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Papá, échame una firmita

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Salvando esa nimiedad, todos actuamos igual cuando nuestros niños nos piden algo. ¡Qué no hará un padre por sus criaturas! (y las madres no digamos).

El fortalecimiento de los lazos familiares es el marchamo de los socialistas cuando están en el poder. Al tiempo que promueven una legislación dirigida a destruir la familia como institución, es enternecedor comprobar cómo, en lo que respecta a la suya propia, siguen perviviendo los valores cristianos de unidad y amor. Y es que no hay persona más querida ni apoyada en este mundo que el familiar de un alto cargo socialista, especialmente si no sabe hacer la o con un canuto, en cuyo caso toda protección se antoja insuficiente.

Por eso resulta hiriente ver al vicepresidente tercero del Gobierno de ZP negar en el Parlamento que haya hecho todo lo que estuvo en su mano para ayudar a su hija Paula, ejemplo de cariño paternofilial del que debería jactarse en lugar de traicionarlo con absurdas declaraciones de inocencia administrativa.

La hija de Chaves no sólo tiene derecho a trabajar, como defendió su padre con gran racanería, sino a trincar subvenciones de la junta de Andalucía en las mismas condiciones que cualquier alcalde o diputado socialista con una empresa a nombre de su cónyuge. Y si hay que cambiar la legislación se modifica con urgencia y a otra cosa. Lo importante es que la familia permanezca unida, como ha entendido perfectamente el ciudadano medio andaluz a juzgar por la reacción general ante el supuesto escandalazo de Chaves. Y dado que los andaluces siguen votando mayoritariamente al partido de D. Manuel desde hace tres décadas, los socialistas no sólo deberán abstenerse de regalar dinero público a sus familiares sino incidir en esa línea que es, al parecer, lo que sus votantes les exigen.

La familia, amigos, es lo primero, también, y muy especialmente, para la Iglesia Católica. Con muchos menos méritos que los Chaves hay quien forma parte del Consejo Pontificio instituido por el Vaticano, organismo romano en el que el vicepresidente tercero haría un gran papel (sus hermanos y demás parentela ni les cuento). Si la nueva COPE decide promover su candidatura, mi firma irá entre las primeras.

Irán y la defensa de Occidente

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Desde las pasadas elecciones del 12 de junio, Irán está sufriendo revueltas diarias, más o menos numerosas, y más o menos acalladas de todas las formas posibles por las autoridades. Ahmadineyad no se lo esperaba. Dicen que quien olvida la historia termina siendo víctima de ella. Y éste parece ser el caso. En el año 2005, él mismo ganaba las elecciones en la segunda vuelta, después de un primer resultado bastante ajustado. Pero retrocediendo un poco más, las algaradas que hoy protestan contra la dictadura teocrática de Ahmadineyad, son similares a las que derrocaron al Sha de la antigua Persia a finales de los 70. Ellos inventaron la medicina que les están aplicando.

Todos parecemos olvidar que la misma persona que fue recibida por Obama el año pasado, que dio un discurso en la Universidad de Columbia y que dijo ante la ONU que Israel es la causa de todos los males, fue miembro de la asociación de estudiantes agitadora relacionada indirectamente con el episodio del secuestro de rehenes americanos. No recordamos que Ahmadineyad también fue en los 80 instructor de los basij. Hay que tirar de memoria para darnos cuenta de que esa "fuerza de seguridad especial" entrenaba a niños de 12 años en adelante y los utilizaba para detectar minas anti persona, una vez que comprobaron que los animales huían a la primera explosión. Pero niños sabiamente adoctrinados y con una llave (de plástico) al cuello, que creían que abría las puertas del Paraíso, son capaces de cualquier cosa.

Así que ¿qué podemos esperar que haga Ahmadineyad ante las algaradas de los estudiantes? Ir a por ellos. No porque pueda verse derrocado por demócratas, que ya sabemos que el líder de la oposición participó activamente en la revuelta contra Reza Palevi y fue mano derecha de Khomeini (el famoso Ayatollah "Jomeini" a quien le dedicaran una canción Siniestro Total). Sino porque Moussavi es teócrata dictador de izquierdas y tanto Khameini, máximo líder religioso actual, como el presidente electo son teócratas dictadores de derechas. Para una occidental como yo esas cosas se salen del guión, te hacen pensar.

Hace unos días discutía con un grupo de personas occidentales, formadas y defensores de la libertad, si Occidente tiene que defenderse o no, y de qué. Mi idea era que, si admitimos que el origen de Occidente se basa en la libertad individual, el progreso (entendido como la posibilidad de mejorar cada uno) y la capacidad para dirigir tu destino (establecer tu combinación fines/medios), entonces la defensa de esas tres cosas aseguraría nuestro modo de vida. Y creo que la clave que explica esa defensa es el término "modo de vida". ¿Alguien se sorprende de que el dictador Chávez jalee al dictador Ahmadineyad? No, incluso si el opositor Moussavi es un admirador del Ché. El poder establecido mediante unas elecciones corruptas se justifica defendiéndose de cualquier cuestionamiento. Los dictadores justifican a los dictadores. Y ese no es el modo de vida que quiero. No es que no haya habido dictadores en Occidente, tiranos asesinos… pero no es lo habitual. No debaten dos Hitler en unas elecciones presidenciales. Hitler fue derrotado en una guerra en la que se defendía un modo de vida frente a la dictadura militar sanguinaria basada en la supremacía de una raza. Los países musulmanes no han hecho nada parecido para acabar con las teocracias asesinas.

Los defensores de la Alianza de las Civilizaciones miran al techo y hablan de lo que sea con tal de no poner en duda ese escandaloso fraude. Porque es un fraude. Un fraude a la democracia, forma de gobierno occidental, de la que se están burlando tanto Chávez como los teócratas iraníes. Claro que Ahmadineyad y las instituciones diseñadas al efecto lo niegan… como niegan el Holocausto, con la misma sangre fría que ahorcan homosexuales.

Pero la cuestión candente en estos momentos es qué pueden hacer los países occidentales frente a la represión violenta en Irán. Los dirigentes que abrazaban al dictador hace un año deberían reconocer su error, o al menos, afearle el comportamiento. Estados Unidos y el Reino Unido han retirado diplomáticos. Zapatero sigue pensando qué más impuestos subir. ¿Y la ONU? ¿Se debería intervenir? Personalmente creo que no. ¿Los dirigentes son teócratas y el pueblo quiere occidentalizarse? Pues no estoy segura. ¿Luchan contra un teócrata para poner a otro teócrata? Tampoco estoy segura. La gente ha votado a uno y a otro. Creo que el problema que nos choca tanto es que ese es el modo de hacer las cosas allí, y el nuestro es otro modo… el occidental. Imperfecto, con tiranos y sangre derramada… pero otro modo. Y es el mío.

Y por eso, porque soy occidental y defiendo la libertad individual, denuncio la violencia, la represión, la falta de libertad de expresión y las barbaridades que está perpetrando el elegido iraní. Lo denuncio tanto como defiendo que sean ellos quienes rijan su destino.

La estupefaciente realidad del empleo verde

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los grandes debates en el pensamiento económico del último siglo es si la Reserva Federal causó la Gran Depresión en la década de los 30 por no haber expandido lo suficiente la oferta monetaria, tal y como defendía Milton Friedman. Atendiendo a la historia, lo único incontestable es que la política de la Fed no evitó la crisis, pero de ahí no se colige que la hubiese podido evitar con otro tipo de política.

