Todo por “utilizar prácticas anticompetitivas para excluir su único competidor y reducir las opciones de los consumidores” y el efecto de “socavar la innovación”. ¿Qué es lo que hacía Intel? Ofrecer a sus clientes enormes rebajas en el precio, bien directamente rebajando el precio, bien ofreciendo esa rebaja en forma de dinero tras la venta.
Ofrecer productos a un mejor precio. ¿No es eso, precisamente, competir? ¿No sería dejar de hacerlo, estrictamente, un comportamiento contrario a la competencia? Como la lógica de los políticos es exactamente contraria a la de la realidad, resulta que para la Comisión Europea ofrecer mejores precios que su competidor no sólo no merece un precio (que ya otorga el mercado en forma de mayores beneficios), sino que le acarrea un castigo. Es obvio que aquí no es Intel quien ha actuado contra la competencia, sino la megalómana Kroes, que se crece robando a las grandes empresas competitivas. La prensa ya apunta a Google como siguiente víctima propiciatoria. Hagan sus apuestas. Yo digo que el botín rondará los 1.200 millones de euros.
Pónganse en situación. Hay varias empresas dedicadas al mismo producto. Tienen todas el mismo tamaño, el producto es bastante igual y el precio prácticamente el mismo. Estrictamente hablando, no están compitiendo entre sí. Excepto una, ACME, que ha logrado mejorar la calidad y producir con un menor coste. Reduce el precio y los consumidores, que son más listos de la Kroes, apuestan cada vez más por esa empresa. Alguno de los otros competidores no puede aguantar la pérdida de clientes y se ve obligado a cerrar. Otros, entre la zanahoria de los enormes beneficios que obtiene ACME y el palo de la desaparición por ruina, se ven obligados a atender a los consumidores de algún modo. Quizá apostando por invertir en una mayor calidad. Acaso con métodos productivos más baratos, que les permita competir en precio.
Pero la relación calidad precio de ACME es tan buena, que los consumidores que la escogen siguen creciendo. Pero su reinado depende de seguir siendo mejor que las demás empresas. Porque basta que, llamado por los enormes beneficios del mercado, entre en él un empresario con una fórmula revolucionaria para desbancar a la propia ACME. La veterana empresa, en nuestro ideal ejemplo, ella sola, ha logrado mejorar la atención a los consumidores. Ha expulsado del mercado a las que no lo hacen. Ha mejorado la tecnología y ha rebajado el precio. Ha sido ejemplo para todos de las ventajas de la dura y virtuosa competencia en el mercado. Bien, pues esa empresa, que ha sido una bendición para los consumidores, es la que se convierte en villano para los políticos. ¿No serán ellos los villanos?
¿Cómo? Ampliando el subsidio de paro seis meses más. ¿Por qué seis meses en lugar de uno u ocho? ¿Dónde está el límite?
Ampliar el período del subsidio significa muchas cosas y ninguna de ellas beneficiosa:
Más tiempo de subsidio es igual a más tiempo en el paro, por lo tanto, menos tiempo ocupado. Parece obvio, pero los socialistas no lo entienden. Está directamente relacionado con los incentivos humanos. Cuando en el colegio el profesor, ante la masiva petición de los alumnos de posponer un examen, lo dejaba para la semana siguiente, todos nosotros lo primero que hacíamos era ir al cine. Al final, siempre acabábamos igual, estudiando la última noche hasta las tantas. Si se alarga el subsidio de desempleo, el parado, involuntariamente, se relaja. Especialmente los que acaban de entrar en la lista. No hay vuelta de hoja: a más subsidio, más prolongado el desempleo.
El hombre común tiende a considerar que las crisis son como un temporal. Puede llover y tronar durante días, pero al final siempre sale el sol sin que nadie haga nada arreglándose todo rápidamente. El problema es que la meteorología y la economía son ciencias totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Las crisis no duran un tiempo determinado y luego, como por arte de magia, viene la bonanza. De la crisis sólo se puede salir de dos formas. Una, buscado la alta productividad, bajando precios (salarios incluidos) e innovando en aquellos sectores que más demanda la gente. La otra, esperando a que el resto de países superen la crisis y gracias a la inercia del comercio internacional, salgamos de ella a rastras. Ésta es la solución del Gobierno: ser los últimos en salir de la crisis. Es el camino más doloroso y largo; pero políticamente el más fácil, el que más votos da por ser el populista. No es buena garantía ni para el presente ni para el futuro.
Un país que penaliza el trabajo con todo tipo de barreras "sociales" y favorece con contra-incentivos estatales el parasitismo, inevitablemente ha de tener una baja productividad. Efectivamente, España está a la cola de Europa en productividad. Una medida como prolongar más el subsidio de paro es un lastre para mejorar este punto.
Pensar que el Estado es la solución a la crisis muestra una sociedad poco madura e irresponsable que aún cree en una especie de "rentismo social". No pretende vivir de las rentas de una inversión particular, sino del capital de otras personas que voluntariamente trabajan para sí mismas pero que obligatoriamente lo hacen para otras a las que ni siquiera conocen. El rentismo social es parasitismo y constituye un asalto al trabajo de los demás.
El subsidio de desempleo no genera riqueza, más bien al revés. Destruye capital. Mala receta en tiempos de crisis.
