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To el mundo al cine… ¡ar!

Todo sea por proteger a la cultura española. Ángeles González-Sinde, nuestra excelsa Kulturleiter, con el aplauso unánime del gremio, ha decidido que el cine español tenga una cuota de pantalla garantizada. Sin duda, era una medida muy necesaria, pues las producciones patrias, incluidas las suyas propias, pasaban fugazmente por las carteleras, debido a la insensibilidad de los exhibidores, incapaces de ver más allá de la taquilla y reconocer los valores de nuestro cine, un cine por otra parte reconocidísimo en los más variados festivales internacionales.

Si, bueno, ya se les daba un pastizal a fondo perdido para que hiciesen las películas y se ganasen más que dignamente la vida. Pero eso no era suficiente. Estamos hablando de creadores, de artistas, de personas que no miden la vida desde el punto de vista superficial del dinero… ellos necesitaban y se merecían algo más. Y esto es lo que se va a conseguir obligando a los cines a mantener sus películas en cartel a pesar de que no vendan entradas. A partir de ahora, nuestros creadores podrán ver su nombre en las carteleras, no fugazmente como hasta ahora, sino de forma continuada gracias a los desvelos de nuestra ministra.

Pero hay un problema. ¿Y si, como probablemente pase, tampoco acuden los espectadores a verlas? ¿Qué pasará con la moral de nuestros cineastas? No olvidemos que ellos son artistas, creadores, espíritus sensibles… no son como los demás ciudadanos. Por ejemplo, un vendedor de muebles no vende una mesa y simplemente deja de ingresar dinero, pero su espíritu creativo (del cual carece) no se resiente…pero el espíritu de un artista sí, con lo que ello significaría de negativo para creatividad española y el futuro éxito de nuestro cine en los festivales internacionales

Es necesario cerrar el círculo. Nuestros cineastas no pueden depender ni económica ni anímicamente de un público caprichoso e insolidario, un público que se empeña en ver lo que le da la gana sin la más minima conciencia social.  Por ello, aunque las subvenciones a tutiplén fueron un primer paso y la futura ley de cuotas de pantalla es el segundo, falta la última medida, la LAOPE, la Ley de Asistencia Obligatoria a Películas Españolas

Básicamente, la LAOPE es otra ley de cuotas, pero no aplicada a los exhibidores sino a los consumidores finales, a los espectadores. Es muy fácil. Basta con poner en marcha una Cartilla de Cine Español, personal e intransferible. Así, si un joven quiere ver la última de Bruce Wills, Terminator 7 o cualquier otra película americana, deberá mostrar su cartilla con el sello de haber asistido a una película española en cartelera. Y no vale entrar y salir. Unos dispositivos de control, similares a los de control de personal de cualquier empresa verificarían que el propietario de la cartilla ha estado de principio a fin viendo la película.

Tampoco valdrá contratar a alguna otra persona, un parado o un inmigrante sin papeles por ejemplo, para que sustituya al propietario la cartilla …Aunque dichos colectivos suelen quedarse con los trabajos más desagradables, aprovecharse de su situación y obligarles por una mísera cantidad a tragarse una película española claramente supera el límite de lo tolerable.

El cine español es una responsabilidad de todos y todos hemos de aportar nuestro granito de arena, aunque reconozco que es muy duro. Pero ya que no hay mili podría contemplarse dicha tarea como un método para forjar el carácter de los más jóvenes, demasiado acostumbrados a hacer lo que les da la gana…

Pero aún así, queda un segmento de población que no contribuirá a dicho esfuerzo. Son dos grupos, aquellos que prefieren bajarse las pelis de internet y aquellos a quienes no les interesa el cine.

Para los primeros, mano dura. Obligando a que por cada película americana descargada se tenga que descargar una española, se incrementaría drásticamente el número de descargas de estas últimas, lo cual sería un argumento para conceder a nuestro cine más y más subvenciones… aunque teniendo en cuenta que más del 90% de las descargas son de porno, Torbe, el Rey del Porno Hispano, se haría de oro.

¿Y para los segundos, para esos individuos cinéfobos que no pisan una sala de cine nunca? Pues… ¡a la mierda! ¡Se les lleva a ver cine español cuatro o cinco veces al año por la fuerza! Total, ya les obligamos a pagar la pelis con sus impuestos. Otra coacción más, ¿qué más da?

Estructura institucional

Teniendo en cuenta que la evolución sociocultural ha institucionalizado democracias parlamentarias en los países donde ha enraizado la sociedad civilizada, conviene plantearse qué factores determinan el desarrollo económico y las libertades políticas.

En los años 60, el economista Ronald Coase incorporó el análisis de las instituciones al estudio de la economía. Se analizaron las organizaciones humanas, constatando la importancia del respeto institucional por la propiedad privada y la libertad de empresa, ambos vitales para el surgimiento de la estructura de derechos y de la seguridad jurídica necesarias para configurar un sistema de incentivos que impulse el progreso de su población.

