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Abstente contra la Unión Europea

La hostilidad está justificada: la UE es un lastre para la economía y un peligro para la libertad de los británicos y el resto de europeos. Por eso espero que mañana el UKIP, el partido que defiende sin ambages la emancipación de Gran Bretaña de esta Unión crecientemente política y burocrática, reciba un fuerte espaldarazo. El UKIP (United Kingdom Independence Party) ya tiene nueve diputados en Bruselas, y algunos sondeos lo sitúan por delante del laborismo después del escándalo de los gastos parlamentarios en Westminster. Si el Partido Conservador y el UKIP consiguen una mayoría, el euroescepticismo se anotará una importante victoria. 

La Unión Europea tiene sentido como área de libre comercio donde bienes, capitales y personas se desplazan sin barreras legales. Pero desde hace años asistimos a la concentración de poder en Bruselas en ámbitos que van desde la justicia al medio ambiente pasando por la regulación del comercio o del mercado laboral. Estamos ante la construcción de un Estado supra-nacional que va sustrayendo a los gobiernos sus prerrogativas y tiene el potencial de convertirlos en meras administraciones provinciales. Algunos se preguntarán qué hay de malo en eso. Mucho.

Empezando por lo anecdótico, el escándalo de los gastos parlamentarios en el Reino Unido palidece ante las cifras de Bruselas, que ahora están empezando a airearse en la prensa inglesa: 420.000 euros en gastos anuales por diputado, incluyendo 302 euros de dietas diarias y 52.800 euros para gastos de oficina sin necesidad de facturas. Una cuarta parte de los diputados emplea a sus esposos para quedarse con una mayor parte del botín. Jens Hom, parlamentario sueco, declaró haber recibido 2000 euros por cada uno de sus viajes a Estocolmo, pese a que le costaban sólo 500. Horn dijo que donaba la diferencia, pero que la mayoría de parlamentarios se la embolsaba. La prensa apenas denuncia este atropello porque está segmentada por países y lenguas y pendiente de noticias nacionales. Lo que pasa en Bruselas queda muy lejos y a nadie le importa. Sin embargo lo que se decide en ese parlamento de 785 diputados casi anónimos nos afecta a todos. Para mal.

Tomemos el caso del Reino Unido. El 50% de las regulaciones que se aplican en el país vienen de Bruselas, y sus costes representa el 72% del total. Si la tendencia continúa, un estudio de Open Europe ha estimado que en 2018 cada familia inglesa habrá pagado 16.500 euros para costear todas las regulaciones desde 1998. Eso no incluye el coste de oportunidad de la "sobre-regulación" (aquella riqueza que se deja de producir porque se obstruye "demasiado" el mercado), que está cifrada por otro estudio en 32.400 millones de euros al año, o 1200 euros por contribuyente. El comisario europeo Gurten Verhuegen citó estudios que situaban el coste de las regulaciones de la UE en el 3,5% del PIB para los Estados miembros. Actualmente se aplican en Europa 24.500 normas legales con origen en Bruselas.

Suiza hizo balance de costes y beneficios cuando se planteó entrar en la UE y concluyó que ser miembro pleno iba a costarle seis veces más que los actuales tratados de libre comercio y libre movimiento de personas que tiene con Europa. ¿Por qué no se escinde España de la UE y hace como Suiza? El Estado español es recipiente neto de ayudas, pero los ciudadanos seguimos perdiendo: las regulaciones europeas tienen ingentes costes directos e indirectos, la PAC encarece nuestra cesta de la compra, y cada euro destinado a Bruselas estaría mejor en nuestro bolsillo.

Algunos creen que el problema es que en Bruselas no gobiernan los "suyos". No. El problema es la centralización política, que siempre debería despertar suspicacias ya ocurra en Madrid, en Bruselas o en la ONU. A más centralización, menos competencia. En el mercado, si una empresa sube sus precios o nos ofrece un mal servicio vamos a la competencia. En el terreno político no gozamos del mismo "derecho de salida", pues el Estado es un monopolio jurisdiccional. Pero sí podemos emigrar a otro Estado si las cosas empeoran mucho. Cuantos más Estados haya y más cerca se encuentren, más fácil será deslocalizar nuestra empresa si suben los impuestos, o exiliarnos si las leyes se vuelven muy represivas.

La descentralización tiene dos ventajas. Primera, a igualdad de circunstancias cuanto más pequeña es una unidad política menos atractivo resulta el proteccionismo, pues necesita comerciar más con el exterior. Segunda, un mayor número de unidades políticas facilita el "voto con los pies" y la competencia fiscal entre administraciones para evitar la deslocalización y atraer capital (por eso está desapareciendo el impuesto de sucesiones en España y se ha reducido el de sociedades en Europa).

Por desgracia no hay ningún partido español que tenga el buen juicio de defender la secesión de España de la unión política europea (que no económica). Así que me decanto por la abstención, siempre atractiva, que no envía inequívocamente el mensaje anti-UE que me gustaría, pero que como mínimo denota pasotismo y desprecio hacia ese Estado que crece a la sombra en Bruselas.

