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Gripe, peste y otras desgracias

Los mejicanos se lo han tomado en serio. Las calles que a diario se llenan del bullicio de la gente al pasar, de los coches, de las tiendas y restaurantes, quedan desiertas y sordas. Tienen un aire fantasmal. No menos que las escasas personas que, obligadas por algún imponderable, cruzan prestas calles y arcenes.

Las televisiones recogen esas imágenes y los testimonios de gente que no ha ido a trabajar. No hay clientes, pero tampoco hay quien les atienda. Los mariachi se juegan el tipo, asaltando a los coches que todavía tienen gasolina, para ofrecerles sus cantos. Es inútil. Los mercados están desabastecidos. Los cajeros no tienen dinero, por la sencilla razón de que los empleados de los bancos no acuden a ellos a reponer los billetes. La gripe porcina aleja a los individuos, que deshacen sus lazos habituales para refugiarse en el ámbito más inmediato, el de la familia. No todo el país se ha quedado en casa, claro está, pero la división del trabajo se está deshaciendo como toda una red unida con falsos nudos.

Es un experimento único, que demuestra el valor, precisamente, de esa tupida y compleja red de producción e intercambio que llamamos división del trabajo, y que es el sustento material de la sociedad. Los medios de comunicación hablan de los vuelos cancelados a Cancún para hacer referencia del impacto de la gripe en la economía mejicana, pero ¿qué valor puede tener eso, comparado con una sociedad que deja de cooperar por medio del mercado? La sociedad se deshace, y se empobrece. Los individuos, entrelazados por relaciones complejas y flexibles, son piezas de un orden que sirve a todos, y que es el que permite la creación de riqueza. Rotos esos lazos, la riqueza se desvanece.

Yo no me alarmo. Desconfío de los políticos, especialmente cuando nos alarman. ¿Adivinan a quién postulan como nuestros salvadores después de habernos acongojado? Sí. A ellos mismos. Esta gripe pasará, y quedará para una entrada de quinientas palabras en la wikipedia. Pero si no fuese el caso, si el virus mutase y matase, si comenzara a diezmar la población, como lo hizo la peste en plena edad media, crearía otro efecto económico devastador en la economía.

Lo explicó exactamente Bocaccio, tal como lo recoge John Hicks en Capital y tiempo: la gran plaga de Florencia convenció a sus habitantes de que ya no durarían mucho. Punkies a deshora, hicieron suyo el "no hay futuro". Así las cosas, "en lugar de procurar los futuros productos de su ganado y su tierra y de su trabajo hecho, dedican toda su atención al consumo de los bienes presentes". Pues la división del trabajo tiene una dimensión temporal. Sin tiempo por venir, no hay ahorro o inversión que tenga sentido. Consumiríamos toda nuestra riqueza hasta agotarla un minuto antes del final. Pero ese final no llegará mucho antes de que se apague el sol.

Los enemigos de los trabajadores

La realidad es muy distinta. La finalidad de los sindicatos es matar la economía, esto es, la destrucción de la prosperidad que favorece el sistema de libre mercado y de división del trabajo. Y es que, como atinadamente resume el economista George Reisman, los sindicatos son "básicamente organizaciones parasitarias que medran únicamente saqueando y en última instancia destruyendo las empresas que controlan. Su objetivo básico es forzar que se paguen mayores salarios por trabajos cada vez más reducidos y menos productivos". La antieconomía: producir cada vez menos y consumir más. Extraña ecuación que sólo encaja porque la diferencia entre una producción menguante y un consumo creciente se salda socavando la riqueza acumulada en un país hasta que se agota; aquello de comerse incluso las patas de la gallina de los huevos de oro.

Así pues, la implantación de las prescripciones de los parasitarios sindicatos sólo terminan en un punto: con la muerte del huésped, esto es, con la descapitalización de la empresa que los sufría. Y sin empresa no hay trabajadores ni derechos del trabajador que valgan; que se lo digan a General Motors y a sus empleados.

Merece la pena tener esto presente cuando en días tan mediáticos como hoy se escuchan sus propuestas para salir de la crisis: huir del capitalismo, no abaratar el despido, aumentar los salarios, subir los impuestos, incrementar el gasto y la deuda pública y obligar a los bancos a que expandan el crédito. Recetario que nos arrojaría, más aún si cabe, al abismo. Algunos parecen entusiasmados con las proclamas ideológicas de Zapatero del estilo "la salida de la crisis será social o no será", trasunto de aquellos apolillados "comunismo o muerte" que siempre concluían con muerte; también ahora, porque "no será". Hágase injusticia aunque perezca el mundo.

