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Sindicalistas dinamiteros

Los problemas económicos que sufren las empresas, los más de cuatro millones de parados y los expedientes de regulación de empleo que brotan a diario en España como champiñones en un estercolero, son estricta responsabilidad de Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

Zapatero no sólo no tiene nada que ver con esta crisis, sino que es precisamente el personaje providencial que está impidiendo el recorte de derechos sociales que la derecha busca haciendo honor a su tradición antiproletaria, de ahí que las algaradas, los apedreos y el lanzamiento de petardos sólo tengan como objeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En Andalucía, que ostenta la plusmarca mundial en porcentaje de desempleados, los sindicatos no han convocado manifestación alguna. En Madrid sí, y como en la lucha por el socialismo todo sacrifico es insuficiente, los profesionales del sindicalismo han "elevado el listón de la crítica", que diría Anson (sin tilde, al modo británico) y han decidido boicotear una sesión parlamentaria entre el aplauso, como no, de los diputados socialistas y comunistas, siempre dispuestos a defender la libertad de expresión de los oprimidos, incluido el lanzamiento de petardos y adoquines, que es una forma como cualquier otra de dialogar democráticamente.

En el diario del grupo PRISA, emporio ideológico-empresarial cuya extraordinaria salud financiera hace que sus trabajadores estén la mar de contentos, afirman que las algaradas en la Asamblea de Madrid son un estallido social. Habrá que ver cómo califican a sus trabajadores cuando la brillante gestión de Cebrián los ponga en la puta calle y se produzca otro "estallido social" a las puertas de la sede del grupo. Seguramente a eso se le llamará entonces un "ataque intolerable contra la libertad de expresión".

La "asimetría reivindicativa" de los sindicatos nace de una confusión primordial que considera el trabajo no el primero de los derechos sociales, sino un castigo divino que conviene eludir el mayor tiempo posible. En función de esa deformación de la realidad, los sindicatos denominados "de clase" no van a denunciar al que destruye esa maldición bíblica a velocidad de escape terrestre, sino a hacer política, que es en última instancia el objetivo para el que fueron creados. Si además el Gobierno duplica el importe que entrega anualmente a fondo perdido a los dos grandes emporios sindicales, la defensa de Zapatero y el acoso a sus rivales políticos es ya una cuestión empresarial. Como decía el protagonista de El Padrino, "son sólo negocios".

ZP imita a Sarkozy y pagan los internautas

Eso es lo de menos, si quiere leer su blog favorito o tener el suyo propio contribuirá económicamente a su mantenimiento. ¿No soporta cómo presentan el Telediario Lorenzo Milá y María Escario? A ellos les da igual, si usted pretende usar el correo electrónico pagará parte de sus sueldos. ¿Considera una perfecta tontería un programa en el que unos cuantos famosos participan en un concurso de baile? Aplique cualquiera de las respuestas anteriores.

No es importante si a uno le gustan o no los programas de Televisión Española. Tampoco lo es si no se pone jamás delante del televisor y sin embargo pasa mucho tiempo frente al monitor del ordenador. Rodríguez Zapatero ya ha decidido por usted. Es cierto que todos los ciudadanos ya estamos obligados a mantener ese "ente" a través de unos Presupuestos Generales del Estado que salen de nuestros bolsillos. Pero dentro de poco será peor. Si no fuera suficiente con eso, parte de lo que paguemos por conectarnos a internet irá a parar directamente a las arcas de ese pozo sin fondo que algún publicista listo decidió hacer pasar por "la televisión de todos" (aunque, por cierto, a mí nadie me ha dicho donde están mis acciones ni a cuanto cotizan en la bolsa).

Se ve que a falta de ideas propias, el presidente del Gobierno está dispuesto a copiar todo lo malo que se le ocurra a alguien de fuera. Y, tal vez fascinado por el carisma personal que dicen que irradia el presidente de la República Francesa o puede que obnubilado por la belleza de la mujer de este, ha decidido aplicar una de esas muchas malas ideas que tiene Nicolas Sarkozy. Como queda muy bonito y supuestamente culto –como si TVE fuera algo parecido a una cadena de calidad– quitar los anuncios de la televisión pública, pues se hace. Y de paso se elimina la competencia desleal que hasta ahora sufrían las privadas, empezando por las muy socialistas Cuatro y La Sexta. Lo malo es que alguien tiene que pagar el invento. Pues nada, a explotar un poco más la gallina de huevos de oro llamada conexiones a internet. Lo mismo, dicho de paso, que pretende la SGAE.

Se nos dirá que no lo pagaremos los usuarios, que quien tiene que afrontar ese gasto son las operadoras. Pero pretender que estas no lo repercutan en las tarifas es simplemente de ingenuos, idiotas o mentirosos. De hecho, las "telecos" ya han advertido de que financiar la televisión pública de esa manera puede llevar a un aumento de precios. Para alegrar la vida a Emilio Aragón, Juan Luis Cebrián, Paolo Vasile y José Manuel Lara, sin plantearse en serio el sentido de esa herencia del franquismo llamada TVE, desde el Gobierno han decidido exprimir todavía más el bolsillo de aquellos ciudadanos y empresas que se conectan a internet.

