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Conflicto de intereses

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre las muchas leyes impulsadas con este afán propagandístico estaba la que regulaba los conflictos de intereses, cuyo reglamento fue finalmente publicado en el BOE en abril.

Todo indica, pues, que la denuncia de la Asociación de Internautas contra la ministra González-Sinde es la primera que se presenta en la Oficina de Conflictos de Intereses. Al menos es la primera que ha llegado a los papeles. El procedimiento, no obstante, puede ser largo y seguramente no llegue a su final, pues después de resolverse en la propia oficina deberá ser elevado al Consejo de Ministros por el muy honrado vicepresidente Chaves, un verdadero experto en conflictos de intereses, para que sea este órgano quien decida si se actuará contra ella. Como ven, parece perfectamente previsto que jamás nadie mínimamente importante pueda ser oficialmente sancionado.

Sin embargo, la verdad es que huele muy mal que quien está dirigiendo un lobby, que además es un lobby especialmente antipático para un gran porcentaje de los ciudadanos, pase en dos días a dirigir el Ministerio al que el lobby exigía que le hicieran caso. No hace falta ser un analista política de primera línea para concluir que quizá, sólo quizá, la nueva ministra haga más caso a lo que digan los del cine, aunque sólo fuera porque su pareja y la mitad de su familia trabajan en el gremio, y ella volverá a hacerlo en cuanto deje su cargo.

Pero es que eso no es todo. La ministra ha recibido numerosas ayudas durante su vida profesional. Y naturalmente todos esos familiares son potenciales beneficiarios de las subvenciones que concederá el Ministerio de Cultura durante el tiempo en que González-Sinde ocupe la silla, sin duda de forma completamente objetiva y profesional, hasta ahí podíamos llegar. Es más, ¿cómo no pensar en que quizá, sólo quizá, parte de esas subvenciones no tengan como destino preparar un regreso a su profesión aún más fructífero que el que desembocara en Mentiras y Gordas? ¿Acaso no tenemos derecho a pensar mal, aunque no acertemos?

Dice la ministra que es bueno que no sean sólo políticos profesionales quienes accedan a altos cargos en la administración, y tiene razón. Pero si tienen tantos y tan profundos intereses personales en un sector altamente intervenido y subvencionado, no pueden asumir esa responsabilidad de gobierno. Y una ministra de Cultura que se excluya de todas las decisiones que puedan tomarse sobre el cine tiene aún menos sentido que una ministra de Cultura que sí las tome. La conclusión está clara: González-Sinde nunca debió ser nombrada y siéndolo nunca debió aceptar el cargo. Ahora sólo le queda volver al gremio subvencionado por excelencia.

El regreso de la banca pública

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El nuevo regulador público, ya que en última instancia depende de la ministra Salgado, no sólo controlará hasta el extremo la gestión de las entidades intervenidas sino que, de hecho, abre la puerta a la nacionalización parcial de la banca española a medio plazo.

En primer lugar, el FROB pone de manifiesto que el Gobierno mintió al negar que la crisis financiera no afectaría a la solvencia misma del sistema español. Cabe recordar que hace escasos meses Zapatero se chuleaba ante sus colegas de contar con uno de los sistemas financieros "más sólidos del mundo", y se vanagloriaba de la excelente regulación y gestión de riesgos del Banco de España.

Pues bien. Ni uno ni lo otro. El propio Ejecutivo reconoce ahora en el Real Decreto que regula el nuevo fondo de rescate que algunas entidades de tamaño mediano o pequeño podrían "llegar a ver comprometida su viabilidad en los próximos meses" debido a la persistencia de los problemas de liquidez, el deterioro de activos o el aumento de la morosidad.

Es más: "Aunque es previsible que las entidades susceptibles de entrar en dificultades no tengan, individualmente por su tamaño, carácter sistémico, la consideración conjunta de sus problemas de viabilidad sí podría llegar a generar un potencial riesgo sistémico que justifica tener previstos instrumentos adicionales y la utilización de recursos públicos". Así pues, el Ejecutivo ha dado, una vez más, marcha atrás. Por otro lado, si algo ha demostrado el rescate de Caja Castilla-La Mancha es que el control del Banco de España ha fracasado, por mucho que se intente ocultar.