Unas críticas al cheque escolar

Atribuido a Milton Friedman aunque ya propuesto por Thomas Paine en el siglo XVIII y debatido en Francia en 1870, el cheque o bono escolar ondea como bandera de la libertad en la enseñanza. Los que lo defienden aseguran que es la opción que aporta más de este principio a las familias así como incentivos a la mejora de los centros educativos.

Las variedades de cheque escolar son muchas pero la relevante para los liberales que lo defienden es la de cheque ilimitado (sin zonificación escolar o adscripción de colegio por residencia u otros motivos), suplementario (que el usuario pueda aportar una cuantía adicional con sus propios fondos) y con transporte incluido. Admitir un cheque escolar con más restricciones significaría una diferencia tan mínima respecto del actual sistema que apenas es digno de comentar.

El cheque, se dice, aumenta la capacidad de elegir de los padres. Así, éstos encontrarán mayores niveles de satisfacción. Además, los centros, al competir por atraer a los alumnos, tendrán un incentivo para mejorar su gestión, docencia, instalaciones, etc. Visto así parece sencillo y lo es, quizá, en exceso.

Lo que el bono no cuestiona es el sistema de enseñanza pagado con los impuestos. Parte de que el Estado aporta los fondos a los colegios para su funcionamiento garantizándolos al completo para las etapas obligatorias y para los de titularidad pública fuera de ella. Que la enseñanza esté a cargo de los tributos entra en la lógica de considerarla como un bien público básico, que debe ser garantizado a todo el mundo, productor de igualdad de oportunidades así como generador de unas externalidades positivas que benefician a todos en general y que, por consiguiente, todos deben pagar. En eso los partidarios del cheque escolar están de acuerdo con los que mantienen una enseñanza sin capacidad de elegir para los padres. Los argumentos del bien público y las externalidades se adornan con correlaciones estadísticas más que cuestionables que no son el objeto de este comentario. Unas, vinculan la enseñanza con el falaz PIB y otras, los salarios o el empleo con el nivel de instrucción.

Lo definitorio del bono escolar es que el usuario del servicio decide con su elección a qué colegio irá el subsidio. Pero el dinero de los impuestos sigue estando sometido a los condicionamientos habituales. Partiendo de que el Estado detenta la representación de la voluntad general (bajo los mecanismos democráticos o no que estén en vigor), la concesión de fondos se aplica bajo la premisa ideológica de establecer los fines del servicio público en cuestión. En el caso de los colegios, éstos, a cambio de ser sostenidos, deben seguir la orientación pedagógica que marque el estado: qué contenidos enseñar, cómo enseñar y cuáles han de ser los resultados de la enseñanza.

En un hipotético sistema de cheque escolar, como el definido arriba, los requisitos burocráticos públicos contradicen la dinámica liberal que se introduce. Habría que prever que el bono puede acabar en que unos colegios hayan de cerrar (los de zonas de escasa población, por ejemplo) y otros ampliar sus instalaciones en zonas donde, por añadidura, habría otros centros con aulas vacías a consecuencia del nuevo sistema. El resultado de las elecciones de los padres puede, en suma, acabar divergiendo respecto de la actual distribución zonal de los colegios que se considera, por imposición administrativa, eficiente y satisfactoria pues, simplemente, la libertad está plenamente ausente. El cheque puede hacer variar las dimensiones de los colegios y acabar desajustando la situación burocrática e ineficiente del presente, con situaciones nuevas, como la del cierre de unas aulas y la infrautilización de otras, que serán vistas como contradictorias con la esencia de la misma gratuidad. Desde una perspectiva liberal es, sin duda, irrelevante ante el incremento de libertad. Pero, en este contexto y dado que la gratuidad implica que el Estado, garante del místico interés general, ha de asegurar la equidad social y territorial, ¿aguantaría el cheque los ataques que sufriría desde estos principios? Pienso que no. Si hay consenso en torno a ellos, los partidarios del cheque se verían arrinconados por la argumentación.

Para introducir el cheque, como medida transitoria hacia la rápida y plena libertad empresarial en la enseñanza, el principio de gratuidad debe ser combatido. Por el contrario, las experiencias existentes lo restringen como instrumento de liberalización y se utiliza como mecanismo de eficiencia en el gasto, compensación de desigualdades e incremento de la sensación de satisfacción del usuario.

En el sistema actual, que hace desaparecer toda opción a la libertad, la ficción de que se logra el equilibrio y la equidad es mayor que en un sistema mixto, libertad-gratuidad, como el que preconizan los propagandistas del cheque. La reducción de la equidad que conlleva atenta contra el principio consensuado. La viabilidad del cheque escolar, que podría existir, está condicionada, por ello, al cuestionamiento frontal de la presencia de dinero público en la educación y a una tendencia decidida de retirada del mismo.

Además, tratándose de que el Estado regula la extensión, contenido y modos de la educación al subsidiarla, el problema de los costes de un modelo de bono que acepta la gratuidad apenas difiere del que se presenta en el actual, que se centra que el bloqueo de una función empresarial impulsora de la creatividad pedagógica, la diversidad docente y la multiplicación de modos de financiación. Los costes de la gratuidad son, pues, altos. ¿Cómo podríamos estar en términos educativos si el Estado no fuera nuestro principal docente, con o sin cheque?