Tal vez la última cumbre hispano-francesa no tenga nada que ver con que ZP haya decidido ahora copiar esa idea de "Sarko". Pero, por si acaso, que el presidente del Gobierno no vuelva a reunirse con ningún mandatario extranjero al que se le haya ocurrido en el pasado alguna cosa mala para los ciudadanos.

El simplismo de lo políticamente corrupto: los preservativos en África

El pensamiento políticamente correcto está lleno de recomendaciones políticas simplistas para resolver problemas complejos. Curiosamente, estas propuestas casi siempre acarrean una mayor coacción política y no una mayor libertad individual. Se confía en la mano santa y eficaz de unos pocos superhombres (burócratas), y no en la de cientos de miles de individuos (sociedad).

Dentro del gran conjunto de simplezas de lo políticamente corrupto, el campo del subdesarrollo y de la cura de la pobreza puede que se lleve la palma. Y lo peor es que este tipo de creencias e ideas ostentan el monopolio de la sensibilidad sobre los más pobres de la tierra, y en particular sobre África. Las ideas y mentalidad de intelectuales tipo Jeffrey Sachs todavía vencen holgadamente en popularidad a las de economistas tipo William Easterly.

¿Cuestión de marketing de las ideas, del atractivo popular de las propias ideas? El primero se codea con personajes mediáticos como Bono, y escribe libros con títulos como El fin de la pobreza, en el que afirma poder acabar con la pobreza antes de 2025 desde el mismo Occidente. Easterly posee una visión menos optimista de lo que se puede conseguir desde el mundo desarrollado, y sus títulos resultan menos atractivos: En busca del crecimiento o La carga del hombre blanco: Porqué los esfuerzos de ayuda de Occidente han hecho tanto daño y tan poco bien.

La tesis de Sachs apela directamente a los sentimientos y emociones, a la acción inmediata y masiva de gobiernos y organizaciones de ayuda. ¿No les suena esto a cierto plan de estímulo gubernamental del paraíso del laissez-faire? Son maestros de la retórica. Desgraciadamente, la idea de que el gobierno no haga nada más aterra a los ciudadanos, ya sea para salir antes de la crisis o para paliar problemas sociales de distinta índole. José Carlos Rodríguez lo llamaba sociedad subvencionada y domeñada.

Relacionado con las propuestas simplistas está la de distribuir preservativos en África para resolver el problema de la expansión del Sida. El debate se ha puesto de nuevo encima de la mesa por la absurda polémica que levantaron unas palabras de Benedicto XVI. Para algunos miembros de la progresía, decir cosas como que el flagelo del Sida no se puede resolver sólo con la distribución de preservativos, y que esto podría aumentar el problema, es una barbaridad que debe ser condenada desde el Congreso. Y lo que es todavía más retrógrado y cavernícola: ¡hizo un llamamiento a la “humanización de la sexualidad”! El diagnóstico de éstos parece claro: el líder católico vive enjaulado en sus prejuicios religiosos y puritanos, que no le permiten ver la tragedia de la realidad del Sida en África.

Pues bien, quienes más parecen dejarse llevar por sus prejuicios son ellos: los que opinan que los preservativos son imprescindibles para resolver el problema, y que sin ellos, la enfermedad se extenderá sin piedad. La evidencia empírica no les acompaña. Edward C. Green, director del Proyecto de Investigación para la Prevención del Sida del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicaba un artículo en el que repasaba los estudios realizados sobre la relación entre distribución de preservativos y la difusión de la enfermedad. Su conclusión, a pesar de su postura “liberal” en temas sociales, era que “el Papa puede estar en lo cierto”, y que la “evidencia empírica actual le apoya”.

Las razones las expone Green, y en el artículo que dedicó The Lancet (prestigiosa revista médica) a desvelar los diez mitos sobre la epidemia del VIH las resumía en que: “a mucha gente no les gusta usarlos (especialmente en relaciones regulares), la protección es imperfecta, el uso es frecuentemente irregular, y los condones parecen fomentar la desinhibición, con lo que la gente tendrá relaciones sexuales arriesgadas, bien con condones o con la intención de usarlos”.

La solución al problema no pasa por inundar África de preservativos, ni reprimir la libertad de expresión de Benedicto XVI, sino por un cambio de conducta hacia prácticas sexuales más responsables y monogámicas.

