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¿TDT de pago o gratuita?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Ahora resulta claro por qué ni siquiera la sustitución de cinco ministros, con dos vicepresidentes incluidos, fue capaz de acallarla: los informadores son parte interesada.

En el fondo de la cuestión está, una vez más, el espectro radioeléctrico, el recurso escaso por definición. Como es escaso, entonces es necesario que una entidad de planificación central, el Estado, decida de qué forma se va a utilizar. Planificación y escasez siempre van de la mano y siempre se invierte la relación causal.

El espectro es un recurso valioso porque permite la prestación de determinados servicios por los que hay gente dispuesta a pagar. Utilizando espectro se pueden suministrar servicios de telefonía móvil, radio y televisión, por citar los más importantes.

Como todos los recursos, lo óptimo para la sociedad es que se utilicen para aquello que son más demandados. Y la única forma de averiguar esto es a través del precio que los ciudadanos están dispuestos a pagar por el servicio. Como las preferencias de aquéllos cambian, es lógico que los recursos puedan dedicarse a cosas distintas. Hasta hace poco, los campos de Castilla se dedicaban al cultivo de cereales; ahora, están plagados de placas solares.

Esta flexibilidad se dificulta enormemente cuando es el Gobierno el que tiene que andar decidiendo a qué se dedica cada recurso. Y eso es precisamente lo que pasa con el espectro: en un momento dado se decide qué porción se va a dedicar a radio, cuál a la telefonía móvil y cuál a la televisión digital gratuita. Además, esto limita de forma automática el número de agentes que podrán prestar cada servicio, pues se necesita un mínimo de espectro para cada uno.

En definitiva, si un agente del mercado es capaz de anticipar las necesidades de los usuarios y dedicar sus recursos a servirles mejor, su actuación debe ser bienvenida. Por ello, que La Sexta pretenda dedicar sus recursos de espectro a ofrecer TDT de pago en vez de gratuita, como venía haciendo, es algo positivo para el mercado. El Gobierno no debería poner ningún impedimento, sino todo lo contrario. Y que sea el consumidor soberano quien le muestre a La Sexta si acertó o no con su apuesta. No olvide la cadena de Mediapro que hace poco Sogecable hizo el movimiento inverso, al pasar su Canal+, la TV de pago que detentó en monopolio el grupo Prisa durante casi diez años, a la actual Cuatro.

Lo que pasa es que el Ejecutivo parece facilitar esta flexibilidad sólo a determinados agentes y no es capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias el enfoque anterior. La consistencia en este enfoque supondría, por supuesto, el fin de la planificación del espectro… y el fin de su escasez.

¿Quiere invertir en oro?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Como se sabe, la injusta imputación al patrón oro de haber sido una de las principales causas de la depresión económica de los años treinta del pasado siglo, allanó el camino hacia la total desligazón del dinero fiduciario del metal amarillo. La decisión del presidente americano Nixon en 1971 de suspender la convertibilidad del dólar, que había sido establecida en los acuerdos de Bretton-Woods para sustentar un mecanismo de tipos de cambio fijos, hizo saltar por los aires el engarce indirecto con el patrón oro del resto de divisas. Asimismo, abrió paso a la desbocada expansión crediticia fomentada por la FED y los principales bancos centrales del mundo, que no ha sido corregida por los recurrentes estallidos de las burbujas surgidas en distintos sectores de la estructura productiva y las subsiguientes recesiones.

Dado el grave cariz que está adquiriendo la recesión actual, las crecientes dudas sobre el porvenir del dinero fiduciario emitido por los bancos centrales monopolísticos han alimentado, asimismo, el interés por invertir en oro entre particulares que buscan un depósito de valor seguro. Recordemos, por otro lado, que según acordaron los gobiernos del G-20 reunidos en la Cumbre de Londres, uno de los medios para "financiar a los países pobres" será la venta de una cantidad imprecisa de las reservas de oro del FMI, ya acordada en su seno. Que traten, además, de devaluar este mercado, queda como cuestión abierta, aunque hasta ahora el Fondo haya sostenido que sigue un criterio de prudencia que le permite mantener una cantidad "relativamente elevada" de oro entre sus activos y evitar graves perturbaciones en ese mercado. En todo caso, parece indudable que esa medida aumentará la oferta.

De cualquier modo, las inversiones están tan condicionadas por el tratamiento fiscal que reciba la transmisión o tenencia de su objeto, que un conocimiento de esa regulación, siquiera sea somero, ayuda a tomar una decisión al respecto. En este sentido, cabe destacar el cambio favorable que introdujo en la Unión Europea, la Directiva 1998/80/CE del Consejo, relativa al régimen especial aplicable al oro, cuyo contenido ha pasado sin apenas modificaciones a la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de refundición de textos sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Por lo que respecta a España, la primera directiva no se traspuso al derecho interno hasta que las Cortes, agotando el plazo conferido a los Estados miembros para hacerlo, aprobaron la Ley 55/1999, de acompañamiento de los presupuestos del año 2000. La nueva regulación reformó la Ley del IVA en esta materia.

