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Nuevos españoles viejos

He recordado esta experiencia, vivida en otras ocasiones, al leer la noticia sobre la entrega a siete ciudadanos británicos de la ciudadanía española. Fría y plana como es la televisión, traslucía sin embargo toda la emoción del momento en que a unos ancianos se les entregaba el pasaporte español. “Hemos tardado, pero hemos vuelto a casa”. En estos momentos en que ser español es discutido y discutible, que unos ciudadanos de la pérfida y admirada Albión quieran serlo con nosotros, ¿no es un acto de generosidad? El que se sumen con emoción a la españolía, abrazada como a una amante recuperada, ¿no es el mayor de los reconocimientos?

Pero no son unas vacaciones en torreviejalicante lo que les une a nuestro país, sino su militancia en las Brigadas Internacionales. Claro, este hecho crea sentimientos encontrados. Parte al menos de estos batallones fueron creados por la Komintern, en una genial operación militar, política y propagandística, con ecos que aún resuenan. Nadie es libre de ganar la guerra que desee, pero desde luego sí lo es de perder cualquier guerra, y decenas de miles de extranjeros vinieron a España a perder la suya.

Algunos, aunque no necesariamente la mayoría, vinieron con la idea de defender la malograda democracia española. ¿Es esto suficiente? Acaso sí. Pero luchar contra el bando nacional no le convierte a uno en demócrata automáticamente. Muchos dieron su vida por implantar en nuestro país el régimen más tiránico que ha conocido el hombre. Muy probablemente también alguno de los que este martes se hicieron españoles. Pero si entonces el criterio no es defender la democracia sino haber luchado en la guerra española, tendríamos que gastar el mismo papel en los pasaportes de aquellos que después de haber sobrevivido a una o dos guerras, la primera en la Legión Cóndor o en las CTV, han vencido al paso implacable de las décadas.

No quiero robarles a los Sam Lesser y demás ese sentimiento de orgullo por ser españoles. Ni tengo intención alguna de sumar para nuestra ciudadanía a los alemanes e italianos que vinieron a hacer la guerra, ni de negársela si la desean. Pero me duele que el Gobierno utilice la condición de ser español como un instrumento al servicio de sus intereses ideológicos. Aunque la patrimonialización de la patria sea cosa de españoles viejos.

El fiasco de la comuna europea

Si algo ha quedado claro en los pasados comicios europeos es que la ansiada unión política continental importa cada vez menos a los ciudadanos de los países que componen la UE. La participación no hecho más que bajar desde la celebración de las primeras elecciones comunitarias, allá por 1979. La abstención ha aumentado casi un 20% desde entonces, y ya se habla abiertamente de crisis de legitimidad.

Sin embargo, el creciente desinterés de los votantes por las instituciones que gobiernan desde Bruselas es una cuestión baladí si se compara con la vulneración ética del espíritu de la Unión a lo largo de estos años. La UE se ha transformado en una superestructura política, burocrática y administrativa de dimensiones descomunales. Un Superestado, con competencias propias cada vez más amplias, que aspira a regular todos y cada uno de los ámbitos económicos, sociales y civiles de los ciudadanos.

Por desgracia, ya ha quedado en el olvido el principio fundacional que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Un tratado, semilla de la actual UE, por el que Francia, Italia, Alemania y el Benelux acordaron crear un mercado común para el comercio de determinados productos mediante la eliminación de aranceles y subvenciones nacionales.

La libre circulación de personas, mercancías y capitales ha quedado en un segundo plano. En la actualidad, Bruselas gobierna el destino de millones de europeos al más puro estilo de planificación central moscovita, sólo que, de momento, dicha superestructura cuenta todavía con los contrapesos de los gobiernos nacionales para limitar, hasta cierto punto, su creciente intervencionismo.

Sin embargo, en breve, tras la ratificación del Tratado de Lisboa, la UE se consolidará como una entidad jurídica autónoma e independiente de sus estados miembro. De ahí a la configuración de una Comuna Europea tan sólo dista un paso. El fallido proyecto de Constitución continental es una buena muestra de lo que se avecina: un monumental compendio jurídico y regulatorio que, bajo la ambigüedad de la economía social, avanza hacia la armonización fiscal, la consolidación de la redistribución de ingresos y rentas vía subvenciones y ayudas públicas y el ecocomunismo del cambio climático, entre otras lindezas.

