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La imposibilidad del cálculo económico en el sistema autonómico

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La actual crisis económica y financiera de España es también una crisis estructural de profundidad y largo recorrido que, si se quiere resolver, debe afrontarse simplificando el modelo de administración territorial para poder reducir el tamaño del Estado Autonómico, sus barreras comerciales y sus arbitrariedades liberticidas.

El derrumbe del Muro de Berlín y la caída de los regímenes comunistas de Europa del Este, demostraron la imposibilidad de cálculo económico en una sociedad socialista, tal y como adelantó el gran economista austríaco Ludwig Von Mises en el año 1920. La dictadura de los medios de producción ha sido calificada por algunos autores como un socialismo "carnívoro" ya que dinamita los pilares de la sociedad civilizada. Pero, tal y como se explica en el ensayo El Regreso del Idiota, también existe un socialismo "vegetariano" que actúa de forma lenta aunque, también, implacable en las naciones donde se implanta.

El socialismo real actúa de forma rápida, creando de inmediato pobreza, hambre, muerte y destrucción. Significa la propiedad pública de todos los medios de producción, por lo que elimina de inmediato la posibilidad de cálculo económico de la población, ya que desaparecen los incentivos de los ciudadanos para emprender y embarcarse en negocios que suministren bienes y servicios competitivos y, en definitiva, que sean útiles para satisfacer las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, el socialismo de mercado o social-democracia, que también puede denominarse capitalismo de Estado, deja un margen de actuación que es capaz de generar riqueza ante determinadas coyunturas mundiales, pero siempre en menor grado que un mercado libre, debido a la expansión del tamaño del Estado y a la multiplicación de sus trabas administrativas, a las exacciones sobre la hacienda de los contribuyentes y a toda una completa gama de arbitrios políticos: monopolios, oligopolios, precios fijos, concesiones, licencias, ayudas o subvenciones.

El socialismo de mercado interviene en la economía con regulaciones restrictivas de la competencia por lo que, como mínimo, dificulta el cálculo de los agentes económicos. Cuanto mayor es la intervención en los mercados, más se restringe el acceso de los ciudadanos al mecanismo de formación libre de los precios que permite obtener información clara para aprovechar las oportunidades de negocio y así proveer de bienes y servicios útiles a la sociedad.

De este modo, el socialismo de mercado pretendiendo "redistribuir" la riqueza y "guiar" los mercados, disminuye la propiedad privada y los intercambios comerciales, de forma que la población empleada en el sector privado debe sostener las ineficiencias públicas y los privilegios de las autoridades y los colectivos cercanos al poder. En cualquier caso, al restringir los medios de producción en manos privadas y mermar su completo desarrollo, se reducen las posibilidades de crecimiento socioeconómico de la nación.

Los perniciosos efectos del socialismolight, vegetariano, o de mercado crecen de modo exponencial con la expansión del tamaño del Estado. Una variante particular del mismo es el llamado Estado de las Autonomías y la inacabable concesión de competencias y recursos al nacionalismo. Es decir, el famoso "sudoku" del ex ministro de economía supone una nueva variante de socialismo de mercado, una nueva forma de intervencionismo descentralizado, que podemos denominar socialismo autonómico, en donde el poder de las regiones crece desmesuradamente.

Si se observan de cerca su fatal arrogancia, los actos inmorales que ejecutan sus fieles y la permanente discriminación sobre las personas de bien que sufren sus políticas excluyentes, el nacionalismo no deja de ser un socialismo de "clase media" que redistribuye la riqueza con criterios de construcción de una nueva "realidad nacional"; siempre al servicio de una casta política de la que viven cientos de miles de personas, físicas y jurídicas, surgidas al amparo de los personajes peor cualificados intelectual y moralmente dentro de la sociedad.

A largo plazo, los excesos autonómicos como la expansión del gasto público regional, el despilfarro de los recursos y las leyes restrictivas de la libertad de elección de los ciudadanos y del libre comercio sólo pueden acabar con la imposibilidad de establecer un cálculo económico eficiente entre todas las Autonomías.

Si antes de la Transición existía una "enfermedad grave" con recorte de libertades y con un tamaño de Estado por debajo del 25% del PIB, la inoculación del "cáncer" del sistema de organización territorial autonómica ha degenerado en una "metástasis" de 17 nuevos estados en crecimiento constante y desmesurado y, en coacciones sobre la libertad de los ciudadanos no-nacionalistas, con una expansión del gasto público que supera el 46% del PIB.

El cálculo económico requiere instituciones, como la propiedad, el libre comercio o el dinero, actuando libres y fuera del alcance del intervencionismo político, para maximizar el uso racional y eficiente de los recursos. Ante la actual crisis, conviene preguntarse si el Estado de las Autonomías es un lastre que hunde aún más nuestra economía, tanto por expandir el tamaño del Estado, sextuplicar los funcionarios o situar la cifra de parados cercana al 30% de la población activa en el año 2010, como por introducir barreras comerciales, redes clientelares y corrupción generalizados.

La sociedad civil debe reflexionar seriamente si las competencias autonómicas deben quedar estrictamente limitadas (o eliminadas), como única vía para que España recupere la senda del crecimiento económico y la prosperidad comercial que proporcionarían una creación intensiva de puestos de trabajo. Sin una reforma constitucional que lo limite y reduzca, el Estado de las Autonomías es un "muro infranqueable" para reducir los impuestos y la deuda, evitar las trabas al comercio, adelgazar el tamaño del sector público y evitar la discrecionalidad de las regiones a la hora de eliminar la igualdad ante la ley o recortar libertades sin que se aplique una tutela judicial mínima.

La salida del túnel de la recesión no parece vislumbrarse. Los peores temores se confirman con la probable aceleración de la hoja de ruta del cambio constitucional, lo que supondría la aplicación del ilegítimo e inconstitucional Estatuto de Cataluña. Su previsible aprobación por el politizado Tribunal Constitucional, augura una redacción "maquillada" para la prensa y los ciudadanos.

