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¡Comed Obama!

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

En efecto, hay pocas cosas que angustien más a los cuatro millones y medio de parados (ni que decir tiene el millón de familias sin ingresos ni subsidios) que conocer de manera exacta cuál es la idea de Pajín sobre las diferencias políticas entre Obama y George W. Bush. Gracias a ese magnífico anuncio, podemos conocer de primera mano qué es lo que el socialismo español ofrece a los ciudadanos a cambio de su voto en las europeas: diálogo, mestizaje y leña al cambio climático.

En realidad resulta lógico, dentro de lo absurdo de su trayectoria, que un PSOE abrumado por los acontecimientos reconozca con este videoclip que no tiene ni idea de lo que pasa en el mundo ni la forma de afrontar los retos que ya tenemos delante, con la recesión económica en primer lugar. El socialismo funciona de perlas cuando la caja está llena, pero cuando el dinero público se acaba es incapaz de crear ni una sola de las condiciones necesarias para permitir la prosperidad de los ciudadanos. Por eso no tiene más remedio que acudir al eslogan majadero y apelar a los sentimientos más primarios de sus votantes. Si la realidad les muestra que están provocando una catástrofe, los socialistas dejan de lado los hechos y desempolvan el breviario del buen progresista, una manera efectiva de mantener las simpatías y el voto de los que se horrorizan con la simple idea de que los demás les consideren unos retrógrados.

Un video obsequioso hasta el rubor hacia el presidente yanqui, realizado por los mismos que hasta ayer mismo encabezaban las falanges antinorteamericanas, y la acusación a Mayor Oreja de no haber hecho nada contra la ETA, son los principales argumentos con que el PSOE de Zapatero va a pedir el voto al progresismo español, esté en paro o todavía no. Y para defender ese argumentario en Europa, el hermano de Zorrocloco. Hasta el PP de Rajoy podría ganar unas elecciones absurdas como las próximas con un rival así.

Ni derechas ni izquierdas

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Los Estados de medio mundo están aprovechado la crisis económica como excusa perfecta para extender sus áreas de intervención e influencia sobre la vida y los bienes de los ciudadanos. Lo políticos, ésos cuyos sueldos, prebendas y privilegios pagamos, se erigen ahora en salva patrias económicos y protectores sociales arguyendo que el mercado ha fracasado y que, por lo tanto, es el momento de establecer un "nuevo orden". El suyo.

Y mientras tanto, sus gobernados permanecen inertes, paralizados, esperando que la solución, una y otra vez prometida por los dirigentes políticos, caiga del cielo. Patético, a la vez que triste. Las economías crecen y los individuos prosperan a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Se trata de una máxima una y otra vez demostrada por la historia: a mayor poder estatal, menor libertad individual. Véase Cuba, Corea del Norte, Zimbabwe, o los fascismos y comunismos de antaño. Por el contrario, a mayor libertad económica, más riqueza y desarrollo. No hay excepción. Dicha máxima se cumple caso por caso.

Pero la demagogia política suele desviar con excesiva frecuencia la atención de las víctimas, los ciudadanos, sobre los auténticos culpables: el intervencionismo económico y monetario. Las sesiones parlamentarias son la escenificación semanal de un elaborado teatro en el que unos y otros se culpan de todos los males para tratar de demostrar que su familia –partido– es la mejor. Sin embargo, su único y verdadero fin es la conquista y el mantenimiento del poder.

Por desgracia, ha desaparecido del debate actual la pregunta clave que, históricamente, se ha formulado la filosofía política: ¿cómo se debe gobernar? Y ha sido sustituida por una cuestión inocua, vacía y errónea: ¿quién debe gobernar? No es cuestión de izquierdas y derechas. Ambas han muerto a la vista del progresivo acercamiento ideológico que promulgan las distintas formaciones.

