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Derribos Robles

Hace poco esta mandarina del poder escribía en El Mundo una breve pieza almibarada titulada El Poder Judicial abre sus puertas, dentro de la que nos topamos con la siguiente perla: "La justicia es un servicio público que se debe a los ciudadanos y su órgano de gobierno tiene la responsabilidad de explicar lo que hace a los representantes de la soberanía popular".

Nótese el burdo silogismo que pretende hacer colar la ex viceministra sobre una premisa falsa. La Constitución no menciona la justicia como un servicio público, sino como el fin de un poder (judicial) encargado de impartirla. Los integrantes de este poder son unos jueces y magistrados dispersos, cuya intendencia corresponde a un órgano de gobierno del que Robles forma parte como vocal.

De cualquier modo, los defensores de esa atrabiliaria identificación soslayan que el concepto de servicio público exige un requisito negativo. Para ser encuadrada dentro de esa categoría, la actividad en cuestión no puede ser una función esencial a la soberanía del Estado, ya que en ese caso huelga toda consideración ulterior. Aunque no cabe negar la dificultad de distinguir cuáles deban ser las funciones del Estado, en un plano descriptivo sí cabe afirmar que la justicia –o, más exactamente, la jurisdicción– se concibe unánimemente por todos los Estados del planeta como una manifestación de su soberanía. Sirva de ejemplo la previsible pugna entre las jurisdicciones norteamericana y española que vamos a presenciar con motivo de la causa abierta por un juez de instrucción de la Audiencia Nacional contra unos militares de esa nacionalidad por el homicidio del periodista Couso en un escenario de guerra.

Por otro lado, el concepto de servicio público no parece más que una interesada sublimación de todo servicio que puede prestar un individuo a sus semejantes para dejarlo en manos del Estado. Si repasamos las actividades que han merecido ese calificativo en España –banca, sanidad, educación, energía, transportes, radio y televisión, abastecimiento de agua, correos, telecomunicaciones, lotería (¡!)– observaremos que, dentro de su heterogeneidad, comparten la nota común de estar sometidas a una intensa regulación y supervisión del Ejecutivo del Estado. La experiencia acumulada respecto a esos servicios públicos cuya prestación se reserva el Estado directamente o mediante concesiones monopolísticas a particulares, demuestra que los gobernantes más que servir al público se sirven del público. Con el pretexto de declarar determinados servicios indispensables para la vida de la sociedad, el Leviatán no para de crecer y acaparar funciones.

Que la justicia estatal se deba o se imponga a los ciudadanos (parece más descriptiva esta segunda opción, sin entrar en cuestiones sobre su legitimidad) no permite concluir que su órgano de gobierno tenga que explicar (léase rendir cuentas) lo que hace a los representantes de la soberanía popular. A no ser que se pretenda controlarlo y derribar la escasa independencia que mantiene, utilizando esa pantalla. Nada de esto tiene el más mínimo apoyo en la Constitución de 1978, sino en una ideología que va imponiendo por deslizamiento sus designios de controlar el poder judicial por quien debería estar controlado por él.

En este sentido, el proyecto del PSOE para controlar todo contrapeso al poder por antonomasia muestra, por encima de retiradas y fintas tácticas, una pavorosa y sorprendente continuidad desde los albores de la Transición. Para conseguirlo sus distintas piezas se especializan en las tareas encomendadas y modulan sus discursos según aconseje la jugada (como en inigualable confesión declaró un ministro cesado). El fragor de las noticias diarias puede hacer perder de vista que muchas declaraciones de intenciones son menos ñoñas de lo que aparentan.

En los primeros años noventa esta señora y sus compañeros de jefatura en el Ministerio recibieron la encomienda de "controlar los daños" que a su Gobierno causaron los crímenes y latrocinios de Estado de los años ochenta. Desde la Secretaría de Estado se encargó de cortar las "atenciones" con las que se obsequiaba el silencio de los célebres Amedo y Domingo. Después de una prolongada hibernación, durante la cual consiguió una notable promoción en la carrera judicial, vuelve al candelero con un estilo menos bronco, pero no menos peligroso que el sin par Bermejo. Ha nacido un nuevo servicio público del Gobierno: Derribos Robles. No me sorprendería que sustituyera pronto a Caamaño.

