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¡Toma Kit Kat, Díaz Ferrán!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La cosa se pone dura, porque los sindicatos se saben totalmente respaldados por el Gobierno. Saben (es una especie que ha recorrido ya toda la prensa) que Zapatero quiere ser el primer presidente de la democracia al que no se le monta una huelga general y su sola mención les permite tener al Gobierno de rodillas. Además, en el mundo ideológico de Pin y Pon en que se mueven sus votantes, los sindicatos son los buenos y los empresarios los malos. Eso le sirve a él para comunicarse eficazmente con ellos, pero también le resta margen de maniobra. En caso de duda ya sabe con quién estar y con quién no.

Entonces salta la violenta oposición entre dos fuerzas. Por un lado, Zapatero ha hecho del "diálogo social", lo que antes llamábamos "democracia orgánica", su apuesta para apuntalar su poder y ganarse la paz social. Por otro, ese diálogo no vale de nada (bien lo sabe el infeliz) si no resulta en un pacto que repique en los medios de comunicación para remarcar su capacidad política y remachar la soledad del PP, su posición con un pie fuera del sistema, todavía criticando la política del Gobierno cuando es, después del pacto, "la de todos". Y ese pacto sólo puede tener los términos que quieran los sindicatos. Es decir, que para los empresarios sólo puede ser un "trágala". Lo toman o lo deja. "No sabe con quien está usted hablando", le dijo, con otras palabras, Zapatero a Díaz Ferrán. ¿No quería Díaz Ferrán un Kit Kat en la economía de mercado? Pues lo tiene ahora de trágala sindical.

A Ferrán le debemos reconocer que no haya firmado un acuerdo cobarde, criminoso y ruinoso, y que haya respondido a la chulería del presidente llamándole "mentiroso". Sólo espero que se aclare las ideas sobre la libertad económica y que reconozca ante los micrófonos (abiertos, es decir) lo que piensa de él. Y, sobre todo, que se planteen, él y sus asociados, si no sería una buena idea dejar de ser tan miserablemente cobardes y ponerse a defender, con todos sus medios, a la sociedad civil. Para evitar zapateradas, entre otras cosas.

Crisis, también en la ciencia económica

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El impacto de la crisis económica ha alcanzado a la propia ciencia económica. Esta idea ha servido al semanario The Economist para plantearse en tres artículos, en qué ha fallado la economía, y en concreto la macroeconomía y la teoría financiera.

Resulta muy interesante que el semanario reconozca que la teoría macroeconómica ha prestado una atención desmedida a la evolución del nivel de precios y haya prestado escasa atención (con pocas excepciones) a la burbuja financiera. Friedrich A. Hayek dijo en Precios y Producción, con esa capacidad para la predicción que le caracterizaba, que la ciencia económica iba a abandonar progresivamente al nivel de precios como elemento del análisis. Por el contrario, le ha atribuido un interés creciente, lo que ha coincidido con un creciente trasvase de los economistas desde las universidades a los bancos centrales, del que habla también la revista.

La atención excesiva a la inflación puede ser un error, sí, pero proviene de otro error más importante, el de mirar al dinero como una cantidad y no como un bien o, más bien, como una cualidad de los bienes. Hayek dijo en La Desnacionalización del Dinero que “dinero” debería referirse más a una cualidad que a un objeto. Pero, a su vez, esta falta se refiere a otra anterior y es el recurso a la macroeconomía como método, es decir, al fútil estudio de la relación cuantitativa entre grandes magnitudes. No son tal o cual teoría macroeconómica la que ha fallado, sino toda una forma de entender la economía.

Otra de las ideas que han sufrido con esta crisis es, según el semanario, la “hipótesis de la eficiencia del mercado” por lo que se refiere al de capitales. Se critica que ese mercado no se mueve perfectamente, pero lo que falla no es la concepción de que un mercado libre sea lo más eficiente socialmente, sino la idea de que el capital es una especie de entidad líquida que se mueve libre y fácilmente de un punto a otro. Por el contrario, los bienes de capital son heterogéneos y complementarios y la forma que van adquiriendo condiciona sus futuros destinos y usos.

Pero de nuevo lo que falla aquí es la aproximación macroeconómica a los fenómenos del mercado, que con su brocha gorda es incapaz de entender precisamente los procesos más importantes y significativos del desarrollo y del ciclo económico. Pero todo indica a que la atención se centrará sobre esta o aquella forma de utilizar los instrumentos de la macroeconomía, en lugar de plantearse si no habrá sido ella el verdadero error.