La pugna política de hoy es mucho más profunda y sustancial. El antagonismo se dirime entre estatistas y liberales: Estado o mercado; público o privado; presupuestos o capital; intervención o desregulación; subvención o iniciativa; dirigismo o creatividad; sociedad o individuo; igualdad (en sentido material, no jurídico) o libertad.

En definitiva, la reivindicación de una serie de derechos y valores que son intrínsecos al ser humano. Si el Estado gana esta batalla ideológica y moral, el individuo acabará cediendo nuevas parcelas a la clase parasitaria. El Gobierno acaparará más control, promulgará normas más restrictivas, impondrá nuevos impuestos y tasas, aumentará la burocracia, gozará de mayor inmunidad judicial… Bertrand de Jouvenel explica a la perfección en sus obras cómo crece y se desarrolla el poder estatal en detrimento siempre del individuo.

No es algo extraño, ni siquiera lejano. Sucedió en Argentina hace décadas con Perón –el modelo sigue vigente con los Kirchner– y se extendió a numerosos países europeos tras el estallido de la Gran Depresión. En la actualidad, se ha impuesto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador e, incluso, amenaza ya a Sudáfrica. Las crisis económicas y sociales constituyen un caldo de cultivo ideal para este tipo de movimientos. La tentación de confiar en el estatismo resurge con fuerza. Si triunfa, las recetas que nos vende el Estado hoy serán, sin duda, los problemas del mañana.

Trabajar más y mejor

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Ese control se sustenta sobre la elección parlamentaria de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para calibrar en qué medida esa elección partidaria influye en el poder judicial, debe tenerse en cuenta que su órgano de gobierno tiene encomendadas funciones de selección, formación y promoción profesional de los jueces, así como el ejercicio de su régimen disciplinario por infracciones que no constituyan delito.

Se repara menos, empero, en otros factores que contribuyen a esa situación. Para empezar, tenemos una incoherente organización de los juzgados y tribunales. Vemos que, aunque la Constitución proclama que los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley, así como que les corresponde en exclusiva la potestad jurisdiccional (Art. 117) se les priva de tener bajo un control directo a su personal de apoyo, sin interferencias administrativas. Esa jefatura inmediata además de configurar un baluarte para su independencia, haría más fácil determinar la responsabilidades de los funcionarios asignados a un tribunal concreto, incluidos los propios jueces.

Por el contrario, en un principio, los legisladores atribuyeron al Ejecutivo (a través del Ministerio de Justicia) tanto la iniciativa para la creación de nuevos juzgados, la provisión material de medios y una concurrente potestad disciplinaria sobre sus funcionarios. En un paso más estrafalario si cabe, se abrió la posibilidad de que las CCAA gestionaran las dos últimas competencias, excepto la potestad disciplinaria sobre los secretarios judiciales.

Una distribución de competencias más congruente con los fines propuestos al Poder Judicial exigiría que su órgano de gobierno asumiera la ejecución del presupuesto destinado a la administración de justicia, con los límites fijados por las Cortes, así como la inspección y el régimen disciplinario último sobre todo el personal de los juzgados.

Lo dicho hasta ahora tiene consecuencias directas para los ciudadanos que buscan justicia. Someter a la inspección de tres autoridades a los funcionarios provoca disfuncionalidades frecuentes, como se observó en la cadena de omisiones que permitieron que un condenado, cuya pena de prisión estaba pendiente de ejecutar, asesinara a la niña Mari Luz en Huelva. En la mayoría de los casos, no obstante, la responsabilidad por errores, omisiones o negligencias graves queda diluida entre todos los participantes.

En segundo lugar, suele decirse por parte los funcionarios que prestan sus servicios en la administración de justicia que el marasmo judicial se debe a la creciente carga de trabajo que soportan, la cual superaría con mucho los medios de que disponen.

Esta queja es parcialmente cierta, pero tiene más relación con la judicialización de demasiados conflictos que comporta la inflación de leyes sustantivas y procesales. Ambos tipos de normas sufren constantes cambios –a veces contradictorios, otras redundantes– lo cual complica la tramitación de los asuntos jurisdiccionales por parte de funcionarios falibles. Una poda urgente de todas las normas que conducen irremediablemente al incremento de la litigiosidad se hace necesaria.