En segundo lugar, ante tales riesgos, el Gobierno ha optado por la "ordenación pública" del sistema. Y es que, en realidad, el Fondo se configura como un nuevo regulador financiero con plena capacidad de intervención en el sector bancario. A partir de ahora, dicho organismo, encabezado por Salgado a modo de banquera central, tendrá la última palabra en materia de fusiones, reestructuración de balances, aprobación de planes de viabilidad o inyección de recursos públicos

De hecho, será el FROB quien determine qué, cómo y cuándo se podrá declarar en quiebra una entidad. En su disposición adicional tercera, el Real Decreto establece que, en caso de intervención, "la legitimación para solicitar el concurso (de acreedores) corresponderá exclusivamente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria". Asimismo, ningún juzgado podrá aceptar la solicitud de concurso (antigua suspensión de pagos) si la entidad en cuestión cuenta con un plan de viabilidad aprobado por el Fondo.

Por último, más allá del coste que supondrá para los contribuyentes el rescate bancario –hasta 90.000 millones de euros, en principio–, el Gobierno tendrá voz y voto en las cajas intervenidas. De hecho, nacionalizará parcialmente entidades si en un plazo máximo de siete años éstas son incapaces de devolver las ayudas públicas concedidas. Una opción bastante probable si se tiene en cuenta el largo estancamiento económico que sufrirá el país.

Se atisba, pues, el regreso de la banca pública a España. De todos modos, no es un proceso aislado. La mayoría de los gobiernos de países desarrollados, tales como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia o Rusia han optado u optarán por participar en el capital, hasta ahora privado, de la banca. Por una vez, parece que Almunia tenía razón.

No obstante, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) recomienda en su último informe seguir la actuación de Finlandia, Noruega y Suecia en sus crisis bancarias de finales de los años 80 y principios de los 90 debido al limitado progreso que están demostrando las medidas de rescate adoptadas hasta el momento. Es decir, nacionalizar la banca para reconocer las pérdidas reales del sector, liquidar los activos problemáticos y recapitalizar el sistema con fondos públicos.

La reestructuración de la banca nórdica llevó casi una década y se tradujo en pérdidas, aunque escasas, para los contribuyentes. El problema es que la actual crisis financiera es internacional, no local, y los excesos cometidos son muy superiores. Además, si el origen de la actual crisis estriba en la intervención monetaria y en una nefasta y excesiva regulación bancaria, ¿qué cabe esperar de una banca pública en manos del Gobierno al más puro estilo chino? Soplan malos tiempos para el libre mercado… Muy malos.

Las crisis no son épocas para lujos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En épocas de bonanza uno puede argumentar que "colectivamente" hemos de afrontar esos gastos "imprescindibles" para el bienestar social y planetario. Personalmente me parece una idea errónea propia de una mentalidad dirigista que no se ha parado a pensar ni medio minuto cómo los derechos de propiedad pueden gestionar de manera mucho más eficiente y justa estos asuntos, pero admito que la inclinación natural de muchos seres humanos es esa. Sólo hay que observar esa afición tan extendida entre algunos millonarios de adquirir una mansión con un amplio, verde y "ecológico" jardín.

Pero la tendencia natural del ser humano también es la de recortar los gastos más ostentosos cuando las cosas empiezan a ir mal. No es casual que los países pobres se suelan despreocupar por las consideraciones estéticas del medio ambiente: ni derechos de animales, ni de árboles, ni de rocas. Lo primero es comer, caigan los ecosistemas que caigan.

Este razonamiento primario que casi cualquiera entiende y cuya verificación no requiere más que una mirada fugaz a la realidad trastoca sus términos cuando se incorpora a las teorías de esa plaga económica que son los keynesianos. En sus modelos, los despilfarros lujosos no son un lastre para la recuperación de las crisis, sino uno de sus principales motores.

Sólo así puede entenderse que Obama proponga invertir en las carísimas energías renovables para crear riqueza. Sí, leen bien: el presunto gran beneficio que nos proporcionarán las lluvias de millones que caerán en forma de generosas subvenciones sobre los molinillos y las placas de silicio es que nos ayudarán a salir de la crisis creando puestos de trabajo. Todo lo demás sólo son argumentos accesorios en estos momentos de estacamiento.

Es la perversa lógica del Plan E aplicada a cualquier disparate que se le aparezca en los sueños del gobernante de turno. Lo importante no es la riqueza, sino el puesto de trabajo; los seres humanos no trabajan para producir bienes de consumo que mejoren su bienestar, sino que el trabajo por el trabajo, el esfuerzo vacío y desorientado, el cansancio quemagrasas dignifica y mejora nuestra calidad de vida. No se explica, pues, cómo las sociedades más pobres del mundo están ocupadas 18 horas al día para lograr malvivir y cómo las ricas han tendido sistemáticamente a reducir las horas de trabajo al tiempo que incrementan su prosperidad.