Al igual que se realizó con la empresa, desde la Nueva Economía Institucional (NEI), también se analizó el Estado como organización, explicando su existencia como institución con capacidad para reducir los costes de defensa de las propiedades de los ciudadanos dentro de un territorio, evitando tanto la anarquía bajo la violencia de mafias, organizaciones terroristas o señores de la guerra como la opresión liberticida por un país con ansias expansionistas.

A lo largo de la historia, se puede constatar que el Estado ha garantizado la defensa exterior, la seguridad interior y la justicia, con menor o mayor fortuna, pero con evidentes costes internos adicionales a los propios derivados de su papel institucional, que la NEI denomina costes de transacción del Estado para referirse a los derivados de los problemas en la administración pública de recursos.

Entre los costes de transacción se incluyen, por ejemplo, la falta de transparencia y de control derivadas de la separación entre los administradores (que en esta institución son los gobernantes) y los accionistas (que en este caso son los ciudadanos), la mala asignación de recursos si existe corrupción de altos cargos políticos, la baja productividad debido a la burocracia, o la disminución en la eficiencia económica en función del tamaño de la organización (Administraciones Públicas) y del aumento de su masa laboral (funcionarios) y, en general, el comportamiento público estudiado en términos de intereses individuales por la escuela de la elección pública (Public Choice).

Sin embargo, esos costes de transacción del Estado pueden ser reducidos con mejoras institucionales como un sistema judicial independiente que garantice el Estado de Derecho, la minimización del tamaño del Estado, la vertebración territorial, la elección directa de autoridades, la declaración patrimonial y auditorias de cargos públicos o las barreras de control ciudadano sobre las decisiones políticas trascendentales para el futuro de un país.

Ahora bien, aunque el crecimiento económico se produzca con un marco jurídico que respete los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, desgraciadamente, no siempre viene acompañado de un desarrollo de las libertades políticas o de una democracia en donde exista separación "real" de poderes y los ciudadanos elijan "directamente" sus autoridades políticas y judiciales.

De hecho, existen serias reservas sobre la capacidad de una democracia para garantizar por sí misma el crecimiento económico, especialmente, cuando se comprueban el intervencionismo, la corrupción y las deficiencias institucionales de muchas democracias parlamentarias.

Tal y como afirma el profesor Mancur Olson, para garantizar el progreso socioeconómico, además de una democracia duradera que permita garantizar los derechos de propiedad y los contratos, se precisa la existencia de una dispersión pluralista del poder, lo cual sólo se logra con mayores libertades políticas ya que éstas permiten presionar socialmente a los dirigentes para realizar una reforma escalonada de las instituciones.

De ahí la importancia de que la sociedad acumule organizaciones cívicas, vitales e independientes, que aglutinen una masa crítica de la población que reclame no sólo mercados libres sino también libertades políticas dentro de un ordenamiento jurídico que evolucione de modo que se traslade el poder hacia los ciudadanos, disperso entre el mayor número posible de instituciones independientes.

Las consecuencias de no decir la verdad

Pero no serviría de mucho, porque es dudoso que los sustitutos rompieran con la más arraigada tradición de nuestra democracia, en la que la única forma de hacer negocios con la administración es "llevarse bien" con el poderoso.

Lo que llama la atención en el caso de Francisco Camps es que haya sido tan ingenuo como para provocar él mismo la decisión del tribunal de llevarlo ante un jurado popular. El presidente de la Generalidad Valenciana no dijo la verdad cuando fue interrogado por la autoridad judicial, y ningún juez acepta de buen grado que le mientan a la cara. Camps ha sostenido todo este tiempo que él personalmente pagó los famosos trajes de corte italiano, pero hasta la fecha no ha podido demostrarlo. Al contrario, las evidencias recogidas en el sumario indican que jamás lo hizo. Si le hubiera dicho al juez "mire, Señoría, estos trajes me los regalaron, sí, pero esta mañana los he pagado (aquí tiene el recibo) y he ordenado al comercio que devuelva el importe a quien fuera que los pagase, que por cierto no sé quién pudo ser". Todo se hubiera saldado con una multa y Camps se habría dado un baño de multitudes a las puertas del juzgado, con miles de votantes emocionados y agradecidos al primer político de la Historia de España que reconoce un trinque y, además, lo devuelve. Coste económico siete mil euros incluyendo la multa; coste político cero.

Pero como ningún partido político admite que en sus filas haya personajes "regalados", es difícil que el PP, en última instancia una maquinaria de votos como el resto de formaciones, le hubiera permitido semejante acto de honestidad que hubiera evitado el pequeño calvario al que ahora se enfrenta su líder valenciano. Y además con estas temperaturas, bajo las cuales ni la más fina seda italiana te evita el sofocón.