Aun con todo, no es menos cierto que la planta judicial ha crecido notablemente durante estos años y que, al mismo tiempo, se ha reducido el tiempo previsto para la actividad judicial. Bajo la premisa de que las actuaciones judiciales sólo pueden realizarse en tiempo hábil, tradicionalmente se consideraban inhábiles los domingos y festivos, el mes de agosto y las horas nocturnas. A partir del año 2004, se añadieron los sábados, si bien esas limitaciones no rigen para la instrucción de las causas criminales y cabe la habilitación de días y horas para las actuaciones que se declaren urgentes por las leyes procesales o por el juez.

En la práctica, sin embargo, los horarios y la jornada laboral del personal de las oficinas judiciales se solapan absurdamente con el previsto para los juicios, en un horario que se prolonga desde las diez de la mañana a las dos de la tarde, en general. De esta manera, la atención al público queda limitada a un breve espacio de tiempo.

En consecuencia, si realmente se quiere acabar con la acumulación de asuntos en los juzgados, deberían habilitarse legalmente el mes de agosto y los sábados para las actuaciones judiciales y aumentar el horario de atención al público.

El mal turco de Europa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ese pedazo de tierra es una pequeña grieta por la que quiere colarse Turquía. Es la sublimación del continente, el argumento geográfico, tomando la parte por el todo. Y la renuncia del contenido, de los europeos con su historia y su cultura, secularmente enfrentada a Turquía. Si el argumento es la geografía, Turquía pertenece casi en su totalidad a Asia Menor.

¿Lo será la historia? ¿Puede un enfrentamiento secular ser argumento para una integración política? Uno de los hechos más desafortunados de la historia, acaso el que más, fue la caída de Constantinopla. ¿Qué habría sido de un Occidente con dos centros, con dos fuentes de cultura y poder, ambos con las mismas raíces?

¿La política, entonces? No será la internacional. La Unión Europea sobresale por esa combinación, casi imposible, entre la inacción y la doble moral, entre la presencia en todos los foros y la irrelevancia. Con Turquía, Europa haría frontera con Irán, Irak y Siria. Importaríamos de forma inmediata los problemas que causan esos Estados tan inestables.

Será, entonces, la política europea. Pero no hay más que imaginarse el efecto de la incorporación de esos 70 millones de turcos, con una población mayor que la de Alemania. Y no hay que dejar correr mucho la imaginación para hacerse a la idea de la reacción turca en cuanto comenzaran a imponerse directivas europeas impopulares, especialmente para los sectores más islamistas. ¿Necesita Europa más grupos terroristas?

La integración de Turquía no tiene ningún sentido. Si se quiere favorecer la democracia en aquel país, ábranse nuestras fronteras a sus productos y a sus gentes. Europa no la necesita. Si alguna vez se planteó el abrazo, fue porque a esta Europa le falta conciencia de sí misma, y sus políticos se avergüenzan de su historia y de su cultura.

Dogmatismo ético

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Pocos pensadores logran evitar el dogmatismo en todas sus formulaciones teóricas o aseveraciones. Los hay que, instalados en él, redundan de forma sistemática en fundamentos extremos que se niegan a revisar. Como en todo, se trata de un problema de actitud intelectual.

Admitamos que la verdad existe, que es posible realizar aproximaciones sucesivas a fin de depurar ideas y conceptos. Si la naturaleza humana es estable, cabe ser afirmada como referencia para inferir principios normativos consustanciales a ella. El primer reto es la definición misma de este ente relativamente estático que llamamos naturaleza humana. El segundo, asumir la gran limitación a la nos enfrentamos en el esfuerzo por apreciarla en sus justos términos, y de ella concluir una ética objetiva.