Sólo a las brillantes cabezas de unos inflacionistas patológicos se les podría ocurrir que invirtiendo en energías caras –carísimas– vamos a darle la vuelta a la crisis. Nada nuevo desde que Bastiat redactara sarcásticamente aquella famosa carta de parte de los fabricantes de velas en la que proponían tapiar las ventanas de todos los franceses para que el Sol no les hiciera competencia desleal y se relanzara así esta pionera industria nacional.

¿Tanto les cuesta reconocer a los obamas y zapateros que están sobrecargando las espaldas de los estadounidenses y de los españoles justo cuando deberían estar aligerándolas?

¿Nos expolian el oro?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Rampton hizo un sorprendente anuncio en la conferencia que obviamente trascendió: España se convertirá en uno de los mayores productores de oro de Europa el año que viene. La típica reacción ante este tipo de noticias es, primero, sentirse orgulloso de que el país de uno desarrolle nuevas y potentes industrias; la segunda, sin embargo, es preguntarse: ¿qué obtendré yo a cambio? Al fin y al cabo, todo ese oro que Kinbauri extraerá se encuentra en España. ¿Qué derecho tienen a llevárselo? ¿Acaso no deberían compensarnos por venir a nuestro país y llevarse nuestro oro? ¿Por qué el Gobierno español no crea una empresa pública para sacar todo ese oro y repartir los beneficios entre los españoles?

El problema de este tipo de razonamientos es, como con casi todos los errores económicos, que sólo se fijan en los efectos últimos de las decisiones políticas y no se plantean qué consecuencias no directamente observables se producen.

Primero deberíamos preguntarnos por qué ha sido Kinbauri Gold Corporation y no otra empresa (incluso una empresa pública) la que ha iniciado las extracciones de oro. La respuesta más inmediata y sencilla es que se trata de la propietaria de los terrenos en los que se realizarán las excavaciones. Bien, pero como no parece que Kinbauri haya sido la propietaria de esas tierras desde que el mundo es mundo, ¿por qué el anterior propietario no invirtió para extraer el oro? Pues, o bien porque no sabía que ahí había oro, o bien porque no lo consideró suficientemente rentable.

En cualquier caso, Kinbauri fue la primera empresa que detectó la existencia de amplios yacimientos de oro en España, o que consideró que era posible explotarlos de manera rentable. ¿Acaso no es importante que las empresas se dediquen a aquello que necesitan los consumidores lo antes y de la manera más eficiente posible? Eso es lo que ha hecho Kinbauri: preocuparse por extraer oro de unas minas abandonadas durante casi 2.000 años.

No sólo sería injusto y absurdo que ahora protestáramos por que "los españoles" no hemos tenido la oportunidad de adelantarnos a los canadienses. Planteémonos cuáles serían los efectos de que ahora el Gobierno español nacionalizara las minas de Kinbauri, o les impusiera un tributo muy elevado a la extracción. En primer lugar, las empresas extranjeras se lo pensarían dos veces antes de venir a España a invertir en cualquier cosa. Al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre expropiar a una empresa que descubre oro y expropiar a una que descubre, pongamos por caso, una vacuna contra el sida? Ninguna: las dos han utilizado medios materiales y probablemente humanos de España. La expropiación redunda en menos capitales extranjeros y, por tanto, en menos riqueza para nuestro país.

Y, aún más importante, ¿qué sucedería si esta actitud nacionalizadora se extendiera a todos los confines del planeta, tal y como proponen populistas como Chávez y Morales? Pues que la gente se dejaría de preocupar (esto es, de invertir) por descubrir nuevos recursos o por abaratar los costes de su explotación. Si las remuneraciones por descubrir e innovar exitosamente desaparecen, ¿para qué esforzarse en ello?

Esto nos dejaría un único actor habilitado para estos menesteres: el Estado. Sí, el mismo Estado que, por ejemplo, y por no salir de España, no se ha enterado de que teníamos yacimientos de oro que podían explotarse de manera rentable. ¿Realmente queremos que una camarilla de incompetentes monopolice las iniciativas empresariales? ¿Realmente queremos que nuestras necesidades se satisfagan tarde y mal?