Prietas las cejas

El salón de actos del Círculo de Bellas Artes estaba desangelado, con las filas centrales ocupadas en su mayor parte por políticos socialistas, aunque en honor a la verdad hay que añadir que también se dejaron ver por el lugar algunos rostros juveniles de artistas que están comenzando en la profesión como Rosa León, comunista y autora del megahit Debajo un botón ("debajo un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin, había una subvención, ción,ción, de Leire Pajín, jin, jin").

El que Leire Pajín exija a sus empleados del artisteo que vuelvan a hacer la astracanada de tocarse la ceja pidiendo el voto para el PSOE es algo normal que, además, entra en su sueldo como dirigenta del partido. También lo es en el caso de la nueva ministra de Cultura, si bien en menor medida dado que hasta hace unos meses estaba al otro lado del mostrador trincando subvenciones en lugar de repartirlas (un poquito de decoro, Sinde, por favor). Pero lo que sorprende es el argumento empleado por ésta última para reclamar que, además de pagar vía impuestos un sobreprecio estratosférico por el trabajo de "las gentes de la cultura", cuyas obras apenas interesan a nadie, los españoles lo hagamos también con entusiasmo.

Según González-Sinde refiriéndose a los artistas de la subvención, "quien tiene ideas limpias no falta el respeto a los trabajadores, no insulta a los artistas, no es intolerante; defiende siempre a quienes se esfuerzan, a los creadores, defiende con verdadero patriotismo nuestra cultura". Sin embargo son sus protegidos los que insultan a quienes no piensan como ellos en materia política ("derecha cerril y reaccionaria" a la que hay que aislar mediante "un cordón sanitario"), ellos quienes faltan el respeto a los trabajadores cuyos bolsillos esquilman anualmente y ellos, finalmente, quienes hacen gala en su proceder diario de una absoluta intolerancia hacia los que, a diferencia suya, tenemos una idea decente de la vida.

En cuanto al patriotismo esgrimido por la ministra como razón última para apoyar a sus excolegas, resulta pintoresco que se reclame ese hemipléjico amor a la patria para pedir dinero con destino a unos cineastas y otros creadores que jamás utilizan ese concepto en sus obras, excepto para ridiculizarlo como un anacronismo propio únicamente de fascistas encubiertos.

Por eso cuando oigo a un progre hablar bien de la patria inmediatamente me cambio la cartera de bolsillo. Espero que no me lo tomen a mal; es sólo por precaución.

¿PP o UPyD?

Sin embargo, desde que Rajoy decidió echar desdeñosamente de su partido a los liberales, existen dudas más que razonables de que el PP quiera y pueda seguir representándonos mínimamente. De hecho, las dudas son de tal entidad que algunos liberales incluso han apostado en los próximos comicios por un partido afín a la izquierda como UPyD.

Es normal, por consiguiente, que muchos liberales no tengan muy claro qué votar el día 7. Mi propósito con este artículo no es más que analizar las propuestas de política económica contenidas en los programas electorales de PP y UPyD, para ver cuáles son más acertadas y respetuosas con la libertad de los europeos. Descarto a Izquierda Unida por motivos obvios y al PSOE, porque se ha embarcado en una batalla ideológica contra el libre mercado que muchas veces hace que sea igual de inútil y peligroso que los comunistas.

Dividiré mi análisis en los cuatro grandes campos que podríamos asociar con las políticas económicas de la UE: la política agraria, la política monetaria, la política energética y una miscelánea de regulaciones sociales varias.

Política agraria

Ninguno de estos dos partidos pretende introducir cambios verdaderamente profundos en la configuración de las políticas económicas europeas. En general, son defensores del statu quo o, en todo caso, unos reformadores timidísimos. La agricultura no es una excepción.

Ni el PP ni UPyD piden la eliminación de la PAC, ese costosísimo programa de protección de los agricultores y ganaderos europeos a costa de los consumidores y productores extranjeros. Por consiguiente, para decidir quién tiene una actitud más liberal en este campo habrá que fijarse en la intensidad y decisión con que defienden la PAC.

Pues bien, el PP es mucho más entusiasta que UPyD a la hora de mantener este engendro intervencionista, y apuesta sin dudarlo por conservar la PAC más allá de 2013, por no recortar en absoluto los multimillonarios fondos que se transfieren a los agricultores y ganadores, por poner en marcha "instrumentos de intervención" en el mercado y por primar la producción agrícola europea frente a la del Tercer Mundo mediante aranceles. En otras palabras, el PP se postula sin complejos como la punta de lanza de los intereses del lobby agrícola dentro de Europa. Nada que debiera sorprendernos, viendo dónde tiene sus graneros electorales.

Por su parte, UPyD, si bien pretende conservar la PAC, trata de orientarla hacia el lado más empresarial. Su objetivo es lograr la conservación del campo europeo no mediante la subvención, sino tratando de incrementar su competitividad. Desde luego, se trata de un objetivo condenado al fracaso, pero al menos denota una perspectiva más amistosa para con el mercado.

Pero lo más importante es que UPyD pide la eliminación de los aranceles para los productos agrícolas y ganaderos del Tercer Mundo. Es cierto que esta excelente idea la matiza exigiendo a estos países que sus condiciones laborales, medioambientales y sanitarias sean homologables a las europeas (esto es, propone establecer restricciones no arancelarias al comercio y arrebatar a aquéllos su ventaja competitiva frente a Occidente), pero al menos acierta cuando dice:

Parece poco coherente apostar por la ayuda a los [países del Tercer Mundo] mientras que al mismo tiempo se ponen trabas y gravámenes de todo tipo a los productos con que estos países tratan de entrar en nuestros mercados.