Sería inútil explicarles a esto retrógrados que precisamente porque se está incrementando la deuda pública los bancos están dejando de prestar dinero a las empresas o que negarse a abaratar el despido y aumentar los salarios equivalen a condenar a determinados trabajadores al ostracismo laboral. Incluso economistas tan antiliberales como Paul Krugman saben que el tejido empresarial español no sobrevivirá sin reformas que abaraten sus costes.

Y sería inútil porque los sindicatos españoles ni viven de mejorar la vida de los españoles, ni de los trabajadores, ni siquiera de sus afiliados. Explotan algo tan capitalista como es una marca: la marca del sindicalismo, del miedo y la amenaza contra las compañías que se nieguen a plegarse a su chantaje. Hablan de "paz social" o de "diálogo social" sólo para advertir que ellos están legitimados para iniciar la "guerra social". Su influencia y sus subvenciones son un peaje que los políticos españoles les pagan puntualmente para garantizar su comportamiento cívico; es decir, para evitar que salgan a la calle a violar los derechos de los demás ciudadanos. Extraño Estado de derecho aquel en el que unos se arrogan el derecho a chupar del bote a cambio de respetar el Código Penal.

Puede que con Zapatero sea imposible la reforma laboral. Pero sin duda con la presencia institucional y los privilegios que ostentan los sindicados españoles, ningún político se atreverá más que a parchear uno de los mercados de trabajo más rígidos y anquilosados del mundo. Con semejantes moscardones ejerciendo de lobby para hundir la economía, complicado panorama tenemos por delante.

No estaría de más que antes de seguir escupiendo prejuicios los sindicatos recordaran cuál ha sido hasta la fecha el saldo para los obreros de las políticas que propugnan y que tan diligentemente ha aplicado el PSOE: cuatro millones de parados. Que luego se atrevan a repetir sin que les tiemble la cartera que son los defensores de los trabajadores.

Titulitis

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció durante la clausura del IV Congreso Africano de Mujeres Emprendedoras de El Cairo que las mujeres sin titulación que acrediten experiencia suficiente en el cuidado de niños o mayores podrán acceder a un título oficial equivalente al de un grado medio antes de que empiece el verano. Y yo me pregunto: ¿para qué?

Las perspectivas del Ejecutivo son asombrosas; por una parte asegura que esta medida beneficiará a medio millón de personas que no tienen estudios o los tienen primarios, además afirma que la medida fomentará el empleo en áreas como el cuidado de los mayores y de los discapacitados y, por último, hará visible a centenares de mujeres que llevan años ejerciendo sin que nadie les reconozca experiencia y capacitación. El Gobierno ha tirado de estadística estatal para defender su alcance, aprovecha el anuncio para dar algo de oxígeno a una ley como la de Dependencia que fue estrella y que ahora por no tener no tiene ni presupuesto, y apela a la moral pública y a cierto sentimiento de culpa de hijos desagradecidos para justificar una medida inútil.

Lo que la vicepresidenta no ha contado o quizá ni siquiera ha contemplado es que la creación de una titulación oficial supone una serie de recursos humanos, técnicos y presupuestarios que pagará el contribuyente le guste o no la medida. Tampoco se le ha ocurrido que se crea un título que, como todos los oficiales, limita o perjudica la entrada en el mercado laboral a infinidad de personas que habiéndose formado en otros circuitos educativos distintos de los reconocidos por el Estado, en las propias empresas o como en este caso en los hogares, buscan trabajos acordes con su experiencia y conocimientos sin necesidad de que nadie "oficialmente" tenga que reconocer su valor.

Llevamos décadas con empresas de limpieza en las que millares de mujeres y hombres han trabajado sin necesidad de aportar más conocimientos que los que ambas partes necesiten y reconozcan, incluyendo algunas de ellas cursos de formación que corrija carencias, ¿por qué no podía ser igual en el caso de empresas dedicadas al cuidado de niños, ancianos o personas con minusvalías? De hecho, y si las empresas empiezan a tirar de títulos oficiales, ¿no quedarán en la calle sin trabajo muchas personas que no puedan acceder a él al no tener tiempo ni ganas para pedirlo?