Los pavorosos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa. 1 comentario en Los pavorosos

No vivimos un mundo tan bucólico y tan pobre, pero sí hay ciertas cosas que se repiten. Las improvisadas botellas de cava el "día de la salud", las inundaciones que acompañan al despido del verano, las campanadas… Los incendios, también.

Los bosques se incendian y ello no es en sí malo, en el sentido de que son parte de la propia naturaleza. Hubo un momento en que los responsables de Yellowstone observaban que su bosque se moría. Y no sabían porqué. Descubrieron que eran extremadamente eficaces en el control de los incendios. Demasiado, de hecho, porque el propio bosque se regenera con los incendios naturales, cuando no son excesivamente voraces.

Recuerdo también que se produjo cierto rumor malintencionado contra George W. Bush, especialmente entre quienes un día son más malvados que ignorantes y al otro más lo otro que lo uno, por el simple hecho de que él recordó que los bosques hay que cuidarlos. Que es necesario desbrozar, limpiar los bosques. Pero para limpiar los bosques hay que tener interés en hacerlo. Para cuidarlos, para vigilarlos, hay que tener interés en hacerlo.

Por eso es una buena idea privatizar los bosques. Porque la propiedad es el eslabón entre la tierra y el hombre, es lo que le ata a ella y le concede amor por sus frutos, interés por su devenir. Lo que es del común es del ningún, y ya sabemos lo que ocurre con ello.

No conozco ningún informe que aprecie la relación entre la propiedad o no sobre los bosques y los incendios. Pero todo indica que los que son de algún tienen mejor salud.

Con esa gente, nunca se sabe

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Dado que desde esta misma columna hemos denunciado en más de una ocasión las formas de actuar de esta "sociedad", en ocasiones me han llamado conocidos propietarios de comercios para comentarme el acoso al que les estaban sometiendo los empleados de la organización de "Teddy" Bautista.

Como la más conocida de las entidades de gestión ha actuado siempre con un sentimiento de total impunidad, han llegado incluso a acosar a destacados miembros del sector de la sociedad con el que la mayor parte de los españoles teme enfrentarse. Uno de esos comunicantes a los que me refería antes es un destacado político en su comunidad autónoma. Ante lo insoportable de la situación, él y su mujer desistieron de continuar con el establecimiento que tenían y lo dejaron totalmente en manos de su socio.

La prepotencia y los comportamientos poco dignos de imitación se han convertido en la marca de la SGAE. El acoso a pequeños comercios de todo tipo, desde bares a tiendas de informática, pasando por autobuses de transporte escolar; las múltiples declaraciones de sus representantes insultando a todo aquel que osa criticarles o, incluso, las amenazas al principal partido de la oposición con tomar "buena nota" por estar contra el canon, forman parte de su catálogo de actuaciones. Algunos de sus dirigentes llegan incluso a tener comportamientos menos gratificantes aún.

Hace algún tiempo, un columnista muy crítico con la entidad de Teddy Bautista recibió un curioso mensaje a través de un compañero de trabajo poco después de cambiar de empleo para ser jefe de prensa en un sector que nada tenía que ver con los derechos de autor. Lo que le dijo ese intermediario, que actuaba de forma inocente, fue algo parecido a esto: "He comido con un amigo que es directivo de la SGAE y me ha pedido que te diga que saben donde trabajas ahora". Desconocemos la identidad del autor del peculiar aviso. Su objetivo está abierto a interpretación, pero nos tememos que no era simplemente informativo. Por cierto, el periodista en cuestión sigue escribiendo artículos contra esta entidad cada vez que lo considera adecuado.

Lo que más teme la entidad de Bautista es que su mala imagen siga creciendo. Durante mucho tiempo consiguió mantener una sorprendente fama positiva, que comenzó a quebrarse con la extensión del canon a los CD y que ahora prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, todavía no ha llegado a un punto de impopularidad tal que la defensa de sus intereses tenga un coste electoral para el PSOE. De hecho, este partido valora de forma muy positiva un apoyo de muchos cantantes y personajes del cine que podría desaparecer si pusiera los derechos de los ciudadanos por encima de la protección y ampliación de los privilegios de la SGAE y otras entidades de gestión.

Pero la mala fama de los privilegiados de los derechos de autor seguirá creciendo día a día. Antes o después el coste para el PSOE será mayor que los beneficios que obtiene del apoyo de ciertos cantantes, actores y directores. Ese día, si es que antes no se produce un cambio de gobierno que adelante los acontecimientos, se terminará el chollo de la SGAE.