El Tribunal Supremo, aliado del Gobierno federal

Los medios de comunicación se afanan en describir a la verdadera Sonia Sotomayor, la mujer propuesta por Barack H. Obama para ocupar una vacante en la Corte Suprema. Los españoles, con acendrado racismo, tan acostumbrados a él que son incapaces de olerlo, han destacado de ella que es hispana. Los medios locales se preguntan si pertenece a la extrema izquierda, si es centrista, si es la anti-Roberts y demás. Es decir, no su color sino sus ideas. Ello tendrá relevancia para la historia de las próximas décadas, las que la juez Sotomayor ejerza su magistratura. Pero su última renovación es ocasión tan propicia como cualquier otra para valorar la función del Tribunal Supremo en la historia de la democracia americana.

La Constitución estadounidense no es un sistema cerrado, sino que otorga cierta libertad a las instituciones para su ulterior desarrollo. El Tribunal Supremo es, claro está, el que ejerce la última instancia. Esa función le lleva, naturalmente, a ser intérprete de la Constitución. Pero ello no quiere decir que sea el único. De hecho, las declaraciones de Kentucky y Virginia, escritas en 1798 por Jefferson y Madison, recordaban que los Estados son, cada uno de ellos, legítimos intérpretes de la Constitución de los Estados Unidos. Pero sólo cinco años más tarde, en la decisión del Juez Marshall en el caso Marbury vs. Madison, el Tribunal Supremo se posicionó a sí mismo como intérprete último de la Constitución. Esta decisión, más la Guerra de Secesión, acabaron con la capacidad de los Estados, al menos en la práctica, de juzgar la constitucionalidad de las normas.

El Supremo se ha opuesto valientemente a ciertos abusos por parte de alguno de los peores presidentes de los Estados Unidos, como cuando Roger Taney le recordó a Lincoln que él no tenía derecho de suspender el habeas corpus, o la oposición de Charles Evans Hughes al New Deal.

Pero en conjunto, el Supremo, merced a convertirse en la única institución que interpreta la puridad constitucional de las normas, ha ido sancionando los crecientes poderes del Gobierno Federal, que han ido mucho más allá de lo permitido por la norma suprema. No es ya que la función del presidente de los Estados Unidos haya cambiado hasta hacerse irreconocible. Ya no es la persona encargada de que se cumplan las leyes, sino el principal impulsor de la política y de la legislación. Y la institución que se ha dado a sí misma el monopolio del control constitucional del orden jurídico poco a poco, con pasos adelante y atrás, ha ido sancionando esa transformación.

Sotomayor pasará a la pequeña historia de esta institución, pero su gran historia se escribirá desde el poder.

En efecto, PRISA no es La COPE

Todo arranca a raíz de un artículo bastante rudo del no menos montaraz crítico del periódico del grupo PRISA, en el que, en un arrebato de sinceridad, ponía a caldo la última película del intelectual manchego sin ahorrar epítetos a cual más desdeñoso.

Se queja Almodóvar de que en Francia le tratan mejor que en España. Hombre, creo que en España las instituciones no le tratan demasiado mal (sólo hay que echar un vistazo al memorial del trinque presupuestario que publica periódicamente el ministerio de kultur), otra cosa es que los espectadores tengan una opinión distinta al Gobierno y obren en consecuencia cuando van al cine. En todo caso, Almodóvar aún no ha acusado a Sarkozy de intentar dar un golpe de estado a la República, como sí hizo con Aznar, y por otra parte los franceses, a diferencia de los españoles, no le financian las películas con sus impuestos, datos ambos que tal vez contribuyan a explicar por qué en el país vecino la aceptación de su cine tiene carácter trasversal.

Pero más allá de las imputaciones de nuestro Pedro al periódico El País sobre la falta de cariño hacia su ilustre persona y la saña con que le persigue su crítico cinematográfico, lo que más ha dolido al grupo PRISA es que Almodóvar le compare con la COPE.

La acusación no se sostiene porque esa radio, que yo sepa, ha glosado meritoriamente sus películas cuando los profesionales encargados del ramo lo han creído oportuno, y si ha realizado un pestiño se han limitado a constatarlo con grandes dosis de piedad como corresponde a un medio de la conferencia episcopal. Otra cosa es que el público que escucha la COPE se sienta aludido por el desprecio hacia la derecha sociológica del que siempre ha hecho gala el director manchego y, en consecuencia, prefiera no darle ni un euro más del que el Estado saca de sus bolsillos anualmente vía impuestos.

Por eso cuando el grupo PRISA protesta porque le igualen con la COPE tiene toda la razón. No hay comparación posible. Y entre el público de ambos medios mucho menos. Al menos de momento.

Señales para un optimismo matizado

Desde luego, durante los últimos meses se han producido ciertas señales esperanzadoras. Primero, la bolsa estadounidense ha subido más de un 25% desde su mínimo anual; los tipos de interés en los mercados interbancarios han detenido su caída, lo que parece indicar una cierta recuperación de la demanda de crédito; y, sobre todo, los precios de las materias primas están aumentando con fuerza desde marzo.

