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Planificando la Sociedad de la Información

Y nuestro Gobierno, nuestro nuevo Gobierno, no ha tenido dudas. Démosle ese dinero al sufrido sector audiovisual, a la televisión pública y, en definitiva, a las desfavorecidas televisiones.

Ya se explicó en una columna anterior que la capacidad de innovación de nuestros grandes tycoons de contenidos se limitaba a exigir del Gobierno la supresión de la publicidad en la televisión pública. De esta forma, descuentan estos próceres del libre mercado, tendremos un competidor menos y obtendremos más ingresos del anunciante. En lugar de ver cómo dar un mejor servicio a la audiencia para que no les abandone, es preferible pedir al Ejecutivo que se cargue a un rival.

Y por fin lo han conseguido, parece. Ahora la cuestión pasa a ser cómo mantener el tinglado de la TVE sin los ingresos que le proporciona la publicidad. Para qué plantearse si es necesaria o no la televisión pública, sujeta también a la misma crisis de audiencia que hace mella en el sector. Por supuesto, TVE tiene que mantenerse, y con todos sus trabajadores, que no hagan los sindicatos algún número extraño con las pantallas.

¿De dónde saldrá la pasta, pues? Muy fácil, del sector de telecomunicaciones. Total, proporcionan también servicios audiovisuales. Y además tienen dinero. Porque vete tú a pedirle ahora pasta a los bancos, en mitad de su crisis, o a las eléctricas, recién condenadas a congelar sus precios a determinados colectivos.

Así que dicho y hecho: que las telecos paguen un 0,9% de sus ingresos para el mantenimiento de la tele pública. Planificación central en toda su extensión, completa desatención a los mensajes que da el mercado.

Si los Telefónica, Vodafone, Orange y compañía son capaces de ganar dinero y ser viables, es por la sencilla razón de que proporcionan servicios útiles a los ciudadanos. Y estos, por tanto, están dispuestos a pagar por estos servicios más de lo que cuesta su producción.

Si los Tele 5, Antena 3, Cuatro y TVE están pasándolas canutas por la crisis, es por la sencilla razón de que sus servicios no son tan útiles para los ciudadanos como para que estos estén por la labor de pagarlos al precio que, directa o indirectamente, se los demanda. Estos agentes están utilizando mal los recursos escasos de nuestra economía, pues no consiguen recuperar su valor.

El veredicto de las preferencias de los consumidores es muy nítido: transfiéranse recursos del sector audiovisual al de teleco, porque aquí están más valorados, aquí son más útiles para la sociedad.

¿Qué hace el Gobierno? Tratar de revertir este veredicto y ordenar justo lo contrario: que se muevan recursos a un sector que ya no proporciona utilidad, precisamente a costa del que la proporciona. Evidentemente, el resultado será malo para los ciudadanos.

Por mucho que el Ejecutivo saque dinero de un lado y lo meta en otro, las preferencias de los individuos no cambian. Lo único que se hace es obligarles a convivir con cosas que no necesitan, pero en las que tienen que gastarse recursos que no pueden dedicar a las que sí necesitan.

¿Qué la gente prefiere llamar por su teléfono móvil o navegar por internet a tragarse los contenidos que tienen a bien suministrarnos los medios? Da igual, el Gran Hermano sabe más que nosotros. Y ha decidido que necesitamos más tele y menos telecos: comienza la planificación central de la Sociedad de la Información en España.

La gripe como excusa para discriminar

En todas las épocas de incertidumbre económica surge o aumenta el odio de buena parte de la mayoría hacia los miembros de la minoría, sea del tipo que sea. También se incrementa la desconfianza hacia el extranjero, tanto si vive en un país que no es el suyo como si viaja a él de forma temporal. En los momentos en los que se perciben amenazas ante las cuales los individuos no saben cómo protegerse (pandemias, desastres naturales, guerras…) ocurre justamente lo mismo. Si, como ocurre en estos momentos, se dan dos de esas circunstancias al mismo tiempo el caldo de cultivo para los atentados contra la libertad y la propiedad de los “diferentes” es perfecto. Sobre todo en países con nula tradición de respeto a las libertades individuales.

Con la aparición de la nueva gripe, los brotes de xenofobia surgen en cada vez más sitios, teniendo como objeto a los ciudadanos mexicanos. Son víctimas por igual jugadores de fútbol, inmigrantes ilegales o simples turistas. En Estados Unidos, radios muy conservadoras arremeten contra los ciudadanos de su vecino del sur que entraron en el país sin permiso, y en China se aísla a todas las personas de esa nacionalidad con independencia de que tengan síntomas o no de la enfermedad. Sin embargo, el peor caso de todos no tiene como víctima a los mexicanos sino a una minoría religiosa en Oriente Medio.