Parados por decreto

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Como los niños tozudos cuando les llevan la contraria, Zapatero también se enfada cuando una de las partes en litigio no se pliega a su dictado, de ahí que haya manifestado su profundo enfado porque la CEOE se haya atrevido a cuestionar su “modelo de crecimiento”, proponiendo medidas elementales como rebajar los impuestos y las cargas sociales a las empresas en dificultades.

El problema del presidente del Gobierno, como buen socialista, es que su principal objetivo no es tomar medidas serias contra la recesión y el desempleo para que la sociedad civil cree empresas y puestos de trabajo, sino mantener satisfechos a los grupos de presión que pueden amenazar sus expectativas electorales a medio plazo. Zapatero prefiere muchos parados con subsidio a trabajadores independizados de la ubre estatal, porque mientras los primeros suelen agradecer con su voto la “redistribución de riqueza” llevada a cabo en su beneficio, los segundos son incontrolables.

Si hay que tomar medidas impopulares para salir de la recesión, y todas las decisiones efectivas lo son especialmente en unas sociedades acostumbradas al paraguas protector del Estado, que nadie espere que Zapatero vaya a adoptar ni siquiera las de menor coste político. Mucho menos le veremos emprender una reforma del mercado laboral aunque todas las instituciones serias se lo pidan a gritos, incluidas las presididas por miembros de su partido. El presidente no está dispuesto a pasar a la nutrida historia de los desafueros socialistas en nuestro propio país como el gobernante que propició un mercado del trabajo más ágil y competitivo, porque los liberados sindicales se echarían a la calle y Zapatero no quiere esa foto en su álbum de recuerdos.

La recesión será larga, pero en lugar de reparar el casco de un buque agujereado por todos los lados, Zapatero y Corbacho prefieren quedarse en la sentina achicando agua mientras quede dinero para pagar el alquiler de las bombas. Todo para que los sindicatos, cómodamente instalados en la cubierta más lujosa, no experimenten la menor molestia durante la travesía. Con llegar a puerto en 2012 sin habernos hundido del todo la misión estará cumplida.

Su pensión salvará a la banca

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La hucha de la Seguridad Social, dotada con algo más de 58.000 millones de euros, fue constituida con el iluso objetivo de mantener en pie un sistema que, a largo plazo, es del todo inviable. El progresivo envejecimiento de la población y el desplome de las afiliaciones a la Seguridad Social, como resultado de la destrucción de empleo, provocarán la llegada de los números rojos a esta partida esencial propia del Estado de Bienestar.

Como resultado de tal deterioro, el ratio entre cotizantes y beneficiarios se está recortando a un ritmo preocupante. En esencia, esto significa que cada contribuyente financia con sus impuestos a un mayor número de pensionistas. Para paliar este desajuste estructural, el Gobierno está negociando en la actualidad la reforma del sistema, que se traducirá en una rebaja de las pensiones futuras próximas al 30%, ni más ni menos.

Sin embargo, más allá de la insostenibilidad crónica que padece el modelo de Seguridad Social vigente, el agravamiento de la crisis económica y financiera que padece España se podría traducir en la desaparición pura y dura del Fondo de Reserva. El Gobierno está empleando la "hucha de las pensiones" para financiar el gasto público. Este hecho pone de relieve, por un lado, la grave crisis de liquidez que sufre el Estado como resultado del desplome de los ingresos tributarios, que caen ya a un ritmo próximo al 25% interanual, y por otro las crecientes dificultades que tiene el Tesoro para colocar en el mercado sus emisiones de deuda pública.

Y es que, a diferencia de la estrategia inversora llevada a cabo durante los últimos años, el Gobierno está invirtiendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en deuda pública española, cuya calidad es inferior al de otros países como, por ejemplo, Alemania. ¿Problema? Muchos. La voz de alarma saltó hace un par de semanas cuando un alto funcionario de la Seguridad Social reconoció en público lo que otros ya venimos advirtiendo desde hace tiempo. La deuda pública corre el riesgo de dispararse hasta el 90% del PIB en apenas un par de años, frente a un ratio inferior al 40% en 2008. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el déficit público –diferencia entre ingresos y gastos– superará el 10% del PIB este mismo año.

Tan sólo un dato. Según las propias agencias de rating (calificación de riesgos), España se enfrenta a una nueva degradación crediticia en breve, y a otra rebaja adicional a medio plazo en el momento en que la deuda pública supere el 60% del PIB. Es decir, la calidad de la deuda soberana pasará a tener un rango inferior, y esto a su vez encarecerá la financiación del Estado ya que los inversores perciben un mayor riesgo de default (impago). Durante los años 90 la rentabilidad media de las letras del Tesoro superó el 8%, mientras que en la actualidad se sitúa en tasas próximas al 4%.

