Ir al contenido principal

El asalto

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Fue el que se produjo hace una semana, cuando se publicó una viñeta en la que una mujer pregunta "Pero, ¿cómo puede Israel violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales". Y le responde, sin mirarla, el prototipo de un judí­o mal encarado: "Nuestro buen dinero nos cuesta". Podrí­a haber sido publicado en Der Stürmer. No habría llamado la atención, ni por su ingenio ni por sus ideas, en Der Angriff (El asalto), órgano del partido nazi. Tampoco ha llamado la atención, ni por su ingenio ni por sus ideas en el diario El Paí­s, que es donde salió publicado.

Esa viñeta pasó, al menos, el filtro del director de opinión y, probablemente, también el del director. Desde luego que pasó el filtro de los lectores de El Paí­s, que se la tragaron sin indigestión y, en la mayorí­a de los casos, con sordo regocijo. La viñeta de Romeu es una más, es la secreción de una forma de ver el mundo que incluye, como un elemento más, una visión estereotipada de los judí­os, propia de Los protocolos de los sabios de Sión, y a los que se le atribuye una condición humana reducida o inexistente (violan "todas las leyes humanas"). La viñeta no es más que una pieza que encaja perfectamente, sin desentonar, en un puzzle ideológico de izquierdas. Es como la aparición de Willy Toledo en una gala de los Goya con la imagen de Ho Chi Minh en su camiseta. Responsable de la muerte por pura represión de millones de compatriotas. Allí­ nadie se escandalizó. Todo el mundo sonreí­a. Otra pieza para el puzzle.

Es inútil razonar con una persona que produce o consume esa miseria. ¿Que Israel es una democracia atacada permanentemente por grupos y Estados terroristas? ¿Y qué? ¿Cuántos de los que ahora y hace 75 años disfrutarí­an con esa viñeta tienen a la democracia en tan alta estima? Hay una parte de la izquierda que deberí­a aprovechar ocasiones como ésta para hacer una reflexión sobre por qué una persona que se considera a sí­ misma civilizada puede llegar a un extremo así­ de mano de sus ideas.

Barra libre contra el contribuyente

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Si España sube el impuesto de sociedades al 50% y Portugal lo baja al 10%, tal vez muchas empresas españolas decidan trasladar su sede al país vecino y a nuestros mandatarios no les quede más remedio que recular en su idea inicial.

En un mundo y en una economía globalizada, la posibilidad de votar con los pies cada vez deviene más importante a la hora de controlar los excesos del poder político. Si no se pueden subir mucho los impuestos, probablemente tampoco se vayan a aumentar demasiado los gastos (aunque el PSOE ha demostrado en España que la irresponsabilidad política puede no conocer límites y que un gobierno suficientemente ideologizado y sectario puede recurrir a déficits del 10% con tal de no bajarse del burro). Por tanto, la competencia fiscal suele facilitar la existencia de Administraciones Públicas limitadas y su reverso, la armonización fiscal, suele convertirse en la receta para una expansión coordinada del poder del Estado.

Siendo así las cosas, ¿cómo es posible que en España los 17 mini-Estados autonómicos no hayan competido fiscalmente entre sí y merced a esa competencia hayan tenido que restringir un gasto público cada vez más desbocado? Simplemente porque en España, pese a las apariencias, no disfrutamos de una auténtica descentralización fiscal, sino de un perverso esquema que permita a las distintas autonomías desplumar de manera coordinada a los sufridos contribuyentes.

Básicamente, el Estado central calcula cuáles son las necesidades "objetivas" de gasto de las comunidades autónomas en las distintas competencias que les ha ido cediendo como educación o sanidad; ese cálculo se realiza atendiendo a distintos criterios, como la población, el territorio, la dispersión, la insularidad… Y con posterioridad, el Estado establece un mecanismo de ingresos con los que suplir ese gasto "objetivo".

Lo normal debería ser que cada comunidad autónoma sufragara sus gastos con los ingresos fiscales que obtiene, así actúan en última instancia los Estados y, de manera mucho más digna, las empresas privadas. Sin embargo, en la España de las autonomías esto no sucede. Sólo dos comunidades autónomas, según el sistema de financiación establecido en 2001, cubren sus necesidades de gasto con las figuras tributarias que se les han cedido: Madrid y Baleares. El resto de comunidades autónomas financian ese "déficit" con dinero que aporta la Administración central (esto es, todos los españoles con sus impuestos) a través del llamado "fondo de suficiencia".

Obviamente, se trata de un modelo que tiende a inflar el gasto público, ya que todas las comunidades pretenden que se les reconozcan mayores necesidades de gasto –sean reales o no– con tal de captar un mayor porcentaje de la tarta fiscal.