Además, hay otro factor de capital importancia: extraer el oro no es gratis, sino que está sometido a un elevado riesgo. Por un lado, las prospecciones son inciertas. Kinbauri considera que hay alrededor de 2.3 millones de onzas, pero bien podría equivocarse. Del mismo modo, los 400 millones de dólares que pretende invertir sólo se rentabilizarán si el precio del oro sigue por encima de los 400 dólares la onza. Aunque parezca un ridículamente bajo para el metal amarillo (hoy roza los 1.000 dólares), no está de más recordar que el precio medio del metal amarillo entre 1984 y 2004 estuvo en general por debajo de los 400 dólares.

Así pues, se trata de una operación que dista de mucho de materializarse en beneficios libres de riesgos. ¿Por qué todos los españoles hemos de costearla mediante, por ejemplo, una empresa pública extractora? Puede que haya gente muy osada que no vea riesgo alguno, mientras que otros pueden pensar que se trata de un proyecto ruinoso porque ni habrá tanto oro como se prevé, ni el precio del mismo seguirá tan alto como ahora en los próximos años. No tiene mucho sentido que quienes desconfíen de la rentabilidad del plan empresarial financien coactivamente a quienes sí creen en él.

Y es que hay un detalle en el que pocos han recaído. Vern Rampton, presidente de Kinbauri, no vino a España a vanagloriarse de lo inteligente que es la junta directiva de su empresa, o a hacer que nuestro patriotismo suba enteros gracias al desenterramiento de oro español. No: vino a buscar inversores.

Kinbauri Gold Corporation cotiza en bolsa. Ahora mismo, cada acción de la empresa cuesta alrededor 60 céntimos de dólar, y Vern Rampton estima que para 2010, gracias a los beneficios de la extracción de oro, rozará los 5 dólares (su valor se multiplicará más o menos por ocho). Tal vez esté loco y sus expectativas no se cumplan, pero de ahí que la rentabilidad futura no sea un ejercicio de habas contadas. Y precisamente por esa incertidumbre, ni los españoles tenemos que invertir forzosamente en extraer oro ni, si alguien se lanza a extraerlo, nos está expropiendo algo: todos aquellos (españoles o no) que creamos en la viabilidad del negocio somos libres para invertir nuestro dinero en él, basta con que compremos acciones de Kinbauri. Así es como el capitalismo distribuye recursos y aúna esfuerzos: no en función de las filiaciones colectivas, sino de las decisiones individuales.

Defender que debe ser el Gobierno español quien extraiga el oro de Asturias y Galicia equivale a defender que debemos obligar a cada español a comprar una acción de Kinbauri Gold Corporation. ¿A que suena absurdo? Pues eso es exactamente lo que algunos están diciendo.

Nacionalismo liberal en Cataluña: ¿realidad o mascarada?

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Es posible leer y oír en medios de comunicación a personas que pertenecen (o están vinculados) a grupos nacionalistas catalanes (CIU, ERC) que aseguran mantener posturas liberales, y que incluso se definen como tales. Ante esto, cabe preguntarse si verdaderamente se está gestando una masa crítica de nacionalistas liberales en Cataluña, lo cual sería bueno y deseable desde mi punto de vista. Será necesario someter a estudio su ideario para ver si coincide con los postulados básicos del liberalismo. Comprobar, en definitiva, si defienden la mayoría de las ideas liberales o sólo aquellas que apoyen sus tesis nacionalistas. Para ello, mi intención es comentar los conceptos que creo que deberían ser aceptados por todo aquel que se considere defensor del individuo para que puedan ser aplicados al caso catalán.

Empecemos por el derecho a la autodeterminación. Pese a que es una postura que genera controversia, la secesión forma parte del pensamiento liberal. El liberal está (o debería estar) a favor del derecho a la secesión, es decir, a que una parte de los ciudadanos de un territorio decidan (libremente), mediante plebiscito, separarse del Estado del que hasta ahora forman parte. Para ser exactos, de lo que se estaría a favor es de hacer posible que los individuos se organicen políticamente de forma libre. Son los individuos, y no un ente colectivo, quienes deben decidir si pertenecen o no a un determinado Estado. En este sentido, una hipotética secesión de Cataluña debería ser contemplada como legítima, al menos a priori.