Para evitar sorpresas, todo inversor que no sea sujeto pasivo del impuesto (es decir, que no ejerza una actividad empresarial o profesional relacionada) debe tener presente que esta legislación restringe el concepto de oro para poder considerar exenta su entrega, adquisición intracomunitaria o importación. Así, los lingotes o láminas de oro de ley deben tener una pureza igual o superior a 995 milésimas y su peso debe ajustarse a alguno de los aceptados por los mercados. El apartado noveno del anexo de la Ley ofrece la lista completa de pesos.

En cuanto a las monedas de oro, se establece un criterio doble para considerarlas de inversión. Por una parte, se define como tales a las que reúnan los requisitos de contar con una pureza igual o superior a 900 milésimas de ley; haber sido acuñadas con posterioridad al año 1800; ser o haber sido moneda de curso legal en su país de origen y ser comercializadas habitualmente por un precio que no supere en un 80% el valor de mercado del oro contenido en ellas. No obstante, con independencia de lo anterior, se publica en el diario oficial de la Unión Europea una lista con vigencia anual de monedas de oro de ley que se benefician del mismo tratamiento fiscal, resultado de la información que proporcionan los Estados miembros. Como puede verse, la seguridad jurídica no casa con la Unión Europea.

Por último, no es necesario que el comprador o importador reciba el oro materialmente para que la exención surta efecto. A estos efectos impositivos, se equiparan a la entrega, los préstamos y las operaciones de permuta financiera, así como las operaciones derivadas de contratos de futuro o a plazo, siempre que tengan por objeto, en todos los casos, oro de inversión y siempre que impliquen la transmisión del poder de disposición sobre dicho oro.

Tómbolas monetarias

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Para evitarlo proponía implantar la libremoneda, esto es, un billete que tuviera que sellarse semanalmente en la Administración, momento en el que perdería una milésima parte de su valor. Dicho de otra manera, Gesell abogaba por un dinero que se depreciara un 5,2% al año: "Debemos, pues, empeorar al dinero como mercancía, si hemos de mejorarlo como medio de cambio, y ya que los poseedores de mercancías tienen siempre apuro en el cambio, justo es que también los poseedores del medio de cambio sientan el mismo apremio". Pese a que Gesell consideraba natural su orden económico, su propuesta trastocaba las relaciones económicas más básicas y naturales, a saber, la tendencia al atesoramiento ante la incertidumbre y el sometimiento de la producción al consumo.

Treinta años después de la aparición del libro de Gesell, un economista inglés, William Hutt, sostuvo que es el consumidor quien, en un mercado libre, orienta las decisiones últimas de los capitalistas, y llamó a esta circunstancia "soberanía del consumidor". Sin embargo, el consumidor sólo es soberano en tanto su dinero no pierda valor con el paso del tiempo y, por tanto, pueda rechazar indefinidamente las mercancías que le ofrecen los empresarios: si la moneda se deprecia, tal y como proponía Gesell, tendrá que darle algún tipo de salida aun cuando sea lo último que desee hacer.

El mismo año que Hutt acuñaba el término soberanía del consumidor, el que muchos, erróneamente, consideran el mejor economista del s. XX (¡incluso de la historia!), John Maynard Keynes, publicó su obra magna, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. ¿De qué lado creen que se puso este genial economista? ¿Defendió que los productores adaptaran sus ofertas a las necesidades de los consumidores, o, por el contrario, que éstos cayeran rendidos y desarmados ante unas mercancías sin sustancia porque el dinero les quemaba en las manos?

Como no podía ser de otro modo, Keynes se sumó de manera entusiasta al bando de Gesell, a quien consideraba un "profeta indebidamente olvidado" que había desarrollado una doctrina "sólida" del dinero. Por cierto, al respaldar las teorías inflacionistas de Gesell, Keynes lanzó una advertencia que parece estar cumpliéndose ahora: "En el futuro aprenderemos más de Gesell que de Marx".

Si piensa que todas estas divagaciones sobre un dinero que tiene que sellarse cada semana en la Administración y perder forzosamente una milésima parte de su valor son cosa de una ciencia económica primitiva y poco desarrollada que carece de encaje en la refinada, formalizada y matematizada teoría económica moderna, se equivoca. Dos de los economistas más destacados de la actualidad –uno de ellos es el autor de la mayoría de los libros de texto de Introducción a la Economía de las facultades españolas y el otro recibió el Nobel en 2008– han resucitado esta semana las ideas de Gesell.

En un artículo en el New York Times, Greg Mankiw, presidente del consejo de asesores económicos de Bush entre 2003 y 2005 (casualmente, los años en que se gestó la crisis actual), ha relatado la brillante idea que tuvo uno de sus alumnos para salir de la recesión: en el plazo de un año, la Reserva Federal escogería al azar un número del cero al nueve y todos los billetes cuyo número de serie terminara en dicha cifra dejarían de ser dinero. ¿Qué lograríamos con esto? Pues exactamente lo mismo que pretendía Gesell, a quien Mankiw se encarga de rendir homenaje en su artículo: "Las ideas de Gesell se han vuelto de repente muy modernas".