El nuevo modelo de financiación ideado por Solbes-Salgado sólo hace que profundizar en este perverso esquema: gaste tanto como quiera que entre todos le pagamos el resto. Básicamente, lo que persigue es incrementar las "necesidades de gasto" actualizando los parámetros por los que se determinan. Ese enorme incremento del gasto va a suplirse con una mayor cesión de impuestos (el 50% del IVA y el 58% del IRPF, entre otros) pero, sobre todo, con una asignación adicional por parte del Estado (a través de cuatro fondos determinados por distintos conceptos pero que no varían en la esencia redistribuidora antes expuesta) de 11.000 millones de euros, de los cuales más de un tercio irán destinados a Cataluña.

Sólo hay un problema: con los ingresos fiscales derrumbándose, esos 11.000 millones saldrán obviamente de emisiones de deuda por parte del Estado, es decir, de los impuestos futuros de todos los españoles, algo totalmente suicida en medio de la crisis actual. Así, el Estado central habilita a las comunidades autónomas a que despilfarren mucho más a costa de todos los españoles, de modo que los gobernantes autonómicos no respondan ante sus votantes-contribuyentes, sino que endosen el coste de sus ansias derrochadoras a los ciudadanos de otras regiones: barra libre contra el contribuyente.

Ante este grotesco esquema, las opciones parecen ser dos: o terminamos de una vez con la descentralización competencial y presupuestaria, de manera que sea el Estado central quien planifique la prestación de servicios (con o sin colaboración autonómica) y pague y cobre por ellos; o establecemos una auténtica descentralización competencial y presupuestaria, esto es, que las necesidades de gastos no sean estimadas ni objetivizadas y que sean sufragadas íntegramente por los impuestos de cada comunidad autónoma (de modo que los déficits se eliminen como siempre se eliminan los déficits: o aumentando impuestos o reduciendo el gasto, pero no pidiendo que sean el resto de regiones quienes abonen el importe).

Personalmente, prefiero la última opción, pues no resulta incompatible ni con la garantía de los derechos individuales (por ejemplo en el ámbito educativo) y además permite que los españoles huyan de aquellas comunidades autónomas más manirrotas y voraces; hoy no tienen escapatoria, porque al final son el conjunto de los españoles quienes pagan el gasto descentralizado de cada taifa.

Sin embargo, más importante que planificar un sistema adecuado para financiar el Estado es reducirlo a una mínima expresión. Ningún sistema recaudatorio, en tanto coactivo, será perfecto y satisfará las necesidades de todos. Ahora bien, si los errores de planificación de ese sistema impositivo se dieran con tamaños moderados del Estado, sus consecuencias nocivas serían bastante imperceptibles. Hoy, con unas Administraciones Públicas que suponen entre el 40% y el 50% de toda la economía, cualquier error de bulto es fatal. Por desgracia, con el nivel intelectual de nuestra clase política, estamos condenados a vivir instalados en esa fatalidad.

Causalidad y complejidad: limitaciones del análisis empírico en economía

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

El problema de la causalidad en economía es uno de los más relevantes de la disciplina. Este problema se revela fundamental en los análisis históricos, cuando se trata de poner en relación un fenómeno acontecido (e.g. una subida brusca en los precios del petróleo), con las causas que lo generaron (e.g. escasez de oferta, aumento en la demanda, expansión del crédito, etc.).

Como ciencia social, el objetivo de la economía es explicar los resultados de mercado (a nivel social) de la acción humana (a nivel individual), que a pesar de ser intencional, genera resultados agregados no intencionados e incluso inesperados.

La teoría económica deberá explicar, por ejemplo, cómo y por qué surge el dinero (un determinado bien que sirve como medio de intercambio y depósito de valor) como un resultado no deliberado de las acciones individuales de una infinidad de personas. Un proceso evolutivo a través de la prueba y el error, mediante el cual los individuos involucrados persiguen superar los obstáculos a la división del trabajo que genera el trueque, buscando para ello distintos bienes que cumplan las funciones deseadas.

O también deberá tratar de explicar cómo en determinadas condiciones se pueden coordinar dinámicamente los planes de millones de individuos en contextos de acumulación de capital e innovación (crecimiento económico), y qué ocurre cuando el Estado interfiere y cambia las condiciones, manipulando el dinero y el crédito o el sistema de precios de mercado.

Así, es lógico que surjan problemas a la hora de identificar la causalidad, debido principalmente a que el objeto de estudio (la sociedad) de la economía está en constante cambio y suceden infinidad de fenómenos (producidos por esas acciones individuales) simultáneamente.

Los economistas han tratado de escapar a estas dificultades introduciendo la cláusula ceteris paribus, por la cual se permite analizar la relación entre dos fenómenos (e.g. aumento de la demanda y aumento de los precios), aislando el problema y manteniendo todo lo demás constante. Sin embargo, en la realidad todo cambia al mismo tiempo, por lo que puede haber correlaciones entre distintas variables 1) sin que exista ninguna relación de causalidad entre ellas, 2) que esa relación sea engañosa (¿quién se atrevería a concluir que el nacimiento de niños y su supervivencia en un país africano pobre sea algo negativo, como lo manifestaría el indicador de la renta per cápita?) o 3) que la relación empírica sea la opuesta a la teórica (un descenso en la demanda de petróleo puede acompañar a un aumento en su precio por cambios en la oferta).