Hace unos meses, las autoridades madrileñas se sacaron de la manga un nuevo título que habilitaba a los porteros de discotecas para realizar su trabajo. El resultado ha sido que la demanda de portero "oficial" se ha disparado ya que se presentaron muchas menos personas de las que necesitan pubs, discotecas y otros garitos parecidos. En estos momentos y gracias a las autoridades madrileñas es posible que muchas empresas estén incumpliendo la ley para tener un mínimo de control en las puertas de sus negocios. Un problema de delincuencia ha derivado en una intervención estatal que ha generado paro por una parte e ilegalidad por otra, lo que dará pie a más faltas, esta vez estrictamente administrativas.

El título oficial es un papelito que pocas veces sirve de algo. La educación pública española está llena de títulos oficiales y los alumnos que terminan sus estudios tienen que seguir estudiando (y pagando) unos años más para obtener más títulos en forma de cursos de posgrado o algún que otro máster para optar con cierta ventaja a un puesto de trabajo. Paradójicamente, estos cursos de posgrado cada vez valen menos en tanto el Estado sigue exigiendo oficialidad a los organizadores y la oficialidad se reparte al mejor postor.

La sociedad española está aquejada de titulitis y la titulación oficial sigue expandiéndose tanto como el Estado sigue invadiendo aquellas partes de nuestra vida que aún manteníamos vírgenes. Y no parece haber vacuna.

Una sociedad civil domeñada

Sociedad y Estado están en los altares, respectivamente, de liberales y socialistas, lleven éstos la chaqueta que fuere. Los pensadores liberales, de los clásicos a la actualidad, han hecho expresa mención de las asociaciones intermedias, de las creaciones de la sociedad civil, a medio camino entre dos individualidades, la de la persona, fuente de todo derecho, y la del Estado. Locke, Tocqueville, Röpke… son decenas los amantes de la libertad que han prestado atención a las abigarradas creaciones de quienes formamos la sociedad, esas relaciones, esos grupos, esos modos de actuar entre sí que llamamos, para mejor poder entendernos, “sociedad civil”.

Estoy por conocer a ese liberal que defienda el individualismo como soledad, como prescripción del comportamiento. De hecho, es el pensamiento liberal el que desmiente un individualismo (por lo demás inexistente) que pretendiera separar a cada persona de su vecino. Pues precisamente lo que propone esencialmente la visión liberal de la sociedad (de la economía, si se prefiere llamar así) se resume en que la división del trabajo es más feraz que la mera suma de acciones individuales. Y esa división del trabajo consiste en producir para intercambiar, e intercambiar para producir y consumir. La división del trabajo, que es el resultado material de una sociedad libre, consiste en una compleja colaboración entre múltiples individuos. Demasiado compleja como para que ninguno de ellos esté al tanto de todos sus extremos, pero basada en relaciones lo suficientemente sencillas como para que sean fructíferas y llevaderas.

Ese entramado de comportamientos consensuados, que es la sociedad, es lo suficientemente fuerte y flexible a la vez como para tener una continuidad sin necesidad del Estado. Éste se alimenta de ella, pues por sí solo no podría. Pero siempre va un poco más allá que lo que le exigiría su mera supervivencia. Por lo que a la sociedad civil se refiere, ha intentado controlarla de múltiples maneras. La Historia ha sido profusa en los métodos más toscos y crueles. Hoy presumimos, en las democracias, de tener que estudiarnos en nuestra historia. Pero ahora el Estado, además de por pequeñas o medianas prohibiciones y controles, ha encontrado en la subvención el arma más eficaz para controlar la sociedad civil sin enfrentarse directamente a ella. Pastorearla sin sacrificarla.

Las subvenciones son un robo al común para repartir parte del botín entre grupos organizados, en función de su capacidad de influencia sobre el poder. Se ha criticado su ineficacia, sus efectos perversos, su falta de sentido económico. Pero quizá lo más grave es su sentido político, que es el de enervar a la sociedad civil, para poder domeñarla. Así vemos a grupos y asociaciones luchando por ser merecedores, antes que cualquier otro, de los graciosos favores del Estado. Una sociedad subvencionada no es ni puede ser una sociedad plenamente libre.

La inmigración propició la ley seca

En los años veinte la economía americana se convirtió en la locomotora mundial. Acudían al relumbrón de su riqueza oleadas de inmigrantes. Alemanes, italianos, checos, polacos, chinos y gentes de otras partes del globo llegaban sin cesar a las costas de los Estados Unidos para trabajar y procurarse un futuro mejor. La american way of life era un imán muy poderoso.

Muchos de aquellos trabajadores eran portadores de lenguas, costumbres y religiones diversas a las mayoritariamente establecidas. Hubo reacciones puritanas con el fin de preservar la "norteamericanización" de los Estados Unidos.