Lo cual no significa que la nación resultante vaya a regirse por principios liberales. Nada nos asegura que la parte secesionada vaya a ser más próspera económica y socialmente. Dependerá, en cada caso concreto, del rumbo de las políticas del nuevo Gobierno regional. Si bien es cierto que el reducido tamaño puede inducir a la moderación y a la limitación gubernamental debido a la "competencia política", tampoco existe una relación clara entre dimensión territorial y libertad económica (ver la diferencia entre Suiza y Albania). Efectivamente, un país pequeño debe competir con los demás por el capital y el trabajo, por lo que debe evitar que estos factores se desplacen y emigren hacia otros estados. Si la nueva nación secesionada desea prosperar, deberá imitar las prácticas de las sociedades más prósperas y avanzadas, es decir, deberá procurar que la intromisión en las economías y vidas particulares sea lo más reducida posible. En este sentido, la competencia política podría convertirse en un instrumento limitador (incluso más efectivo que las constituciones). Pero como hemos dicho antes, habrá que estudiar el caso concreto para comprobar si la secesión ha supuesto una mejora o un retroceso para sus ciudadanos.

Sin embargo, para los liberales el derecho de autodeterminación de las naciones no es un punto de partida, sino una consecuencia o deducción lógica de la máxima pretensión liberal: la autodeterminación del individuo. Es decir, que si fuera posible darle el derecho de autodeterminación a cada individuo, se le debería conceder automáticamente. El compromiso del liberal no es con una nación, sino con el individuo. De este hecho se extraen varias implicaciones que podríamos aplicar al caso de Cataluña.

La primera es que, en el caso de secesionarse una región, ésta no podría ejercer la violencia y la coacción para evitar que otros grupos minoritarios pudieran a su vez separarse. Se debería permitir, por tanto, la independencia dentro de la propia Cataluña. Significa esto, que si los ciudadanos de Barcelona quisieran independizarse de Cataluña, deberían poderlo hacer.

Una segunda implicación sería que un Estado no puede querer anexionarse otra región o nación sin el consentimiento de sus habitantes. Lo cual significa que, desde una perspectiva liberal, es inadecuado e inmoral hablar de la existencia y unión de los Països Catalans, ya que los habitantes de estos territorios no han mostrado expresamente su deseo de articularse políticamente con Cataluña (sino todo lo contrario). Querer anexionarse las Islas Baleares, Andorra, la Comunidad Valenciana, el Rosellón, la Franja de Aragón, la ciudad sarda de Alguer y la pequeña comarca murciana de El Carche supondría desconocer y violar el principio de autodeterminación.

Otra deducción lógica del principio de autodeterminación del individuo sería que el ciudadano debe poder elegir la lengua en la que expresarse y comunicarse con los demás. Debe existir, por tanto, liberalización lingüística. El liberal estará en contra de la imposición estatal de las lenguas, es decir, a que el Gobierno obligue a los ciudadanos a utilizar una determinada lengua ya sea en la educación, en su negocio o en cualquier otro ámbito. También debería ser considerado un ataque a las libertades individuales las subvenciones que directamente busquen favorecer una determinada lengua con respecto a las demás lenguas oficiales.

Relacionado con éste, está la libertad de educación. Una persona que se considere liberal deberá creer firmemente en una educación libre de intervenciones estatales que determinen qué asignaturas se deben cursar, en qué lengua deben darse y el contenido concreto de las mismas. Hay que oponerse a la regulación política de la enseñanza para que no acabe siendo un instrumento al servicio de los gobernantes.

Por último, también hay que señalar otras implicaciones (especialmente importantes en los tiempos actuales de crisis) que deberían ser asumidas por todo aquel que se autodenomine liberal: la eliminación de las intervenciones estatales en la economía, la disminución de los impuestos y del gasto público, la supresión de políticas expansionistas por parte de los bancos centrales y el cese de las emisiones de deuda pública, entre otros.

Es relativamente sencillo, entonces, determinar si existe un movimiento nacionalista liberal en Cataluña. Si comparten la inmensa mayoría de estos principios básicos que hemos señalado, su existencia será una (grata) realidad. Serán liberales, porque defienden al individuo ante todo. Entienden que el individuo está por encima de cualquier misticismo colectivista. Si por el contrario, no son capaces de hacer suyas las ideas expuestas anteriormente, será verdaderamente difícil hablar de nacionalistas liberales. Por tanto, habrá que resignarse y concluir que no son una realidad, sino una mascarada. Una mascarada nacionalista contra el individuo.