Las autoridades egipcias han encontrado en esta enfermedad una excusa más para hacer la vida todavía más difícil a los coptos. Estas personas, que representan el 10 por ciento de la población de Egipto y practican a una de las formas más antiguas de cristianismo, están sometidas a una legislación que les discrimina en numerosos aspectos de la vida, tanto a nivel individual como colectivo. A pesar de que excepciones como la del ex secretario general de Naciones Unidas, Butros Gali, puedan llevar a engaño, los coptos viven en una situación legal de discriminación en un país oficialmente islámico que les conduce en numerosos casos a vivir en una situación de pobreza de la que se les impide salir.

Con la excusa de que la nueva gripe fue llamada en un principio “porcina”, el Gobierno de El Cairo comenzó a sacrificar miles de cerdos con el objetivo de terminar con los casi 250.000 que había en el país. Esta medida supuestamente sanitaria decidida por el Ejecutivo tan sólo daña a los coptos, pues son los únicos que suelen criar este animal en el país. Además, perjudica sobre todo a los más pobres entre ellos, pues son quienes más poseen este tipo de ganado. No tiene justificación sanitaria alguna, pues está demostrado que su consumo no transmite la enfermedad. Tan sólo es una excusa, puesto que es sabido que el régimen egipcio, como muchos otros en el mundo árabe, trata de satisfacer cada vez más las exigencias de los islamistas.

Este es un buen ejemplo de cómo se utiliza la capacidad legislativa de los estados para atentar contra la libertad y la propiedad individual, sobre todo de los miembros de minorías poco apreciadas por el poder. Así, la salud pública se ha transformado en la excusa perfecta para discriminar y oprimir a millones de seres humanos.

Se acabó el txollo

La tragedia acaecida sobre los peneuvistas tras la toma de posesión de Francisco López como lehendakari debe estar provocándoles una sensación similar a la que experimentaba D. Sabino cuando veía a un maketo bailando con una moza del Goierri en la romería. Y es que verse desalojados del poder por unos advenedizos cuyo papel, desde la transición, se limitaba a actuar de coartada seudodemocrática de un régimen totalitario y, eventualmente, caer bajo las balas y las bombas de los "violentos", no es algo que estuviera previsto ni siquiera por los padres constitucionales, cuya visión de futuro no fue precisamente la mayor de sus virtudes.

El nacionalismo, por definición, es un régimen inasequible a la alternancia, en tanto que la aceptación de sus postulados constituye el único rasgo definitorio de la legitimidad para gobernar. Cuando la raza, la lengua, la historiografía amañada y el folcklore se sitúan como ejes de la acción política a despecho de la moderna tradición estatal de raíz democrática, el perder en unas elecciones tiene que verse forzosamente como una agresión injustificable que no puede quedar sin respuesta.

Y sin embargo nada hay más saludable para un pueblo que la renovación de su casta dirigente. En este caso, además, no porque los nuevos lo vayan a hacer mucho mejor en términos económicos o de bienestar ciudadano, sino porque es difícil que alguien lo pueda hacer peor que el PNV en materia de decoro político y libertades civiles.

La elección de López como lehendakari no va a solucionar los graves problemas a los que se enfrenta la comunidad vasca, como el resto del planeta, pero al menos va a tener la virtud de desalojar parcialmente del poder a una casta recogenueces que por primera vez en su vida va a experimentar esa sensación que los ciudadanos normales definen con el verbo "trabajar". Sólo por eso ya merece la pena el cambio. Si López tiene además la gallardía de dejar sin virtualidad el terrible vaticinio con que lo saludó en su día la madre de Joseba Pagazaurtundúa, la sensación general será muy aproximada a eso que llamamos felicidad. Con eso es suficiente.

PP 2.0

Las propuestas están bien presentadas en una "nube de etiquetas" y es más fácil navegar y encontrar material escrito y multimedia. Se ha eliminado la voluminosa morralla del anterior diseño que no hacía otra cosa que molestar y, como explica Elentir, unifica su imagen corporativa en internet, que ya hacía falta.