Dado que el PP también apoya las restricciones no arancelarias, con tanto o mayor ímpetu que UPyD, esta última formación tiene decididamente una postura más liberal que la primera en el ámbito agrario.

Política monetaria

Ni PP ni UPyD defienden (faltaría más) una política monetaria sensata, basada, por ejemplo, en la abolición de las leyes de curso forzoso y la libertad de emisión de moneda, o, en su defecto, en un retorno al patrón oro por parte del Banco Central Europeo. Tampoco nada sorprendente. Así las cosas, deberemos analizar sus propuestas de política monetaria en función de su semejanza con un régimen de libertad monetaria y por cómo afectarían al patrimonio de los europeos.

El PP propone que el BCE se limite a cumplir con su objetivo de dar estabilidad a los precios (en el rubro precios incorpora acertadamente los de los activos financieros e inmobiliarios, a diferencia de lo que sucede ahora). Asimismo, pretende limitar la capacidad de endeudamiento de los Estados bajo el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Las dos son propuestas bastante sensatas (evitar las expansiones crediticias y reforzar la calidad de la deuda pública), que limitarían la inflación y protegerían el patrimonio de los ciudadanos.

Sin embargo, este acierto se ve ensombrecido por algunas extrañas contradicciones (propone que el BCE baje los tipos de interés y expanda el crédito para que los Estados puedan endeudarse con menos cortapisas) y ataques frontales a la libertad como su propuesta de armonización tributaria europea y su respaldo a la persecución de los paraísos fiscales. Parece que el PP, lo que nos quiere ahorrar por el lado inflacionario no los quiere quitar por el impositivo.

UPyD también presenta en su programa la muy acertada idea de incorporar los activos inmobiliarios y financieros a los precios en que debe fijarse el BCE para establecer su política monetaria, pero, incomprensiblemente, pretende expandir los cometidos de dicha entidad a la promoción del empleo (esto es, expandir artificialmente el crédito para generar booms artificiales en la economía que aumenten de manera temporal el empleo), en lugar de limitarlos a que vele por la estabilidad de precios.

Además, UPyD no sólo no defiende la restricción del endeudamiento público que sí propone el PP mediante la reforma del PEC, sino que aboga por éste. Y, por si fuera poco, también defiende la armonización fiscal. En otras palabras, sienta las bases para una mayor expansión crediticia, una deuda pública de peor calidad y una subida de impuestos.

Aunque por poco, en este punto el PP presenta un programa más liberal.

Política energética

Ninguno de los dos propone levantar las restricciones al mercado eléctrico, esto es, a la regulación de tarifas y a la configuración de las fuentes energéticas a las que pueden acudir los distribuidores. Ambos, pues, aceptan el modelo de planificación cuasi soviético que nos han impuesto los burócratas europeos y nacionales.

Tanto PP como UPyD hablan de diversificar el mix energético con una apuesta por las renovables, obviando los enormes perjuicios que las ayudas públicas a este sector están provocando en la economía. Por otro lado, ambas formaciones se muestran, afortunadamente, partidarias de reabrir el debate nuclear.

Por consiguiente, en este punto ninguna de las dos tiene una posición más claramente liberal que la del otro.

Miscelánea social

En los dos programas se presentan de forma más o menos dispersa una serie de propuestas destinadas a modificar eso que se ha dado en llamar "la Europa social", modelo que ninguno se plantea reformar, facilitando la transición hacia, por ejemplo, una sociedad de propietarios.

En esa Europa social cabe de todo, pero, básicamente, PP y UPyD piden mejorar la calidad de la enseñanza para que pueda ser el principal activo de los ciudadanos. Craso error: la educación –especialmente tal y como está planteada ahora mismo– sólo es un activo complementario para el mercado laboral, pero no uno que permita al individuo alcanzar la autonomía financiera (en cambio, la autonomía financiera, en tanto exime de la necesidad de trabajar, sí permite mejorar el nivel educativo del individuo). Por consiguiente, en lugar de favorecer una sociedad de propietarios responsables de sus ahorros e inversiones y de presionar por reducir las cargas impositivas, se empecinan en apoyar un sistema que claramente tiende a consolidar la proletarización de la gente (una sociedad de trabajadores y autónomos en lugar de una de propietarios de activos financieros y reales).

En general, las propuestas de ambas formaciones en este epígrafe son negativas para la economía y la libertad. El PP pretende crear un IVA verde y UPyD, un impuesto sobre las emisiones de CO2; ambas se oponen a la posibilidad de que un empresario y un trabajador pacten una jornada laboral de 65 horas semanales (con lo que apuestan por forzar a los trabajadores que quieran seguir esta jornada a buscar dos empleos distintos, con lo que eso supone de merma de productividad y pérdida de tiempo); y ambos (especialmente el PP) abogan por una cierta discriminación positiva a favor de la mujer (por aquello de permitirle conciliar la vida laboral y familiar), que sólo tiende a dificultar dificultar la contratación de las mismas por parte de las empresas.

