léase con atención este ejemplo) por la reducción de trabas, impuestos y burocracia. Es cuestión de dar facilidades a la iniciativa privada, cuantas más mejor.

Curiosamente, el Gobierno socialista ha hecho justo lo opuesto. Y es que, la nueva Ley del Medicamento que aprobó en 2006 la actual ministra de Economía –entonces responsable de Sanidad–, Elena Salgado, asestó un duro golpe al sector farmacéutico nacional, líder de I+D en España. Debido a esa norma, las empresas dejaron de invertir 1.500 millones de euros en I+D hasta 2010. Dentro de cuatro años, quizá menos, hablaremos del rotundo fracaso de la nueva Ley Verde.

De consultas y reformas

El pasado domingo se produjo un hecho revelador. Se convocó a una consulta a los ciudadanos de un pueblo de 8.000 habitantes para saber qué les parece la independencia de Cataluña. Ante el escándalo de muchos, a mi me parece estupendo que un alcalde o corporación municipal decida preguntar a sus convecinos lo que le considere conveniente. Como si se interroga a todos los pueblos de Cataluña. Una consulta sirve para obtener una impresión general de la opinión de los vecinos acerca de un tema concreto. Y, en este caso, la primera conclusión es que la gente de Arenys de Munt, el pueblo en cuestión, tiene mejores cosas que hacer un domingo, porque más de la mitad del pueblo no se molestó en acudir a la convocatoria. Más o menos, porque por lo visto la organización no ha tenido acceso al censo oficial y maneja cifras estimadas, así que tampoco está claro.

Lo grave no es saber qué opina la gente sea de lo que sea, sino que la justicia española había declarado ilegal la consulta. Incluso si no se está de acuerdo con la decisión judicial, hay que cumplirla. Eso dicen cuando se trata de resoluciones que convienen a determinados sectores. De lo contrario, no somos iguales ante la ley. Así que si Arenys de Munt puede consultar ilegalmente porque la independencia de Cataluña es anticonstitucional, ¿por qué no consultar a los ciudadanos acerca de otras cuestiones igualmente anticonstitucionales? A saber: preguntemos cuánta gente cree que el Holocausto es una invención; si los gitanos deben vivir entre los payos; si las mujeres deben cobrar el mismo sueldo que los hombres a pesar de las alteraciones físicas propias de su condición; si se debe considerar como ciudadano de segunda a aquel de higiene descuidada; o si es conveniente seguir pagando a la familia real una asignación, o deben hacerlo solamente los monárquicos. Impensable y, sin embargo, son casos similares.

La cuestión de Arenys de Munt es que es revela un hecho evidente como es que los independentistas han tomado nota de la necedad de los políticos, incapaces de tomar cartas en el asunto, y han decidido presentar hechos consumados: embajadas catalanas, mapas incompletos, libros de historia segados, imposición del catalán, y las consultas populares como palabra de Dios, te alabamos Señor.

Lo suyo sería que nuestros políticos le echaran un poco de valor al tema y se decidieran a reformar la Constitución para dejar claro qué posibilidades tienen los independentistas, de manera que el argumento de la obsolescencia de nuestra Carta Magna desapareciera. No entro en el tema de la reforma general del carísimo Estado de las Autonomías para simplificar la cuestión. Lo que planteo es que se ofreciera a los ciudadanos un debate real acerca de la unidad de España o las condiciones para la secesión. Por ejemplo, si hay muertos y coacción armada por medio, las consultas están sesgadas por la violencia. ¿Dejarían las armas los asesinos de ETA o se inventarían nuevos motivos para matar?

Un ejemplo a seguir es de la plataforma guatemalteca Pro-Reforma. Con Manuel Ayau al timón, y un buen número de seguidores, esta plataforma ha presentado en el Parlamento de Guatemala un proyecto de reforma constitucional basado en la igualdad ante la ley de todas las personas, la defensa de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Por supuesto, a partir de ahí, realizan un exhaustivo análisis de cómo y de qué manera se debería reformar el sistema político para acabar con los males del país: la violencia y la pobreza. Ni que decir tiene que no hay subvención de por medio, que el proyecto está financiado con aportaciones privadas y la campaña la llevan a cabo voluntarios (jóvenes en su mayoría). El objetivo es persuadir a un número crítico de ciudadanos, primero, y de diputados, después, para lograr que se acepte el proyecto. A quienes tenemos la fortuna de conocer a Manuel Ayau y a todos los amigos de la Universidad Francisco Marroquín, no nos sorprende esta iniciativa. Simplemente me pregunto ¿para cuándo una plataforma Pro-reforma en España? Conozco varias iniciativas que quedan en esfuerzos minoritarios sin apoyo real de una masa crítica de personas. Parece que en España nos quedamos en las elucubraciones intelectuales de salón y no nos ponemos manos a la obra.

Le falta coraje político a los políticos y nos sobra apatía a los ciudadanos. Y mientras miramos al horizonte dándoles vueltas a una idea, otros pueblos como Arenys de Munt se saltarán el mandato judicial y preguntarán a su gente si Cataluña debe independizarse o no. Y no pasará nada.

Una de cal y otra de arena

A lo largo de sus respuestas al periodista, el político socialista también revela que sigue sin tener ni la menor idea de cómo hemos llegado a tener el modelo económico que tenemos ni por qué estamos sufriendo esta crisis.