Aunque deba guiarnos la idea de que algo resplandece al final del túnel, por absurdo que parezca, debemos reconocer que nunca podremos afirmar haber alcanzado semejante resplandor. El estudio ético tiene ese sinsabor: debe mantener cautela y modestia intelectual.

El dogmatismo del que hablo no sólo ronda al pensador en el esfuerzo por definir su objeto de estudio y la inferencia de principios (éticos en este caso). Puede caer en dogmatismo quien considere que su estudio y sus conclusiones excluyen, por la brillantez y rotundidad de sus hallazgos, cualquier otra distorsión accesoria.

El dogmatismo ético irrumpe también en la falaz certeza de que una vez descubiertos y depurados esos principios consustanciales a la naturaleza humana se está en disposición de codificarlos en forma de normas perfectas, irreductibles e incontestables, capaces de suplantar todo el orden jurídico y moral efectivo. Ese extremo racionalista, ese profundo desconocimiento de lo que son las reglas de conducta, su origen y evolución, o de cuál es el elemento que posibilita la convivencia dentro de un orden social sostenible, es lo que conduce al desprestigio y el error intelectual.

El contenido normativo y reglado que rige nuestra conducta (siempre social), que determina nuestra más íntima estructura mental, desconoce por completo del eventual esfuerzo intelectual encaminado a la apreciación de principios éticos. No interaccionamos sobre la conciencia ética explícita. La ética, muy al contrario, como pudiera ser su articulación en forma de un presunto Derecho natural, no deja de ser producto del análisis de los contenidos normativos aprehensibles en el orden social.

Afirmar que ética y eficiencia son dos caras de la misma moneda no deja de ser una conclusión teórica que, contrastada con los hallazgos en el estudio praxeológico y cataláctico, resulta cierta. Frente a un orden social concreto, analizando reglas de mera conducta dominantes e instituciones fundamentales, gracias a una buena teoría económica, cabe la posibilidad de identificar de forma limitada las causas de su eficiencia o ineficiencia. Eso no implica que despojándolo, con ánimo constructivista, de toda costumbre, moral o decoro, de todo exceso jurídico, llegue a ser posible el alcanzar unos ideales de rectitud y justicia perfectos. Semejante intervencionismo desconoce por completo la naturaleza de aquello que pretende moldear o reformar. Ignora sin paliativos que el ser humano no es necesariamente un ser ético, pero sí, y en todo caso, un ser moral, y en consecuencia, un ser jurídico.

Las instituciones normativas, sean morales en sentido estricto, o jurídicas por su contenido y exigibilidad, tienden, en la medida que el orden social sea dinámico y de complejidad creciente, a desarrollar un fundamento ético del que podemos llegar a ser conscientes gracias a un inmenso esfuerzo intelectual de estudio, análisis y sistematización. Aun así, nunca seremos capaces de afirmar que nuestros hallazgos al respecto sean definitivos, pero sí suficientes.

Vincular el éxito o el fracaso del orden social al respeto por parte de normas morales o jurídicas de estas formulaciones, no implica que podamos recomponer de manera deliberada todo el orden jurídico o moral. Primero porque dichos órdenes no dependen en absoluto de que seamos o no capaces de apreciar en ellos aquellos principios, en la medida en que el descubrimiento y articulación del contenido normativo (íntimo y tácito en su práctica totalidad) no depende de la acción intencional de un agente concreto, aun cuando fuera capaz de imponer su voluntad al resto de individuos, sino de un proceso competitivo de evolución institucional que comprende una ingente cantidad de información en constante generación, adaptación y cambio, que no puede ser tratada, ni por asomo, a través de los métodos científicos propios de la economía o el estudio ético.

De esos errores fatales deriva un espíritu constructivista que confunde ámbitos de conocimiento, conceptos y aplicaciones teóricas. De él podemos llegar a articular un discurso coherente, en cierta medida arrogante, y pretendidamente holístico y satisfactorio. No se trata sino de una ilusión que nos hace interrumpir, e incluso abandonar por completo, el rigor emprendido en nuestro esfuerzo por comprender la realidad social.

