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En defensa de la deducción a la vivienda

¿Por qué los gobiernos han mantenido históricamente una actitud hostil hacia el oro? ¿Cómo se fue produciendo, taimada y veladamente, la expropiación del oro de los particulares por parte de los Estados? ¿Cuál es el papel que juega hoy en día el metal amarillo? ¿Cómo, por qué y dónde invertir en oro?

Todas estas y muchas otras preguntas se plantearán y resolverán en el Gold and Silver Meeting que se celebrará en Madrid el próximo 18 de junio y donde tengo el honor de compartir cartel con figuras tan internacionalmente conocidas como el profesor Antal Fekete, el inversor James Turk y los empresarios Hugo Salinas Price y Vern Rampton.

Cada uno desde su ámbito, experiencia y conocimientos tratará de arrojar luz sobre las anteriores cuestiones que, en buena medida, definen la situación y el futuro de nuestro sistema monetario y financiero.

Puede que usted crea que el oro es cosa del pasado y que ha dejado de tener cualquier tipo de utilidad monetaria. En parte estará en lo cierto: los gobiernos de todo el mundo odian el oro y han intentado romper cualquier vinculación que su dinero de curso legal guardara con él.

No voy a intentar convencerle de lo contrario porque en ese caso se ahorraría venir al Gold and Silver Meeting, y lo cierto es que el resto de ponentes podrán exponer estos asuntos con mucha más maestría que yo.

Sólo déjeme plantearle alguna pregunta que quizá le lleve a cuestionarse esos dogmas tan establecidos sobre la inutilidad del oro y que tal vez le animen a pasarse por las conferencias.

  • Si buena parte de la demanda de oro se derivaba de que actuaba como respaldo del dólar, ¿por qué entonces el 60% de todo el oro que se ha producido en la historia de la humanidad se ha extraído a partir de 1971, cuando se rompió la vinculación con el dólar?
  • Si el dólar es dinero y el oro no lo es, ¿por qué cuando en 1971 Richard Nixon abandonó el sistema de Bretton Woods (que establecía la convertibilidad entre el billete verde y el metal amarillo) el precio del oro pasó del entorno de los 35 dólares por onza a 800 en unos años? Al fin y al cabo, si el dólar y sólo el dólar es dinero y buena parte de la demanda de oro se derivaba de actuar como respaldo al dólar, ¿por qué fue éste quien se depreció y no el oro?
  • Si el oro es una inversión como cualquier otra (o incluso mucho peor que las otras), ¿por qué ha sido el único activo junto con la deuda pública que no ha perdido valor, sino que lo ha ganado de manera considerable, durante esta crisis financiera?
  • Si el oro sólo tiene una función ornamental y actúa como un bien de lujo, ¿cómo es posible que se revalorice durante las crisis económicas? ¿No deberíamos todos en esos momentos vender el oro a cambio del dinero oficial que nos ofrece el Estado? ¿En las crisis nos refugiamos en los lujos?
  • Si el patrón oro se abandonó porque era un mal instrumento para evitar las quiebras bancarias y porque cada vez el metal amarillo resultaba más escaso, ¿por qué el sistema bancario mundial ha vuelto a quebrar durante la actual crisis y por qué en la actualidad hay más oro per cápita que en pleno s. XIX cuando estaba en su apogeo el patrón oro?
  • Si el oro es el mejor dinero posible, si los individuos, pese a los Estados, siguen acudiendo masivamente a él en tiempos de incertidumbre y los motivos que nos han vendido los políticos para abandonarlo son falsos, ¿por qué el mundo utiliza actualmente un dinero fiduciario de curso forzoso cuyo valor depende en última instancia de la voluntad del Estado?

Pues precisamente por esto último. En el Gold and Silver Meeting lo explicaremos con más tiempo y detalle.

Madrid, capital mundial del oro por un día

Abogar por una política sensata, permitiendo que el libre mercado depure los excesos del pasado vía recesión y reajuste de precios relativos con el fin de liquidar las malas inversiones fomentadas por el crédito fácil, o bien abogar por una intervención masiva a base de rescates financieros y falsos estímulos económicos. El resultado de una u otra pintan un escenario muy distinto: una recesión en V o una japoneización en forma de L.

Hasta el momento, Obama se ha decantado por esta segunda opción. Y sus efectos comienzan a materializarse de modo dramático en las cuentas públicas de Estados Unidos. Tras revisar al alza sus previsiones iniciales, el Gobierno estima que el déficit fiscal rozará el 13% del PIB en el presente ejercicio. Un desequilibrio sustancial que será financiado a través de la emisión de más deuda pública.

El problema consiste en que los inversores comienzan a desconfiar de los bonos del Tesoro. En las últimas semanas, los acontecimientos se han precipitado. La agencia de calificación Moody´s estudia seriamente rebajar la calidad crediticia (rating) de la deuda pública estadounidense. China, y ahora también Japón, principales acreedores del Gobierno de Estados Unidos, ya han manifestado claramente que no están dispuestos a financiar tal despropósito de forma indefinida.