El problema es que los datos aquí expuestos no contemplan la grave crisis financiera que acaba de dar comienzo. Por el momento, el Gobierno ya tiene serios problemas para financiar el gasto público corriente, hasta tal punto que se ve obligado a tirar del fondo de pensiones para financiar sus dispendios. Al mismo tiempo, el aumento de la deuda pública y la más que segura rebaja crediticia de los bonos del Tesoro dificultarán hasta extremos imprevisibles la colocación del papel español en el mercado financiero.

La cuestión es que el famoso plan de rescate bancario aprobado por el PSOE y el PP pretende salvar a bancos y cajas mediante la emisión de más deuda pública, hasta un montante máximo de 90.000 millones de euros –que serán más–. Si la emisión de deuda se colapsa es muy probable que, llegado el caso, ni cortos ni perezosos, los irresponsables políticos hagan uso de los 58.000 millones de euros líquidos que conserva el Fondo de Reserva para salvar a entidades financieras insolventes, en lugar de dejarlas quebrar. ¿De dónde si no van a sacar el dinero?

Las arcas estatales, autonómicas y locales están vacías y el rescate bancario precisará una movilización de recursos públicos sin precedentes en la historia reciente de este país. El Ejecutivo está confiando toda su política económica a la emisión de deuda, pero la clave reside en saber si los inversores foráneos confían de igual forma en la solidez de la economía y las finazas públicas nacionales. Si la respuesta es no, sus pensiones salvarán a la banca. No es algo nuevo. Dicha medida ya ha sido tomada por Irlanda. Falta saber si España tomará o no la misma senda.

El free-rider y sus secuelas

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Todos conocemos el caso reprobado del gorrón, quien se beneficia de la fiesta sin poner ni un euro para montarla. Dicho más elegantemente, quien se niega a contribuir deseando que los demás sí lo hagan y que produzcan el bien del que él también disfrutará.

Esta situación se da cuando no se lleva a cabo la internalización de los beneficios. Los organizadores de la fiesta recaudan voluntariamente fondos y luego organizan la fiesta en una plaza pública, por ejemplo. En ese caso no pueden evitar que los free-riders disfruten de todo. Los organizadores pueden preferir, por razones de tradición o por reducir costes, que es mejor festejar en el lugar público antes que hacerlo en un recinto cerrado donde puedan excluir a los gorrones. También podría considerarse que, sea cual sea el lugar, lo correcto es que la fiesta “sea para todos”. Independientemente de la situación, la existencia de un bien público (decidido por tradición, por reducción del coste de internalizar o por cualquier otra motivación ideológica) es un incentivo para el free-rider.

Lo que hay que recalcar es que el free-rider no es más que un caso particular de la figura del comportamiento racional del ser humano que, en pleno uso de su función empresarial, tiende a reducir costes y a maximizar beneficios, siempre subjetivamente considerados. Apoyándose en la existencia de free-riders, los defensores de las agencias tributarias argumentan que existe una solución a través de la contribución obligatoria a los gastos de la fiesta. Se dice que, así, cada uno aceptará el tributo siempre que todos los demás también lo soporten. Pero, ¿se acabó el problema del gorrón?

No, sin duda. Seguimos teniendo una propensión natural a desear beneficios con los menores costes posibles. En el nuevo estado de cosas en que todos contribuyen, tendemos a conservar nuestra innata alma de free-riders, pero con consecuencias aún más negativas para la mayoría. Ahora los free-riders son aquellos que creen o que saben objetivamente que hay otros individuos que aportan más que ellos recibiendo su misma porción de fiesta. Tales gorrones desean que las cosas sigan igual. Los que, por el contrario, piensan o saben que contribuyen más quieren cambiar las cosas habida cuenta, y esto es muy importante, de que no pueden escaparse de contribuir a causa de la coacción que sufren y de la legitimación ideológica que difunde la bondad absoluta de los impuestos. La simple existencia de la coacción para que todos contribuyan desencadena un sinfín de efectos aún más perversos que los de la fiesta pagada por pocos y disfrutada por muchos. Por ello, la confiscación impositiva, lejos de arreglar el problema de los free-riders, lo agrava. Y esto se produce sea cual sea el ámbito territorial que abarque la sociedad de festejos con capacidad confiscatoria.

