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El derecho a no ser pobre

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

La organización no resulta simpática ni a las dictaduras tercermundistas ni a las democracias occidentales que se creen por encima de cualquier reproche, lo cual es encomiable. Pero la inclusión de "derechos sociales" en su proyecto activista es una evolución lamentable que va en detrimento de su causa fundacional. Difuminar la frontera entre derechos individuales y "derechos sociales" conduce a más atropellos contra la libertad y de hecho nos aleja de la solución a los problemas sociales que motivan esa retórica.

William Easterly, uno de los principales expertos en economía del desarrollo y ayudas al Tercer Mundo, ha explicado por qué no caben más derechos que los negativos o individuales, que son los que proscriben interferencias violentas por parte de terceros: porque la única definición útil de derecho es aquella que permite identificar a una víctima y a un agresor o causante del daño.

En el caso de un asesinato, una violación o un robo se ve claramente: una persona, mediante su acción violenta, está causando daño a otra que se comportaba de forma pacífica. Por eso tiene sentido hablar de un derecho a la vida, un derecho a la integridad física o un derecho de propiedad. Son derechos individuales que definen la esfera de actuación de cada uno y que los demás deben respetar.

En el caso de los derechos sociales (como el "derecho a una vivienda", "el derecho a la alimentación" o "el derecho a la salud") uno puede identificar "víctimas" pero encontrar culpables es más difícil. ¿Quién es el culpable de la pobreza, la falta de acceso al agua potable o la precaria salud de buena parte de la población del África subsahariana?

La pobreza per se no es resultado de ninguna agresión, es la condición natural del hombre. La humanidad ha vivido miles de años en la miseria, y sólo trabajando, ahorrando, acumulando capital y aumentando la productividad han podido tantos millones de personas superar ese estadio. La riqueza no es una tarta preexistente que la humanidad se va repartiendo de modo que lo que le toca a unos es lo que se quita a otros. La riqueza es una tarta que se produce y que, en la medida en que se permite operar al mercado, se distribuye conforme se produce, no después de producirse. Confunde a algunos que pudiendo mejorar la situación de los pobres optemos por gastar nuestro dinero en otras cosas que nos satisfacen más. Pero no prestar ayuda siempre que podemos hacerlo no equivale a ser los causantes de esa situación. Si de súbito desapareciéramos o no hubiéramos existido nunca, los afectados seguirían siendo igual de pobres, lo que demuestra que no somos los causantes de su pobreza. Un médico también podría curar más enfermos si trabajara más horas, pero el hecho de que decida irse a casa a descansar no lo hace causante de la enfermedad que sufre el paciente en espera.

Easterly destaca otro problema con los derechos sociales como "el derecho a no ser pobre": la pobreza es un concepto esquivo que depende del contexto. Más allá del hambre y la necesidad extrema es difícil establecer una línea frontera entre la pobreza y la no-pobreza. Con los derechos individuales la dicotomía es clara: o se perpetra asesinato, robo o violación, o no.

La institucionalización de los "derechos sociales" implica violaciones de derechos individuales, porque un derecho a "no ser pobre" (o a la salud, a una vivienda, etc.) implica que otros tienen que ser obligados por el Estado a proveerle recursos, y esta redistribución forzosa invade la esfera privada de quienes trabajan y producen sin hacer mal a nadie. Pero tanta palabrería distrae de la cuestión fundamental: el pobre no se alimenta de un "derecho a la alimentación", sino de comida, y es el mercado el que mejor la produce. Por otro lado, la caridad privada es más eficiente que la pública, pues las ONGs, la Iglesia, etc. compiten en reputación para captar fondos, a diferencia del Estado.

En cualquier caso, una parte de la pobreza actual sí tiene culpables identificables: los Estados y los grupos de interés que actúan bajo su paraguas. El proteccionismo perjudica a los consumidores occidentales pero también a los productores del Tercer Mundo. Las barreras migratorias limitan las posibilidades de prosperar de los trabajadores de los países en desarrollo. La ayuda externa a los gobiernos foráneos promueve el intervencionismo en detrimento de la iniciativa privada local. El sistema de patentes restringe la competencia sobre las ideas protegidas. En el ámbito doméstico, las leyes de salario mínimo y las regulaciones laborales elevan los costes de contratación y condenan al paro a los trabajadores menos cualificados. Los permisos y licencias públicos restringen la competencia y encarecen servicios (la sanidad, por ejemplo). La interferencia del Estado eleva los precios de la vivienda, la energía y otros bienes esenciales. La expansión crediticia impulsada por los bancos centrales perjudica especialmente a los más pobres, que asumen precios más altos antes de que hayan subido sus salarios.

Si Amnistía Internacional quiere empezar a defender "el derecho a no ser pobre" lo mejor que puede hacer es dejarse de términos grandilocuentes y pedir reformas de mercado.

Por qué la realidad supera a la ficción

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Esto es especialmente cierto en el mundo de los ordenadores, donde la realidad supera a la ficción abrumadora y constantemente, como quizá no se observe en otras facetas de la economía y la actividad humana. Para comprobarlo, basta asomarse a las películas de ciencia ficción de tan sólo hace una veintena de años.

Me refiero a películas que transcurren en un futuro, menos lejano ahora que entonces, pero aún distante. Por cierto, no vale La guerra de las galaxias que como todos saben ocurrió hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana.