De hecho, el régimen de Beijing está reduciendo su compra de bonos nominados en dólares y advierte del riesgo de inflación, en una estrategia muy similar a la que en estos momentos está poniendo en práctica Rusia. El Banco Central de Moscú ha comenzado a diversificar sus reservas y ha reducido de forma sustancial su tenencia de dólares hasta el 41,5% frente al 49% de principios de 2007. ¿Casualidad? Ambas potencias dejaron bien claro a Washington que el actual sistema monetario debe ser reformado. El dólar ha de ser sustituido como divisa de referencia internacional

La emisión del billete verde carece de respaldo real desde que el ex presidente Richard Nixon eliminó el último atisbo del patrón oro en 1971. Desde entonces, gracias al monopolio monetario, la Administración de Estados Unidos ha podido embarcarse en una política de gasto público desenfrenado gracias a la capacidad de imprimir billetes y, con ello, generar inflación. 

Sin embargo, China y Rusia han puesto las cartas encima de la mesa y abogan ya sin miramientos por reformar el sistema monetario vigente. No obstante, los bancos centrales de medio mundo están acumulando reservas de oro ante la desconfianza que, hoy por hoy, genera el dólar. De hecho, el propio Obama reconoce que el déficit es "insostenible" a largo plazo y que Estados Unidos ya no puede depender del crédito chino para financiar su abultada deuda pública.

Y todo ello, en un momento clave de crisis financiera y económica. Si Obama continúa por esta senda suicida, lo que hoy son amenazas podrían llegar a convertirse en realidad. Al carecer de respaldo real, el valor del dólar depende en última instancia de la capacidad del Tesoro para colocar sus bonos y refinanciar su abultado endeudamiento. Sin embargo, los acreedores de Estados Unidos advierten seriamente de que podrían cortar el grifo del crédito que abastece a Washington. En tal caso, y siempre y cuando su economía no se recupere antes con intensidad y solidez, el colapso del dólar dejará de ser una utopía y pasará a convertirse en una auténtica pesadilla. Y es que el peor de los mundos no es la temida deflación, sino una recesión inflacionaria.   

Dicha posibilidad existe. Ya aconteció en el pasado, con la suspensión de pagos encubierta por Nixon bajo la derogación del patrón oro, y podría volver a suceder. Tanto Bernanke, presidente de la Reserva Federal, como el propio Gobierno estadounidense son conscientes de dicho riesgo. Lo triste es que, en lugar de recortar drásticamente el gasto público, han escogido la huida hacia delante animados por destacados economistas.

Buscan conscientemente devaluar la moneda vía inflación para deshacerse de la pesada carga de la deuda. Lo consigan o no, y más allá de que se trata de una salida inmoral e injusta –incumplir sus compromisos–, lo realmente grave es que una política inflacionaria e, incluso, hiperinflacionaria, se traduce en un drástico empobrecimiento de la sociedad en su conjunto. El Gobierno impone la miseria a los ciudadanos responsables –ahorradores y precavidos– con el fin de salvar a los morosos: empresas en quiebra y la propia Administración. ¡Bravo!

Demasiado grandes para caer

Una de las ideas principales que utilizan los intervencionistas para justificar las subvenciones públicas a grandes empresas en crisis es que son demasiado grandes como para dejarlas caer: los daños que provocarían serían muy cuantiosos, así que aunque suponga un coste elevado merece la pena ayudarlas de algún modo, para al menos reducir daños. Casi todo en esta argumentación es erróneo.

El argumento es holístico y colectivista, no se detalla ni se distingue a nivel individual. Los presuntos daños y los costes de minimizarlos se agregan, aparentando que los sufre la sociedad en su conjunto, casi insinuando que el problema atañe a todos por igual: se oculta así la realidad de que no todo el mundo está igualmente afectado y que no todo el mundo contribuye igual al rescate. Son en realidad los grupos de interés más afectados por la crisis quienes reclaman la ayuda, pero pretenden hacerlo en nombre de todos, cuando la realidad es que los grupos de presión reciben beneficios concentrados cuyo coste es diluido entre toda la población.

La colectivización sufre el problema de la dificultad (o imposibilidad) de asignación de responsabilidades al no estar separados los ámbitos de decisión (propiedad privada): es difícil conocer, y premiar o castigar, a quienes hayan producido valor o lo hayan destruido y en qué medida. La colectivización puede ser una propuesta ingenua de algunos moralistas incautos y honestos, pero también es una gran oportunidad para parásitos, depredadores, cazadores de rentas, vagos, irresponsables e incompetentes varios que no quieren que se note qué es lo que realmente están haciendo.