La ausencia de valores éticos y el "socialismo autonómico"de todos los partidos, se pagarán cada vez más caros con el descrédito institucional, la desvertebración territorial, el creciente intervencionismo que dificulta el cálculo económico y, por tanto, una mayor duración de la crisis económica en España.

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La rapidez del proceso emprendedor

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Supongo que a todos nos ha pasado. Tras unos cuantos años, ocurre que retornamos a una ciudad o pueblo en el que pasamos un tiempo prolongado, quizá parte de la infancia, o simplemente unos meses de estudio, o de trabajo. Recorremos sus calles con un cierto punto de nostalgia, y siempre aflora el comentario: "anda, pues aquí había una cafetería, y fíjate, ahora hay una tienda de ropa", "aquí venía con los amigos a tomarme un helado; qué pena, ahora es una discoteca", "vaya, han cerrado el cine al que solíamos venir"…

Son los resultados del proceso de emprendimiento que caracteriza al ser humano y que se manifiesta con todo su esplendor en el libre mercado. Gracias a los emprendedores, enormes cantidades de recursos son movidas de unos usos a otros, buscando incesantemente su asignación a los mejores usos para los congéneres. Con la esperanza de que tal mejor uso revierta en mayores beneficios para el innovador.

Es por eso que la cafetería cede el paso a la tienda de ropa, y la heladería a la discoteca, o se cierra el cine. Pasa el tiempo, cambian los gustos de las personas o simplemente, los emprendedores son capaces de identificarlos mejor. Alguien se dio cuenta de que en el local que estaba la cafetería, por su situación o por otras razones, se podría obtener un mayor beneficio vendiendo ropa. Y procedió a arriesgar sus recursos, quizá el propio local, para ver si se cumplía su visión.

Otro emprendedor pensaba que la gente querría ver películas en gran formato, decidió montar un local de cine, y, con el tiempo, se dio cuenta de que se había equivocado en su planteamiento. No es que la gente no quisiera ver películas, pero no estaba dispuesta a pagar por ello una cantidad que compensara al empresario los desembolsos realizados. Dicho de otra forma, el empresario estaba usando mal los recursos escasos al dedicarlos a una actividad no valorada suficientemente por sus congéneres.

Y así avanza la sociedad.

Alguien puede pensar, tal y como se ha descrito, que estamos ante un proceso lento, pues lleva tiempo adecuarse a las necesidades de la sociedad. Recuérdese el punto de partida: "tras unos cuantos años…"

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El proceso emprendedor es rapidísimo, increíblemente rápido si tenemos en cuenta el volumen de recursos que se mueven. Si eliminamos de la descripción anterior el efecto nostalgia, y nos vamos de paseo por nuestra ciudad de residencia, podremos constatar que no han de pasar años para que los locales cambien de uso. Un buen día vemos que la tienda de abajo ha cerrado; a la semana, vemos unos cuantos albañiles dentro de ella, y en otra semana, se abre un bar de nuevo diseño. Hay veces que uno se lleva sorpresas dentro de su propia manzana.

Los emprendedores son rápidos y eficaces. Tan rápidos como pueden: están adelantando pagos para hacerse con los recursos que necesitan para llevar a cabo su idea, y quieren experimentarla cuanto antes. Va en su interés saber en el menor tiempo posible si tendrán éxito o no, si han acertado en sus previsiones respecto a las necesidades de sus conciudadanos.

De hecho, los mayores obstáculos a la velocidad de los emprendedores no tienen mucho que ver con el mercado, sino con su regulación y la intervención de las administraciones públicas. Probablemente, la mayor componente en el retraso del nuevo bar habrá sido la concesión del permiso de obras, o de la licencia para expedir bebidas alcohólicas, o darse de alta en el registro que corresponda. Pues ninguna de las personas de las que dependen estas concesiones están guiadas por el mismo principio; para estos funcionarios, los retrasos no significan ninguna pérdida.

Cuando uno observa la crisis económica en que estamos metidos, y lee los pronósticos sobre todos los años que nos quedan por sufrir antes de ver su final (toma mensaje esperanzador para los 4 millones de parados que ya pueblan nuestras calles), uno no puede evitar fijarse en estos rápidos cambios de uso para los locales.

De la crisis económica, solo hay salida por una vía, y no es la "social": es la vía del emprendimiento, que será capaz de llevar los recursos, ahora utilizados mal, a sus usos correctos. Y encima lo hará en mucho menos tiempo del que imaginamos, pues es un proceso muy rápido.

Gobiernos, liberen de sus cadenas al proceso emprendedor (o sea, dejen de intervenir en el mercado); libérennos de esta crisis.

El iluminado de La Moncloa

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Conviene analizarlas por separado para entender por qué todas ellas sólo nos hunden aun más en la miseria y no contribuirán, sino que dificultarán, a la recuperación:

  • 420.000 portátiles: Una de las medidas más sonadas y llamativas ha sido la de informatizar las clases de primaria con 420.000 portátiles. Es lógico que Zapatero haya pulsado esta tecla, ya que muchos economistas han atribuido, no sin cierta razón, la gravedad de la crisis actual a la pésima calidad del sistema educativo público. Por consiguiente, el presidente del Gobierno lo ha tenido fácil: más gasto en educación en forma de ordenadores se equipara automáticamente con mayor formación de los alumnos. Pero he ahí la primera falacia: los problemas de la educación no proceden de la insuficiencia de medios (en otro caso, la humanidad nunca habría prosperado: ¿con cuántos ordenadores estudiaron nuestros padres, abuelos o bisabuelos? ¿Cuántos ordenadores necesitaron los ilustrados o los científicos revolucionarios de siglos pasados para convertirse en lo que fueron?). Sólo si los alumnos ya salieran con una preparación magnífica del sistema público, la informatización de las clases tendría algún sentido: después de haber exprimido al máximo todos los recursos de los que ya disponemos, ampliémoslos. Pero desde luego, eso no sucede ahora. Y de todas formas, aun cuando estos ordenadores sirvieran para mejorar la calidad de la educación, ¿en qué ayudarían a salir de la crisis actual? Los alumnos que empiezan hoy la educación primaria tardarán entre 10 y 20 años en salir al mercado laboral con su supuestamente mejorada preparación. ¿De verdad esperamos que sean ellos los que promocionen la recuperación de la crisis actual? No. Invertir en educación es siempre una inversión a largo plazo (en este caso una mala inversión a largo plazo), y la crisis requiere soluciones a corto y a medio.
  • Subvención de 2.000 por vehículo: Es cierto que las fábricas de automóviles son uno de los motores de la economía española. Pero también son uno de los motores que se ha sobredimensionado durante esta crisis gracias a las alegrías crediticias de los bancos centrales y, por tanto, uno de los sectores que tiene que recortar sus excesos de capacidad productiva (¿para qué necesitamos producir miles de coches que no podemos vender?) y liquidar sus stocks de coches. La medida de Zapatero subvenciona a los fabricantes de automóviles para evitar que se reestructuren, esto es, para convertir el ajuste en un proceso más largo, lento y, por tanto, doloroso. Las compañías que sí están siendo competitivas y que deberían expandir sus actividades (es decir, las que tienen una rentabilidad mayor que las automovilísticos en estos momentos) serán lastradas con impuestos para sufragar estos aguinaldos. No es más que tirar dinero bueno sobre dinero malo. Por fortuna, la subvención pública en realidad sólo es de 1.000 euros. Los otros 1.000 son en realidad rebajas de precios que ofrecen los concesionarios para dar salida a su stock de coches. Sin embargo, ¿por qué el Gobierno subvenciona a los fabricantes y les evita que tengan que recortar los precios no en 1.000 sino en 2.000 euros?
  • Fin de la deducción a la vivienda: La deducción fiscal a la vivienda ha sido uno de los elementos que ha distorsionado la economía en los últimos años y que ha favorecido la burbuja inmobiliaria. Pero al contrario de lo que se piensa, no ha sido porque se incentivara la inversión en vivienda, sino porque sólo se incentivaba la inversión en vivienda. La fiscalidad sobre el resto de instrumentos de ahorro (especialmente las acciones) ha sido voraz y confiscatoria, de modo que todos los españoles han tendido a ahorrar en aquellos espacios que, como la vivienda, eran relativamente más libres. En esta crisis necesitamos por cualquier modo favorecer el ahorro, especialmente en aquellas inversiones con una rentabilidad más elevada. La solución no pasa por eliminar la fiscalidad privilegiada de la vivienda para igualarla por abajo, sino en extender esa fiscalidad privilegiada a todos los instrumentos de ahorro (plusvalías, dividendos y beneficios empresariales). La alternativa muchas veces no es entre ahorrar en vivienda o en acciones, sino entre ahorrar o consumir; de modo que si nos cargamos todas las deducciones fiscales al ahorro, los incentivos son a no ahorrar tanto como ahora, es decir, un desastre. De todas formas, que Zapatero haya retrasado la eliminación de la deducción de la vivienda hasta 2011 tiene uno claro regusto a ultimátum para los potenciales compradores: muchas personas no están adquiriendo hoy inmuebles porque esperan –con buen criterio– que en dos años sean más baratos. El presidente del Gobierno les está diciendo: "Muy bien, es cierto que los precios van a caer dentro de dos años, pero en ese momento yo os aplicaré un recargo fiscal que en buena medida compensará la caída, así que comprad ahora, mientras la deducción siga vigente". Un error: no conviene manipular las decisiones de las familias y los empresarios mediante la política fiscal agresiva. Los precios de las viviendas tienen que caer hasta que sea rentable su reutilización en los nuevos proyectos empresariales que vayan surgiendo (comercios, almacenes, alquileres, laboratorios…). Presionar para que se compren ahora las viviendas aun cuando no sea rentable hacerlo, sólo despilfarrará los escasos recursos de la economía española; encarecer a partir de 2011 los precios fiscales de las viviendas sólo reducirá los márgenes de beneficios de las empresas que decidieran quedarse con los inmuebles y utilizarlos en sus negocios, lastrando su creación de riqueza.
  • Reducción del Impuesto de Sociedades a las pymes que no despidan a ningún trabajador: La medida podría tener su sentido siempre y cuando no estuviéramos caminando hacia déficits públicos cercanos al 10% del PIB. Si los impuestos bajan pero no lo hace el gasto público, lo único que conseguimos son subvenciones encubiertas: todos los españoles tendrán que pagar los impuestos (vía deuda) que habrían pagado aquellas empresas a las que se les reducen. En este caso, se trata de una subvención desde los grupos económicos que siguen creando riqueza a aquellos que tienen que reestructurarse (despedir trabajadores y reducir actividad). Por tanto, esclerosis.
  • Crédito de 25.000 millones en economía tecnológica y verde: Dejo para el final la última fantasmada del presidente del Gobierno: 25.000 millones de euros para cambiar el modelo productivo de España. Es evidente que la estructura económica de España tiene que cambiar, reduciendo sensiblemente el peso de la construcción. Pero, ¿quién tiene que trazar la dirección del cambio de modelo? ¿El Estado o las empresas? El primero no se guía por consideraciones de rentabilidad: no le importa que los ingresos de las empresas superen los costes (en esencia, porque no tiene posibilidad de valorarlos todos), es decir, no le importa dilapidar los escasos recursos económicos de España. Las empresas, en cambio, se guían por márgenes de beneficios (los ingresos superan los costes): si se equivocan pierden dinero y quiebran (a menos que las rescate el Estado) y si aciertan van creando cada vez más riqueza. Zapatero está empeñado en adaptar España a sus preferencias, pero la economía española debe adaptarse a las preferencias de sus consumidores y acreedores. De hecho, hasta el momento tal sesgo ideológico ha sido catastrófico para nuestra sociedad: por ejemplo, la "apuesta personal" de Zapatero por las energías renovables ha provocado que padezcamos una energía cara que reduce nuestra competitividad y nuestro empleo. Incluso Sebastián ha terminado reconociendo el despropósito que han supuesto las renovables. Conceder 25.000 millones de euros al ICO para que dirija las inversiones, no según las necesidades de los agentes económicos, sino según el proyecto personalista y socialista del Gobierno es ruinoso: los amigos de Zapatero medrarán a costa del hundimiento de las empresas que no le gusten al régimen. Es el modelo de TVE: las telecos subvencionando a las televisiones. Por consiguiente, más despilfarro del ahorro que necesitaríamos para recomponernos y volver a crecer de manera sostenible y competitiva.