Si alguien ha salido realmente fortalecido de esta crisis son los gobiernos de todo el mundo. La dependencia del ciudadano hacia el Estado se expande día a día de forma incontenible. El remedio del Gobierno siempre es el mismo: populismo y crear un clima de inestabilidad económica para fortalecer el lobby más básico de cualquier democracia, el votante cautivo. Cuanto más pobre y desesperada esté la población, más socialista se vuelve y, por tanto, más dependiente del Gobierno.
La única cura a las crisis y a la dependencia del Estado sólo es el liberalismo, el laissez faire, lo que nos permitirá recobrar el espíritu de superación y una sociedad próspera, rica y libre.
Si aceptamos como cierto que el Derecho sea anterior a la Ley, debemos ser capaces de advertir cómo siguiendo este razonamiento la regla debe ser previa al Derecho. La regularidad en los acontecimientos permite percibir reglas. En lo social, semejante regularidad en las conductas afirma la consolidación de reglas, pero es que además dichas reglas generan a su vez nuevas regularidades. Las reglas de conducta se caracterizan por un dinamismo centrífugo. Los individuos que reproducen el contenido reglado se incorporan a un ámbito de interacción que permite su sociabilidad generando certidumbres sobre las que trazar expectativas particulares. Un sistema de reglas viene acompañado de coordinación entre los fines de quienes adaptan su comportamiento al contenido que estas prevén.
La mente humana es un complejo mecanismo de clasificación de sensaciones en pos de adaptar la acción del individuo hacia el éxito probable. Dos órdenes diferenciados: el sensorial y el físico. Clasificaciones mentales que no tienen por qué corresponderse con el vínculo objetivo entre diferentes fenómenos. La mente puede discriminar entre aquello que sí guarda una estrecha relación física. Las reglas perceptivas favorecen la inteligibilidad del individuo respecto al escenario de su acción. La mente se ordena como un gran mapa donde conviven teorías, causalidades y fenómenos relacionados, capaces de dotar al sujeto de un entramado estable, pero dinámico, sin el que no sería posible la acción.
La conducta y las reglas que la gobiernan no pueden entenderse de distinto modo. Pertenecen al núcleo duro del orden sensorial en la medida que para explicar o articular su contenido siempre será necesaria una regla mental imposible de comprender. La mente no puede explicarse a sí misma. El individuo percibe, actúa y se comporta respecto a otros individuos a través de un conocimiento eminentemente tácito, práctico e inarticulable. Como decíamos, en la medida que seamos capaces de explicitar parte de ese conocimiento querrá decir que por encima permanecerá latente un contenido al que no tenemos acceso intelectual, pero aun así condiciona nuestra conducta, percepción o mera acción.
El Derecho no es sino una forma de vida, un entramado de conductas regladas de las que una mínima parte, pero aparentemente suficiente, se convierte en explícita permitiendo su articulación y examen. La regla sostiene el Derecho, que se define como conjunto de normas abstractas y generales que inspiran lo recto, o lo justo, y de las que el individuo estima su exigibilidad pública, más allá de la mera exigibilidad moral. Si a esta definición podríamos denominarla como un primer momento, o momento práctico del Derecho, debemos afirmar la existencia de un segundo momento, donde los contenidos normativos, las reglas que lo inspiran, son verbalizadas con suficiencia proporcionando una norma cierta, abstracta y general aplicable al caso particular. Será entonces cuando cierto contenido normativo (mínima parte del contenido efectivo) será perfectamente exigible por una autoridad pública.
De este modo dentro del Derecho, como institución social, caben dos tipos de cambios y adaptaciones. Por un lado el espontáneo puro, donde las reglas que lo alimentan varían y se adaptan fruto de la mera interacción intersubjetiva. Y por otro, el inintencional pero fruto de la articulación efectiva, donde distintas aportaciones individuales, interpretaciones o desarrollos conceptuales, compiten (en base a procesos de prueba, error y aprendizaje) en tiempos y escenarios distintos, generando de forma evolutiva instituciones sociales cuyo contenido supera con creces la capacidad individual y no se debe en ningún caso a una planificación consciente.
Profundizando en estos conceptos llegamos a comprender la importancia que tiene para la buena conceptualización del Derecho la inclusión en su estudio del análisis del orden sensorial y la inteligibilidad reglada del ser humano.
Esta práctica consiste, más o menos, en crear una página web que se supone de un comerciante honesto, de forma que la gente trata de adquirir cosas a través ella. Por supuesto, tal adquisición exige un pago previo y el problema es que, como aquello es más falso que un decorado del Oeste, una vez sueltas el dinero te has quedado sin él. Y olvídate de recibir el bien presuntamente adquirido.
Hace unas semanas tropecé con uno de estos sitios. Si uno trataba de hacerse con la nueva Nintendo DSi, la búsqueda en Google, la pantalla en Pixmania y en otras del estilo, mostraba el anuncio de una tienda con la DSi a precios imbatibles. La navegación por la tienda, de cuyo nombre no puedo acordarme, era perfectamente normal, y el único punto extraño era que, en el momento de pagar, te exigían una transferencia en vez de aceptar pago con tarjeta.
