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Puritanismo censor progresista

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Siempre se reconoció que los Estados, que formaron un acuerdo de unión, se podían desasir con la misma libertad con que se entrelazaron. El Norte, especialmente, apeló a aquél derecho en 1803, en 1809, en 1812, en 1848… El sur tomó el testigo de los movimientos secesionistas a medida que iba perdiendo peso en el conjunto del país. La Guerra entre los Estados, librada por Lincoln, acabó con todo ello.

Pero como la historia es tozuda y los hombres más, las razones que llevaron a Massachussets, Carolina del Sur o Texas, entre otros, a proclamar su secesión reaparecen de cuando en cuando. Estos días conviven las palabras “tea party” y “secesión” en un giro de los acontecimientos ciertamente interesante. En todo el país se han celebrado “tea parties” para exigirle a los políticos que se arreglen sus componendas con menos impuestos. En Texas, esas exigencias las ha hecho el propio gobernador, Rick Perry, quien ante los periodistas recordó lo siguiente:

Texas es un sitio único. Cuando pasamos a formar parte de la unión en 1845, una de las condiciones fue que tendríamos el derecho de abandonar si decidíamos hacerlo. Mi esperanza es que America y Washington en particular, presten atención. Tenemos una gran unión. No hay absolutamente ninguna razón para disolverla. Pero si Washington continúa metiendo sus narices en (la vida de) los americanos, quién sabe qué resultado podría tener ello”.

Perry se refirió a la décima enmienda, interpretada en el sentido de que cualquiera de los Estados tiene la capacidad de rechazar la legislación federal que considere que no está acorde con los derechos de sus ciudadanos. Una mención que recuerda la teoría de la “anulación” que alegó Carolina del Sur para desasirse de la Unión.

La separación de poderes, que ha sido más efectiva en Estados Unidos que en ningún otro país, muere año a año para dar lugar a una pastosa concentración de poderes en manos del Ejecutivo, de modo que no resulta efectiva para frenar el poder. Sólo la verdadera amenaza de la secesión por parte de los Estados podría contribuir a frenar la tendencia secular a que el Gobierno Federal se convierta en todopoderoso.

Lo más probable es que todo se quede en un gesto retórico. Pero las fuerzas sociales que hay detrás de esas palabras son poderosas. Y pueden cambiar la historia de aquél país.

¡Secesión!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No hay ninguna razón ni filosófica ni práctica que justifique la existencia de veinte televisiones propiedad de las comunidades autónomas, además de las dos cadenas estatales analógicas y sus derivados digitales. Cuando un servicio es prestado a los ciudadanos por la iniciativa privada, la existencia de competidores que se financian con fondos públicos es un absurdo y un agravio comparativo que sólo tiene razón de ser en el deseo de los políticos por controlar los medios de comunicación.

Nada habría que objetar si el PP y el PSOE crearan cada uno su cadena de televisión con dinero de sus afiliados, pero hacerlo a costa del bolsillo de todos los ciudadanos que ya reciben un servicio mejor y más barato por parte de operadores privados es un lujo inadmisible, sobre todo en medio de una catástrofe económica como la actual.

Las televisiones autonómicas son tan innecesarias como TVE y, en conjunto, mucho más gravosas, por sorprendente que pueda parecer conociendo las pérdidas astronómicas de la televisión estatal. En la mayoría de los casos son un cementerio de elefantes para los políticos desahuciados y un vehículo excepcional para regalar dinero a los amigos a costa del contribuyente, con la única condición de que los gobernantes de turno aparezcan diariamente no menos de cinco veces, aunque sea inaugurando los mingitorios de un centro de la tercera edad.

Habría que cerrarlas todas previa subasta o, mejor aún, regalárselas directamente al grupo PRISA. Con la sagacidad empresarial propia de la casa, en un par de años no quedaría ni una. Eso que saldríamos todos ganando.

Un sector en ebullición

Escrito por Rafa Fernández Tamames en . Publicado en Artículos en prensa.

Zapatero decidía nombrar como ministra de cultura a Ángeles González-Sinde, la ya ex-presidenta de la Academia del Cine (la Academia de la Ceja, ya saben). Como correctamente señaló la Asociación de Internautas, este nombramiento es una provocación a todo el mundo de internet de nuestro país. Si ya soportábamos una política nefasta desde el Ministerio de Cultura, sólo nos faltaba que uno de los mayores beneficiados por el Gobierno, el sector del "cine", colocara a su máxima representante como ministra. Una gran mayoría pedimos su recusación inmediata, y no sólo por frases tan brillantes como "¿Para qué necesitamos ADSL a no sé cuántos gigas?", sino porque el conflicto de intereses es manifiesto.