Los costes que se asumen en la intervención son seguros y presentes, mientras que los beneficios son presuntos y futuros. Los defensores de la intervención son profetas de las peores calamidades ante los ignorantes, o aparentan más sensatez y utilizan análisis de costes y beneficios ante los mejor informados. Pero normalmente los costes reales de la intervención suelen exceder con mucho lo previsto, y nunca llega a conocerse la magnitud del desastre anunciado ya que no se permite que se produzca. Los seres humanos tienden a cometer errores de exceso de precaución (más vale actuar ante falsas amenazas que no detectar peligros reales), y los gobernantes prefieren pecar de prudentes (no son ellos quienes pagan los costes) antes que asumir la posibilidad de ser responsabilizados de algún problema.

El riesgo moral es el cambio en la conducta humana ante ciertas protecciones o garantías institucionales: el estar asegurado contra algo incentiva la toma de riesgos en ese ámbito. Si una empresa sabe (formal o informalmente) que el Gobierno no deja que las empresas grandes quiebren, tendrá incentivos para primero crecer (para así acceder a esas posibles ayudas) y segundo comportarse de forma irresponsable (asumir mayores riesgos ya que los beneficios se privatizan pero las pérdidas se socializan). Ayudar a las organizaciones que son demasiado grandes para caer tiende a incrementar la cantidad y la mala conducta de dichas organizaciones.

Los problemas sociales suelen ser causados por intervenciones estatales coactivas, pero el Gobierno busca chivos expiatorios para distraer la atención y se ofrece como la única solución: los políticos pretenden que en realidad no quieren interferir, pero que cumplen responsablemente con su deber como clase dirigente sabia y bondadosa; en realidad aprovechan las crisis para incrementar su poder (pretendiendo que es algo temporal que luego en realidad difícilmente desaparece), y no permiten que las personas resuelvan de forma espontánea y libre los problemas por sí mismos aprendiendo de sus errores. Si la intervención estatal no arregla el problema, se alega que habría sido aún peor no intervenir. Nunca se establecen a priori criterios objetivos que permitan establecer el éxito o el fracaso de la intervención. Y la intervención actual siembra las semillas de la crisis futura, con lo cual el ciclo se realimenta y mantiene.

Un argumento especialmente perverso para evitar que algunas empresas quiebren es que en algunas circunstancias las quiebras pueden resultar desordenadas. Parte de la culpa de estas dificultades puede deberse a un entorno de crisis económica, pero la razón esencial de la falta de calidad de los procesos de quiebra es que la justicia encargada de las mismas es estatal: no existe competencia empresarial en la provisión de servicios de disolución y liquidación de organizaciones económicas. La legislación es la misma para todos y los encargados de ejecutarla son funcionarios.

Además de demasiado grandes, algunas organizaciones se presentan como demasiado interconectadas como para dejarlas caer. Si fracasan arrastrarán consigo a otras con las que tienen estrechas relaciones y pagarán justos por pecadores. Además hay un riesgo sistémico de derrumbe de todo el sistema si las caídas van causándose unas a otras en cadena. Este argumento también es holístico, colectivista: no todas las organizaciones están igualmente conectadas unas a otras, las relaciones de interdependencia son muy variadas. Existe igualmente el riesgo moral de que al asegurar la protección de las organizaciones interconectadas estas tenderán a interconectarse más y comportarse peor.

Toda relación tiene un riesgo de contraparte: la otra parte puede incumplir lo pactado, lo estipulado en el contrato, lo que se espera de ella, o incluso podría quebrar y dejar de existir. Los agentes económicos responsables y competentes tienen esto en cuenta y establecen las restricciones y garantías que consideran adecuadas (protecciones, cortafuegos): de este modo no solo controlan sus propias acciones sino que también intentan influir sobre las conductas de otros agentes de los cuales dependen y cuyo fracaso puede dañarlos.

No existe ningún nivel de interconexión óptimo a priori. Dentro de la propia empresa las interconexiones son más intensas y duraderas (y la empresa y sus componentes triunfan o fracasan en conjunto, como una unidad); entre empresas y entre empresas y clientes y proveedores las relaciones pueden ser menos intensas y duraderas. Las empresas se fusionan o segregan y se asocian unas con otras según decisiones de sus directivos y accionistas que buscan mediante prueba y error formas óptimas de organización y creación de valor. No existen garantías absolutas del éxito de ninguna decisión empresarial; es posible aprender de los aciertos y de los errores, pero este proceso se imposibilita si no se asumen los beneficios producidos por los aciertos y los perjuicios causados por las equivocaciones. Cada persona (capitalistas, empresarios, directivos, trabajadores) tiene una responsabilidad local al decidir dónde trabaja y con quién se relaciona y cómo, y debe aceptar las consecuencias de sus elecciones.

¡Salvad a nuestros hijos del pegamento!

Cocaína, crack, marihuana, éxtasis, speed… sustancias abominables capaz de destrozar la vida de nuestros hijos, convirtiéndolos en yonkis, en delincuentes, en amenazas para la sociedad.

