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Verde, que te quiero verde

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo cierto es que cuando se atizó el fuego, las llamas alcanzaron a muchos sectores económicos, y entre ellos al de las tecnologías de la información. Así que algunos de los rescoldos antes referidos sobreviven en este sector, pues los principales fabricantes siguen interesados en el asunto. Todos ellos, se dediquen a ordenadores o routers, a módems ADSL o a teléfonos móviles, tienen en común un repentino y nada espontáneo interés por mostrar su conciencia ecológica, sobre todo en lo referente al ahorro de energía.

Ocurre que si hay algo que caracteriza a las TICs es el bajo consumo energético. Donde los restantes ingenieros usan con facilidad los watios y kilowatios, los informáticos y los telecos no pasan del miliwatio. Con lo que consume una bombilla normal, se pueden mantener 60 líneas ADSL. Las tan temidas antenas de telefonía móvil emiten, desde sus alturas, a 120 watios, cuando cualquier microondas en nuestra protegida cocina supera con facilidad los 1000 watios de consumo. Vamos, que en consumos energéticos, las TICs están varios órdenes de magnitud por debajo de otras tecnologías domésticas e industriales.

Dicho esto, es evidente que todos los consumos se pueden reducir y que siempre es preferible un aparato que consuma menos a igualdad de funcionalidad. Pero esa no es la cuestión: la cuestión es si merece la pena dedicar tantos recursos a este asunto o si sería preferible destinarlos a mejorar la capacidad de las tecnologías móviles o la facilidad de uso de los ordenadores.

No me corresponde a mí esta recomendación, sino al mercado soberano. Y, sin embargo, tengo la sensación de que estos recursos se están dedicando a las TICs "verdes", pese a la indiferencia del mercado, y con el único interés de quedar bien ante la clase política, capaz con sus sugerencias de canalizar los recursos escasos incluso hacia los lugares más inesperados.

Tarde o temprano, el experimento mostrará sus resultados. Entonces sabremos si las inversiones en innovación para ahorrarse unos miliwatios y poder poner un sellito en el aparato eran de verdad razonables. Porque, en el mercado libre en que a ellos les toca competir, no podrán recuperar estas inversiones a menos que el consumidor final consideré que, realmente, ese ahorro energético tiene valor. Sí, el mismo consumidor que se deja la tele y la luz encendida y el portátil abierto encima de la mesa es el que tiene que sancionar con su dinero ese incremento de utilidad.

Lo cual nos lleva, por supuesto, al verdadero problema en todo esto: la regulación de precios de la energía, y no el patético ahorro de consumo que se pueda conseguir en una línea ADSL tras dos años de investigación.

El déficit fiscal de los españoles

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero dejando este detalle al margen, el debate sobre el déficit fiscal y la solidaridad territorial revela la incoherencia (o la hipocresía) de casi todos los contendientes: por un lado, de los nacionalistas izquierdistas como ERC o el PSC y los liberales nacionalistas como Sala-i-Martín y otros libergentes que utilizan el déficit fiscal como ariete, y por otro lado, de los liberales populares que invocan la solidaridad territorial entre las comunidades autónomas.

Cataluña, para empezar, no padece ningún déficil fiscal. Tampoco Madrid. Ninguna de las dos comunidades "trabaja" y "paga impuestos" como tal, lo hacen los catalanes y los madrileños. Algunos ciudadanos y familias tienen déficits fiscales y otros superávits fiscales. Los contribuyentes netos, aquellos que reciben del Estado (en forma de servicios o subsidios) menos de lo que aportan en impuestos, tienen un déficit fiscal con respecto al Estado que les sitúa en la misma posición que Cataluña vis a vis el gobierno central. Si es una injusticia que Cataluña pague más en impuestos de lo que recibe en gasto, ¿por qué no es una injusticia que un catalán particular pague más en impuestos de lo que recibe en servicios? Llaman expolio al hecho de que un Gobierno central gestione los impuestos de Cataluña y arguyen que debería ser la Generalitat la encargada de administrarlos. Pero siguiendo este principio, ¿no estaría expoliando la Generalitat a las familias catalanas? ¿No debería cada individuo gestionar sus propios ingresos, que por algo son suyos?

El argumento del déficit fiscal, llevado a sus últimas consecuencias, pone en cuestión el concepto de la progresividad fiscal y los impuestos en sí mismos. Si tanto molesta a los nacionalistas de izquierda que el dinero de Cataluña vaya a parar a Andalucía, ¿con qué autoridad moral exigen que unas personas paguen un tipo impositivo marginal más alto? La insistencia de los nacionalistas liberales en el déficit fiscal de la "nación", en lugar de aludir al déficit fiscal de las familias e individuos, hace sospechar que no les importa tanto la reducción del gasto público y el poder del Estado como quién o dónde lo gestiona.

En el lado de los españolistas liberales a menudo también se observan contradicciones. En oposición a los anhelos nacionalistas de una mayor autonomía y las protestas por el déficit fiscal, blanden la carta de la "solidaridad territorial". Es de justicia, dicen, que las comunidades más ricas sean "solidarias" con las más pobres. Pero de nuevo, la regiones no son solidarias, lo son las personas, y la solidaridad no se practica con dinero ajeno sino con el propio. Un liberal debería desechar esta retórica redistribucionista y defender que cada individuo ayude voluntariamente a quien quiera. Corresponde a cada catalán decidir si quiere dar caridad a Andalucía.