La profesión económica mayoritaria en la actualidad parece abrazar con demasiada ingenuidad los métodos estadísticos y econométricos (donde se aúnan los modelos económicos, la matemática y la estadística), en parte porque el objeto de estudio y sus características se ven desde diferentes perspectivas a las que aludíamos más arriba.

De hecho, si uno lee y compara trabajos de autores de escuelas diferentes, incluso podría llegar a pensar que se trata de disciplinas diferentes. Para la línea dominante, la ciencia económica es predominantemente cuantitativa y matemáticamente formalizable (uno de los lemas de la Universidad de Chicago es que "cuando no puedes medir… tu conocimiento es escaso e insatisfactorio"), confía excesivamente en datos macroagregados cuyo significado real y validez es muy discutible (IPC, PIB…), hiper-simplifica ciertos aspectos de la realidad y soslaya otros fundamentales como las implicaciones del paso del tiempo económico y la incertidumbre auténtica, su método aspira a la predicción a costa de la irrealidad de los supuestos e hipótesis, etc. etc. Todas características éstas que poco tienen que ver con el enfoque dinámico y subjetivista de los teóricos que comparten la tradición austriaca.

De esta manera se priman sobre los estudios teóricos y verbales, los análisis estadísticos y econométricos para explicar la realidad, no solo histórica, sino también para predecir el futuro. Se piensa así que un modelo que dé buenos resultados, cuyas regresiones tengan buenos coeficientes, etc. explicará mejor la relación entre varias variables y podrá falsar las teorías existentes hasta la fecha. En otras palabras, que la estadística puede, y de hecho es la única forma, de refutar teorías económicas.

No obstante, además de esta línea mayoritaria, existen algunos economistas, entre los que destacan los austriacos, pero también otros teóricos como, entre otros, Nassim Taleb, que se muestran escépticos de los análisis estadísticos y econométricos como única forma de explicar fenómenos históricos. Entre las muchas razones que existen para este escepticismo, una de ellas, como comentábamos anteriormente, se refiere a la simultaneidad de múltiples cambios que caracteriza a un orden complejo como la sociedad.

Por otro lado, este tipo de técnicas poco pueden decir acerca de las relaciones de causalidad entre distintos fenómenos; tan solo informan sobre correlaciones empíricas (históricas) que se han dado en un tiempo y lugar concretos. Así, acercarse a la compleja realidad mediante la utilización de modelos abstractos con unas pocas variables, todo ello pasado por el filtro del analista, es una vía muy limitada.

No en vano, algunos utilizan el término faith-based econometrics para referirse al uso que se le da a esta materia en el análisis económico, en el sentido de que las conclusiones sacadas de complejos análisis econométricos suelen coincidir con las hipótesis y visión del autor que lo realiza, con lo que no se hace más que reforzar los sesgos e ideas que ya se tenían. En este sentido, Russ Roberts afirma que "El trabajo empírico no mejora nuestra comprensión de lo que sucede". El mismo Roberts reta a sus lectores a que le ofrezcan un solo ejemplo de estudio econométrico que haya conseguido cierto consenso en la profesión, haciendo cambiar de opinión a quienes pensaban de otra manera.

Además, en ocasiones los datos disponibles pueden mostrar una realidad distorsionada, siendo necesario plantearse la validez de éstos antes de proceder cualquier estudio. Esta carencia es una de las causas por las que todavía se piensa que la II Guerra Mundial sacó a EE.UU. de la Gran Depresión, algo que, tal y como argumenta Robert Higgs, es totalmente falso. Sin duda, otra de las causas de ese error sería un marco teórico keynesiano.

Por todo esto, en cualquier análisis económico no puede dejarse de lado la teoría y las relaciones causales que ésta establece. Ésta debería servirnos de guía para el análisis empírico, y éste último como forma de garantizarnos un feedback acerca de la adecuación y posible aplicación de la teoría. Los datos y análisis cuantitativos que identifiquemos deberían poder ser explicados por esta teoría, ya que, de otro modo, sería como dar palos de ciego, y a lo sumo se llegaría a ver el árbol, pero no el bosque, con su natural complejidad y matices.

La dificultad en identificar el sentido y origen de la causalidad se manifiesta particularmente en la explicación de las causas de las crisis económicas, y las razones de su salida. ¿Fue el New Deal positivo o negativo para la recuperación? ¿Y la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue la causa principal de la estanflación de los 70: la expansión de crédito anterior o la "crisis del petróleo"? En la actual crisis, ¿han jugado un papel más importante las intervenciones sobre el sector inmobiliario o los desmanes monetarios? ¿Están funcionando los planes de estímulo fiscales y monetarios?