Lo cierto es que todos estos indicadores deben ponerse en verde para que podamos hablar de recuperación. Recordemos que la crisis es fruto de la expansión crediticia no respaldada por ahorro que emprendieron los bancos privados de todo el mundo con el auxilio permanente de sus respectivos bancos centrales. Esta expansión crediticia insostenible provocó que la inversión aumentara mucho en determinados sectores (como la vivienda o la automoción) sin que correlativamente se incrementara la inversión en el resto de sectores necesarios para que los primeros siguieran siendo rentables.

Por ejemplo, durante estos años se vendieron muchos coches a crédito y, sin embargo, no se invirtió lo suficiente para lograr un incremento de la oferta de petróleo. ¿Consecuencia? El número de automóviles aumentó de manera significativa y, con él, la demanda de petróleo sin que lo hiciera su oferta. Los precios del crudo se dispararon y la actividad fabril se desmoronó ante los elevados costes. Pues bien, puede trasladar este fenómeno a casi cualquier otra materia prima: cobre, cereales, zinc, aluminio, hierro, carbón…

En otras palabras, tenemos un "cuello de botella" en el sector de materias primas que debemos corregir para seguir creciendo. Los keynesianos, que todavía siguen sin comprender la crisis, han venido afirmando que se han acabado las oportunidades de inversión y que hemos llegado a algo así como el punto máximo de desarrollo con el actual modelo productivo. Por eso Obama y su corte (también Zapatero, claro) llevan meses hablando sobre la necesidad de pasar a una "economía sostenible" que genere otro tipo de riqueza: una riqueza más social, ecológica y cultural que trascienda del bienestar material.

Milongas para no reconocer la realidad: la inversión en materias primas sigue siendo tremendamente rentable. Una rápida ojeada a los datos lo deja claro: en el mercado estadounidense hay más de 120 empresas en el sector de energético y de materias primas con una rentabilidad sobre los activos (ROA) superior al 10%. Unos datos excelentes si tenemos en cuenta que llevamos casi 12 meses con los precios del petróleo y de otros inputs básicos en mínimos de cinco años. No por casualidad ninguna empresa en este sector ha reducido significativamente su inversión (más bien al revés) en 2008 y 2009, al contrario de lo que predicen con absoluto desprecio de la vida empresarial los keynesianos.

El mercado, por fortuna, tiende a corregir los desajustes que en buena medida el Estado le ocasiona. Lo único que los individuos necesitamos para rectificar es tiempo y que los políticos no se metan demasiado en nuestras vidas. Hemos tenido lo primero –de ahí los avances en numerosos frentes– pero ni mucho menos lo segundo. Por eso, tal vez convendría matizar algo las señales de optimismo que antes apuntábamos.

Primero, probablemente el repunte del mercado de valores tenga más que ver con los precios absurdamente deprimidos que se alcanzaron en marzo que con una importante mejora de las expectativas a largo plazo. Y en todo caso no deberíamos olvidar que en 1933 y 1935 el mercado estadounidense aumentó más de un 50% sin que ello señalara, ni mucho menos, la recuperación económica.

Segundo, lo mismo puede decirse con respecto a que el tipo de interés interbancario haya dejado de caer. En efecto, en algún momento debía dejar de hacerlo y, por ahora, los tipos siguen siendo casi la mitad que en marzo, momento en que las expectativas estaban más deprimidas.

Y tercero, aunque la apreciación de las materias primas pueda ser uno de los indicadores más sólidos de mejoría (ya que apunta a una reactivación de la demanda sobre todo de inversión), hay un dato que no deja de arruinar este cuadro: el precio del oro también ha aumentado con fuerza desde abril. Dicho de otra manera, los inversores siguen desconfiando seriamente de la calidad de la deuda que se está creando (especialmente pública) y siguen refugiándose en el oro frente a un futuro que siguen sin ver libre de peligros.

En definitiva, es cierto que durante los últimos meses muchos agentes económicos han saneado su condición financiera y ello les ha permitido demandar más crédito para invertir en los sectores más rentables de la economía; pero al mismo tiempo el Estado se ha dedicado a crear más deuda basura que no ha dejado de incrementar el riesgo de impago del conjunto de las economías. Todavía quedan grandes áreas de la estructura productiva por reestructurar (simplemente hay que fijarse en España) y en este contexto de debilidad las sociedades difícilmente podrán soportar cargas financieras tan gravosas como las que los políticos les están imponiendo. Precisamente ése es hoy el riesgo más grande a día de hoy, que la burbuja de la deuda pública estalle y que se lleve por delante los ahorros de todos los individuos.