Friedman sostenía que sí: otra política de la Fed habría evitado la contracción crediticia por dos motivos esenciales: a) un crédito más barato por parte de la Reserva Federal necesariamente se habría traducido en una mayor demanda de crédito por parte de los bancos y los particulares y b) esa mayor demanda de crédito se habría traducido también necesariamente en nuevas inversiones por parte de los agentes económicos.

El gran teórico monetario Melchior Palyi, sin embargo, se mostró en radical desacuerdo con el estadounidense. Palyi se quejaba con amargura de la estrechez de miras de los monetaristas cuando suponían que cualquier incremento de la oferta monetaria se iba a traducir automática y mecánicamente en un incremento de los préstamos de los bancos:

La teoría (monetarista) toma por seguro que siempre hay personas solventes dispuestas a asumir nuevas deudas. ¿Pero es cierto que siempre las hay? ¿Y qué sucede si tanto los bancos como los potenciales deudores toman los nuevos fondos no para invertir y gastar sino para refinanciar sus deudas y mejorar su liquidez? Esto es precisamente lo que sucedió durante la Gran Depresión.

Dicho de otra manera, Palyi ponía en duda las dos hipótesis de Friedman: a) por mucho que se bajen los tipos de interés, la demanda de crédito no tiene por qué aumentar (los keynesianos llaman a esto "trampa de la liquidez", sin entender demasiado en qué consiste) y b) el nuevo crédito en todo caso se utilizará para refinanciar el antiguo crédito y no para acometer nuevas inversiones.

Observando la Gran Depresión, es complicado dilucidar quién de los dos acertó: Friedman siempre se escudó en señalar que la Fed no actuó con suficiente contundencia, aunque expandió el crédito no lo expandió lo suficiente. No obstante, la verdad es que el propio Friedman recoge en su obra Una historia monetaria de los Estados Unidos algunos datos que le deberían haber movido a la reflexión: las rebajas de tipos de interés de la Fed siempre fueron seguidas de reducciones en la demanda privada de crédito y sus incrementos de la oferta monetaria se tradujeron en un mayor atesoramiento por parte de los bancos privados.

Aún así, podemos conceder que la polémica entre Friedman y Palyi no pudo resolverse observando la década de los 30 debido a que la Fed no hizo caso a Friedman. Sin embargo, esta nueva Gran Depresión nos ofrece la oportunidad perfecta para revisar las tesis de Friedman: al fin y al cabo, Bernanke es un declarado friedmanita que ha actuado en todo momento como habría prescrito su maestro.

Pues bien, con los datos en la mano, la crisis actual le está dando completamente la razón a Palyi y se la está quitando a Friedman.

Los últimos datos del Flow of Funds estadounidense (la estadística trimestral que mide el endeudamiento del país) han resultado devastadores para las tesis del estadounidense. Pese a que ya llevamos medio año con unos tipos de interés cercanos al 0%, el endeudamiento privado de las familias se reduce un 1,1%, el de las empresas un 0,3% y el de los bancos un 10,5%. El único sector que se está aprovechando del dinero barato es el único que no se debería estar aprovechando: el Gobierno federal, que en apenas un trimestre ha incrementado su endeudamiento un 22,6%.

Por consiguiente, en este punto tiene claramente razón Palyi: mientras la economía no se reestructure (amortizaciones de deuda, liquidación de stocks, incremento del ahorro, ajustes de precios…), la política monetaria no favorece en absoluto el crecimiento y la recuperación (más bien la lastra, ya que facilita el endeudamiento público).

¿Y qué sucede con el segundo punto de la disputa entre Palyi y Friedman? Pues aunque Bernanke ha multiplicado casi por tres la cantidad de dinero, los bancos han comenzado a atesorarlo con intensidad, hasta el punto de que sus depósitos apenas han aumentado (y ciertamente no habrían aumentado nada de no ser por el fuerte endeudamiento público). De nuevo, por tanto, Palyi tenía razón: los bancos centrales no tienen una capacidad absoluta para reactivar el crédito privado. Tan o más importante que la oferta de crédito es su demanda.

Entonces, ¿para qué ha servido, en definitiva, la política friedmanita de Bernanke? Sólo para incentivar y abaratar el endeudamiento público de Obama a costa del sector privado. Por consiguiente, ha sido útil para dilapidar los ahorros de los estadounidenses, rescatar a sectores ruinosos (véase General Motors) y tratar de sostener los precios: el cóctel ideal para retrasar todo lo posible la recuperación.

¡Si tan sólo los economistas hubiesen adorado menos a Keynes y Friedman y hubiesen leído (y comprendido) más a Mises, Hayek o Palyi!

Contra Milton Friedman

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

No ha sido la primera crítica que hemos recibido ni, probablemente, sea la última. Thomas Kuhn ya explicó que los paradigmas asentados tienden a resistirse a morir elaborando todo tipo de argumentos autojustificativos y, en España, la idea de que las ayudas estatales a cualquier sector naciente o moribundo son positivas para la economía está ciertamente asentada. Así que no es de extrañar que, pese a la marginación inicial en España y al fuerte impacto mediático en Estados Unidos, las críticas hayan sido proporcionalmente muy superiores en nuestro país.

El texto de José María de la Viña se adhiere en cada frase a esta cultura de la subvención para favorecer el desarrollo de ciertas industrias. Considera evidente que las renovables son un negocio con un enorme potencial futuro y de ahí colige que el sector público tiene que auxiliarlas mientras sean ruinosas. Se trata de un non sequitur con diversos problemas profundos que en breve trataremos de analizar, pero sobre todo parece que sigue sin captar lo que podríamos definir como la conclusión básica del informe: las subvenciones tienen un coste de oportunidad aun cuando no podamos observar sus efectos directamente.

José María de la Viña sostiene que el Estado tiene que obligar a los sectores más productivos de la economía –a aquellos que generan los bienes que desean los consumidores a un menor precio y con mayor calidad y que pueden reinvertir sus beneficios a elevadas tasas para producir aún más riqueza– a subsidiar a los sectores que sean ruinosos por si en algún momento, y tras dilapidar miles de millones de euros, cambian las tornas y sus resultados pasan del rojo al verde. ¿Misión cumplida?

Así parecen opinar quienes, como nuestro crítico, sólo se fijan en los resultados directos de la inversión pública. Pero, ¿cuánta riqueza se habrá dejado de crear hasta entonces? Los sectores a los que se les han arrebatado parte de sus beneficios para tapar los agujeros de las renovables no habrán podido reinvertir esas sumas de dinero en seguir creciendo e incrementando nuestro bienestar. En un incierto futuro puede que tengamos una energía renovable relativamente rentable, pero lo habremos logrado a costa de castrar el desarrollo de muchas otras industrias que, entre otras cosas, deben soportar una energía cada día más cara especialmente por la fijación estatal en las renovables. ¿No nos hemos planteado que en esto que se llama “división del trabajo” tal vez salga más a cuenta producir los bienes y servicios en los que seamos más eficientes, venderlos y con las resultas comprar la energía a quienes la generan de forma más barata?