¿Para esto pagamos impuestos? ¿Para que un iluminado los dilapide arruinando a las empresas y a los trabajadores que generan riqueza?

¿Y si estalla la deuda pública?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Al grito de ¡más madera!, Zapatero ha hecho oídos sordos a las recomendaciones que apremian la necesidad de abordar profundas reformas estructurales en el ámbito laboral, energético, comercial y administrativo para salir cuanto antes de la crisis. Lejos de apostar por la liberalización económica, las rebajas fiscales o la reducción del gasto público, el Gobierno tira de chequera con el ilusorio objetivo de que la administración relance a la economía. Y, efectivamente, tirará, pero hacia al barranco, al conjunto de los españoles.

Más allá de la necedad que supone tratar de cambiar todo un modelo productivo a golpe de decreto, en lo que constituye una imitación burda y torpe –gracias a Dios– de los planes quinquenales de Stalin, la clave de las medidas anunciadas por el presidente radica en el coste futuro que supondrá al bolsillo de los contribuyentes. En un alarde de chulería temeraria y prepotencia irracional, Zapatero apuesta firmemente por aumentar la deuda pública con el fin de salvar a sectores en quiebra e impulsar actividades improductivas, tales como las energías renovables o los servicios sociales. Es decir, un derroche de dinero a espuertas cuya factura, tarde o temprano, habrá que pagar.

Y ello, bajo el argumento falaz de que España aún tiene margen para permitirse un mayor endeudamiento público. El Gobierno olvida que ya ha despilfarrado más de 50.000 millones de euros bajo las siglas del Plan E sin obtener ningún resultado visible. Pese a ello, echará mano de más gasto público, cuyo efecto será igualmente nulo.

Sin embargo, lo dramático no son los resultados sino sus consecuencias. España es uno de los países más endeudados del mundo. En concreto, el auge inmobiliario de los últimos años, animado por tipos de interés artificialmente bajos, ha permitido que la deuda viva haya pasado de representar el 212% del PIB nacional en 2002 al 344% en 2007. Además, es deuda de muy baja calidad. La economía española sólo generaba 28 céntimos de PIB en 2007 por cada euro de deuda comprometido, debido a las malas inversiones financieras acometidas al calor de la burbuja crediticia.

Por si ello fuera poco, España es uno de los países más endeudados con el exterior. La falta de ahorro interior –anclada en torno al 20% del PIB– impedía que la banca nacional pudiera satisfacer la disparatada demanda de créditos, sobre todo hipotecarios. Los bancos tuvieron entonces que buscar fondos fuera del país. El endeudamiento nacional neto –lo que familias, empresas y Administraciones Públicas deben al exterior– pasó de 85.000 millones de euros en 1996 a cerca de 860.000 millones (el 80% del PIB) en el segundo trimestre de 2008.

La abultada deuda privada y el grave déficit exterior de la economía española sitúan al país en una situación especialmente delicada frente a la tormenta perfecta que, precisamente, ha generado el estallido de la crisis del crédito a nivel internacional. En la actualidad, el mercado está purgando los excesos pasados vía recesión, morosidad, deflación, quiebras, restricción del crédito y paro. Es decir, identificado las malas inversiones y reestructurando la actividad productiva. Sobre todo, en aquellos sectores que más se beneficiaron de la burbuja, como es el caso de la banca, el motor o la construcción.

En lugar de facilitar el ajuste mediante una mayor liberalización económica, Zapatero ha visto una oportunidad para tratar de imponer por ley su modelo ideal, una economía "verde y social", que tan sólo puede ser sostenida a base de subvenciones. Si su plan triunfa se disparará el déficit presupuestario, la deuda pública y la presión fiscal, al tiempo que se restringirá aún más el crédito al sector privado. Tan sólo con las medidas ya aprobadas, la deuda pública amenaza con alcanzar el 80% del PIB en 2010. Y ello, sin contar los más de 100.000 millones de euros que, como mínimo, precisará el Estado para salvar de la quiebra a numerosas cajas de ahorro.

Es decir, si el problema de España es la falta de ahorro y el exceso de deuda, lo que propone ahora el Gobierno es más deuda para apagar el incendio. La japoneización de la economía española está servida. Sólo que con un matiz. Los inversores confían en el ahorro y el superávit comercial de Japón para devolver los compromisos financieros adquiridos por su Gobierno, y que ascienden al 160% del PIB. La rigidez y la falta de competitividad propia de la economía española hará que la confianza en los bonos del Tesoro se evapore como un azucarillo en un vaso de leche caliente. De ahí, a una crisis como la vivida en algunos países latinoamericanos hay tan sólo un paso. Bienvenidos, pues, a la burbuja de la deuda pública.

Un nuevo impuesto a internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Con ellos se obliga a los ciudadanos a pagar por televisiones perfectamente serviles a los designios de los partidos en el poder. Cualquier excusa con respecto a su mantenimiento cae en el ridículo en un escenario en el que la TDT ya está llenando los números de nuestros mandos a distancia de decenas de canales que no nos cuestan un duro. Y en momentos de crisis, en los que es crucial que los gobiernos se aprieten el cinturón, resultan un gasto inadmisible.

Las televisiones públicas son contraproducentes en una democracia y resulta difícil creer en la seriedad de ningún político al explicarnos las medidas con las que pretende sacarnos de esta crisis si entre ellas no está la inmediata supresión de todas las televisiones públicas, sea vía privatización o directamente mediante el cierre. No sólo RTVE, sino también las autonómicas.

Y en este escenario el Gobierno anuncia un aumento de los gastos de la televisión pública que serán pagados, en parte, por los impuestos de todos y, sobre todo, por dos nuevas tasas que deberán sufragar las empresas de televisión privadas y las operadoras de telecomunicaciones.