Zapatero en Falcon Crest

Será el virus de La Moncloa. Aquél que se infiltra en los humores de nuestros presidentes y les hacen concebir ideas extrañas, como la de que ellos están por encima del bien y del mal, que su propio actuar es prueba y sanción a la vez de probidad, que su persona está más allá de ciertos convencionalismos, y que si hacen lo que hacen es porque pueden.

Y Zapatero puede. Puede ordenar que se ponga a su disposición un avión militar para ir a un mitin de su partido. Él da la orden y el Ejército obedece. No es la primera vez, ya lo estuvo haciendo durante la campaña de las últimas elecciones generales. Ahora el asunto ha provocado un escándalo, y lejos de rectificar, Zapatero, se reafirma y vuelve a montar en un Falcon del Ejército para un asunto que nada tiene que ver con el Estado, pero todo con su partido político.

Ahora que se habla de memoria histórica, ¿me pueden recordar de quién se decía que manejaba España como a una finca? A mí el comportamiento de Zapatero me ha recordado a una finca, sí. Será porque soy de los que dejamos de ser niños en los 80 y ahora jugamos a ser mayores, pero a lo que me ha recordado la actitud de Zapatero es a Falcon Crest y a su dueña haciendo y deshaciendo a su antojo, repartiendo filias y fobias según le convenía, pero manejando el cotarro.

Con la diferencia, eso sí, de que la Angela Channing manejaba lo que le pertenecía y Zapatero utiliza para su ventaja lo que nos pertenece a todos.

El futuro del libro

Quiera o no el Gremio de Libreros de Madrid, el eBook es una realidad, todavía minoritaria, que convive con el tradicional volumen de papel y que cada día va a cobrar más fuerza.

Con algunas excepciones destacadas, como ediciones con alto valor para coleccionistas y volúmenes con una altísima proporción de elementos gráficos muy elaborados y alta calidad de impresión, el valor de una obra literaria no está en el formato en el que se presente. Esto tan sólo es el continente. Lo realmente valioso de un libro es, por lo general, su contenido. Es cierto y comprensible que para muchos lectores el elemento material es fundamental a la hora de acercarse a una obra. El placer de pasar las páginas, de tocar el volumen con las propias manos es un factor importante para numerosas personas, pero no es el elemento fundamental de la lectura. La satisfacción última y más profunda se encuentra en lo que se lee, no en el soporte en que se hace. Ocurre lo mismo que pasó en su momento con la fotografía.

A muchos aficionados a esta última nos costó dar el paso de la fotografía tradicional, aquella de los carretes y la elección entre brillo y mate, a la digital. La nueva carecía de ciertos placeres propios de la vieja, como la emoción que causaba la espera para ver el resultado de una instantánea concreta en la que habíamos puesto especial cuidado. Sin embargo, al dar el salto nos dimos cuenta de que en esencia la satisfacción última que nos produce nuestra afición sigue ahí pero acompañada de ventajas antes no existentes.

El libro electrónico constituye, además, una magnífica oportunidad para las editoriales, en especial para las que pasan por apuros económicos y para aquellas que no son lo suficientemente grandes como para generar economías de escala que les permitan reducir costes por cada ejemplar producido. El margen de beneficio de estas empresas sobre cada libro tradicional vendido suele ser muy reducido. Además del pago al autor de la obra (que si es por derechos de autor suele ser una cantidad muy pequeña), tienen que hacer frente a gastos mucho mayores como la distribución, el almacenaje o la impresión (lo que incluye, entre otros elementos, el papel y la tinta) y el porcentaje de las librerías.

Si se populariza el libro digital, algo que antes o después ocurrirá, las editoriales podrán reducir la mayor parte de estos gastos en aquellas obras que se vendan en ambos formatos, tradicional y electrónico, y la totalidad de algunos de ellos en aquellas que sólo se distribuyan de forma digital. También puede ser una oportunidad para las librerías tradicionales, pues pueden encontrar maneras de ofrecer este tipo de libros a sus clientes (por ejemplo, mediante dispositivos que permitan una rápida descarga en el propio establecimiento o reforzando su presencia en internet).

El libro electrónico no supone una amenaza para el sector, más bien al contrario. Ofrece nuevas oportunidades, en especial a los más pequeños. Tan sólo hay que saber adaptarse. Esperemos que, a diferencia de las discográficas, libreros y editores sepan hacerlo y no luchen contra la realidad.