Bien hacen los gobiernos de todo el mundo en combatir esta lacra. No importa los miles de millones de euros y dólares gastados en luchar contra la droga. Agentes de policías, cuerpos especializados, lanchas patrulleras, helicópteros, satélites ¡Lo que haga falta! Todo por impedir que nuestros hijos caigan en las garras de la farlopa, del jaco…

A la vista está el gran resultado obtenido por dichas medidas, su éxito para impedir que la droga llegue a nuestros jóvenes…

Pero hay un enemigo latente, un enemigo que está ahí, inadvertido, pero dispuesto a destrozar el cerebro de los más jóvenes.

Es el pegamento industrial.

Una auténtica droga cuya inhalación produce pérdidas de memoria, alteraciones de comportamiento con tendencias agresivas, descoordinación muscular… incluso puede producir fallos respiratorios que acaban con la vida del consumidor.

¿Y qué hace el gobierno? ¡Nada! Asómbrense señores, ¡El pegamento industrial no está sujeto a ningún tipo de control! ¡Es un producto legal! En cualquier droguería, por una módica y ridícula cantidad, cualquier joven puede hacerse con todo el pegamento industrial que quiera, pudiendo drogarse a placer.

Esto no puede permitirse. Los pegamentos industriales han de retirarse del libre comercio. Han de ser tratados como lo que son, una droga muy peligrosa y altamente adictiva. Las medidas a tomar son claras. Prohibición de la venta libre, de forma que solo lo pudiesen comprar o fabricar empresas con un permiso especial gubernativo que demostrase de forma fehaciente que dicho pegamento no va a caer en manos de potenciales inhaladores.

Con ello se conseguiría lo que se ha conseguido con el resto de las sustancias consideradas drogas. Dichos potenciales inhaladores deberán acudir al mercado negro a conseguir su producto, el cual habrá disparado su precio. Esta subida de precio significaría dos cosas. En primer lugar, los beneficios para los traficantes de pegamento se multiplicarán de forma exponencial. En segundo lugar , el consumidor enganchado necesitará meterse en actividades ilegales para poder pagar los nuevos precios inflados por la prohibición.

Ante ello, veremos cómo en la puerta de los colegios camellos de pegamento regalarían pegamento a nuestros hijos para tratar de engancharlos. En las discotecas, distribuidores "enrollados" lo ofrecerían junto con lo último en pastillas. En las empresas que de forma legal producen el pegamento para dedicarlo a actividades industriales surgirían sobornos, desviaciones de producto, conductas delictivas para poder surtir dicho mercado negro.

Incluso desde otros países, empresas químicas en situación de ilegalidad, como los laboratorios clandestinos de coca, harían un producto específico para introducirlo en nuestro mercado. Con lanchas lanzaderas, con dobles fondos en camiones, con "mulas" que lo introducirían en nuestro país

En Barajas, los perros policía deberán ser entrenados en detectar este nuevo olor. Cuerpos especiales de policía anti-pegamento deberán ser desplegados. Nuevas campañas multimedia de concienciación ciudadana multimillonarias, "Pegamento no gracias", pagadas con dinero del contribuyente, se pondrían en marcha para combatir la adicción al pegamento industrial.

Los famosos, siempre solidarios, aportarían su granito de arena: "Di no al pegamento". En todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos surgirían agencias anti pegamento, con delegados anti pegamento, coordinadores, asistentes sociales…

En fin, que se resolvería el gravísimo problema que representa el pegamento industrial para la salud de nuestros hijos de la misma forma que se ha conseguido resolver el problema de las drogas.

Nota adicional: En el tercer mundo, miles de chavales en situación de pobreza extrema inhalan pegamento. Quizá la solución sea la mencionada antes, prohibir dicho pegamento. Aunque yo creo que el problema de estos pobres chicos no es el pegamento en sí, sino la pobreza generada por gobiernos corruptos e intervencionistas.

Obama pasa de Sebastián

Ocurre que a veces, en ocasiones, esa realidad es mucho más poderosa que su buenismo paternalista y adanista. La legislatura del pleno empleo es la de los cuatro millones de parados, que pronto serán cinco. Pero hay más ejemplos, y uno de ellos es especialmente significativo.

Zapatero ha hecho suya la energía renovable, y nos está llevando por ese despeñadero a base de miles de millones de nuestro dinero, el de los impuestos, repartidos entre unas pocas grandes empresas, a las que se asegura 25 años de subvenciones. Sólo de ese modo resultan lo suficientemente rentables como para subsistir. 29.000 son los millones de euros necesarios para crear 50.000 empleos. Esos millones de euros, de haberse invertido en la economía general, habrían creado más de 100.000 puestos de trabajo, de modo que por cada nuevo empleo "verde" se han destruido dos en el resto de la economía.

Como esos trabajos se crean en la instalación y producción, no en la explotación ordinaria, para mantener o incrementar el número de empleos "verdes" hay que aumentar sin parar las nuevas instalaciones, y con ellas, los compromisos de subvenciones por un cuarto de siglo. Cada vez la pelota se hace más grande. Es un sistema piramidal que sólo se mantiene incrementando las ventas. Como nuestras arcas no dan más de sí, ZP ha mandado a Sebastián a venderle la moto a Obama, otro profeta del ecologismo basado en el bolsillo del contribuyente.