Por otra parte, además de padecer una ministra dispuesta a cercenar nuestras libertades en internet, los medios de comunicación viven en permanente tensión y los de internet, si cabe, un poco más. Si este miércoles nos levantábamos con muy buenos datos para los medios digitales, la alegría se ha cortado rápidamente, ya que Vocento ha decidido retirar a todos los suyos de la medición de OJD, sumándose al diario El País, que ya acordó su salida hace tiempo. Juan Varela se pregunta acertadamente si es viable un sistema de recuento sin El País y sin Vocento: probablemente no. Como ya comenté en un artículo anterior, en España estas mediciones son un verdadero caos y las asociaciones encargadas de realizarlas, que tanto presumen de haber trabajando en ellas desde hace años, deberían revisar qué han hecho mal para que esto ocurra.

Pero no todo han sido malas noticias para el sector. Una semana antes del nombramiento de la ministra SINDEscargas, en Madrid se celebró la quinta edición de la feria y congreso de marketing digital más importante de España, OME, de la que soy director de Contenidos y Operaciones. Es una alegría haber comprobado como OME se ha consolidado como el principal evento de marketing online de nuestro país. Pudimos contar con los máximos responsables de empresas como Google, Spotify, Nielsen, Comscore o Danoo para contarnos las principales novedades del sector digital. El área del marketing digital ha elegido su punto de reunión anual y eso refuerza la madurez del mismo en este año tan vital.

PD: No quiero dejar pasar la oportunidad para dar mi apoyo a Federico Jiménez Losantos que en estas últimas semanas ha vuelto a comprobar en carne propia lo difícil que es defender las libertades en nuestro país. Todo mi apoyo para él.

Democracia… ¿liberal?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Si bien, el término liberalismo no fue empleado hasta bien entrado el siglo XIX, es común referirse a él como un movimiento contrario a la organización política y social propia de los Estados absolutistas de la época moderna, los cuales se originan a través de un progresivo proceso de centralización, tanto económico como militar y jurídico, y cuyo desarrollo procede a la sustitución del orden medieval hasta entonces vigente en Occidente.

Tal organización se encontraba estructurada sobre una serie de estamentos sometidos a un monarca, el cual fijaba un particular sistema de privilegios sancionado por una legitimación de carácter teocrático consistente en la creencia de que el poder político del rey procede directamente de Dios, y en tal orden cada individuo debía ocupar un lugar en el estamento que le había sido asignado, en la mayoría de los casos por nacimiento, lo cual, como es lógico, dificultaba enormemente la movilidad social.

Sin embargo, ante tal organización sociopolítica surge un importante y creciente movimiento crítico encabezado por la burguesía, cuya principal demanda se centrará en la proclamación de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos frente a la arbitrariedad y excesivo poder que el monarca y sus funcionarios trataban de ejercer tanto en el ámbito económico como en el tributario y comercial, lo cual viene a coincidir históricamente con el inicio de la producción capitalista y el surgimiento del primer liberalismo político.

Y es que, el Estado preliberal propio de los s. XVII y XVIII se caracterizaba por la puesta en práctica de la visión mercantilista en materia económica, ejerciendo por ello un exhaustivo control y proteccionismo en lo que respecta a diversas actividades a través del establecimiento de "monopolios reales". Según esta misma visión, la riqueza debía estar controlada y dirigida directamente por el Estado, puesto que los intereses privados eran interpretados como básicamente incompatibles en relación al bienestar e interés general. Ante esto se enfrenta, fundamentalmente, la emergente burguesía de la época articulada en torno al pensamiento teórico liberal.

Así pues, podemos concebir el mercantilismo y el absolutismo político como dos fenómenos íntimamente vinculados a los que se opuso y enfrentó el liberalismo. En este sentido, el sistema mercantil-absolutista del A.R. fue progresivamente sustituido por el sistema productivo capitalista y por el Estado liberal de derecho, primeramente en Inglaterra, Estados Unidos y Francia y, posteriormente, en la mayoría de Estados occidentales.