George Selgin: la irrefrenable iliquidez del descalce de plazos

La conclusión más importante del sistema teórico de George Selgin es que si los bancos ajustan la oferta de pasivos bancario a su demanda, al mismo tiempo estarán igualando la oferta de fondos prestables a su demanda (condición de equilibrio monetario). En el anterior artículo ya comprobamos que George Selgin confundía algunos conceptos económicos esenciales como son dinero, promesa convertible en dinero y ahorro, de modo que un incremento de la demanda de dinero o de promesas convertibles en dinero no implicaba un incremento de recursos a disposición de los bancos para emprender inversiones a largo plazo. El mercado monetario y el de capitales no deberían ser vasos comunicantes, por mucho que los bancos lo intenten y el sistema proteste a través de crisis económicas.

Pero partiendo de las premisas de Selgin, la función de los bancos vendría a ser la de intermediarios financieros que gestionan su activo de modo que puedan atender a los vencimientos, previstos e imprevistos, de su pasivo, entendidos todos ellos como fuente de ahorro. O dicho de otra manera, su función sería la de convertir los saldos de tesorería de sus clientes en inversiones a largo plazo (transformación de plazos): “Los préstamos al banco de sus clientes son por lo general de mucha menor duración que la de los créditos que el banco ofrece a sus deudores. Por tanto, los banqueros han de ser siempre capaces de transformar los créditos que reciben por un plazo indeterminado en inversiones y préstamos a largo plazo”.

Esto último es posible, según Selgin, gracias a la ley de los grandes números. Las cámaras de compensación interbancarias arrojan diariamente unos saldos cuyo promedio a lo largo del tiempo es cero (los saldos acreedores de un día tenderán a compensarse con los saldos deudores de otro) si es que ningún banco está aumentando la oferta de billetes por encima de su demanda. Por tanto, cada banco no tiene que fijarse en el uso concreto que cada tenedor de sus pasivos quiera hacer de ellos (gastarlo o mantenerlo en tesorería), sino que puede concentrarse en las variaciones agregadas de la demanda por los mismos. Si la demanda global por sus pasivos cae, comenzará a padecer saldos negativos en las cámaras de compensación, viéndose forzado a liquidar parte de sus activos para poder atenderlos, mientras que si la demanda global aumenta sin que infle la oferta, acumulará saldos acreedores que se traducirán en nuevas reservas, lo que le permitirá incrementar sus pasivos.

Si el promedio de los saldos interbancarios es cero en condiciones de equilibrio, lo único que necesitará cada banco será mantener una cierta reserva precaucional que le permita asegurarse que siempre podrá atender el pago de sus saldos deudores, y es que aunque el promedio sea cero, la varianza no lo es (por ejemplo, un banco puede tener que desembolsar hoy 60.000 unidades monetarias al resto de bancos y en lo próximos días percibir 20.000 de ellos). Siguiendo el famoso artículo de Baumol, Selgin postula que esas reservas precaucionales deberán ser iguales a la raíz cuadrada de los saldos brutos del banco en la cámara de compensación ponderados negativamente por el coste de mantener reservas (el tipo de interés) y positivamente por el coste de no hacerlo (pérdida por liquidación apresurada de los activos).

Ahora bien, aun cuando el banco pueda desatender la demanda individual de pasivos por parte de sus clientes gracias a la ley de los grandes números y a las reservas precaucionales, no puede hacer lo mismo con la demanda agregada. Si un banco oferta más pasivos que los que la gente está dispuesta a mantener en tesorería, entraría en funcionamiento lo que Selgin llama "ley de la compensación adversa", esto es, la acumulación de saldos deudores en las cámaras de compensación por parte de los bancos que inflan sus pasivos y la pérdida persistente de reservas en términos netos.

Aunque puedo estar de acuerdo con Selgin en que un sistema de banca libre pondría freno a las expansiones crediticias y tendería a mantenerse líquido, sí niego que cualquier sistema de banca (libre o no) pueda mantenerse líquido endeudándose a corto e invirtiendo a largo. Además, tampoco deberíamos obviar, por muy superior que sea la banca libre sobre la banca central monopolizada, los riesgos y tendencias que existen en la primera para inflar artificialmente el crédito.

La ley de los grandes números puede servir para gestionar la liquidez bancaria cuando la emisión de pasivos se produce contra el descuento de créditos comerciales, ya que en este caso los bancos no modifican las posiciones de liquidez de la sociedad y, por tanto, el comportamiento imprevisto de los agentes sí tendrá un carácter más bien aleatorio (las salidas imprevistas de reservas tenderán a cancelarse con las entradas imprevistas). Si se limitan a esto, la actividad de los bancos consiste en incrementar el número de intercambios gracias a la mayor negociabilidad de sus pasivos, pero unos agentes no ganan liquidez a costa de los otros y la estructura productiva crece sin que nadie vea malogradas sus expectativas.