Una cosa es establecer un área de libre comercio en donde ciudadanos y empresas gocen de mayor capacidad de acción gracias a la eliminación de trabas nacionales, y otra muy distinta es que el Gobierno comunitario aspire a crear un Estado de Bienestar central y monopolístico con el fin de sustituir, simplemente, la nefasta intervención política de los estados-nación. La competencia es sana, no sólo a nivel empresarial sino también administrativa. El camino hacia la libertad es, pues, justo el contrario. De hecho, el fenómeno de la globalización, ahora en peligro, hace obsoleta la formación de un bloque económico unitario.

El ejemplo a seguir no es la comuna que nos ofrece Bruselas. De hecho, la senda del liberalismo arraiga con fuerza en otro continente, tal y como muestra el caso de Singapur, Hong Kong, Vietnam…

No hay lugar para Sopranos

Está claro. Los Soprano, a pesar de arrasar en los Emmys, a pesar de ser considerada por la crítica internacional como una de las mejores series de la historia de la televisión, no triunfa en nuestro país.

Relegadas a la televisión de pago, fuera del prime time en las generalistas, las andanzas de unos mafiosos italoamericanos de Nueva Jersey no parecen haber calado en los gustos de los televidentes españoles. En su lugar, series más cercanas a la idiosincrasia española, a nuestra forma de ser, como Los Hombres de Paco o Cuéntame, así como programas de entretenimiento como Mira quién Baila en los que famosos como Ortega Cano despliegan sus habilidades danzantes, copan la pequeña pantalla.

Aquí no hay nada que decir. Como buen liberal, me parece que sobre gustos no hay nada escrito y que cada espectador debe poder elegir sus programas favoritos (otra cosa es que las televisiones públicas habría que cerrarlas mañana mismo).

Pero este artículo no va de modelos de televisión, ni de series. Aquí lo que me interesa es la razón de que en nuestro país, el modelo de familia mafiosa, como los Soprano en la ficción o los Gotti o Genovese en la vida real, no tengan la gran presencia que tienen en otros países, muy especialmente en Estados Unidos.

Efectivamente, excepto clanes muy localizados y vinculados a actividades ilícitas muy concretas, como los famosos Charlines del narcotráfico gallego, el modelo Soprano brilla por su ausencia en España. Y otro modelo de familia, de clan, como los Chaves, encabezados por "la persona más honrada de Andalucía", ZP dixit, es perfectamente legal y en ningún modo puede ser considerado mafioso como ha quedado perfectamente claro después de la sesión de control en el Congreso sobre el particular.

Así, actividades que en otros países son infestadas por la mafia, como el sindicalismo, las contratas de basuras, la explotación de locales nocturnos o la concesión de licencias urbanísticas, aquí se han podido ver libres de dicha plaga.

Y creo que la razón es la existencia de partidos políticos y sindicatos que gracias a su estructura, a su fuerte imbricación en la sociedad y a su omnipresencia en casi todas las actividades económicas no han permitido que mafias privadas al estilo sopranil se desarrollen.

Un ejemplo. Un sindicalismo independiente puede ser fácilmente penetrado por la mafia. En cambio, UGT o Comisiones Obreras, apoyadas por el estado y subvencionadas con dinero público, no dejan lugar a que las mafias convencionales entren. La competencia es demasiado fuerte.

Otro. Un bar estilo Bada Bing en Madrid hubiese tenido que pasar por la criba que representa la concesión de licencias por parte del ayuntamiento y posiblemente operase en un local de propiedad municipal, como el caso del tristemente famoso Balcón de Rosales. En estas condiciones, la mafia clásica lo tiene muy difícil.

Otro más. Como vemos en Los Soprano, los intereses de la famiglia también abarcan el terreno de la construcción y la especulación urbanística, corrompiendo a cargos municipales y sobornando a políticos. Esto aquí no sucede. Como representantes de partidos políticos que son, en España es prácticamente imposible sobornar de forma individual a un concejal o a un alcalde, pues están metidos en una férrea estructura de partido que hace que los casos de corrupción individual que empiecen y acaben en el propio individuo corrupto sean muy limitados.

Está claro. Cuanto más consiga el poder político, a través de sindicatos y partidos, meterse en todos los ámbitos de la sociedad, cuanto más consiga el Estado controlar y dominar la vida de las personas, menos sitio tendrán las mafias tradicionales. Así, con los nazis, con Mussolini, en la Unión Soviética o en la Cuba de Fidel, las mafias privadas brillaban por su ausencia… el Estado era la única y todopoderosa mafia.