Decidí entonces investigar un poco más, y, efectivamente, resultó que la tienda era un scam. Hay señores para los que diseñar una página web vacía es un verdadero negocio, aunque les dure el "negocio" unas semanas. Porque eso es lo que les ha durado. Según parece, la página se había puesto en marcha el 19 de abril. Unas cuatro semanas después, me resulta imposible dar con el nombre de la página usando Google, razón por la que no lo doy en estas líneas.
En un tiempo record, la estafa ha sido localizada y los agentes de la Sociedad de la Información han conseguido desmontar el tinglado: algunos internautas demostrando que se trataba de scam y otros eliminando la referencia de sus anuncios. Por supuesto, habrá unos cuantos compradores que se hayan visto estafados y para ellos esto no es consuelo. En todo caso, son sujetos de un crimen que se supone será perseguido por las autoridades competentes.
Lo más importante de la historia es reparar en que, hasta ahora, no ha aparecido el Estado en la misma. La sociedad, en este caso la de la información, se organiza espontáneamente de forma que en poco tiempo se ha localizado al estafador y se le ha desalojado de su posición. Google se juega mucha credibilidad y mucho futuro en que los estafadores no se cuelen en sus anuncios, y seguirá innovando e investigando para acelerar al máximo la localización y eliminación de scammers.
El Estado, por su parte, quiere erigirse en nuestro protector, quiere diseñar medidas que prevengan el scam, regulando más y más internet, para nuestra supuesta protección. No se da cuenta de que el scam ya es delito, que no se necesita nada más para prevenirlo, de la misma forma que no hace falta regular nada específico para saber que el robo es un delito. Todas las pretendidas regulaciones preventivas sólo consiguen reducir nuestra libertad, a cambio de pocos resultados.
Ninguna de las normas que diseñe el Estado va a ser mejor que lo que pueda hacer un agente tan interesado en sobrevivir como Google, o en no dejarse estafar como un servidor. A la historia descrita me remito. Y es una pena que no sea Google (u otro agente privado) el capacitado para perseguir los delitos; si fuera así, tengo la sensación de que los recién estafados volverían a ver su dinero, y el scam quedaría erradicado en poco tiempo.
Desgraciadamente, esa función sí que queda en el ámbito del Estado. Y no creo que este desescamador les desescame.
Conviene insistir en que solo tres individuos fueron condenados por su participación directa en los atentados, después de que el Tribunal Supremo estimara algunos recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada en primera instancia. A la vista del magro resultado de ese primer juicio del 11-M, parece evidente que muchos asesinos andan sueltos. Cualquiera que sea la valoración que merezca la actuación judicial, no puede perderse de vista que la ejecución de un atentado de estas características presupone la implicación de muchas más personas.
La parcialidad del conocimiento sobre el caso fue reconocida, por cierto, por los jueces presididos por Gómez Bermúdez. En el fundamento jurídico primero de su sentencia guardaron cuidado de resaltar que su objeto procesal se ceñía a la declaración de culpabilidad o inocencia de los procesados previamente por el instructor del sumario. Aun no siendo exacta esa acotación de los pronunciamientos posibles de una sentencia, los cucos magistrados guardaron la ropa para la posteridad.
De esta manera, mal que les pese a los leguleyos que no tienen ningún interés en arrojar luz sobre las incógnitas, una primera sentencia sobre unos hechos históricos tan poliédricos no equivale a dar carpetazo o marear los papeles de las causas que vengan después. Incluso si se atribuyera a esa sentencia una relativa eficacia prejudicial, no obstaría para continuar la búsqueda de la verdad material, inherente al proceso penal.
Por lo que se sabe, no se ha avanzado demasiado en la instrucción de las causas que separó el juez del Olmo del sumario principal, pero eso no significa que no deban dar resultados. Aunque otra Sala de la Audiencia Nacional, presidida por otro de los juzgadores del caso, Alfonso Guevara Marcos, desestimara el recurso de apelación de dos víctimas (Gabriel Moris y Pilar Crespo) contra la denegación de unas diligencias de prueba para determinar la naturaleza y el origen de todos los explosivos utilizados, ese jarro de agua fría no parece haber doblado su empeño por reclamar nuevas líneas de investigación. La Sala parece olvidar, en cualquier caso, que los restos de los trenes, con todos los vestigios que pudieran acumular, fueron eliminados a los pocos días de que ocurrieran los atentados. Una insólita actuación que ofrece indicios de encubrimiento, según el artículo 451.2 del Código Penal.
Otro resquicio que debería permitir fijar algunas piezas de este rompecabezas quedó abierto cuando la sentencia de la Audiencia Nacional dispuso que entregaría testimonios a varias acusaciones y defensas que anunciaron su intención de emprender acciones penales contra testigos y peritos que depusieron en el juicio. Aunque en un primer momento pareció renuente, el tribunal presidido por Gómez Bermúdez entregó finalmente las grabaciones de la prueba pericial química sobre los explosivos a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
Llegados a este punto, cabe resaltar la responsabilidad que contrae el juez de instrucción encargado de tramitar las diligencias abiertas (y aquellos que deban instruir otras). Lejos de adoptar una posición pasiva y limitarse a denegar por sistema las diligencias que propongan las acusaciones particulares, deben dar el oportuno impulso procesal a las investigaciones. Aunque muchos jueces instructores timoratos no se atreven a dar un paso sin que lo refrende un fiscal, la ley les atribuye en exclusiva la dirección de la instrucción de los sumarios y tienen un amplio margen de actuación si quieren ejercer sus potestades como poder independiente.