Lo realmente significativo de tal proceso es que la democracia, como movimiento político y corriente de pensamiento, fue plenamente ajena al triunfo del liberalismo sobre la estructura de poder absolutista. Ello se debe a que el fundamental proceso de despolitización social y económica impulsado por la corriente liberal, que se basaba en el apoyo y defensa de asociaciones que actuaban al margen e independientemente del Estado, tiene su origen en la fundamentación teórica propia y característica de la regulación liberal, cuyo fin consistía en la protección del ciudadano frente al ámbito de actuación del Estado absolutista de aspiración despótica.

Precisamente por ello, el liberalismo político no puede ser reducido a un mero movimiento en defensa del sistema capitalista emergente, error conceptual en el que han caído numerosos autores y perspectivas, puesto que, por el contrario, se trata más bien de una teoría política cuyo fin básico se centra en lograr la limitación efectiva del poder político y la consiguiente protección del individuo frente a la acción estatal.

Por el contrario, el liberalismo surge como un movimiento o corriente de pensamiento que logra articular y construir la base del denominado Estado liberal mediante la aplicación de una serie de mecanismos institucionales con el fin de limitar el poder coactivo y arbitrario ejercido desde el Estado:

  1. Proclamación, defensa y reconocimiento de una serie de derechos y libertades individuales en relación con los valores fundamentales de libertad e igualdad. Conceptos ambos que son concebidos como algo "natural" e inherente a la condición humana y, por lo tanto, han de ser considerados como previos a la institución del Estado (Locke).
  1. El principio de división de poderes (Montesquieu) como mecanismo institucional básico para evitar la concentración del poder político, tratando así de limitar al máximo su ámbito de actuación y la naturaleza de su ejercicio, inherentemente arbitraria. Tal principio se opone radicalmente a la concepción desarrollada por Rousseau en lo que respecta a la indivisibilidad de la soberanía popular. Sobre tal idea se asienta, precisamente, la "democracia radical" o también llamada "democracia totalitaria", cuya puesta en práctica se materializa en el Régimen del Terror jacobinista encabezado por Robespierre, surgido tras la Revolución Francesa.
  1. Una limitada participación ciudadana en la elección de un órgano legislativo (Madison, Hamilton, Constant, Tocqueville, James Mill, entre otros).
  1. El principio de legalidad, mecanismo por el cual la actuación de los poderes públicos debe atender exclusivamente a lo dispuesto por las normas jurídicas, pero cuyo desarrollo se fundamenta en una determinada concepción con respecto a lo que debe ser entendido por Derecho (derecho natural).

De este modo, observamos que la libertad se instaura como fundamento básico sobre el que se estructura el nuevo sistema político surgido tras la caída del A.R., puesto que el objetivo se centra en garantizar la defensa del ámbito individual frente a la injerencia de la actuación pública, en contraposición directa con el sistema de privilegios e impunidad estatal presentes en el anterior sistema.

Así pues, la libertad y la igualdad se constituyen como valores básicos del Estado liberal, pero éstos han de ser interpretados en un sentido muy concreto, en tanto concepto de libertad negativa e igualdad jurídica (ante la ley).

El estado liberal es aquel que ha consentido la pérdida del monopolio del poder ideológico a través de la concesión de los derechos civiles […], y la pérdida del monopolio del poder económico a través de la concesión de la libertad económica, y ha acabado por conservar únicamente el monopolio de la fuerza legítima, cuyo ejercicio, no obstante, queda limitado por el reconocimiento de los derechos del hombre y por los distintos vínculos que dan origen a la figura histórica del Estado de derecho.

Bobbio, N., El futuro de la democracia.

Así pues, por primera vez en la historia de las ideas políticas, el liberalismo logra exponer claramente las potencialidades y ventajas, tanto a nivel político como económico y social, de un particular acuerdo en favor de la diversidad y pluralidad de intereses frente a la perspectiva de la homogeneidad y el consenso social.

Es, por ello, evidente que nada tiene esto que ver con la demokratia griega, es más, se puede incluso llegar a afirmar que tal proceso liberal ni siquiera presenta una relación directa con nuestro actual sistema democrático, puesto que sus fundadores se mostraron generalmente reacios y contrarios a aceptar los derechos democráticos de carácter participativo, tales como el sufragio universal o el referéndum.

[…] el primero era negado normalmente en relación con la teoría de la soberanía nacional (contrapuesta a la de la soberanía popular). Se afirmaba que al ser la Nación […] el sujeto de la soberanía no era necesario que se aceptase el derecho de voto de todos los integrantes de esa unidad, sino que era suficiente que una minoría expresara aquella soberanía: los propietarios, o más exactamente, aquellos ciudadanos que constaban en el censo de contribuyentes (sufragio censitario). Por otra parte, en el primer liberalismo prevalecía la concepción individualista contraria a aceptar la regulación jurídica de grupos de intereses organizados como agentes políticos del sistema (partidos, asociaciones sindicales, etc.) cuya existencia fue perseguida durante buena parte del s. XIX en la mayoría de Estados europeos.