Aquí es donde entra el Instituto Juan de Mariana. Tres de sus miembros han elaborado un informe que demuestra que el empeño en las energías renovables destruye más empleo que el que crea. Lo recogieron The Economist, The Wall Street Journal y, a partir de ahí, gran parte de la prensa estadounidense. Han tenido que salir al paso desde el portavoz de la Casa Blanca a otros miembros del equipo de Obama. Lo último es que el negro presidente de los Estados Unidos, que ponía a España como ejemplo a seguir, se la envaina y no se atreverá a mencionar a nuestro país, dado el impacto del informe. Probablemente no ha habido ningún informe extranjero con tanta repercusión en aquel país.

El Gobierno español se ha mordido la lengua todo lo que ha podido, pero a preguntas de los periodistas estadounidenses, Miguel Sebastián recurrió a la descalificación, al pensamiento progresista, en definitiva, para atacar el informe. CCOO y la Fundación Ideas han seguido por la misma senda intelectual. Caldera dice del Juan de Mariana que es "poco conocido" y que está vinculado al PP. Piensa el recaudador de subvenciones que todos son de su condición, pero el Juan de Mariana no las acepta.

No pueden hacer nada contra las buenas ideas.

Malos tiempos.cu

Y eso es algo que ha influido en el escaso acceso permitido a internet desde sus orígenes en la isla-cárcel. Pero todo es susceptible de ir a peor, especialmente si quien está en el poder es uno (o los dos, en realidad) de los hermanos Castro. Ante las muestras de acercamiento dadas por Obama, la respuesta del régimen de La Habana ha sido mayor censura y represión.

La misma lógica represiva que acaba de condenar a tres años de prisión al periodista independiente Santiago Du Bouchet –que se suma a las docenas de informadores y activistas pacíficos que penan en las cárceles cubanas– se aplica a internet. La red supone un doble peligro para el régimen. Por una parte, permite que bloggers no afines al castrismo y quienes practican el periodismo al margen de los medios oficiales hagan llegar al mundo lo que ocurre cada día en la mayor de las Antillas, o incluso que un cubano cualquiera cuente en un correo electrónico su vida cotidiana a un español, norteamericano, japonés u oriundo de cualquier otro país. Por otro, si el acceso fuera libre, los habitantes de la isla podrían saber cómo se vive en el resto del mundo, algo que no les está permitido.

Ante esta realidad, el régimen comunista está estrechando aún más el cerco que aplica a la red. Ahora que se permite que los cubanos entren a la mayor parte de los hoteles de la isla, se les ha comenzado a prohibir que se conecten a internet en los ordenadores disponibles en estos lugares. Y en los establecimientos en los que todavía no se aplica la prohibición, el precio por media hora es de algo más de la cuarta parte del salario medio mensual en el país.

Así, los únicos lugares que les quedan a los cubanos para conectarse son los cibercafés propiedad de la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA –en la cual Telecom Italia actúa como cómplice del régimen con un 30% de las acciones– y los Jóvenes Clubs de Computación de la Unión de Jóvenes Comunistas (las juventudes castristas). Estos últimos reductos están controlados por el régimen, por lo que se puede negar su uso en cualquier momento a los periodistas y bloggers independientes. Además, desde ellos no se permite el envío de fotos o videos ni el uso de dispositivos de almacenamiento de datos externos al propio equipo desde el que uno se conecta.

Pero las represalias y cortapisas no se quedan en eso. El régimen llega incluso a privar de su correo electrónico a personas que no se comportan en internet como les gustaría a las autoridades comunistas. Es lo que le ha ocurrido al escritor Ángel Santiesteban, al que la burocracia "cultural" ha aplicado esta sanción por el mero hecho de tener una bitácora en el sitio web CubaEncuentro.

El afán represivo castrista no tiene límite, ni en lo referido a internet ni en cualquier otro aspecto. Demasiados políticos y periodistas de los países democráticos parecen no querer verlo. Sin embargo, otros no estamos dispuestos a callar ante la tiranía.

Esa cosa llamada responsabilidad

Me refiero naturalmente a Bibiana Aído, entre cuyos méritos para desempeñar cualquier cartera ministerial destaca por su importancia el hecho de ser ahijada de Manuel Chaves.

Dice la prohombra que cualquier niña de 16 años debe tener derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo sin autorización paterna, como ya lo tiene para someterse a cualquier intervención quirúrgica, sea del tipo que sea. El comparar una operación de apendicitis con un aborto se antoja algo excesivo, aunque sólo sea porque las causas que llevan a una y otra situación y las consecuencias posteriores son completamente distintas.

No obstante, el razonamiento de la miembra tiene una falla fundamental en la que no suele repararse, y es el concepto de responsabilidad. Toda decisión implica, en primer lugar una elección sobre varias opciones, y en segundo la obligación de asumir las consecuencias que de la misma se derivan. Pero en los mensajes que el Gobierno transmite con su legislación y los medios de comunicación de masas extienden de forma masiva, brilla por su ausencia la necesidad de que todos debemos ser responsables de nuestros actos, incluso aunque estos produzcan situaciones no deseadas.