En consecuencia, cabe exigirles que desempeñen sus funciones con la seriedad y profesionalidad que merecen unas actuaciones encaminadas a descubrir a unos criminales muy peligrosos que disfrutan de una inmerecida impunidad después de haber fulminado la vida de 193 personas ayer mismo, como el que dice. Probablemente no encontrarán un sumario más importante en su vida.
Afortunadamente, algunas víctimasvalerosas no se han dejado intimidar por consignas y burlas que despiden una tinta de calamar apestosa. Las dificultades para lograr la empresa apetecida por quienes no quieren olvidar lo inolvidable se alzan poderosas. Para superarlas deben contar con unos jueces que no se amilanen ante las presiones de todo tipo. Un ejemplo de ellas se pudo observar la semana pasada al poco de conocerse el informe del perito Iglesias sobre los explosivos.
Para quien quisiera enterarse, el presidente del Gobierno encontró tiempo en el Debate del estado de la Nación para ufanarse de su abominable naturaleza, aunque mostrase una facundia tan limitada como cursi. Deliberadamente volvió a ligar su destino a la obediencia de la "ley del silencio" apenas rota por unas tenues protestas en el Congreso de los Diputados.
La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid pretende tener razón en su cruzada personal contra la prostitución y, fina socióloga que es, tiene "la impresión de que está cambiando algo la percepción social de la prostitución". Su sermón moralizante se resume en recordar que se trata de "una realidad que debería avergonzarnos a todos". No se conforma con gobernar la ciudad de Madrid, también quiere controlar nuestras mentes y ordenarnos qué debe avergonzarnos, y no sólo a unos cuantos sino a todos.
Botella se refiere a "la violencia y las condiciones de esclavitud que sufren las mujeres prostituidas". Mete a todas las prostitutas en la misma categoría de esclavas violentadas, lo cual puede ser cierto para muchas pero seguro que no lo es para todas: conviene saber distinguir.
Critica que "durante mucho tiempo en nuestra sociedad ha predominado una actitud complaciente y permisiva, por no decir cínica e hipócrita". No especifica si ese "mucho tiempo" son días o siglos; y quienes no estén de acuerdo con su autoritarismo prohibicionista son cínicos e hipócritas.
"En la Europa del siglo XXI, son muchos los que todavía defienden que se trata de un trabajo más. Una posición fácil cuando se trata de personas desconocidas. Habría que comprobar esta opinión si la ‘trabajadora’ en cuestión fuese un familiar".
Resaltar en qué continente estamos y en qué siglo no parece muy informativo: pero la prostitución es un trabajo, una forma de ganarse la vida; diferente de los demás por la percepción moral de algunos (especialmente los más estrictos puritanos), pero perfectamente legítima mientras sea una decisión libre en la que no medie agresión de o a terceras personas. En el ámbito social de la señora Botella seguramente esté muy mal visto tener familiares prostitutas (o clientes): pero convendría que recordara que existen prostitutas que ejercen libremente y que tienen parientes a quienes no parece haber consultado. Además ¿desde cuándo la opinión de los parientes puede utilizarse para limitar la libertad de las personas?
Botella resalta que "estamos demasiado acostumbrados a mirar hacia otro lado", pero que "muchos reaccionan cuando se produce en su propia calle". Tal vez sabemos que hay realidades humanas que podemos deplorar pero que difícilmente vamos a cambiar mediante la coacción política. Y pedimos a nuestros representantes que al menos se ocupen de gestionar con un mínimo de eficiencia algo que es bastante público, las calles: es perfectamente consistente defender la prostitución voluntaria pero exigir que no se practique en ámbitos públicos.
Botella está tan perdida en sus malos argumentos que no para de darse la razón a sí misma, siempre escondida tras un plural mayestático: "Ante todo, teníamos razón cuando afirmamos que la prostitución atentaba contra la dignidad de la persona. Pues es una forma de explotación inhumana y degradante, cuya legalización atentaría contra derechos fundamentales". Cuando alguien no tiene argumentos sólidos en un discurso moral recurre al vaporoso concepto de la dignidad humana, en el cual cabe todo aquello que le disguste profundamente y que además no pueda aceptar que otros lo toleren. ¿En qué consiste la explotación si se presta un servicio voluntariamente a cambio de dinero? Lo de degradante es claramente su visión particular disfrazada de hecho objetivo. Y el derecho fundamental, el de la propiedad de cada persona sobre sí misma, difícilmente sufre en relaciones voluntarias.
Sigue: "Teníamos razón cuando defendimos que la prostitución es una forma de esclavitud… las mujeres son retenidas contra su voluntad, ellas y sus familias sufren amenazas y son coaccionadas mediante todo tipo de métodos, como palizas o violaciones en grupo". Algunas mujeres, quizás muchas, pueden estar esclavizadas para el sexo. Y los poderes públicos revelan su sistemática incompetencia al no ser capaces de solucionar esta lacra y proteger los derechos más elementales a la seguridad física; para distraer la atención, atacan a todas las prostitutas y a todos los clientes en general, y así de paso imponen su moral a todos.