No sé si el lector se ha fijado en las pantallas de los ordenadores que controlan las naves espaciales imaginadas a mediados de los 80. Si lo hace, se sorprenderá al comprobar que no se parecen en nada a las que unos 20 años después tenemos en nuestra casa. En todas aquellas, las pantallas se limitan a presentar texto (normalmente con un colorcillo verdoso) y, si muestran algún gráfico, está formado por vectores y no tiene mucho que ver con la realidad que representa. La interacción con estos computadores es mediante complejos comandos tecleados rápidamente por el experto de la tripulación.

Esto es lo que daba de sí la imaginación de los guionistas de los 80 sobre la informática del futuro. Sin embargo, ya en los 90 existían sistemas operativos visuales como el del Commodore Amiga o el de Apple, que desembocarían en la actual generalización de Windows.

Compárese con la situación cotidiana actual: la pantalla de un ordenador es una explosión de color y luces. En ella podemos ver gráficos tridimensionales e incluso las películas de los años 80 con pantallas bicolores de ordenador. Y la mayoría de la gente es capaz de gestionar unos recursos ofimáticos brutales sin llegar a utilizar el teclado, sólo moviendo un punterito por la pantalla.

Todo esto nos parece hoy trivial. Y, sin embargo, hace menos de 20 años ni uno solo de los guionistas más imaginativos de Hollywood era capaz de imaginar que nuestros ordenadores serían así, no ahora, sino dentro de otros 20 años.

¿Por qué ocurre esto? Porque ni siquiera la imaginación del más imaginativo escritor es capaz de superar la fuerza del empresario innovador con ganas de hacer dinero proporcionando el mejor servicio posible a la gente. Simplemente por eso. A las pruebas me remito.

España no es la respuesta

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Incluso los economistas "ortodoxos", que viven bien instalados en el conformismo neoclásico, se travisten de telepredicadores para proponer todo tipo de barbaridades a la mínima ocasión: los déficits bélicos de Keynes, los helicópteros dinerarios de Friedman, la creación artificial de nuevas burbujas de Krugman o las tómbolas monetarias de Mankiw, son claros ejemplos de cómo el sinsentido prende en la academia a poco que los hechos desconcierten sus endebles modelos y teorías económicas.

Los políticos, que en última instancia beben de esas turbulentas aguas, tampoco son precisamente una excepción a esta norma. Sus medidas o bien van destinadas a recortar la libertad individual con el pretexto de la crisis o bien están lo suficientemente desenfocadas como para aparentar que todo cambia con el propósito de que, en realidad, todo siga igual.

En este último grupo se enmarca los primeros esbozos de la propuesta de Obama para reformar el sistema financiero estadounidense. Como ya hemos narrado en otras ocasiones, la explicación "oficial" sobre esta crisis es que había una parte muy significativa del sistema bancario que operaba a la sombra de las regulaciones (shadow banking) y, por este motivo, fue capaz de endeudarse muchísimo para realizar pésimas inversiones como las hipotecas subprime.

En principio, una de las medidas que baraja la Administración Obama para regular este "shadow banking" es imponer a todas las entidades financieras que ahorren en "tiempos de bonanza". Básicamente, que cuando la economía está creciendo y los bancos obtengan grandes beneficios, acumulen fondos extraordinarios para cuando lleguen las crisis y tengan que hacer frente a importantes pérdidas.

Se trata claramente de una regulación inspirada en la española y que fue ideada hace más de 15 años por el ex gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo. Como ya indicamos en su momento desde el Instituto Juan de Mariana, la idea tiene cierto sentido (los actuales fondos propios de la banca son del todo punto insuficientes) pero sería un error considerarla como la solución al ciclo económico. Las crisis se producen porque el sistema bancario, comandado por el banco central, se endeuda a corto plazo e invierte a largo, lo que tiene a generar iliquidez, malas inversiones y finalmente insolvencia, como bien pone de manifiesto la Escuela Austriaca.

Obviamente, una mayor dotación de fondos propios paliará en algo la tendencia hacia la insolvencia y ulterior quiebra de los bancos y, sobre todo, limitará su capacidad de expansión crediticia. Es algo que Hayek ya explicó en la década de los 30 pero de lo que muchos siguen sin enterarse. Ahora bien, suavizar algo el ciclo no significa ni mucho menos eliminarlo, por lo que cometeríamos una grave equivocación si creyéramos que con tímidas reformas de este género podemos dar por olvidadas las causas que nos han llevado a la debacle actual. La banca y los políticos no deberían irse de rositas aprobando una regulación del todo insuficiente que dentro de diez años nos vuelva a abocar a otra crisis económica.

Y hete aquí que, en medio de esta complaciente buburja intelectual y política, el padre de este sistema regulatorio en España, el propio Luis Ángel Rojo, ha intentado rebajar las expectativas que ha generado entre la clase política: no, no evitará nuevas y recurrentes crisis. Rojo recuerda que la banca española también se ha comportado alocadamente durante todos estos años a pesar de su "acertada" regulación. Sí, así es.