Y aunque algún malpensado pudiera creer que en nuestra Nación de Naciones pudiese darse el mismo caso, esto no va a pasar. Efectivamente, las mafias tradicionales como Los Soprano lo tienen difícil aquí, lo cual es una gran noticia para el ciudadano de a pie, pero, afortunadamente, no corremos el riesgo de que el Estado español con sus partidos y sindicatos omnipresentes, se convierta en una supermafia única y todo poderosa.

Gracias al Estado de Derecho en el que vivimos, a la independencia del Poder Judicial y a la labor de control que se lleva a cabo en el Senado y el Congreso, así como a las elecciones que cada cuatro años se celebran y en las que el pueblo español puede expresarse democráticamente, y, por supuesto, a la gran labor de la Corona, ese peligro está muy, pero que muy lejano.

Nota del autor: Si os gustan Los Soprano, tenéis que descargaros, legalmente y previo pago del canon, The Wire No tengo palabras.

Hayek en Guatemala

Escribo con mucho retraso una somera crónica del XIX Coloquio Liberty Fund celebrado a finales de enero en la ciudad de Guatemala en torno a la obra de Hayek Derecho, Legislación y Libertad. Forma parte de un interesantísimo programa que llevan adelante la fundación citada y la Universidad Francisco Marroquín, en el que participábamos dieciséis comentaristas de toda América y España. El sistema de trabajo, ya muy experimentado en los encuentros Liberty Fund, consiste en llevar estudiadas algunas lecturas seleccionadas por el director del Programa, que se someten a un comentario dialogado bajo la supervisión de un director de Discusiones. No hay que llevar textos preparados ni salen actas editadas; se trata de hablar, pensar y discutir en torno a una mesa redonda. Con un resultado fascinante: son apenas dos días (eso sí, con un horario intenso de sesiones académicas y actividades conjuntas obligatorias) en los que uno disfruta tanto de la disputatio intelectual que se somete a consideración como del trato con unos colegas recién conocidos que al final resultan casi amigos de toda la vida.

Me resulta complicado destacar alguna de las seis sesiones que analizaban la obra de Hayek, a través de unos capítulos escogidos. Pero dada la limitación del espacio en estas columnas no puedo menos que resaltar tres de ellas, comenzando por la primera: "Constructivismo versus orden espontáneo". Empezamos reconociendo esta gran aportación hayekiana sobre los órdenes abiertos, la organización social espontánea en contrapartida a los sistemas planificadores (tan del gusto de muchos políticos de izquierdas y derechas) que pretenden imponer a los ciudadanos valores, criterios de conducta o incluso una pormenorizada lista de precios oficiales, como ocurría en los regímenes comunistas. Es una sutil y peligrosa tentación intelectual, a veces fruto de un mal comprendido cientismo ilustrado, que aspira a resolver todos los problemas humanos desde las racionalización constructivista, olvidando que los hombres hemos progresado más bien gracias a la creatividad innovadora en un entorno de libertad. (En España resulta muy fácil de comprender esta idea a la vista de la insistencia de los gobiernos socialistas por cambiar nuestras formas de vida y de pensar, con toda esa educación para la ciudadanía y sus obsesivos esfuerzos para convertir nuestro país en lo que no es, por mucho que ellos pienses que sea lo que debería ser…)

Resultan particularmente atractivas las páginas del capítulo sobre "Razón y evolución", en las que Hayek menciona una pionera intuición de estas ideas en nuestros escolásticos de Salamanca, al hablar de los fenómenos que "son resultado de la acción humana, pero no del designio humano". Y recuerda, citando a Luis de Molina, cómo entendieron aquellos doctores que se formaba el precio natural: a partir de la estimación común, en ausencia de fraude o engaño.

Esta primera discusión terminó derivando hacia una comparación de los sistemas jurídicos anglosajones (en los que Hayek pensaba al escribir su obra) basados en el Common Law, frente a los códigos jurídicos de la Europa continental; así como hacia una reflexión sobre el iusnaturalismo y su carácter moral, en contra de esa insistencia racionalista por crear la realidad y no reconocerla tal y como es.

Paso a continuación a recordar las dos últimas sesiones: "La mal llamada justicia social" y "La constitución de Hayek". En cuanto al tema de la justicia, también me parece una brillante aportación hayekiana ese aviso contra la tontería (no encuentro una palabra mejor) de creer que existe una justicia comunitaria… Él escribía pensando en que lo que tienen que ser justas son las reglas, no los resultados; que en un sistema abierto puede haber éxitos y fracasos (a veces, inmerecidos) con beneficios y responsabilidades personales; y en todo caso, la cuestión a perfilar sería qué mínimos de atención humanitaria son exigibles al Estado, siempre con la precaución de que no invada más de la cuenta las libertades individuales. Yo discutiría tal vez un cierto deslizamiento hacia el relativismo que se entrevé en la argumentación hayekiana, porque defiendo con mayor convicción la existencia de unos valores que sustentan la naturaleza humana al margen de culturas y de épocas. Lo que me reafirma en la postura de que la justicia debe ser algo personal, lo mismo que la libertad y la consiguiente responsabilidad.