Y sigue: "También teníamos razón cuando sostuvimos que la prostitución era una forma de violencia de género. A nadie se le escapa que las víctimas de prostitución y tráfico de personas son mujeres y que los mal llamados ‘clientes’ son hombres". En la categoría de violencia de género, que sobre todo se refiere a las relaciones afectivas, ya cabe cualquier cosa. ¿Es que las víctimas de la violencia tienen más derechos por ser mujeres? Parece que la igualdad ante la ley está muy pasada de moda.
No para: "Por tanto, el rechazo social de esta práctica debe ir paralelo a nuestra condena de la violencia de género en el ámbito doméstico. Para concluir, también teníamos razón cuando lanzamos el mensaje de que el cliente era cómplice y tenía una responsabilidad en la explotación sexual de cientos de miles de mujeres". Tenemos que mezclarlo y rechazarlo todo en bloque, sin hacer distinciones que sobrecarguen la inteligencia: la violencia en la pareja, la violencia de la explotación sexual y la prostitución consentida. Las cruzadas morales son así.
Una noticia sobre la inminente promulgación de una reforma del código procesal penal peruano, aprobada por el congreso del país andino, según la cual cualquier ciudadano podrá detener a quien sorprenda cometiendo un delito flagrante, me hizo reflexionar sobre los medios de autodefensa y averiguación de delitos que los derechos positivos reconocen a los particulares.
En el caso español, de modo semejante a lo que se anuncia en Perú, la vigente LECr (Art. 490) reconoce desde hace bastante la potestad de los ciudadanos de detener al delincuente en flagrante o a quién "intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo", con la obligación de entregarlo al juez más próximo en un plazo de 24 horas.
A pesar de cierto desconocimiento al respecto, preceptos procedentes de leyes decimonónicas habilitan a los ciudadanos para detener en otros supuestos, incluso, aunque parezca increíble, a los aforados revestidos de inmunidad parlamentaria capturados in fraganti. Bien sea para protegerse a sí mismos o para ayudar a otros, en esos casos los ciudadanos tienen el derecho legal de actuar en lugar de las policías oficiales. El intervencionismo puede haber provocado cierto desuso de esta potestad. Tal vez tenga algo que ver la dificultad de distinguir el grado de las infracciones penales, dado que está prohibido detener por causa de falta, a no ser que el detenido carezca de domicilio y no se le pueda identificar. Pero recientes casos que han saltado a los medios de comunicación demuestran que dentro de la sociedad surgen espontáneamente personas dispuestas a detener a criminales.
En aras de no caer en la arbitrariedad, la comprensión del concepto de flagrancia se revela crucial para justificar el arresto de un presunto delincuente por parte de un particular. Se trata, según una cuidada elaboración traspuesta a la ley, de la acción que se está ejecutando, o que acaba de ejecutarse cuando se sorprende al delincuente. Se considera que la acción no se interrumpe si la persona que ha actuado es perseguida inmediatamente después de cometer el delito sin ponerse fuera del alcance de los que le persiguen. Y, en un plano más alejado –hasta el punto que la doctrina lo consideraba un género de semiflagrancia– se asimila el caso de quién es sorprendido inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.
Por el contrario, legislación más reciente ha impuesto restricciones casi absolutas respecto a la investigación de delitos por particulares. Aprobada al mismo tiempo que otras leyes de recorte de las libertades como la Ley Corcuera, la Ley de Seguridad Privada (Art. 19) solo permite a los detectives privados obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados y la investigación de delitos semipúblicos, entre los que se encuentran sólo los delitos de injurias y calumnias.
Es más, se les prohíbe expresamente emprender investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio. Tan sólo pueden denunciarlos ante "la autoridad competente" y poner a su disposición la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido.
Estas restricciones se suman a la regulación de las agencias de detectives, que están sometidas a la autorización administrativa previa y la supervisión del Ministerio del Interior, esto es, de la policía "en expediente que se instruirá a instancia de los propios interesados". De hecho, el órgano administrativo que otorga las licencias es la Dirección General de la Policía. A pesar de la declarada incompatibilidad con la actividad de detective privado de los policías oficiales durante un periodo que se prolonga durante los dos años siguientes a su cese, los incentivos para fichar a antiguos policías en una actividad controlada por su dirección general son evidentes.
Otras obligaciones a las que se somete a los detectives comprenden la remisión anual de un informe al Ministerio del Interior, en el que deben relacionar los contratos de prestación de los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicación de la persona con quien contrataron y la naturaleza del servicio contratado.
La ley que regula la seguridad privada, en general, recibió un sonoro varapalo a principios de 2006. El Tribunal de Justicia de la UE dictaba una sentencia que declaraba, entre otros pronunciamientos, que el Reino de España violaba la directiva europea y los derechos al libre establecimiento de empresas y a la libre circulación de trabajadores, al no adoptar mecanismos de homologación de títulos para los detectives privados de otros países de la UE.
El Gobierno demoró el cumplimiento de esa sentencia durante un año y medio hasta que, advertido de ello por la Comisión Europea, adujo una urgente y extraordinaria necesidad para aprobar las reformas legislativas mediante un decreto-ley.