En todas estas preguntas, el consenso no existe. Los "hechos por sí mismos" o la "realidad económica despojada de subjetividad" valen poco, en caso de que sean cognoscibles, porque la información que contienen, al igual que los precios, debe ser interpretada. De los mismos datos se sacan conclusiones opuestas o unos datos son enfatizados por unos y escondidos por otros. Y al final, el inclinarse por una interpretación o por otra depende de la teoría que se maneje y la visión del mundo que se tenga.

Por eso, de momento, el consenso sobre los acontecimientos económicos es una quimera. Quizás sería demasiado optimista esperar que en esta crisis la "interpretación oficial" no se decante por la keynesiana-intervencionista.

El abuelo ya tiene internet

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

No se trata de un objetivo fácil de lograr, entre otras cosas porque a los políticos les gusta juguetear con el crédito a través de sus bancos centrales y una divisa única supone acabar con la sacrosanta "soberanía monetaria" de cada país: se acabaron las orgías crediticias locales para ganar elecciones y para financiar un gasto público desbocado. Si crear la unión monetaria europea fue complicado y requirió de muchos enjuagues y componendas, imaginémonos cuánto costaría fraguar una "divisa planetaria".

Sin embargo, en los últimos meses se están dando ciertas condiciones económicas y políticas que pueden terminar por derribar estos impedimentos y abocarnos hacia la moneda única.

Primero, desde hace unos 20 años los bancos centrales internacionales han ido ganando cada vez más autonomía frente al poder político. Es cierto que si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que los banqueros centrales siguen, en última instancia, los dictados de los gobernantes de turno y que no dudan en bajar tipos de interés siempre que la ocasión lo requiera, pero también es verdad que el banco central ha dejado de actuar como una Secretaría de Estado y que los políticos ya no lo tienen tan fácil como para manipularlo a su antojo. Por consiguiente, los costes de renunciar a la soberanía monetaria son cada vez menores.

Segundo, en la época de la globalización de capitales hablar de soberanía monetaria carece de bastante sentido. Por un lado, aunque un banco central expanda el crédito dentro de sus fronteras, bien puede suceder que ese crédito artificial se traslade a otros países (el caso más célebre es el carry-trade japonés) sin que tenga demasiado efecto interno. Por otro, y por motivos simétricos, aunque un banco central nacional siga una política monetaria ortodoxa y no infle su moneda, bien puede ser receptor de flujos de capitales extranjeros que distorsionen su aparato productivo en cuanto se cortocircuiten (el caso de Islandia o de los países de Europa del Este durante este crisis muestra parcialmente este supuesto). Además, con la extensión y crecimiento del mercado de las titulizaciones, los activos de mala calidad de un país pueden transmitirse a otro sin mediar inversiones directas en el aparato productivo (como dramáticamente han descubierto muchos europeos con las "hipotecas subprime"). Otro flanco por el que la soberanía monetaria se difumina.

Tercero, de momento la política monetaria ha dejado de funcionar durante la crisis. Aunque los friedmanitas se empeñen en no ver la realidad, ahora mismo los bancos centrales no están logrando reinflar el crédito: la economía sigue paralizada y sólo se está reanimando tímidamente gracias a la liquidación de las malas inversiones. Pero lo cierto es que los agentes económicos –salvo el Estado manirroto– están tratando de reducir su endeudamiento y no de incrementarlo. Otra razón más por la que los políticos mundiales pueden renunciar sin demasiado quebranto a su soberanía monetaria.

Cuarto, aunque ahora mismo la tendencia económica sea hacia la deflación (es decir, a la contracción del crédito, el hundimiento de los precios de los activos, la reducción de las rentas y la moderación del consumo), muchos países occidentales están llegando a un punto de endeudamiento peligroso y probablemente insostenible. Sin ir más lejos, Estados Unidos piensa en aprobar otro plan de estímulo que, como el anterior, sólo empeoraría su situación económica. La conjunción de una mayor deuda pública con una economía estancada (y por tanto con unos ingresos fiscales decrecientes) auguran dificultades para amortizar toda esa deuda e incluso no es descabellado pensar en eventuales suspensiones de pago. Si el sistema monetario actual quiebra, será por ahí: hoy el valor del dinero fiduciario que nos han impuesto los políticos está basado en la deuda pública. Si esa deuda pública se impaga, corremos el riesgo de padecer una hiperinflación y una manera de enmascarar tanto el impago primero como después la hiperinflación es unificando las distintas divisas: por un lado permite redistribuir pérdidas y ganancias entre las distintas regiones del planeta (como acontece hoy con la zona euro) y, por otro, permite redefinir la unidad monetaria quitando ceros si los precios comenzaran a dispararse (véase Zimbabwe).