No obstante, la web no es perfecta, claro. Tiene fallos menores, pero que se deberían haber evitado, como incluir un enlace a la portada de Tuenti (si no tienes presencia en esa red social, no la enlaces) o poner tres enlaces separados a versiones para móvil, iPhone y PDA que llevan al mismo sitio. También se dan duplicidades un poco absurdas. Dado que uno de los dos objetivos de la web del PP –y la de cualquier otro partido político– debe ser hacer llegar su mensaje carece por completo de sentido que monten su propio sistema de vídeo online. ¿Para qué reinventar la rueda, cuando existe la alternativa de YouTube, que llega a mucha más gente? Además, los nuevos vídeos del PP no ofrecen opciones para compartirlos o integrarlos en otra web. Disponer de una plataforma propia de vídeo no ofrece ventajas a un partido político, y sí muchos inconvenientes.

En cambio, no veo que crear una red social propia sea una manera de torpedear la presencia en Facebook ni nada parecido. Facebook no es una herramienta que sirva de gran cosa a un partido político, salvo para chulearse de que sus cifras de amigos superan a los del rival y otras chorradas semejantes. Se utiliza para hacer activismo político, sí, pero sólo tiene cierto eco cuando no es partidista, como ha demostrado la reacción contra González Sinde. En cambio, una red social de afiliados y simpatizantes del PP tiene una utilidad extra. Es una evolución de los viejos foros en donde los votantes pueden expresar sus opiniones e ideas y donde se les puede organizar y educar para el activismo. Pero sólo tendrá utilidad si los dirigentes, y no sólo González Pons, se lo toman en serio y prestan atención a lo que se dice.

En definitiva, la nueva web del PP aprueba, y con nota. Evidentemente, es una web de partido, no un diario digital, así que el interés de la información que prestan es relativo. Aún así, es precisamente en esa información donde se encuentra el talón de Aquiles del esfuerzo digital del PP. Porque pese a que la renovación ha supuesto una gran mejora en todos los aspectos, se ve que lo único que no se ha renovado es al equipo encargado de subir contenidos. Como ya denunciara hace unos meses, lo "más reciente" resulta ya antiguo a la velocidad de internet. Cuando se inauguró la web, el lunes a las cinco de la tarde, estaban las fotos y los textos del acto de presentación de la candidatura europea, que tuvo lugar el domingo. Bueno. La cuestión es que hubo que esperar a la una del mediodía del martes, más o menos, para que subieran algo de información sobre el propio acto de presentación de la propia web.

A la velocidad a la que se mueve la información, no se puede esperar al día siguiente. No sé si los responsables de actualizar la web no son los mismos que quienes la han creado. Esperemos que no tarden mucho tiempo en darse cuenta de que en estas materias no se puede ser un funcionario del partido. Seguro que con el dinero que se ahorrarían eliminando el canal de televisión y subiendo todo a YouTube, podrían contratar a personal suficiente para tener la web actualizada al momento. Pero no sé si son esas las prioridades.

Sombra aquí y sombra allá

Con independencia de los maquillajes estadísticos que aplique el Ministerio, la realidad es que no existe por el momento ni una sola señal esperanzadora sobre la futura evolución del paro en España.

Para empezar, la última Encuesta de Población Activa (EPA) arrojó un dato desolador: la tasa de desempleo alcanzó el 17,3% el pasado 15 de febrero, fecha en la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cerró el muestreo que sirve de base para componer la EPA del primer trimestre de 2009. Es decir, en la actualidad, España ya ha superado con creces ese porcentaje. Además, la Comisión Europea, de cuyos cálculos uno no debe fiarse, prevé una tasa del 20,5% para 2010. El problema es que la propia Comisión reconoce que sus pronósticos están desfasados, ya que han sido superados por la realidad: estimaba un paro próximo al 17% para el presente año.

Más allá de los porcentajes, la clave de la cuestión radica en que el tiempo pasa, los trabajadores se van a la calle y ninguna fuerza política de este país parece estar dispuesta a afrontar la situación. Esto es, apostar por una profunda reforma que flexibilice al máximo un mercado laboral, cuya estructura y regulación fue impuesta por el franquismo. ¡Abajo los sindicatos verticales! Bye, bye diálogo social. O se impone la cordura y se hacen los deberes en esta materia o nos veremos abocados a picos de paro nunca vistos en este país, de entre el 25% y el 30% en 2010 ó 2011, junto a un desempleo estructural atenuado a base de subsidios públicos.

Por desgracia, nada hace pensar que esto vaya a ocurrir en el corto plazo. Por ello, el Gobierno tira ya con descaro de la ocultación de datos y el maquillaje de cifras para ofrecer a sus electores una imagen edulcorada del auténtico drama social que ya asoma. Primero fue el efecto Caldera, un cambio estadístico aprobado en febrero de 2008, justo antes de las elecciones, y que consiste en sacar de las listas del Inem a todos aquellos desempleados que acuden a cursillos de formación, y que se engloban bajo las siglas de demandantes de empleo no ocupados (DENOS).