En este apartado sólo sería capaz de señalar una propuesta positiva en cada uno de los partidos. El PP parece mostrarse partidario de incrementar la información accesible a los pacientes, lo que podría significar un levantamiento de la prohibición de la publicidad a las farmacéuticas (que encarece la investigación y eleva el precio de los fármacos), y UPyD propone prohibir la posibilidad de adoptar moratorias sobre los derechos fundamentales como el que reconoce la libertad de circulación de los trabajadores (lo que enterraría la típica tentación intervencionista de restringir la inmigración con retórica xenófoba, tal y como sucedió con la campaña del fontanero polaco).

Aquí, al igual que en el epígrafe anterior, tampoco hay un partido claramente más liberal que el otro: casi todo son puntos negativos, y los positivos se compensarían.

Así pues, PP y UPyD quedarían más o menos empatados en liberalismo (o antiliberalismo, según se mire). Me inclino a pensar que, mirando el conjunto, UPyD tiene un programa económico ligeramente más liberal que el PP (sobre todo por la política agraria de este último), pero, lo dicho, la diferencia es escasa. Otra cosa sería hablar de libertades en general, más allá del ámbito económico.

En todo caso, si quiere saber el sentido de mi voto, le diré que me abstendré: la farsa bruselense me parece de tal calibre, y tan contraria a nuestras libertades, que frente a ella no parece haber otra opción razonable que hacerle el vacío en las urnas.

¿Bingo?

Bajo la idea de que alrededor de dos tercios de las personas que usan Google o Live Search los emplean para tomar decisiones, han decidido huir de la etiqueta de "buscador" para promocionarse como un "motor de decisiones". Pero, ¿realmente ha cambiado tanto el producto de Microsoft como para merecer semejante inversión?

Bing es notablemente parecido a Google, lo cual es bueno. Cuando un producto tiene un éxito tan abrumador, querer diferenciarse en exceso es un camino seguro al fracaso. A primera vista, lo que sorprende es que manteniendo la sencilla interfaz que se ha convertido en estándar, el buscador de Microsoft incorpora una fotografía de fondo que lo hace más atractivo, aunque también tarde algo más en cargar. Pero lo que importa, claro, son los resultados.

Aparte del cachondeo en la blogosfera a costa de los muy relevantes resultados de buscar vídeos de "porno" o "sexo", lo cierto es que Bing ofrece ­–a mi entender– resultados ligeramente peores que Google. También es verdad que es posible que se deba a que busco términos en español, apartado en el cual casi todos los buscadores lo hacen peor. En cualquier caso, el elemento diferenciador de Bing sólo está disponible en inglés y es la personalización de resultados dependiendo de los términos de búsqueda, especialmente si éstos se refieren a una compra.

Pongamos, por ejemplo, que buscamos un hotel en Nueva York. Tanto Google como Bing ofrecen anuncios, un mapa con varios hoteles señalados y luego el listado de enlaces. Sin embargo, el buscador de Microsoft permite encontrar ofertas e integra rankings, comentarios y otras formas de facilitar que tomemos una decisión. En general, cuando se compara uno con otro, es precisamente a la hora de buscar un hotel, un coche que queramos comprar o una película que deseamos ver donde Bing muestra sus mejores bazas. Desgraciadamente, y según los planes de Microsoft, puede que tardemos hasta año y medio en disfrutar de estas características en nuestro país e idioma, y quién sabe qué habrá hecho Google a esas alturas.

Pese a que su nueva apuesta es una mejora, y cuenta además con la ventaja de tener un nombre que no se asocia con su marca, el problema de Microsoft es vencer la excelente imagen de Google y doblegar la fuerza de la costumbre. Hoy día, y más en España, buscamos en Google. Y punto. Una investigación interna del gigante de las búsquedas mostró que los internautas, enfrentados a los resultados de otros buscadores, los preferían si se mostraban con el logotipo y la imagen de Google. Es curioso que incluso cuando la competencia está a un solo click de distancia, nuestro cerebro nos aleje aún más.

Government Motors (GM)

Tras diversos rescates públicos, constantes inyecciones de liquidez y planes de reestructuración dictados por los políticos, GM y Chrysler se han declarado en bancarrota. De nada ha servido la intervención gubernamental para salvar a estos gigantes de la automoción estadounidense. El mercado manda y, tarde o temprano, impone su sabia ley: la oferta se tiene que ajustar a la demanda y la mala gestión empresarial acaba pasando factura.

General Motors se ha convertido en la mayor quiebra industrial de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, pese al rotundo fracaso del Gobierno, Obama ha decidido nacionalizar la compañía con el falaz pretexto de evitar una "catástrofe" económica. Así, el 70% de la nueva empresa pasará a manos de las autoridades públicas. Nace, pues, la Government Motors (GM).

Parece que los políticos no aprenden. De hecho, vamos de mal en peor. El auxilio estatal prestado hasta el momento a los Grandes de Detroit ya se ha cobrado una elevadísima factura para el bolsillo de los contribuyentes. En concreto, tras la intervención pública de GM, cuyo coste asciende a 30.000 millones de dólares, el Ejecutivo ha despilfarrado ni más ni menos que 110.000 millones de dólares en la industria de la automoción: 50.700 millones para GM, 15.500 para Chrysler y más de 14.000 millones de dólares para rescatar a sus respectivas financieras –dedicadas a conceder créditos–, entre otras ayudas.