Dado que con este esquema el 10% de los billetes en circulación se desmonetizarían, y que no sabríamos con antelación cuáles correrían tal suerte, durante el año previo al sorteo la gente y los bancos, en lugar de conservar su dinero, intentarían desprenderse de él a como diera lugar: consumiendo mucho más, por ejemplo; incluso prestándolo a unos tipos de interés negativos (así las cosas, el deudor, en lugar de pagar intereses, los cobraría).

Pero no crean que Mankiw es un loco solitario en la profesión. Pocas horas después de publicado su artículo, el Nobel de Economía de 2008, Paul Krugman, daba su bendición al fondo de la propuesta; pero consideraba que no iba a funcionar porque algunos banqueros centrales son demasiado "ortodoxos" e intentan alcanzar "sólo" una inflación anual del 2%.

Después de decir tamañas barbaridades, aún pretenden que se les tome en serio. Esto no es ciencia económica, sino más bien nigromancia. Tiramos unos daditos y a quien le toque, que lo pierde todo, con independencia de su condición, mérito y perspicacia empresarial. La ruleta rusa coactiva y nacional.

Al margen de los flagrantes problemas de implantación del disparate de Mankiw, y del ataque frontal a la soberanía de los consumidores que supone, lo cierto es que tanto él como Krugman demuestran desconocer las causas y remedios de la crisis actual. Básicamente, ésta se debe al pinchazo de una burbuja crediticia alentada por un sistema bancario privilegiado, en cuya cúspide se encuentran los bancos centrales. Esa expansión artificial del crédito permitió incrementar sustancialmente la demanda de numerosos bienes de consumo duradero o de inversión, como las viviendas y los automóviles. Con semejante incremento de la demanda, los productores de esos bienes comenzaron a incrementar su capacidad productiva (contrataron más trabajadores, adquirieron más maquinaria, construyeron naves más grandes…) para adaptarla a un crédito que parecía en permanente expansión. Pero una vez se detuvo esa expansión, por no estar basada en el ahorro real, todas las empresas ampliadas dejaron de ser rentables; por eso deben reestructurarse.

La idea de Krugman y Mankiw es que la economía no necesita ajustarse, sino sólo un empujón para que la gente vuelva a gastar y a endeudarse tanto como antes y así los stocks acumulados tengan salida. Y para incentivar el gasto y el endeudamiento creen que es necesario que salgamos de la deflación (donde el dinero va ganando valor) y entremos en inflación.

Pero tal propuesta es absurda. En plena burbuja, España, con una dependencia energética exterior brutal, producía 800.000 viviendas anuales. Teníamos muchas casas, pero no podíamos ni pagar el petróleo que consumíamos. Parece claro que la economía española necesita que su sector de la construcción se reduzca y, en cambio, se incremente la inversión en métodos para producir, ahorrar o comprar energía (por ejemplo, exportando más que ahora).

El plan de Krugman y Mankiw no pasa por sacar a la economía de la crisis, sino por perpetuar ésta evitando cualquier reestructuración de aquélla. Por eso quieren cargarse la soberanía del consumidor y obligarnos a dilapidar nuestro dinero: para que todos los empresarios que han malinvertido durante estos años puedan seguir vendiendo su mercancía averiada. No son los promotores inmobiliarios los que han de abandonar el sector y vendernos sus stocks de viviendas a precios de saldo: somos nosotros, los consumidores y los ahorradores, los que hemos de comprar sus productos so pena de vernos arruinados por un sorteo estatal.

En una cosa, sin embargo, sí tienen razón Krugman y Mankiw, aunque no por las razones que tienen en mente. Ambos sostienen que, para volver a crecer, hemos de pasar de la deflación a la inflación. Desde luego, cuando volvamos a crecer pasaremos de la deflación a la inflación, pero esto sólo será un efecto derivado de nuestro perverso sistema financiero (basado en la acumulación de deuda), y no la causa de la recuperación.

Recuperación con inflación y deuda, es decir, vuelta a empezar con el carrusel de auges artificiales y crisis, y mientras tanto, tómbolas monetarias. ¡A qué grado de ridiculez, degradación intelectual y superchería ha llegado la mayoría de los economistas!

La hiprocresía progre de la SGAE

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Para entendernos: predicar contra la prostitución e ir un día a un club de alterne no es hipocresía; es simplemente debilidad, seguramente pasajera, aquello de "la carne es débil". Hipocresía es clamar contra la profesión más antigua del mundo y requerir de sus servicios semanalmente. Hipocresía es demostrar con tus actos que no crees en tus palabras.

Y en esta labor, los de la ceja son –ahí sí– unos verdaderos artistas. Siempre claman que lo del canon y los espionajes en las bodas es necesario para salvar la cultura, que los artistas necesitan de esos ingresos para poder ganarse la vida con su trabajo creativo. Pero llega el momento del reparto de ese dinero y resulta que casi todo se lo quedan los de casi siempre. El 75% de los ingresos de la SGAE, 223 millones de euros, se han repartido entre 600 autores, el 1,73% del total. Y las cifras de las demás entidades de gestión son muy similares.