Por si ello fuera poco, los parados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica" tampoco aparecen en las cifras oficiales del paro. Los prejubilados o afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son, igualmente, tratados como desempleados de segunda categoría. Con tales trucos de magia no es de extrañar la divergencia existente entre los datos que ofrece Trabajo y los que refleja la EPA.

Además, en un alarde de creatividad estadística, el Ministerio que dirige Corbacho decidió no publicar las cifras de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al último día de mes. Un dato que, históricamente, es el que se venía empleando como referencia a la hora de medir el ritmo de destrucción o creación de empleo en España.

Más allá del mercado de trabajo, destaca la estadística que, periódicamente, ofrece el Ministerio de Vivienda sobre el precio de los pisos. ¿Alguien se cree de verdad que los inmuebles se hayan depreciado de media apenas un 6,5% interanual en el primer trimestre de 2009, tras sufrir la mayor burbuja a nivel mundial en este ámbito? Algo no cuadra, sobre todo, cuando los bancos y la mayoría de inmobiliarias ofrecen descuentos de entre el 30% y el 40% sobre su valor máximo.

¿Cómo es posible? El truco radica en que Corredor se basa en los datos de compraventa que revisan los notarios y que, como es lógico, cuentan con un retraso de meses, si no de años, con respecto al precio de las transacciones actuales. Una filfa más del Gobierno que, pese a constituir un dato oficial, nada tiene que ver con la realidad. Cualquier propietario que hoy pretenda vender su piso sabe que le resultará muy difícil si no está dispuesto a ofrecer una rebaja sustancial.

Por último, y sin ánimo de ser exhaustivo, el próximo paso será maquillar el PIB de cara a las elecciones previstas para 2012. El INE renovará poco antes la Contabilidad Nacional con la intención de hacer aflorar partes de la economía que hoy no aparecen. Es decir, engordará las cifras del Producto Interior Bruto. El dinero negro y la economía sumergida tienen un peso muy importante en España debido a las trabas administrativas y fiscales vigentes.

De este modo, el Gobierno apuesta por el apagón estadístico para suavizar los datos y por una agresiva política de subsidios para tapar los agujeros que sobren y, así, acallar bocas. Algo que, por otra parte, está en sintonía con el discurso propio de todo gobierno: cuando las cosas van bien, van "mejor", mientras que si la cosa pinta mal "no es para tanto", "no hay que exagerar". No se crean ni una palabra. Medios, empresas y particulares deberían empezar a tomarse en serio los datos y cifras que ofrecen organismos y analistas independientes. Que el Estado pruebe su propia medicina. Apagón informativo a las estadísticas de las instituciones oficiales o, como mínimo, dudar, que siempre es bueno.

Macroeconomistas desorientados

El problema es que esas recomendaciones políticas normalmente son hijas de una teoría de cuya incomprensión surge, a su vez, la incomprensión de las recetas. Es lo que les pasa a De Long y a Krugman con Hayek: dado que todavía no han comprendido la explicación austriaca de los ciclos económicos, se limitan a ridiculizar los remedios que ésta propone.

Básicamente, la teoría austriaca sostiene que las manipulaciones de los tipos de interés por parte de los bancos centrales provocan expansiones crediticias que distorsionan la economía. El crédito artificialmente barato hace que muchos proyectos parezcan rentables cuando en realidad no lo son. Por eso en España llegamos a construir 800.000 viviendas anuales, y en Estados Unidos el sector financiero representó el 41% de todos los beneficios generados. Las crisis son períodos de reestructuración de desaguisados como esos: ahora, por ejemplo, no sólo hay que construir menos viviendas y reducir el tamaño de los bancos (cosa que ya está sucediendo), sino que es imprescindible redimensionar industrias relacionadas con las anteriores (las dedicadas al cemento, el mobiliario, el automóvil…) y, sobre todo, invertir para que surjan otras de nuevo cuño.

Todo esto lleva su tiempo, hay compañías que tienen que quebrar, los empresarios han de encontrar proyectos rentables y financiación, las nuevas empresas deben echar a andar. El proceso dista mucho de ser instantáneo o automático, como cualquiera que haya liquidado o montado una empresa sabe perfectamente. Ahora bien, como Krugman y De Long no lo saben y sus modelos sugieren que ese ajuste debiera producirse de inmediato, afirman, no sin cierta arrogancia, que la duración y profundidad de la crisis demuestra que la teoría austriaca del ciclo económico se equivoca. Tal vez convendría que revisaran sus hipótesis de partida: el problema no está en Hayek, sino en los modelos absurdos que manejan.