Se difundió la opinión de que el país estaba siendo corrompido por ideas y modos de vida extraños. Se identificó con los inmigrantes la ingesta inmoderada de alcohol que minaba la cohesión familiar y ponía en peligro las instituciones patrias. El Estado debía tomar cartas en el asunto. Eran los años en que el fiscal general Mitchell Palmer llevaba a cabo su particular cacería de brujas contra la "carroña extranjera" y sus maneras libertinas.

Con ese clima social se entiende se aprobaran absurdas o antiliberales leyes durante la década de los años veinte tales como la National Prohibition Act o Volstead Act (conocida vulgarmente como ley seca) o las leyes de control de flujos migratorios (la ley de cuotas de 1921 y la Jonson-Reed Act de 1924).

Cuando la ley se desvía de su función esencial (ser garante de los derechos fundamentales), cuando se utiliza para imponer unos diseños sociales o unos intereses de grupo, el resultado no pude ser sino caótico. La manera más segura de que se respeten las leyes –nos recordaba Bastiat– es haciéndolas respetables. El desacato a la ley mostrado por la población norteamericana con motivo de la Prohibición alcanzó unos niveles insospechados.

La Ley seca fue una manifestación más de la arrogante pretensión de siempre del legislador: escaso aprecio por la responsabilidad y por la libre actuación del hombre y fe ilimitada en el poder de la regulación para cambiar a la humanidad. Gobernar no es –como pontificaba Napoleón– esparcir moralidad, instrucción y bienestar. Las verdaderas normas y reglas eficaces para organizar la sociedad son abstractas (sin perseguir o promocionar objetivo alguno) y generales (iguales para todos).

El balance de los catorce años que duró la Prohibición fue desolador: miles de muertes debidas a intoxicaciones y, cuando no, ceguera o parálisis sobrevenidas por ingestión de licores adulterados o tóxicos; se cuadruplicó el número de convictos federales, aumentaron exponencialmente las requisas y el contrabando, se triplicó la población reclusa, se extendió la corrupción entre muchos jueces y agentes encargados de cumplir la ley y aumentaron los robos y homicidios. Fue, además, el punto de partida de un imperio criminal (en buena parte formado por inmigrantes) que aún hoy subsiste transmutado en otros negocios.

La Ley seca fue un torpe intento de las autoridades americanas por moralizar y obtener la homogeneidad de una comunidad heterogénea. Parece que sus planificadores ignoraban que el mercado es el mejor medio para integrar pacíficamente a las minorías. A dicho intento por moldear la sociedad conforme a las pautas morales de la clase dominante, el muy intervencionista presidente republicano Herbert Hoover lo llamó el "noble experimento".

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El Estado al abordaje

Recientemente la Armada de Estados Unidos liberó al capitán de un carguero secuestrado y militares franceses intervinieron para liberar a cinco tripulantes de un yate galo (uno de ellos murió durante el rescate). Los piratas aún mantienen en su poder 17 barcos y cerca de 300 tripulantes de diversos países, según organizaciones humanitarias.

Los Estados han aprovechado los incidentes para propagar la narrativa de unas fuerzas del orden luchando contra una banda de ladrones y asesinos, reforzando así la imagen heroica del Estado y la importancia de su misión protectora. Su mensaje anti-pirata no es reprochable, como tampoco lo son sus esfuerzos por rescatar a tripulantes inocentes capturados. Lo que sí es objetable es que el Estado se crea moralmente superior a los piratas, cuando es el mayor de ellos.

En La Ciudad de Dios San Agustín cuenta la historia de un pirata capturado por Alejandro Magno. El Emperador le pregunta furioso, "¿Cómo te atreves a hostigar los mares?" A lo que el pirata responde, "¿Cómo te atreves a hostigar el mundo entero? Porque yo lo hago con un pequeño bote, soy llamado pirada y ladrón. Tú, con una gran flota, hostigas el mundo y eres llamado emperador".

Los piratas son una suerte de recaudadores de impuestos que imponen un tributo a quienes cruzan su territorio para comerciar. El tributo asciende a 20-40 millones de dólares al año en forma de rescates, que es una modesta cantidad en relación con el volumen de comercio que transita por la zona. El impuesto pirata no es tan alto como para forzar a las compañías mercantes a buscar rutas alternativas y a la mayoría les sale más a cuenta ir desarmados y pagar los rescates que contratar un seguro para un barco armado. Además, el dinero es un lenguaje que los piratas entienden, y si se desata violencia podrían salir todos perdiendo.