Sin entrar en la letra pequeña, pues no tengo los datos necesarios para ello, este sistema de reparto me parece perfecto. Es dinero recaudado de licencias y de compensación por copia privada, y parece claro que aquellos que más venden también son quienes más escuchan su música en las televisiones y ven copiadas sus canciones en los iPod. Del mismo modo que, dicho sea de paso, quienes se descargan música vía P2P también son quienes más música compran, como indica un nuevo estudio. Así, es justo que los autores de mayor éxito sean quienes más dinero reciben, al igual que lo es que los mejores trabajadores en cualquier sector ganen más que los demás. Al fin y al cabo, justicia es dar a cada uno lo suyo.

Lo que pasa es que no es eso lo que predica la burocracia de los derechos de autor. Para defenderse de quienes les critican por sacar dinero a un bar cuyo dueño trabaja para sacarlo adelante catorce horas al día, siete días a la semana, por el solo hecho de tener un televisor donde poner el fútbol el fin de semana, los artistas aducen que a la "cultura" le resultaría difícil sobrevivir sin ese dinero, que los creadores que no están en el "candelabro" necesitan ese extra que suponen los derechos de autor para llegar a fin de mes.

Si la SGAE y demás compañeros mártires reconocieran que sí, que el dinero que nos quitan a todos nosotros va a parar a Amaral, Alejandro Sánz, La Quinta Estación y otros artistas de éxito y que es un derecho que tienen, y que el dueño del bar tiene obligación de pagar por ello igual que paga por la cerveza que sirve, seguiríamos protestando igual ante la imposición del canon, pero al menos no tendríamos que aguantar ese aire santurrón que se gastan. Pero claro, entonces tendrían que renunciar a su imagen de izquierda solidaria que les es tan preciada. Y ya se sabe que para un progre lo principal y casi lo único es sentirse satisfecho consigo mismo.

El Estado también quiebra

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

De hecho, incluso Estados Unidos se ha metido de lleno en el peligroso juego del rescate público. El estallido de la crisis está siendo aprovechada por los políticos de toda índole y condición para extender sus garras bajo el argumento hipócrita y falaz de que el mercado es el culpable y de que, por lo tanto, es el momento de que los poderes públicos tomen las riendas y pongan orden a tanto despropósito.

Mentiras, mentiras y más mentiras. Y mientras los gobiernos ocultan la realidad a la ciudadanía, los rescates financieros, empresariales y económicos que hoy presenciamos allanan el camino a las miserias del mañana. Deuda pública, déficit fiscal, subida de impuestos, inflación y quiebras de países amenazan con sustituir las alertas que hoy copan los medios de comunicación. España no es ajena al creciente intervencionismo público. La implantación de un PER a nivel nacional es el siguiente objetivo que se ha marcado el Gobierno con el fin de comprar votos, tal y como adelantamos en estas páginas.

Hace años, pocos fueron los que alertaron del riesgo de la burbuja inmobiliaria en España. En la actualidad, las luces rojas se dirigen hacia la inviabilidad del sistema público de pensiones y la inexistencia de margen fiscal para proceder a la aprobación de nuevos planes de estímulo económico (entiéndase gasto público) que en nada servirán para sacarnos del hoyo. Una vez más, el Gobierno hace oídos sordos. Al fin y al cabo, la clase política constituye una élite parasitaria que es incapaz de ver más allá de sus narices. El cortoplacismo partidista baila al ritmo que marcan las urnas.

Sin embargo, toda esta montaña de basura demagógica y políticamente correcta no se sostiene en pie a poco que el ciudadano se interese por raspar la superficie que encubre toda esta falsedad que llena telediarios. Señores, el Estado también quiebra. Si el Ejecutivo se empeña en gobernar a golpe de emisiones de deuda del Tesoro, la propia Administración pública sucumbirá. No es algo nuevo. Apenas basta con echar un vistazo a la historia para percatarse de los riesgos a los que nos enfrentamos.

Un reciente estudio del National Bureau of Economic Research, elaborado por Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, muestra que las crisis financieras más importantes de los últimos ocho siglos se han llevado por delante a países enteros. Es decir, las quiebras bancarias suelen derivar en suspensión de pagos por parte de Estados y elevada inflación. Un porcentaje muy elevado de países –entre el 30% y el 50% de los 66 casos examinados– no pudieron afrontar el pago de sus deudas (default) durante cinco períodos marcados por grandes crisis económicas: la guerra emprendida por Napoleón; el período que abarca desde 1820 a 1840 –aquí quebraron todos los países latinoamericanos incluidos en el estudio–; desde 1870 a 1890; la Gran Depresión (1930-1950); y la crisis de las economías emergentes de los años 80 y 90.

En la actualidad, ya ha colapsado un país de la talla de Islandia, que hasta hace apenas tres años encabezaba los índices de desarrollo de la ONU. Los países de Europa del Este se encuentran al borde de la bancarrota y algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ya ha prestado ayuda a un creciente número de países, tanto en Asia, como en Europa y América Latina.