Quinto, y probablemente esta sea la razón principal, el motivo anterior nos traslada a una situación profundamente incómoda para los políticos nacionales: los ahorradores están siendo reticentes a la hora de comprar más deuda pública. Nuestros despilfarradores gobernantes no pueden seguir gastando a destajo, mientras que monetizar cantidades masivas de deuda pública no es una opción: imprimir dinero para comprar deuda nueva nos conduciría con toda probabilidad al hundimiento del valor de la moneda, a la hiperinflación (como atestigua la experiencia alemana) y al aislamiento internacional del país (Islandia muestra cómo el hundimiento de una divisa equivale a una autarquía económica). Sin embargo, en caso de existir una divisa mundial de curso forzoso, los ciudadanos no dispondrían de monedas alternativas en las que refugiarse; como parapeto sólo les quedarían los activos financieros y reales, pero éstos suelen ser complejos de utilizar en el tráfico diario por la población. Por consiguiente, los ciudadanos serían menos libres para protegerse de las políticas inflacionistas de los Estados, quienes tendrían así las manos desatadas para financiarse devaluando el valor de la divisa mundial; una estrategia que parece ir en consonancia con otras ocurrencias que hemos podido leer en los últimos días.

Lo más sarcástico de todo este asunto es que el mundo dispuso durante siglos de una moneda internacional que protegía a los consumidores y ahorradores de los desmanes del gobierno y, precisamente por ello, los políticos se la cargaron: el patrón oro.

La gran mayoría de economistas de la época defendían el patrón oro por un motivo esencial: constituía una divisa mundial. Su gran preocupación era que la implantación de diversas divisas estatales modificara los flujos comerciales no por cambios en la economía real, sino por cambios en los sistemas monetarios internos. Y en efecto, desde su abandono el mundo se ha sumido en un sistema de divisas fiduciarias que fluctúan de valor unas con respecto a las otras (más bien unas se hunden más rápido que otras), que dejan la prosperidad de los ciudadanos al arbitrio de la cordura del mandatario de turno.

En principio, por tanto, una divisa mundial podría parecer una gran solución –incluso liberal– que impulsara el comercio internacional. Pero no conviene confundirse: las dificultades para unificar divisas fiduciarias son innumerables (sólo hace falta observar las tensiones actuales en la zona del euro) y, de hecho, sólo resultan mínimamente sostenibles en países que cuenten con gobiernos austeros y sistemas financieros análogos. Obviamente, ni Occidente es homogéneo ni, sobre todo, Occidente se parece en nada al resto de satrapías internacionales.

No, unificar las divisas de papel ni es posible ni deseable. Si quieren crear una divisa mundial lo tienen fácil: que regresen al patrón oro. Pero eso no, porque su finalidad no es unificar la moneda, sino expandir el poder del Estado. Ese quizá sea el argumento definitivo para que este delirante proyecto termine saliendo adelante.

Hacia la inflación mundial

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, para esto último hay que tener cuidado en no atentar contra derechos fundamentales, una prevención que no han tenido los legisladores alemanes a la hora de aprobar la ley por la cual se bloquearán las páginas con pornografía infantil a partir del 1 de agosto. La norma prevé que aquellos germanos que intenten acceder a webs de este tipo se toparán en su navegador con una señal de "stop". Hasta ahí no hay nada problemático.

Donde sí empieza a haber problemas es en quien entregará a los proveedores la lista de sitios que deben bloquear y en quien verificará que dichos listados son los adecuados. La encargada de elaborar dichas listas y transmitirlas es la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA, por sus siglas en alemán), una especie de FBI alemán formado por algo más de 5.000 agentes y dependiente del Ministerio del Interior. Trabajará bajo la supervisión de la Oficina Federal de Protección de Datos, que establecerá un comité independiente encargado de dar el visto bueno al trabajo de la BKA. Lo problemático es que no aparece la intervención judicial por ninguna parte.

Por repulsiva que resulte la pornografía infantil, el bloqueo de páginas web afecta directamente a la libertad de expresión. Por este motivo debería intervenir en todo momento un juez, dado que es algo que repercute sobre un derecho fundamental. En muchos casos resulta evidente que unas imágenes entran dentro de la categoría de pedofilia. Pero en ocasiones la frontera entre esto y el simple mal gusto no es nada nítida, y quien debe decidir en qué lado de línea divisoria se encuentran unos contenidos determinados ha de ser el poder judicial. Si no, el exceso de celo de las autoridades policiales o el abuso por parte de alguien para censurar contenidos incómodos que no tengan nada que ver con esta cuestión antes o después causarán daño a terceros.

A lo anterior se añade otro riesgo. Desde el momento en el que se limita sin control judicial la libertad de expresión por cualquier motivo, con independencia de que éste sea algo tan aparentemente justificable como combatir la pornografía infantil, se abre la puerta a mayores restricciones en esta materia en el futuro. De esta manera, se puede entrar en un proceso en el que de forma progresiva se vayan recortando las garantías ante posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad o el poder político.