El Estado también se arroga un derecho sobre los habitantes y los comerciantes en un determinado territorio y exige altos tributos que si no son satisfechos tienen fatales consecuencias para los evasores. Como los piratas, el Estado castiga y encarcela a quienes no pagan "el rescate".

Desde luego hay diferencias. Estoy tentado a decir que el Estado pretende ofrecernos algo a cambio de nuestros impuestos, aunque luego resulte ser un fraude, mientras que los piratas son honestos desde el principio y no tienen escrúpulos en mostrarse como lo que son: rapiñadores con ánimo de lucro. En rigor la diferencia es más sutil: el Estado es percibido como legítimo por parte de gobernantes y una mayoría de gobernados (lo que no quiere decir que sea genuinamente legítimo), mientras que los piratas son más conscientes de su condición de ladrones y no extraen su legitimidad de ninguna base de simpatizantes. Pero incluso esto último es matizable en la medida en que algunos se auto-proclaman Guardacostas Voluntarios de Somalia y quizás cuentan con apoyo popular, como reacción a la pesca descontrolada en aguas somalíes por parte de pesqueros extranjeros o al supuesto vertido de residuos nucleares. Por otro lado, es cierto que el Estado proporciona servicios, aunque lo haga de forma muy ineficiente, y suele ser más previsible en sus acciones que un grupo de piratas.

Charles Tilly en su ensayo War Making and State Making As Organized Crime (El desarrollo de la guerra y del Estado como crimen organizado) dijo que la delincuencia, la piratería, la rivalidad entre gángsters, la acción policial y la guerra pertenecen todos al mismo continuum. El Estado sólo ha perfeccionado los mecanismos de propaganda, cohesión y sumisión de la población. Pero el fundamento de su pretendido derecho a monopolizar la fuerza (y todo lo que está por debajo) en un territorio dado es el mismo que puede alegar un mafioso o los piratas somalíes. Existen porque tienen más fuerza y porque la gente bajo su dominio lo tolera (con más o menos simpatía).

Cuando cuestionamos la legitimidad del Estado sus valedores a menudo nos contestan que somos libres de marcharnos a otro país si queremos. Si nos quedamos significa que estamos aceptando su legitimidad, la de sus leyes y sus impuestos. Pero lo mismo podrían decir los piratas somalíes: si atravesáis nuestras aguas significa que aceptáis nuestros tributos, que podemos secuestraros y pediros un rescate, de lo contrario tomaríais otra ruta. El razonamiento, obviamente, no se sostiene, pues si tomamos esa ruta es porque el coste de la alternativa es aún mayor, no porque otorguemos un derecho a los piratas (o al Estado).

Para que nuestra mera permanencia en el territorio demuestre consentimiento hacia el Estado, éste debería tener un derecho previo sobre ese territorio. Sólo si te invito a mi casa y tú aceptas puedo decir que consientes mis normas. Si vengo yo a la tuya, te impongo mis reglas y te niegas a abandonar la casa, no puedo sostener que las aceptas por el hecho de permanecer donde estás, pues no tengo ningún derecho previo sobre tu casa.

El mafioso, los piratas o el Estado no tienen ningún derecho previo sobre el territorio que dominan. Ni el mafioso es propietario legítimo del barrio donde extorsiona a los comerciantes, ni los piratas son propietarios legítimos de las aguas donde secuestran los barcos mercantes, ni el Estado es propietario legítimo del territorio donde exige impuestos y regula casi todo lo que hacemos. Pero como en el caso de los piratas, preferimos pagar el rescate en vez de rebelarnos y acabar colgados del mástil.

Hipotecando su futuro y su presente

El razonamiento, por extendido e intuitivo, no es del todo cierto. El gasto y los déficits públicos no son nefastos por sus consecuencias futuras (que también) sino especialmente por sus efectos sobre el presente.

Todos coincidiremos en que si algo se ha agotado en los últimos meses ha sido el crédito. Las empresas endeudadas buscan un aplazamiento de sus obligaciones, las familias intentan refinanciar sus hipotecas con mejores términos y los emprendedores tratan de lograr un crédito con el que poder montar un nuevo negocio. De hecho, aun en el caso de que no quiera pedir prestado dinero directamente, si pretende por ejemplo vender su casa, desde luego le interesará que el crédito hipotecario vuelva a fluir para que la demanda por su inmueble crezca y pueda obtener un precio más elevado.

El problema es que para que alguien pueda pedir prestado dinero, otro tiene que ahorrar ese dinero y hoy el ahorro, pese a sus recientes repuntes, sigue siendo bastante escaso. Sólo cuando crezca y comience a destinarse a la financiación de proyectos empresariales suficientemente seguros y solventes, la crisis comenzará a remitir.