Pese a que en España sólo ha quebrado formalmente Caja Castilla-La Mancha, no deberíamos olvidar dos hechos importantes: primero, nuestra muy regulada banca ha generado, gracias a su laxitud crediticia, la mayor burbuja inmobiliaria del mundo; segundo, España ha destinado tanto dinero a recapitalizar su banca como Estados Unidos (alrededor del 5% del PIB) y a la luz del FROB parece que todavía necesitará mucho más (casi el 10% del PIB).

¿Por qué entonces se carga contra la desregulación estadounidense y se aplaude al modelo español? ¿Qué crisis económica ha evitado la regulación española y su sistema de provisiones contracíclicas obligatorias? Ninguna, de hecho con mucha probabilidad nuestra crisis vaya a ser muy superior a la de Estados Unidos.

Entonces, ¿a qué viene tanta emoción y esperanzas con estas regulaciones? Todo es o ignorancia o apariencia. Hay que simular que hemos dado con la clave para contentar a las masas y para seguir conservando la parte esencial del sistema: la capacidad privilegiada de que dispone la banca para inflar artificialmente el crédito de los agentes económicos y, sobre todo, del Estado.

O no aprenden o no quieren aprender: el sistema español no sirve, que escuchen a su creador o que observen la situación económica española. Si los políticos de verdad quieren terminar con los brutales ciclos económicos característicos del siglo XX, lo tienen bastante fácil: que regresen al patrón oro, que avancen hacia la auténtica libertad bancaria y que reduzcan el peso del Estado. Tres medidas que les producen tanta urticaria como para vendernos una mercancía estropeada.

De los sentimientos morales a la riqueza de las naciones

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos tiempos, he tenido la oportunidad de leer, reflexionar y discutir sobre las dos obras principales del considerado por muchos padre de la economía, el escocés Adam Smith. Me refiero, como es obvio a la vista del título, a la Teoría de los sentimientos morales y a La riqueza de las naciones.

En la primera de las obras, Adam Smith formula su teoría sobre cómo se forman los sentimientos, tratando de explicar qué es lo que mueve al hombre a actuar de una forma u otra. En la segunda, más conocida, explica cómo el trabajo, y específicamente su división, es la causa principal de la creación de riqueza.

Uno de los aspectos más interesantes de la lectura conjunta de ambas obras es la búsqueda de la conexión entre ambas. En esencia, si la teoría de los sentimientos morales es capaz de explicar las motivaciones del hombre para actuar en sociedad, debería de ser capaz de explicar cómo a partir de dichos sentimientos se llega a la división del trabajo. ¿Es este un fenómeno "natural", o ajeno a los sentimientos morales e impuesto por terceros?

Para Smith, la clave que explica los sentimientos morales es la empatía (simpatía en la traducción de Carlos Rodríguez Braun). El hombre tiene empatía, y tiende a ponerse en el lugar de sus semejantes, sufriendo y alegrándose con ellos, hasta cierto punto. Por supuesto, esto no impide que sean sus desgracias y suertes las que más le afecten. Pero, en estos casos, la práctica de la virtud le ha de llevar necesariamente a verse como lo ven los terceros, y adaptar su comportamiento a esa visión.

En esos momentos, hemos de acudir a la empatía con nosotros mismos. Hemos de ponernos en el lugar de un tercero, y ver cómo éste simpatizaría con nuestro comportamiento, para adaptar el mismo.

A partir de aquí, Adam Smith explica la práctica de las virtudes y un sinfín de aspectos de nuestras relaciones sociales. Por ejemplo, razona la existencia de normas y la creación de las mismas mediante un proceso evolutivo, y la consecuente necesidad de justicia para la supervivencia de la sociedad. Idénticamente, justifica la necesidad de educación para las personas, aunque desacertadamente proponga que la misma ha de ser llevada a cabo por el Estado.

Pero sigamos en busca del nexo entre sentimientos morales y división del trabajo. Esta empatía le permite ponerse en lugar de los ricos y de los pobres. Lógicamente, los sentimientos son más placenteros al simpatizar con los primeros; de ahí surge la admiración y el respeto. Y también la ambición por obtener esas riquezas que tan agradable hacen la vida a los ricos, según nos informa la empatía.

Lo cierto es que la satisfacción que obtienen las personas ricas de sus bienes es, en realidad, marginal respecto a la que se puede obtener por una persona normal sin tanto alarde. El hambre queda igualmente satisfecha por un plato de lentejas y por la última creación de Ferrán Adría, aunque éste última obviamente produce una satisfacción adicional, que para Adam Smith es poco apreciable.

El hombre sabio no se empeñaría en la búsqueda de estas riquezas que solo marginalmente van a contribuir a su felicidad, al precio de grandes trabajos y sufrimientos. Y, sin embargo, la mayor parte de los hombres los buscan. Para Smith, esto se explicar porque, en la práctica, valoramos más la "apariencia de belleza" de los bienes; esto es, sobrevaloramos los bienes de los ricos debido a su belleza y armonía, y no por su capacidad de satisfacer nuestras necesidades.

Aún siendo crítico con esta ambición, Adam Smith reconoce que la búsqueda de este espejismo es lo que hace que los hombres quieran acumular riquezas. Y aquí se establece, a mi modo de ver, el vínculo con el emprendimiento, la verdadera fuerza motriz de la economía, que exige la división del trabajo y permite el crecimiento económico, y la consecuente riqueza de las naciones.