Para que se hagan una idea, tal cifra equivale al 10% del PIB de España. Un valioso dinero que ha sido tirado a la basura. Ambas compañías han quebrado y su necesaria reestructuración será inevitable. La costosa intervención del Gobierno tan sólo ha prolongado la agonía a cargo de los contribuyentes.

Lo peor, sin embargo, es que ahora el Estado se ha convertido en el gran motor de la industria automovilística del país tras la nacionalización de GM y Chrysler. Washington también fabricará coches. Obama preside en estos momentos la mayor empresa de automoción del mundo (el Tesoro es accionista mayoritario). Así pues, los problemas aún no han terminado.

Y es que, coches y Gobierno constituyen una "mala mezcla", tal y como advierte Jeffrey Tucker. El sesgo político no sólo desvirtúa necesariamente toda gestión empresarial sino que, además, la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo se extiende por igual a todas las empresas que acaban bajo el control del Gobierno. La planificación política no opera con precios de mercado, señales básicas para el empresario.

Por ello no es de extrañar que este tipo de experimentos acabe en rotundos fracasos. ¿Es que acaso es necesario recordar la historia de la marca Dacia en la Rumanía comunista de Nicolae Ceaucescu? ¿O la maravilla del Trabant en la Alemania Oriental? ¿O el ahora prestigioso Jaguar bajo la dirección del Gobierno británico antes de su privatización? El zar de la automoción rumana bajo el yugo socialista refleja a la perfección sus experiencias.

Lo mismo sucede en otros sectores. ¿Se han preguntado por qué TVE siempre ha sido y será deficitaria? ¿O las pérdidas de Telefónica cuando era propiedad del Estado? ¿La inoperancia de la Seguridad Social? ¿El coste de las renovables? ¿El agujero negro de la agricultura subsidiada?

Y ahora me pregunto… ¿asistirá Estados Unidos al nacimiento de un nuevo coche del pueblo (Volkswagen) al estilo hitleriano? Visto lo visto, nada parece ya descartable.

¿Funciona? No

Ahora resulta que el Ejecutivo ha conseguido darle la vuelta a la irresistible tendencia de destrucción de empleo en nuestro país y ya parece que estamos a punto de terminar una crisis que hasta hace nada se nos aseguraba que no habíamos comenzado. Poco importa que para dejar de añadir centenares de miles de parados a una población activa casi desempleada en un 20% haya sido necesario invertir varios miles de millones de euros en cualesquiera proyectos públicos.

Si de lo que trataba todo era de esto, de tener ocupados a los españoles –y no de que generen riqueza– mientras la crisis seguía carcomiendo lo que erróneamente creímos que era una economía sólida y competitiva, Zapatero bien habría podido dar empleo no a apenas 25.000 ciudadanos, sino a 60 veces más. Es sencillo, basta con el dinero presupuestado en fondos de inversión local (13.000 millones de euros) se destine a contratar a 1,5 millones de españoles, pagarles durante un año un salario mensual de 700 euros y dedicarlos a las tareas más elementales que podamos imaginar: vigilar que la población de cabras salvajes no descienda, replantar árboles para que las ardillas puedan volver a circular por España y avisar a los servicios meteorológicos de que las nubes adelantan tormenta.

Cierto, sería un modelo productivo bastante empobrecedor, ¡pero habríamos creado un millón y medio de empleos! El Gobierno no sólo le habría ganado la partida al paro, sino que lo habría devuelto durante un año a sus mínimos históricos. Qué maravilla.

Alguien debería explicarles a los socialistas y a su comparsa mediática la diferencia entre crear puestos de trabajo y crear riqueza. Lo primero es relativamente sencillo, basta con tener un saco lleno de dinero y desparramarlo entre la población; es la versión adulta del ir a dar vueltas al patio en la escuela, el sujeto no hace nada productivo pero se lo mantiene ocupado. Lo segundo es lo realmente complicado y lo que no parece que el PSOE esté logrando. Consiste en que las industrias nacionales generen año tras año más bienes y servicios de los que demandan los españoles (o los extranjeros, en el caso de intercambios internacionales). La diferencia es esencial: crear empleo sin crear riqueza implica que ese empleo se mantendrá en tanto en cuanto quede algo de riqueza ajena por rapiñar; es como devorar poco a poco la gallina de los huevos de oro. De hecho, el empleo sólo es sostenible cuando constituye una manifestación de una creación previa de riqueza, no al revés.

Sin embargo, con las monsergas de nuevos modelos productivos (que en realidad no son más que los modelos productivos del Paleolítico: someterse a la naturaleza y malvivir al borde de la inanición), el Ejecutivo sólo está financiando puestos de trabajo sin otro uso y finalidad que el puesto de trabajo en sí mismo. Y así, claro, hasta un analfabeto económico como el presidente del Gobierno puede reducir el paro; cuestión distinta es que salgamos de la crisis y no nos estemos empantanando más en ella.