La hora de Honduras

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero la situación no es tan clara. La detención y deportación de Zelaya por el Ejército se produce en un contexto político muy concreto. Zelaya veía próximo el fin de su mandato que coincidía, necesariamente, con el fin de su presidencia, ya que la Constitución impide en ese país, como en otros, la reelección. Zelaya, un satélite de Hugo Chávez en el país, no estaba dispuesto a aceptar su destino, de modo que convocó un referéndum para saltarse ese mandato constitucional y presentarse una segunda vez a las elecciones presidenciales.

Es aquí donde se genera el conflicto, porque su referéndum fue declarado ilegal tanto por el Tribunal Supremo como por el Congreso, pero ello no le paró. Estaba dispuesto a convocarlo, aunque fuera nulo de origen, al no contar con base legal. Si estaba dispuesto a cambiar la Constitución con un referéndum ilegal, y a despreciar a instituciones fundamentales del Estado como el Tribunal Supremo o el Congreso, ¿tendría escrúpulos para falsear el resultado de esa consulta pública? No lo creo.

Es más, la detención de Zelaya por el Ejército no es la típica intromisión del Ejército en los asuntos políticos, sino que fue ordenada por el propio Tribunal Supremo, que comprobaba cómo el presidente estaba dispuesto a saltarse la ley. El Ejército tiene como una misión primordial en una democracia mantener el orden constitucional cuando el Ejecutivo lo ponga en riesgo, y en este caso no ha tenido que ser el propio Ejército quien interprete que ésa es precisamente la situación, sino que la decisión estaba ordenada por el máximo órgano judicial. La democracia no son sólo una sucesión de elecciones y plebiscitos, sino sobre todo, y ante todo, el mantenimiento del orden constitucional. Y aquí quien actuó contra las normas fue Zelaya, y el encargado de defenderlas, el Ejército.

Tiene gracia que el presidente, depuesto por el Congreso, haya hecho un llamamiento a la desobediencia civil, un derecho que nos asiste a los ciudadanos frente a cualquier forma de poder. Zelaya, llegado el caso, sería el primero en aplastar el derecho de los hondureños a ignorar sus medidas políticas, si las considerasen injustas.

Secretos de familia

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

A esta impresión contribuyó el hecho de que los supuestos mecanismos de control parlamentario parecieran, más bien, la escenificación de una treta. Si las irregularidades, filtradas sucesivamente a la prensa, tienen visos de veracidad –lo cual parece evidente, incluso después de unas primeras manifestaciones ante la comisión de defensa– tendría que haberse convocado otra vez al interesado a una comisión pública.

El señor Saiz tiene todavía que aclarar si ha aprovechado su cargo para costearse gastos particulares y favorecer a familiares y amigos, a cuenta de los presupuestos públicos que maneja. Escudarse en la genérica clasificación como "secretas" de las informaciones relativas al CNI (art. 5 Ley 11/2002) y la utilización de sus gastos reservados (art. 3 Ley 11/1995) para eludir un interrogatorio sobre un uso desviado ante una comisión pública constituye una fraude de ley. Pese a sus denodados esfuerzos, cualquiera que sea su significado, nunca conseguirá el Gobierno del PSOE identificar su propia estabilidad con la seguridad y defensa del Estado.

Dentro del ambiente de eterno retorno que va impregnando la actualidad, recuerda a los argumentos circulares de Rafael Vera y compañía cuando afrontaban cargos por malversación de fondos públicos: Al ser reservados no podía darse detalles de su destino. Si a esa circunstancia se añade que los miembros de la Comisión no dispusieron, al tiempo que le formulaban preguntas, de los documentos que el director del CNI dijo haber aportado, cabe hacerse una idea del tipo de patraña que se representó en el Congreso.

Ahora bien, la gravedad de los hechos anteriores palidecería si se confirmara que, en efecto, el CNI ha mantenido contratada a la hija de uno de los dos magistrados del Tribunal Supremo designados por el Consejo General del Poder Judicial para controlar algunas de sus actividades. Según la Ley de control judicial previo del CNI, ese magistrado es el único competente para autorizar a los espías españoles la irrupción en domicilios particulares y la intervención de todo tipo de comunicaciones, previa solicitud motivada de su director.