El hombre, en su ansia por conseguir esa "apariencia de belleza", ha descubierto que la forma más eficiente es la división del trabajo posibilitada por el intercambio de bienes. La ley de la ventaja comparativa nos informa de que es más eficiente para obtener riquezas que cada individuo se especialice en aquello que mejor realiza, e intercambie los resultados de su trabajo con terceros. Con la división de trabajo operativa, sí puede activarse la famosa mano invisible que hace que, espontáneamente, la búsqueda del beneficio propio se transforme en la mejor forma de enriquecer la sociedad.

En resumen: la empatía que sentimos por la felicidad de los ricos, nos hace sobrevalorar ésta y sus bienes, y nos lleva hacia un proceso de acumulación de riquezas, lo que solo podemos aspirar a conseguir mediante la división del trabajo. Ésta a su vez pone en marcha la mano invisible y desemboca en la creación de riqueza para todos (el concepto de naciones es macroeconómico, por lo que prefiero evitarlo).

Como punto débil de la teoría, me cuesta atribuir a la mera "apariencia de belleza" la insaciable ansia del ser humano por conseguir más riqueza.

La importancia de llamarse Alberto

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Solapada entre los más recientes casos de corrupción, pasó un tanto inadvertida la noticia de que los famosos primos Alberto Alcocer y Alberto Cortina, junto a otros colaboradores, serán juzgados el próximo mes de septiembre por unas acusaciones de denuncia falsa, falsedad documental y estafa procesal.

El asunto se presenta como una de las ramificaciones del caso contra los Albertos por la estafa a los accionistas minoritarios de Urbanor en los años 87 y 88 del pasado siglo (¡!). Merece la pena examinar algunos pormenores de esta larga historia para comprobar que la novela negra judicial tiene una fuente de inspiración real en España, bien es cierto que con elementos más burdos y tenebrosos que los plasmados por los más retorcidos cultivadores del género. Ríase usted de la pacatería de los personajes de Grisham.

En resumen, tal como se declaró probado por un tribunal madrileño, todo comenzó cuando los inefables primos urdieron un timo que consistió en hacer creer a otros socios que la transmisión de las acciones de esa sociedad a KIO (Kuwait Investment Office) se había hecho sobre la base de valorar unos terrenos en Madrid, donde hoy se yerguen las torres inclinadas, que constituían su principal activo, a un precio de 150.000 pesetas por metro cuadrado, siendo que el precio real pactado ascendió a 231.000 pesetas. Como resultado del engaño los consejeros delegados de Urbanor escamotearon la cantidad global de 4.084 millones de pesetas (equivalentes a 25 millones de euros nominales) en lugar de hacer partícipes a los socios minoritarios de las plusvalías del negocio mercantil en proporción a sus acciones.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de diciembre de 2002 absolvió a los acusados, bajo el "argumento" de que los delitos que se declaraban probados debían entenderse prescritos, ya que los perjudicados formularon una querella defectuosa el día anterior a que venciera el plazo legal para entender extinguida la acción penal, y los defectos no se subsanaron hasta dos meses después, mediante la ratificación por parte de los querellantes en el juzgado de instrucción.

Mediante sentencia de 14 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo estimó los recursos de casación que interpusieron algunas acusaciones particulares y el fiscal, dando por buena la querella como denuncia, válida para interrumpir los plazos de prescripción, y, en consecuencia condenó a los acusados por los delitos que venían acusados a unas penas que comportaban su ineludible ingreso en prisión.

No obstante, los "Albertos" recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional y consiguieron que la audiencia madrileña suspendiera la ejecución de la condena mientras ese órgano no resolviera el asunto. Al mismo tiempo, emprendieron una segunda iniciativa para conseguir una eventual revisión de su condena por otra vía. De esta manera, una señora llamada Gloria Álvarez Aguarón presentó, veinte días después de conocerse la sentencia del Supremo, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que relataba haber recibido de forma anónima una carta que podría acreditar que los señores Cortina y Alcocer habrían sido víctimas de una presunta estafa procesal en relación con el caso Urbanor. Esa denuncia fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid "al constatarse la mendacidad de la carta en cuestión".

De esa carta mendaz proceden precisamente las acusaciones que afrontan en el juicio de septiembre Cortina y Alcocer, esta vez acompañados por abogados de cierto renombre, como Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, los "consultores" José María y Francisco Javier Arnaiz del Barco, supuestos autores materiales de la falsa carta exculpatoria, así como la denunciante Gloria Álvarez Aguarón. La osadía de estas maniobras atribuidas a estos personajes resultaría difícil de creer, si no fuera porque debieron de ponderar seriamente que resulta muy fácil hacerlo y salir impune del intento. Cualquiera que sea el resultado de este segundo juicio penal, no influirá sobre el asunto principal.

No en vano, cinco años después de su interposición, el Tribunal Constitucional otorgó el amparo a tan famosos zascandiles mediante su STC 29/2008, de 20 de febrero, porque entendió que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva en relación con su derecho a la libertad personal (sic) y anuló la sentencia del Supremo, con la consecuencia de absolverlos de la acusación, apreciando la prescripción de los delitos.