Quienes apelan a la solidaridad territorial asumen, además, que los subsidios a los gobiernos de Andalucía o Extremadura benefician a estas comunidades. En realidad son un lastre para su crecimiento económico, al dotar de fondos adicionales a unas administraciones anquilosadas que deberían adelgazar y poner menos trabas al sector privado. No olvidemos las enseñanzas de Peter Bauer y otros economistas del desarrollo: la ayuda externa a los gobiernos de países pobres no contribuye a su progreso, sólo sirve para agrandar el Estado y asfixiar el mercado. La "ayuda externa" a las comunidades autonómas tiene el mismo efecto.

En esta línea sí hay una buena razón para profundizar en la descentralización fiscal autonómica: favorecería la competencia entre administraciones y el "voto con los pies" de empresas y trabajadores. Si la Junta de Andalucía agobia a las empresas y ciudadanos con impuestos y regulaciones, y no recibe ningún rescate de las comunidades ricas, se hundirá económicamente y sufrirá un éxodo que la empujará a reaccionar. Si la Comunidad de Madrid reduce impuestos y regulaciones atraerá empresas, inversiones y trabajadores de otras regiones, y las que quieran emular su pujanza tendrán que emplear la misma receta. La competencia es buena en el ámbito institucional: permite ver qué modelos funcionan mejor, y aumenta el abanico de opciones de la gente.

Que la descentralización fiscal en la práctica sea ventajosa no significa que la Generalitat tenga más derecho que el Gobierno central a expoliar a los catalanes. Desde el liberalismo lo que cuenta es la soberanía y el autogobierno individual, no la soberanía nacional. Luego no basta con oponerse al déficit fiscal y al expolio de las regiones, hay que oponerse al déficit fiscal y a la confiscación individual.

¿Existen razones para el optimismo en la actual crisis?

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Pese a que durante varios meses fue común emplear la expresión “brotes verdes” para hacer referencia a un cercano fin de la crisis, conforme ha ido transcurriendo el tiempo se ha podido observar cómo su duración no será similar a una tormenta de verano, sino que, todo lo contrario, parece que se extenderá en el tiempo.

Si se analizan las distintas cifras macroeconómicas, parece no existir nada que induzca al optimismo: el producto interior bruto sigue cayendo, las cifras absolutas de desempleo superan los registros anteriores, y los procedimientos concursales son cada vez mayores.

Podríamos preguntarnos los motivos por los que, pese al transcurso del tiempo, la situación económica parece no mejorar. Para ello deberíamos buscar la respuesta en los factores que desencadenaron la actual crisis y analizarlos, viendo si han sufrido algún cambio.

Dicha búsqueda puede iniciarse en la moneda, dado el papel tan importante que ha tenido en el surgimiento de la crisis. Durante los últimos años, los bancos centrales han mantenido unos tipos de interés inferiores a los que se habría llegado aplicando el libre juego de la oferta y la demanda. Como consecuencia de lo anterior, se incrementó la demanda crediticia (para consumo e inversión) y bajó la oferta (es decir, el ahorro). Esto provocó que se acometiesen proyectos de inversión poco rentables que normalmente no se hubiesen iniciado si los tipos de interés hubiesen sido fruto del equilibrio entre oferta y demanda crediticia, entre ahorro e inversión. Si atendemos a los registros de los bancos centrales, la oferta monetaria sufrió unos incrementos muy elevados en los últimos años (alcanzando incluso los dos dígitos) convirtiéndose la moneda en un producto poco recomendable para ahorrar, ya que su valor se envilecía gracias al aumento del dinero en circulación. Esto provocó que el ahorro se canalizase en productos diferentes como las acciones y los bienes inmuebles, al ser más resistentes a la inflación. Lógicamente, ambos aumentaron sus precios, lo que a su vez motivó que más gente adquiriese dichos productos incrementando, aún más, su precio.

Si se analizaba, por ejemplo, el periodo de retorno de inversión de los bienes inmuebles al ponerse en alquiler, el plazo iba creciendo cada vez más en el tiempo, sin que este hecho condujese a la moderación o bajada en los precios, precisamente, por dicha sobreabundancia de dinero. La única forma de rentabilizar ese ahorro inmobiliario era encontrar a otra persona que comprase el bien más caro. Por tanto, se produjo una pirámide, actualmente conocida como la burbuja inmobiliaria. En algún momento esto debía acabar, ya que los préstamos para la adquisición de vivienda cada vez se firmaban con plazos mayores y la cuota de amortización cada vez ocupaba un porcentaje mayor de la renta familiar. Finalmente el número de inmuebles adquiridos disminuyó, estallando la crisis.

Si se realiza el análisis de estos factores una vez llegada a la crisis se puede observar cómo no se ha realizado la corrección de muchos de ellos. La política expansiva del crédito llevada a cabo en las últimas décadas por los bancos centrales no sólo no se ha corregido, sino que se ha incrementado, realizándose inyecciones monetarias masivas. Adicionalmente se han adaptado lo que han venido en denominar medidas no convencionales, como la compra directa de deuda pública y privada, e incluso un banco central ha llegado a adoptar de tasas de interés negativas. Esto ha provocado que los bancos no se hayan visto obligado a liquidar las malas inversiones, que han acabado en sus manos, bien por ejecución de las garantías, bien por compra directa de los mismos para evitar la insolvencia directa del cliente. Por tanto nos encontramos con el hecho de que ni se ha corregido la política monetaria expansiva, ni se han liquidado las malas inversiones, ni, consecuentemente, el precio de los bienes inmuebles se hayan reducido considerablemente pese a caer la demanda y pese a no venderse dichos bienes.