En una posición más templada se sitúa Gregory Mankiw, autor de una de las propuestas más disparatadas de los últimos meses: las tómbolas monetarias. Pocos se beneficiarán tanto como él de que no sigamos la recomendación de De Long de juzgar a los economistas por sus propuestas y no por sus teorías. En caso contrario, habría que convenir que Mankiw tiene más vocación y madera de feriante que de académico.

Desde luego, no fui el único que encontré descabellado su plan de eliminar dólares por sorteo. Otro economista, Robert Murphy, le dedicó una larga crítica en la que le tachaba de chiflado. En su respuesta a Murphy, Mankiw se distancia de la posición que adoptan Krugman y De Long con respecto a la teoría austriaca del ciclo. Admite que el análisis hayekiano es esencialmente correcto –esto es, que la economía tiene que reajustarse–, pero considera que el proceso es demasiado lento como para dejar que se produzca sin la intervención del Estado. En su opinión, dado que los precios de los productos son rígidos, una reestructuración de la economía ejecutada a través del libre mercado provocaría más víctimas de las necesarias.

Imagine una empresa de automóviles que a causa de la crisis deja de vender sus coches. Su respuesta lógica para sobrevivir debería ser bajar el precio de los vehículos para atraer a más clientes. Pero si vende más barato puede que sus beneficios desaparezcan; así que también debería reducir costes; por ejemplo, pagando salarios menores a sus trabajadores. Sin embargo, esto último no es posible, ya que los salarios se fijan por convenio, los sindicatos tienen todavía mucho poder y, en última instancia, los trabajadores no quieren afrontar recorte salarial alguno. La reestructuración, pues, se complica, y la empresa tiene que despedir a parte de la plantilla y recortar su producción: lo que podría haber sido un pequeño ajuste se convierte en un cambio brusco que casi deja más pérdidas que ganancias.

La respuesta que proponen Mankiw y otros economistas a esta situación es doble: 1) si la gente no quiere comprar automóviles, que los compre el Estado, o que éste genere incentivos para que los consumidores sigan adquiriéndolos; 2) crear inflación: si la moneda pierde valor y los salarios no suben tanto como el precio de los coches, en la práctica es como si los salarios hubiesen caído. La propuesta de las tómbolas monetarias cumplía ambos propósitos: obligaba a los consumidores a gastar su dinero y generaba inflación.

Todo esto parece que encaja bastante bien en una teoría que sólo tiene en cuenta los agregados; pero cuando tratamos de buscar su encaje en la realidad, los problemas son indudablemente mayores que las soluciones. Parece que la profesión económica sigue adoleciendo de aquel vicio tan extendido que ya descubriera Bastiat: sólo tiene en cuenta lo que se ve e ignora lo que no se ve.

Para reestructurar la economía necesitamos abundante ahorro, con el objeto de financiar las nuevas inversiones. Si los consumidores deciden ahorrar renunciando a un nuevo vehículo, no parece que sea lo más conveniente que el Estado les obligue a comprarlo y, por tanto, a recortar sus ahorros. Puede que la industria automovilística sobreviva (lo que se ve), pero sólo a costa de una reducción de la demanda (y de los créditos) en otros sectores (lo que no se ve).

Por otro lado, parte de la solución a la crisis pasa por reutilizar aquello en lo que hemos malinvertido. En España tenemos más de un millón de viviendas desocupadas. ¿Por qué no vender una parte a los extranjeros y reutilizar otra parte como oficinas, almacenes, despachos y laboratorios para las nuevas empresas? Tanto en un caso como en otro, los precios tienen que caer. Lo mismo con nuestra empresa de automóviles: para que, por ejemplo, aumente el número de taxistas es necesario que el precio de los coches se abarate y sea rentable acceder a la profesión de taxista. Si el Estado compra los coches para impedir que sus precios caigan, el sector del automóvil se salva (lo que se ve), pero los coches no se reorientan a las actividades productivas (lo que no se ve).

En cuanto a la inflación, no es un mecanismo neutral. Puede que la gente consuma más que antes, pero no de la misma forma. Dicho de otra manera: habrá industrias que tendrán que subir los salarios de sus empleados pero que no habrán visto aumentar sus ingresos, de modo que trasladaremos la crisis de unas industrias a otras. Por si fuera poco, el incremento del consumo inducido por la inflación sólo reduce, como ya hemos visto, la cantidad de ahorro disponible para extender el crédito a las nuevas empresas. Tal vez el sector del automóvil se salve porque suba más el precio de los coches que el de los salarios (lo que se ve), pero otras empresas quebrarán y otras muchas no nacerán (lo que no se ve).