En todo caso, lo más interesante de este asunto es que no se ha producido un trato de favor a cambio del regalo, como el mismo juez reconoce en el auto, por lo que no ha habido cohecho activo ni, en consecuencia, perjuicio para los contribuyentes. Por eso sorprende que en otros casos en los que las arcas públicas sí han sido saqueadas, las fiscalías sean tan remolonas y los jueces tan pacatos. España sigue siendo diferente. Si te regalan cuatro trajes vas a juicio, en cambio si regalas tú una televisión en abierto a los amigos o diez millonazos a la empresa de tu hija ganas las elecciones. Cosas de nuestro hecho diferencial, qué le vamos a hacer.

Prohibir los enlaces para salvar los periódicos

Tampoco es que los otros sí puedan, pero al menos es una excusa plausible. En cambio, los diarios se enfrentan a un cambio de hábitos, que ha sustituido el papel por la pantalla, y el notable incremento de competencia que ese mínimo cambio ha traído consigo.

El problema para los diarios no es el cambio de soporte. Al fin y al cabo, cuando bajamos al quiosco pagamos sólo una parte del coste de escribir, maquetar, imprimir y distribuir esos cachos de papel; el resto lo sufraga la publicidad. En internet los costes de impresión y distribución se reducen a la mínima expresión, de modo que los anuncios podrían seguir pagando lo que cuestan los contenidos. Pero claro, al haber desaparecido esos costes, las barreras de entrada a la cosa periodística son ahora ridículas y los periódicos se enfrentan a la competencia de, entre otros, ¡sus propios lectores!

Como siempre que sucede un cambio fundamental, una "destrucción creativa" de esas, las alternativas se reducen a dos grandes grupos: adaptarse o morir. Curiosamente la prensa, mayoritariamente progresista en todo Occidente, parece haber optado por olvidarse de Darwin y hacerse creacionista, con lo que se ríen de los yanquis por eso. Así, en todo el mundo se suceden demandas contra Google News por el pecado de poner a disposición de los usuarios los titulares de las principales noticias y ofrecer enlaces para leerlas en los medios que las publicaron. ¿La razón? Que Google gana dinero y "utiliza nuestros contenidos", según los editores de prensa. Sin embargo, el gigante californiano no hace nada que no hagan los propios periódicos, que se hacen eco (o deberían) de las noticias de sus competidores. Simplemente lo hace de forma automática.

En éstas estábamos cuando Richard Posner entró en juego. Para quienes no lo conozcan, que serán muchos, Posner es un jurista norteamericano de reconocido prestigio (pero de verdad, no al Bacigalupo modo) que al contrario que muchos de sus colegas algo sabe de economía, lo que por otra parte probablemente le haya cerrado las puertas del Supremo. Es un "Chicago boy", con todas las virtudes y los defectos que esa etiqueta conlleva. Tiene un blog que escribe a medias con el Nobel de Economía Gary Becker, en el que ambos exponen semanalmente su visión sobre un asunto. ¿Y cuál fue el de la semana pasada? La muerte de los periódicos.

Mientras Gary Becker lamentaba, básicamente por motivos sentimentales, la suerte funesta de la letra impresa, pero admitía que no había riesgos de muerte de la prensa dada la vitalidad que ofrecía internet, Posner parecía no creer que pudiera existir forma alguna de que pudiéramos tener periodismo sin periódicos. Convencido de que hacerse eco y enlazar a las noticias de otro medio es pernicioso para esos grandes diarios que son los únicos que crean contenidos relevantes, exponía dos soluciones, que mostraban su ignorancia del negocio: prohibir el enlace y la cita a los diarios o prohibir el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor sin permiso de eso, del autor.

Seamos serios, todos los medios en internet quieren que la gente los enlace, porque es la manera de que se los lea más y, por tanto, ganar más dinero con la publicidad y tener suficiente para crear esos "contenidos diferenciales" que tanto le preocupan a Posner. Además, ya está prohibido acceder a las noticias que los medios quieran proteger, como demuestra el Wall Street Journal; otra cosa es que quieran, porque el diario neoyorquino es el único que ha tenido cierto éxito cobrando por parte de sus contenidos.

Pero el problema de Posner es algo más profundo. Al fin y al cabo, podría haber propuesto la obligatoriedad de enlazar con la fuente del contenido, que sería una medida más razonable dentro del entorno de la web, y que podría evitar casos de vampirismo que todos conocemos. Lo malo es que todas estas medidas son un ataque a derechos fundamentales, para cuya violación las conveniencias económicas no deberían ser razón suficiente. Y perder eso de vista parece ser desgraciadamente habitual para demasiados de los Chicago Boys. Es lo que tiene ser "experto" y "tecnócrata", que a veces se pierde de vista lo más importante.