En el pasado fue el terrorismo, desde hace unos años una de las razones es la defensa de los derechos de autor y en la actualidad, en Alemania y otros países como España, se incluye también la lucha contra la pornografía infantil. Los motivos aducidos por el poder político para reducir la libertad de expresión y otros derechos, como el de la intimidad, de los internautas no paran de crecer. Si las sociedades abiertas no quieren ir pareciéndose en la red cada vez más a China, no debe bajarse la guardia.

Censura contra pornografía infantil

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

No es por un problema puntual de misantropía, sino porque el ímpetu con que la gente te pregunta cómo van a poder escuchar a Federico (y a César y a Luis) a partir de septiembre está empezando a entrar en terrenos que ponen en peligro tu integridad personal. Dios los bendiga, claro, pero estar en El Corte Inglés rodeado por varias personas que de pronto te reconocen (en las ciudades pequeñas todos nos conocemos) y acto seguido inician un acoso circular para que confieses cómo van a poder sintonizar la nueva emisora de radio de Libertad Digital, es una situación incómoda que conviene evitar en la medida de lo posible, más que nada porque en mitad de esta crisis económica habrá quien, viendo el espectáculo de lejos, te confunda con un moroso al que sus proveedores exigen el pago de numerosos atrasos.

Los hasta hoy oyentes de la COPE (en el futuro Dios y Martínez Sistach dirán) quieren seguir escuchando a los comunicadores que han hecho de la cadena episcopal la segunda de España. Y como la primera vía para escuchar la programación de esRadio fuera de Madrid será internet, a partir de septiembre se va a producir un acceso masivo de nuevos ciudadanos a lo que se ha dado en llamar la sociedad de la información. Personas de cierta edad que jamás habían pensado adquirir un ordenador y una conexión a la red, están ya recibiendo las primeras clases de sus nietos para poder escuchar una emisora cuya presencia a través de las ondas en el lugar en el que viven no está garantizada. Los habrá que aprenderán incluso a chatear para comentar la jugada en directo con sus compañeros de dominó, porque cuando hay interés y se le coge el gustillo, las posibilidades de un medio como internet son prácticamente infinitas.

Miguel Sebastián debería dar un premio a los dueños de la COPE por haber propiciado que muchos ciudadanos que ya habían renunciado a este empeño se incorporen al mundo de las nuevas tecnologías. Y eso sin contar los benéficos efectos que para el reforzamiento de los lazos familiares supone el que abuelos y nietos compartan unas horas al día de clases particulares, impartidas por el niño al que hasta hace pocos años los primeros acompañaban de la mano a la escuela.

Si Rajoy y Zapatero pensaban que se habían quitado un supuesto problema de encima, mucho me temo que a partir de septiembre lo van a tener de nuevo pero multiplicado, porque comienza uno visitando la web de esRadio y acaba leyéndose todas las noticias y la opinión de Libertad Digital, que además coge al ladito. Una tragedia, sí, pero es que Rouco escribe recto con renglones torcidos.

Pena de banquillo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Los medios de comunicación, mientras, van a lo suyo. Es decir, a los suyos. Camps tiene sus seguidores y sus apoyos, que multiplican las razones por las que el líder popular debería salir con la camisa (y los trajes) inmaculados tras el caso Gürtel. La más sorprendente se la toparon los lectores de ABC el pasado miércoles en su primer editorial. De ser culpable, se le sancionaría con 2.500 euros. Nada, dice el viejo diario, al lado de la "pena de banquillo". Que no se encuentra en los códigos, más que en los del especioso lenguaje político. Culpable o inocente, el deterioro de su imagen pública será su verdadera pena, desproporcionada en comparación con su eventual pena.

Holgaría decir que la "pena de banquillo" es ilusoria si no fuese porque el diario acude, nada menos, que a la autoridad de Beccaría y porque lo incluye, en sus últimas palabras, en el Derecho Penal. Esa "pena" no es más que la opinión que la gente pueda tener del presidente de Valencia. Pero esa opinión pertenece a cada uno de los ciudadanos, y tienen derecho a cambiarla. Pero la posibilidad de que puedan hacerlo ¿es razón suficiente para condenar el proceso? La imagen de nuestros políticos ¿es un bien que debamos proteger? Eso sugiere el diario al decir que las normas "deben ser interpretadas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas". Y la realidad es que seis de cada diez valencianos le votaría. Siguiendo esa misma lógica de dejar a la justicia con los ojos bien abiertos, se le sacó a Felipe González, con calzador, del banquillo.

Los políticos no sólo no merecen especial protección ante la justicia, sino que ésta debería tener con ellos más celo que con el ciudadano común. Nosotros no podemos manosear en la misma justicia, y para ellos es moneda común. Y es justo que el tráfico de favores en que consiste la política sea visto con malos ojos. La pena de banquillo debería ser generalizada y no limitarse a la sospecha de que las investigaciones de un juez pueden estar bien encaminadas.