Por otro lado, sí que se puede observar cómo, por el lado privado, sí que se están adoptando medidas para afrontar la crisis. La tasa de ahorro familiar se está incrementando, y la valoración que realizan los bancos del riesgo de impago de sus clientes ha adquirido mayor importancia, con lo que la concesión de créditos ha disminuido e incluso se ha congelado en algunos casos. También, el mundo empresarial ha congelado la inversión en nuevos proyectos hasta que se produzca la corrección de los valores inmobiliarios y pueda obtener rentabilidad en éstos.

Aunque el comportamiento de algunos agentes privados sea el adecuado para afrontar la crisis, la política de los bancos centrales parece haberse enfocado en corregir los síntomas y no las causas que la han provocado. Precisamente dicha política fue la que condujo a la situación actual, cuando se trató de corregir los síntomas de la llamada crisis de las punto com en lugar de atajar la enfermedad. Así, se recomendó bajar los tipos de interés para crear una burbuja inmobiliaria cuyas consecuencias hoy padecemos. Pese a ello, no deja de llamar la atención cómo, en el mundo académico, suelen oírse críticas centradas en el comportamiento de los agentes privados, sobre todo en esa mayor tasa de ahorro y en la mayor evaluación de riesgos que están realizando la banca privada a la hora de realizar los préstamos, pidiendo medidas que incrementen el consumo en detrimento del ahorro y que obliguen a los bancos a realizar una mayor concesión de créditos para estimular el consumo. De hecho se han llegado a formular teorías tan sorprendentes como la creación de dinero con fecha de caducidad, o la eliminación de billetes por sorteo, a fin de aumentar la velocidad de circulación del dinero, y por tanto, el consumo. Quizás quienes formulan dichas teorías han olvidado la reciente historia de Zimbabwe y las consecuencias tan funestas que tiene la manipulación del dinero, y de cómo se puede llegar a su total desaparición, y a la pobreza absoluta.

Por tanto, es el comportamiento de los bancos centrales y el seguimiento de algunas recomendaciones académicas, que parece haber cautivado a algún político y periodista, quienes están retrasando la salida de esta crisis. Por el contrario, el ciudadano parece haberla entendido mejor y es quien, al final, conseguirá vencerla. Eso sí, a un mayor coste por los obstáculos que les están obligando a hacer frente.

Sindicalista como insulto

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Para un Ejecutivo incapaz de hacer nada a derechas, ni a izquierdas, la imagen es crucial. Sólo con imagen pueden venderse antes los electores, dado que no tienen nada más. El PP, que parece querer imitar sus pasos en todo, especialmente en la incapacidad, lo ha entendido y ha decidido dimitir a Bárcenas justo antes de las vacaciones, para comenzar el nuevo curso político en septiembre libres de ese lastre.

La Oficina de Conflicto de Intereses ha decidido archivar la denuncia de la Asociación de Internautas, a la que tengo el orgullo de pertenecer, contra la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde. Sin duda, esta resolución y el momento y la forma en que se ha dado a conocer –la última semana de julio e informando a EFE antes que a los demandantes– dejan claro que dicha oficina, como el Código de Buen Gobierno y demás parafernalia propagandística no son más que un reflejo perfecto de lo que es este Gobierno: imagen y nada de realidad. Después de esto, casi mejor que la cierren, porque nadie volverá a tomarla en serio.

Cuando el robo a mano socialista llenaba las portadas de los periódicos un día sí y otro también –en la tele, Sopena y María Antonia Iglesias hacían de muro de contención–, Felipe González decidió crear una Fiscalía Anticorrupción para hacer como que luchaba contra ella. Sin embargo, parece que incluso Jiménez Villarejo fue un ejemplo de diligencia en la investigación a sus jefes políticos en comparación con la recién instituida Oficina de Conflicto de Intereses, cuyo reglamento fue aprobado el 10 de abril. Primer caso relevante, y quien sabe si el primero sin más, al archivo.

El mensaje está claro y por eso el Gobierno ha decidido enterrarlo en la última semana de julio: todas sus palabras sobre talante, transparencia y buen gobierno no son más que una sarta de mentiras. Era algo que ya se sabía, pero faltaba la foto, el evento que lo dejara claro. Este archivo podría serlo, así que lo mejor es enterrarlo para que en agosto todo se olvide y en septiembre parezca que no ha pasado nada.

La mala noticia para Zapatero es que no será así. Ni Aído ni González-Sinde son las ministras menos valoradas por casualidad. La titular de Cultura seguirá encabezando el ranking, al margen de esta resolución. La Asociación de Internautas, previsiblemente, recurrirá a los tribunales y este culebrón se eternizará. Si el presidente cesara al que hace regalos a la empresa de su hija de 10 millones de nuestros euros, si cesara a la que reparte nuestro dinero entre sus amigos del cine, sus fieles podrían llegar a creerse que de verdad que Zapatero es un gobernante que al menos respeta las formas. Pero la bronca pública a Díaz Ferrán por no querer darle una coartada en forma de foto nos ha mostrado quién es realmente Zapatero; este archivo se limita a confirmarlo.

¿Buen Gobierno? ¡Ja!

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los más de 500.000 pisos de nueva construcción que el sector finaliza cada año se venden con una facilidad pasmosa, a pie de obra, ya que la rentabilidad de este tipo de activos está disparada. Además, "el precio de la vivienda nunca baja", ¿recuerdan?