Lo primero es más cierto de lo que parece a simple vista. Los políticos de izquierda se sienten muy a gusto con las subidas de impuestos. Yo casi diría que es casi consustancial a ser de izquierdas. Después de todo, les define el intento de igualar a los individuos por medio de la redistribución y qué mejor forma de hacerlo que subiendo los impuestos. Claro que si fuera necesario, lo de bajar los impuestos también podría ser de izquierdas. Entre otros motivos porque las bajadas de impuestos pueden ayudar a ganar elecciones con lo que de vez en cuando, aunque no sea lo que a un político de izquierdas le pide el cuerpo, bajar los impuestos puede resultar aceptable.

Pero es que el "también" de Chaves podría estar refiriéndose a que subir los impuestos conjuga con ser de izquierdas y también con ser de derechas. Si eso es lo que quiso decir, puede que no le falte razón. A los políticos les gusta subir los impuestos, punto. Un político decidido a bajar los impuestos para devolver poder de decisión y libertad a los ciudadanos es una rara ave en medio de un estercolero, una especie en verdadero peligro de extinción. Aunque por fortuna todavía quedan algunos.

Por otro lado, Chaves asegura que el modelo de crecimiento basado en el ladrillo "es consecuencia del sistema de mercado". En el fondo de este argumento subyace la idea de que por más que el Gobierno socialista ha tratado de trasformar el modelo desde que llegara al poder hace más de cinco años, el libre mercado ha logrado imponer sus malévolas reglas. Desde luego, lo contrario está mucho más cercano a la verdad que lo que asevera este dinosaurio de la política. El urbanismo es junto a la agricultura y al sector financiero, la parte de la economía en la que menos pinta el mercado. Desde la ley del suelo hasta los planes generales de urbanismo, el ladrillo está dirigido con un poderoso mando a distancia desde el Palacio de la Moncloa y los diferentes palacetes regionales. El estímulo financiero del modelo del ladrillo se consiguió gracias a la expansión artificial del crédito llevado a cabo a golpe de bajadas de tipos de interés que el mercado no ofrecía y que políticos con el perfil de Chaves impusieron. Para colmo, todo ese crédito político al sector del ladrillo se materializó principalmente gracias a la labor de las cajas de ahorro, unas opacas instituciones financieras que actúan al margen del mercado y son dirigidas por marionetas de los mandamases de turno en cada comunidad autónoma.

En fin, se ve que tanto tiempo manejando a su antojo las cajas de Andalucía y aprobando planes territoriales de urbanismo no le han servido a este señor para entender lo más mínimo sobre este sector. Al menos acierta en lo de los impuestos. Una de cal y otra de arena para construir el socialismo español del siglo XXI.

Una vida que vale millones de vidas

A instancias del Gobierno de México, y con financiación privada de la Fundación Rockefeller, Borlaug y su equipo comenzaron a cruzar distintas variedades del trigo y lograron una variedad resistente a la roya, una enfermedad fúngica que diezmaba la cosecha. Sólo con ello, Borlaug logró un aumento de la productividad de entre el 20 y el 40 por ciento. La segunda aportación consiste en la obtención de unas variedades semienanas con un alto índice de cosecha y con una gran adaptación a condiciones muy diversas. Borlaug, además, introdujo una nueva técnica para acelerar el proceso de mejora: obtener dos generaciones anuales, con lo que el tiempo se reduce a la mitad.

Su proyecto arrancó en 1943, y en sólo once años permitió que México pasase de ser deficitario en este cereal a ser autosuficiente. En la primera mitad de los 60 introdujo nuevas variedades de trigo que permitieron que la producción mundial se multiplicase.

Su ejemplo, y sus métodos, se transplantaron en el cultivo del arroz y se obtuvieron variedades que, por tener el ciclo más corto, una mayor resistencia a plagas y enfermedades o una floración independiente de la duración del día, entre otras características, lograron resultados espectaculares. Como resultado de la "revolución verde", la producción mundial de grano pasó de apenas 700 millones de toneladas en 1950 a 1.900 en 1992, con una superficie cultivada similar. Borlaug ha muerto cuando daba todavía su impulso, ya nonagenario, al proyecto Global 2000 Africa, que pretende llevar a ese continente los métodos aplicados con éxito en América y Asia.

En los 80 se desarrolló una segunda revolución verde debida a las variedades "modificadas genéticamente", y que ha recibido incluso mayor oposición que la primera. Especialmente por parte de los ecologistas, a pesar de que, como ha recordado recientemente Francisco García Olmedo, la obtención de variedades resistentes a plagas o a enfermedades gracias a la modificación genética "contribuye al doble objetivo de aumentar el rendimiento y permitir una agricultura más limpia, al ahorrar cantidades significativas de productos agroquímicos". Borlaug, también en este aspecto, ha defendido a la ciencia frente a los supersticiosos antiguos y modernos.

Borlaug ejemplifica el triunfo de la tecnología, de la aplicación de la ciencia y de la razón a la vida. Sus resultados se cuentan en decenas de millones de personas a las que se ha rescatado de una muerte segura por inanición. Norman E. Borlaug es el contraejemplo de los ecologistas, el triunfo de la civilización y el progreso, frente a la pretensión de volver a una humanidad prístina, breve y brutal.