A partir de ese sorprendente fallo, comenzó a calar la idea de que la apreciación de la prescripción de delitos implicaría que las indemnizaciones derivadas de los mismos corren la misma suerte. De acuerdo a esa impresión, los tribunales españoles no solo dejarían impunes conductas muy graves, si los autores tienen acceso a las capillas de poder adecuadas, sino que, además, permitirían a los delincuentes salvados de la cárcel in extremis retener y beneficiarse del botín de sus actividades delictivas.

A ello contribuyeron incidencias posteriores. El tribunal que juzgó en primera instancia obligó a los perjudicados estafados a devolver parte de las indemnizaciones ya entregadas y permitió a Cortina y Alcocer la cancelación del aval bancario que se les exigió para garantizar el pago de las responsabilidades económicas que se derivaban de las condenas por los delitos de estafa. Todo parecería corroborar que la responsabilidad por el daño, inherente a la noción de justicia, no tiene ningún enganche en el derecho positivo español, tal como lo interpretan los tribunales.

Llegados a este punto, sin embargo, tal diagnóstico parte de una inexacta comprensión de los efectos de la estimación de la prescripción en el procedimiento penal. Se trata de una causa de extinción de la responsabilidad criminal ajena a la valoración de los propios hechos. Aunque se pueda discutir esa interpretación tan beneficiosa para eludir la condena penal, dada por la tardanza en activar la persecución del delito o su paralización durante cierto tiempo, los perjudicados mantienen incólumes sus pretensiones resarcitorias contra los acusados para obtener una indemnización por los daños que sus conductas les han producido.

La justificación de lo anterior se basa en normas de justicia derivadas de añejos principios jurídicos, como son la responsabilidad por el incumplimiento de los contratos, la obligación del que causa un daño a otro de repararle de sus consecuencias y, en última instancia, la obligación de quien se ha enriquecido sin causa de indemnizar al perjudicado.

El singular sistema español permite dilucidar ambas responsabilidades en el proceso penal, pero estimula el ejercicio conjunto, debido a que no puede ejercitarse la acción civil por separado, mientras que la penal no quede resuelta por sentencia firme. Si ésta comporta la extinción de la responsabilidad penal, la acción civil subsiste, siempre que el orden penal no declare inexistentes los hechos que sustentan la acción civil.

Ahora bien, con independencia de cuál sea el desenlace de todo este embrollo en los tribunales, queda pendiente la cuestión de si alguna vez desaparecerán dobles raseros tan descarados en una administración de justicia tan incompetente.

Competencia fiscal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Para contentar a sus aliados políticos, y así garantizarse la permanencia en el poder hasta final de legislatura, Salgado ha aumentado en 2.000 millones de euros la dotación extra a repartir frente al sistema que planteaba su antecesor, Pedro Solbes. De este modo, las autonomías percibirán 11.000 millones de euros adicionales hasta 2012.

Pese a que el nuevo modelo pretende contentar a todos, parece que los únicos plenamente satisfechos son los nacionalistas catalanes de ERC y sus socios en la Generalidad, los socialistas del PSC. No es de extrañar si se tiene en cuenta que Cataluña percibirá casi el 35% del nuevo pastel autonómico, dando así holgado cumplimiento al compromiso de inversión pública que establece el Estatuto catalán.

Sin embargo, lo preocupante del nuevo sistema no radica tanto en el cuánto sino en el cómo del reparto. Por un lado, resulta evidente que el Gobierno ha aplicado la huida hacia adelante en este ámbito. Con el fin de satisfacer a los nacionalistas, incrementa la cuantía a repartir con el riesgo, más que plausible, de tener que acudir a un mayor déficit público para sufragar el gasto.

Por otro lado, amplía la cesión de impuestos a las comunidades autónomas: en el IRPF pasa del 30% al 50%; en el IVA, del 35% al 50%; y en los impuestos especiales del 40% al 58%. La dotación de mayor autonomía fiscal es algo positivo, ya que la competencia tributaria entre autonomías se ha traducido en bajada e, incluso, eliminación de tributos. 

La artífice de este milagro ha sido la Comunidad de Madrid. Desde su llegada al poder en 2003, la presidenta regional Esperanza Aguirre ha provocado un efecto arrastre con la eliminación de determinados impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. Hasta tal punto esto es así, que regiones de todo color político se han visto obligadas a copiar esta iniciativa con el fin de evitar la fuga de capitales (empresas y contribuyentes) de sus respectivas regiones.

El nuevo sistema, sin embargo, está ideado para desincentivar la "competencia fiscal a la baja". Esto es, las rebajas tributarias a nivel autonómico. De este modo, el Gobierno se guarda un as en la manga, ya que podrá castigar con menos recursos a aquellas regiones que no hagan uso de toda su capacidad para recaudar impuestos.

Zapatero cumple así otra de las peticiones planteadas desde el PSC. A saber, que el Estado central ejerza de árbitro para evitar la "dañina" competencia fiscal que ejercen autonomías como la de Madrid a las arcas catalanas, tal y como reclamó en 2007 Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalidad. De hecho, el nuevo sistema abre la puerta a la fijación de una base mínima en Sucesiones y Donaciones.

Además, el Gobierno dispondrá de dos fondos adicionales –el de Competitividad y el de Cooperación– para repartir a su antojo un importante volumen de recursos, sin necesidad de tener que aplicar una metodología concreta. Esta arbitrariedad garantiza el uso de la financiación autonómica con fines meramente partidistas y electorales. Y es que, dicho modelo constituye una herramienta más de control e influencia política.