ZP in love

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin duda algo de eso hay, pero la causa principal es otra. El presidente del Gobierno está deseando agradar a su admirado Obama. Y, como buen siervo ante el adorado señor, quiere mostrar avances cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegue a España.

Tanto criticar la relación de Aznar con George W. Bush y ahora resulta que Zapatero está dispuesto a cabrear a media España con tal de contentar al actual presidente de Estados Unidos. Curiosa plasmación de esa coletilla tan repetida la anterior legislatura de la "vuelta al corazón de Europa". Debe reconocerse que si lo que busca el inquilino de La Moncloa es agradar a Obama, ha elegido una manera inteligente de hacerlo. Aunque su calidad artística suela ser muy superior a la de sus equivalentes españoles; los cantantes, actores y directores de cine norteamericanos suelen estar muy situados a la izquierda (con casos extremos como el del baboso castrista Oliver Stone y notables excepciones como Clint Eastwood). Y claro, han sido un apoyo fundamental para Obama. Como en su día lo fueron para los fracasados Gore y Kerry.

Pero como los de aquí, también deben de cobrarse ese apoyo. Allí el precio no es aumentar todavía más la protección de esa mentira llamada propiedad intelectual. No es necesario, en Estados Unidos no existe ni tan siquiera la copia privada y numerosos ciudadanos han sufrido los efectos de una legislación que permite condenar a multas de miles de dólares por la descarga de archivos. El pago que se le exigen a Obama es, por lo que se ve, la presión sobre los gobiernos de los países que en opinión de la industria del cine y la música no combaten lo suficiente el intercambio de archivos.

Ante un ZP in love –aunque no crea en los derechos de autor, exigiré que me paguen si deciden hacer una película con ese título protagonizada por un Bardem, Penélope Cruz y Matt Damon– para Obama debe de ser muy fácil presionar con el fin de contentar al artisteo norteamericano. Cuando un actor estadounidense presente una película en España no le crea si dice que le encanta este país. En un futuro podrían dejarle sin conexión a internet para cumplir con sus deseos.

No olvides bilateralizarte

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

No. Lo suyo son las relaciones bilaterales entre los distintos gobiernos, enmarcadas en un sistema multilateral con ciertas dosis de asimetría para corregir desigualdades históricas. En otras palabras, su misión es seguir unciendo las finanzas nacionales al carro del tripartito catalán para que los amigos de Karma Chacón no dejen a Zapatero con el trasero al aire en el Congreso. Propósito loable donde los haya, claro, sobre todo cuando el responsable de la fechoría hace tantos esfuerzos por disfrazarla con un metalenguaje incomprensible basado en la oscura equivalencia entre los términos bilateral y multilateral.

En la rueda de prensa tras su reunión con Montillet, cada uno junto a la bandera de su país y en la que sólo faltó el servicio de traducción simultánea para que la escena resultara perfecta, fue muy descriptiva la gravedad con la que Chaves se refirió al hecho de que la financiación per cápita de los catalanes esté por debajo de la media española. Eso es algo intolerable, vino a decir el mayor destructor de empleo de la historia de España con permiso de Corbacho, que anda pisándole los talones.

Hombre, más que intolerable se trata de una consecuencia natural de las matemáticas, porque para que se pueda calcular la media de una serie es forzoso que existan elementos por encima de ella y otros por debajo; en otro caso el cálculo carece de sentido.

Así pues, todos debemos ayudar para que la financiación per cápita catalana supere la media nacional. Pero, ¿y el resto de ciudadanos españoles que viven en comunidades igualmente por debajo de la media estatal? Para estos también tiene Chaves una receta, según la cual se trata de una circunstancia que esas comunidades deberán reclamar en el futuro, para lo que el Gobierno de Zapatero está abierto al diálogo. Ah, y sobre lo de reclamar la deuda por los incrementos de población experimentados en las regiones más prósperas, casualmente gobernadas por el Partido Popular, nada de nada, que no estamos para dispendios. Diálogo el que quieran; euros ni uno, salvo para el compañero Montillet. O sea, bilateralidad multilateral.