Además de esto, el de Harvard se refiere implícitamente a lo que algunos han denominado ‘la dictadura de lo políticamente correcto’. Afirma que, quienes como él trabajan en este campo, “tomamos riesgos profesionales terribles si nos ponemos de lado del papa en un tema polémico como éste. El condón se ha convertido en un símbolo de libertad y de la emancipación femenina, así que quienes cuestionan la ortodoxia del condón son acusados de estar en contra de estas causas”. Y ofrece un ejemplo revelador de cómo se las gasta la ONU y sus derivados. Unos investigadores llevaron a cabo un estudio sobre la efectividad de los preservativos para el programa contra el Sida de la ONU (UNAIDS). Como no encontraron evidencia de que éstos estuvieran previniendo las infecciones, este organismo tranquilamente rechazó la publicación del estudio.

Y es que, como en el caso de la pobreza estructural, ésta no se cura enviando millones de dólares en ayuda externa (ya sea en efectivo o en otros conceptos), ni el problema de la educación se resuelve simplemente con programas presupuestarios elevados ni construyendo escuelas públicas. Ni tampoco el problema del ahogamiento de la deuda de los gobiernos africanos (contraída con países desarrollados) y sus negativos efectos, se solucionaba simplemente condonando la deuda, ni la elevada tasa de natalidad de estas sociedades se reduce significativamente distribuyendo preservativos (como dice Easterly, el propio desarrollo es el mejor anticonceptivo).

Prescribir propuestas simplistas como éstas es más fácil, y quizás más intuitivo a primera vista, que analizar los incentivos a los que se enfrentan estos individuos y sus patrones culturales de conducta. Será más sencillo, pero nunca más adecuado para ganar una comprensión de las causas reales de los problemas, y poder atisbar algunas soluciones, que no sean ni irrealistas ni poco eficaces.

Mejor sin planes E

¿Qué ocurriría si además el accionista y el cliente de estos servicios estuviesen cautivos (sólo pudiesen recurrir a un oferente forzoso) y nada –ni la competencia, ni la libre elección, ni la justicia– les amparasen?

El Gobierno de España está actuando de igual forma con la situación económica actual. Incapaz de luchar contra la crisis, manipula estadísticas, aumenta el gasto irresponsablemente y se dedica a poner en marcha remedios anti crisis tan útiles como las juanolas contra el cáncer. No lo hace un malvado capitalista, sino aquel que se autoproclama representante del bien común.

El Ministerio de Trabajo esconde medio millón de extranjeros que tendrían que estar en el INEM; quiere que los prejubilados no consten en las cifras del paro; contabiliza a chicos de catorce años como trabajadores… y la lista de manipulaciones sigue.

Los indicadores macroeconómicos son medios o herramientas que han de servir para identificar la realidad económica de un área geográfica determinada. Manipularlos no significa que la realidad vaya a cambiar. Si teniendo fiebre, bajamos la temperatura del termómetro antes de mirarla, esto no va a significar que estemos sanos. Negar la crisis, como hizo el Gobierno, tampoco evitó que nos metiéramos en ella. ¿Es lícito que los políticos mientan y creen una "realidad oficial" o prometan cosas falsas en su beneficio?

Un abogado español puso la actual democracia a prueba. Demandó al PSOE por incumplir su programa electoral de 2004. La conclusión del juez fue que no se puede reclamar al Gobierno ni a los partidos políticos el cumplimiento de sus programas. Esto es, pueden mentir abiertamente sin tener responsabilidad alguna, algo que, evidentemente, no se pueden permitir las empresas privadas.

No son sorprendentes las conclusiones del juez ni los actos de los políticos y gobernantes. Los últimos, ordenan al primero, y a la vez, los dirigentes políticos viven en una anarquía que está por encima de cualquier ley, lo que les permite ser irresponsables con sus actos.

Lo asombroso de esta situación es la complacencia de una sociedad que, ante el deterioro de su calidad de vida con más de cuatro millones de parados, ante el desplome de la riqueza y ante la irresponsabilidad y manipulación informativa del poder, sólo sabe pedir más regulación y más fuerza para el Gobierno que para ella misma.

Si el Gobierno miente en sus estadísticas, esto es, manipula la información, ¿cómo pretendemos que cree una educación justa y neutra para nuestros hijos o se dedique a dar licencias de televisión y radio? ¿Qué le importa el bien común a un Gobierno que es capaz de crear una realidad oficial totalmente divergente a la situación real de las personas? ¿Qué sentido tiene que un charlatán y embaucador así se proclame jerarca y máximo representante de los asuntos sociales y a la vez no sea responsable de los resultados? ¿Qué ocurre cuando los sindicatos se convierten prácticamente en un ministerio más del Estado? ¿Qué legitimidad tienen para tomar nuestro dinero por la fuerza cuando no será gastado ni siquiera en las promesas que ofrecen?

Si el ciudadano no pone freno a esta vorágine gubernamental para acabar con la voluntad, bienestar y libertad del hombre, sólo estará conviertiendo su complacencia en esclavitud (estado al que llegamos hace años). Lo adelantó José Montilla. Cuando la prensa le preguntó por la alta abstención en las últimas elecciones de Cataluña, el president dijo que muchas personas no votaron "porque ya les está bien el Gobierno que hay". La indiferencia es servidumbre. Es una victoria política.