El mantener relaciones sexuales sin tener una pareja estable conlleva el riesgo de que se produzca un embarazo no deseado, igual que conducir sin carné y drogado hasta las trancas puede desembocar en que el protagonista provoque un accidente. Es evidente que el "cani" que estrella el seat tuneado contra una parada de autobús llevándose a unos cuantos peatones por delante no deseaba ese final, pero eso no impide que sea responsable de todo lo ocurrido. Por eso sorprende que en el caso de las niñas preñadas, el Gobierno, con el aplauso de todos los progresistas, se haga cargo de las consecuencias con cargo a todos los contribuyentes.

En efecto, el nuevo proyecto de ley del aborto viene a decir que el Ejecutivo asume los "daños colaterales" de la decisión personal de una niña menor de edad, porque además el aborto se realizará con fondos públicos, y como la gente no es tonta y los adolescentes menos aún, el resultado será un incremento exponencial en la cifra de abortos entre las menores de edad, que es precisamente, pásmense, lo que Zapatero y su muchachada dicen querer evitar con esta modificación legal. Reparen un momento en la incoherencia zapateril: para evitar el alcoholismo entre los adolescentes se restringe sin cesar su acceso a las bebidas alcohólicas, en cambio, para evitar abortos, lo que hace el Gobierno es ampliar las posibilidades de que se practique, incluso sin permiso paterno. Hasta un lector del periódico de Roures sería capaz, a poco que se esforzara, de captar la contradicción.

La responsabilidad sobre las decisiones libremente adoptadas es el reflejo especular de la libertad individual. Eliminar la primera parte de la ecuación no va a hacer a los jóvenes más libres. Al contrario, los convertirá en individuos cada vez más irresponsables y dependientes del Estado y sus políticos, que es precisamente el objetivo primordial del socialismo desde que se inventó. Y como los socialistas no van a explicar esa verdad voluntariamente, es bueno que el partido de la oposición lo haga. No lo tenían previsto, ocupados como están en decidir si condenan al Papa por decir que la fidelidad conyugal es una buena herramienta en la lucha contra el SIDA. En mi opinión, ha sido la reacción espléndida de Rosa 9’5 y la proximidad de las elecciones europeas lo que les ha llevado a tomar una decisión clara al respecto, con recurso ante el Tribunal Constitucional incluido. No, si al final va a resultar que sí sirven de algo esas elecciones…

La desglobalización y el proteccionismo comercial

Las crisis económicas, al igual que las guerras, suponen un caldo de cultivo ideal para el crecimiento de la intervención estatal sobre la libertad y propiedad de los individuos. Tras la victoria alcanzada sobre los paraísos fiscales, los grandes gobiernos amenazan ahora con extender la sombra del proteccionismo comercial sobre sus respectivas economías.

La instauración de nuevas barreras proteccionistas es, hoy por hoy, uno de los mayores riesgos y desafíos que afronta la economía mundial. Por desgracia, ya se han tomado las primeras decisiones en este ámbito. El presidente de EEUU, Barack Obama, disparó todas las alarmas con su polémica cláusula Buy American, con el fin de restringir la compra de acero procedente del exterior. Las duras críticas lanzadas por la UE y otros socios comerciales evitó su completa implementación. Obama accedió a rebajar las limitaciones impuestas en un primer momento, pero no las eliminó por completo, lo cual evidencia su visión retrógrada acerca de la economía de mercado.

De hecho, poco después anunció la puesta en marcha de una medida similar, sólo que esta vez aplicada a las grandes multinacionales estadounidenses. Su Gobierno pretende ahora ampliar su brazo fiscal a las operaciones que este tipo de empresas desarrollan en países extranjeros. ¿Objetivo? Desincentivar la implantación de fábricas en el exterior, cuando, en realidad, lo que provoca es restar competitividad internacional a las grandes compañías de la primera potencia mundial.

No es el único. Según el Banco Mundial al menos 17 de los 20 países más ricos del planeta han puesto en marcha nuevas barreras proteccionistas para proteger a sus industrias nacionales de la competencia exterior. Por el momento, nada indica que los respectivos gobiernos estén dispuestos a corregir este tipo de errores. Más bien al contrario, algunas empresas foráneas alertan de que el gigante chino no es ajeno a este proceso. El régimen de Beijing está aumentando el proteccionismo de su producción nacional vía subvenciones y ayudas públicas.

Por si ello fuera poco, el estallido de la nueva gripe en México amenaza con intensificar las restricciones al libre movimiento de bienes e, incluso personas. Independientemente de que la citada enfermedad sea o no tan peligrosa como pretenden hacernos ver algunos, los datos muestran que la alerta de pandemia ya se ha materializado en el cierre de fronteras a algunos productos, como el cerdo español, y nacionalidades. No obstante, Francia abogó por aislar por tierra, mar y aire a México, foco originario de la infección, según la Organización Mundial de la Salud.