Sobre ese primer impuesto no se ha escrito mucho, especialmente porque las principales cadenas están de acuerdo con el trato, pues estiman que ganarán más de lo que pierden. Sin embargo, se olvida que muchas otras empresas que están intentando hacerse un hueco como buenamente pueden van a ver muy mermadas sus posibilidades de romper con el oligopolio de las telecincos, antenatreses, cuatros y sextas, que en breve será aún más pequeño gracias a las fusiones. Libertad Digital TV, Veo o Intereconomía TV, entre otras, tendrán que pagar este diezmo sin que vayan a ver aumentados sus ingresos por la desaparición de TVE del mercado publicitario. Lo cual aumenta las barreras de entrada del sector, con lo que se aseguran de que no habrá alternativa informativa al progresismo que reina en el oligopolio.

Pero lo que ya resulta indignante en grado sumo es el impuesto a las operadoras de telecomunicaciones. Este fin de semana Zapatero aseguraba en Vistalegre que la economía española crecería de acuerdo a un nuevo modelo resumido en la frase "menos ladrillo y más ordenadores". Su modo de conseguirlo consiste en… subir el precio de las conexiones a internet y las comunicaciones móviles con un nuevo impuesto a las empresas del ramo. Un hacha, el tío. Así es como se pretende estimular un sector desde el poder, encareciendo sus costes y, en el caso de internet, reduciendo su clientela que optará, al menos en parte, por dejar de conectarse para ahorrar dinero en estos tiempos. De toda la vida se sabe que ésta es la mejor manera de impulsar las nuevas tecnologías, por supuesto.

No existe ninguna razón para hacer pagar a las operadoras, salvo que son un blanco fácil y que, como ya lo había hecho Francia, existen más posibilidades de que Europa dé el visto bueno. Las balbucientes excusas de De la Vega de que las operadoras "van a beneficiarse" de la utilización del espacio radioeléctrico y de la producción y traslación de distintos contenidos audiovisuales y televisivos es ridícula. Las operadoras ya pagan un canon por el uso del espectro y el beneficio que les puede suponer que TVE ponga sus programas en internet es minúsculo, aparte de que se estaba llevando a cabo al margen del modelo de ingresos de la cadena. No hay más que ver las cifras que obtiene la web de RTVE en OJD; si eso justifica un impuesto del 0,9% exigimos otro del 0,5% para Libertad Digital, que más o menos es lo que nos correspondería por los "beneficios" que obtienen las operadoras de nuestra presencia en la red.

En definitiva, que el Gobierno ha encontrado otra vía para atracarnos, que es lo que suelen hacer los gobiernos. Otro motivo para manifestarse el día 24, en la Plaza del Rey de Madrid.

Confirmado: ZP no estaba de coña

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

A grandes rasgos se trata de dar dinero a los que quieren cambiar de coche, suprimir la desgravación por adquisición de vivienda, darle píldoras postcoitales a las niñas, regular por ley la libertad religiosa (como en las teocracias musulmanas), luchar contra el cambio climático, faltaría más, y, como colofón, cambiar "el patrón de desarrollo económico", frase que queda bastante bien entre los iletrados de su cuerda pero que, a día de hoy, no sabemos qué significa exactamente.

Ah sí, si tiene usted un hijo en quinto de primaria que no aprueba ni la educación para la ciudadanía (lo que ya tiene mérito), no se preocupe. El ceporrín va a seguir suspendiendo pero estará muy entretenido en casa porque ZP le va a encasquetar un ordenata gratis total.

Zapatero ha demostrado una vez más que no sabe por qué se ha producido esta grave recesión, qué es lo que ha de hacer un Gobierno para evitar que se prolongue y qué debe evitar para no agravar la situación. Lo mejor de todo es que, además, todo eso le importa lo mismo que a un cineasta español el número de espectadores que paga por ver sus películas: aproximadamente nada.

En su primera réplica a Rajoy, plena de talante, el caballero al que han votado once millones de optimistas antropológicos recuperó los grandes asuntos que tantos réditos electorales le han proporcionado desde que un día le nombraron secretario general del PSOE. El resultado es un intento patético de volver a resucitar la imagen de una derecha crispadora, antipatriota, insolidaria, antisocial y carca, frente a la luminosa presencia del líder progresista que se preocupa por el bienestar cotidiano de todos y cada uno de los trabajadores con la única condición de que sean sindicalistas liberados de una organización "de clase" (de clase alta diría yo, tal y como está el patio).

Más gasto público, más intervención estatal, más despilfarro y menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos y empresarios. A cambio, algún becario le ha colado en el discurso dos referencias tan liberales que ni siquiera Rajoy las hubiera utilizado: libertad de derecho de establecimiento para todo comercio minorista y progresiva liberalización del sector eléctrico. Pero no se preocupen, el pobre a estas horas ya debe estar despedido. Otro más a las listas del paro. Para que luego digan que estos debates no sirven para nada.

George Selgin: la confusión entre dinero y ahorro

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

George Selgin es uno de los mayores defensores de un sistema de banca libre con reserva fraccionaria y descalce de plazos. Su teoría se basa en el "equilibrio monetario", es decir, en la idea de que cuando la oferta de pasivos bancarios a la vista (billetes + depósitos a la vista) se iguala a la demanda de pasivos bancarios a la vista, a su vez se está igualando la oferta de fondos prestables con la demanda de fondos prestables.

Así pues, de acuerdo con Selgin, un incremento de la demanda de pasivos bancarios a la vista a costa del consumo inmediato equivale a un incremento en la oferta de fondos prestables a disposición de los bancos para acometer inversiones: "Mantener en balance pasivos bancarios equivale a ahorro voluntario", dice.

De hecho, sin un incremento de los pasivos bancarios ante un aumento de la demanda de dinero caeríamos, según Selgin, en una deflación generalizada que reduciría el Producto Interior Bruto: los consumidores, por ejemplo, incrementarían sus saldos de caja dejando de consumir, lo que ocasionaría una acumulación de inventarios en las industrias de bienes de consumo y una percepción de caída en la rentabilidad de su negocio. Selgin interpreta esta situación como el reverso del ciclo económico austriaco: el tipo de interés de los bancos por no haber acomodado la demanda de sus pasivos a la vista será más alto que el tipo de interés "natural", forzando una contracción de la actividad.