Cambiar de tirano cada cuatro años no es libertad. La libertad sólo la ofrece la acción diaria del ciudadano contra el Gobierno. En Estados Unidos, al menos, lo están intentando con las Tea Parties. Tomemos nota.

Complacencia, paso previo a la esclavitud

Las cuentas del nacionalismo se han acabado en 30, los años que han estado apoderados del poder. La cuenta del señor don Patxi López, como se ha hecho investir presidente de la comunidad vasca, tiene apenas unas horas.

Pero el tiempo pasa, y lo llenamos permanentemente de lo que acaece, que es también lo que nos condiciona. La única teoría del capital que ha dado la ciencia económica también advierte de eso, de que la vida es un discurrir en pos de unos objetivos, y que a medida que nos acercamos a ellos, tomando las medidas que apuntan en esa dirección, se nos reducen las posibilidades de cambiar de rumbo. Nos alejamos de otros fines a medida que nos acercamos a los nuestros. No hay nada determinado, sino que al disponer las cosas para lograr el objetivo A se nos hace más costoso variar el rumbo. Eso es, precisamente, lo que le puede ocurrir a don Patxi.

Dejémonos de fusilerías cursis sobre el arco iris, que el lector odia tanto como quien le escribe. Un presidente vasco sólo tiene dos caminos que elegir: el del nogal nacionalista y el de la libertad. O se va de la mano del nacionalismo, del legal o del sincero, o se está en su contra. El nacionalismo no entiende de adversarios. Sólo se puede apaciguar a una bestia hambrienta haciendo manada con ella o dejándose devorar. Si don Patxi le mira de frente, aunque sea de reojo, estará siempre en el lado de “los otros”. Y el juego irá royendo las medias tintas.

Pues hay decisiones que se habrán de tomar de inmediato. La policía autonómica, ¿detendrá a los terroristas o no lo hará? La rebosante caja vasca, ¿derramará nuestro dinero por las organizaciones pantalla de ETA, o no lo hará? La televisión pública, ¿alimentará el relato de que los etarras “se pasan” en su ejercicio de buenos patriotas? ¿Pondrá su dardo en quienes no piensan como “un verdadero vasco”, o no lo hará? La consejería de Educación, ¿permitirá a los padres educar a sus hijos en castellano, o no lo hará?

Y cada paso que dé en contra del sendero nacionalista alimentará más su odio, y con él sus bestiales reacciones. Un nuevo andar en el camino de convertir a los vascos en ciudadanos libres y responsables y el acecho del nacionalismo será aún más sañudo. Y la parte de la sociedad que ha sido preterida, ignorada por la autonomía vasca se aferrará al nuevo Gobierno y le llamará con voz renovada, con la voz recobrada. La de las víctimas, que han sido invitadas por vez primera a la toma de posesión de un Lendakari, por ejemplo.

No nos engañemos. Zapatero, y con él una parte importante del PSE son capaces de imprimir un cambio de rumbo. Pero cada día que pase será más costoso, más difícil. La pendiente de la libertad, una vez se tome, se irá haciendo más y más pronunciada.

La pendiente

Sin embargo, convendría que no nos fijáramos tanto en las promesas explícitas que realizaba el Gobierno y sí más en los efectos inevitables, aunque menos visibles, de esas mismas promesas. Tanto The Economist como, por supuesto, los socialistas parecen asumir que el gasto público tiene efectos positivos sobre la economía: si los agentes privados no gastan, el empleo cae, por tanto, debe ser el Estado quien ocupe su lugar y despilfarre por ellos. De esta manera se pretende evitar la destrucción de muchos puestos de trabajo, que la economía se mantenga a flote y que las familias y las empresas recuperen la confianza.

Lo que ninguno de los dos parece plantearse –o, si se lo plantean, lo disimulan muy bien– es que el gasto público puede destruir más empleos de los que crea. Recientemente, hemos tenido noticia de dos claros ejemplos que ilustran este efecto expulsión de la riqueza privada por los dispendios públicos.

El primero fue el estudio que varios profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, entre los que me incluyo, realizaron sobre los efectos de las energías renovables en España. En concreto, al haber orientado el sector eléctrico español hacia las energías verdes mediante la subvención pública, la economía española ha sufrido unas pérdidas que equivalen a una destrucción neta de 2,2 empleos por cada uno de los que se pretendía crear. Más gasto en energías renovables no nos proporcionó un mayor bienestar o una mayor riqueza: más bien al contrario, desvió los escasos recursos económicos desde allí donde eran más urgentemente demandados hacia donde no lo eran. Ni España ni ningún otro país pueden prosperar invirtiendo en energías caras: ¿acaso se sentiría más rico si, tal y como propone la Comisión Nacional de la Energía, la luz aumentara un 31% para sufragar el coste de las renovables?