En definitiva, es cierto que, como dice Mankiw, las rigideces en los precios retrasan la recuperación y hacen más grave la crisis. Pero la alternativa no pasa por más gasto público ni por una inflación más alta. Más bien al contrario: hay que flexibilizar todos los mercados (eliminando privilegios y restricciones a la competencia) para que los precios caigan cuando antes (es decir, para evitar la inflación) y permitir que los individuos ahorren más que antes (bajando impuestos y reduciendo el gasto). Sólo así tendremos un ajuste lo más rápido posible, en el que quebrarán quienes tengan que hacerlo.

Ni la ceguera de Krugman y De Long ante las causas de las crisis ni la fe irracional de Mankiw en el intervencionismo estatal son los caminos acertados para combatir las depresiones.

El G-20 y la persecución a los paraísos fiscales

Organizaciones burocráticas internacionales como la OCDE, la Comisión Europea, las Naciones Unidas o el G-20 han lanzado un ataque coordinado a los paraísos fiscales. Todo ello apoyado por los países de altos impuestos y gobiernos ineficientes como Francia y Alemania.

En realidad, el quid de la cuestión es que los Estados necesitan financiarse. Esta es la raíz (o problema, mejor dicho) del asunto. En un principio, el cometido del Estado era permitir la convivencia pacífica mediante la defensa de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la defensa interior y exterior. Pero a partir del siglo pasado, los Estados se han atribuido un sinfín de funciones: educación, salud, pensiones, telecomunicaciones, energía, televisión, radio, entre otros (dependiendo del caso). Y evidentemente, mantener esas enormes estructuras burocráticas (de poder) es costosísimo.

¿Cómo obtiene el Estado recursos para financiarse? Básicamente puede obtenerlos mediante el cobro de impuestos, la venta de activos y servicios, endeudándose y emitiendo moneda. De todas estas vías para financiar los gastos del Estado, la principal es la impositiva.

Qué duda cabe que los Estados desearían aumentar ilimitadamente los impuestos pero se encuentran que, llegados a un determinado punto, no pueden recaudar más por mucho que sigan aumentando los impuestos. Esta es la intuición que plasmó Arthur Laffer (economista de la oferta) en la curva que lleva su nombre. En la época de Ronald Reagan, Laffer dibujo esta curva en una servilleta para explicar a Dick Cheney las ventajas de una rebaja fiscal (la servilleta está actualmente depositada en una vitrina en el Bookings Institution). La curva, que tiene forma de U invertida, relaciona el tipo impositivo medio y los niveles de recaudación. En este diagrama, se coloca el tipo impositivo en el eje de abscisas, y los niveles de recaudación en el de ordenadas. Al principio de la curva, cuando los impuestos son del 0% (es decir, no pagamos impuestos), la recaudación del Estado es lógicamente cero. A medida que se van aumentando los impuestos, la recaudación del Estado empezará a aumentar desde cero hasta alcanzar un punto máximo. En este punto se encuentra el tipo impositivo "óptimo", ya que es el que produce los mayores ingresos para el Estado. A partir de este momento, si el Estado continúa incrementando los impuestos, su recaudación irá descendiendo progresivamente, hasta llegar a cero en el caso de un gravamen del 100% (porque nadie se molestaría en trabajar si sabe que perderá todo lo que gana).

Pese a que tanto el tipo de gravamen óptimo como la forma de la curva no se pueden conocer/calcular (y además varían de un país a otro), la curva de Laffer es una intuición sencilla e interesante porque nos dice que a partir de un cierto nivel de impuestos, el Estado va a ingresar menos. Este descenso en la tributación se pueden deber a diversas causas: destrucción de la producción, porque los proyectos dejan de ser rentables y se abandonan (o ni se empiezan); sustitución de trabajo por ocio; o porque propician el fraude y la evasión fiscal hacia paraísos fiscales.