Y es que convendría no confundirse. Precisamente porque esos puestos de trabajo dependen de los fondos públicos que perciben, en cuanto estos terminen –y en algún momento terminarán– el paro volverá a sus niveles anteriores y, lo que es peor, la recuperación será todavía más lenta y complicada por haber despilfarrado los escasos recursos con los que contábamos.

Ahora bien, no deja de haber una cierta justicia poética en que el paro haya comenzado a remitir justo unos días antes de las elecciones europeas. Cuando el único discurso del principal partido de la oposición ha consistido –Falcon aparte– en repetir hasta la saciedad la cifra de cuatro millones de parados sin dotarla de contenido ideológico alguno, pues pasa lo que pasa. Ahora tendrán que comerse con patatas el discursito de que la economía empieza a recuperarse, y ello a pesar de que Zapatero sólo se la esté cargando con el creciente endeudamiento público. Bien merecido se lo tienen; nosotros, los ciudadanos, no tanto.

El error de las ayudas al sector del automóvil

El sector del automóvil está sufriendo un fuerte frenazo. Considerado por muchos analistas como la columna vertebral de la industria española, este sector significa el 8,5 % del PIB, el 25% de las exportaciones y alrededor del 8% del empleo a nivel industrial. Ante este gris panorama, el Gobierno español ha decidido acudir al rescate del sector, como era de esperar.

Cuando un Gobierno decide proteger o fomentar un determinado sector de la economía, lo puede hacer de distintas formas: estableciendo precios máximos o mínimos, imponiendo aranceles o mediante subvenciones, entre otras. En el caso español, Zapatero ha apostado por solucionar la situación del sector automovilístico mediante ayudas y subvenciones directas, argumentando que la caída de este sector arrastraría a otros muchos sectores y, por tanto, a toda la economía del país. Mediante el plan2000E se promete una subvención de hasta 2000 euros para la adquisición de un automóvil: 500 euros los aportaría el gobierno central, 1000 euros los fabricantes y 500 euros las comunidades autónomas que lo deseen.

Es cierto que la crisis de un sector como el automovilístico es perjudicial para la economía española. Pero lo que no está tan claro es que las medidas que ha propuesto el Gobierno socialista sean convenientes. Bajo mi punto de vista, no sólo no van a constituir ninguna ayuda para los ciudadanos, sino que estas medidas de intervención van a producir unos efectos contrarios de aquellos que se pretendía lograr, como expondré a continuación.

Veamos. ¿Por qué se ha visto especialmente afectado el sector del automóvil por la crisis económica? La razón es que durante una crisis económica, los individuos suelen reducir su consumo, ya sea ahorrando o atesorando. Esto sucede principalmente por dos motivos. El primer motivo es que se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a sus futuros ingresos económicos. No saben si perderán su trabajo (si es que no lo han perdido ya), por lo que reducen su consumo para prevenir y anticipar momentos difíciles. Los primeros bienes y servicios que se resienten son los que los individuos consideran "un lujo", como es el caso de los automóviles, el turismo o el ladrillo. Estos gastos, como es lógico, se aparcan hasta que la situación económica sea más favorable y certera. Un segundo motivo por el que los individuos reducen su consumo es que observan como los precios de algunos bienes y servicios han disminuido y perciben que continuarán descendiendo en el futuro, por lo que deciden retrasar su consumo para hacerse con ellos a un menor precio en el futuro. Finalmente, a todo esto hay que unirle la dificultad de acceder al crédito (debido a la insolvencia de los bancos), cosa fundamental para la adquisición de un coche.

Ya solamente por esto que acabamos de exponer las ayudas al automóvil no funcionarán, porque como es obvio, alguien que está en paro (o cree que puede estarlo) no va a poder realizar una inversión en un coche simplemente porque rebajen su precio dos mil euros (en el mejor de los casos).

Pero es que además, las subvenciones al automóvil significan la transferencia de renta de los contribuyentes hacia ese sector. Todo lo que pierdan los ciudadanos será lo que gane el sector del automóvil. Es sencillamente un sistema de suma cero: todo lo que se les extrae a unos lo reciben los otros. Y esto significa que se transfiere riqueza coactivamente de unos sectores a otros de la economía, porque los ciudadanos no podrán gastarse el dinero que se les extrae vía impuestos en otras industrias, y éstas no obtendrán los ingresos que hubiesen tenido. El resto de industrias deberán disminuir sus ventas y restringir su producción para que se ayude y rescate al sector automovilístico. Los recursos, por tanto, no se asignarán eficientemente, ya que capital y mano de obra se trasladan a unas líneas de producción que en realidad no están siendo demandadas por la sociedad.

Se suele argumentar que hay que subvencionar directamente a la industria del automóvil porque si no dejará a muchos trabajadores en el paro en tiempos de crisis. Pero desgraciadamente para todos, es inevitable que haya desempleo en el sector. En su momento las empresas automovilísticas decidieron emprender nuevos proyectos de inversión animados por un aumento en la demanda provocada por las políticas de dinero barato orquestadas por los bancos centrales. Actualmente se han puesto de manifiesto estas malas inversiones, por lo que hay un exceso de recursos y mano de obra en ese sector debido a que los costes en que incurrieron las empresas no están realmente respaldados por ninguna demanda. La única forma de tratar esta situación de crisis es facilitar que los recursos y la mano de obra se trasladen a otros sectores más eficientes, rentables y competitivos.