España no es ajena a estos riesgos, al igual que Irlanda o Gran Bretaña. De hecho, España guarda ciertos paralelismos con el caso islandés, debido a su elevado endeudamiento bancario y exterior. ¿Que el Estado no puede quebrar y lo puede todo? Tan sólo un dato para aquellos que quieran ojear el trabajo de Rogoff. España ostenta el récord absoluto de suspensiones de pago de la historia. El Estado ibérico ha quebrado en 13 ocasiones. Siete durante el siglo XIX y otras seis durante los tres siglos precedentes. ¿Habrá un nuevo default en el siglo XXI? De seguir así, todo dependerá de la benevolencia de franceses y, sobre todo, alemanes. Nuestros principales acreedores. Mejor será no tentar a la suerte.

Los viajes de Gulliver

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Probablemente una de las fábulas más interesantes que ha producido la literatura universal es el libro de Jonathan Swift Los Viajes de Gulliver. Las experiencias de ese viajero por países remotos han hecho las delicias tanto de niños con una imaginación despierta, como de adultos que captan la sátira que encierra la novela. No fue Swift el primero en recurrir a la mirada atenta del "extranjero" para denunciar los vicios y las miserias de una determinada sociedad. Un siglo antes, el padre de la novela moderna, Miguel de Cervantes, había utilizado este sutil recurso en distintos pasajes de El Quijote. Este recurso narrativo tiene un efecto brillante. No en vano, el autor puede desdoblarse en la ambigua posición del foráneo y, en tiempos que parecían pasados, distanciarse de sus auténticas opiniones tras el disfraz de un personaje ficticio.

Como si los líderes "liliputienses" se hubieran reencarnado en la casta política española, el recuerdo de la gran novela de Swift me asaltó cuando leí la noticia sobre los denodados esfuerzos de los eurodiputados españoles del PSOE y el PP para evitar que el Parlamento de Estrasburgo aprobara una resolución que no sólo condenaba la legislación urbanística española y el lamentable funcionamiento de los tribunales que no han tutelado el derecho de propiedad de las decenas de miles de peticionarios, sino que, además, recomendaba la interrupción de las ayudas comunitarias que recibe el país si no se subsanan los problemas detectados en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Pese a tan magno despliegue, el informe redactado por la eurodiputada ecologista danesa Margrete Auken se aprobó por la resolución adoptada en la sesión celebrada el pasado 26 de marzo por una amplia mayoría de votos. Si bien adolece de ciertas deficiencias, sobre todo cuando aborda la incidencia que la gestión urbanística tiene sobre el medio ambiente, se observa que una parte fundamental trata del pisoteo del derecho de propiedad que se viene perpetrando en España en materia urbanística, debido a la introducción de la figura del "agente urbanizador" en las legislaciones urbanísticas autonómicas.

Como ya denunció este Instituto, cuando en 2007 se debatió la primera reforma promovida por el Gobierno socialista de la Ley del Suelo estatal –que luego daría paso al enésimo texto refundido del año siguiente– la generalización de la figura del agente urbanizador, que hasta entonces solo recogían doce legislaciones autonómicas, suponía un nuevo ataque al derecho de propiedad, que se añadía al ya de por sí intervencionista modelo urbanístico español. En la línea asumida por el Parlamento europeo, también se advertía que la corrupción y los abusos que campan en las administraciones públicas se intensificarían con un instrumento legislativo que también reducía arbitrariamente el justiprecio del suelo urbanizable a efectos expropiatorios.

Es evidente que los criterios de acumulación de las distintas peticiones contra España –o, más concretamente, contra sus ayuntamientos y comunidades autónomas– por parte de la comisión del Parlamento Europeo han convertido los asuntos que trata la resolución en una amalgama heterogénea. Hasta tal punto, que, aunque parezca sorprendente dada las encendidas críticas contra la vulneración del derecho de propiedad privada frente a confiscaciones de viviendas privadas diseminadas dentro del ámbito de la urbanización forzosa concedido a los agentes urbanizadores, el eurodiputado de IU, Willy Meyer, quiso capitalizar como éxito propio la resolución.

Sin embargo, para comprender la magnitud del escándalo, que tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación de distintos países europeos, debido a que muchos de los afectados, agrupados en la organización Abusos Urbanísticos No (AUN), procedían de ellos, debe de leerse el documento de trabajo que redactaron otros dos eurodiputados, después de trasladarse a distintas regiones españolas a principios de 2007.

En ese informe se puede leer lo siguiente:

En ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos, ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE. El motivo de preocupación más parecido se localiza en los Estados miembros del antiguo bloque oriental y se refiere a la restitución de los inmuebles confiscados durante los regímenes políticos previos a su adhesión a la UE.

Es un hecho que el respeto del derecho de propiedad en los países europeos no alcanza tampoco unas cotas muy boyantes y, por lo demás, las resoluciones del parlamento no tienen un efecto vinculante claro sobre las actuaciones del Consejo y la Comisión Europea. No obstante, esta última ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido al incumplimiento de la directiva europea sobre contratos públicos por parte de las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU y LUV).