Aun siendo imperfectas, la Constitución y las leyes procesales no dejan resquicio alguno al disimulo. Tendríamos sendas obligaciones simétricas por parte del magistrado (y su sustituto) que ocupa durante cinco años ese puesto singular y el director del CNI. No es que el magistrado no pueda tener a una hija que trabaje (su caso es más delicado si cabe que el de Chaves) sino que, para estar por encima de toda sospecha, debería hacer esfuerzos ímprobos para que ningún familiar o persona cercana se sienta tentada a buscar trabajo a cuenta del servicio secreto. ¿Disiparía realmente las sospechas que esa persona allegada superase un riguroso concurso de méritos en la agencia del espionaje? Lo dudo.

De igual modo, cualquier director del CNI debería mostrar una prudencia extraordinaria para que no se entienda que su actuación va dirigida a condicionar al magistrado a quien debe solicitar autorizaciones para actos que, ayunos del aval judicial, constituirían graves delitos de allanamiento de morada o de violación del secreto de las comunicaciones.

Por otro lado, la línea de defensa del Gobierno tendría serias dificultades de mantenerse a flote, incluso si suelta el lastre de un director del CNI quemado. Previsiblemente, el Ejecutivo aducirá un total desconocimiento de los abusos cometidos por parte de este secretario de Estado, bajo la dependencia de la ministra de Defensa. Desde una perspectiva política resultaría muy benevolente creérselo, pero, ya se sabe, la opacidad de esos fondos (buscada por la ley aprobada en los tiempos de González Márquez) los hace proclives a la malversación por parte de una persona que traiciona la confianza depositada en ella, y replicaría el formulario de respuestas de los turiferarios.

Más dudas suscitaría la explicación de que el director del CNI actuaba por libre en el caso de confirmarse la contratación de la hija del magistrado. ¿Se habrían perfeccionado las "escuchas aleatorias" del gabinete de Manglano?

Hambre atrasada

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En la segunda sigue el mismo camino, sólo que cada vez le quedan menos fuegos de artificio, y su efecto es menos eficaz. Incluso la baza del aborto, que la tenía ganada de antemano, se le ha vuelto en su contra. Además tiene que hacer frente a la crisis económica, y pronto ha descubierto Zapatero que la retórica no sacia ni distrae su sed de cadáveres.

Pero ZP tenía todavía un as en la manga. Es el recurso de los malos gobernantes. El ardid económico de los rufianes. El pan para hoy. Es el gasto público. Un Estado devorador de la riqueza que produce la sociedad tapa los problemas del presente, pero la tierra que levanta del suelo deja la fosa de la propia tumba. El cheque del Estado español tiene cada vez menos fondos. Y menos valor.

La deuda es hambre atrasada, que antes o después tiene que satisfacerse con bocados cada vez más grandes. Por eso está dejando caer la idea, que antes que después se hará realidad, de que va a subir los impuestos. Cuanto más consume el Estado, menos se destina a la creación de riqueza. Cuanto mayores son los impuestos, más cara se vuelve aquella, y más escasa. Sólo un tonto subiría los impuestos en plena crisis. O un genio, como Zapatero.

A las dentelladas de la crisis le seguirán la del Estado. La sociedad actúa de forma lógica en esta situación: modera el apetito y ahorra por lo que pueda venir. En lugar de fomentar humildemente el curso que siguen los ciudadanos con sus habichuelas, el Estado se come los recursos que éstos han hurtado a su consumo, más los que aún no hemos producido. La crisis es como el rock: ha venido para quedarse y todas las previsiones de que se esfumará pronto no son más que pamplinas. No vamos a producir para tanta hambre atrasada.

Felizmente pasado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Recientemente tuve la ocasión de reencontrarme con un antiguo maestro. La nuestra fue una charla cargada de melancolía, ese dolor gozoso que nos produce el recuerdo del pasado. Nada que ver con las aulas de la universidad. La melancolía la respiraba él, cuando me hablaba de su trilogía de novelas sobre un mundo que virtualmente ha desaparecido. Habla de la Castilla rural que era igual a sí misma con 100, 500 o 2.000 años de diferencia. Es esa Castilla que describe escueta y parcamente Azorín, la de aquél viejo que ve pasar las horas sentado frente a la plaza, en una escena que se repetía, sin modificarse, durante siglos.

Hoy, ese mundo rural, que parecería eterno a un observador que acumulase varias vidas, ha desaparecido como por ensalmo. El plástico manto de la ciudad cubre todo el territorio, y tanto la forma de vida como los medios de producción se han igualado. El agricultor es maquinista y es químico. El rastrillo, el arado, la azada, son objetos de decoración que sugieren un agrarismo arcaico impostado.