La solidaridad interterritorial se ha convertido en la excusa perfecta para asegurarse apoyos en el Parlamento y mantener regiones enteras subsidiadas durante décadas gracias a la aportación coactiva de los contribuyentes que trabajan en las regiones más ricas y prósperas del país. Un modelo de financiación idóneo, pues, para el mantenimiento de las corruptelas y para contrarrestar las escasas políticas liberales de algunas autonomías avanzadas, como la de Madrid. En resumen, más de lo mismo, sólo que peor.

¿Por qué Google Chrome OS?

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La idea que trata de vendernos Google es que ya hacemos casi todo en internet, de modo que no necesitamos que el sistema operativo sea otra cosa que un interlocutor entre la máquina y el navegador.

Al margen de las consecuencias económicas que pueda tener este movimiento para Microsoft, a corto plazo sí debería servirle de argumento frente a las autoridades antimonopolio, por más que éstas no atiendan a razones sino a conveniencias de los competidores de la empresa fundada por Bill Gates. Si Google anuncia un nuevo sistema operativo que consiste en poco más que en un navegador, ¿cómo es que Bruselas obliga a Microsoft a no atar Windows con Internet Explorer? ¿Tiene acaso bula Google, que va a tener el navegador tan integrado con el sistema operativo que incluso se llamarán igual?

Argumentaba hace unos meses que Chrome era una amenaza no para Windows, sino para Explorer, y que Google previsiblemente emplearía su capacidad como empresa para preinstalar su navegador en los ordenadores, algo que ningún otro competidor de Microsoft podía ser capaz de hacer. Enrique Dans, en cambio, lo veía como una vía para hacer perder importancia al sistema operativo hasta llegar al "me trae sin cuidado lo que corra debajo de mi navegador". Parece que Google ha llegado a la convicción de que para lograr ambos objetivos es necesario ofrecer un sistema completo a los fabricantes y enfocará inicialmente el mercado de los netbooks.

La elección es lógica. Por mucho que nos digan que ya hacemos todo en la web, en realidad eso no es cierto. Lo hacemos casi todo. Y ese casi sigue siendo bastante importante para muchos usuarios. Pero es cierto que los netbooks no tienen potencia ahora mismo para nada más que para acceder a la web, el correo y ejecutar aplicaciones ofimáticas, aunque habrá que ver qué serán capaces de hacer en 2010, cuando vengan con el sistema operativo de Google instalado.

Bing y la versión online de Office son los últimos ataques de Microsoft a las fuentes de negocio de Google. Aunque hasta ahora haya fracasado, una empresa con la capacidad financiera de Microsoft puede terminar acertando y haciendo mucho daño a Google. Además, según pasan los años y, efectivamente, vamos trasladando cada vez más nuestros datos y aplicaciones a esa "nube" abstracta que es la red, la importancia de Microsoft es menor y, con ella, la mala imagen que sigue manteniendo para muchos. De ahí que en Palo Alto hayan pensado en moverse para reducir los ingresos de su rival, que actualmente están concentrados en Windows y Office.

En cualquier caso, como siempre que la competencia es tan encarnizada, los beneficiados seremos los usuarios. Incluso si no usamos Bing, Google imitará sus mayores aciertos. Aunque no instalemos Google Chrome OS, Microsoft puede verse obligada a bajar sus precios o aligerar Windows. Esperemos que ambas empresas sobrevivan durante mucho tiempo echándose los trastos a la cabeza.

¿Y si la culpa fuera de Zapatero?

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero la actuación del lobby conocido por "Comisiones Obreras" en el caso de la muerte de Rayan ha llegado a un nivel de cinismo que conviene replicar para que, al menos, los liberados que dirigen ese cotarro reparen en que la desfachatez sindicaloide también tiene sus límites.

Las muertes por errores graves de médicos y enfermeros se han producido siempre y, por desgracia, seguirán ocurriendo, si bien la mejora constante en la formación del personal y los avances tecnológicos en el material sanitario hacen que, por suerte, estas desgracias sean cada vez menos frecuentes.

Por eso, responsabilizar de una tragedia al responsable político es un despropósito que sólo puede obedecer al sectarismo de unos autotitulados representantes de los trabajadores, cuya principal misión, según llevan acreditando muchos años en Madrid, es acabar con el gobierno elegido democráticamente por sus ciudadanos, circunstancia ésta última que la izquierda no suele aceptar cuando el resultado no concuerda con sus deseos.

No obstante, aún dejando a un lado el hecho, obviado por los sindicalistas, de que la responsable del error humano es una trabajadora pública, contratada por un hospital igualmente público (dos circunstancias que legitimarían de por sí que la presidenta madrileña intente buscar nuevas fórmulas de gestión hospitalaria), siguiendo la lógica de CCOO podemos encontrar responsables mucho más directos que Esperanza Aguirre en la tragedia ocurrida con el bebé marroquí.