Pero estas son solamente consecuencias de la principal causa: los ciudadanos sienten que la presión fiscal es excesiva. Sufren esta carga impositiva en su vida diaria. La defensa del individuo debe empezar por evidenciar esto, y señalar claramente que esta confiscación es ilegítima e injusta porque las personas son dueñas de sí mismas y, por tanto, de lo que producen. Es en este sentido que el individuo ve a los paraísos fiscales como verdaderos refugios (hay que recordar que tax haven no significa paraíso sino refugio fiscal). Es decir, se refugia en destinos donde la actividad económica esté menos gravada. Y es que mientras las regulaciones no son exageradas, los ciudadanos no suelen oponerse a ellas. Pero llega un punto en el que los ciudadanos ("contribuyentes" se les denomina) no están dispuestos a aguantar más imposiciones. Consideran que el tipo es demasiado alto y empezarán a dejar de pagar impuestos, ya que será más rentable el fraude (o el ocio) que el trabajo y la inversión. Dicho de otra manera, cuando los impuestos son excesivos, la gente tenderá a no obedecer la ley.

La existencia de los refugios fiscales es positiva porque promueve la "competición fiscal" entre los países. La globalización ha reducido las barreras entre naciones facilitando el flujo de capitales y trabajo de unas a otras, por lo que los políticos sienten la necesidad de bajar los impuestos para que los trabajadores y las inversiones no crucen la frontera. Que los Estados compitan entre ellos ha provocado recortes de impuestos y diversas reformas fiscales (aunque quizás no tanto como desearíamos). Si no existiese esta presión competitiva, no tendrían ningún incentivo para llevar a cabo esas reformas.

La existencia de los refugios fiscales es, además, un imperativo moral. Y es que existen países del mundo (la mayoría) en los que no se respetan totalmente los derechos humanos. Se persiguen a minorías étnicas, religiosas y sexuales; la corrupción y las expropiaciones son muy corrientes y habituales; existe una gran inestabilidad política y económica; y se violan continuamente los derechos de propiedad y libertades civiles. Pues bien, la existencia de refugios fiscales es esencial para la gente que vive en este tipo de países inestables, ya que les permite proteger sus activos y propiedades. Si usted fuese un ciudadano de Zimbabwe, ¿depositaría tranquilamente sus activos en un banco zimbabwense sabiendo que el dictador Robert Mugabe puede confiscarlos cuando desee?

Los países que desean exterminar los refugios fiscales suelen ser los que tienen impuestos elevados. Evidentemente no les interesa participar en la "competición fiscal" que hemos comentado antes. Tienen derecho a adoptar las medidas fiscales que deseen oportunas para su país, pero no están legitimados para crear una especie de cartel internacional impositivo. Tratando de eliminar refugios fiscales están pidiendo que esos países pierdan su soberanía para favorecer a sus ineficientes estados del bienestar. Quizás habría que recordarles que las colonizaciones ya acabaron.

La cepa del alarmismo

Señores, asoma en el horizonte la enésima plaga, que diezmará la población mundial. La epidemia alcanzará a la mitad de la población europea. La OMS sube su alerta a 5 sobre 6 cuando son tres centenares los afectados por la "gripe nueva". ¿Llegará el fin de nuestra civilización? ¿Recordaremos con nostalgia la "gripe española" que mató a 50 millones de personas? ¿Venceremos este Armagedón?

La prensa, habitual virtuosa en los números del circo, ofrece en este caso un salto sobre la realidad de proporciones hercúleas. Apenas cuatro centenares de afectados por esta gripe, que no es más mortal que cualquier otra, y se le da tanto espacio (que es el importómetro de los medios de comunicación) como a la Guerra de Irak. No tenemos medios suficientes para darle proporcional espacio a la gripe común, que sólo en Estados Unidos se lleva por delante a 30.000 almas todos los años.

Esta falta de racionalidad, de objetividad de la prensa, no es sólo afición por los grandes relatos. Es también un tic de servilismo hacia el poder, que está permanentemente diciéndonos que estamos en grave peligro… para postularse inmediatamente como nuestro protector.

Esta gripe es muy grave. La de los medios, digo. Porque las consecuencias del alarmismo son mucho mayores que las del virus porcino. El daño económico que puede sufrir Méjico es enorme. Y el cálculo de costes es un cálculo de vidas. ¿Cuántas muertes asignarán los expertos a la cepa del alarmismo?

Obama contra internet en Europa

 Estos señores, a los que la mayor parte de los europeos no sienten como representantes y que apenas tienen una capacidad legislativa real, han aceptado que los gobiernos puedan desconectar sin autorización judicial a los internautas que se descarguen archivos protegidos por derechos de autor. Toda una victoria para Sarkozy… y Obama.