La tendencia humana a que la diferencia entre costes sufridos y beneficios percibidos sea lo mayor posible, lleva el espíritu del gorrón adonde sólo puede darse, ante situaciones en que no se quiere (o no se puede) excluir su presencia por razones de bien público bendecido ideológicamente (la educación, la cultura, la limpieza urbana, el medio ambiente, etc.). Lo que se propicia con la “solución tributaria” es que haya una imparable presión sobre el gasto público (que la fiesta sea mayor y mejor) y una no menos inexorable carrera de los grupos organizados por hacer recaer sobre la mayoría de los individuos la mayoría de los costes. Con todo ello, se exigirán más y más gastos para la fiesta del barrio sin que cada individuo admita su responsabilidad en sufragar su parte.

Eso es lo que ocurre en los estados modernos, grandes y pequeños: cada ciudadano exige gastos elevados y mínimos impuestos para sí mismo, sin querer percibir la necesidad de corresponder unos con los otros. Consecuentemente, los políticos buscan modos de satisfacer esas demandas, bien camuflando impuestos hasta donde se pueda, bien endeudándose, inflando el crédito, atendiendo a determinados grupos de presión, alentando la gorronería de determinados sectores, o mediante una combinación variable de todo ello.

Atajar esta vía perversa de solución del problema del free-rider exige una definición estricta de los derechos de propiedad de manera generalizada. Y esto sólo puede lograrse desacreditando intensamente la ideología de “lo público” y constriñendo lo más posible la existencia de esos bienes públicos. Se precisa, pues, difundir la idea de que los beneficios de los servicios han de ser para quienes los pagan voluntariamente aunque antes hubiera que, de manera transitoria, establecer que sólo recibieran beneficios quienes los hayan de pagar obligatoriamente.

En términos generales se hace imprescindible intensificar la vía de ataque a los servicios públicos en la línea de internalizar los beneficios, de privatizarlos y desregularlos. Cualquier otra propuesta de fraccionamiento formal de los poderes públicos es estéril.

La marca España como modelo verde

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

De todas las tonterías que he leído esta semana, ésta es, con diferencia, la mayor: "La marca España como modelo verde ha quedado tocada."

La asociación del concepto empresarial "marca" a una realidad territorial como es un país siempre me ha parecido un intento estúpido de subirse a un carro de supuesta modernidad y, encima, cogiendo el toro por donde no es. Desde el punto de vista del comercio exterior es deseable que nuestros productos se caractericen por su calidad, claro que sí, pero no por gastar dinero en informes que expliquen a la gente qué es eso de la "Marca España" se consigue incrementar la bondad de nuestros bienes y servicios. Es al revés: la empresarialidad de quienes ofrecen esos bienes y servicios, el buen hacer del empresario, es lo que lleva a que, con el tiempo y de manera espontánea, nuestros productos terminen siendo reconocidos mundialmente. Por supuesto, el entorno político, económico y social en el que ese empresario se desenvuelve cuenta mucho.

Pero cuando se intenta que esa ficción de la "Marca España" además tenga unas connotaciones determinadas cargadas de sesgo político, entonces ya es el acabose. Y exactamente eso es "la marca España como modelo verde". España no es un modelo de país ecologista. Por más que vendamos esa imagen, no lo es. No tenemos tradición ni dinero para serlo. Podemos reciclar la basura, enseñar a nuestros hijos que es mejor tener un planeta limpio y un aire respirable que todo lo contrario. Podemos salir a las calles pidiendo a las empresas que reduzcan sus emisiones, e incluso, podemos votar a los políticos que promulgan leyes (o prometen que lo van a hacer) en ese sentido si creemos que eso es lo mejor. Pero se necesita mucho tiempo para cambiar la mentalidad y el carácter de la gente.

Y ahí viene la confusión: el carácter no es la marca. Las marcas están muy bien como instrumento de marketing empresarial. Tiene mucha utilidad y ha supuesto una revolución en la comercialización. Ahora bien, el carácter de un pueblo es otra cosa. Ni se crea o destruye por ley, ni se compra o se vende.

Esta idea de que podemos vender al mundo (y en concreto a los Estados Unidos de Obama) una imagen de España como modelo verde es una ficción más que se disuelve a la luz de los datos como la sal en el agua. Y ya sé que eso duele, de ahí la pataleta de quienes apoyan esos castillos en el aire que no son sino un fraude cuando se les dice.