Para empezar, que dimita Zapatero

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Pese a lo absurdo que nos parezca en perspectiva ese cartel, apenas hace un año estaba colgado por todas las calles de España y sirvió al PSOE para ganar las elecciones. Quizá los españoles deberíamos plantearnos quién ha hecho más el ridículo aquí: si ellos por prometer el pleno empleo en la antesala de la mayor destrucción de puestos de trabajo de nuestra historia o nosotros por creerlos.

En todo caso, el mal ya está hecho y bien que lo están sufriendo cada día miles de españoles; en concreto, y con los deprimentes datos de la EPA en la mano, casi 9000 personas pierden diariamente su empleo. Ya hemos llegado a los cuatro millones de parados, esa cifra que hace escasos meses Corbacho y Solbes juraban que nunca alcanzaríamos; del mismo modo que, dicho sea de paso, Corbacho promete ahora no llegar a los cinco millones y que el sistema de pensiones no corre ningún peligro.

¿Existe algún Ejecutivo en toda Europa con más mentiras económicas en su haber? Esto no tiene nada que ver con errores de diagnóstico, sino con una deliberada voluntad por engañar día sí y día también a todo el mundo; como ya hicieron durante la campaña electoral –y como parecen estar haciendo en esta otra campaña electoral extendida en la que han convertido la IX legislatura– han negado la realidad cuando estaba justo delante de sus narices. ¿Y por qué? Simplemente para justificar su inacción reformista: Zapatero sabe que no sobrevivirá con un rechazo explícito de su electorado más radical y con una sublevación sindical. El presidente del Gobierno se ha convertido en preso de su propia ideología, no puede dar un paso atrás so pena de perder el poder. Así que prefiere arrastrarnos a todos con él e ir maquillando un poco la situación.

Sin embargo, por muchos polvos que le ponga, la situación resulta ya demasiado sangrante como para que este Ejecutivo siga enrocado en la típica costumbre política de aferrarse al sillón. En un año, el número de parados se ha duplicado de dos a cuatro millones y las recetas socialdemócratas que se consideraban efectivas entonces –no liberalizar el mercado de trabajo, no recortar las cotizaciones a la Seguridad Social e incrementar el subsidio de desempleo– se siguen juzgando pertinentes ahora, ¿acaso quieren que pasemos de cuatro a ocho millones en 2010?

No, es imprescindible un cambio de rumbo a menos que queramos que las tensiones económicas, políticas y sociales terminen descomponiendo –argentinizando o libanizando– el país. Obviamente España atraviesa una crisis económica de mucha gravedad y nadie debería esperar que la reestructuración fuese sencilla. Precisamente por eso, es el momento de olvidarse de la cantinela zapateril y de aplicar grandes reformas en todos los ámbitos: hemos vivido una década en una falsa prosperidad y ahora la cruda realidad llama a la puerta.

Tres son las recetas esenciales que hacen falta no sólo para solucionar la lacra del paro, sino para empezar a salir de la crisis. Primero, liberalización profunda de todos los mercados (laboral, energético, minorista y de transportes). Segundo, poner fin a todas las iniciativas de rescates de promotores y demás empresas en dificultades. Tercero, recorte muy drástico del gasto público para eliminar el déficit público y poder bajar impuestos.

Este Gobierno ni tiene voluntad ni está en absoluto legitimado para liderarlas, ya que lleva meses sosteniendo que tales medidas son justo las contrarias a las que hay que adoptar. Así les va y así nos va. Por tanto, parece que la primera decisión importante de política económica a aprobar debería ser el cese de Zapatero y la convocatoria de nuevas elecciones. Claro que esto no es más que política ficción: ni Zapatero va a disolver las Cortes en sus horas más bajas ni probablemente Rajoy tenga el valor necesario para sacar ese programa adelante.