El segundo ejemplo ha sido la restricción del crédito privado que han aplicado en general los bancos y cajas españoles para financiar las emisiones de deuda pública del Gobierno. De este modo, los agentes privados de nuestra economía, muy dependientes del crédito para mantenerse en funcionamiento, se han visto desposeídos del mismo porque Zapatero les ha regalado una lluvia de millones a los ayuntamientos para que gasten sin mesura. En otras palabras, el Plan E puede haber creado directamente 280.000 empleos, ¿pero cuántos ha destruido en otros sectores de la economía? Es más, ¿cuántos destruirá cuando deban subirse los impuestos para comenzar a amortizar las emisiones actuales de deuda?

No, el problema de la economía española no es que el Plan E haya sido demasiado pequeño, sino más bien que ha sido. Nos habría ido infinitamente mejor sin semejante agujero negro, aun cuando no hubiésemos reducido los impuestos con lo que nos habríamos ahorrado. La intervención pública en la economía –especialmente cuando va destinada a rescatar a los sectores en crisis que deberían reconvertirse– no le confiere un impulso, sino que le asesta una puñalada por la espalda.

En realidad, la solución es muy otra y también la apunta en parte The Economist: liberalización del mercado de trabajo y reducción del gasto público y de los impuestos. Pero ah, esto tendría poco que ver con la socialdemocracia y ya sabemos que nuestro presidente del Gobierno ha realizado una decidida apuesta personal (¿especulación política?) por la misma: si la socialdemocracia no nos proporciona remedio alguno, bien merece la economía colapsar. Y ya lo está haciendo.

Aborto y Estado

A pesar de que disfruto y padezco con una ética, y las emociones concomitantes a ella, radicalmente contraria al aborto, pretendo no fundamentar mis razonamientos en lo que prefiero que sea, si no un resultado, sí, al menos, un argumento anexo, aunque no trivial, a mis conclusiones.

El aborto, matar niños en el vientre de la madre, puede ser estudiado, aunque no solamente, desde el punto de vista de la lógica de la acción humana. Desde ella observamos que los infanticidios, precedentes de la práctica abortista, han tenido una cierta difusión a lo largo de la historia. En muchos casos iban acompañados por las aplastantes condiciones de una economía de subsistencia que obligaban al sacrificio bien de ancianos, bien de niños. Incluso aunque unos u otros no fueran bien vistos desde la ética dominante, tal es el caso de la Europa cristiana de los siglos XVI, XVII y XVIII, la vida de éstos valía sustancialmente menos que la de un adulto productivo.

Parece claro que el menosprecio de la vida de los niños está relacionado con la incapacidad del sistema económico de dar cobijo a más población y, además, con la presencia o no de presión ideológica (religiosa, esencialmente) a favor del mantenimiento de la vida. No obstante, a pesar de que la situación actual en torno al aborto es presentada como esencialmente diferente por parte de los grupos abortistas, la carga que supone para los gastos en bienes de consumo, incluido el tiempo, parece el factor determinante que lleva a muchas mujeres a abortar. Esta propensión al corto plazo no tiene por qué estar siempre presente en la abortista, pues su entorno puede proporcionarle argumentos varios que confluyan todos en dicho inmediatismo.

En un entorno de precariedad extrema, como el supuesto en determinadas épocas, poco podía hacer la ética imperante a favor de la vida para proteger a los chicos y niños. A pesar de esa relativa mayor impotencia, la persistencia en difundir esa ética fue factor esencial para que, incrementada la producción de masas por el capitalismo nacido en la Inglaterra del siglo XVII, las consecuencias a favor de los niños se hicieran notar. Un hecho que permite valorar la importancia del factor ético-cultural es la experiencia del infanticidio y los abortos selectivos en la India yen muchas áreas en Asia oriental. El desarrollo del capitalismo y la expansión productiva aún no fue, en esas zonas, determinante a la hora de erradicar esa práctica aberrante incentivada por lo que considero un sustrato cultural preexistente poco proclive a proteger la vida infantil. La inexistencia del concepto de derecho a la vida unido a instituciones tradicionales (la dote) y decisiones del Estado (caso de China), confluyen en que esta práctica persista.

Hoy, en Occidente, se da, no obstante, la aparente paradoja de que la expansión productiva y los excedentes sí puede servir para erradicar toda práctica, no ya de infanticidio, objetivo éste logrado ya (salvo casos delictivos), sino de aborto y de la tendencia concomitante de la reducción de hijos por pareja. No son comparables en términos éticos ni mucho menos (serían frívolos, pues, los comentarios al respecto) pero coinciden en basarse, utilitariamente, en la escasa propensión a sacrificar los bienes presentes en la crianza de hijos. No se piensa, siquiera, en la acumulación de riqueza hoy para su incremento en manos de los descendientes porque, básicamente, no interesa al estamento político y tiende a penalizarlo.