Ahora bien, aunque los eurodiputados que han intervenido no puedan compararse con el sin par Gulliver, ni todos los argumentos que vierten en sus prolijos informes merezcan igual consideración, un par de cuestiones quedan claras:

  • La casta política española ha conseguido montar un tinglado donde se conculca hasta tal punto el derecho de propiedad privada que ha conseguido que el consenso socialdemócrata europeo equipare su régimen jurídico al que caracterizaba a las antiguas dictaduras comunistas de Europa del Este.
  • Para salir de este atolladero, dentro de un plan de flexibilización de todos los factores productivos de la economía, deben reformarse radicalmente las leyes del suelo vigentes y, sobre la base de una delimitación clara y sencilla del derecho de propiedad privada de la tierra, permitir que las fuerzas del mercado determinen los usos y los precios.

¿Legalización de las drogas duras?

Escrito por Daniel Ballesteros en . Publicado en Análisis diario.

Las drogas "duras" son aquellas cuyo consumo genera siempre una fuerte adicción, de forma que a pesar de que el consumidor es incapaz de abandonar este hábito a pesar de ser consciente de los daños que ocasiona a su bienestar físico y psíquico. En consecuencia y dado que la adicción impide el ejercicio de la libertad (más allá del primer acto más o menos libre de consumo), daña la vida del consumidor y además ocasiona gravísimas externalidades negativas con pocas posibilidades de compensación (asesinatos, violaciones, mutilaciones, robos, enfermedades crónicas entre otras), su tráfico y consumo son reprobables, pero ¿debiera ser perseguido legalmente su tráfico?

En mi opinión sí. Y no debiera escandalizarnos esta idea puesto que una prohibición legal no es mala "per se" (por ejemplo, se prohíbe matar y todos estamos de acuerdo): una prohibición sólo es mala a la luz de sus consecuencias netas, muy difíciles de calcular salvo excepciones evidentes y puntuales. La prohibición del libre comercio y restricción del consumo de drogas "duras" parece a todas luces una de esas excepciones que todos podemos llegar a considerar evidentemente adecuadas, como pueden serlo también la prohibición legal del comercio libre de sustancias radiactivas, altamente explosivas o gases nerviosos.

Para comenzar, respecto a esta medida concreta (la prohibición del tráfico de drogas "duras") sabemos que sí origina el surgimiento de mafias y corrupción pública, además del encarecimiento y baja calidad de los estupefacientes; pero también que tiende a hacer descender su consumo y calidad gracias a los elevados costes de puesta en el mercado y escasa producción; además de minimizar los daños derivados de la adicción.

Los detractores del prohibicionismo suelen aducir que dicha medida, referida a bebidas alcohólicas, fracasó en el caso de EEUU, puesto que tuvo todas las consecuencias negativas expuestas pero ninguna de las positivas. A este respecto cabe hacer tres observaciones:

La primera es que la ilegalización del alcohol tiende a retraer su consumo, lo cual no significa que eso suceda necesariamente, debido a la existencia de circunstancias de tiempo y lugar que pueden conducir a resultados inesperados. Por ejemplo, la ilegalización puede suponer que la nula carga impositiva abarate el producto tanto que su consumo se dispare; pero también puede erradicar su consumo y/o producción, como sucede por ejemplo, en los países musulmanes más rigurosos, que un día fueron grandes productores y consumidores de alcoholes y que hoy apenas lo son.

La segunda es que alcohol, por un lado, y la heroína o cocaína por el otro son sustancias tan diferentes que las implicaciones de su consumo son totalmente distintas. Por ejemplo, mientras que el consumo periódico de cantidades moderadas de alcohol no tiene por qué generar adicción, la misma conducta genera una fuerte adicción en el caso de la heroína o la cocaína.

La tercera es que el argumento de la "Ley Seca" resulta contraproducente cuando quien lo emplea es un liberal (en sentido europeo) opuesto a la intervención pública en asuntos privados dado que dificulta la producción y consumo de un producto. Quien pone a la "Ley Seca" como ejemplo paradigmático de lo que pasa cuando se prohíbe algo, presenta el prohibicionismo del Estado como algo que fomenta la producción y consumo de un bien. Resulta evidente que hay un error en la argumentación y sonroja el hecho de que aún se siga empleando.

Años más tarde de este antecedente de referencia, algunos legisladores de ciertos países obviaron las dos primeras observaciones, atendiendo al error indicado en la tercera. En consecuencia, despenalizaron el tráfico y consumo de ciertas drogas altamente adictivas, esperando que la situación que se produjo con el alcohol en EEUU se reprodujera con las drogas "duras". Como era previsible, no ha sucedido tal cosa, en palabras de Gerardo Ochoa Vargas:

Los experimentos de legalizar o despenalizar han terminado por regresar a la prohibición: en 1975, la corte en Alaska aumentó la permisividad para poseer más mariguana. Para 1988, entre los jóvenes de 12 a 17 años, el consumo aumentó hasta alcanzar más del doble que el promedio nacional de Estados Unidos. Finalmente, en 1990, se volvió al antiguo esquema de prohibición y el consumo empezó a disminuir lentamente.

En Inglaterra, entre 1960 y 1970, los adictos a la heroína se multiplicaron por 30 y, durante los 80, el número creció cerca de 40 por ciento anual; ahora, arrepentida, enfrenta el enorme costo de tratar miles de adictos. En comparación, en todo ese tiempo el número de adictos a la heroína en Estados Unidos se mantuvo en cifras de alrededor de 500 mil usuarios.