En cambio, cuando los bancos emiten pasivos para financiar inversiones a largo plazo, se produce una redistribución no voluntaria de la liquidez y una modificación de la estructura productiva que no es compatible con los planes de todos los agentes. Por consiguiente, la transformación de plazos socava las condiciones que permitían asumir una cierta aleatoriedad en el comportamiento imprevisto de los agentes y provoca la pérdida de reservas primero desde los bancos que más han inflado a los que lo han hecho menos y posteriormente desde todo el sistema bancario hacia los depositantes (atesoramiento de oro). Y aquí obviamente de poco sirven unas reservas precaucionales cuya función no es la de cubrir pérdidas permanentes de reservas sino desembolsos transitorios que se producen cuando el promedio de los saldos netos entre bancos sigue siendo cero.

Por otro lado, tampoco la ley de compensación adversa evita necesariamente que los bancos logren expandir el número de sus pasivos por encima de su supuesta demanda. Primero, porque si los billetes que sobreemite un banco individual no refluyen del todo al sistema bancario (ya sea porque sus tenedores los utilicen al margen del mismo o porque no discriminen entre los billetes de los distintos bancos), la ley de compensación adversa no actuará (o incluso puede que actúe en perjuicio de los bancos que no han inflado). Y segundo porque, como el propio Selgin reconoce, esta ley tampoco opera cuando los bancos expanden de manera concertada sus pasivos (ya que los mayores saldos deudores de un banco se compensarán con sus mayores saldos acreedores contra el resto de bancos que inflen). En este punto, Selgin se defiende afirmando que si los bancos aumentan sus pasivos en concierto, la expansión de crédito se frenará por otra vía: el incremento de las reservas precaucionales. Aunque el promedio de los saldos netos siga siendo cero, dado que la varianza de esos saldos aumenta, también tendrán que hacerlo las reservas precaucionales (en concreto, en una cuantía igual a la raíz cuadrada del incremento de los saldos brutos ponderado por coste).

Este punto, sin embargo, también es harto dudoso. Primero, durante las expansiones de crédito la negociabilidad de los activos a largo plazo se incrementa, de modo que un banco puede liquidarlos a muy bajo coste (el beneficio marginal de mantener reservas precaucionales se reduce). Y segundo, si el promedio de los saldos netos sigue siendo cero, aun cuando su varianza se incremente, los bancos bien pueden liquidar sus saldos deudores transitorios pidiendo prestadas las reservas a otro banco a través de un mecanismo harto frecuente en nuestras sociedades: los mercados interbancarios. Selgin considera que si existen mercados interbancarios, las reservas de los bancos caerían a cero y el valor del oro pasaría a depender sólo de su demanda no monetaria. Pero no explican qué frenaría la expansión del crédito en este escenario, salvo una eventual retirada masiva de reservas por los depositantes (algo que, por lo general, asume que no se produce y que en todo caso, lejos de hundir el valor del oro como pronostica, lo dispararía).

Tal vez consciente de que un sistema bancario que se endeudara a corto e invirtiera a largo tendería a poseer un volumen de reservas inferior al que garantizaría su viabilidad (aun cuando los bancos sólo adaptaran su oferta de pasivos a la demanda), Selgin defiende los contratos de suspensión temporal de la convertibilidad de sus pasivos con el fin de garantizar la supervivencia del banco. Pero esto equivale a cambiar la naturaleza del banco: deja de ser un mecanismo para facilitar los intercambios y se convierte en uno para crear ahorro forzoso en la sociedad.

No digo que el sistema bancario de Selgin sea ilegítimo, sólo que pretende convertir el fracaso del negocio bancario (la iliquidez) en su norma de funcionamiento y esto no favorece la creación de riqueza, sino el consumo de capital. En cualquier caso, tengo serias dudas de que un sistema bancario libre adoptara la forma que describe Selgin, pero esto lo analizaré en un futuro artículo.

La voz de la conciencia liberal

El acto de entrega tuvo lugar durante la Cena de la Libertad, organizada por el propio Instituto. Cuatro grandes liberales españoles –Jesús Huerta de Soto, Francisco Cabrillo, Pedro Schwartz y Carlos Rodríguez Braun– introdujeron al premiado y su obra a los más de 160 liberales reunidos para la ocasión.