Con esto tampoco estamos sosteniendo que no deba invertirse en aquellas industrias que en un principio arrojen pérdidas. Al contrario, somos conscientes de que todas las empresas suelen atravesar una fase en la que están montando sus infraestructuras, posicionándose en el mercado, innovando y acumulando experiencia durante la cual se asumen pérdidas por unos años para obtener unos enormes beneficios en el futuro. Simplemente afirmamos que para ejecutar inversiones en las que se asume un alto riesgo para ganar dinero ya existen instrumentos suficientes en el mercado: los mercados de valores y los fondos de capital riesgo. Si alguien quiere apostar con su dinero debería ser libre de hacerlo; cosa distinta es que quiera apostar con el dinero de los demás y que, para más inri, pretenda inmunizarse de perder la apuesta volviendo a meter la mano en el bolsillo del vecino.

De la Viña niega que el mercado haya producido por sí solo muchas de las innovaciones de las que hoy nos beneficiamos todos (Internet, microondas, motores, turbinas…); lo que no cita, porque no nos han dejado saberlo, son todas las innovaciones que el mercado ha dejado de generar porque el Estado ha desviado carretillas de millones de euros o dólares hacia inversiones que luego tangencialmente y casi por casualidad, como sucedió con Internet, han alumbrado tales avances.

El número de proyectos técnicamente posibles y de los que nos podríamos beneficiar es casi infinito. Pero precisamente porque los recursos no son infinitos y hay que economizarlos, no pueden iniciarse todos a la vez; hay que priorizar, esto es, elegir unos y descartar otros. ¿En base a qué criterios? El criterio del libre mercado es bastante claro: dedicar los recursos con un menor coste (aquellos que tienen usos alternativos poco importantes) a producir los bienes que se esperan vender a un mayor precio (aquellos relativamente más importantes para los consumidores). De este modo, las necesidades más acuciantes se van satisfaciendo con las menores renuncias posibles.

¿Qué criterio ofrece De la Viña para asignar los recursos? Realmente ninguno: propone que España se dote de “políticas de Estado (…) razonables, sensatas, coherentes, consensuadas y con un amplio horizonte temporal”. Pero esto no es más que un desiderátum sin contenido concreto alguno. Lo podríamos colocar en la misma categoría de ingenuas buenas intenciones sin más utilidad que el confortable sentimentalismo que “hay que terminar con hambre en el mundo” o “deseo la paz mundial”.

Y es así por dos motivos. El primero, suficientemente puesto de manifiesto por la Escuela de la Elección Pública, que los políticos son –siendo generosos– gente tan (poco) decente y honrada como el resto de los mortales. De la Viña, por ejemplo, se queja del cortoplacismo electoral que aqueja a las políticas públicas españolas, pero ¿por qué cree que esto puede ser de otro modo? Es más, ¿por qué cree que aun cuando se travistiera a las políticas públicas de un horizonte temporal más prolongado los políticos primarían los proyectos que consideran más provechosos para la sociedad y no los que creen más lucrativos para sí mismos (enriquecer a empresarios afines, ganarse el favor de ciertos medios de comunicación o promover proyectos que sean ideológicamente más cercanos a sus planteamientos)? Apoyar la concentración de poder en manos de los políticos deseando que nada de esto suceda pero ignorando cómo evitarlo equivale a darle carta blanca a este proceso.

El segundo motivo, más importante, es que aun cuando nuestros gobernantes fueran o pudieran ser ángeles celestiales, les resultaría complicado discriminar qué proyectos de los técnicamente posibles son más “razonables” o beneficiosos para la sociedad. Que algo sea técnicamente posible o incluso técnicamente probable no significa que sea económicamente beneficioso: podemos destinar ingentes recursos en construir un puente desde Valencia hasta Mallorca (o incluso perforando los trópicos para conectar los continentes) pero eso no tiene por qué ser lo que más necesiten los ciudadanos. Se nota que nuestro crítico es ingeniero –cree posible planificar racionalmente la sociedad– pero que no domina conceptos económicos tan fundamentales como el de coste de oportunidad, ignorancia que le conduce a confundir viabilidad técnica con viabilidad económica.

La Escuela Austriaca de Economía, sin embargo, lleva décadas insistiendo en que sin un proceso de mercado donde cada individuo valore continuamente si sus decisiones son acertadas (analizando los precios y los costes a los que se enfrenta y espera enfrentarse) e incurra en pérdidas en caso de equivocarse o disfrute de ganancias en caso de acertar, la asignación de recursos perderá cualquier racionalidad.

De la Viña sugiere que sea un “comité de expertos” quien redistribuya los recursos de toda la economía. ¿Realmente creemos que un grupo de personas –por muchos conocimientos técnicos que posean– tiene la suficiente información como para conciliar centralizadamente miles de millones planes económicos cambiantes de los individuos? Del mismo modo que se asumía la existencia de un político honrado para sortear los incentivos a la corrupción, también se asume la existencia de un político hiperracional y omnisciente, capaz de analizar los diversos escenarios futuros y su probabilidad, para sortear los problemas de información. Parece que De la Viña ha olvidado la distinción entre riesgo e incertidumbre que ya trazara Frank Knight: el riesgo permite distinguir distintos escenarios futuros y la probabilidad de cada cual; la incertidumbre ni siquiera nos permite conocer cuáles serán esos escenarios futuros.

Toda inversión pública o privada se enfrenta a una incertidumbre inerradicable; la diferencia es que la empresa privada posee incentivos e información concreta para modificar y adaptar sus planes según se vayan cumpliendo o incumpliendo sus expectativas y en el límite de su incompetencia, habrá perdido todo su dinero en una apuesta ruinosa. El Estado no sólo carece de incentivos e información concreta, sino que el único límite a su apuesta es arruinar toda la economía del país. El futuro puede que nunca llegue a ser como el Gobierno espera, pero mientras queden capitales privados que rapiñar, la apuesta podrá mantenerse (e incluso ganarse si tenemos suerte) hasta que nos despeñemos por el abismo.

Nuestro estudio va dirigido precisamente a fiscalizar la actuación del Estado, en medir y tratar de cuantificar los perjuicios que va a acarrear al resto de la economía. En el informe no entramos en el debate sobre si el enorme coste de las renovables las descarta como inversión pública a acometer; sólo decimos que si, tal y como se viene insistiendo desde el año pasado, la finalidad de estas ayudas públicas es relanzar el crecimiento económico, son un rotundo fracaso.

De la Viña desdeña el estudio, no sabemos si porque ya tiene una idea preconcebida de cómo debe ser el mundo o porque realmente se cree que los errores metodológicos que señala lo son. En este último caso, sin embargo, demostraría no haber leído con demasiada atención nuestro informe.

Primero, De la Viña critica el primer ratio (que pone en relación el subsidio público medio por trabajador en las renovables con la dotación media de capital por trabajador) gracias al cual calculamos que las renovables destruyen 2,2 empleos en la economía. El cociente le parece erróneo tanto por el numerador como por el denominador empleados.

En cuanto al numerador, afirma que se lo puede reducir al absurdo: por ejemplo, si el subsidio fuera igual a 0, no se destruirían puestos de trabajo y si fuese negativo (es decir, si la industria privada subsidiase al Estado con impuestos varios) incluso se crearían puestos de trabajo. Con las reducciones al absurdo hay que tener cuidado, ya que son un arma de doble filo que bien pueden refutar las conclusiones del rival pero que también pueden dejar a uno mismo reducido al absurdo.

Ya hemos explicado por qué las subvenciones, en tanto desvían capital desde usos productivos a usos improductivos, suponen una destrucción de riqueza; por tanto, una subvención cero, en efecto, no destruiría riqueza. Cuestión distinta es que, a pesar de ese quebranto económico, se quieran mantener esas subvenciones para alcanzar algo así como “fines espirituales más elevados”, obtener “ganancias estratégicas” o incluso producir algo que creemos necesario para la vida social pero que el mercado no ofertaría por sí mismo (los llamados bienes públicos).