Hayek cierra su libro proponiendo un nuevo modelo constitucional, que permitió enriquecer el debate del encuentro que vengo comentando. Como alguien señalaba, parece que el profesor austríaco es muy bueno en su diagnóstico de los problemas sociales, pero menos hábil a la hora de proponer soluciones. También se le regañaba por caer, precisamente, en la tentación constructivista que acababa de criticar. Pero claro, es comprensible que después de señalar los males de nuestra organización institucional se tenga la preocupación por ofrecer un camino alternativo.

Su propuesta descansa sobre dos principios básicos: el reconocimiento de unas normas de recta conducta y la limitación de los poderes del Gobierno. A partir de aquí, Hayek diseña un sistema con dos cuerpos representativos: una Asamblea Legislativa compuesta por personas de 45 a 60 años que son votadas por los ciudadanos de esa misma edad; y una Asamblea Gubernativa, más parecida a nuestros actuales parlamentos. Junto a ellos, un Tribunal de Cuentas y un Tribunal Constitucional (muy independiente, repite varias veces) vigilarían la acción de los gobiernos de turno.

El punto de partida también es provocativo, porque Hayek insiste en la idea de que la democracia no tiene por qué ser necesariamente un mecanismo social perfecto. Claro que son peores cualquier tipo de dictaduras, pero considerar angélicamente que un sistema democrático siempre funciona bien es de personas bastante ilusas. Hasta los mayores crímenes pueden cometerse con un impecable sistema democrático. La cuestión aquí es definir los límites de los poderes públicos y garantizar su independencia. Yo no hacía más que acordarme de nuestro sistema judicial en España, sometido a unas cámaras legislativas, que hacen lo mismo que propone el Gobierno: ¿dónde quedó la separación de poderes?

Fallos del mercado. Perdone, ¿fallo de quién?

El mercado ha fallado, se nos dice. Incluso economistas que aparentemente parecían defender el libre mercado abrazan esta tesis, como el caso del chicaguense Richard Posner en su reciente libro A Failure of Capitalism.

A esta tesis responde Peter Boettke con una analogía del exitoso nadador olímpico Michael Phelps: "Si ataras de brazos y piernas a un nadador de primera como Michael Phelps, le ataras pesadas cadenas sobre los pies y le lanzaras a una piscina y se hundiera, no lo llamarías un ‘fracaso de la natación’ o un fracaso de Michael Phelps. Entonces, cuando los mercados han operado con el lastre de excesivas y perjudiciales regulaciones, ¿por qué llamarlo ‘fracaso del capitalismo’?"

Pero una vez que se llega a la conclusión de que el mercado ha fallado, la idea más ampliamente aceptada es que el Estado debe intervenir para solucionarlo. Estos fallos del mercado aparecen por doquier en la mente de los intervencionistas, ya sea cuando se produce cualquier tipo de efecto externo, existen presuntos bienes públicos, el mercado no es "perfectamente competitivo", la información es "asimétrica e imperfecta", existe "elevado riesgo e incertidumbre", el número de especies del oso polar en Alaska no es el óptimo, o cualquier otra excusa que se les ocurra.

Sin embargo, antes de identificar un fallo de mercado y clamar por una mayor intervención, no estaría de más pararse a reflexionar sobre estos puntos:

  1. ¿Existe realmente un mercado que pueda funcionar libremente y al que, en consecuencia, se le pueda culpar por resultados no deseados? Quizá, por ejemplo, no estén bien definidos ni protegidos los derechos de propiedad, por lo que estrictamente, no existiría un mercado. Piense, por ejemplo, en los problemas originados por los efectos sobre especies animales y marinas de la caza y pesca en recursos comunes (problema conocido como "tragedia de los comunes").
  1. ¿Cuál es la estructura legal e institucional que influye la actividad que supuestamente es un fallo del mercado? Quizá, como decía Boettke, los individuos que forman ese mercado están expuestos a una maraña de regulaciones y restricciones que dificulta sus interacciones voluntarias y origina ineficiencias. Piense, por ejemplo, en la escasa innovación y emprendimiento en España, actividades que algunos señalan como sujetas a estos fallos del mercado.
  1. ¿Bajo qué criterios está juzgando al mercado? El mercado es una institución humana, por tanto imperfecta, y utilizar el criterio de la perfección no vale. Parece algo obvio, pero no lo es. Y es que, como recuerda Lucas Engelhardt, "comparar el mundo real con construcciones imaginarias (léase modelo de competencia perfecta u criterio de eficiencia paretiana) y usar éstas para condenar a la realidad es una práctica largamente aceptada en la economía convencional. Los austriacos están en frecuencia solos al declarar que ésta no es una forma válida de medir la optimalidad de los resultados del mercado".
  1. ¿Realmente es deseable solucionar ese presunto fallo? Quizá los costes de solucionarlo sean muy altos. ¿Por qué no se ha solucionado hasta el momento? Quizá existiera alguna traba administrativa, legal o de otro tipo que impidiera su resolución. ¿Por qué supone que no se va a solucionar en un futuro inmediato? Quizá al tratar de corregir ese problema de manera estatal en un punto determinado del tiempo, lo que haces es evitar que aparezca una solución de mercado un poco más tarde, obstaculizando el proceso de descubrimiento empresarial. Piense, por ejemplo, en las innovaciones que se impidieron durante décadas en el sector aéreo por ser monopolios legales.
  1. ¿Por qué está suponiendo que, en caso de hallar un problema real, sería deseable que el Gobierno interviniera? Quizá esté juzgando con distinto criterio al mercado y al Gobierno. Mientras que al primero le ve fallos, al segundo lo analiza en sus modelos como un tipo ideal. ¿Acaso el Gobierno no tiene fallos? ¿Sabe cómo funciona el proceso político? ¿Realmente le gustaría confiar la resolución de los problemas en los políticos y burócratas, esos mismos que tan frecuentemente salen en los medios acusados de corrupción y asuntos sucios varios, y que tanto le mienten, engañan y manipulan en su misma cara solo para conseguir su voto? Y una vez analizado el funcionamiento de la política con una adecuada teoría de la acción humana, ¿cómo sabe que los fallos del mercado son más graves que los del Gobierno?

Resulta que cuando uno se para a pensar sobre estos puntos, al menos quien escribe estas líneas concluye que se suele utilizar un doble rasero para valorar los resultados del mercado y los del Estado.

Esto creo que se puede ver con claridad en el caso de la educación en España. Pocos dudarán del penoso desempeño del sistema educativo español. Sin embargo, pocos defienden que el Estado se retire de la arena educativa, y el consenso mayoritario pide que se haga un Pacto de Estado, que se hable con todas las fuerzas sociales, etc., etc. Es decir, continuar con el estatismo pero darle alguna vuelta de tuerca.

Por el contrario, imagínense que la educación estuviera a cargo del sector privado y que, imaginemos, estuviera dando tan malos resultados como los actuales (aunque lo más probable sería que desde el Estado se exageraran negativamente esos resultados, y que se nos dijera que de no ser por un cambio hacia un modelo estatalizado, la sociedad acabaría en la miseria educativa). En ese caso, ¿alguien duda de la reacción de los políticos y de muchos intelectuales? "¡El mercado ha fallado, hay que intervenir!", se nos diría.

O también podemos apoyar la tesis del doble rasero con un fenómeno recurrente: cuando fracasan las agencias o instituciones públicas a la hora de cumplir su papel, éstas exigen un mayor poder para tratar de evitar esos fallos en el futuro, y normalmente lo consiguen. Véanse los casos de los servicios de inteligencia para evitar el 11-S, la reguladora Securities and Exchange Commission (SEC) para evitar el caso de Madoff o la Reserva Federal americana con sus alocadas políticas, causantes en buena medida de la crisis actual. En cambio, las organizaciones privadas que en un libre mercado fracasan al no satisfacer las exigencias de los consumidores simplemente desaparecen.

Es curioso este doble modo de pensar y, desgraciadamente, también de actuar. A los fallos del Estado se responde con más Estado, mientras que a los fallos del mercado se responde del mismo modo: con más Estado e intervención.

La dispersión pluralista del poder

Para impulsar el crecimiento socioeconómico de modo duradero y compatible con las libertades políticas, una condición adicional a la aparición de las democracias representativas es la dispersión pluralista del poder.