La previsible caída de turistas y de transacciones comerciales con dicho país supondrá un duro golpe a la ya de por sí dura crisis que comienza a sufrir la economía mexicana. Por su puesto, ni un sólo atisbo de avance en la ronda de Doha desde el inicio de la recesión mundial, no vaya a ser que la temida competencia exterior acabe por levantar protestas entre los privilegiados sectores subvencionados de las economías desarrolladas. Todo un ejercicio de demagogia e hipocresía política que, por desgracia, amenaza con agravar la crisis económica mundial.

Algunos deberían repasar con atención las lecciones del pasado. La Ley Arancelaria impuesta por el Gobierno de EEUU en 1930 tras el crack del 29 provocó una caída del comercio mundial próxima al 65%, sembrando las semillas de la Gran Depresión. En la actualidad, y sin el proteccionismo comercial aplicado entonces, el comercio internacional se desploma a un ritmo de entre el 20% y el 40% interanual, según los casos. Así, por ejemplo, las exportaciones chinas bajaron un 22,6% en abril, por sexto mes consecutivo, mientras que las importaciones se desplomaron un 23% interanual

No es el único. La contracción de las exportaciones en Japón, Taiwan, Francia, Canadá, Alemania o Gran Bretaña superan el 30%. El momento es, pues, delicado. Una apuesta firme y decidida de algunas potencias relevantes por el proteccionismo comercial y la supuesta epidemia de la gripe porcina se quedará en un mero estornudo en comparación con los nefastos efectos económicos que podría causar la desglobalización mundial.

Socialistas contra el striptease

Una muestra más de paternalismo por parte de un Estado que se arroga el derecho a educar a la sociedad en el "buen gusto" y cree que los ciudadanos no somos lo bastante maduros para decidir si pararnos delante del escaparate o boicotear la campaña comprando Coca-Cola.

El striptease en Preciados consiste en dos jóvenes quitándose prendas hasta quedarse en ropa interior. No es precisamente pornografía y no se hace en la calle, sino en propiedad privada. A quien no le guste no tiene más que mirar hacia otro lado, nadie le obliga a detenerse delante del escaparate para ver la función.

Puede argüirse que el striptease produce una externalidad negativa sobre los transeúntes que circulan por la calle pública y se sienten ofendidos o incomodados, porque corrompe los valores tradicionales o no es de su gusto. Pero si la mera molestia u ofensa moral fuera motivo suficiente para prohibir una acción, entonces todas las acciones sería susceptibles de ser prohibidas. A un nivel similar al del striptease en el escaparate estaría el top less o el bikini en la playa, una pareja besándose apasionadamente en el parque, las portadas de la revistas porno en el quiosco, la chica que se pasea en minifalda y transparencias, o la vecina que se desnuda en su habitación sin correr las cortinas. Pero sería arbitrario limitar las potenciales externalidades negativas a este puñado de ejemplos. El mero conocimiento de que una acción que desapruebas está teniendo lugar puede ser causa de malestar o disgusto, luego todo queda al alcance de los prohibicionistas.

Los que defendemos la libertad individual entendemos que la gente tiene derecho a hacer con su cuerpo y su propiedad lo que quiera mientras respete el mismo derecho en los demás. Da igual que nos disguste o no estemos de acuerdo con su curso de acción. Los colectivistas, por el contrario, sienten el impulso de imponer al resto su particular concepción de la vida buena.

Es cierto que hay externalidades negativas que pueden considerarse agresiones o interferencias sobre la propiedad ajena, como la polución o el ruido extremos. Los límites no siempre pueden establecerse de forma nítida a priori, pues estamos hablando de continuums (de la barbacoa del vecino a la chimenea industrial, o de los críos jugando en el jardín a la macrofiesta techno a las 3 de la mañana) y su componente práctico hace que sea inadecuado tratar esta cuestión en abstracto, desde la teoría.

Pero esas externalidades negativas son severas y claramente interfieren en el uso que la persona hace de su propiedad, como podría hacerlo cualquier otra agresión convencional en la que se utiliza la violencia de forma explícita. La interferencia en el uso de la propiedad es lo que justifica la prohibición en el marco del liberalismo, que prescribe normas para que la gente pueda perseguir sus fines sin obstruirse mutuamente.

En el caso del striptease, estamos hablando de una externalidad negativa visual, cuyo efecto es subjetivo y en todo caso leve y evitable. Quedarse en ropa interior en un escaparate no restringe la libertad de actuación de terceros, quienes pueden seguir persiguiendo sus fines usando los medios en su poder igual que antes.

Santín dice que el striptease es "vejatorio" y "denigrante", pero se trata de un intercambio voluntario por el que unos modelos atractivos se prestan a quedarse en ropa interior a cambio de una remuneración.Todas las partes salen beneficiadas, o no habría acuerdo. Además, a los modelos seguramente les gusta lucir su cuerpo y a los espectadores verlo. Quizás Santín se considera moralmente superior por no llevar poca ropa en el trabajo, pero su labor como portavoz en una concejalía que no debería existir está mucho más cerca de atentar contra la vulnerabilidad de las personas que un inofensivo striptease.