Ferrán Requejo Coll, Las democracias.

Así pues, el Estado liberal de derecho constituye un específico y concreto "modelo de Estado" que se diferencia claramente de nuestro actual modelo vigente, pero no sólo a nivel institucional y práctica política sino, sobre todo, en cuanto a valores, principios y contenidos teóricos conceptuales.

¿Éstas son las recetas del PP contra la crisis?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Que los políticos se tienen un amor propio desmedido y que ansían más que nada acceder al poder para arreglarnos la vida, es algo que ya sabíamos. Lo que desconocíamos hasta la fecha eran las propuestas con las que los populares pretenden arreglarnos la vida. Pero no se preocupen, mientras algunos dirigentes socialistas aprovechaban la Semana Santa para tomar el Sol, el denodado equipo económico de Rajoy se quedó sin vacaciones para parir el programa económico que nos sacaría de inmediato de la crisis. 

¿Y cuáles son esas reformas tan útiles para España? Primero, un libertario compromiso de no incrementar el gasto público más de un 2% al año… pero sólo mientras dure la crisis, no vayamos a pasarnos. Sin duda, se trata de lo que España necesita: más gasto público en un contexto de caída de ingresos fiscales, es decir, más déficit público. Un tanto a favor de la austeridad de las Administración Públicas.

Segundo, incrementar la deducción fiscal por vivienda del 15% al 25% (buena manera de financiar el incremento del 2% en el gasto público), a ver si de este modo logramos reinflar la burbuja inmobiliaria y volver a empezar.

Tercero, mejorar la fiscalidad para los autónomos y pymes. Nunca para las grandes empresas, que son los instrumentos con los que los capitalistas explotan a los pobres trabajadores. Bueno, corrijo. Las grandes empresas automovilísticas sí recibirán ayudas fiscales que, por lo visto, son un lobby más eficiente.

Cuarto, una reforma del mercado laboral perfilada a través del diálogo social. Los malos tiempos del decretazo ya pasaron para el PP. Hay que exhibir buen talante, aun cuando ello implique seguir mandando a miles de personas al paro. Por cierto, si en el tema del paro el PP propone exactamente lo mismo que el PSOE, ¿debo pensar que los parados españoles no tienen que esperar nada nuevo del PP y que éste es tan culpable como el PSOE de su situación actual?

Quinto, incrementar el gasto público en infraestructuras. Les falta añadir una felicitación a Blanco por proponer lo mismo.

Y sexto, consolidar el Estado de bienestar. Algo que no tiene demasiado que ver con la salida de la crisis (salvo si fuera para adelgazarlo y bajar impuestos) pero que siempre queda bien en un documento económico y permite despejar dudas –si es que quedaba alguna después de leer todo lo anterior– de que el PP no es un partido ultraliberal comeniños. No hace falta que lo juren, siguen en la inopia.

Pero claro, debemos tener presente que este tipo de programas suelen representar los máximos de la acción política. Una cosa es prometer desde la oposición y otra, muy distinta, ejecutar desde las instituciones. Por eso, no está de más fijarse en las políticas populares realmente existentes allí donde gobiernan. Por ejemplo en Galicia.

Feijóo se presentó como un revulsivo frente a la crisis y ¡vaya si lo va a ser! Los promotores inmobiliarios ya deben estar frotándose las manos con el plan de rescate que este austero político les ha prometido (qué buenas son y cuánto empleo crean las grandes empresas en quiebra como las automovilísticas y las promotoras).

Sin embargo, tal vez los gallegos y el resto de españoles –a quienes se les quiere bajar los impuestos al tiempo que obligar a sufragar todos estos dispendios– deberían preocuparse un poquito más por este tipo de medidas contraproducentes y demagógicas.

Lo esencial: España ha sufrido una de las burbujas inmobiliarias más grandes del mundo y tiene que corregirse, lo que significa liquidación a muy bajos precios de todos los excedentes de pisos y quiebra de todas las promotoras que no puedan resistir esa liquidación de stocks. Si en 2006 España producía 800.000 viviendas anuales, es evidente que algunos promotores tienen que empezar a buscarse otra ocupación (a menos, claro, que la propuesta de Rajoy pase por edificar toda la península ibérica).