El director de la sucursal tiende una alfombra roja a los pies del promotor al tiempo que se frota las manos, consciente de que cumplirá sus objetivos anuales con dicho crédito y los dos millones extra que concederá al empresario para que los invierta en un depósito a largo plazo de su entidad. Todos contentos. El promotor sale del banco encantado con tres millones en el bolsillo a un tipo de interés muy reducido, y el empleado de banca satisfecho por haber engordado en volumen, aunque no en calidad, el balance de su sucursal. Ambos celebran el trato con una buena cena, tras la firma ante notario.

Ahora multipliquen este ejemplo y amplíenlo a cientos de miles de millones de euros y obtendrán la burbuja inmobiliaria nacional, cuyo origen radica en la expansión crediticia impulsada desde la banca central (tipos de interés artificialmente bajos durante un largo período de tiempo).

La intervención pública en materia monetaria ha provocado graves desajustes en la estructura productiva del país y en los precios relativos de determinados activos. El sector de la construcción vivía un sueño que parecía no tener fin, pese a que todo el sistema se sustentaba sobre la concesión de crédito fácil y barato. Sin embargo, los excesos de inversión y riesgo crediticio cometidos durante el boom salieron a la luz en 2007. Desde entonces, la crisis económica está intentando corregir los errores pasados mediante procesos de mercado. Es decir, caída de precios, quiebras empresariales, desempleo y restricción del crédito.

La purga no sólo es necesaria sino sana e imprescindible para volver a crecer con solidez. Sin embargo, el ajuste en España se está encontrando con graves dificultades debido, precisamente, a una nueva oleada de intervención gubernamental. Bancos y cajas están sosteniendo artificialmente el precio de los activos inmobiliarios con el apoyo del Ejecutivo y del propio Banco de España. La receta elegida por los organismos públicos para mantener en el aire este particular castillo de naipes es la que aplicó Japón durante los años 90, tras el estallido de su particular burbuja: la refinanciación de los créditos basura o roll-over, tal y como se conoce en términos académicos.

En esencia, la operación consiste en sustituir un préstamo fallido o próximo a vencimiento por otro de similares características, e incluso en condiciones más favorables, pero a más largo plazo. Los bancos y cajas españoles están refinanciando la inmensa deuda que promotoras e inmobiliarias no podrán pagar. El sector está en quiebra técnica desde que la compraventa de viviendas se frenó en seco hace ahora dos años.

Además, de este modo, la banca oculta su morosidad real (del 20%) canjeando deuda por activos inmobiliarios y renegociando las condiciones hipotecarias de los morosos: los promotores entregan el suelo y los bloques de pisos que no pueden vender para saldar sus préstamos, y las entidades rebajan las cuotas hipotecarias a los particulares alargando el vencimiento del crédito.

Como resultado, los bancos son, hoy por hoy, las grandes inmobiliarias del país, y puesto que cuentan con el respaldo público del Estado (avales y rescate a fondo perdido) se niegan, de momento, a malvender el creciente stock de pisos embargados. De ahí que el precio de la vivienda en España baje a un ritmo muy lento, próximo al 10% interanual, según datos oficiales, cuando la sobrevaloración estimada de este tipo de activos podría superar el 40%.

La receta mágica consiste, pues, en aguantar el precio de las malas inversiones acometidas tanto como sea posible a la espera de la ansiada recuperación económica. Un juego muy arriesgado y, de hecho, suicida, si se tiene en cuenta que dicha estrategia ha obtenido un rotundo fracaso en Japón. Tras acudir al rescate de la banca y de los "sectores estratégicos", la deuda pública nipona supera de lejos el 150% del PIB y su economía no levanta cabeza desde hace casi dos décadas. Si las malas inversiones no se depuran el desajuste productivo tan sólo se perpetuará en el tiempo.

Ludwig von Mises lo advertía claramente:

Todos los intentos para salir de la crisis mediante la adopción de nuevas medidas intervencionistas son completamente equivocados. Sólo hay una forma de salir: renunciar a cualquier intento de impedir el impacto de los precios de mercado sobre la producción. Renunciar a la adopción de políticas que busquen establecer los tipos de interés, los salarios y los precios de las mercancías a unos niveles diferentes a los que fija el mercado.

El roll-over a la española no solventará la situación, sino todo lo contrario. Agravará la agonía.

Roll-over en España

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, las conclusiones son las que son, y el desacuerdo con las mismas se debería plasmar en el señalamiento de sus errores (como, dicho sea de paso, han tratado de hacer varios, con escaso éxito) y no (como han tratado de hacer otros) en el asesinato civil del mensajero mediante chapuceras difamaciones.

Lo peor no es que algunos intenten vender su mercancía averiada, sino que haya quien la compre con entusiasmo. Será que sin la mentira no obtienen su ración diaria de dos minutos de odio; o peor, que tras décadas de pensamiento acrítico y dogmático se han vuelto permeables a cualquier trola mal fabricada.

Sea como fuere, no deja de ser curioso que un razonamiento tan de sentido común genere semejante incomprensión entre quienes están ideológicamente predispuestos a rechazarlo. Una cosa es que lo entiendan y callen; otra, que lo entiendan y lo manipulen; y otra más, que no lo entiendan y se construyan una realidad virtual alternativa –donde un informe dice lo que no dice y no dice lo que dice– en la que sentirse más confortados.