Familias y empresas lo saben. En tiempos de crisis su tendencia natural es la de ahorrar o "apretarse el cinturón", esto es, recortar gastos superfluos y amortizar tanta deuda como les sea posible. La economía privada se mueve en la buena dirección, aun cuando lo haga a distintos ritmos: en ocasiones de manera acelerada (como en Estados Unidos) y en otras de forma mucho más pausada (como en España).

Pero hete aquí que los políticos occidentales –y con particular intensidad Zapatero y Obama– se han empeñado en volvernos a endeudar con sus programas de gasto público. Todo el ahorro que la economía privada está generando y que podría convertirse en crédito destinado a financiar la recuperación, lo están acaparando con sus emisiones de deuda pública para sufragar programas que no vienen a cuento. Dicho de otra manera, las familias y las empresas están sufriendo una asfixia crediticia en buena medida porque los políticos disfrutan de un océano de crédito barato.

¿Y para qué desean los políticos ese crédito barato? El objetivo último, claro, es el de sufragarse la campaña electoral; el mediato rescatar a las empresas quebradas, construir algún polideportivo, seguir pagando subsidios de desempleo por negarse a aprobar la imprescindible reforma laboral y hacer como que están incentivando el crédito para las empresas que ellos mismos les han arrebatado en primera instancia.

El resultado será un despropósito: una economía hundida en su crisis y en sus nuevas deudas. Al fin y al cabo, que España necesite una reconversión de su estructura productiva para encarar la crisis –que la necesita– no significa que cualquier reconversión sea válida. Es necesario podar lo que sobra y abonar lo que falta: es decir, deben ser los empresarios quienes examinando el mercado finiquiten sus proyectos fallidos (aquello que se produce caro y se vende barato) y descubran las nuevas oportunidades de negocio (aquello que se produce barato y se vende caro).

Los políticos gastan sin orden ni concierto y sin tener en cuenta nada de lo anterior; no realizan el más mínimo análisis de rentabilidad –esencialmente porque no pueden– y como consecuencia dilapidan el escaso ahorro de la economía. Nos ofrecen serruchos cuando en esta operación necesitamos bisturíes.

Por consiguiente, no es indiferente que el crédito lo obtenga el Estado y no las empresas; el primero lo dilapida en proyectos de dudosa necesidad mientras que las segundas habrían efectuado el ajuste preciso que necesitamos.

La deuda pública no sólo hipoteca nuestro futuro, también enturbia nuestro presente. No es pan para hoy y hambre para mañana, sino hambre para hoy y hambruna para mañana.

Chorradas y gordas

Me ha pasado como a aquel catedrático que durante la II República aparecía a veces por la facultad de Filosofía anunciando que no podía dar clase ese día por encontrarse "transido de Kant". Yo, amigos, también estoy transido de Sinde, y perdonen el trabalenguas.

La clave del éxito de esta película es su ortodoxia respecto a los tres pilares básicos que explican el éxito rutilante de nuestro cine actual: Diálogos oligofrénicos, tetas en primer plano y drogas a mogollón. El argumento de Mentiras y gordas está a la altura de las grandes producciones cinematográficas que han hecho historia en el séptimo arte, con unos actores de personalidad arrebatadora y una trama magistral que te mantiene en vilo hasta que aparecen los títulos de crédito. Básicamente se trata de mostrarnos las apasionantes vivencias cotidianas de un puñado de fumetas analfabetos entre los que encontramos a un gay que quiere perforar a su mejor amigo, una lesbiana vergonzante intentando encontrar su identidad sexual, una gorda deprimida porque su novio quinqui la ha dejado y otras dos chicas que no hacen nada pero enseñan mucho las tetas. Para redondear el argumento, mientras la trama se va desarrollando en un intenso crescendo con giros magistrales y los espectadores se plantean incesantes preguntas cada vez más angustiosas (¿Se lo montarán estos dos en el retrete? ¿En qué serie de TV he visto yo este culo?), los protagonistas se ponen de pastillas y coca hasta las trancas.

Se ha dicho de este guión, obra de la flamante ministra de Kultur, que es el peor que jamás se ha escrito y se escribirá en la Historia del Cine. También hay quien dice que lo que pasa es que no hay guión, sino sólo un señor con una cámara filmando cretinos mientras fornican y consumen estupefacientes. No estoy de acuerdo. Aquí hay una historia muy bien trabajada y brillantemente resuelta, como lo demuestran algunos diálogos, a cuyo lado palidecen Casablanca y Blade Runner. Sólo un par de ejemplos:

– Yo no soy lesbiana.
– Yo tampoco. Yo amo a las personas. No creo en las etiquetas. Eso es producto de una educación lamentable.