Por tanto, la forma de luchar contra el desempleo en la industria del automóvil no es mediante subvenciones destinadas a intentar que las empresas conserven sus plantillas a toda costa (si no se quiere que las empresas quiebren o se vayan del país). Esto sólo significaría malgastar el ahorro de los ciudadanos, cuando lo que habría que hacer es favorecerlo, para que lo que se ahorra en bienes de consumo se invierta en bienes de producción.

La conclusión de las ayudas gubernamentales al automóvil es que, no sólo están beneficiando a un grupo a expensas de los demás, sino que están perjudicando a toda la economía del país porque se crea menos riqueza de la que se hubiera creado. No se puede querer solucionar un problema olvidando las reglas básicas de la economía. Sencillamente, perdemos y nos empobrecemos todos.

Internautas por la libertad en Cuba

Pedimos a todas las personas e instituciones defensoras de los derechos civiles en el mundo que contribuyan a esta movilización, y llamamos al gobierno cubano a:

  • Liberar a los presos políticos en Cuba
  • Levantar las prohibiciones que impiden a los cubanos entrar y salir de su país
  • Levantar las prohibiciones de acceso a Internet para los cubanos

La petición con la que arranca este artículo aparece hoy, 1 de junio de 2009, en cientos de bitácoras y otro tipo de webs en diversos idiomas. Esta jornada ha sido proclamada, sin que ningún gobierno ni organismo internacional intervenga en ella, como de "Movilización general web por los derechos y libertades de Cuba". Cubanos del interior de la Isla que, a pesar de las crecientes limitaciones al ya restringido acceso a internet en el país, se las arreglan de un modo u otro para mantener un blog y compatriotas suyos exiliados en Estados Unidos, España y docenas de otros países, así como personas de otras muchas nacionalidades se han puesto de acuerdo sin conocerse unos a otros para denunciar de forma conjunta a la tiranía castrista.

Internet lo ha hecho posible. Unos pocos blogs dedicados a la movilización, webs del exilio informando sobre ello, la noticia en algún medio digital generalista y un grupo en Facebook que resultó ser un éxito nada más crearse han demostrado la capacidad de movilización que ofrece la Red. Algo a lo que teme, y con razón, el régimen de La Habana. De hecho tiene tanto miedo a esta iniciativa que, de un día para otro, bloqueó cientos de direcciones de correo electrónico de cubanos del interior a las que se había enviado información sobre la jornada. Sin embargo, de una manera u otra, la información sobre este día habrá llegado a tiempo a muchos demócratas de la isla y antes o después otros tendrán noticias de lo que cientos de personas han hecho en numerosos países por la causa de la libertad en Cuba.

La participación de no cubanos es fundamental. Para todos los resistentes pacíficos a la dictadura que viven en la isla-cárcel supone un apoyo moral fundamental saber que no están solos. Les da ánimos para seguir adelante con su lucha, les da un impulso importantísimo ante el más que comprensible desaliento que surge ante la apariencia de que las cosas que no cambian. Y también hace temblar a los tiranos. A los dictadores de todo tipo les importa mucho la opinión pública del extranjero, saben que esta puede hacer recular a un Gobierno democrático a la hora de tomar medidas que favorecen a un liberticida. Por eso tratan de cuidar su imagen y ponen tanto esfuerzo en propaganda, algo en lo que siempre ha sido muy efectivo el castrismo.

Por todo ello, hoy 1 de junio de 2009 desde aquí nos unimos a internautas de todo el mundo para exigir libertad para los cubanos. No nos callamos ante la tiranía.

UPyD

Lo que nos importa es qué partido recibirá el voto mayoritario, quiénes tienen el suficiente apoyo como para obtener un eurodiputado, y cuál es el efecto en la vida interna de los partidos, PP y PSOE especialmente.

Considero que es urgente que desalojemos a los socialistas del poder, y el único partido que puede hacerlo es el Partido Popular. Y, hasta el momento, quien ha ganado las elecciones europeas en votos también lo ha hecho en las generales. Por eso es importante que el PP quede por encima de los socialistas en el recuento del 7 de junio.

Pero no es la única opción y es muy posible que no sea la mejor. Esta va a ser una prueba muy importante para UPyD, que se juega en no poca medida su futuro. Es un partido muy importante para nuestra democracia. Federico Jiménez Losantos siempre ha incidido, sin éxito, en la necesidad de que hubiese una izquierda liberal y democrática. Y el PSOE, como he aprendido con Zapatero, no tiene remedio. UPyD sí puede ser ese partido.

No se me diga que es socialdemócrata, porque lo es menos que el PP. Su presencia en la vida política es importante. Rompe la identificación de la izquierda con los nacionalismos disolventes y la de España con la derecha, y su discurso está lo suficientemente anclado en los derechos de los españoles como para dejarse llevar por los planes de transformación de España en otra cosa. Es una alternativa al PSOE dentro de la izquierda, bien que moderada. Y, por lo que se refiere al PP, también supone un freno a ese espíritu bizcochable que huele a kilómetros.

UPyD, con todo lo criticable que pueda ser, es una fuerza regeneradora de la política en España. Creo que merece la pena apoyarla en estos momentos.