Desde mi punto de vista de lo que se trata es de que la realidad de España sea menos falsa, más seria, menos de pandereta y más de trabajo sólido. En el informe que el Real Instituto Elcano presentó en el año 2003 acerca de la Marca España se afirmaba:

La estrategia de imagen de España debe ser un proyecto a largo plazo, un esfuerzo sostenido en el tiempo cuya gestión y responsabilidad se sitúe por encima de la legislatura política. Debe ser un proyecto de Estado, a partir de una estrategia definida que diseñe las distintas acciones a desarrollar, tanto en el aspecto político y comercial como en el cultural.

Y destaca la importancia estratégica de coordinar el esfuerzo de todas las instituciones un ente que actúe como "guardián de la marca", con responsabilidad total y absoluta sobre estas cuestiones. Sólo de pensarlo me echo a temblar. Así, me imagino, si no funciona la Marca España la culpa es del mercado, el neoliberalismo y los propietarios, pero si sale bien, es porque "el plan" ha sido un éxito y nuestro guardián es el mejor. Como siempre.

No creo que ese sea el camino. Como no lo es vender subvenciones y favores, comprar sillas en las reuniones de los G, para que la Comunidad Internacional™ te sonría y aplauda hipócritamente. La misma comunidad internacional que retira ayudas a Honduras porque defienden su Constitución y se las da a Castro porque Cuba es una democracia de las de toda la vida.

Y mientras, la corrupción autonómica y local va corroyendo la solidez institucional y la confianza de los ciudadanos, los que pagamos impuestos. Mientras, se asume que los políticos reciben regalos y ninguno tiene el pundonor de devolverlos, o dejarlos en los ministerios, alcaldías e instituciones… simplemente porque el regalo es para el cargo, no para la persona. Mientras, se insulta y vilipendia a quienes digan que España no es un modelo verde para nadie y los mismos que compadrean con independentistas, a la mínima te tachan de antipatriota. Como si tuviera algo que ver.

Eso sí, la Marca España, alimentada con el dinero de mis impuestos se consolida cada vez más: España, república bananera.

Tropezón para el libro electrónico

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Hasta qué punto ese error frenará el desarrollo del libro electrónico es algo que sólo el tiempo podrá decir, pero de que será durante un tiempo un factor que eche para atrás a posibles conversos no tengo ninguna duda.

¿Pero qué es lo que ha hecho Amazon? Destruir el contrato, no escrito pero sí sobreentendido, que venía a decir que los libros que compramos son nuestros y nadie nos los puede quitar. Al fin y al cabo, muchos de los volúmenes que adquirimos no van destinados sólo a la lectura, sino también a ocupar un sitio en nuestras estanterías, a ser conservados, a ser releídos, a ser prestados a familiares y amigos. Muchos conservamos libros que pertenecieron a nuestros padres y abuelos, y entendemos que así ha de ser con los que compremos en adelante, por mucho que sean digitales. Un salto de fe, que diría Indiana Jones, harto complicado de dar, pues el formato electrónico ya pone muchas pegas de por sí, pues no ofrece la misma sensación de posesión que un libro físico.

De hecho, Amazon ya ponía trabas a ese cambio de mentalidad mediante la inclusión de mecanismos de protección (DRM) en los libros electrónicos que vendía, que hacía más difícil considerarlos como propios. Pero el paso que dio el pasado viernes el gigante del comercio electrónico rompe por completo ese contrato intangible. Los lectores que habían comprado, de entre todos los títulos y autores posibles, 1984 y Rebelión en la granja de George Orwell se encontraron con que los libros habían desaparecido de su lector Kindle. Sin más. Es como si alguien hubiera entrado en su casa y se los hubiera robado.

La razón no está clara. Al principio parecía ser simplemente porque la editorial había pedido su retirada de la tienda de Amazon, pero luego porque resultó que dicha editorial no tenía los derechos para su publicación digital. Motivos suficientes para dejar de venderlos, pero no para hacerlos desaparecer de los lectores electrónicos de sus clientes. Por mucho que haya devuelto el dinero, Amazon ya no podrá devolver la sensación de seguridad que hasta ahora tenían sus clientes en aquello que compraban. La empresa ha prometido no volver a cometer este error, y probablemente la gente vuelva a confiar en ellos como antes. Pero aunque suene mal, ojalá no suceda y alguien tome el relevo, aunque retrase un poco la implantación del libro electrónico.