¡Guau! Qué fuerte ¿no? Pero eso no es todo. Atención a la reflexión metafísica de un joven efebo respecto al papel del ser humano en la sociedad actual:

– Si no haces nada no cambiará nada.
– ¿Y tú qué haces para cambiar las cosas?
– Vivir, follar, usar condón, drogarme… Esa es mi forma de protestar.

Después de estos dos ejemplos que sobrecogen a los espíritus más cultivados ¿Seguirá algún indocumentado sosteniendo que Mentiras y gordas es la basura más fétida que jamás ha producido el ya de por sí mefítico cine español?

Por cierto, Ana Polvorosa es la única actriz que desentona en esta producción surgida del caletre de la ministra. Su dicción correcta, su rostro expresivo y su elegancia interpretativa deberían proscribirla para futuros papeles, porque si el ejemplo cunde nuestro cine puede acabar perdiendo sus señas de identidad. Afortunadamente tenemos a la coguionista de esta obra maestra como ministra de Kultur para llamar al orden a los rebeldes. Que se lo pregunten a las asociaciones de usuarios de internet.

Los cuentos fantásticos de Elena Salgado

Cuando en 1867 el barón Eugène Haussman compareció en la Asamblea francesa para justificar los enormes gastos causados por la reforma de París, a Jules Ferry se le ocurrió publicar un opúsculo denunciando los excesos presupuestarios bajo el título de Las cuentas fantásticas de Haussman, haciendo referencia a la ópera de Offenbach Los cuentos fantásticos de Hoffman.

La semana pasada Elena Salgado, contradiciendo lo que su antecesor en el cargo había declarado, afirmó que hay margen para más gasto público: "No puede no haberlo". Este lunes los 27 países que componen la Unión Europea han decidido por unanimidad expedientar a España por rebasar el déficit público consentido por el Pacto de Estabilidad, que es de un 3%. Parece que algo no cuadra y que la señora Salgado no hace bien las cuentas y no cuenta bien los cuentos.

Con las elecciones europeas en la puerta, la vicepresidenta segunda del Gobierno debería plantearse si estamos o no capacitados para cumplir con las normas del club o mejor nos hacemos bolivarianos como Ecuador, para mejor gloria de nuestro siempre sonriente salvador particular. Si hay que rebajar el déficit del 3’4% sobre el PIB en 2008 al 3% para este año en curso, habrá que reducir los gastos, aumentar los ingresos, o ambas cosas a un tiempo. Y el aumento de los ingresos, ya se sabe, viene de la mano de los impuestos. Aunque no habrá narices para subir los impuestos directos (IRPF y Sociedades) es un clamor popular que la puñalada va a venir por el lado de los impuestos indirectos: IVA e Impuestos Especiales, principalmente. ¿Se va a pedir a la ciudadanía un esfuerzo impositivo y no se va a contener el gasto público? Eso parece.

Pero los cuentos no acaban aquí. Pedro Solbes afirma que el expediente tendrá un carácter excepcional ("es que estoy en crisis") pero este tipo de actuaciones de las autoridades europeas tienen un protocolo muy claro. No se trata de penalizar un comportamiento demasiado "protector" frente a la crisis, sino que la Unión Europea considera que no nos hallamos ante un déficit excepcional o transitorio, de lo contrario no se habría iniciado el expediente, tal y como establece el Procedimiento de Déficit Excesivo. Esta apreciación es corroborada por las previsiones del propio Gobierno y según las cuales el 2009 se cerrará con un déficit del 5,8% del PIB. Probablemente esta cifra sea mayor si eliminamos el sesgo gubernamental.

Lo dramático es que las palabras de Salgado tienen el objetivo de tranquilizar como tranquiliza un narcótico. Por un lado a los grupos de presión (como los sindicatos o el cine) que miran como lobos a la espera de que se cumpla lo pactado en las elecciones y recibir el pago por su apoyo, pero también a quienes están quedándose en la calle y creen, de verdad, que la solución es más dinero, porque lo dice la tele. Y de esos hay muchos. El precio de la ignorancia es la manipulación. Por eso quienes perderían más si la gente dependiente fuera autónoma y con criterio son los mismos que defienden el entramado de nuestro sistema de educación. El Estado es el responsable de la crisis, de nuestra virtud, de nuestra casa, de nuestros hijos… nada hay que temer, hay margen para el gasto, y hay para todos. A los parados, dinero. A los jóvenes, dinero. A los actores y directores españoles, también. Y ya está.