Para justificar las redistribuciones de renta se puede apelar en principio a cualquiera de estos argumentos –discutibles como puedan ser en cada caso concreto– pero nosotros, como decimos, no nos hemos propuesto discutirlos en nuestro informe. Así, nos hemos limitado a analizar su rentabilidad económica, entre otras cosas porque lo que unas personas pueden considerar una energía limpia en la que vale la pena invertir por sí misma otras, incluso dentro de los ecologistas, lo pueden caracterizar como una energía que destruye el patrimonio “natural, histórico y cultural de Europa”. En este punto, pues, sólo el caso de los bienes públicos podría hacernos plantear si debe ser el Estado quien acometa o dirija las inversiones, pero no parece que la energía pueda conceptualizarse como un bien público (su consumo sí es excluible y la energía que consume una persona no puede ser consumida por otra).

Por lo que se refiere a las subvención negativa de la que habla De la Viña (del sector privado al público) parece mentira que no entienda que si las subvenciones “positivas” (del sector público al privado) destruyen riqueza es precisamente porque para financiarlas hay que detraer recursos de otros sectores de la economía mediante impuestos, sobreprecios u otras técnicas (subvenciones negativas). Si las subvenciones fueran como el maná bíblico, no destruirían riqueza, sino que sólo la agregarían; es cuando se la quitan a unos grupos productivos para dársela a otros improductivos cuando echan nuestros capitales a un pozo sin fondo. Las cifras económicas deben leerse en su contexto y eso es, de hecho, lo que nuestro crítico se niega persistentemente a hacer.

En cuanto al denominador, la otra parte del ratio que no agrada a nuestro crítico, nos reprocha que “mezclemos churras con merinas” por meter en el mismo saco la inversión poco intensiva en capital que se necesita para montar un bar con la que se requiere para poner en funcionamiento una planta renovable. En su opinión, sólo deberíamos comparar el capital medio por trabajador empleado en el sector energético tradicional con el empleado en el renovable. El problema de esta crítica es que o bien manipula lo que dice el estudio o bien denota que no lo ha comprendido.

Nosotros no hablamos de la inversión necesaria para montar una central renovable, sino del subsidio público necesario para rentabilizar los capitales privados que se han destinado a las energías renovables. Dicho de otra manera, no estamos comparando la dotación media por trabajador en el sector energético con la de otros sectores menos capital intensivos, sino el subsidio medio por trabajador necesario para que los agentes privados se decidan a invertir en esta industria.

Las industrias capital intensivas emplean a pocos trabajadores, pero a cambio generan las rentas (retribuciones al capital y a los trabajadores o reducción de los costes del resto de unidades económicas) necesarias para que los sectores más intensivos en trabajadores mejoren su productividad, esto es, contraten a más empleados y les paguen salarios mayores. Sin embargo, insistimos, las industrias renovables necesitan de más de medio millón de euros por trabajador simplemente para que los empresarios se decidan a invertir en ellas; el capital privado que finalmente decidan inmovilizar va aparte y no lo hemos incluido en nuestros cálculos, precisamente porque somos conscientes de los beneficios que sobre el resto de la economía arrojan las industrias intensivas en capital generadoras por sí solas de beneficios.

Por consiguiente, sí tiene sentido comparar el subsidio medio por trabajador en las renovables con el capital medio por trabajador en el resto de la economía, precisamente porque se está descapitalizando al resto de los sectores productivos para rentabilizar a este sector concreto.

De la Viña también critica el segundo ratio utilizado que arroja un resultado idéntico al primero. En este caso, comparamos el valor presente de subvención anual media al sector de las renovables con la productividad laboral media de la economía española. Aparte de repetir los argumentos empleados contra el primer ratio y que ya hemos analizado, De la Viña acepta el resultado pero sólo para el muy restrictivo supuesto de que el futuro de las renovables sea el peor posible. En efecto, según afirma, todo sector económico va madurando y reduciendo costes, por lo que el subsidio necesario para rentabilizar ciertas industrias será cada vez menor conforme pase el tiempo y minoren sus costes. Sólo asumiendo que las renovables no van a lograr volverse más eficientes en el futuro nuestros cálculos tendrían, por tanto, sentido.

En este punto, sin embargo, De la Viña vuelve a hacernos dudar de si se ha leído el estudio. Nuestros cálculos de coste futuro se restringen a las centrales renovables existentes a cierre de 2008; aun cuando, en efecto, las nuevas plantas puedan volverse más eficientes, desde luego las construidas hasta la fecha no lo harán. Por tanto, el coste que asumimos de las renovables no está sujeto al peor escenario futuro, sino al ya suficientemente mal escenario que nos han impuesto en el presente.

Por último, De la Viña trata de extender una sombra de dudas sobre la cifra de empleos creados por las renovables. Nosotros, siguiendo el estudio financiado por la Comisión Europea en el que participó el propio sector renovable, lo hemos cifrado en 50.200 puestos de trabajo. De la Viña lo tacha de “obsoleto”. Sin embargo, nuestro crítico no nos señala qué indicador resulta preferible; se limita a decir que como las cifras oscilan entre 50.000 y 190.000 según donde uno busque, no podemos saber con precisiones los resultados laborales de los subsidios a las renovables. ¿Y cuál es la consecuencia que extrae de esta limitación cognitiva? Que cualquier gasto público puede valer con tal de que inflemos lo suficiente la cifra de posibles resultados. ¿A qué datos actualizados deberíamos haber recurrido? ¿A los de empleos creados durante 2007 en plena burbuja renovable o a los de 2009 en pleno pinchazo de la misma y con la industria verde pidiendo aún más subvenciones para tratar de mantenerlos? Parece lógico que echemos mano de unos datos que son una estimación a largo plazo sobre el empleo sostenible dentro del sector renovable.

Y es que no resulta demasiado serio, como hacen ciertos informes en los que se escuda De la Viña, comparar la cifra de 50.200 empleos anuales equivalentes en los sectores eólico, minihidráulico y solar (aquellos para los que hemos calculado los subsidios públicos) con los más de 100.000 trabajos puntuales en todos los sectores renovables. La diferencia entre empleos anuales equivalentes y personas contratadas en el sector no es baladí y debería estar al alcance de cualquier economista: si alrededor del 66% de todo el empleo renovable se crea en la construcción, fabricación e instalación de centrales, esos puestos de trabajo sólo podrán mantenerse a lo largo de los años si, al estilo de una estructura piramidal, ejercicio tras ejercicio vamos construyendo más y más centrales. No es riguroso comparar un contrato que expira en seis meses con uno que perdura todo el año (o con sus equivalentes: por ejemplo cuatro contratos de tres meses).

Aunque precisamente por habernos metido en una estructura piramidal que necesita ir construyendo más y más centrales renovables, algunas empresas, políticos y periodistas españoles parecen estar empeñados en que Estados Unidos nos tome el testigo y se ponga a construir desenfrenadamente este tipo de equipamiento, por muy nocivo para la economía que sea. Algunos quieren mantener el pelotazo como sea y por lo visto nunca les faltan corifeos mediáticos que los apoyen en esa ruta suicida. Sin embargo, ni siquiera ese lucrativo patriotismo parece tener mucho sentido, ya que la construcción de células fotovoltaicas se está concentrando en China, cuya industria más “madura” probablemente sea cada vez más competitiva que la española.