Y aquí radica lo que creo esencia de la persistencia de opiniones favorables al aborto. Una muy importante es la generalizada elevada preferencia temporal fomentada desde los gobiernos que buscan resultados en popularidad y welfare state a corto plazo sin sacrificar, coherentemente, el alargamiento de la estructura productiva. La única manera de que los políticos obtengan el apoyo masivo es proporcionar incentivos a las masas con bienes presentes y fomentar políticas monetarias que, además, alarguen la estructura de producción. Incentivan el consumo masivo (la persistencia de la propensión existente o su incremento) con bajos tipos de interés y, a la par de este desarrollo, una cultura del placer inmediato, del culto a los deseos fugaces, de desánimo al ahorro. Las políticas monetarias laxas lo hacen innecesario.

Y fruto directo de dicha cultura es el denominado concepto de autoposesión, derecho de la madre a abortar, a pesar de que su supuesto derecho conculca el derecho a la vida de niños que no decidieron existir; un derecho, a mi juicio, superior. Si, como Hayek apunta, un sistema social y económico prevalece cuando mantiene con éxito a un determinado número de personas podemos decir que el nuestro, habida cuenta de su capacidad para integrar a población inmigrante, también sería capaz de integrar a los hijos de todos. La elevada preferencia temporal que hoy adopta el fondo de una ética social orientada a la autosatisfacción inmediata y arraigada en las intervenciones estatales, explica la persistencia aún de éticas proabortistas.

La presión sobre el estado para que, sin dejar de manipular los factores económicos y culturales, busque fomentar la natalidad como resultado de presiones éticas en esta línea o de promover el aborto fundándose igualmente en razones éticas, yerra, a mi juicio, el tiro. No se confronta directamente con todo el sustrato ético que lo sostiene y con el tipo de intervencionismo político que hace que el llamado hedonismo dominante sea un modo de sostener al estatismo más devorador. Oponerse así al aborto es peor que nadar contracorriente.

Sería más coherente luchar por la erradicación del aborto a la vez que se difunde una ética, asentada en la acción humana, que fomente el ahorro y cultivo del bienestar de los descendientes como modo de enriquecer y ampliar a la sociedad y penalice las políticas de manipulación de la preferencia temporal de la población. Sin intervencionismo estatal la población decidirá el grado de propensión al consumo que desea y los grupos éticos antiabortistas no necesitarían del Estado para difundir una ética provida acorde con las capacidades económicas de una sociedad cada vez más extensa.

¿Quién nos sacará de la crisis?

Una de las películas que casi indefectiblemente suele exhibirse por televisión en la temporada navideña es “Qué bello es vivir”. En ésta se nos narra cómo George Bailey, interpretado por el inigualable James Stewart, a base de esfuerzo, sacrificio y tesón, va manteniendo y levantando la compañía de empréstitos, que heredó de su padre, frente a distintas adversidades que se van presentado.

La película, analizada desde una óptica económica, nos permite extraer algunas conclusiones. Una de ellas es, sin duda, que la compañía de empréstitos no hubiese podido sobrevivir sin todo el sacrificio que el protagonista realizó. Así, acepta dirigir la compañía, cosa que a principio no quería, accede a no ir a la universidad por tener que encargarse de la compañía, o, en el mismo día de su boda, sacrifica su luna de miel y sus ahorros familiares, para sostener la compañía frente a un pánico bancario. Fue el tiempo, esfuerzo y dinero de George Bailey lo que permitió que la compañía sobreviviese frente a numerosos avatares, incluida la crisis del 29.

Sin duda alguna, cualquier empresa que veamos hoy en día es el resultado del tiempo, dinero y esfuerzo de distintas personas. Indudablemente serán de una naturaleza distinta a los que podemos encontrar en la película, pero habrán realizado sacrificios de diversa índole. La historia de cada empresa suele tener tras de sí el esfuerzo de muchas personas, ya sean trabajadores, empresarios o amigos y familiares de los anteriores.

A la hora de desarrollar políticas económicas para afrontar la crisis, suelen emplearse términos como demanda agregada, gasto público, tipos de interés, déficit público, estimulación del consumo, etc. A menudo, sólo se suele emplear determinada jerga técnica, omitiéndose cualquier referencia a aquellas personas con cuyo esfuerzo y sacrificio se han levantado las distintas empresas que existen hoy en día. Incluso aunque, a veces, se hable de personas, se suele hacer referencia a ellas como meros peones que han de cumplir fielmente la misión de consumir, función que, como tal, buscan determinados planificadores estimular y conducir. Pero es muy raro que se recuerde el papel que tienen las personas a la hora de crear y mantener una empresa.