Como argumenté hace unos meses, Kindle es un camino equivocado. La forma de enganchar a los futuros usuarios de lectores electrónicos son precios bajos y la eliminación de restricciones. Si no, se acostumbrarán a buscar ilegalmente en internet lo que no se les ofrece legalmente en las tiendas. Seguramente Amazon haya seguido esa vía para convencer a las editoriales de dar el salto del papel al mundo de los bits, pero es un salto que tendrán que dar, quieran o no, en cuanto existan dispositivos que supongan una experiencia comparable, en términos de placer de lectura, con un objeto tan antiguo y refinado a lo largo de los siglos como es el libro. Porque si no lo hacen, se encontrarán en el incómodo papel de la industria discográfica, y no creo que nadie en el mundo quiera ese destino.

La fiesta de las cajas y quienes la pagamos

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

A diferencia de nuestro sistema de contratación laboral dual donde se encuentran los protegidos (los indefinidos) y los menos protegidos (los temporales), el sistema financiero es dual en otro sentido: por un lado están los privilegiados (los bancos) y por otro los hiper-privilegiados (las cajas de ahorro).

La estructura jurídica de las cajas de ahorros ha sido siempre una rara avis en nuestro catálogo de operadores financieros. No pertenecen a nadie, no cuentan con socios (sólo cuotapartícipes con derechos restrictivos) ni con junta de accionistas propiamente dicha. No existen verdaderas acciones que coticen en bolsa ni escrutinio, por tanto, del mercado. Las cajas pueden comprar un banco, pero no al revés porque la propiedad de aquéllas es indefinida. No reparten dividendos y pueden deducirse fiscalmente las cantidades destinadas a obras benéfico-sociales. No pagan costas judiciales y la responsabilidad de sus administradores es difusa.

En 1977 el decreto de Fuentes Quintana homologó la actividad de las cajas a la de los bancos y su radio de acción dejó de limitarse desde entonces a su mero territorio. Se profesionalizaron con notable éxito. Emularon a los privilegiados bancos en sus maneras de expandir y hacer dinero por doquier esgrimiendo la coartada de su "compromiso social", cada vez más accesorio con respecto a su actividad principal. Los más afanosos fueron La Caixa, Caja Madrid y Bancaja, por ese orden.

De la anterior crisis financiera importante de finales de los años 70 y de la década de los 80 sobrevivieron casi la mitad, es decir, 45 cajas. Se llevó a cabo una purga y reestructuración de todo el sistema financiero español bajo la férrea disciplina del Banco de España respaldado por el Gobierno.

El 2 de Agosto de 1985 (un año después de la ineficaz reforma laboral que acogía a los temporales) se aprobó con premeditación y alevosía veraniega la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA). Los poderes autonómicos consiguieron un triunfo político de un entonces bisoño ejecutivo socialista. Esta ley abogaba por una nueva forma de gestión colectiva de las cajas buscando una "plena democratización de sus órganos rectores",de forma que en ella pudieran expresarse “los intereses genuinos de las zonas sobre las que ellas operan". Desde aquel momento todos los grupos políticos con representación parlamentaria dentro de cada Comunidad pugnaron ferozmente por hacerse con los órganos de control de las cajas de ahorros. Este abordaje público fue rubricado tanto por los respectivos estatutos de autonomía como por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Al convertirse de facto los partidos políticos autonómicos en los únicos definidores de los intereses de las cajas se pervirtió completamente la trayectoria de unas organizaciones más que centenarias.

La LORCA otorgó, además, competencias legislativas a las correspondientes autonomías sobre sus cajas que han ido desplegando su pertinente panoplia normativa (i.e. dotarse todas de veto ante cualquier eventual fusión). Esta ley sentó las bases de un moderno caciquismo local basado en la instrumentación espuria del ahorro, el reparto de cargos y el trato de favor a empresarios amigos.

El dominio político de las cajas se consolidó con un proceso de representación de órganos rectores que dejó a la entidad fundadora inicial (el legado histórico más interesante de las cajas) con una cuota meramente testimonial y simbólica. Primaron las cuotas de los delegados de los partidos autonómicos; tras éstas, se permitió la entrada de otros representantes minoritarios: corporaciones municipales, sindicatos, trabajadores, impositores, etcétera (el sueño de cualquier colectivista).

Así, la evolución histórica de las cajas ha permitido que su vocación asistencial dirigida inicialmente a personas con escasos recursos se haya transformado en otra de asistencia a las necesidades y a los proyectos del poder autonómico de turno. Ni siquiera el impulso de las cuotas participativas como medida de semi-privatización con motivo de la aprobación de la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero pudo enderezar la situación para impedir un dirigismo público tan descarado.