Japón, campo de pruebas comunista

Desde que ese perspicaz hijo de banquero llamado John Law observó que las economías más ricas, como su Escocia natal, eran también las que tenían más dinero en circulación, una parte de la profesión –siempre en la marginalidad hasta el advenimiento de Keynes– no dejó de buscar mecanismos para incrementar la cantidad de dinero.

El propio Law propuso emitir billetes respaldados por las tierras nacionales, sistema que en Francia tuvieron el placer de experimentar dos veces (primero bajo la dirección del propio Law y luego con los asignados revolucionarios) con idéntico resultado: hiperinflación y muerte de la moneda.

El pobre Law nunca llegó a comprender que, si bien es cierto que en las sociedades más ricas (con más ahorro) se dispone también de más crédito, lo contrario no es cierto: un mayor crédito no genera automáticamente más riqueza. Por tal confusión teórica llevada a la práctica, sus ideas sufrieron un casi completo descrédito durante generaciones (no sin una pizca de injusticia, ya que ciertas partes de su obra tenían una calidad superior a la de muchos de sus críticos).

Sí, de vez en cuando surgían ciertos lunáticos, como Proudhon o Gesell, que insistían en que nuestras sociedades eran pobres porque el crédito no era gratuito (acusación que también con cierta frecuencia se vertía sobre los avaros judíos: pensemos, por ejemplo, en el jerarca nazi Gottfried Feder, admirador de las obras de Gesell que saltó a la fama defendiendo la necesidad de romper con la esclavitud del interés: el Brechung der Zinsknechtschaft), pero nadie les hacía caso. Nadie, claro, hasta que Keynes pervirtió los términos de la economía y confirió un rango pseudocientífico a esos lunáticos. Así, a partir de Keynes, las sociedades pasaron a ser pobres (o a entrar en crisis) no por su insuficiente o inadecuada producción, sino por su insuficiente demanda.

Ante una crisis, un Estado simplemente tenía que encargarse de evitar que la demanda se redujera, y para ello debía utilizar todos los medios a su alcance, que básicamente eran dos: reducir los tipos de interés y gastar con cargo al déficit público.

Keynes prefería la segunda opción, ya que en su opinión las reducciones de tipos y, en general, las expansiones monetarias chocan con un problema serio: por muy barata que le pongas la financiación a la gente, puede haber momentos en que la gente no quiera endeudarse más. Los keynesianos llaman a esto la "trampa de la liquidez", aunque más adecuado sería denominarla la "trampa de la iliquidez": el motivo por el que la gente no quiere endeudarse más es, precisamente, que ya está hasta arriba de deudas. Si una familia no puede pagar una hipoteca, difícilmente pedirá una nueva, aunque se la ofrezcan libre de intereses.

Este devastador problema, del que no parecen ser conscientes los friedmanitas, lo ha experimentado con crudeza Japón durante más de una década (debido, precisamente, a que no permitió que se liquidaran las malas inversiones de sus bancos) y lo está sufriendo ahora Estados Unidos: aunque los tipos de interés estén al 0%, los agentes privados no incrementan su endeudamiento, esto es, no acometen nuevas inversiones.

¿Cómo estimular entonces el endeudamiento? ¿Puede haber tipos de interés negativos, esto es, tiene sentido que el deudor devuelva a su prestamista menos dinero del que recibió? Parece complicado que alguien quiera prestar dinero a tipos negativos, por una cuestión muy simple: atesorándolo obtendrá una rentabilidad superior (0%).

El establishment académico, ya atrapado en una senda de degeneración de muy difícil salida, se ha devanado los sesos tratando de estimular al prestamista para que preste su dinero a tipos negativos. El autor del manual de Economía que estudian casi todos los universitarios españoles, Gregory Mankiw, salió con la brillante idea de organizar tómbolas monetarias. Pero parece que en esta competición del disparate le ha salido un duro competidor: según el Times, el Gobierno japonés se plantea eliminar el dinero en metálico.

De este modo, los ciudadanos terminarían por ser unos completos rehenes de los bancos. ¿Qué sucedería si nuestro banco fijara los tipos de interés de los depósitos a la vista en el -5%? No podríamos sacar el dinero de la entidad, sólo transferirlo a otra. El problema es que los tipos que pagarán todos los bancos estarán muy influidos por el tipo que fije el banco central correspondiente, que podrá manejar la política monetaria a su antojo. ¿Le prestaría usted su dinero a un empresario al -2% si, en caso de mantenerlo en el banco, le quitaran el 5%? Probablemente.