Si se pretende desarrollar una política económica que permita afrontar la crisis con mayor facilidad, ésta ha de tener en cuenta al núcleo de la economía, es decir a la persona. Es el esfuerzo de millones de personas lo que permite a todas las empresas que existen hoy en día sobrevivir y avanzar. Por tanto la política económica debe de dejar de considerar al Estado como el elemento sin el cual no se puede salir de la crisis, pasando dicho papel al individuo. Para ello debe permitirse que la persona pueda gozar de plena libertad para que pueda dedicar su tiempo, dinero y esfuerzo en aquellas labores que estime oportuno, y pueda así tomar el papel de protagonista que le corresponda, sin que dicha actuación venga dictada por el Estado.

La salvación de la crisis, por tanto, no vendrá ni del gasto público, ni de las políticas de estimulación de la demanda, sino del esfuerzo y sacrificio que innumerables personas, como George Bailey en la película, realizan día a día de manera anónima y encomiable.

Felipe González, Europa y la crisis

Los colectivistas aspiran a colectivizar y sus políticos tienden a hacerlo al máximo nivel posible. Suelen verlo todo como global, público y compartido. Parecen incapaces de realizar análisis locales, parciales, privados. Aspiran al control total desde arriba, desde muy lejos, ignorando que la acción humana se ejecuta aquí abajo en las cercanías de cada uno, donde las cosas importan a los más próximos, quienes son capaces de hacer algo al respecto en sus circunstancias particulares. Así que no les valen los Estados nación, aspiran a asociaciones multiestatales o incluso al gobierno mundial.

Cree González que no asumimos "la magnitud del desafío que tenemos por delante con todas sus implicaciones: económico-financieras, de sostenibilidad de nuestro modelo de cohesión social, energéticas y de cambio climático" y que "deberíamos encarar esta situación como si nuestra sociedad y nuestro aparato productivo estuvieran ante una emergencia global", "como una guerra incruenta que tenemos que ganar, movilizando nuestras energías contra el cambio climático, contra el paro, el hambre y la enfermedad".

Habla de cohesión social cuando lo que defiende es la redistribución coactiva e insostenible de riqueza que genera dependencias, resentimientos y fricciones sociales. Le preocupa la economía y las finanzas después de habérselas cargado a conciencia. Y no puede faltar el espantajo del cambio climático. Y es que los políticos se creen indispensables para resolver los problemas sociales cuando en realidad se niegan a reconocer que son sus principales causantes. Y nos proponen guerras incruentas porque el lenguaje de la movilización militar dirigida desde el alto mando es lo que mejor entienden (quizás lo único): la libertad y los órdenes espontáneos les son ajenos.

González, ya retirado, pretende una imparcial sabiduría y sensatez de la que carece por completo. Cree que "la principal tarea es explicar lo que pasa a la opinión pública". ¿Cómo va a hacerlo quien no sabe lo que pasa? Creer que se sabe no es saber, como demuestra al afirmar que "es inútil creer o confiar en que tenemos recetas locales autónomas para resolver desafíos que son globales". Los desafíos son globales en la medida en que los políticos de todas las naciones han cometido los mismos errores asesorados en su intervencionismo por los mismos presuntos expertos incrustados en los organismos internacionales. La solución no está en que todos vuelvan a cometer juntos errores distintos de los actuales. Las instituciones de gobernanza a nivel mundial son profundamente inadecuadas y causan un entrelazamiento del intervencionismo que impide la descentralización indispensable para el descubrimiento de soluciones a diversos problemas mediante la generación competitiva de ensayos alternativos y la retención e imitación de lo exitoso (lean a Hayek).

El compartir ámbitos públicos como tantos socialdemócratas proponen tiene graves problemas que no ven: se elimina o impide la libertad individual, se comparten los daños aunque no se sea culpable de los mismos y se reciben beneficios aunque no se haya contribuido a su generación. No es cierto que haya sido "la ausencia de una normativa aplicable global y localmente, lo que está en origen de esta gran burbuja financiera". Hay muchas normativas, como los criterios de Basilea, que son de aplicación universal. Y es extremadamente peligroso imponer las mismas normas a todo el mundo: ¿qué pasa si son equivocadas? ¿Acaso las normas vienen con garantía de adecuación por el hecho de haber sido producidas por tecnócratas sin competencia nombrados por políticos facciosos elegidos por votantes racionalmente ignorantes?

Como la desvergüenza es una hipótesis por defecto en los políticos, no sorprende que González afirme que "la convicción dominante durante años de que el mercado se autorregulaba a través de su ‘mano invisible’ apartó a la política de su función reguladora como un estorbo para el crecimiento". ¿Ha tenido él esa convicción? ¿O los socialistas de todos los partidos? Lo han ocultado muy bien. Porque es cierto que el mercado se autorregula, pero sólo si le dejan: sólo si es libre; y la producción de dinero y crédito no lo es ni de lejos.