Mientras mantenía la conversación recordaba el arranque de A Farewell to Alms, la historia económica reconstruida por Gregory Clark. En éste, el historiador representaba un gráfico que recogía la producción per cápita desde el año 1000 antes de Cristo hasta la actualidad, y con los altibajos propios de la historia, recogía una línea prácticamente horizontal, hasta el 1800. Casi tres milenios, sin que la humanidad hubiera sido capaz de escapar a su condición miserable. Y en ese punto, el arranque del XIX, comienza a describir una curva casi vertical, la del aumento del nivel de vida en los últimos 200 años, al ritmo impuesto primero por la revolución industrial y luego por las demás fases de lo que llamamos capitalismo. Es el gran salto, como lo describió en su libro póstumo Julian Simon.

La aplicación intensiva del capital a la producción tenía que llegar también al campo, y lo ha hecho. El capitalismo da saltos cada vez mayores a base de hacer llegar a las masas, y a los rincones más recónditos, todas sus bendiciones, en forma de productos más accesibles, mejores comunicaciones, relaciones más abstractas y complejas, y más independientes de la dura ley impuesta secularmente por la naturaleza.

Es un cambio muy reciente, y que contrasta con el devenir eternamente cíclico de la agricultura hasta casi nuestros días. En todo cambio se pierde una parte de lo que había. Podemos echarlo en falta, pero no lo queremos tanto como para renunciar a todo lo que hemos ganado gracias, precisamente, a haber dejado atrás ese mundo secamente bucólico.

Internet comunista

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

No se trataba de una broma o un banner del Movimiento Stalin Vive. Me encontraba ante la campaña publicitaria de una compañía de telefonía móvil que ha tenido la desafortunada idea de utilizar un slogan tan provocador como equivocado. Para esta empresa y sus publicistas, eso significa una red "para todos". Resulta tremendo que cuando apenas han pasado veinte años de la caída del muro de Berlín, y mientras países como Cuba o Corea del Norte siguen sometidos al totalitarismo de inspiración marxista, haya quien pretenda identificar al comunismo con algo positivo.

Sabemos de sobra como es la red en países sometidos a una dictadura de ese tipo: en todos ellos, censura y monitorización más o menos generalizada de los internautas; en algunos, prohibición de navegar sin permiso del Gobierno; y en la totalidad de los casos, prácticas similares a éstas. Lo que no conocemos, más allá de la absurda fantasía de un publicista sin conocimiento alguno del comunismo, es cómo sería en realidad ese "internet comunista". He tratado de hacer un ejercicio mental (trasladando de forma imaginaria al mundo online las prácticas propias de ese totalitarismo y sus efectos sobre los países en los que se llevó a cabo) para describir en qué consistiría.

Un internet comunista sería terriblemente lento, puesto que sería un funcionario político el que decidiría en todo momento qué tecnología debe utilizarse en las redes y dónde se deberían situar los nodos. Eso sí, existirían unas cuantas redes paralelas muy rápidas para uso y disfrute de los altos cargos del partido único que gobernara sobre esa república soviética virtual. Habría muy pocas páginas web, puesto que algún burócrata sería el encargado de definir qué hacer en este sentido; y lo haría hasta el punto de ordenar en qué servidores deberían alojarse. Eso sin tener en cuenta que dichos servidores se caerían constantemente debido a que ningún empresario tendría incentivo alguno a mejorar la tecnología empleada o en hacer que se adaptaran a los gustos y necesidades de quienes los utilizarían.

A todo esto habría que sumar la falta de libertad e intimidad a las que estarían sometidos los internautas. Para conectarse haría falta identificarse en todo momento y la navegación estaría limitada a algunos pocos sitios, pues se trataría de una red fragmentada. Para poder acceder a otras webs dentro del internet comunista habría que pedir permiso a las autoridades políticas, mientras que el mero intento de acceder a la otra red (la capitalista) supondría pena de prisión automática. Las salas de chat y los servicios de mensajería instantánea serían terriblemente tristes y aburridos. Nadie se atrevería a decir lo que piensa, puesto que todo el mundo desconfiaría de aquellos con los que se estuviera conversando. Y haría bien. El espionaje y la delación estarían a la orden del día.

Un internet comunista estaría, por tanto, condenado al rápido fracaso en cualquier país que no tuviera un gobierno de ese tipo, porque los internautas se darían de baja enseguida y se pasarían a la otra red: ésa que permite unas conexiones más o menos decentes y unos mínimos de libertad e intimidad aceptables.