Es el sueño de los inflacionistas: que el dinero deje de serlo. Que la gente no pueda atesorarlo y protestar contra los empresarios ineficientes que no le ofrecen los productos que desea o contra los prestatarios torpes que no son capaces de pagarle tipos de interés más elevados por su capital. Por el mismo motivo se cargaron el patrón oro, y ahora quieren cargarse el dinero en efectivo.

Pero no nos equivoquemos: tales medidas no sólo suponen un intolerable recorte a la libertad individual, también son un camino seguro a la ruina colectiva. La crisis no se produce por insuficiencia de crédito, sino porque el crédito creció durante años muy por encima del ahorro real y ello distorsionó una estructura productiva que debe reajustarse (lo que a su vez implica una contracción del crédito). Lo que estas mentes preclaras persiguen es que la economía vuelva a crecer sin reconvertirse mediante un chute artificial de crédito. Pero el problema auténtico –una economía que no atiende a las necesidades de los consumidores– seguirá ahí. ¿Alguien cree que España volverá a crecer si los promotores obtienen financiación gratuita? No, en absoluto.

Aunque la estrategia bien puede ser otra: expropiar los ahorros de los ciudadanos imponiendo una financiación negativa para el único agente en condiciones de endeudarse, el Estado. De esta manera, el gasto público podría crecer de manera insospechada, lo que convertiría al Estado en el único consumidor e inversor de la economía.

Sí: se llama socialismo, y hacia eso quieren llevarnos muchos economistas autoproclamados "defensores del libre mercado".

El nuevo impuesto de ZP

Sin embargo, el Congreso ha aprobado recientemente una medida de similares características: una elevación de la presión fiscal, sólo que encubierta.

Se trata de la reforma de la Ley de Tráfico. En esencia, lo que persigue el Gobierno con este proyecto es convertir a la Guardia Civil en un organismo más de Hacienda. Un nuevo brazo ejecutor del Fisco, sólo que especializado en la persecución de automovilistas, con el fin de incrementar los recursos no financieros del Estado por la vía punitiva.

Y es que el objetivo de la reforma vial, pese a que se nos intenta colar por "nuestro bien", está meridianamente claro: permisividad 0 si se excede en un solo kilómetro por hora el límite de velocidad establecido por la autoridad competente mediante el uso de radares de tramo; sanciones que oscilan entre los 100 y los 600 euros, según la gravedad de la infracción; además, tales cuantías podrán incrementarse en un 30%, si así lo considera el agente.

Por otro lado, el Gobierno ha insistido en que el conductor podrá beneficiarse de un descuento del 50% si paga la multa en un plazo de 15 días desde el momento de la notificación. Olvida destacar, sin embargo, que el infractor tan sólo recibirá un aviso frente a las tres notificaciones que se realizaban anteriormente. Cabe recordar que, si por casualidad, ésta no se recibe, el proceso continúa y el impago de la multa en plazo disparará el coste final de la sanción.

La norma tiene un afán 100% recaudatorio. En este sentido, el Estado, por desgracia, se ha decantando por imitar las medidas recaudatorias puestas en macha por las autoridades locales. Así, los ingresos por multas de tráfico se han disparado más de un 50% interanual en muchos ayuntamientos.

Lo más grave de la nueva ley, sin embargo, es la indefensión que conlleva. El Comisario Europeo del Automóvil (CEA) se apresuró a tildar de "ilegal" la reforma tras su aprobación en el Congreso. Y no le falta razón a este club de automovilistas. El conductor deberá decidir pagar o no, con descuento, sin conocer si existen pruebas fehacientes e irrefutables en su contra; no tendrá derecho a dos intentos de notificación en su domicilio; no tendrá derecho a ver el informe del agente denunciante si niega o contradice los hechos denunciados; y, entre otras lindezas jurídicas, no tendrá derecho a formular recurso de alzada, con lo que la Administración denunciante será juez y parte en el procedimiento.

Así pues, no es estrictamente necesario que el Gobierno anuncie una subida de tipos en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para sablear al contribuyente. Existen muchas vías y fórmulas para ocultar el aumento de la presión fiscal, desde la subida de la luz a la eliminación de deducciones, más y mejores inspecciones tributarias, la no deflactación del IRPF, la eliminación de paraísos fiscales…

Por el momento, el bolsillo de los fumadores y los conductores serán los primeros en experimentar la política social y solidaria de Zapatero. No se preocupen. Pasito a pasito, nuevos colectivos se irán sumando al nuevo régimen fiscal del Gobierno socialista. Muy pocos quedarán exentos al término de este proceso. ¡Ah, sí, los propios políticos!

Planificando la energía para un mañana socialista

Lo que nadie dudaría es que un sector como el de la alimentación está mucho mejor gestionado por la interacción libre de empresarios y consumidores que por los antojos y las creencias de un presidente de gobierno. Dirigido desde arriba, el sector de la alimentación produciría lo que resultó ser la desesperación del bloque comunista: colas en los supermercados, mala calidad alimenticia y precios exorbitantes si uno quería comer algo distinto a lo que el planificador le proponía.