El informe de la Universidad Rey Juan Carlos en torno a los efectos sobre el empleo de las subvenciones a las energías renovables (popularmente conocido como Informe Calzada) no dice que toda actividad estatal destruya empleo (algo que, obviamente, queda muy fuera de nuestro –soy uno de los autores– concreto campo de estudio), ni siquiera que no deba invertirse en energías renovables. Nuestro estudio lo que señala es que las subvenciones públicas a las renovables no sólo no crean puestos de trabajo en el conjunto de la economía –como repiten hasta la saciedad los impulsores y beneficiarios de esas subvenciones–, sino que destruye empleo. Obviamente, si el único argumento a favor de las renovables fuera el del empleo, nuestro estudio zanjaría para siempre el debate (siempre y cuando no estuviera equivocado, claro). Pero probablemente no sea ése el caso, y se podrá pensar en alguna razón más para defenderlas (cuestión distinta es si esos nuevos argumentos tienen a su vez fundamento o no).

Muchos economistas, incluso algunos que deberían poseer un mayor conocimiento sobre el asunto del que demuestran, se han leído nuestros cálculos y han extraído conclusiones absurdas, fruto de la confusión. Para no entrar en las cifras –que pueden consultarse en el propio informe–, me limitaré a poner una metáfora; para que ustedes juzguen si tiene algo de controvertible y, sobre todo, de ininteligible.

Supongan que disponemos de cientos de miles de máquinas, que producen productos distintos, y que lo único que necesitamos para ponerlas en funcionamiento es combustible. El problema es que cada año sólo recibimos 1.000 litros de carburante, así que tenemos que seleccionar qué máquinas ponemos a funcionar y, por tanto, qué tipos de bienes producimos.

Cada máquina tiene su propia manera de operar y su propio nivel de consumo. Así, por ejemplo, la que produce barras de pan necesita un litro de combustible para producir 10 barras, y la que produce automóviles requiere de 200 litros para fabricar uno de éstos. Obviamente, no puede decirse que estemos destruyendo riqueza por el hecho de que decidamos utilizar 200 litros de combustible para fabricar un coche en lugar de 2.000 barras de pan; tan sólo concluiremos que preferimos un coche a 2.000 barras de pan.

Ahora bien, sí hay una forma bastante clara de empobrecernos. Imagine que tenemos dos máquinas distintas para hacer el mismo tipo de pan: la primera necesita un litro de combustible para hornear 10 barras, mientras que la segunda necesita 100 litros para producir la misma cantidad. ¿Qué le diríamos a la persona que eligiese producir con la segunda máquina? Obviamente, que está despilfarrando recursos y destruyendo riqueza.

Pues bien, exactamente eso es lo que puede decirse sobre las subvenciones a las energías renovables. Con éstas, las electricidad nos cuesta mucho más que con las demás energías: unos 28.500 millones de euros más, por lo que disponemos de menos recursos para utilizarlos en otras áreas.

Claro que, volviendo al ejemplo de las panificadoras, uno puede decir que, dado que la máquina ineficiente está pintada de rojo, le resulta más bonita y la prefiere, aunque produzca mucho menos. Bien, es un argumento que habrá que estudiar aisladamente (tal vez la máquina eficiente también sea roja pero uno no se haya dado cuenta, o le hayan metido en la cabeza la conveniencia de que las máquinas sean rojas), y en todo caso legítimo. Lo que no podrá decirse jamás es que una panificadora que gasta 100 litros de combustible para producir 10 barras es más eficiente que una que gasta uno solo en hacer lo mismo .

Muchos se han empeñado en hacernos creer que forzar el encarecimiento de la energía nos hará más ricos. Pero, si eso fuera así, en lugar de subvencionar las renovables deberíamos inyectar tanto dinero como fuera posible en la creación de fuentes eléctricas basadas en ruedas de hámster: un lujo para los amantes de los roedores (igual que las renovables son un lujo para los ecologistas) que es dudoso podamos permitirnos en tiempos de crisis…

Así las cosas, creo que se entiende mejor que algunos, ya que no pueden argumentar, prefieran difamar.

Las renovables no crean riqueza, por mucho que os empeñéis

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Le faltó añadir la coletilla "valga la redundancia" y el resultado hubiera sido como para recoger firmas, pero Aguirre tiene muy buen corazón y no suele excederse con el adversario excepto cuando acude a los micrófonos de la SER, y ello por estrictas razones de legítima defensa como es bien sabido.

Es dudoso que el presidente del Gobierno haya interpretado esa serie de adjetivos como una ofensa, pues, en efecto, sus prioridades políticas son las mismas que los sindicalistas, su ideología retrógrada y su conducta con los otros "agentes sociales" más propia de un piquetero.

En realidad, lo que hizo Esperanza Aguirre fue definir al personaje con tres simples trazos con los que todos deberíamos estar de acuerdo, comenzando por los empresarios del sindicalismo y sus liberados (de trabajar) gracias al dinero ajeno, y terminando por el propio Zapatero, pues el mayor mérito que puede recibir un líder identificado con un lobby y una causa es que el adversario político dé por sentada esa feliz conjunción.

Con pañuelo rojo en las fiestas mineras o su corbata de diseño en La Moncloa bramando contra la patronal, el comportamiento de Zapatero es exactamente el descrito por la presidenta madrileña, a mayor gloria del movimiento sindicalista español, felizmente anclado en el siglo XIX. Para Zapatero, como para la mayoría de los camaradas sindicalistas, el capitalismo es el culpable de todos los males planetarios, los empresarios unos egoístas sin escrúpulos que roban el fruto del trabajo de las clases proletarias y el Estado el bien supremo cuya principal misión es trincar dinero de los bolsillos decentes para dar subsidios a sus votantes cautivos.