Suiza y Luxemburgo, un modelo fiscal a seguir

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La competencia es sana. Este principio fundamental del libre mercado es de aplicación tanto en el ámbito privado como público. Por ello, todo intento por alcanzar una determinada armonización fiscal, ya sea a nivel de países o regiones, viola drásticamente tal enunciado. Si en algún momento los organismos supranacionales lograran imponer una presión fiscal homogénea en una determinada región, ésta, por norma, tendería a crecer con el paso del tiempo. Al menos, así nos lo muestra la experiencia de la historia. El poder tiende a aumentar inexorablemente sin barreras.

El proceso contrario consiste, precisamente, en mantener la existencia de políticas tributarias diferenciadas para que las entidades políticas compitan entre sí en la captación de recursos. Por desgracia, la actual lucha contra los refugios fiscales amenaza la vigencia de dicha competencia administrativa. Y es que, tal y como muestra un reciente estudio del Institut Constat suizo, la diversidad de modelos tributarios actúa como un contrapeso eficaz contra los impuestos elevados.

El citado estudio elabora un original índice de opresión fiscal en el que, mediante la medición de determinadas variables, indica qué países de la OCDE son los más benevolentes con los derechos de propiedad de los individuos. Suiza y Luxemburgo encabezan este particular ranking, ya que gozan de la "opresión fiscal más baja", seguidos de Austria y Canadá. Por el contrario, los estados más opresores son, por este orden, Italia, Turquía, Polonia, México, Alemania, Holanda, Bélgica, Hungría, Francia y Grecia. España se sitúa en la zona media de la tabla (puesto 17), con un índice "opresor" de 5 puntos.

El informe carga contra la lucha que las grandes potencias por eliminar los paraísos fiscales, e incide en que el objetivo último de esta guerra consiste en imponer impuestos comunes a nivel internacional. El ejemplo más claro es el de la UE. El Estado de Bienestar, implantado en la mayoría de los países desarrollados, es una bomba de relojería que, tarde o temprano, acabará estallando.

Los actuales niveles de recaudación hacen insostenible el sistema a largo plazo. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento del gasto público y el incremento sustancial de la deuda gubernamental para combatir la crisis económica ensombrecen, aún más, la ya de por sí inviabilidad del modelo. La existencia de competencia fiscal entre países permite la evasión legal de capitales y empresas hacia países más benevolentes y tolerantes con sus ciudadanos.

Como es lógico, tales facilidades son percibidas como un gran obstáculo a la hora de subir impuestos de forma coordinada, tal y como pretende la actual elite política. La descentralización en esta materia es, pues, vital para proteger los derechos inalienables del hombre libre.

PP, nido de hipócritas

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Era de esperar. Aún así, ¡qué descaro! Muy poca vergüenza exhibe la cúpula del PP al aprobar dicha norma cuando hace escasamente unos días, su líder, Mariano Rajoy afirmaba que "no es la ley que hay que hacer" sino un mero "parche" de dudosa efectividad para restablecer el crédito a familias y empresas. De nada han servido tales críticas a la hora de la verdad.

El rescate bancario ha sido consensuado entre ambos partidos políticos. El PP cede el bastón de mando a Salgado que, instituida en banquera central, podrá ahora reestructurar a su antojo el sobredimensionado sistema financiero español. El Gobierno dispondrá, en principio, de hasta 90.000 millones de euros (casi el 9% del PIB) para tal fin. De hecho, el FROB abre la puerta a la nacionalización bancaria en España.

En un reciente editorial, Libertad Digital resumía a la perfección la esencia del FROB:

El Gobierno podrá sustituir a los administradores y decidir sobre los procesos de fusión de las entidades y convertirá en acciones los fondos que bancos y cajas no devuelvan antes de siete años.

Su objetivo es claro:

Reestructurar el sistema bancario español a gusto del Gobierno para luego nacionalizarlo total o parcialmente […] y si el intervencionismo estatal […] ha sido una de las causas más importantes de esta crisis, no parece que la solución vaya a consistir en incrementarlo aún más. Estos planes de rescate diseñados a la medida de los burócratas no nos harán ni más prósperos ni más libres, sino todo lo contrario: más pobres y, especialmente, más sumisos.

Con su apoyo, el PP se ha convertido en cómplice y, por lo tanto, culpable de esta felonía. A saber, inyectar una ingente cantidad de dinero público para mantener en pie de forma artificial a casi una treintena de entidades, según los propios cálculos del PP, cuya gestión ha resultado ser nefasta. Las cajas de ahorros, dirigidas por ex políticos de todo color y condición, sobrevivirán gracias al dinero de los ciudadanos honrados.

Una especie de "barra libre para insolventes", tal y como acertadamente advierte Rosa Díez. ¿Dónde está la necesaria y urgente privatización de las cajas de ahorros? ¿Dónde queda la sana liquidación de entidades quebradas e innecesarias? ¿Dónde la garantía de que los recursos públicos serán gestionados eficazmente y no serán empleados para salvar a banqueros amigos y cajas al servicio de los poderes autonómicos?