Las ideas de este húngaro de nacimiento –pero que no se siente ciudadano de ningún país y al que los nacionalismos le molestan tanto si son pequeños como si ocupan grandes extensiones– son tan originales como desesperanzadoras. Lo primero posiblemente se deba a su independencia y a su implacable lógica. Lo segundo, en cambio, a que este pensador no se haya ocupado de proveernos de soluciones al estatismo galopante que sufrimos, sino sólo del diagnóstico del problema.

Teniendo en cuenta estas raras características de nuestro autor, resulta fácil comprender que Anthony de Jasay no pertenezca a ninguna escuela de economía. Sin embargo, son muchas las que se acercan a su obra para encontrar aportaciones que puedan salvarlas o simplemente ayudarles a cubrir una laguna o un error teórico.

Tras interesarse por la economía, el joven De Jasay se hizo con Positive Theorie des Kapitales, del economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk. Aquella fue una experiencia infructuosa. Las páginas de una sola frase del austriaco, por un lado, y el mediocre alemán del húngaro, por otro, impidieron que de aquellas lecturas surgiera algo más que el superficial conocimiento de una teoría del capital que tiene en cuenta la estructura de la producción y el tiempo. Su interés se fue centrando en la escuela clásica de Cambridge y Hicks se convirtió en su héroe personal y su economista más respetado. De ahí que De Jasay se considere neoclásico aunque, como él recuerda, muchos le digan que sus ideas se asemejan más a las de la Escuela Austriaca mientras que otros le señalen su parecido con el paradigma de la Escuela de la Elección Pública.

El razonamiento crítico de De Jasay no se detiene ante nadie, y menos aún ante sus compañeros liberales de viaje. James Buchanan y Friedrich Hayek comprobaron lo que se siente al ver arrasadas sus teorías constitucionalistas por el pensador húngaro. A quienes creen que se puede diseñar una constitución que obligue al Estado a respetar la libertad y quedar reducido a la mínima expresión, De Jasay les contesta que esa pretensión es igual a la de querer que funcione un cinturón de castidad cuando el usuario tiene la llave. Tanto las teorías de Buchanan como la filosofía política de Hayek (al menos en lo que respecta a su constitucionalismo) le parecen las de unos perfectos ingenuos. Tan ingenuos que ni entienden ni ven al monstruo que tienen delante de sus narices. No hay forma de atar al Leviatán del que Hayek y De Jasay tuvieron que huir y al que tantas batallas le han declarado.

Tanto los defensores del Estado mínimo como los de la abolición del Estado suelen cojear de la misma pata: no se molestan en entender la dinámica del Estado. Para unos tiene, puede y debe existir mínimamente mientras que para los otros tiene, puede y debe ser eliminado. De Jasay, en cambio, nos ha explicado por qué existe, cómo y por qué crece, por qué es muy improbable que algún día desaparezca y por qué sería bueno que no existiera. Este gran defensor de la libertad escribió lo que ni unos ni otros querían escuchar. Quizá por eso se ha convertido, por méritos propios, en la voz de la conciencia de las distintas escuelas liberales.

Licenciado en igualitarismo

El cambio radical de una sociedad no puede llevarlo a cabo en solitario una casta política determinada. Necesita la colaboración de un ejército de especialistas para hacer que las ideas de una agenda política sean compartidas por la mayoría de los ciudadanos a quienes van dirigidas. En lugar de la conquista violenta del poder, como antaño, la izquierda prefiere la invasión pacífica de las mentes. Las víctimas se multiplican, pero al menos no muere nadie, cosa que nunca podremos agradecer lo suficiente al socialismo conociendo su trayectoria.

Lo que sorprende del anuncio de estos nuevos estudios de grado es que se haya decidido crear una titulación específica para algo que ya se estudia de forma transversal en cualquier universidad pública española. Sólo hay que darse una vuelta por los pasillos de las facultades de ciencias sociales, tras esquivar las tiendas de campaña de los resistentes al plan Bolonia, para confirmar que las ideas que transmite el profesorado y defienden los alumnos son exactamente las que viene propagando el socialismo desde que se inventó.