En Suiza, un parque llamado Platzpitz, se definió como lugar de tolerancia para usar drogas. En 1987 tenía 300 visitantes permanentes. Para 1992, eran 20.000. En 1992 tuvieron que cerrar el parque, como única forma de acabar con el lastimoso espectáculo de gente inyectándose y drogándose a toda hora.

Holanda es el único país que no ha dado marcha atrás a la despenalización del uso de las llamadas "drogas blandas", que no son tan blandas: cuando se despenalizó el uso de la marihuana, en 1976, su contenido de tetrahidrocanabinol –el ingrediente activo– era de 3 a 5 por ciento; actualmente es de 35 por ciento, cantidad que produce problemas notables de salud –pérdida de memoria, daños cognitivos, y una falta de energía crónica que convierte al usuario en un ser apático y pasivo–. Los resultados de la despenalización: el número de expendedurías de estas drogas aumentó, en 10 años, de 30 a 1.500 y el uso de marihuana en el grupo de edad de 18 a 25 años creció 200 por ciento. De tal forma que tan sólo en 1997, hubo un incremento de 25 por ciento en el número de adictos a la mariguana en tratamiento, comparado con un incremento de 3 por ciento en los casos de abuso de alcohol. De 1984 a 1996, el uso de drogas en adolescentes holandeses aumentó 200 por ciento, mientras que en Estados Unidos, en ese mismo periodo, la tasa se redujo en más del 50 por ciento. Las mismas autoridades atribuyen el 65 por ciento del aumento en el crimen juvenil al uso de estas drogas, y el uso de "drogas duras" como la heroína se ha triplicado desde la despenalización de la mariguana, pero Holanda no desea cambiar de rumbo.

También hemos de tener en cuenta otras circunstancias asociadas a la legalización de las drogas, y es el hecho de que ya bajo una situación de ilegalidad su consumo se ha extendido hacia los niños (también ha sucedido con otras drogas blandas como el alcohol o el tabaco), por lo que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad de una eventual legalización. Esto por no hablar de un Estado convertido en el garante del derecho a consumir drogas, algo que a mí personalmente me aterra profundamente.

En definitiva, esta cuestión sitúa a los liberales ante un dilema moral de grandes proporciones. Nos fuerza a elegir entre la libertad de un individuo en un momento dado y la vida, libertad y propiedad de todo individuo que integra una sociedad en todo plano temporal presente y futuro. Puede que en nuestros análisis del derecho debamos ser más cuidadosos con el modelo de hombre aislado que usualmente empleamos, de forma que evitemos caer en el hiperracionalismo que criticamos en nuestros adversarios políticos e intelectuales.

Ni saben lo que dicen ni les interesa

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Por eso se ha refugiado en la vieja guardia, como Manuel Chaves, que ya son ganas. Chaves será el encargado de engañarlos a todos para dar con una solución al sudoku autonómico, otro juego imposible, porque sólo se podría resolver si el total fuese un 150 por ciento, y no sólo el cien de rigor. La suma de expectativas de las partes multiplica el dinero por repartir, y no puede haber solución sin decepciones, también multiplicadas.

A la vista de todos está de forma descarnada, en este enjuague, la verdad de en qué consiste la política. La política no es el espacio en que los probos representantes del pueblo luchan por recoger los anhelos del pueblo para hacerlos realidad según su particular parecer, sino un proceso por el que los grupos organizados consiguen dinero a costa de los grupos no organizados (el ciudadano de a pie), y en que los políticos aparecen como jueces… y parte.

Resuélvase este reparto como fuere. Lo cierto es que España necesita dar una solución a la financiación de las autonomías, y que el descrédito de la actual es generalizado. Estamos a medio camino entre un sistema centralizado, ya que gran parte de la caja pertenece al Estado, y un sistema descentralizado. La combinación sólo coge los vicios de los dos casos. Favorece la reivindicación de lo propio frente al Estado, que encarna la unidad nacional. Favorece, pues, los nacionalismos y la insolidaridad.

Sería mucho mejor que cada autonomía viviese sólo de los impuestos que puede recaudar de sus ciudadanos, y punto. De este modo, cada camarilla política regional no podría excusarse en que no les quieren desde "Madrid", ni pueden venderle a sus ciudadanos que están explotados por los demás. Y se verían ante la necesidad de responder sola y exclusivamente ante sus propios electores, a los que tienen que convencer de su gestión, ya que es a ellos a quienes les van a sacar la pasta. Ya no vale el discurso victimista frente al Estado, que hoy han hecho suyo, excepción hecha de Madrid, especialmente las comunidades más ricas, como Cataluña y País Vasco.

Además, un sistema fiscal completamente descentralizado, un federalismo fiscal, favorecería la competencia entre las comunidades, algo que sólo puede beneficiar a los sufridos contribuyentes. Muchos echarán en falta la solidaridad, pero esta sólo tiene valor moral si es voluntaria, y de hecho sólo resulta efectiva cuando es privada. Y en esa competencia fiscal, son las comunidades más pobres las que más pueden salir ganando.