En estos momentos, el pueblo puede elegir a los dirigentes políticos en democracias, de un modo más o menos justo en función de que sus elecciones se produzcan de forma directa o indirecta, con listas abiertas o cerradas, con primera o segunda vuelta, con circunscripción local o nacional o, incluso, con una valoración igualitaria del voto o bien proporcional en función de la región donde se resida.

Sin embargo, la característica que permite distinguir una estructura institucional pluralista de una cleptocracia (y también de un Estado dividido en mini-autocracias) es la existencia de contrapesos de poder, que fragmenten, acoten e independicen con eficacia los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Influido por el parlamentarismo inglés, el barón de Montesquieu publicó en 1748 su célebre obra El espíritu de las leyes en donde se resaltaba con acierto la necesidad de contrapesos de poder que eviten su concentración en pocas manos:

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona… entonces no hay libertad porque es de temer que hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y sobre la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo el poder sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la misma fuerza que un agresor. En un Estado en que un hombre o una corporación [por ejemplo, la actual casta política con sus diferentes franquicias intervencionistas] administrasen los tres poderes… todo se perdería enteramente.

Pues bien, es fácil identificar los anteriores males dentro de la partitocracia de España dado que, después de más de treinta años de democracia, tal y como afirma el profesor Pedro Schwartz, todavía seguimos buscando a Montesquieu. La clase dirigente española ha logrado degenerar la estructura institucional, con un crecimiento exponencial del tamaño del Estado y su legislación en la última mitad del siglo XX y a comienzos del XXI. Si lo anterior ya es grave, la falta de independencia de los órganos de gobierno de los jueces y de sus altos tribunales hace imposible la existencia de un Estado de Derecho digno de llamarse así.

Por ello, resulta evidente preguntase qué posibilidades existen de limitar la coacción de los políticos si vivimos sin separación de poderes, sin independencia judicial, con escasos medios de comunicación independientes y, en general, con pleitesía de las instituciones ante los poderes ejecutivos de un Gobierno central y de 17 mini-autocracias autonómicas, en permanente lucha intervencionista por más financiación y mayores competencias.

La legislación conjunta de múltiples parlamentos, controlados por sus respectivos gobiernos regionales, llena el mercado de regulaciones, funcionarios, burocracia y barreras al comercio. Adicionalmente, la impunidad judicial de las autonomías permite la imposición de leyes liberticidas, sin que los ciudadanos queden protegidos por la tutela de jueces ordinarios o por la acción decidida y contundente de los tribunales superiores de justicia.

Separar el poder y ralentizar la actual inflación legislativa son reformas esenciales para limitar la acción de los políticos y así lograr defender los derechos individuales por encima de los actos administrativos del poder ejecutivo y más allá del alcance de las leyes del poder legislativo. Y es que sólo una democracia duradera y correctamente evolucionada, garantiza de modo eficiente las propiedades, los contratos y las libertades ciudadanas, con una estructura institucional que permita un buen control ciudadano sobre las decisiones más trascendentales, la limitación del tamaño del Estado y la dispersión pluralista del poder.

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Crisis y dirigismo económico

Bajo esta premisa incontestable no cabe sino celebrar que setecientas mil personas que votaron PSOE en las últimas europeas hayan decidido enviarle un mensajito al co-líder planetario negándole su apoyo. Claro que también puede hacerse la lectura contraria: a pesar de los dos millones de nuevos parados que ha creado Zapatero el descenso en número de votos ha sido inferior a la mitad. Y encima el PP, con una economía destruida, las generaciones futuras hipotecadas y el peor gobierno de la historia de la humanidad, sólo ha conseguido aumentar en doscientos mil votos su último resultado europeo.

Y como la cocina de los partidos es capaz de reconstruir la realidad para convertir en victoria hasta la derrota más evidente, al día siguiente de las elecciones todos nos venden su actuación en clave de éxito. Se trata tan sólo de encontrar un argumento lo suficientemente complicado para que el espectador se limite a aceptar las conclusiones que el partido ha establecido de antemano. Esto es lo tradicional, pero lo cierto es que Rajoy se ha pasado de entusiasmo con su explicación de la victoria pepera.

Dice Mariano, sin que nadie le pregunte, que la victoria del Partido Popular en las elecciones europeas confirma la validez de la estrategia surgida del congreso de Valencia (capital Sofía). Bien, es posible que tenga razón, pero si es así habrá que convenir que la política socialista surgida del caletre del líder cósmico es a su vez perfectamente válida para renovar indefinidamente su presencia en La Moncloa, pues rodeado de frikis semialfabetizados, con una recesión brutal, el ridículo más espantoso como divisa en nuestras relaciones internacionales, un vicepresidente implicado en sonados casos de nepotismo y a punto de llegar a la cifra monstruosa de cinco millones de parados, su partido ha quedado tan sólo a menos de cuatro puntos del PP, en unas elecciones que, además, interesan muy poco a los votantes.