La combinación ha resultado demoledora. Por una parte tenemos a Sarkozy empeñado en poner los intereses de la industria cultural por encima de los derechos de los ciudadanos. Por otra, a una eurocracia que ha demostrado en repetidas ocasiones su poca simpatía por la libertad en internet. Junto a ellos, unos gobiernos que cada vez que quieren hacer algo impopular lo llevan a Europa para que parezca que nos viene impuesto desde Bruselas y así no asumir su responsabilidad ante los votantes. Y todo ello mezclado con las presiones de un presidente de Estados Unidos al que le encanta meterse en los asuntos internos de Europa pero tocado con un halo de beatitud menos que justificado (a Bush le hubieran llovido los insultos si se le hubiera ocurrido, como sí ha hecho Obama, decir a los europeos que tienen que aceptar como miembro de la UE a un determinado país) y que debe muchos favores al star-system de su país. Con todos esos elementos, era imposible pensar en un resultado diferente al que ha habido.

Tal vez sin la presión del cuerpo diplomático norteamericano en toda Europa el resultado habría sido diferente, pero la realidad de Obama es la que es. Los europeos vamos a pagar el interés del inquilino de la Casa Blanca por agradar a los progres millonarios de Hollywood y las discográficas, así como por proteger y aumentar sus privilegios. Zapatero no es el único que sufre pasión por el presidente de Estados Unidos, acabamos de comprobar que, por desgracia, éste es un mal que aqueja a demasiados políticos europeos.

De otra manera no se explica que los eurócratas hayan llegado a aprobar algo así con el argumento de proteger los derechos de autor. No se han atrevido a algo parecido ni tan siquiera cuando esgrimían las otras dos grandes excusas con las que han blandido cada vez que han ido a recortar la libertad en internet: el terrorismo y la pornografía infantil. Teddy Bautista sí tiene motivo para caer en la Obamamanía. El resto de los europeos, no.

Gripe, peste y otras desgracias

Los mejicanos se lo han tomado en serio. Las calles que a diario se llenan del bullicio de la gente al pasar, de los coches, de las tiendas y restaurantes, quedan desiertas y sordas. Tienen un aire fantasmal. No menos que las escasas personas que, obligadas por algún imponderable, cruzan prestas calles y arcenes.

Las televisiones recogen esas imágenes y los testimonios de gente que no ha ido a trabajar. No hay clientes, pero tampoco hay quien les atienda. Los mariachi se juegan el tipo, asaltando a los coches que todavía tienen gasolina, para ofrecerles sus cantos. Es inútil. Los mercados están desabastecidos. Los cajeros no tienen dinero, por la sencilla razón de que los empleados de los bancos no acuden a ellos a reponer los billetes. La gripe porcina aleja a los individuos, que deshacen sus lazos habituales para refugiarse en el ámbito más inmediato, el de la familia. No todo el país se ha quedado en casa, claro está, pero la división del trabajo se está deshaciendo como toda una red unida con falsos nudos.

Es un experimento único, que demuestra el valor, precisamente, de esa tupida y compleja red de producción e intercambio que llamamos división del trabajo, y que es el sustento material de la sociedad. Los medios de comunicación hablan de los vuelos cancelados a Cancún para hacer referencia del impacto de la gripe en la economía mejicana, pero ¿qué valor puede tener eso, comparado con una sociedad que deja de cooperar por medio del mercado? La sociedad se deshace, y se empobrece. Los individuos, entrelazados por relaciones complejas y flexibles, son piezas de un orden que sirve a todos, y que es el que permite la creación de riqueza. Rotos esos lazos, la riqueza se desvanece.

Yo no me alarmo. Desconfío de los políticos, especialmente cuando nos alarman. ¿Adivinan a quién postulan como nuestros salvadores después de habernos acongojado? Sí. A ellos mismos. Esta gripe pasará, y quedará para una entrada de quinientas palabras en la wikipedia. Pero si no fuese el caso, si el virus mutase y matase, si comenzara a diezmar la población, como lo hizo la peste en plena edad media, crearía otro efecto económico devastador en la economía.

Lo explicó exactamente Bocaccio, tal como lo recoge John Hicks en Capital y tiempo: la gran plaga de Florencia convenció a sus habitantes de que ya no durarían mucho. Punkies a deshora, hicieron suyo el "no hay futuro". Así las cosas, "en lugar de procurar los futuros productos de su ganado y su tierra y de su trabajo hecho, dedican toda su atención al consumo de los bienes presentes". Pues la división del trabajo tiene una dimensión temporal. Sin tiempo por venir, no hay ahorro o inversión que tenga sentido. Consumiríamos toda nuestra riqueza hasta agotarla un minuto antes del final. Pero ese final no llegará mucho antes de que se apague el sol.