Sería tan sencillo como que el Estado fije un tramo común del IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades y, con ciertas normas comunes, cada autonomía sumase a éstos sus impuestos. Pero ¿ven a algún partido político proponiéndolo? Será que no les interesa.

Federalismo para España

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La Comunidad de Madrid ocupa la octava posición entre las regiones de España con menor tasa de paro; es decir, aún hay nueve comunidades peor posicionadas que ella. Su tasa de desempleo es del 10,15% y la de la región con menos paro, Navarra, es del 8,12%. Apenas dos puntos porcentuales separan a Madrid de ser la comunidad con menos paro de España; ¿saben cuántos puntos separan a Extremadura? Nueve. ¿Y a Canarias? Trece. ¿Y a Andalucía? Trece y medio. Pero no, Madrid sí merece una manifestación, al contrario que el Ejecutivo socialista que ha posicionado al presidente de la comunidad autónoma con más desempleo de España en la vicepresidencia del Gobierno.

Teniendo en cuenta que la tasa de paro general de España es del 13,91%, no parece que una del 10,15% implique que se está sufriendo más la crisis que en el resto del país.

Pero, ¿qué más da? Los sindicatos de todo el orbe, incluyendo los españoles, nunca han defendido a los trabajadores, sino a sus afiliados y a sus cuadros directivos. No buscan mejorar el bienestar de todos los individuos, sino alcanzar ciertas metas políticas como convertirse en parte de un Estado cuyo tamaño no pare de acrecentarse.

La economía se la trae completamente al pairo. Sólo así puede entenderse que en medio de la crisis económica más severa que haya sufrido España en décadas, al secretario general de la UGT se le ocurra proponer la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales. O sólo así se comprende que repitan y prometan que el fraudulento sistema de pensiones español no está en peligro.

La realidad no les interesa en absoluto. El mundo sólo es y puede ser como ellos creen que debería ser: un mundo donde el Estado omnipotente puede solucionar todos los problemas sociales mediante un decreto redactado por los propios sindicatos.

Pero las cosas no funcionan así. Ni la Comunidad de Madrid es la más castigada por la crisis, ni las soluciones a la misma pasan por seguir sus disparatas propuestas, a saber, incrementar la rigidez del mercado laboral español y conservar una Seguridad Social quebrada y que perjudica especialmente a los trabajadores.

Y es que a ellos poco les importa la realidad. Para algo llevan años encaramados en una burocrática asociación que medra gracias a la preponderancia artificial y a las transferencias coactivas de renta que les concede el Estado. Son simples lobbys que sobreviven haciendo ruido y maltratando a todos los españoles, incluyendo a los trabajadores y excluyendo a los liberados sindicales.

Ése es todo el misterio de tamaño sectarismo e ignorancia. Anthony Downs, aplicándola a otro contexto, la denominó hace 50 años "ignorancia racional". Y lucrativa, cabría añadir.

Puritanismo censor progresista

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Siempre se reconoció que los Estados, que formaron un acuerdo de unión, se podían desasir con la misma libertad con que se entrelazaron. El Norte, especialmente, apeló a aquél derecho en 1803, en 1809, en 1812, en 1848… El sur tomó el testigo de los movimientos secesionistas a medida que iba perdiendo peso en el conjunto del país. La Guerra entre los Estados, librada por Lincoln, acabó con todo ello.

Pero como la historia es tozuda y los hombres más, las razones que llevaron a Massachussets, Carolina del Sur o Texas, entre otros, a proclamar su secesión reaparecen de cuando en cuando. Estos días conviven las palabras “tea party” y “secesión” en un giro de los acontecimientos ciertamente interesante. En todo el país se han celebrado “tea parties” para exigirle a los políticos que se arreglen sus componendas con menos impuestos. En Texas, esas exigencias las ha hecho el propio gobernador, Rick Perry, quien ante los periodistas recordó lo siguiente:

Texas es un sitio único. Cuando pasamos a formar parte de la unión en 1845, una de las condiciones fue que tendríamos el derecho de abandonar si decidíamos hacerlo. Mi esperanza es que America y Washington en particular, presten atención. Tenemos una gran unión. No hay absolutamente ninguna razón para disolverla. Pero si Washington continúa metiendo sus narices en (la vida de) los americanos, quién sabe qué resultado podría tener ello”.

Perry se refirió a la décima enmienda, interpretada en el sentido de que cualquiera de los Estados tiene la capacidad de rechazar la legislación federal que considere que no está acorde con los derechos de sus ciudadanos. Una mención que recuerda la teoría de la “anulación” que alegó Carolina del Sur para desasirse de la Unión.

La separación de poderes, que ha sido más efectiva en Estados Unidos que en ningún otro país, muere año a año para dar lugar a una pastosa concentración de poderes en manos del Ejecutivo, de modo que no resulta efectiva para frenar el poder. Sólo la verdadera amenaza de la secesión por parte de los Estados podría contribuir a frenar la tendencia secular a que el Gobierno Federal se convierta en todopoderoso.

Lo más probable es que todo se quede en un gesto retórico. Pero las fuerzas sociales que hay detrás de esas palabras son poderosas. Y pueden cambiar la historia de aquél país.