Lo esencial, sin embargo, no son los puestos de trabajo que haya creado la energía renovable, ya que bien podríamos haber generado más empleos subvencionando sectores menos capital intensivos. Lo esencial son los más de 28.000 millones de euros que van a tener que arrebatarse al resto de la economía sólo para lograr que las renovables sean rentables. Ese es el auténtico error y perjuicio que generan: creer que tapiando las ventanas y prohibiéndonos aprovechar la luz del sol incrementaremos la riqueza nacional y el empleo en la industria de velas o bombillas. No, ningún país se vuelve más rico encareciendo el precio de su energía; incluso la propia investigación en energías renovables más eficientes se vuelve más productiva si la electricidad que utilizan los investigadores es más barata.

Si ciertos políticos y periodistas quieren promover las renovables para tener energías poco contaminantes, para ser autosuficientes o porque quieren enriquecer a determinados empresarios, que lo digan. Pero que no nos intenten engañar diciéndonos que lo hacen por nuestro propio bienestar económico. Ya que con estos incentivos la mujer del César difícilmente puede ser honrada, al menos que intente parecerlo siendo sincera.

El libre mercado contra el descalce de plazos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Varios lectores liberales han mostrado su inquietud con respecto a mis dos artículos contra la teoría de la banca libre de George Selgin y Lawrence White. Si es cierto, como sostengo, que el descalce de plazos resulta destructivo y que los mecanismos espontáneos que estos dos economistas proponen no son efectivos para combatirlo, ¿acaso sólo podemos abogar por la regulación pública? ¿Cuán aceptable resulta una teoría económica para los liberales cuando nos fuerza a admitir la imperfección del mercado y que los ciclos económicos pueden engendrarse sin la participación del Estado? ¿Qué nos queda?

No pretendo reflexionar sobre los problemas que tiene subordinar las conclusiones de una ciencia (como la economía) a un programa político (como el liberalismo). Básicamente son las diversas disciplinas científicas las que, más allá de nuestras preferencias personales, deben llevarnos a apoyar o rechazar un determinado programa político. Invertir el orden es un camino expedito para el oscurantismo (y la represión política, dicho sea de paso).

Los economistas y los liberales que saben de economía tienen buenos motivos para esperar que las "soluciones" que pasen por el Estado tiendan a ser ineficientes y, en muchos casos, el germen de nuevos y mayores problemas. Al fin y al cabo, conocemos los problemas de incentivos e información a los que se enfrenta un orden extenso y coactivo, pero ello no significa per se que haya que considerar toda intervención nefasta, sobre todo bajo determinadas condiciones (sencillez, claridad e inexistencia de instituciones sociales que puedan proveer respuestas similares). Yo mismo he abogado en alguna ocasión por regular el descalce de plazos en el actual contexto económico. Ahora bien, ¿significa esto que el libre mercado se encuentra impotente ante la degradación de liquidez por parte de los agentes económicos?

En parte sí: cuando los agentes, aun siendo más o menos conscientes de las consecuencias de su acción, deciden endeudarse a corto plazo e invertir a largo. Sucede algo análogo que con las sociedades donde sus miembros decidan vivir insalubremente: es muy probable que tal sociedad desaparezca o se diezme a largo plazo y sería absurdo pretender que el libre mercado "hiciera" algo para evitarlo. Tampoco está claro que el Estado deba en esta circunstancia regular e impedir el descalce, ni siquiera para "proteger" a quienes conocen sus derivadas y se niegan a participar de él. Al fin y al cabo, quienes no degraden su liquidez mientras el resto sí lo hace podrán obtener pingües beneficios degradándola cuando el resto trata de reconstruirla (en lugar de comprar activos durante la burbuja, hacerlo durante la fase más acusada del pinchazo).

Ahora bien, en la medida en que la transformación de plazos y la degradación de liquidez sean resultado del engaño o de la ignorancia sobre sus efectos, el libre mercado sí puede desarrollar ciertos mecanismos para prevenirla:

  • Contratos: Probablemente el instrumento más poderoso con el que cuenta una sociedad para evitar abusos en los derechos de propiedad sean los contratos y su progresiva perfección y clarificación. Parece evidente que a día de hoy existe una confusión importante –ignota antes del siglo XX– entre certificado de depósito, deuda bancaria a la vista y deuda bancaria a largo plazo. Cada instrumento jurídico está abierto a su propia configuración contractual para, precisamente, delimitar qué pueden hacer los bancos con nuestra propiedad: con los certificados de depósito deberán mantenerla en custodia en todo momento; con la deuda bancaria a la vista deberán gestionar diligentemente su activo para garantizarnos el repago de la misma; y en la deuda a largo plazo podrán asumir grados de iliquidez y de riesgo variables. Pero, de nuevo, las obligaciones concretas de cada contrato están abiertas al pacto entre las partes y a su modificación (¿Cuál es el plazo máximo de inversión? ¿Cuál es el riesgo más alto asumible? ¿Debo dar un preaviso al reembolso? ¿Cuál es el orden de prioridad de ejecución del activo del banco? ¿Es admisible la suspensión de pagos temporal?, etc.). Incluso, por especular, podría surgir un contrato voluntario de descalce de plazos en el que el inversor asumiera el riesgo de tener que ahorrar forzosamente cuando el banco devenga ilíquido. Además, la clarificación contractual no sólo concierne a los pactos entre clientes y gestores de un banco, sino que se extiende a los acuerdos entre gestores y accionistas; estos últimos bien pueden estar interesados en una administración prudente y a largo plazo de su capital, de modo que puedan establecer en los estatutos diversos supuestos de responsabilidad de los directivos (por ejemplo, el descalce de plazos).
  • Ausencia de curso forzoso: La ausencia de un medio universal de origen coactivo para saldar deudas también abre la puerta al control por parte de los acreedores de que las deudas se vayan saldando en forma y plazo. En este caso, podemos pensar en al menos dos mecanismos de control del descalce de plazos que se realimentarían mutuamente: las corridas bancarias y los tipos de cambio entre billetes de banco. En la medida en que los acreedores puedan exigir el pago de los billetes bancarios a la vista, tendrán capacidad para forzar la liquidación anticipada de la cartera de inversiones de la entidad. Dado que no existe dinero de curso forzoso y que, por tanto, ninguna institución puede en toda circunstancia crear dinero y diluir el valor de las deudas de los bancos (función actual del banco central), éstos deberán mantenerse relativamente líquidos ante la amenaza de una demanda masiva de conversión de sus pasivos a la vista por parte de sus acreedores (bancos o particulares). Además, el hecho de que no exista curso forzoso también elimina la obligación de aceptar los billetes de banco por su valor nominal; dicho de otra manera, los billetes podrían circular y negociarse con descuentos entre sí en función de la liquidez y perspectiva de repago del emisor (como ya sucede hoy en día con la deuda pública y privada en los mercados secundarios). Los bancos cuyos billetes cotizaran con mayores descuentos se enfrentarían a demandas de conversión más intensas, lo que se traduciría en descuentos aún mayores de sus billetes de no contar con activos líquidos suficientes.
  • Crisis económicas: Aunque suela observarse a la crisis económica como el fenómeno más desagradable a evitar por una buena regulación pública, debemos recordar que lo realmente nocivo para la economía no es la crisis, sino el proceso previo de auge. Las crisis son una respuesta espontánea del mercado para impedir que la iliquidez de los agentes y las malas inversiones sigan acumulándose. En ese sentido, hemos de sentirnos aliviados de que el libre mercado (a diferencia del socialismo) "proteste" por la destrucción de capital que supone el boom artificial de crédito y que lo haga antes de que haya desaparecido todo el capital de la economía. Con mercados libres y agentes no excesivamente ilíquidos (gracias a los contratos bien definidos y a la ausencia de privilegios jurídicos a la banca), las crisis serían de muy corta duración y constituirían más un período de reajuste casi imperceptible y de toque de atención que una larga etapa traumática.
  • Cultura financiera: Tanto para controlar la liquidez de los bancos como la propia liquidez personal, es importante disponer de ciertos conocimientos financieros: distinguir entre grados de apalancamiento y tamaños del fondo de maniobra sostenibles, valorar inversiones, saber leer un balance o una cuenta de resultados… Por supuesto, no es imprescindible que todos los individuos tengan una profunda formación en esta materia; precisamente una de las virtudes del mercado es la división del trabajo y su facultad para generar "especialistas" (ya sea en forma de asesores personales, periodistas, economistas o analistas). El problema es que hoy esos especialistas o están lejos de serlo o están orientados a satisfacer a su mercado natural (un sistema bancario que puede mantenerse permanentemente ilíquido gracias al banco central y a las recapitalizaciones públicas y unas familias despreocupadas por su situación financiera gracias al Estado de Bienestar).