Si esto es todo lo que el congreso de Valencia da de sí en términos electorales, ya puede Mariano convocar dos o tres guateques más antes de 2012 para confirmar la idea seminal surgida en aquellas tierras (fuera María San Gil, fuera liberales, fuera conservadores y aquí estamos p’ayudar), y alfombrar convenientemente su añorado aterrizaje en La Moncloa. Es difícil saber a quién invitará a dejar el partido en esas nuevas ediciones, pero una cosa es segura: Gallardón no está nominado.

El líder planetario y la paella marianil

Pero una vez revisada la tabla de las mejoras específicas del nuevo iPhone 3GS, la verdad es que no parece que vaya a animar a los usuarios a actualizarse, aunque sí puede convencer a quienes aún no lo tienen.

Lo primero que hay que recordar es que algunas de las novedades estarán disponibles también para los usuarios del anterior iPhone, porque son mejoras incorporadas al sistema operativo del teléfono y no necesitan de cambios en el hardware. Así, características que deberían haber estado presentes desde el principio –como son la posibilidad de copiar y pegar, el teclado apaisado y el soporte de mensajes multimedia MMS– funcionarán en todos los modelos. También será posible incorporar al fin una aplicación GPS como Dios manda, aunque habrá que ver a qué precio.

Lo realmente nuevo del 3GS es la incorporación de un procesador más rápido y que consume menos, aunque aún no se sabe cuál han empleado. De este modo la batería dura algo más y el teléfono tiene capacidad para hacer cosas como grabar vídeos. Sí, es verdad que ya existían aplicaciones que permitían hacerlo, pero estaban limitadas a unos 15 fotogramas por segundo, porque el procesador de los anteriores iPhone no daba para más. También incorpora una brújula digital, cuya utilidad no parece excesiva, y una cámara con enfoque automático que quizá sea lo más atractivo de cara al comprador. Además, se dobla la capacidad con un modelo de 32 gigabytes.

Existe, eso sí, una característica que hará enfadar a los propietarios actuales del iPhone: los comandos de voz. No existe, en principio, razón alguna para que estén disponibles sólo en el nuevo teléfono, de modo que parece una limitación artificial para animar a actualizarse.

En definitiva, no parece que se vayan a repetir las interminables colas en las tiendas. La decisión de comercializar el iPhone 3G de 8Gb a un precio sensiblemente menor seguramente consiga atraer a nuevos clientes por la parte baja del nivel adquisitivo y puede que algunos usuarios que aún no lo habían comprado se animen ante las nuevas características, especialmente la cámara y su práctico sistema de pulsar en la pantalla al objeto que quieres enfocar. Pero este nuevo 3GS tiene todo el aspecto de ser un modelo de transición.

El año pasado, cuando Apple compró PA Semiconductors, todo el mundo asumió que el objetivo de la adquisición era incorporar a la compañía de la manzana a un equipo de diseñadores de chips competente y especializado además en ofrecer más potencia por menos consumo. La contratación de varios ingenieros especializados añadió más peso a esa sospecha. No obstante, desarrollar esos nuevos chips lleva tiempo, de modo que habrá que esperar al menos al modelo del año que viene para ver los frutos de ese trabajo. Y, por lo que parece, también habrá que esperar a entonces para actualizar nuestros iPhones.

Decepcionante iPhone 3GS

Letonia no ha logrado colocar su última emisión entre los inversores; la agencia de calificación Standard & Poor´s acaba de rebajar la calidad (rating) de la deuda pública de Irlanda; tras esta degradación, Francia, Italia, España, Reino Unido, Austria y Estados Unidos, entre otros, sufrirán el mismo proceso. Tales rebajas se traducirán en un mayor coste de financiación para las arcas públicas. Es decir, los ciudadanos tendrán que pagar más dinero de sus bolsillos vía impuestos para sufragar el enorme gasto público en el que están incurriendo los Estados.