Aun con todo, esas barreras de entrada a la profesión no son las más perniciosas para la evolución y el ensaño de técnicas de investigación innovadoras que compitan, o coexistan, al menos, con las desplegadas por las policías oficiales. Es más, espíritus inquietos y emprendedores que no encajan dentro de organizaciones burocratizadas, bajo la dirección de facciones políticas, podrían encontrar oportunidades en empresas privadas especializadas en investigar los delitos por encargo de sus clientes.
Ni que decir tiene que una figura como el detective Sherlock Holmes estaría proscrita dentro del régimen jurídico de esa profesión en España. Legalmente no se presenta la ocasión de que un detective privado deje en ridículo al equivalente de un inspector Lestrade de Scotland Yard por su falta de perspicacia y conocimientos.
Dentro de un programa de largo alcance de liberalizaciones del sector de servicios, debería simplificarse el régimen de las autorizaciones administrativas y permitir la ampliación del campo de actuación de los detectives privados a los delitos públicos. Dados los probables conflictos de intereses y el riesgo de establecimiento de barreras de entrada, debería separarse a las policías oficiales de la supervisión del sector. Por el contrario, para evitar, además, la brutal politización a que están sometidas las fuerzas de policía, los detectives privados deberían relacionarse con los jueces como colaboradores de la justicia. Aparte de quedar vinculados por su deontología profesional, los detectives tendrían que solicitar la correspondiente autorización judicial para emprender actuaciones de investigación que supusiera una intromisión en los derechos fundamentales de personas.
La pusilanimidad de Feijóo en materia lingüística contribuirá, de hecho ya lo está haciendo, a que se vulneren derechos esenciales que están por encima de las instituciones políticas, incluida la Junta de Galicia. Si encima lo hace con la intención de apaciguar a las fuerzas de choque nacionalistas tendremos que convenir que el presidente gallego es algo menos inteligente de lo que en su casa suponen. Cuando un grupo está dispuesto a imponer una medida totalitaria como es la utilización exclusiva del dialecto gallego en la educación y los medios oficiales, cualquier concesión del poder político no se interpreta como un acto de buena voluntad, sino como una muestra de debilidad que conviene explotar hasta sus últimas consecuencias.
Contaba Miguel Maura en su Así cayó Alfonso XIII que cuando comenzó la quema de iglesias para dar la bienvenida a la república era gobernador de Málaga un amigo de Alcalá Zamora, quien, de acuerdo con el jefe de la guarnición militar, propuso a los progresistas de la antorcha que salieran a las afueras a prender fuego a una capilla desacralizada. Así lo hizo el gentío, entre aclamaciones a los dos prohombres por su sentido realmente "popular". Inmediatamente después subieron a los dos en hombros y fueron en procesión incendiando todas y cada una de las iglesias y conventos de la capital.
A pocas semanas de las elecciones europeas, Feijóo se empeña en echarle una mano a Mayor Oreja mostrando a los votantes del PP gallego la ligera tomadura de pelo de la que fueron objeto. Aún es tiempo de rectificar, pero si el flamante presidente gallego actúa así nada más tomar posesión del cargo, podemos imaginar adonde puede llegar en términos progresistas dentro de tres años cuando tenga que revalidar su cargo ante las urnas. De momento ya vemos que la imagen del PP de cara a las europeas le importa menos que pasear a hombros de los nacionalistas. Por si acaso, tomamos nota.
Que la izquierda haya aplaudido con las orejas no debería ser algo demasiado sorprendente, ya que al fin y al cabo equivale a una subida de impuestos; que algunos liberales, sin embargo, hayan visto en esta eliminación el punto final a una discriminación fiscal que distorsionaba nuestra estructura productiva (algunos ingenuos, de hecho, la consideraban responsable de la burbuja inmobiliaria) ya empieza a ser más preocupante.
Por supuesto, son tiempos propicios para considerar la inversión en ladrillo como el origen de todos nuestros males. Cualquier movimiento político que trate de agitar esa bandera contará con el aplauso de las masas: "Que esta calamidad no vuelva a suceder". Y si a esto le añadimos que algunos ven la supresión de la deducción como un mecanismo para proceder a una rápida liquidación de todo el stock de viviendas que acumula nuestro país, la ocurrencia zapateril (en realidad, sebastianil) se torna una ponderada y sensata medida de política económica.
Sin embargo, no deberíamos ir tan deprisa. Ni la inversión en vivienda es una locura de juventud a la que haya que poner coto, ni la deducción causó la burbuja inmobiliaria, ni su eliminación contribuirá a la superación de la crisis.
La vivienda como inversión
Si durante el boom casi todo el mundo consideraba que la vivienda era la única inversión segura y generadora de riqueza –la bolsa era marginada como una suerte de casino que parecía generar inversiones que mejoraran la calidad de vida del potencial inversor–, ahora casi todo el mundo se afana por despreciarla. ¿Para qué comprar una casa, si se puede alquilar? ¿Acaso creemos que un país como España puede salir adelante cuando su primera industria es el ladrillo?
En realidad, ni los excesos laudatorios de ayer ni los excesos denigratorios de hoy tienen demasiado sentido. Obviamente, la vivienda es una inversión: quien adquiere un inmueble está trasladando parte de su renta actual al futuro (está capitalizando su renta). Las letras de la hipoteca que pagamos hoy permanecen en la forma de un bien inmueble que nos proporciona servicios de habitación, que podemos alquilar a otras personas para obtener nuevas rentas, que podemos vender por un monto elevado o legar a nuestros hijos para que tomen cualquiera de esas decisiones.