No me cabe duda de que una sociedad libre desarrollaría a largo plazo un mercado con estas características y tampoco de que un mercado con estas características (un sistema bancario sin privilegios y con contratos bien definidos, cuyo cumplimiento es vigilado por operadores, analistas, clientes y por la propia reacción espontánea del mercado) sería infinitamente más estable y próspero que el actual y que cualquier otro que la regulación pública pueda engendrar (básicamente porque los conceptos de "plazo" y "riesgo" están lejos de tener un significado único y permanente como para excluir múltiples definiciones en competencia y constante readaptación).

Sin embargo, el problema ahora mismo no es tanto si el mercado tiene o puede tener instrumentos suficientes para poner coto a los booms artificiales de crédito, sino si el mercado arriba descrito tiene o va a tener algo que ver con el mercado ultraintervenido actual y, por consiguiente, si a falta de la perfección no nos conformaremos con una tímida mejora frente al caos y a la barra libre dirigista concomitantes.

Zapatero necesita unas tijeras

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, en una insistente demostración de irresponsabilidad política, Zapatero sigue haciendo oídos sordos a las advertencias lanzadas desde el Banco de España y el Banco Central Europeo. ¿Resultado? El déficit del Estado (diferencia entre ingresos y gastos) se ha triplicado en mayo con respecto a abril, hasta provocar un agujero próximo a los 20.000 millones de euros en las arcas públicas, equivalente al 1,78% del PIB.

Los recursos no financieros (ingresos) ascendieron a 45.358 millones de euros durante los cinco primeros meses del año, mientras que los empleos no financieros (gastos) del Estado se situaron en 64.901 millones. Pero lo relevante no son tanto las cifras sino su evolución. Así, los ingresos, vía recaudación fiscal, se hundieron un 24,9% hasta el pasado mayo con respecto al mismo período de 2008. Por el contrario, el gasto público crece a un ritmo del 13% interanual, según los propios datos de Economía.

Y el problema es que la brecha no tiene visos de reducción a medio plazo. Como consecuencia, el Gobierno está tirando de deuda pública para compensar la drástica caída de los ingresos tributarios y, así, poder mantener sus compromisos como, por ejemplo, el pago de las prestaciones por desempleo. Es decir, las arcas públicas se enfrentan ya a un acuciante problema de liquidez. No obstante, en los últimos 12 meses el Tesoro ha colocado cerca de 100.000 millones de euros en el mercado de bonos y se esperan otros tantos, como mínimo, para el próximo año.

Ante tal presión, Salgado & Company se han puesto manos a la obra con el fin de aumentar la recaudación. Si la primera subida ha afectado a los tributos indirectos, todo apunta a que los siguientes en experimentar modificaciones al alza serán, sin duda, los directos y los que gravan el capital, esto es, el ahorro.

Se trata no sólo de una política insostenible, sino de una estrategia destinada al suicidio colectivo. Imagínese por un momento la gestión de Zapatero aplicada al ámbito de la economía doméstica. En una familia de cuatro miembros, tres de ellos (padre, madre e hijo mayor) trabajan, aportando recursos periódicos al sostenimiento del hogar, como las cuotas de la hipoteca, el préstamo del coche y el pago de las facturas. La crisis deja en el paro a uno de ellos, restando en un 25% ó 30% el volumen total de ingresos que percibía dicha familia.

Pese a ello, no sólo se obstinan en mantener el nivel de gastos anterior sino que, alegremente, deciden viajar todos juntos al Caribe para celebrar la buena nueva y, por si fuera poco, renuevan su antiguo coche aprovechando las ayudas públicas que ofrece el ministro Sebastián. No obstante, malo será que en unos meses, como mucho, la economía no mejore y vuelvan a surgir oportunidades de trabajo, tal y como afirma el presidente Zapatero en el telediario de TVE.

Pero mientras espera, su nivel de gastos ya ha crecido un 15% anual, y como la familia en cuestión no dispone de ahorros, acuden al banco para solicitar un crédito con el que sufragar tales "necesidades básicas". ¿Cuál sería la respuesta del banquero? En este caso es amigo por lo que, sin atender a la lógica, accede. A cambio, eso sí, de un buen aval para cubrir el préstamo. Ahora bien. ¿Y si el padre que se ha quedado en paro no encuentra trabajo ni en un año ni en dos? Es más, ¿y si durante ese período el hijo mayor también se queda sin empleo? ¿Y si, aún así, la familia mantiene e, incluso, incrementa su nivel de gastos? En este caso, es seguro que el banquero perderá un amigo pero, cumpliendo su obligación, ejecutará el aval y la familia entrará en quiebra.

En lugar de recortar gastos, Zapatero está siguiendo justo la receta contraria. Al fin y al cabo, su banca de confianza (el Tesoro) avalará todos los dispendios habidos y por haber mediante la emisión de deuda pública, ya que el Gobierno cuenta con un aval muy potente (la recaudación de impuestos futuros). Pero, ¿y si la crisis se prolonga más allá de las previsiones optimistas del Gobierno? ¿Y si el paro en España alcanza los seis millones de parados? Los ingresos fiscales serán entonces todavía menores. ¿Y si en este contexto las necesidades de gasto se disparan otros 100.000 ó 200.000 millones, tan sólo como resultado del rescate bancario? Tarde o temprano los acreedores dirán basta. El coste del crédito explotará e, incluso, podría llegar a cerrarse.

Lo que necesita Zapatero no es, pues, una chequera sino unas tijeras de tamaño jardín para aplicar un recorte drástico en los Presupuestos Generales del Estado, al igual que todos los presidentes autonómicos y autoridades locales de este país. Y después, bajar impuestos para fomentar el ahorro y aliviar la carga fiscal de familias y empresas. Por desgracia, esto no va a ocurrir… La poda la realizará otro. Y ésta será por imposición, sin recomendaciones o sugerencias de ningún tipo.

La soledad de los revolucionarios

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Deténganse en el segundo 45. Podrán ver al menos a tres personas grabando lo que sucede en su teléfono móvil, además, claro está, del responsable de habernos hecho llegar estas imágenes. Algo parecido sucedió con Neda, la joven que se ha convertido en mártir de esta revuelta y cuya muerte hemos visto en dos grabaciones distintas e incluso momentos antes de ser asesinada.