Bill Gross, el mayor gestor de bonos del mundo, explica a la perfección los riesgos que conlleva este fenómeno en su última carta a los inversores. Y es que los rescates económicos y financieros amenazan con elevar el nivel de deuda pública hasta el 100% del PIB en numerosos países del G-20 a medio plazo, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin duda, esta ingente emisión de bonos presionará al alza el rendimiento de los mismos. De este modo, en caso de que llegue la ansiada recuperación económica, la deuda pública se tragará el crecimiento del PIB. Gross, por ejemplo, estima que el Gobierno de Estados Unidos tendrá que pagar un interés de entre el 5% ó 6% anual por sus letras. Si la deuda pública alcanza el 100% del PIB, esto implica que el 5% de la riqueza que genere cada año el país se irá directamente a sufragar los compromisos financieros de la Administración.

Y si esta es la factura para Estados Unidos, primera potencia mundial, imagínese por un momento el precio que tendrá que asumir un país como España para que el Tesoro logre colocar sus bonos. Simplemente insostenible desde todos los puntos de vista. Tan sólo existen tres vías para asumir tales desafíos: aumentar impuestos, recortar drásticamente el gasto público o confiar en que una inflación elevada suavice la carga de la deuda.

Puesto que el desmantelamiento del Estado de Bienestar al estilo californiano es muy improbable en un país gobernado por socialistas e incluso populares, los españolitos de a pie se enfrentan a un nuevo expolio fiscal (la inflación también es un impuesto, el peor de todos). Y ello, sin contar que el endeudamiento público es el principal culpable de la restricción del crédito a ciudadanos y empresas, y que la degradación crediticia del Estado forzará, tarde o temprano, a subir los tipos de interés de los préstamos hipotecarios y de consumo. En definitiva, todo ventajas, ¿verdad? Menos mal que los políticos saben lo que hacen y trabajan siempre en el beneficio e interés de los ciudadanos. Insisto… ¡Menos mal!

El Tesoro agujerea su bolsillo

El presunto experto en economía ofrece sus recomendaciones, que a menudo se presentan como exigencias ineludibles: tal sector debe reducir su tamaño (la construcción, las finanzas), y tal otro sector debe ser ayudado a crecer (las energías renovables, todo lo relacionado con tecnología, investigación y desarrollo). Se apoya el intervencionismo estatal al mismo tiempo que con total desfachatez se pretende que vivimos en una economía de libre mercado (que además se asegura fue el causante de la crisis por no estar adecuadamente vigilado por el Estado).

El planificador que quiera aparentar seriedad y profundidad intelectual propondrá una gestión científica de su plan de intervención: será necesario fijar objetivos y plazos, establecer métricas y controles de cumplimiento, coordinar esfuerzos para que las distintas subtareas del plan sean complementarias y consistentes. El ingeniero social da recomendaciones u órdenes a otros pero rara vez tiene la iniciativa de lanzar un proyecto empresarial propio que aproveche su presuntamente vasto conocimiento y las oportunidades de negocio de la crisis y así corregir los problemas de la situación anterior. Y normalmente se olvida mencionar que el "impulso" estatal para un determinado sector siempre se produce a costa de otros ámbitos sociales y violando los derechos de propiedad de los ciudadanos sobre sus posesiones.

Este abuso de la ciencia económica es muy común y no parece que vaya a dejar de producirse a corto plazo dados los paradigmas dominantes. La mayor parte de los economistas desconocen los problemas de fundamentación epistemológica de su disciplina, y tampoco conocen las diferencias entre el economista y el empresario, entre el conocimiento teórico, abstracto, objetivo y articulado y el conocimiento práctico, concreto, subjetivo y no articulado que permite el funcionamiento de los mercados. Tratan la economía como un problema de física o de ingeniería cuando es en realidad un problema de biología, de evolución, de adaptación, de cognición, de coordinación.

Los gobernantes no suelen hacer mucho caso al economista que les dice que las sociedades son órdenes espontáneos complejos imposibles de diseñar intencionalmente, y que la coacción legal y la ingeniería social no funcionan y son destructivas. El político quiere parecer alguien que hace algo para resolver los problemas, es incapaz de reconocer que es el causante de esos mismos problemas y que la auténtica solución está en que se quite de en medio. No suelen dejar que el sistema se ajuste a sí mismo mediante la flexibilidad de precios, la libertad contractual, la quiebra y liquidación de los proyectos fracasados y la acumulación de beneficios para los exitosos. Dedicarse solamente a gestionar lo auténticamente colectivo y a garantizar la seguridad jurídica no es compatible con sus ambiciones de poder sin límites.

Son los auténticos empresarios quienes lanzan propuestas de modificación del sistema económico, arriesgando sus propios recursos (más los de quienes hayan confiado en ellos) e intentando predecir las preferencias de los consumidores, quienes con sus decisiones últimas de compra, ahorro o inversión son los auténticos soberanos.