Otra cosa es que la vivienda sea una buena inversión. Eso dependerá de su precio (actual y futuro). En España era una inversión razonablemente buena en 1997, se convirtió en una razonable en el año 2000… y a partir de ahí debería haber perdido todo su atractivo frente a otros activos, como las acciones. Hoy, las tornas están cambiando, y cada vez va siendo menos infrecuente encontrar pisos a precios interesantes y que constituyan posibles buenas inversiones.
¿Se enriquece un país cuyo parque de viviendas no deja de crecer? Por un lado, está claro que los individuos necesitan vivir en algún sitio, que aspiran a emanciparse de sus padres y formar una familia, que desean disponer de uno o varios sitios de recreo en los que refugiarse durante su tiempo libre (segundas y terceras viviendas). Por otro, los inmuebles también son la base de la producción de la industria turística (hoteles y apartamentos) y de buena parte de las demás (necesitan tener oficinas, almacenes, locales comerciales…). Por consiguiente, la vivienda es un bien de capital bastante polivalente y reconvertible, que presenta una amplia demanda por parte de los individuos (demanda que, además, resulta bastante improbable que se extinga en el futuro).
Resulta poco dudoso que más viviendas significan más riqueza y más bienestar para los individuos. El problema no es tanto que la burbuja haya arrojado un exceso de viviendas cuanto que ese exceso se ha generado a costa del defecto de otros bienes de capital e industrias, que en estos momentos supondrían aún más riqueza que las nuevas viviendas (es decir, las viviendas son útiles, pero había otras inversiones más útiles que fueron desatendidas).
La deducción por vivienda como causa de la burbuja
Diversos analistas han sugerido que uno de los motivos principales que engordaron la burbuja inmobiliaria en nuestro país fue la existencia de la deducción por compra de vivienda. Dado que esta deducción nos permitía ahorrarnos –como mucho– unos 1.400 anuales en el IRPF por la compra de la vivienda habitual, había incentivos muy poderosos para que todo el ahorro se canalizara hacia los inmuebles.
Es un error, sin embargo, suponer que la legislación tributaria pueda generar burbujas. Desde luego, las figuras fiscales afectan a la estructura productiva, pero difícilmente podrán tildarse estos efectos de burbuja. Toda inversión se adopta (o se debería adoptar) por su rentabilidad financiero-fiscal (por su rentabilidad después de impuestos); por tanto, una fiscalidad favorable a un tipo de inversiones, como la efectuada en vivienda, sólo hará que la rentabilidad antes de impuestos de la vivienda sea menor que la de otros activos. Pero esto nada tiene que ver con una burbuja, que alude a que el valor presente de un activo se incrementa mucho con respecto a las rentas futuras esperadas, y que se produce como consecuencia de unos tipos de interés artificialmente bajos. Quien causó la burbuja inmobiliaria en España fue el sistema bancario (el Banco Central Europeo, con sus tipos de interés al 2%, y los bancos privados, con su estrategia de endeudarse a corto e invertir a largo), no la deducción.
Pero es que, aparte, los supuestos privilegios fiscales de la vivienda en España resultan cuando menos discutibles. Recordemos que la compra de vivienda de obra nueva está sometido al IVA (7%), y la de segunda mano al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (cada autonomía tiene el suyo, pero se mueve en torno al 7%), entre otros tributos. Dicho de otra manera: según estos analistas, la vivienda está tan fiscalmente favorecida en España porque comprando un inmueble nos podemos ahorrar como mucho unos 1.400 euros anuales en el IRPF… a costa de pagar de golpe 14.000 euros (y eso para una vivienda de 200.000 euros; si fuera de 400.000, rozaría los 30.000).
La supresión de la deducción como incentivo a la recuperación
Con independencia de que me parezca absurdo que políticamente se prime la adquisición de vivienda frente a otras formas de inversión y con independencia de que el origen de esta deducción se encuentre en el deseo de corregir los nefastos efectos de otras intervenciones (en esencia, la progresiva merma en la inversión en vivienda y el deterioro del parque de inmuebles derivados de la desprotección jurídica de los arrendadores), la deducción es, al menos, un incentivo fiscal al ahorro. Y para superar la crisis necesitamos más ahorro con el que poder sufragar la reconversión del tejido productivo español. Por supuesto, como digo, lo más inteligente sería mejorar la fiscalidad para todos los instrumentos de ahorro, de modo que las decisiones de inversión se basaran en las necesidades de los consumidores y no de Hacienda. Pero como esto no parece estar en la agenda ni del PSOE ni del PP, al menos que conserven la deducción por compra de vivienda.
Su eliminación sólo retrasará el necesario ajuste de precios hasta 2011 (ya que los promotores adquieren hasta esa fecha un mayor poder de negociación para negarse a corregir la sobrevaloración de los inmuebles), y a partir de ese año agravará la deflación de precios de la vivienda: dado que se encarecerán los precios después de impuestos, los precios antes de impuestos percibidos por los promotores tendrán que reducirse aún más. Así pues, el Estado se lucrará a costa de unos promotores que para entonces estarán aún más asfixiados que ahora.