Cuentan las crónicas que Zapatero aceptó las excusas presentadas por Aguirre en un tono de gran cordialidad. No podía ser de otra forma; no había nada que perdonar.

De Madoff a Hernández Moltó

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Nunca dijeron ni pío sobre los pies de barro y las inestabilidades de ese crecimiento inflacionista, por mucho que quienes sí defendían y comprendían los libres mercados –como los economistas de la Escuela Austriaca– llevaran décadas denunciando las debilidades de un sistema que sólo forzando el lenguaje cabía calificar de liberal.

Por ello, cuando la torre de Babel crediticia construida durante un lustro por los bancos centrales y sus sucursales privadas comenzó a derrumbarse de manera acelerada, la izquierda resentida debió frotarse las manos. Ni entendían por qué no había caído antes ni entendían por qué caía ahora, pero al fin y al cabo tenían una oportunidad de oro para denunciar los excesos del "neoliberalismo salvaje" y clamar por su regulación, esto es, por convertir lo que hasta entonces había sido un cortijo de la banca en un cortijo del Estado.

Así, durante los últimos meses hemos oído hablar hasta la saciedad de los males de la desregulación, del shadow banking, de la especulación desenfrenada, de la codicia inversora, de los altísimos salarios de los directivos, del retroceso de la política y de la necesidad de regresar a un modelo de banca más "tradicional". Algo así como el mito del buen salvaje pero aplicado al sistema financiero.

Ni una palabra, claro, del monopolio que ostentan los bancos centrales para emitir la moneda de curso forzoso y orientar los tipos de interés. Ni una palabra, faltaba más, de la imposición estatal de un dinero fiduciario que arrebata a los consumidores e inversores cualquier soberanía para oponerse a los excesos del lobby financiero y de la nomenclatura estatal. Cero, se ve que no tocaba.

Pues bien, hete aquí que en España, el país en el que el resto de la comunidad internacional parece querer fijarse para conformar las nuevas regulaciones, quiebra Caja Castilla-La Mancha y el resto de nuestros patrios Montes de Piedad están al borde de su bien merecida bancarrota.

No deja de ser un mito que nuestro sistema bancario haya resistido mejor que el resto los achaques de la crisis internacional. Más que nada porque hasta ahora ya ha recibido tanto dinero público como el estadounidense (y a buen seguro obtendrá sumas superiores en el futuro gracias a ese FROB tan dócilmente apoyado por el PP).

Pero con el caso Caja Castilla-La Mancha no sólo debería derrumbarse este mito. Hay una asimetría si cabe más perversa que sugiere que el sector privado es esencialmente corrupto y el público fundamentalmente pulcro. El mercado nos arrastra hacia la competencia feroz y la ley de la selva mientras que el Estado nos empuja hacia la cooperación y las mieles de la civilización. Implícitamente se sugiere que el Estado debería sustituir al mercado y que si en vez de la avaricia privada hubiésemos gozado de la solidaridad pública, ninguno de estos desaguisados se habría producido.

Sin embargo, tan sólo es necesario observar de qué manera se han comportado las cajas de ahorro durante las recientes fluctuaciones económicas para comprender cómo sería un mundo donde la banca estuviera controlada y dirigida por políticos. El paraíso con el que sueñan Zapatero y Obama, el de la banca pública, está aquí en España: amiguismo, corrupción, inversiones suicidas y créditos alocados. "Infracciones muy graves" que demuestran que el hombre y no el mercado es el codicioso y potencialmente mancillable. La diferencia está, o debería estar, entre otros asuntos básicos en que en un mercado libre los errores se pagan con la quiebra y los fraudes con la restitución de las víctimas; en un sistema público, con rescates, opacidad y más poder regulatorio para los políticos.

A la izquierda le ha resultado muy fácil aprenderse el apellido Madoff y recitarlo cual letanía liberticida cada vez que se le oponen argumentos económicos sensatos. No deberíamos olvidar a Hernández Moltó: más que un Madoff hispano es el primer, que no el último, Madoff del impoluto y honrado sector público.

Honduras, espejo de América Latina

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Manuel Zelaya, el depuesto presidente de Honduras, pretendía manipular la Constitución hondureña para eternizarse en el poder. Todo a imagen y semejanza del presidente venezolano Hugo Chávez, por el que Zelaya se sintió atraído justo desde el momento en que ganó las elecciones hondureñas. Prueba de ello fue que no tardase en proclamarse socialista y amigo de Hugo Chávez una vez aterrizó democráticamente en el poder hondureño.

Zelaya fue advertido repetidamente por la Corte Suprema de la ilegalidad de su referéndum, ya que la Constitución de la República de Honduras prohíbe explícitamente la reelección presidencial (artículo 239). Cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución en 1982, estableció que varios artículos fuesen irreformables o "pétreos" mediante el artículo 374. No sólo prohíbe que se reforme dicho artículo, sino que también manda castigar a quien proponga dicha reforma. Teniendo esto claro, es evidente que las intenciones de Zelaya de utilizar un referéndum ("encuesta de opinion", según él) para posibilitar la reelección eran claramente inconstitucionales.

La situación se agravó definitivamente cuando Zelaya ordenó a las Fuerzas Armadas que llevasen a cabo la logística del referéndum. El general Romeo Vásquez se negó por considerarlo inconstitucional y fue destituido de su cargo, lo que motivó el posterior golpe de estado.