Pretende analizar las finanzas sin tener ni idea del tema, acusa de creación de "productos sin bases reales, sin contabilidad, en un mercado mundial interconectado y permanente que no tiene reglas ni, por tanto, previsibilidad o control". ¿Sin bases reales? Las titulizaciones podían ser complejas y las valoraciones equivocadas, pero todo derivado deriva de algo. ¿Sin contabilidad? ¿Ha sido alguna empresa condenada por no tener ninguna contabilidad? ¿Sin reglas? ¿Cómo se puede tener la desvergüenza de ignorar las abundantes regulaciones intervencionistas sobre los sistemas financieros? ¿No hemos quedado que el Banco de España es un ejemplo de supervisión y regulación? ¿Lo consiguen sin reglas?

Y es que los megalómanos no están contentos hasta que todo queda regulado a su antojo hasta el más mínimo detalle: así todo está controlado y es previsible. Lástima que entonces apenas haya riqueza, vida y libertad.

Censura togada

Se le consideró responsable de una falta grave de desconsideración a los ciudadanos que se derivaría de unas declaraciones hechas a la edición cántabra de El Mundo el verano pasado. La multa impuesta agotaba la sanción máxima posible para las infracciones calificadas como graves, según las propias normas disciplinarias del Poder Judicial.

Las manifestaciones objeto de esta multa fueron realizadas cuando esta mujer dirigía un juzgado especial de violencia sobre la mujer de Santander. En su día tuvieron una gran resonancia en los medios de comunicación. En ellas la juez criticaba con dureza la llamada ley de violencia de género, que reputaba inconstitucional; dudaba de la eficacia de las órdenes de protección y de los juzgados como el que ella misma ocupaba y, además, salpicaba sus comentarios con anécdotas que decía vivir en su juzgado, sin identificar a sus protagonistas.

Varios aspectos llaman la atención de este episodio que podemos enmarcar dentro de la meticulosa e implacable imposición de la "corrección política" desde los poderes del Estado, dominados por el Ejecutivo del PSOE. El primero es que la apertura del expediente disciplinario se produjera por la denuncia presentada por la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, Monserrat Comas D’Argerit, quién debió entender que podía sustituir a los "ofendidos" por las declaraciones de la juez. Que se sepa, ninguno presentó queja. El segundo, que las observaciones de la juez plasmadas en la entrevista aludían a su experiencia con términos discutibles, pero no identificaban un caso o una persona concreta. El tercero que el mismo órgano decisorio de la sanción devolviera al instructor del expediente una primera propuesta de resolución sancionadora que no agotaba la extensión de la multa prevista para las infracciones graves. Y el cuarto, escandaloso donde los haya, que el derecho fundamental a la libertad de expresión de una integrante de un poder supuestamente independiente, se relegase sin contemplaciones ante la hoguera de la "corrección política".

Conviene recordar que la expresión "corrección política" no tiene un significado tan amplio como su denominación hace pensar. No equivale a cualquier opinión que sustente una abrumadora mayoría. Esta acepción desenfoca totalmente la perspectiva finalista que imprimieron sus ideólogos acuñando un término deliberadamente ambiguo. Antes al contrario, los postulados de esta ortodoxia política han ganado un increíble favor en los medios de comunicación y la casta política desde que se importara de Estados Unidos, pero no están asimilados por la opinión pública mayoritaria. Cuestión diferente es que existan suficientes opositores dispuestos a plantar batalla intelectual a esta amenaza contra la libertad.

Para entendernos, pues, mediante ese término se define a una ideología que pretende un vasto cambio social, político y educativo que compense las "injusticias históricas" cometidas contra ciertas minorías: sea por motivos raciales, de clase social, sexo u orientación sexual, pero siempre desde una perspectiva que permita culpar a la civilización occidental. Con esos mimbres, los propagadores de esta virulenta mojigatería compusieron la necesidad de imponer medidas de "discriminación positiva". Y como nos cuenta Stephen R.C. Hicks del movimiento postmoderno, donde las huestes políticamente correctas acampan, aunque al principio claman por el subjetivismo y el relativismo, cuando alcanzan el poder instauran el dogmatismo absoluto. Esto es, persiguen furibundamente a los disidentes de las doctrinas así destiladas.

No cabe duda de que la juez censurada tiene a su disposición los cauces del recurso contencioso administrativo para impugnar la sanción que le han impuesto. Pero el mero hecho de que se emprendan de oficio expedientes disciplinarios por emitir opiniones discrepantes de la legislación positiva y de los análisis de los "observatorios" oficiales debe hacer saltar todas las alarmas. En este caso se ha producido un salto cualitativo en relación a otros ataques a la libertad de expresión. Tiemblen ahora, por ejemplo, los profesores que esgriman la libertad de cátedra ante los comités feministas de salud pública. La desfachatez del neosocialismo local no repara en barras para adjudicarse un halo de respetabilidad. La exposición de motivos de otro de sus "instrumentos jurídicos", la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, acude al argumento de autoridad de John Stuart Mill. Sí, querido lector, el mismo que escribiera el clásico capítulo sobre la libertad de pensamiento y discusión en Sobre la libertad.