Si esperamos edificar nuestra recuperación primando el consumo sobre el ahorro, tratando de evitar que se produzca el necesario ajuste de precios y esquilmando fiscalmente a las partes más debilitadas de la economía, es que todavía no hemos aprendido por qué se produjo la crisis y cómo hay que salir de ella. Que los políticos tropiecen en estas dos piedras es comprensible; que los economistas se caigan de morros por apoyar una inalcanzable neutralidad fiscal no lo es en absoluto. Aunque, viendo el deplorable estado de nuestra ciencia, va siendo cada vez más habitual.
¿Por qué los gobiernos han mantenido históricamente una actitud hostil hacia el oro? ¿Cómo se fue produciendo, taimada y veladamente, la expropiación del oro de los particulares por parte de los Estados? ¿Cuál es el papel que juega hoy en día el metal amarillo? ¿Cómo, por qué y dónde invertir en oro?
Todas estas y muchas otras preguntas se plantearán y resolverán en el Gold and Silver Meeting que se celebrará en Madrid el próximo 18 de junio y donde tengo el honor de compartir cartel con figuras tan internacionalmente conocidas como el profesor Antal Fekete, el inversor James Turk y los empresarios Hugo Salinas Price y Vern Rampton.
Cada uno desde su ámbito, experiencia y conocimientos tratará de arrojar luz sobre las anteriores cuestiones que, en buena medida, definen la situación y el futuro de nuestro sistema monetario y financiero.
Puede que usted crea que el oro es cosa del pasado y que ha dejado de tener cualquier tipo de utilidad monetaria. En parte estará en lo cierto: los gobiernos de todo el mundo odian el oro y han intentado romper cualquier vinculación que su dinero de curso legal guardara con él.
No voy a intentar convencerle de lo contrario porque en ese caso se ahorraría venir al Gold and Silver Meeting, y lo cierto es que el resto de ponentes podrán exponer estos asuntos con mucha más maestría que yo.
Sólo déjeme plantearle alguna pregunta que quizá le lleve a cuestionarse esos dogmas tan establecidos sobre la inutilidad del oro y que tal vez le animen a pasarse por las conferencias.
Si buena parte de la demanda de oro se derivaba de que actuaba como respaldo del dólar, ¿por qué entonces el 60% de todo el oro que se ha producido en la historia de la humanidad se ha extraído a partir de 1971, cuando se rompió la vinculación con el dólar?
Si el dólar es dinero y el oro no lo es, ¿por qué cuando en 1971 Richard Nixon abandonó el sistema de Bretton Woods (que establecía la convertibilidad entre el billete verde y el metal amarillo) el precio del oro pasó del entorno de los 35 dólares por onza a 800 en unos años? Al fin y al cabo, si el dólar y sólo el dólar es dinero y buena parte de la demanda de oro se derivaba de actuar como respaldo al dólar, ¿por qué fue éste quien se depreció y no el oro?
Si el oro es una inversión como cualquier otra (o incluso mucho peor que las otras), ¿por qué ha sido el único activo junto con la deuda pública que no ha perdido valor, sino que lo ha ganado de manera considerable, durante esta crisis financiera?
Si el oro sólo tiene una función ornamental y actúa como un bien de lujo, ¿cómo es posible que se revalorice durante las crisis económicas? ¿No deberíamos todos en esos momentos vender el oro a cambio del dinero oficial que nos ofrece el Estado? ¿En las crisis nos refugiamos en los lujos?
Si el patrón oro se abandonó porque era un mal instrumento para evitar las quiebras bancarias y porque cada vez el metal amarillo resultaba más escaso, ¿por qué el sistema bancario mundial ha vuelto a quebrar durante la actual crisis y por qué en la actualidad hay más oro per cápita que en pleno s. XIX cuando estaba en su apogeo el patrón oro?
Si el oro es el mejor dinero posible, si los individuos, pese a los Estados, siguen acudiendo masivamente a él en tiempos de incertidumbre y los motivos que nos han vendido los políticos para abandonarlo son falsos, ¿por qué el mundo utiliza actualmente un dinero fiduciario de curso forzoso cuyo valor depende en última instancia de la voluntad del Estado?
Pues precisamente por esto último. En el Gold and Silver Meeting lo explicaremos con más tiempo y detalle.
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Es un error, sin embargo, suponer que la legislación tributaria pueda generar burbujas. Desde luego, las figuras fiscales afectan a la estructura productiva, pero difícilmente podrán tildarse estos efectos de burbuja. Toda inversión se adopta (o se debería adoptar) por su rentabilidad financiero-fiscal (por su rentabilidad después de impuestos); por tanto, una fiscalidad favorable a un tipo de inversiones, como la efectuada en vivienda, sólo hará que la rentabilidad antes de impuestos de la vivienda sea menor que la de otros activos. Pero esto nada tiene que ver con una burbuja, que alude a que el valor presente de un activo se incrementa mucho con respecto a las rentas futuras esperadas, y que se produce como consecuencia de unos tipos de interés artificialmente bajos. Quien causó la burbuja inmobiliaria en España fue el sistema bancario (el Banco Central Europeo, con sus tipos de interés al 2%, y los bancos privados, con su estrategia de endeudarse a corto e invertir a largo), no la deducción.