Si, como sostiene el brazo sindical de la izquierda política, la culpa de los males de la sanidad madrileña es de la falta de recursos invertidos en ella, hay un culpable de que eso esté ocurriendo en esa comunidad autónoma: José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo hay que echar un vistazo a la inversión per cápita del Gobierno central en cada comunidad para comprobar que Madrid está a la cola en la clasificación (junto a Valencia, Murcia y Baleares, que ya es casualidad). En estas cuatro comunidades, el dinero que el Gobierno de Zapatero aporta para que los responsables autonómicos ejecuten sus competencias, entre ellas y muy especialmente la sanidad, no llega a cinco mil euros por cabeza, así que, puestos a buscar responsables, igual merece la pena empezar por La Moncloa.

Mas como tito Zapatero nos tiene atiborrados de millones para no dar un balido más alto que otro mientras España pulveriza todas las plusmarcas en destrucción de empleo, nosotros los sindicalistas nos dedicamos a hacer política contra la derechona.

Que lo sigan haciendo; ya estamos acostumbrados. Pero dejen la memoria de la criatura fallecida al margen de sus pasteleos.

El Estado

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

"El Estado es la gran ficción mediante la cual todos se esfuerzan por vivir a costa de los demás"(F. Bastiat)

El Estado es una realidad teorizada. El monopolio del uso de la fuerza convertido en concepto político indispensable, en estructura pública necesaria, en recurso teórico ineludible. Para muchos pensadores sociales el Estado es y ha sido la culminación del orden social, o peor, la forma perfecta de una voluntarista organización de la sociedad.

Sociedad (en su acepción más estricta) y mercado no deben tomarse como esencias, sino como procesos. Toda referencia a los mismos exige cierto rigor bilateral: tanto en el ponente como desde el auditorio. El Estado, por el contrario, sí es un artificio deliberado, si bien es cierto se encuentra, en todo momento, inserto en un proceso de adaptación y extensión sostenidos en el tiempo.

Para identificar el objeto de estudio conviene definirlo. Recurrimos a dos vías opuestas pero convergentes para afinar en una aproximación certera. Primero, lo que el Estado es según los teóricos que lo defienden, pero también de acuerdo con los planteamientos de muchos de los que lo condenan:

El Estado ha sido identificado con la sociedad, presumiendo indistinguibles sus atributos, considerando al primero, como ya hemos visto, una expresión perfeccionada de la segunda, o peor, asimilando su entidad sin otra aclaración.

Se identifica Estado con distribución, considerándola regida por leyes contingentes, arbitrarias, en manos de la voluntad del Hombre y el devenir histórico.

Estado como justicia en la medida que ésta se entienda respecto de los resultados, pretendidamente equitativos, igualitarios o tomados desde una perspectiva utilitaria o moral.

Estado también como jurisdicción, en cuanto a la facultad de dictar Derecho, decretar la imperatividad de normas generales y abstractas, la resolución de conflictos a partir de las mismas, o en el caso más extremo, identificando completamente Estado con orden jurídico (resultando la excrecencia conocida como "ordenamiento jurídico").

Finalmente, y aunque quepan otras asimilaciones importantes, no distinguiendo entre Estado y Gobierno, o entre Estado y magistraturas públicas. En un plano teórico, pero también en uno histórico, el Gobierno debe estudiarse como institución política espontánea. En este sentido el Estado, como artificio y mecanismo de dominación es algo distinto al Gobierno, aun cuando surja como instrumento al servicio de aquel.

Siendo el consenso social un presupuesto de la política misma (un requisito prepolítico), el Gobierno corre el riesgo de enfrentarse al disenso social sin otra arma que el mero compromiso político. Cuando esto sucede la opción estatal se plantea como garantía del orden y el respeto de unas libertades, que, perdiendo su espontaneidad, acaban incorporadas al devenir de lo político. Será entonces cuando el Estado adquiera su virtual propensión a dominar ciertos ámbitos con imperiosidad e intensidad crecientes.

Cuando perdemos la noción fundamental por la que el Estado se equipara sin razón con el Gobierno espontáneo, toda forma de Poder queda demonizada y descartada absurdamente. El Gobierno, en términos teóricos, siempre es limitado, o no es (Potestas). Que el Estado lo absorba no implica su inmediata identificación, como tampoco debemos caer en la trampa de entender la jurisdicción o las magistraturas espontáneas como elementos propios de la dominación arbitraria. Son, por sí mismos, independientes y ajenos a la distorsión que plantea la usurpación monopolista del Estado.

La segunda vía de aproximación a una definición satisfactoria del Estado es mucho más sencilla y breve. Se trata de aislar su esencia y reducirla a dos enunciados: Estado como estructura de dominación irresistible opuesta a la espontánea competencia del proceso social libre; y, Estado como ente de expropiación y redistribución de la riqueza o mero asignador patrimonial.

El liberalismo, como programa político favorable a la defensa de la libertad individual (y su mejor garantía, la propiedad privada), no ha sabido reaccionar ante el proceso de consolidación y mutación estatal. Este fenómeno ha provocado adhesiones oportunistas, ingenuidad política y teórica, o lo que es peor, la asimilación de un concepto equívoco de Estado, capaz de provocar un cisma en el seno del movimiento liberal.

Algunos reaccionan frente a una quimera deformada, otros acuden ingenuamente a los planteamientos constructivistas y contractualistas como aparentes garantías de libertad y socialización pacífica del individuo. Ambos yerran, y lo hacen por faltar a la verdad, por evadirse de la necesidad de teorizar sobre el Estado y el proceso social prescindiendo de las distorsiones introducidas por el culto estatista y la fatal arrogancia racionalista.