Si eso es así con un mercado como el de los alimentos, imagínese qué ocurriría si el presidente decidiera planificar un mercado extremadamente complejo como el energético. Zapatero, que no le hace ascos a ningún reto intervencionista, ha anunciado que planificará el mercado de la electricidad y la energía durante las próximas dos décadas. Para hacerlo con un mínimo de sentido, el líder socialista debería conocer, como mínimo, las distintas necesidades energéticas que habrá en la España de cada uno de los años que van de aquí al año 2030, las diferentes formas de producción de energía, las ventajas comparativas y los futuros desarrollos tecnológicos de cada una de ellas y las preferencias del consumidor en cuanto a las características del suministro. Gran parte de esa información es marcadamente subjetiva y tendrá que ser desarrollada por personas que a día de hoy no saben cuáles van a ser sus preferencias el día de mañana. Ni siquiera un gran experto en energía podría planificar este sector de una forma socialmente satisfactoria y mucho menos un presidente que ha dado sobradas muestras de su ignorancia en esta materia.

Sin embargo, a Zapatero no le gana nadie cuando se pone chulo y ha advertido que en cuestiones como el cierre de las nucleares o su despilfarro de miles de millones en subvencionar las renovables "nada ni nadie va a afectar a una decisión del presidente del Gobierno". El hombre lo tiene muy claro. El futuro energético de nuestro país consistirá en hacer casi imposible el desarrollo de energías como la nuclear o la del carbón, dificultar otras como la del petróleo y fomentar con impuestos y déficit tarifario las carísimas energías renovables.

Hasta ahora Zapatero ha cumplido todas sus promesas energéticas y no me cabe la menor duda de que tratará de cumplir también ésta. Si nadie se lo impide, los españoles estaremos en unos años pagando la electricidad más cara del mundo, su calidad será pésima (porque dependerá de factores meteorológicos) y la deslocalización empresarial será aún más intensa que en la actualidad. Nuestra industria energética se parecerá a lo que fue la industria alimenticia socialista marcada por el desabastecimiento y el elevado coste en un entorno de nula libertad tanto para empresarios como para consumidores.

Ajo y agua

Como ha dicho elocuentemente el ministro de Educación, "las familias deben asumir que la lengua vehicular es el catalán". Qué educación reciben sus hijos es cosa de los Montilla, los Gabilondo y una pléyade de burócratas sin nombre ni vergüenza que les suplanta.

Me sorprende cómo se ha recibido la noticia en algunos medios. ABC habla de ataques "al castellano". Como si el idioma fuera un ente real distinto de quienes lo hablan y escriben. ¿Qué es "el español" o "el catalán" sino el modo de comunicarse de un conjunto más o menos grande de personas? A los nacionalistas les sobran las personas, que a poco que se les dé protagonismo empiezan a decir lo que les da la gana y a mostrar una inconveniente inclinación a tratar sus propios asuntos como les da la real gana. No. Lo mejor es hablar de un ente, de un fantasma, "el catalán", como si tuviese vida propia, al margen de quienes lo hablan. Saussure, a la hoguera. ¿Quién puede alegar nada razonable frente a una creación mística, como ese "catalán" sublimado? Oponerle "el castellano" es un esfuerzo vano, porque en el terreno de la mí­stica el nacionalismo lleva demasiada ventaja. Hablemos de los catalanes y de sus derechos.

También me llama la atención el titular de El Mundo. La llamada LEC es una declaración de independencia educativa. Es de independencia, sí­, pero no de España, que serí­a lo de menos, sino de independencia de los ciudadanos y de sus derechos. ¿Para qué querrí­amos una España unida en la que nos gobernase un hampa como la de la clase polí­tica catalana? España, antes rota que roja, o que protofascista.

Porque aquí­ lo que está en juego no es "el castellano" o "la independencia". Lo que está a la vista de todos es que el sistema polí­tico actual no tiene de democrático más que la envoltura. No se hace lo que quieren los ciudadanos, sino lo que quieren los polí­ticos. Una democracia autoritaria, un autoritarismo dizque democrático. Ese es el peligro en las aulas de Cataluña y fuera de ellas.

El problema de Garoña no son los trabajadores

Los trabajadores pueden recolocarse con cierta facilidad, tal y como se ha apresurado en remarcar el Gobierno. Trabajos potenciales los hay infinitos, y no es la escasez de tareas a realizar lo que genera un desempleo estructural. No.

El problema del cierre de Garoña es que se destruye un negocio que estaba generando riqueza y, como consecuencia, se destruyen unos puestos de trabajo que estaban orientados en la dirección adecuada: producir energía barata.