Luego está la objeción de los niños, un recurso que muchos prohibicionistas utilizan para privar de libertad a los adultos. ¿Acaso no perturba un striptease a los menores inocentes que pasean por Preciados? Pues lo dudo, y en todo caso menos que los videojuegos de guerra que tienen en casa, las películas violentas que ven por la tele o las webs de todo tipo que visitan en internet. Quien crea que esto es un reflejo de la degeneración social de Occidente y escapa al control de los padres siempre puede emigrar a Arabia Saudita, paradigma del progreso y la civilización, donde estas obscenidades no están toleradas.

En cualquier caso, es inevitable que haya desencuentros y controversias si en parte el objeto de la discusión es un espacio que es "propiedad de todos". Privaticemos la calle Preciados, repartiendo acciones entre los comerciantes y vecinos, y se acabó la polémica. Los nuevos propietarios pagarían por su mantenimiento y establecerían las normas de la calle de acuerdo con sus preferencias y las de los transeúntes, si lo que quieren es atraerlos a sus comercios en lugar de alienarlos. Santín ya no tendría ni voz ni voto.

Industria deja en evidencia a Sebastián

Entre nuestras conclusiones destacan algunas como que las subvenciones verdes producen burbujas artificiales muy difíciles de desinflar y que en España estallaron a finales de 2008; que a medida que aumenta la potencia renovable instalada se incrementa el coste de la electricidad y pone en riesgo el sistema; que han hecho falta casi 29.000 millones de euros en subvenciones para que España se convirtiera en líder mundial en este sector; que a pesar de semejante despilfarro de recursos los empleos equivalentes apenas pasan de 50.000; que cada empleo ha requerido más de medio millón de euros en subvenciones; que esos recursos habrían producido más de 100.000 puestos de trabajo en el resto de la economía; que por lo tanto la subvenciones a las energías verdes hacen que se pierda empleo; que la energía solar es la más ineficiente en términos de creación neta de puestos de trabajo por MW instalado; y que muchas empresas intensivas en energía están abandonando España debido a nuestros elevados costes energéticos.

El exabrupto del ministro español de Industria se produjo la semana pasada durante su participación en WindPower, la mayor feria eólica de Estados Unidos. Sebastián se desplazó allí para contar que la experiencia española es un cuento de hadas y así animar a los políticos estadounidenses a que adopten políticas similares a la intervencionista y redistributiva regulación española. Vamos, que fue a vender la moto a los yanquis. Y no le faltan motivos. El Gobierno español se dio cuenta el año pasado de que no podía seguir incrementando de manera permanente las subvenciones a las renovables. Sin embargo, la escalada indefinida de estos subsidios es imprescindible para no perder la mayor parte de los empleos verdes, que son en instalación y producción, y no, como se suele pensar, en operación y mantenimiento. Así que si los americanos del norte no comienzan a regalar el dinero público a quien produzca energía renovable y servicios relacionados, las empresas españolas tienen un panorama no verde sino muy oscuro.

La feria no fue un paseo de rosas para quienes insisten en las bondades del dirigismo ecologista. En Estados Unidos el estudio de la Universidad Rey Juan Carlos ha tenido una enorme difusión tanto en los medios de comunicación (donde ha sido comentado por cadenas como CBS, CNBC, CSPAN, Fox News, CNN, Univisión o shows como el de Glenn Beck) como en la esfera política (donde tanto el portavoz de la Casa Blanca como el ministro de Energía estadounidense y otros representantes de la Administración Obama han sido insistentemente preguntados acerca de sus conclusiones). Cuando a Sebastián le inquirieron por el estudio, su respuesta consistió en afirmar que "tiene una calidad y un rigor muy bajos y que no tiene ninguna solidez técnica". Su opinión va en contra de la línea editorial de los mayores y más respetados diarios y semanarios de economía del mundo: The Wall Street Journal y The Economist. Pero a diferencia de la posición de los dos periódicos, el líder del mercantilismo español no ofreció argumentos y concedió otra guinda gratuita al asegurar que éste es "un debate ganado". Este argumento no sólo no le llena de razón sino que es el mismo que daba cuando Zapatero le presentó a la alcaldía de Madrid.

Sin embargo, dos días después de realizar estas declaraciones, su equipo va y nos da la razón. Y es que Industria alerta de que "la tendencia que están siguiendo estas tecnologías [las renovables], podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico". ¡Casi nada!

De esto a lo que decimos en el estudio sólo va una pizca de honestidad intelectual, un poco de amor por la realidad y una buena dosis de sencillos razonamientos económicos (que sólo una mente retorcida confundiría con mala calidad). Tres cualidades de las que siempre se han mostrado escasos los mercantilistas.