Por más que busquen, no encontrarán respuesta. Sencillamente porque el FROB no contempla tales cuestiones. El plan tan sólo pretende mantener bajo estricto control a un sector, el bancario, en el que el libre mercado brilla por su ausencia. 

Valiente aportación la de los populares. Sus críticas al rescate bancario no sólo son soflamas populistas de inexistente valor, sino que constituyen una falsedad manifiesta, un intento de engaño colectivo de cara a la galería. No obstante, el PP apoyó el Plan Solbes, pese a saber que no serviría para reanimar el crédito. Poco después, abrazó el intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) por parte del Banco de España. No obstante, los consejeros populares de la caja manchega dieron su visto bueno a las desastrosas inversiones llevadas durante los años del boom.

Y ahora, esto. Votos a favor de un plan repleto de incertidumbres e intervencionismo político. Y es que, al fin y al cabo, son conscientes de que algunas de sus cajas de ahorros (con domicilio social en región popular) correrán la misma suerte que CCM. Tan sólo es cuestión de tiempo. Además, al igual que el PSOE, también el PP se ha beneficiado de la condonación de créditos por parte de la banca.

El PP se ha convertido en un nido de hipócritas. De burócratas acomplejados y con escasos conocimientos económicos que, con tal de salvar la cara, son capaces de decir una cosa y, al día siguiente, hacer justamente la contraria. Los efectos del FROB serán sufragados por la ciudadanía, pero la responsabilidad de su fracaso será tan sólo de ambos partidos.

Zapatero, cómprame el piso

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Calla, como no podría ser de otra manera, que tal vez nuestros problemas económicos se deriven de que la construcción se ha inflado sobremanera hasta representar el 10% del PIB. Qué lejos quedan aquellos tiempos en que España crecía a ritmos de crucero y la construcción apenas representaba al 6,5% del PIB. Qué años aquellos 1997, 1998 y 1999 en los que España reducía el paro en medio millón de personas por ejercicio sin despeinarse demasiado y sin tener que rendir culto al ladrillo como santo motor de nuestro modelo productivo.

Ah, pero la gente es desmemoriada, en diez años llueve mucho y dan para mucho, por ejemplo para construir emporioítos gracias al crédito barato de los bancos centrales y a ese interesado mecanismo para financiar los ayuntamientos españoles que se llama suelo urbanizable.

No sé, porque nunca estuvo en mi naturaleza integrar el Gosplan patrio, si la construcción debe representar el 10%, el 1% o el 90% del PIB español. Ni me gustan las histerias socialistas contra el ladrillo ni los entusiasmos lucrativos de la patronal del ramo. Si por una vez dejáramos al libre mercado actuar, sin restringir el suelo, sin escupirle a la cara (y a la seguridad jurídica) del arrendador por ser un marvado capitalista, sin manipular los tipo de interés, sin cambiar viviendas de protección oficial por papeletas electorales o sin recurrir a costosísimas obras públicas para maquillar las cifras del paro, entonces probablemente sabríamos cuál debe ser la presencia de ese sector en nuestra economía. Simplemente, será la que necesiten que sea los consumidores, y no, como ha sucedido hasta la fecha, la que necesiten que sea políticos y banqueros.

Ahora bien, una cosa es desconocer qué peso y configuración (Lazcano cree que tiene que ganar peso la rehabilitación de viviendas; será que debe de conocer que todos los españoles están pensando en meter en sus casas a los obreros del Plan E que les están levantando ahora mismo la acera de enfrente) ha de tener el sector de la construcción en España y otra muy distinta pasar por alto las recomendaciones que lanza su lobby para salir de la crisis.

Es cierto que mientras haya stocks invendidos de viviendas, ningún otro constructor volverá a edificar un inmueble. ¿Qué sentido tiene construir más si todavía hay un millón de pisos sin vender? Por eso Lazcano pide al Gobierno que compre ya los inmuebles que acumulan los bancos. La cuestión es, ¿a qué precio? Si de reducir los inventarios se trata, tan efectivo como adquirir las viviendas a precios astronómicos sería bombardearlas.

Ah, que no es sólo eso, que lo ideal es darle una salida útil y productiva a ese stock de pisos. Bueno, pues entonces no dilapidemos forzosamente el dinero de unos contribuyentes que, como consumidores, se niegan a comprar los pisos a sus precios actuales. Ahora bien, si éstos se ajustan y caen a la mitad, tal vez muchos proyectos empresariales que ahora se guardan en el cajón o en los que ni tan siquiera se piensa, comiencen a ser rentables. Al fin y al cabo, los edificios –ya sea en forma de alquiler o amortización– suponen uno de los costes más importantes para una empresa, especialmente para las pequeñas y medianas a las que PP y PSOE tanto dicen querer ayudar.

Bueno, pues que den ejemplo. Ni un euro para comprar pisos a los bancos o a los promotores. Que dejen de trincar los amigos de los políticos a costa del resto de los ciudadanos: eso sí sería un cambio del modelo productivo de España que, me parece, no se va a dar.