La oposición a la absurda decisión socialista ha insistido en las familias que se quedarán sin un salario, pero eso es un error. Ahí está un "generoso" Zapatero (siempre con el dinero ajeno, el de los contribuyentes, claro) presto a recolocar en un Parador Nacional o en cualquier otra descabellada ocurrencia los empleos que ha destruido. ¿Entonces? Entonces la diferencia estriba en que Zapatero se ha cargado empleos que eran capaces de pagarse sus propios salarios y pasará a crear otros puestos de trabajo que, precisamente por estar ubicados en actividades insostenibles sin la subvención pública, tienen que obtener sus remuneraciones de la riqueza que otros han generado.

Es la perversa lógica del Plan E: creemos empleos donde sea porque lo relevante no es a qué se dedique ese empleo, sino mantener a la gente ocupada en "algo", gastando o malgastando su tiempo y sus energías.

A los políticos les cuesta entender que los beneficios de la división del trabajo emergen de que cada uno se especialice en producir bienes y servicios que otros desean a cambio de que esos otros produzcan los bienes que ese uno demanda. Si empezamos a producir bienes y servicios caros e inútiles, la división del trabajo se quiebra, porque nadie está dispuesto a ofrecer su mercancía de calidad a cambio de unos cacharros averidos. El mercado tiende a readaptarse hasta lograr coordinar a las distintas personas. Pero el Gobierno puede bloquear ese proceso espontáneo de ajuste. Y ahí es donde interviene el Ejecutivo con sus subvenciones: dado que a una parte de la sociedad le impide ganarse el pan en esa división del trabajo, tiene que rapiñar a los que sí siguen generando riqueza para mantener a quienes ha arruinado.

Puro ABC del intervencionismo económico.

A la conquista del océano

La familia Friedman parece llevar el liberalismo un paso más allá con cada generación. Milton, Nobel de economía, dedicó su vida a la defensa de un mercado libre y un Estado pequeño. Su hijo David, profesor de economía y derecho, cree que un mercado libre no necesita de un Estado, ni pequeño ni grande. Patri, hijo de David, opina lo mismo que su padre, pero aspira a llevarlo a la práctica creando comunidades privadas allí donde no llega (todavía) la jurisdicción del Estado: alta mar.

Patri Friedman es escéptico con el proselitismo liberal y el activismo político. Cree que es utópico pensar que podemos convencer a la mayoría de la población para que voten a un partido liberal que reforme el sistema de arriba a abajo. Utópico e innecesario. ¿Por qué intentar persuadir a todo el mundo cuando podemos agruparnos los que estamos de acuerdo y crear nuestra propia comunidad? El problema, claro, es que los Estados tienen jurisdicción sobre todo el suelo del planeta, y los intentos pasados de crear una comunidad liberal en tierra firme han fracasado.

En los 70 Mike Oliver, empresario de Nevada, intentó crear la República de Minerva en un conjunto de arrecifes en el sudoeste del Pacífico, a 260 millas del pequeño reino de Tonga. Oliver hizo construir terreno sólido sobre los arrecifes, pero Tonga reaccionó tomando la colonia por la fuerza. Durante los años siguientes Oliver se alió con movimientos separatistas en dos islas de las Bahamas y Nuevas Hébridas pero la aventura terminó con la detención de varios nativos rebeldes.

En los 90 un grupo de emprendedores randianos negoció con varios gobiernos la compra o arrendamiento de una parcela de tierra para crear su particular Quebrada de Galt: Laissez Faire City (éste es el anuncio que publicaron en The Economist en 1995). Estuvieron cerca de cerrar un acuerdo con Perú por el arrendamiento de 300km2 de tierra, pero no llegó a materializarse. Luego algunos de sus integrantes crearon una comunidad en el ciberespacio protegida por encriptación con el objeto de comerciar y realizar otras actividades al margen del Estado. El proyecto también fracasó, por problemas internos.

Ha habido más intentos fallidos y otros que están en letargo indefinido. Para Friedman estos fracasos ilustran el problema de las barreras de entrada al "mercado de sistemas políticos". Si las barreras de entrada a este "mercado" fueran bajas (si no implicaran una ingente inversión, derramamiento de sangre y una probabilidad tan baja de éxito) habría más competencia entre Estados y más experimentación con nuevos sistemas políticos, lo que redundaría (como en cualquier otro mercado) en instituciones más eficientes. Friedman llama a este escenario "geografía dinámica", y alude a la idea de su padre de que los gobiernos se comportarían de forma muy distinta si las familias vivieran en caravanas y pudiera huir fácilmente de la opresión estatal.