En cambio, si el banco acomoda la oferta de pasivos a su demanda, obtendrá "ahorro" por parte de los demandantes de dinero que podrá prestar a los nuevos inversores que –supuestamente– harán uso de esos bienes de consumo (interpretamos que a modo de fondo de subsistencia) para acometer sus inversiones a largo plazo.

Toda este razonamiento, hay que reconocerlo, supone el desarrollo lógico de la teoría del tipo de descuento y su influencia sobre los precios de Wicksell, circunstancia que tanto Selgin como su compañero Lawrence White recuerdan permanentemente como argumento de autoridad: "Aspiramos a ser wicksellianos consistentes". Sólo hay un problema: la teoría de Wicksell –por mucho que haya servido de valiosa inspiración para la teoría austriaca del ciclo– es incorrecta en su mayoría. Y, en coherencia, lo mismo sucede con las teorías del equilibrio monetario de Selgin y White.

El primer error de Selgin es no distinguir entre la demanda de dinero y la demanda de pasivos bancarios a la vista (promesas de pago de dinero). Selgin simplemente asume en sus escritos que todo el oro está depositado en el sistema bancario y que no hay necesidad de recurrir a él salvo en las cámaras de compensación interbancarias: en la práctica, pues, para los depositantes el billete de banco asume el papel del oro. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre el aumento de la demanda de dinero en oro y la demanda de pasivos bancarios. La demanda de oro se satisface incrementando su disponibilidad (atesoramiento) y, por tanto, renunciando a consumir o a invertir hasta que aparezcan oportunidades satisfactorias en el mercado (soberanía del consumidor y del ahorrador). La demanda de pasivos bancarios a la vista es una inversión en una cámara de compensación que facilita los intercambios y que normalmente adopta la forma de un trueque entre dos promesas de pago en oro (por ejemplo, billetes de banco a cambio de letras de cambio); precisamente por ello, su liquidez pasa a depender de la calidad de los activos realizables del banco y del cumplimiento de las obligaciones contractuales del banquero.

Por consiguiente, el incremento de la demanda de oro para el atesoramiento se producirá cuando no haya nada en lo que consumir o invertir; mientras que el incremento de la demanda de pasivos bancarios a la vista tendrá lugar cuando vayan a aumentar los intercambios y, con ello, el número de promesas de pago en oro descontables en el banco.

Del mismo modo, las consecuencias sobre la economía real de ambas demandas también son muy dispares. El atesoramiento de oro hace que caiga el precio de los bienes que dejan de adquirirse y provoca su reconversión en otros que satisfagan las necesidades del tenedor de oro. La emisión de pasivos bancarios a la vista posibilita nuevas demandas de bienes con una misma cantidad de oro, es decir, incrementa su velocidad de circulación, tal y como ya descubrió con perspicacia Cantillon. De hecho, en la medida en que el atesoramiento de oro tenga un carácter definitivo, los factores productivos se trasladarán hacia la producción de dinero (minas de oro), cosa que no sucede cuando tiene lugar un incremento de la demanda de pasivos bancarios a la vista, los cuales permiten pagar producción con producción.

El otro error de Selgin y White es el de confundir la demanda de pasivos bancarios con la oferta de ahorro. Aunque desde la perspectiva del banco sus pasivos a la vista sean simplemente una deuda sin plazo determinado, la demanda de pasivos a la vista y la demanda de ahorro presentan perfiles diferentes: los pasivos bancarios a la vista se demandan no para obtener rentabilidad, sino para instrumentar el pago conservando la liquidez (y de hecho, mejorando la negociabilidad de las promesas de pago en oro descontadas), mientras que el ahorro que demandan los inversores se le ha ofrecido al banco por lo ahorradores no para obtener liquidez, sino para lograr rentabilidad mediante el deterioro de la liquidez.

Desde el punto de vista real, los efectos de ambas demandas también son dispares. Como decimos, la demanda de pasivos bancarios a la vista es pura y llanamente un intercambio de promesas de pago de dinero que poseen distintos grados de negociabilidad en función del ámbito en el que pretenden endosarse. Ninguna de las partes en este intercambio renuncia a su poder de influencia sobre la estructura productiva hasta que endosa el pasivo bancario y se desprende de su derecho al reembolso de oro.

Por el contrario, la demanda de ahorro es, en última instancia, una demanda por factores productivos. Lo que se busca es desplazar (o evitar que se desplacen) estos factores desde unas industrias a otras, afectando por consiguiente a la estructura de la economía y la composición de la oferta de bienes. Los ahorradores ofrecen su capital al banco renunciando a influir sobre la estructura productiva para que lo hagan los inversores.

Vemos por consiguiente que la demanda de pasivos bancarios a la vista y la demanda de ahorro siguen direcciones distintas (el primero aumenta con el consumo y el segundo se reduce con él) salvo por la influencia que durante un tiempo pueda tener el atesoramiento. Selgin confunde la demanda de pasivos bancarios con la oferta de ahorro a los bancos y, por tanto, cree que es posible que crezcan parejas de manera sostenida. El problema es que nadie que tenga oro presente pretende mejorar su liquidez intercambiándolo por pasivos bancarios para su atesoramiento, mientras que, en cambio, muchos sí están dispuestos a demandar pasivos bancarios no para atesorarlos, sino para consumir o invertir, imponiendo sus preferencias sobre la estructura productiva a los tenedores de liquidez, lo que desencadena la inflación y el ciclo económico.

Los bancos y sus clientes siempre han querido lograr la cuadratura del círculo: la rentabilidad de los ahorros y la liquidez de los saldos de tesorería. Pero esa cuadratura no es posible. No es lo mismo atesorar (que fuerza la liquidación de las malas inversiones), que demandar pasivos bancarios a la vista (que equivale a invertir en una cámara de compensación para facilitar los pagos), que ofertar ahorro (que implica renunciar al control temporal de factores productivos). Y su confusión por parte del banco no sólo lo aboca a la iliquidez, sino a una distorsión de la estructura productiva en contra de las preferencias de los tenedores de liquidez, quienes terminaran respondiendo atesorando oro y forzando la liquidación de las malas inversiones del banco.