Porque lo que sucedió en Honduras sí fue un golpe de estado. El general Romeo Vásquez tomó el poder político de forma violenta vulnerando las normas y leyes vigentes. Será difícil encontrar ningún artículo en la Constitución y leyes hondureñas que establezca que cuando un presidente actúa inconstitucionalmente los militares puedan entrar en su habitación a punta de pistola y expulsarlo a otro país sin haber sido juzgado y condenado en juicio legal.

Y es que la amenaza a la democracia constitucional que representaba Zelaya no se debería haber resuelto mediante golpes de estado bananeros, sino haciendo prevalecer el orden constitucional, es decir, siguiendo fielmente lo que las leyes hondureñas establecen para juzgar el delito del presidente. La Corte Suprema debería haber declarado el referéndum como ilegal y convocado al Congreso de la Nación para detener a Zelaya y destituirlo de su cargo. En definitiva, este proceso se tendría que haber realizado de forma legal y transparente, y no mediante un golpe de estado surgido de la conspiración de los adversarios políticos de Zelaya y los militares. La ley no se defiende violentándola. Nadie debe estar por encima de la ley.

Y éste es el gran problema de América Latina y de otros lugares del mundo (incluyendo países del Primer Mundo): la continua violación o ausencia del Estado de Derecho. La democracia sin un Estado de Derecho que garantice y respete los derechos individuales naturales del hombre (vida, propiedad y contratos) no logra generar paz y prosperidad. En América Latina observamos continuamente lo contrario: violencia y pobreza. Violencia, porque no hay un poder judicial que haga valer los derechos del individuo y limite al poder político. Pobreza, porque la economía de mercado no puede funcionar sin la protección de los derechos de propiedad, vida y contratos.

Quizás en Latinoamérica se debiera tener muy presente a Juan Bautista Alberdi, lúcido liberal argentino, que en La Omnipotencia del Estado es la Negación de la Libertad Individual (1880) escribió lo siguiente:

El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor.

El ominoso expolio de la desamortización

Escrito por Daniel Ballesteros en . Publicado en Análisis diario.

Durante muchos años se ha considerado a los procesos desamortizadores de Mendizábal y Madoz como un hito de extraordinaria importancia, clave para permitir el desarrollo económico en España. Sin embargo un análisis frío y desapasionado de los acontecimientos nos revela un proceso de expolio a gran escala, organizado con fines de poder y enriquecimiento ilícito, que ocasionó graves daños a la sociedad española y dañó de forma decisiva el derecho de propiedad privada de los bienes inmuebles (BI).

En España, los BI amortizados eran aquellos que presentaban algún tipo de restricción legal a su enajenación, fundamentalmente pertenecientes a la Iglesia Católica, a la nobleza (mayorazgos) o a los municipios (bienes de propios y comunes). Esto no quiere decir que estuviesen fuera del mercado, puesto que eran objeto de arrendamiento y podían ser objeto de compra-venta si, en el caso de los bienes eclesiales, se contaba con el permiso de los Prelados, Abades o Priores, o incluso con una bula papal. Otra característica relevante de algunas de estas propiedades era que solían disfrutar de exenciones fiscales, por lo que fueron vistas con recelo y apetito por unos administradores públicos que precisaban de crecientes fondos con los que poder mantener los gastos corrientes de la Hacienda central y municipal, así como los dispendios bélicos asociados a la política exterior de una potencia mundial.

Con objeto de respaldar la política exterior pro católica de los Habsburgo, la Santa Sede concedió a la Corona española en los años 1523, 1529, 1536, 1555, 1559 y 1570 bulas para poder disponer de parte de los BI de las órdenes militares, además de conceder el permiso para enajenar bienes de iglesias y monasterios en 1551, y de villas, lugares y jurisdicciones, en 1574. Sin embargo dichas enajenaciones apenas sirvieron para sanear la Hacienda Pública, incrementando en cambio la riqueza personal de unos pocos compradores próximos al poder político.

En el siglo XVIII y bajo reinado del rey borbón Felipe V, las necesidades financieras forzaron la firma del Concordato de 1737, en virtud del cual todos los bienes que a partir de aquel momento adquiriese la Iglesia estarían sometidos al tratamiento tributario general, medida que de nuevo resultó insuficiente para resolver las penurias fiscales del Estado. Más adelante, con el ilustrado Carlos III en el trono, tuvo lugar un acontecimiento de notable relevancia: la primera desamortización eclesiástica no negociada con las autoridades religiosas. Todo comenzó con el incremento de la presión fiscal y la liberalización del comercio de granos, lo que indujo una elevación del nivel de precios y las consiguientes revueltas populares. El Gobierno responsabilizó de su organización a la Compañía de Jesús, aprovechando para expulsarla del reino y realizar una expropiación forzosa de sus bienes muebles e inmuebles (Pragmática Sanción del 2 de abril de 1767), los cuales serían destinados a dotaciones de las parroquias pobres, seminarios conciliares, casas de misericordia y otros fines piadosos, previa consulta de los Ordinarios respectivos, (reservándose no obstante el rey el derecho de dictar providencias sobre dicho asunto).

Una segunda desamortización de gran entidad fue llevada a cabo bajo reinado de Carlos IV y gobierno de su valido Godoy, de 1798 a 1808, afectando a los BI de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías suponiendo la enajenación de una sexta parte de los BI que gestionaba la Iglesia Católica aunque con el consentimiento del Papa tras el compromiso estatal de otorgar compensaciones en deuda pública al 3%, algo que a posteriori no se cumplió. El resultado final de esta política fue el desmantelamiento de la red asistencial de la Iglesia –la única– y un endeudamiento del Estado aún mayor debido a los dispendios bélicos.