Friedman cree que sí es posible superar las barreras de entrada al mercado de sistemas políticos, pero no en tierra firme. La soberanía de los Estados termina a 12 millas de la costa, en el océano. Luego existen jurisdicciones parciales sobre zonas de pesca, recursos marinos etc. pero es concebible establecer plataformas flotantes u otras instalaciones artificiales en las Zonas Económicas Exclusivas o en aguas internacionales, donde al principio sería necesario comprar banderas de conveniencia a los países que propusieran la mejor oferta.

Patri Friedman, que trabajaba para Google, se interesó por el seasteading o colonización del mar después de leer el manuscrito de Wayne Gramlich, un ex ingeniero de Sun Microsystems amante de la ciencia ficción. En 2008 ambos fundaron el Seasteading Institute, una organización dedicada a promover las condiciones para que la colonización del mar sea una realidad, en oposición a hacerla realidad desde la organización misma. El instituto tiene como objetivo desarrollar iniciativas con un coste elevado y externalidades positivas (investigar, entender el marco legal, proporcionar ideas, promocionar el proyecto etc.), que sirvan de apoyo a los esfuerzos descentralizados de miles de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades e individuos. El instituto también contempla la posibilidad de operar la primera comunidad flotante con la expectativa de que tenga un efecto catalizador.

Patri Friedman cree que el seasteading tiene varias ventajas sobre los demás intentos de crear comunidades liberales. En primer lugar, no requiere la captura de un territorio reclamado por alguna jurisdicción nacional. En segundo lugar, no requiere de una extraordinaria inversión inicial como otros proyectos que se han quedado en el tintero (el Freedom Ship, el Aquarious Project) ni del concurso de mucha gente. Friedman es partidario de una aproximación "incrementalista": la colonización del mar puede empezar con plataformas familiares y embarcaciones cerca de la costa que experimenten con soluciones a los distintos problemas técnicos, de organización, etc. antes de adentrarse en aguas internacionales. Las estimaciones de costes para un hotel/complejo recreativo en alta mar son de 258 dólares el metro cuadrado, más barato que el precio actual del suelo en la zona de la bahía de San Francisco. Con el tiempo, conforme el seasteading despierte interés y aumenten las oportunidades de negocio, pueden construirse instalaciones más complejas que provean una variedad de servicios.

En tercer lugar, Friedman es consciente de que el proyecto debe tener atractivo económico, y con ese fin el instituto mantiene relaciones con diversas compañías que podrían rentabilizar la colonización marítima. Por ejemplo SurgiCruise, una empresa de turismo médico flotante que busca financiación para ofrecer servicios sanitarios fuera del marco regulatorio de Estados Unidos. Si los estadounidenses vuelan a México, India o Tailandia para conseguir tratamientos más baratos, ¿por qué no iban a estar dispuestos a desplazarse a 12 millas de la costa? Friedman también está en contacto con cadenas hoteleras, empresas del juego, compañías de acuicultura, marinas y bibliotecas de datos que quieren eludir las leyes de copyright. En cuarto lugar, no es un proyecto que esté restringido a liberales. Puesto que se trata de experimentar con nuevos sistemas políticos y organizativos el seasteading puede seducir también a grupos ecologistas, religiosos o de otro tipo.

En la actualidad hay algunos ejemplos de "viviendas en el mar" en forma de casas flotantes próximas a la orilla, barcos y cruceros, o plataformas petrolíferas. El Seasteading Institute ha diseñado y patentado un complejo de oficinas y de recreo que se ubicaría en aguas internacionales en la costa de California y que, entre otras cosas, podría ofrecer servicios médicos más baratos que en el continente. Todas las patentes que el instituto presenta son para uso defensivo, no para restringir que los demás utilicen sus diseños. En verano de 2009 está previsto un "festival del autogobierno" (Ephemerisle) en la bahía de San Francisco, que se desplazará a aguas internacionales. La idea es que con el tiempo el festival crezca en tamaño, duración y frecuencia y acabe siendo un evento permanente. El instituto está diseñando también una plataforma unifamiliar espaciosa y confortable que pueda servir de segunda (o primera) residencia y que pueda incorporarse a estos festivales. En un futuro este tipo de embarcaciones podrían acoplarse a marinas en alta mar estableciendo ciudades permanentes.

El Seasteading Institute ha suscitado bastante interés en la prensa y Patri Friedman está muy activo dando conferencias en distintos países. Según Brian Doherty, que ha escrito sobre el instituto en Reason, la iniciativa ha congregado a menos iluminados de lo habitual y ha llamado la atención a inversores y gente seria. Peter Thiel, el millonario (y liberal) cofundador de eBay, donó al instituto medio millón de dólares el año pasado.

A Friedman le gustaría llegar a ver la idea hecha realidad algún día pero admite que incluso considerando los escenarios más optimistas probablemente puedan pasar décadas antes de que pueda decir "he cambiado el mundo". Esperemos que llegue a verlo, él y nosotros.