Selgin piensa que los tres fenómenos son sin embargo compatibles ya que muchos de quienes demandan pasivos bancarios a la vista se están absteniendo durante un tiempo indeterminado de consumir y que, por consiguiente, esos recursos "ociosos" (reservas) pueden emplearse en actividades productivas hasta que decidan utilizarse por sus propietarios. Cada banco tendría incentivos y mecanismos para calcular con exactitud la demanda diaria de reservas y, por consiguiente, no incurrir en iliquidez. Pero este error de orden práctico lo trataremos en un próximo artículo.

Ni PSOE ni PP

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Las propuestas del PSOE no pueden ir más desencaminadas: si hiciéramos una lista de cosas que deben hacerse, los socialistas las habrían despreciado todas en algún momento; si, en cambio, redactáramos un listado de políticas a evitar, el Gobierno las habría seguido casi todas de manera entusiasta.

En medio de una crisis económica en la que el aparato productivo debe restructurarse tan rápido como sea posible, resulta absurdo –y suicida– que el Estado comience a intervenir masivamente en el mercado. Hay empresas que necesitan quebrar; otras que tienen que crearse y unas más que han de aguantar el tipo: por tanto, quemar grasa (malas inversiones) y fortalecer músculo (buenas inversiones).

¿Cuál es la manera más rápida para todo esto? Básicamente una crisis en forma de V, esto es, una caída de la actividad muy veloz donde se liquide todo lo que deba liquidarse –sin ir más allá– y luego recuperación igualmente acelerada. Las malas inversiones no proporcionan nada a la economía, sólo la ralentizan y la consumen; cuanto antes desaparezcan, mejor.

Por supuesto, la línea entre las malas y las buenas inversiones resulta en ocasiones extraordinariamente delgada. Si el Gobierno, por ejemplo, sube los impuestos en 20 puntos, muchas compañías que eran rentables dejarán de serlo. Pero lo contrario también es cierto: si los impuestos caen 20 puntos, muchas inversiones que no eran rentables pasarán a serlo.

Conclusión: necesitamos flexibilidad en los mercados para liquidar lo antes posible las malas inversiones, pero también un adelgazamiento del Estado que oxigene la economía y prevenga quiebras innecesarias. El PSOE, cómo no, ha seguido la senda contraria: conservar la rigidez del mercado laboral, incrementar el gasto público, subir los impuestos a las empresas rentables y rescatar a las que están en proceso de descomposición. La receta adecuada para el desastre –como el que ya padecemos– que, sin embargo, no parece que vaya a aplacar el radicalismo despilfarrador de Zapatero: cuanto peor, mejor. Cuanto mayor sea la crisis, más empecinamiento intervencionista. Así nos va.

Ahora bien, ¿cuál es la alternativa frente a la política económica del Gobierno? Solchaga solía repetir algo que era tan falso ayer como hoy: "No existe otra política económica posible". Siendo incierto, no obstante, parece que Rajoy la está haciendo verdadera. El PP no propone adelgazar el Estado, sino contener su ritmo de engorde. No pretende ponernos en forma, sino prolongar la agonía y probablemente evitar una súbita dolencia cardiovascular. Eso es todo.

Si Zapatero insistirá durante el Debate del Estado de la Nación en la necesidad de incrementar el intervencionismo estatal y de evitar la reestructuración económica, Rajoy hablará de apagar las luces para disimular los destrozos. Dará unos pocos pasitos en la buena dirección, pero sin hacer demasiado ruido, no sea que los sindicatos se enfaden y apedreen el Parlamento. El centrismo político también termina llegando a la economía y una vez ahí nos carga la factura de la incompetencia a todos.

Frente a la obcecación de unos y la indecisión de otros, conviene reiterar la única receta que de verdad puede contribuir a salir de la crisis y que ningún partido político se atreve a seguir: reducir impuestos y gasto público y liberalizar los mercados clave de la economía (laboral, energético, minorista y de transportes). A Zapatero le produce urticaria ideológica y a Rajoy un vértigo de antipatía liberal. ¿Y a los sufridos votantes y contribuyentes?

Free State Project, liberalismo en acción

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Muchos liberales intentamos poner nuestro granito de arena al avance del liberalismo difundiendo sus principios pero creemos que no viviremos para ver cambios fundamentales. Tampoco estamos dispuestos a hacer sacrificios excepcionales para confrontar el statu quo. Pero hay una minoría de gente que en su afán por vivir en una sociedad libre está decida a hacer esfuerzos extraordinarios y ha decidido pasar a la acción. Este espíritu es el que anima el Free State Project en Estados Unidos.

El Free State Project (FSP) fue fundado en 2001 con el objeto de movilizar 20.000 activistas liberales al estado de New Hampshire e inclinar la balanza electoral a favor de la reducción de la intervención pública. Todos aquellos que se unen al FSP deben firmar una declaración de intenciones por la que se comprometen a desplazarse a New Hampshire a los cinco años de haberse alcanzado los 20.000 miembros. A 10 de mayo de 2009 la cifra de firmantes es de 9276, de los cuales 704 han hecho ya las maletas y se han asentado en New Hampshire. La declaración también exige de los firmantes dedicación absoluta a la causa de una sociedad en la que el rol máximo del gobierno sea la protección de la vida, la libertad y la propiedad.

Cuando el FSP alcanzó los 5000 miembros se sometió a votación la elección del futuro estado receptor de esta migración liberal. Se hizo una pre-selección descartando estados que por sus características dificultarían la influencia política de los activistas del FSP: estados demasiado populosos (más de 1.5 millones de habitantes) o donde el gasto combinado de los partidos Demócrata y Republicano excediera el gasto nacional total del Partido Libertario. New Hampshire fue el estado escogido, seguido de cerca por Wyoming.