Aunque se aluda a la crisis económica internacional, el acusado deterioro de los balances actuales de las cajas está causado fundamentalmente por la mala gestión inducida por sus padrinos políticos. En la época de bajos tipos de interés éstos fomentaron la entusiasta orgía crediticia especialmente en el crédito promotor e hipotecario de forma imprudente, fallando toda gestión de riesgos. Es notorio comprobar que la tasa de morosidad de las cajas es netamente superior a la de los bancos; caso de que en 2010 ésta supere el 9% estaremos ante no pocos casos de insolvencia. Toda la banca está escasamente capitalizada y no tiene, por tanto, capacidad para seguir con su normal actividad. Esta es la dolorosa y patética realidad pese al alabado modelo español de reservas anticíclicas. Sólo los hogares españoles deben al conjunto del sistema financiero unos 900.000 millones de euros, aparte de los 320.000 millones que tiene prestado el sector promotor. Este boom inmobiliario es de los que hacen época. El 53% de toda esta burbuja anida, por lo demás, en las cajas de ahorro, que gestionan el 40% de todo el pasivo bancario español. Desde hace meses la patronal de cajas, la CECA, ha dejado de publicar los balances de sus entidades; ciertas cajas han hecho igual con sus préstamos impagados.

Tras el mayor concurso de acreedores de nuestra historia (Martinsa Fadesa) bancos y cajas han visto las orejas al lobo al hacerse conscientes de que su suerte estaba íntimamente ligada a la de los grandes deudores y le han echado imaginación al asunto: refinanciación de la deuda, daciones de pago, constitución de sus propias filiales inmobiliarias, presión al regulador para cambiar el cálculo de las dotaciones o para no contabilizar a precios de mercado durante los próximos años toda la basura que tienen en su inflado activo. Todos han presionado también al legislador para que acuda en su ayuda a costa de la masa desorganizada antes de que la comisaria de la competencia europea frunza el ceño.

Por su parte, las cajas están intentando hacerse con premura de toda la liquidez posible mediante la emisión de participaciones preferentes en el mercado interno o de nuevas cédulas hipotecarias en el mercado internacional, la desinversión en empresas cotizadas (el 5% de toda la bolsa española está en sus manos), la reducción de su "dividendo social" o el cierre de oficinas de su sobredimensionada red. Todo ello será insuficiente.

Pese a que el dinero mal invertido (o dilapidado) sea mucho, el Gobierno no tiene empacho alguno en socorrer a las cajas, es decir, a la casta política. El actual Ejecutivo inyectará dinero público al sector bancario (mayormente a las cajas de ahorros) con un nuevo fondo de rescate (FROB), otro más, pero esta vez con el fin de que estas entidades se fusionen o integren. Lo que debiera hacer el mercado lo costeará la política central (ni siquiera la autonómica, para más escarnio) saqueando los bolsillos de todos los contribuyentes. Con ello queda patente que los tan cacareados Fondos de Garantía de Depósito eran muy exiguos. El PP ha criticado esta ayuda pero acabó por aprobarla en el parlamento. Es probable que las uniones sean entre cajas de la misma comunidad autónoma, ya que las interregionales tendrán fuertes barreras políticas. Ningún Gobierno autonómico –independientemente de su color– estará dispuesto a perder cuota de poder sobre sus cajas refrendada en su día por la LORCA. Me temo que este fondo no servirá para un saneamiento eficaz de las cajas sino que propiciará, como mucho, fusiones artificiales sin verdadera lógica empresarial pero con mucha intención política. La ceremonia, el banquete, las copas y el viaje de bodas los apoquinará el ciudadano.

Se supone que el Banco de España (BE) cuenta con atribuciones suficientes para supervisar todas las entidades de crédito. No desea intervenir en otra caja como la manirrota CCM y quiere imponer su autoridad. Pese a lo indicado por el FROB, no estoy tan seguro que el BE tenga la última palabra. Ante un futuro conflicto entre el BE y una CC AA por un asunto de cajas ¿quién se impondrá? Nuestro ZP depende mucho más de los gobiernos autonómicos (especialmente de Cataluña y Andalucía) que del gobernador del BE para seguir en su puesto; la Escuela de Elección Pública nos da la respuesta.

El problema de las cajas no es el tamaño sino su solvencia. Se habla de que en la presente crisis sobrevivirán, como en la anterior, sólo la mitad de las existentes, esto es, unas 20 cajas aproximadamente. Curioso número; casi el de los territorios autonómicos en que está troceada nuestra nación política. Estamos en el inicio de una carrera que va desde el estado de excepción financiera hasta el apuntalamiento de los grandes campeones financieros autonómicos: los bancos públicos regionales.