La razón de crear este nuevo título universitario es, por tanto, sólo una cuestión de utilidad. Ante los futuros "licenciados en igualdad", la socialdemocracia defendida por todos los partidos ofrecerá un horizonte de grandes posibilidades. Porque nadie pensará a estas alturas que los futuros diplomados en igualitarismo van a competir libremente en el mercado laboral. No. Se trata de que, llegado el caso, el Gobierno implante la obligatoriedad de que exista uno de estos igualitaristas titulados en cada empresa, en cada colegio, en cada departamento oficial, y así hasta donde se quiera llegar. Será un ejército de comisarios políticos, impuesto por decreto a toda la sociedad, encargado de vigilar la estricta observancia de la ideología de género promovida por los socialistas. En unos años, votar a un partido no socialista será considerado no ya de mal gusto, como hasta ahora, sino directamente sospechoso cuando no abiertamente delictivo. Si la derecha continúa sin enfrentarse con coraje a este proyecto involucionista y totalitario y sigue hablando sólo de economía, merecerá todo lo que le pase en el futuro. Incluso sus votantes tendremos nuestra parte de culpa.

Esperanza

Todo un conjunto de medidas cuya factura será sufragada, íntegramente, por el bolsillo de los contribuyentes.

Sorprende ver cómo una privilegiada casta social se vanagloria de salvar la economía cuando, en realidad, ha sido la intervención financiera y monetaria del Estado la principal responsable de la actual situación. Pero no todos los políticos son iguales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha convertido en el único referente ideológico digno de mención en España. Sobre todo, en materia económica.

Sus iniciativas han logrado algo inédito… ¡que los socialistas se vean obligados a bajar impuestos! Gracias a ella, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones han sido prácticamente derogados en este país. La presidenta madrileña abrió la veda de la competencia fiscal entre regiones. Las comunidades del PSOE tuvieron que imitar las medidas aprobadas en Madrid para tratar de frenar la fuga de capitales, empresas y rentas que sufrían sus respectivas haciendas autonómicas.

El pasado año anunció una medida "pionera" que consistía en ofrecer la "normativa más favorable" de España para las empresas e inversores que operen en la región. Además, apostó por la liberalización comercial y la participación del capital privado en la provisión de todo tipo servicios públicos. Una política valiente y sin complejos que ha convertido a Madrid en la región más próspera y competitiva de España, junto con los territorios forales.

No hay ninguna receta mágica. Su éxito radica en eliminar trabas a la iniciativa privada y estimular la competencia. De hecho, Aguirre no titubea en tiempos de crisis, un campo que parece abonado para la intervención política, y lejos de dar marcha atrás avanza firme por la senda de la liberalización económica. La Asamblea de Madrid otorgó la pasada semana luz verde a todo un paquete de rebajas fiscales en vivienda, matriculación de vehículos y actividades económicas. La austeridad en el gasto público constituye también una de las claves del talante aguirrista.

Visto lo visto, es una pena que no disponga de la capacidad necesaria para contrarrestar la nefasta política económica del Gobierno central. Estoy convencido de que Aguirre apostaría por limitar hasta el extremo la losa retrógrada y totalitaria de los sindicatos, así como por reformar en profundidad el mercado laboral para facilitar la recolocación de los trabajadores en paro.

¿Problemas de liquidez? ¿No llega a fin de mes? Aguirre lo tiene claro: "muchos ciudadanos no son conscientes" de la cantidad de impuestos que pagan. Y es que, un trabajador que cobra 1.100 euros netos mensuales gana, en realidad, 1.870 euros. El problema es que la Seguridad Social se come 600 euros todos los meses, mientras que el IRPF retiene 170. No obstante, el contribuyente medio trabaja 129 días al año, que se dice pronto, en exclusiva y a jornada completa para Hacienda. "El Estado, por una u otra vía, se queda con el 40% del sueldo de un trabajador medio".

Algunos dirán que ese dinero sirve para sufragar las prestaciones sociales. ¿En serio? En realidad, usted está pagando un servicio público de escasa calidad –atención sanitaria y educativa– a un precio de oro. La sanidad y la educación no son gratuitas, salen de su bolsillo, al igual que el subsidio del paro, los rescates bancarios, las ayudas a la compra de coches, las subvenciones agrícolas, el PER, las primas a las renovables o los préstamos blandos a empresarios amigos y promotores en quiebra. El Estado tan sólo redistribuye de forma arbitraria la riqueza que crean empresarios y trabajadores.

Sin embargo, más allá de las rebajas fiscales, animaría a la presidenta Aguirre a ir un poco más allá y, de una vez por todas, implantara en la Comunidad el silencio administrativo que tanto ansían los empresarios a la hora de iniciar una actividad. Ahora, más que nunca, es el momento de apostar firmemente por incentivar a los emprendedores. Es decir, la libre empresa frente al cambio de modelo productivo que pretende implantar por ley Zapatero. Tan sólo el ahorro y la iniciativa privada salvarán a España del desastre. Por suerte, aún queda Esperanza.