Por eso, dentro de unos meses seguiremos lamentándonos de cuánto empleo se destruye en España y el Ejecutivo continuará prometiéndonos que dentro de un trimestre veremos la ansiada recuperación. Supongo que en algún momento acertarán si es que antes la sociedad no revienta.

Está bien, defendamos la tortura

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En una operación política muy calculada, él, que no es un ápice mejor que George Bush, ha echado sobre su antecesor las toneladas de basura que, cierto es, ha generado el propio republicano. Pero luego dice que "mira hacia delante", escondiendo la mano tras haber lanzado el guijarro.

Ha habido reacciones para todos los disgustos. Una de ellas es la de Dennis Blair, nombre que no le dirá nada si no aclaro que es director de la CIA. Dice el jefe de esa banda que gracias a la tortura "se ha sacado información valiosa". Si los resultados son buenos, está moralmente legitimado, nos viene a decir el bueno de Blair. El fin lo justifica todo, si ese fin es bueno y lo que hacemos nos acerca a él. Consecuencialismo. Socialismo. Llámenlo como quieran.

Acepto el juego. No existe el mal si nos acercamos a lo bueno. Comencemos: ¿Qué objetivo político hay que sea más excelso que el que los políticos nos digan la verdad? Y todos sabemos que si para cualquier quisque la relación con la verdad es conflictiva, la de los políticos es como la de Glenn Ford con Rita Hayworth en Gilda. O, directamente, como la de los Rose. Si deciden parte de nuestra vida, si manejan parte de nuestra renta y de nuestra riqueza, si juegan con nuestros derechos como con los cromos para luego intercambiarlos con otros, ¿no tenemos, al menos, el derecho de que nos digan la verdad? Si no se conforman con que les votemos y quieren, además, que les amemos, que nos creamos lo que nos dicen, ¿no podremos hacer que, por una vez, nos digan la verdad; toda la verdad?

Hay técnicas muy buenas. Pregúntenle a Dennis Blair. Producir asfixia sin llegar a la muerte, impedir el sueño durante días, lanzar violentamente a un detenido contra un muro, falso, eso sí, para que tema por un instante por su integridad… Nada demasiado grave. Oh, lo que podrían hablar nuestros representantes. No todos, necesariamente. Sólo algunos. Aquellos que aprueban las torturas. Siempre, claro es, por nuestra propia seguridad. Bien, pues nuestra seguridad también está en ese milagro, en ese político que comienza a decir la verdad como jamás creía que fuera posible. Puestos a defender la tortura…

Pero es claro que la tortura jamás es defendible. Lo tenemos interiorizado gracias al pueblo judío, que se dijo a sí mismo aquello de que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios, y gracias al cristianismo, que convirtió a toda persona en Su hijo. Desde entonces, las prácticas brutales contra nuestro cuerpo, que eran tan comunes como el comer en cualquier otra cultura, comenzaron a verse como lo que son: una práctica repugnante y condenable. También con los terroristas. También con los políticos.

¿Qué hace el Gobierno con nuestro dinero?

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Sólo un 6% del gasto estatal (sin contar el de las comunidades autónomas) va dirigido a los llamados servicios básicos del Estado (justicia, seguridad ciudadana y seguridad nacional). ¿Qué hacen con el resto de nuestro dinero? Veamos unos ejemplos de los últimos días:

  • El Gobierno destinará 350 millones de euros a ONGs y proyectos de cooperación internacional, relacionados con el medio ambiente, con la inserción de gitanos, etc. Si quiere hacer el negocio de su vida, no monte una empresa, cree una organización sin ánimo de lucro y pida una ayuda. El Estado, en una brutal crisis, considera que nuestro dinero está mejor en organizaciones con grandes nombres humanitarios que en nuestro bolsillo para poder pagar la cuota de la hipoteca, por ejemplo. Después se extrañan de que algunas de estas organizaciones humanitarias sólo sean un fraude. Es el negocio de las ayudas.
  • El Ministerio de Industria ha comenzado en Aragón el programa de reparto gratuito en toda España de un total de casi 22 millones de bombillas de bajo consumo. ¿Gratuito? ¿Qué empresas se embolsarán tal "regalo"?
  • La Administración compra un cuadro por valor de 2,5 millones de euros. Algo así es fundamental para salir de la crisis.
  • El Prado gastará 192 millones de euros en los próximos cuatro años (48 millones de euros cada año). Miles de españoles habrían muerto de no hacerse algo así.
  • El Gobierno dilapida 50 millones de euros en más bombillas. Nos hemos preguntado quién se llevará todo ese dineral. Según El País, las grandes empresas, evidentemente. A propósito, hasta el 2011 el plan costará 245 millones de euros. Es la mejor opción en momentos de crisis y más sabiendo que el INEM sólo coloca al 2% de los desempleados. ¿Sabe priorizar este Gobierno?
  • Destinan 1.550 millones de euros para fortalecer la Ley de Dependencia. Hasta el defensor del pueblo ha denunciado los retrasos sistemáticos. A finales de 2007 el BBVA afirmaba en un informe que el 90% de los grandes dependientes no recibían tales ayudas. Dos años después, las quejas siguen. Otro desastre similar al de las pensiones. ¿Dónde está todo ese dinero que era nuestro?
  • El Congreso autoriza a gastarse 5,1 millones de euros mensuales en el envío de tropas a Somalia. Ya existen empresas privadas antipiratas españolas. ¿No sería mejor que los propios buques se costearan su seguridad en lugar de pasarles la factura a la familia media española? ¿No sería más barato? Si nosotros nos pagamos las alarmas y las puertas blindadas de nuestras casas, ¿por qué los barcos no pueden hacer lo propio?
  • El Ministerio de Industria se gasta cinco millones de euros en promocionar la TDT. ¿No tendrían que hacerlo las propias televisiones privadas con su dinero?
  • El Gobierno regala 75.000 euros para iluminar poblados indios. Si iluminaran algunas carreteras de aquí, tal vez habría menos accidentes.
  • El Ministerio de Medio Ambiente se gasta 1.240 millones de euros en derechos de emisión de CO2. No parece muy ecológico para un Gobierno que pretende proclamarse líder ecológico.
  • El Ministerio de Cultura destina 200.000 euros a restaurar la muralla de Zamora. Entre tanto, aumenta un 45% la demanda de alimentos en las entidades benéficas y Cáritas hace una llamada desesperada para reclutar más voluntarios.
  • El Ministerio de Medio Ambiente envía 7,29 millones de euros para el desarrollo rural de Asturias. No basta con el dinero del consumidor que voluntariamente lo deposita en estas empresas. Hay que sacárselo a otra persona de otra comunidad mediante la fuerza de los impuestos. Es la mejor forma de eliminar la libre competencia y que sólo quede en el mercado el mediocre en lugar del excelente.
  • El cine español gasta el triple de lo que ingresa. Las expensas las paga la familia media española aunque no vaya al cine.

Sólo son noticias recientes, de los últimos días. Si lee el BOE encontrará muchísimo más gasto inútil apoyado por sentimentalismos y presiones de los lobbies. Da que pensar que el Gobierno se gaste cientos de millones de euros en bombillas y sea incapaz de sufragar la munición a la Policía Nacional, o que pague varios millones de euros por un cuadro mientras la justicia es el mayor desastre de este país o mientras existen dudas más que fundadas de que no cobraremos las pensiones.

¿Y qué pasaría si redujeran el 90% de los impuestos dejando al Gobierno con sus servicios básicos? Que aumentaría la riqueza y la competencia, que tendríamos mayor poder adquisitivo, que los lobbies dejarían de vivir del cuento, etc. Pero, ¿y si el Gobierno también es tan inútil en la gestión de los llamados servicios básicos del Estado como en el resto de campos? Llegaríamos a la forzosa conclusión de que el Estado sólo es un mal innecesario.