El caso es que se supone que no deberíamos ver esto. Irán había expulsado o detenido a los periodistas extranjeros. La represión habitual debía tener lugar en la más estricta intimidad, como siempre había sucedido. Internet está férreamente controlado y no se puede subir nada a YouTube o Facebook, o al menos no sin que el Gobierno sepa quién lo ha hecho y actúe en consecuencia. El autor del vídeo lo sabía, así que envió el vídeo por e-mail a varios amigos europeos y un par de medios. Un iraní exiliado en Holanda lo colgó en YouTube, y ahora el mundo entero conoce a Neda.

El proveedor estatal y único de telecomunicaciones ha restringido el acceso a sitios como YouTube, que ha visto reducirse en un 90% el tráfico desde Irán, o Facebook, que ha perdido la mitad. Pero los iraníes han podido sortearlo de diversos modos, incluyendo el uso de proxys, una suerte de intermediarios que permiten canalizar el tráfico a través suyo, ocultando a terceros qué estamos viendo realmente. La única vía para impedir que las protestas lleguen al mundo es cortar internet, como hizo Birmania con un éxito notable. Pero intentar ponerle trabas nunca es suficiente, porque basta y sobra con un pequeño porcentaje de usuarios avanzados para que el mensaje llegue al mundo.

El problema está, precisamente, en el mundo, que no parece estar haciendo nada al respecto. ¿Qué les importa a los obamas de todos los países que los iraníes se jueguen la vida en las calles por un poco más, seguramente muy poco más, de libertad? ¿Qué van a hacer cuando ni siquiera han hecho nada para detener el programa nuclear de los ayatolás, que pone en juego su propia seguridad? Las manifestaciones podrán tener éxito si logran el apoyo de parte del régimen, porque está claro que no van a recibir ninguna ayuda de quienes promueven insultos a la inteligencia y a la libertad como la alianza de las civilizaciones.

Internet es, sí, un invento maravilloso. Pero ya sea para lo bueno o para lo malo no deja de ser un instrumento. No crea pedófilos ni revoluciones contra tiranos islámicos. Y probablemente no pueda hacer triunfar a la marea verde, aunque pueda darle una oportunidad que de otra forma no tendría. Ojalá la puedan aprovechar, porque por mucha comunicación que haya están completamente solos.

Si el PP fuera una junta vecinal

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

En su junta directiva hay lógicamente un tesorero que, vaya por Dios, resulta imputado por la justicia y al que se acusa de haberse aprovechado de su posición para trincar comisiones de las empresas que prestan servicios diversos a su comunidad. Súmele a eso el hecho de que el tesorero, hombre de su máxima confianza, haya aumentado sensiblemente su nivel de vida pagando grandes sumas en efectivo a lo largo de su mandato. Llegados a este punto, ¿seguiría usted manteniéndolo en su puesto con la llave del dinero de todos los propietarios en su poder? Yo tampoco, mayormente porque a estas alturas los vecinos nos habrían corrido a palos a usted y a mí por las escaleras, y ante argumentos tan categóricos acabas reconociendo tu error de inmediato.

Lo raro sería que los afectados por las actividades delictuosas de ese tesorero imaginario no exigieran su despido fulminante y se personaran en el juzgado como acusación, porque no sólo es que tales conductas afecten negativamente a la imagen de un colectivo, sino que el perjuicio económico causado a sus miembros es evidente, dado que el dinero entregado bajo mano al comisionista se traduce inmediatamente en un sobreprecio del servicio realizado. ¿O es que alguien piensa que las comisiones pagadas por el fontanero, el electricista, el pintor y el resto de oficios salen de sus bolsillos? Naturalmente que no. Siempre que hay un convolutto el producto se encarece y lo que sorprende es que personas formadas pretendan creer que existen individuos, dueños de negocios en los aledaños del poder, a los que les encante regalar cientos de miles de euros a cambio de nada.

Si un líder político, Dios no lo quiera, se viera algún día en esa tesitura, actuaría de inmediato y con la máxima firmeza por muy amigo que fuera del tesorero, porque cuando uno depende del voto de los demás, estas cosas las cuida especialmente por una cuestión de mera supervivencia. Es lo menos que cabe esperar de alguien que aspira a presidir el edificio de La Moncloa. ¿O no?

No por mucho sancionar se conserva más lozano

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

A todos nos gusta que se preserve el medio ambiente y que se aplique el principio de "el que contamine pague y repare". Es razonable que los agentes económicos asuman los costes de accidentes derivados de su actividad cuando éstos perjudiquen seriamente el entorno ecológico y se evite, al declararse aquéllos insolventes, que sean los contribuyentes los que sufraguen finalmente su reparación a través del presupuesto público (en España tenemos experiencia sobrada con el desastre de Aznalcóllar o la contaminación del embalse de Flix).

No nos estamos refiriendo a los daños ocasionados a terceras personas o a sus propiedades sino a daños reales causados a recursos medioambientales, abrumadoramente de titularidad pública (hábitats naturales y especies silvestres protegidos, costa, rías, lagos, suelo). Es el problema del surgimiento de responsabilidad ante lo que se denomina "daño ecológico puro".

Opino que, pese a las fuertes medidas y sanciones previstas en la legislación actual, el enfoque en esta materia está mal planteado debido a la gestión ineficaz de los recursos naturales. Cada Estado se ha arrogado la función de guardián exclusivo y expansivo de los hábitats naturales que caen bajo su soberanía. En relación con la prevención y reparación de daños medioambientales la Directiva 2004/35/CE ha marcado la pauta en toda Europa.

En el derecho español la transposición de dicha Directiva se hizo hace más de un año con la aprobación de la Ley 26/2007, de 23 de oct., de Responsabilidad Medioambiental (LRM), alineada con nuestro derecho constitucional al medio ambiente (art. 45) y con la Ley de prevención y control integrado de la contaminación. La referida LRM ha sido desarrollada parcialmente mediante reglamento que entró en vigor el pasado 23 de abril de 2009.

Siguiendo nuestra querencia patria de hace años por reforzar la protección en materia medioambiental, la LRM ha establecido a muchas empresas la obligación para el 2011 de adherirse al sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS) o bien al de gestión medioambiental ISO 14001. Además, para aquellas que ejerzan una actividad de alto riesgo (enumeradas en el anexo III de la LRM) se impone la obligación (voluntaria en la Directiva) de constituir una garantía financiera (póliza de seguro, aval bancario o aportación a un fondo de reserva técnica ad hoc) para asegurar una rápida reparación (primaria, complementaria y compensatoria) en caso de producirse daños medioambientales.

Este texto legal consagra, además, dos tipos de responsabilidad: por un lado, la subjetiva que surge cuando exista dolo o negligencia y, por otro, la objetiva pensada para aquellas actividades especialmente peligrosas (anexo III) que es exigible sin que medie siquiera negligencia y a pesar de que se hayan cumplido con todos los deberes resultantes de la Ley. Además, con independencia de que toque establecer garantía y/o pasar obligada auditoría, caso de producirse un desastre ecológico se pretende que se responda siempre con carácter ilimitado (art. 9,1), debiendo devolver los recursos naturales a su estado original.