Durante el corto período de gobierno de José Bonaparte (1808 a 1812) se dio continuidad al intervencionismo borbónico en la configuración de los BI y el derecho de propiedad privada de los mismos; de esta forma se procede a expropiar numerosas propiedades eclesiales, algunas como en Madrid al objeto de construir plazas (Oriente, Santa Ana, Los Mostenses, San Miguel), actuando de forma similar en otras ciudades como Sevilla o Valladolid. Paralelamente, las Cortes de Cádiz aprobaban en 1813 una memoria de Canga Argüelles en virtud de la cual se podían expropiar tierras para sufragar empréstitos. Ya tras la Guerra de Independencia, tuvo lugar otro intento desamortizador durante el Trienio Liberal (1820-1823). Sin embargo estas desamortizaciones fueron extremadamente confusas y en términos generales no tuvieron gran trascendencia.

El siguiente hito interventor, clave por sus repercusiones profundas y duraderas, fue el inmenso expolio que supusieron las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. La primera fue llevada a cabo bajo regencia de María Cristina por su jefe de gobierno José Álvarez Mendizábal (varios decretos de 1835 preparaban legalmente el camino, consumado por los decretos del 19 de febrero y 8 de marzo de 1836), afectando fundamentalmente a los BI amortizados (“manos muertas”) del clero católico regular y en menor medida secular y cuyo objeto declarado era paliar la deuda estatal y crear una clase media mediante la expropiación y posterior venta de tales bienes.

En realidad esta iniciativa política tenía no dos, sino tres objetivos: primero saciar el ansia recaudatoria de una Hacienda Pública extremadamente necesitada de recursos, segundo debilitar la capacidad económica de una Iglesia Católica proclive al pretendiente carlista al trono y, por último, modificar la estructura de la propiedad para crear una clientela política adicta a los liberales. El proceso resultó en raquitismo recaudador y una mayor concentración parcelaria resultado del exceso de oferta y las corruptas adjudicaciones, ocasionando además un fuerte debilitamiento de la influencia eclesial (se desamortizó el 62% de lo que poseía el clero, perteneciendo las tres cuartas partes del 32% restante al clero secular), la destrucción de un abundante patrimonio cultural arquitectónico y artístico y el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos arrendatarios.

Más adelante, el 2 de septiembre de 1841, Espartero dictó la ley de desamortización de bienes regulares, dando lugar a un proceso que se paralizaría en 1844 con la llegada de los moderados al poder y tras firmar en 1851 un Concordato con la Santa Sede que garantizaba compensaciones y seguridad jurídica. Ya en 1855 y de nuevo bajo gobierno de Espartero, se rompe el acuerdo anterior y se inicia la desamortización de Madoz, de mayor alcance que la de Mendizábal puesto que afecta a los bienes del clero secular, de las órdenes militares, del Estado, comunes, etc. prohibiéndoles además ser propietarios de BI del mismo tipo que los expropiados, todo lo cual ahondó aún más en los perjuicios que ya había ocasionado la desamortización de Mendizábal.

En resumen, las desamortizaciones son un ejemplo paradigmático de ilegítima rapiña en nombre del bien común, algo tanto más paradójico por cuanto también se expolió las fuentes de ingresos de muchos ciudadanos sin tener en cuenta para nada el desacuerdo expreso de sus representantes locales. Debido a la corrupción en las adjudicaciones el Estado no consiguió los ingresos esperados, que para más escarnio fueron destinados a saldar deuda pública (en manos de acaudalados nacionales afines al poder o de extranjeros) o a la construcción de obras públicas de moda (y en no pocas ocasiones ruinosas) como los ferrocarriles. Y el saldo de estas medidas no se quedan ahí puesto que muchos individuos acrecentaron su patrimonio mediante la fraudulenta compra de BI valiosísimos a precio de saldo, antiguos colonos de la Iglesia vieron aumentado el arriendo que exigían los nuevos propietarios y se produjo una incalculable destrucción de patrimonio cultural y artístico, así como el deterioro de la enseñanza y la aparición de hambrunas entre ciertos sectores de la población; eso por no hablar del fenómeno de debilitamiento de la propiedad privada.

Al respecto es antológica la intervención de Claudio Moyano en la discusión sobre el proyecto desamortizador: “La propiedad del clero regular defendía la del clero secular, la del clero secular defendía la de los propios, ésta la de los comunes y ésta la de los particulares. Haced desaparecer estas barreras y poco a poco irán cayendo las diversas propiedades…; un paso más y desaparecerá la propiedad particular”. O también cuando afirma: “Si se quiere disponer de los bienes de los pueblos hay que consultarlos. Esto se hizo en el año 1852, y de 2000 respuestas recibidas, solamente 20 querían la venta, y de éstos, sólo seis tenían bienes de propios. Además, ¿es cambio quitar a los pueblos sus tierras, sus prados, sus pinares, sus bosques para darles en cambio un trozo de papel?, si tan bueno es lo que nos dais, dirán los pueblos, si afirmáis que es mejor, ¿por qué no os quedáis vosotros con ello y nos dejáis nuestros campos?”

Después de todo esto, considerar positivo (como se viene haciendo en líneas generales desde hace ciento cincuenta años) el proceso de desamortizaciones es todo un ejercicio de miopía histórica.