Este es el mensaje. Y la respuesta de la Unión Europea es la apertura de expediente. A pesar de las palabras de Almunia que afirma que nadie habla de sancionar, el procedimiento es abrir un expediente, proponer unas medidas, establecer un plazo de cumplimiento de la norma pactada y, si no se consigue alcanzar el objetivo, sancionar al país con una multa. ¿Una nueva mentira al servicio del Gobierno? Eso parece. Y ésta también arriesgada, porque aunque el plazo establecido por la UE es el año 2012, parece que el déficit español no se recuperará tan pronto, dado el retroceso de la economía y la tendencia expansiva del gasto público.

¿Tranquilizan las palabras de Salgado? Lamentablemente, sí. Lo que me lleva a pensar que los españoles somos como críos deseando que nos mientan con historias de hadas y princesas. Pero, además, esta actitud acomodaticia y pueril encaja con los gobernantes cuentacuentos que tenemos. Con un pueblo maduro no estarían aún al mando.

Ni derechas ni izquierdas

Los Estados de medio mundo están aprovechado la crisis económica como excusa perfecta para extender sus áreas de intervención e influencia sobre la vida y los bienes de los ciudadanos. Lo políticos, ésos cuyos sueldos, prebendas y privilegios pagamos, se erigen ahora en salva patrias económicos y protectores sociales arguyendo que el mercado ha fracasado y que, por lo tanto, es el momento de establecer un "nuevo orden". El suyo.

Y mientras tanto, sus gobernados permanecen inertes, paralizados, esperando que la solución, una y otra vez prometida por los dirigentes políticos, caiga del cielo. Patético, a la vez que triste. Las economías crecen y los individuos prosperan a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Se trata de una máxima una y otra vez demostrada por la historia: a mayor poder estatal, menor libertad individual. Véase Cuba, Corea del Norte, Zimbabwe, o los fascismos y comunismos de antaño. Por el contrario, a mayor libertad económica, más riqueza y desarrollo. No hay excepción. Dicha máxima se cumple caso por caso.

Pero la demagogia política suele desviar con excesiva frecuencia la atención de las víctimas, los ciudadanos, sobre los auténticos culpables: el intervencionismo económico y monetario. Las sesiones parlamentarias son la escenificación semanal de un elaborado teatro en el que unos y otros se culpan de todos los males para tratar de demostrar que su familia –partido– es la mejor. Sin embargo, su único y verdadero fin es la conquista y el mantenimiento del poder.

Por desgracia, ha desaparecido del debate actual la pregunta clave que, históricamente, se ha formulado la filosofía política: ¿cómo se debe gobernar? Y ha sido sustituida por una cuestión inocua, vacía y errónea: ¿quién debe gobernar? No es cuestión de izquierdas y derechas. Ambas han muerto a la vista del progresivo acercamiento ideológico que promulgan las distintas formaciones.

La pugna política de hoy es mucho más profunda y sustancial. El antagonismo se dirime entre estatistas y liberales: Estado o mercado; público o privado; presupuestos o capital; intervención o desregulación; subvención o iniciativa; dirigismo o creatividad; sociedad o individuo; igualdad (en sentido material, no jurídico) o libertad.

En definitiva, la reivindicación de una serie de derechos y valores que son intrínsecos al ser humano. Si el Estado gana esta batalla ideológica y moral, el individuo acabará cediendo nuevas parcelas a la clase parasitaria. El Gobierno acaparará más control, promulgará normas más restrictivas, impondrá nuevos impuestos y tasas, aumentará la burocracia, gozará de mayor inmunidad judicial… Bertrand de Jouvenel explica a la perfección en sus obras cómo crece y se desarrolla el poder estatal en detrimento siempre del individuo.

No es algo extraño, ni siquiera lejano. Sucedió en Argentina hace décadas con Perón –el modelo sigue vigente con los Kirchner– y se extendió a numerosos países europeos tras el estallido de la Gran Depresión. En la actualidad, se ha impuesto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador e, incluso, amenaza ya a Sudáfrica. Las crisis económicas y sociales constituyen un caldo de cultivo ideal para este tipo de movimientos. La tentación de confiar en el estatismo resurge con fuerza. Si triunfa, las recetas que nos vende el Estado hoy serán, sin duda, los problemas del mañana.