Autores como Dalmacio Negro o Anthony de Jasay aportan algo de luz (con sus diferencias y matices) a la cuestión que debe centrar en gran medida los esfuerzos científicos de todo el que se crea y sienta liberal: identificar al máximo enemigo de la libertad individual. No existen medias medidas ni caminos intermedios. El Estado es monopolio, absorción jurisdiccional, redistribución y asimilación jurídica, todo ello porque su naturaleza lo define como un ente de dominación, falsamente como sumun político y social.

El Estado muta, se transforma y adapta. El espejismo que ciertas medidas "privatizadoras" pueda provocar en nuestro ánimo, debe ser inmediatamente delatado como fórmula de expansión, resistencia y pervivencia estatales. Mientras cierta competencia o ámbito de poder dependa de un ente de dominación, su regulación, o su asignación y definición de derechos subjetivos, el mercado, por muy libre que pueda parecernos, no será sino una garantía más en la continuidad del Estado (no importa tanto lo que se ve como lo que no se ve, también en esta cuestión).

No cabe limitar al Estado mientras exista. Es más, el Estado tiende a dominar todo el espacio disponible, de igual manera que hace lo indecible por poner a su disposición todo el espacio restante.

Responsabilidades en cadena

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Conviene precisar que la sentencia no supone la absolución del acusado, sino la declaración de que el tribunal que lo juzgó no tenía la competencia para hacerlo y que, por la tanto, el caso deberá ser juzgado otra vez por un tribunal formado por nueve jurados legos y presidido por un magistrado de la misma Audiencia de Barcelona, según las reglas de competencia objetiva y funcional establecidas en los artículos 1, 2 y 5.2 c) de la Ley del Jurado.

No seré yo quien defienda la infalibilidad del Tribunal Supremo. Sin embargo, me temo que en este caso no le quedaba otra opción si quería atenerse al principio de legalidad y considerar la competencia de los tribunales criminales como cuestión de orden público procesal.

Antes de alinearse con la postura pública del fiscal, debe analizarse la combinación de acciones y omisiones que hacen posible que se produzcan casos de este tipo. En el lugar más destacado topamos con la malhadada Ley del Jurado: una chapuza monumental que llevó al gobierno que presentó el proyecto a proponer su reforma cinco meses después de su aprobación porque el Congreso no ratificó unas enmiendas que quiso introducir a última hora en el Senado. En segundo lugar, tenemos la abstención de los legisladores posteriores que durante estos catorce años de vigencia se han inhibido de reformar una ley con una regulación procesal muy defectuosa. Por último, tal vez como consecuencia de lo anterior, la tendencia de la mayoría de juristas en España a eludir la crítica en público de los legisladores, al mismo tiempo que les enmiendan la plana en la práctica forense. La picaresca tiene aquí hondas raíces en todos los ámbitos, como se sabe.

Sea como fuere, la ley del jurado trajo un procedimiento específico que exige que el instructor convoque a todas las partes, incluido el fiscal, a dos comparecencias –susceptibles de convertirse en tres– para decidir sobre el curso de la instrucción criminal. Asimismo, las simultaneas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introdujeron un régimen de recursos contra ciertas decisiones de impulso procesal del juez de instrucción y del magistrado presidente del tribunal del jurado (apelación, seguida de casación) que incentiva las estrategias de dilatar indefinidamente el procedimiento.

Por otro lado, la ley enumera una lista de delitos cuyo enjuiciamiento se atribuye a los jurados, entre los cuales se hallan el asesinato y el allanamiento de morada. Las reglas de competencia para los delitos conexos parecieron hechas para intrincar su aplicación, aunque en un caso como el presente –sendos asesinatos dentro de una espeluznante secuencia de delitos contra las mismas víctimas– la fuerza atractiva que amplía la competencia del jurado a los delitos conexos cometidos "para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad" –Art. 5.2 c) LOTJ– parece fácil de captar.

Aun así, la práctica judicial habitual trata de evitar la instrucción del procedimiento especial del jurado y, en última instancia, que las causas sean juzgadas por un tribunal que debe constituirse ad hoc en las audiencias provinciales con personas seleccionadas por sorteo. En los casos, como el que nos ocupa, donde concurren delitos múltiples y una pluralidad de partes que actúan, las dificultades prácticas para seguir la instrucción marcada por esa ley se hacen todavía más patentes. En consecuencia, normalmente, existe connivencia de los fiscales, a quienes no entusiasma desplazarse a comparecencias que pueden prolongarse como un juicio y, dependiendo de su estrategia, de los abogados.

Con independencia de otras consideraciones sobre el jurado, los problemas interpretativos sobre la competencia podrían evitarse si se añadiera a la ley una sencilla disposición que permitiera a los acusados escoger entre ser juzgados por tribunales formados por magistrados profesionales o por jurados y derogase el procedimiento especial de instrucción. Esa elección vinculante cerraría el paso a toda nulidad de actuaciones posterior que se basara en la incompetencia de los magistrados profesionales y evitaría situaciones aberrantes para los familiares de las víctimas, como la repetición de un juicio por esa causa.