New Hampshire tiene una cultura bastante liberal que predispone a la población y a los políticos a los cambios que el FSP quiere introducir y una estructura política que juega a favor de sus aspiraciones. Media docena de miembros del FSP ejercen en la legislatura del estado, y varios otros legisladores son declarados simpatizantes del movimiento y atienden a sus reuniones. El ex gobernador republicano Craig Benson había apoyado públicamente al FSP en numerosas ocasiones y llegó a designar a un miembro del FSP para liderar una comisión encargada de recortar gasto público superfluo. Las bases del GOP se han mostrado receptivas al FSP y también hay simpatizantes entre los demócratas, aunque la hostilidad en este partido es mayor. Una treintena de miembros del Partido Libertario ocupa cargos públicos, el estado tiene la mayor densidad de miembros del LP de todo el país. La representatividad de la legislatura de New Hampshire (400 miembros para una población de 1.315.000 habitantes) y las pequeñas dimensiones de los distritos son una ventaja para el FSP y sus campañas. Algunos distritos pueden ganarse con solo 700 votos, y se permiten candidatos que representan a más de un partido. En New Hampshire hay un 36% de votantes registrados como independientes y las elecciones no suelen ser partidistas.

New Hampshire no tiene ningún impuesto sobre la renta a nivel estatal, ningún impuesto sobre el consumo ni ningún impuesto sobre los beneficios del capital. Tiene una de las regulaciones sobre armas menos restrictivas del país y es uno de los pocos estados que no ha aprobado leyes paternalistas obligando a los conductores a utilizar el cinturón de seguridad o el casco. El gasto público es reducido y una proporción muy pequeña de la población activa es funcionaria (12,44%). El número de familias que practica el homeschooling es considerable y creciente (en 2001 se estimó que había 3.600 homeschoolers). La Constitución de New Hampshire es de las pocas que no decreta un sistema de educación público, y la expropiación (eminent domain) para el desarrollo económico privado fue declarada anti-constitucional hace dos años.

New Hampshire está muy bien posicionado en los rankings de calidad de vida y libertad: según el Mercatus Center, New Hampshire es el estado con más libertad personal y económica de Estados Unidos (2009). CQ Press lo considera el estado más seguro, el segundo más sano y el que tiene una mayor calidad de vida (2008). Ocupa la séptima posición en el State Business Tax Climante Index (2007) y tiene la cuarta burocracia local y estatal más pequeña según el Cato Institute (2006). El Beacon Hill Institute concluyó que era el tercer estado económicamente más competitivo (2006).

El objetivo del FSP es crear una base importante de votantes liberales a través de campañas y proselitismo activo, que sus miembros obtengan cargos públicos locales y estatales (en especial en la legislatura) para influir en las leyes, y establecer vínculos o colaboraciones con miembros simpatizantes de otros partidos.

El principal problema del FSP, como destaca Patri Friedman, es que busca una repercusión a nivel estatal y local, pero la mayoría de impuestos y regulaciones se encuentran a nivel federal. Los liberales movilizados no colonizarán ningún territorio virgen sino uno bajo jurisdicción del gobierno federal (dudosamente favorable a tolerar la secesión), y para introducir reformas trabajarán dentro del sistema democrático, que tiene su propia inercia y una estructura de incentivos hostil a la aplicación de políticas liberales.

Pero el FSP también tiene aspectos positivos. Concentra los esfuerzos liberales en una estrategia plausible de acción inmediata, y si consigue reducir el intervencionismo en múltiples ámbitos New Hampshire puede ser un modelo para otros estados. Aparte de hacer posible la emulación también tiene el potencial de fomentar la competencia entre unidades políticas: si New Hampshire se convierte en un estado especialmente atractivo para las empresas o para las familias que buscan independencia y libertad personal, las legislaturas de otros estados pueden verse forzadas a rebajar su intervencionismo.

El FSP es un proyecto atrayente no solo para aquellos que quieren hacer realidad su sueño de vivir en una sociedad libre, también para todos los liberales que en nuestros esfuerzos divulgativos buscamos referentes presentes que ilustren que el liberalismo funciona. Si New Hampshire llega a reducir el peso y el alcance del sector público de forma sustancial y da buenos resultados, puede servir como ejemplo de liberalismo aplicado, cercano y claramente asociado a la influencia de las ideas liberales y sus voceros del Free State Project.

Deseémosles suerte, porque van a necesitarla.

Cheque escolar: las ideas primero

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace sólo diez años, quienes querían tener el cheque en sus manos era la mitad de los españoles. El cheque o bono escolar ha ganado adeptos sin que ningún partido se haya atrevido a hacer de él una bandera.

¿El Partido Popular? Hasta que no sea el 90 por ciento de la gente la que lo quiera para sí, no comenzará a planteárselo, que su integridad moral no da para más. Y eso que proponerlo no tendría más que ventajas para el propio partido y para la gente que dice representar. Es atractivo. Es fácilmente comprensible y plantea un debate en el que sólo puede salir ganando. Una vez implantado, la gente tendría más poder para elegir la educación que quiere para sus hijos, lo que diluye, sin anularlo, el poder de la infiltración ideológica en las aulas. Y tiene difícil vuelta atrás. Cuando una familia se acostumbra a elegir, ¿quién puede convencerla de que es mejor que no lo haga? El cheque escolar, además, se puede combinar con cuentas ahorro-escolar y con escuelas a la carta.

Las posibilidades son enormes. Pero lo llamativo de este caso es que el creciente interés de los españoles por este sistema ha llegado al margen de los partidos políticos y, de forma destacada, del partido que debería estar más interesado en promoverlo, el PP. Ha sido la propia sociedad, con iniciativas particulares, la que ha ido ganando terreno a la corrección política.

Por eso es importante el juego de la cuerda entre las ideas y la política. La política es siempre posibilista, pero el terreno de juego lo pone el debate de las ideas. A medida que se avance, si llega el caso, en la consideración de los españoles por las ideas liberales, en esa medida, se irán desplazando PP y PSOE. Es un camino mediato, indirecto y largo. Pero es el único que puede llevarnos a una sociedad un poco mejor.