Esta responsabilidad es, por otro lado, exigible hasta 30 años después de cesar la actividad empresarial y es compatible con otras exigidas de carácter administrativo o incluso penal. Además, este régimen es de mínimos, pudiendo las Comunidades Autónomas en su propio feudo o el mismo Estado central endurecerlo ulteriormente y extenderlo también a otras actividades y sujetos (disposición adicional segunda). También la Ley pretende tener efectos extraterritoriales para aquellas empresas españolas que tengan una actividad fuera de la UE y causen daño medioambiental (disposición adicional 13ª de la LRM).

Quedan fuera los daños causados a la atmósfera o en alta mar (regidos por convenios de derecho público internacional). Algunos expertos en derecho medioambiental echan de menos, no obstante, que esta LRM haya dejado fuera de su ámbito los daños causados por instalaciones nucleares o por traslado de residuos fuera de la UE. Incluso ciertos ecologistas sugieren, con admirable celo, que también surja responsabilidad medioambiental por polinización de transgénicos e incluso por actividades de defensa nacional (es un lujazo que este país cuente con semejante tropa tan concienciada por nuestro entorno).

Por su parte, es muy significativo que la LRM establezca exenciones a la Administración al eximirla de cualquier responsabilidad medioambiental por daños ocasionados con ocasión de la ejecución de obras públicas (carreteras, embalses o trasvases). Es decir, obligaciones, garantías y sanciones para el sector privado y, por el contrario, blindaje para la actividad del sector público que siempre se justifica en aras del interés general. Digo yo que si se daña la naturaleza, no importará que su origen sea de actividad privada o pública.

Esta LRM y los principios que la inspiran parten de la premisa de que los recursos naturales "son de todos" y que –por tanto– deben ser custodiados de forma excluyente por el Estado.

Éste podrá actuar de oficio contra las empresas, pero como no es un buen gestor de sus posesiones, confía en sus celotes: la Ley reconoce a las ONGs que trabajen en la protección de la naturaleza la posibilidad de interponer acciones legales contra aquellas empresas en caso de que perciban en su quehacer algún daño o amenaza (sic) para el medio ambiente.

El socialismo de todos los partidos sólo sabe establecer objetivos comunes para todos e imponer sanciones a granel. Churchill ya advirtió que ningún sistema socialista puede triunfar sin una policía política. Esto no es lo más efectivo. El actual paradigma público-medioambiental se propaga por doquier; en nuestro ordenamiento hay ya promulgadas más de 4.000 disposiciones al respecto. Parece que éstas recelan del desarrollo económico e ignoran lisa y llanamente que la extensión de los derechos de propiedad sobre los recursos naturales claramente definidos y defendidos (y no las concesiones) es una de las mejores garantías para reducir la contaminación y conservar el medio natural.

El cisne y la peste

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

No hay un claro consenso de dónde surgió. Algunos aseguran que fue en la gran estepa que actualmente ocupa Ucrania, otros la sitúan en las laderas del Himalaya. Si nos atenemos a la cronología de sus fatídicos efectos, quizá la ubicación más acertada sitúe su origen en los grandes lagos de África Oriental. Pero surgiera donde surgiera la Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste bubónica, se convirtió en un inesperado cisne negro que modeló la historia de la humanidad.

El cisne negro es como se define a aquellos hechos poco probables e impredecibles que tienen un impacto muy importante.  La Y. pestis surge de una mutación adaptativa que toma a la pulga de la rata como huésped. Las necesidades climáticas de la bacteria, la adaptación de la rata a la vida humana, las rutas comerciales del imperio romano del siglo VI, los hábitos sociales, culturales y religiosos de las sociedades del mundo mediterráneo en esta época y un lógico desconocimiento médico de la enfermedad se aliaron para que en unos pocos años  la población europea se viera diezmada. Es difícil calcular cuántos muertos provocó después de quince siglos, pero se calcula que entre el 15 y el 40% de la población murió, bien de forma directa o como consecuencia de las hambrunas que se generaron posteriormente.

 Resulta muy interesante cómo dos modelos de sociedades tan distintos reaccionan de manera tan diferente a un mismo hecho tan desolador. Los efectos de la peste en el Imperio Bizantino (un estado fuertemente centralizado y jerarquizado) y en la Europa Occidental (ocupada por los germanos en pequeños y medianos reinos de futuro dudoso y en eterna lucha), fueron totalmente diferentes, pero sobre todo definieron quién sobreviviría y dominaría durante los siglos siguientes y quién empezaría un lento pero inexorable destino funesto.

La muerte de millones de habitantes en imperios, reinos, ducados, condados, baronías y feudos provocó, además de la lógica histeria apocalíptica, escasez de alimentos y de mano de obra. Los supervivientes ni querían ni se atrevían a salir de sus casas y volver a sus quehaceres una vez que se iniciaba un brote de peste, lo que paradójicamente favorecía el control de la enfermedad, pero desencadenaba hambrunas. En Constantinopla se optó por el control de precios y así Justiniano prohibió que los sueldos y los precios de los productos sobrepasaran un máximo que arbitrariamente imponía. En una sociedad más descentralizada y caótica como la europea occidental, tales medidas no es que fueran inconcebibles, sino que al carecer de una entidad central coactiva se "dejaba" la decisión a los señores feudales que gobernaban en ese momento, y éstos estaban más centrados en sobrevivir a la siguiente invasión germánica o de su vecino que a controlar una economía que apenas entendían.

Aseguran los economistas Ronald Findlay y Mats Lundahl que la reducción de mano de obra en el norte de Europa provocó una demanda que disparó los salarios de forma que los más ricos se volvieron más pobres y viceversa. Cada vez era más difícil para un señor feudal mantener unido a un siervo a su tierra y el campesino empezó a tomar decisiones que afectaban su propio futuro, pasando a controlar su vinculación a la tierra. La llegada del arado de vertedera desde China en ese mismo momento permitió a los más emprendedores incrementar la productividad de la tierra con menor mano de obra, precisamente algo que faltaba en ese momento. Y así el norte de Europa, una región pobre, boscosa, sólo para los espíritus más rudos empezó a cambiar. Se idearon nuevas rotaciones de cultivos, necesarias para una población cada vez mayor y más rica y para la alimentación de un ganado que se iba a convertir en la principal fuente de energía en el campo hasta la invención de la máquina de vapor. Se eliminaron grandes bosques que fueron sustituidos por campos y nuevos asentamientos humanos que buscaban nuevos terrenos que colonizar. La creciente riqueza permitió de nuevo el comercio, aunque también atrajo a saqueadores y guerreros que querían tomar por las buenas lo que aquellos producían, lo que definió y permitió nuevos sistemas de defensa y guerra que dominaron también durante siglos.

Nada de esto ocurrió en el Imperio Bizantino y la revolución se inició así en Occidente. Pero no debemos ser injustos con Bizancio; su tamaño y su fortaleza aún era enorme. Justiniano y sus herederos fueron capaces de hacer frente con relativo éxito a nuevos invasores orientales. Así, los árabes musulmanes, libres de la peste, atacaron a dos imperios heridos, el Sasánida y el Bizantino con éxitos dispares. Mientras el primero terminó en sus manos, el segundo no lo hizo hasta 1453, cuando Mehmed II conquistó Constantinopla. Fue esta pelea la que permitió que Occidente se desarrollara de esta manera y no de otra, que no fuera invadido en su totalidad por el islam, no sólo permitiendo la revolución agrícola sino otra más profunda que le llevaría al desarrollo del capitalismo, del comercio, de la individualidad frente al colectivismo, de la separación de poderes y de la cultura del esfuerzo.