Si Feijóo compra a los promotores sus stocks de viviendas a los artificiales precios de la burbuja, no sólo les está regalando el dinero por haberse equivocado en el pasado, sino que está impidiendo que esas viviendas se vendan a precios suficientemente bajos como para que empresarios e inversores las destinen a proyectos que generen riqueza y encarrilen la recuperación.

Si en Estados Unidos algunos comienzan a hablar de un amago de mejora es porque allí del sector inmobiliario –donde comenzaron todos los problemas– ya ha terminado de ajustarse pese a los esfuerzos de Bernanke por volver a crear otra burbuja. En España ese ajuste ni está ni se le espera, básicamente porque todos los que han malinvertido en vivienda –promotores y bancos– saben que podrán chupar del bote del erario público gracias a la magnífica predisposición de todos nuestros políticos. ¿Para qué van a vender al sector privado los inmuebles a precios de ganga si saben que pueden colocárselos a los políticos a los infladísimos precios de la burbuja?

La típica picaresca española no cambia. La tradicional animadversión del PP a un mercado libre que no pueda dirigir y aprovechar para beneficio propio, tampoco.

Liberando a Cuba desde fuera

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Todas las limitaciones a la frecuencia y duración de las visitas de cubano-americanos a sus familiares en Cuba serán suspendidas, y se aumentarán los límites de gasto y de equipaje. Todas las restricciones a las remesas de dinero (que antes tenían topes de cantidad, de frecuencia de envío, etc.) serán eliminadas, manteniéndose la prohibición de subsidiar a miembros del Gobierno o del Partido Comunista. A partir de ahora un cubano-americano podrá visitar a sus padres o abuelos cuando quiera y enviarles tanto dinero como estime oportuno sin interferencia del Gobierno federal.

La iniciativa también autoriza el establecimiento de servicios de telecomunicaciones que creen vínculos entre cubanos de fuera y dentro de la isla. Se otorgarán licencias a operadores que quieran conectar el continente con la isla mediante satélite o fibra óptica, o que deseen ofertar servicios de radio, televisión o telefonía a usuarios cubanos. Así mismo se permitirá la exportación o re-exportación a Cuba de aparatos electrónicos como móviles, antenas, computadoras o software. Las regulaciones limitando el envío de regalos y donaciones también serán revisadas y relajadas.

La Fundación Nacional Cubano-Americana en Miami ha aplaudido esta medida, y el editorial del Miami Herald también la ve con buenos ojos, aunque hace un llamamiento a exigir reprocidad por parte del Gobierno cubano. La reacción de los exiliados cubanos es mixta: la vieja guardia es crítica con el cambio argumentando que la entrada de remesas y visitantes beneficiará al régimen castrista, pero muchos otros ya están planeando su viaje a la isla para visitar a la familia.

El cambio de rumbo de Obama es un paso en la buena dirección, independientemente de lo que decida hacer el régimen cubano. Es discutible que estas restricciones presionaran al Gobierno castrista en el sentido de aplicar reformas, lo que es indiscutible es que para hacerlo vulneraban el derecho de los cubano-americanos a visitar a sus seres queridos y a ayudarles con su propio dinero. El siguiente paso sería empezar a desmantelar el embargo comercial vigente desde la Revolución comunista y que prohíbe a todos los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con cubanos o viajar a la isla por turismo. La lógica de un embargo comercial es la siguiente: las restricciones provocan carestía añadida de bienes y servicios, la sociedad sufre esa carestía y advierte que el Gobierno podría aliviarla si accede a las reformas, la sociedad presiona al Gobierno para que implemente reformas y el Gobierno acaba cediendo. Un claro ejemplo de la infame máxima de que el fin justifica los medios, pues el embargo solo ejerce presión si la población sufre.

Cuando el Gobierno gestiona más del 70% de la economía y emplea a tres cuartas partes de la masa laboral, la presión también proviene del lado de los ingresos: el Gobierno recauda menos fondos y cuenta con un presupuesto menor que limita su capacidad de maniobra. Pero es la población, casi toda funcionaria por necesidad u obligación, la que padece en sus carnes la escasez, y al Gobierno le basta la superioridad militar y propagandística para imponerse.

En coherencia, los proponentes del embargo cubano deberían apoyar un bloqueo internacional de duración indefinida. En rigor deberían incluso oponerse a las excepciones que autorizan la exportación a la isla de comida y medicamentos, pues alivian la carestía de la población y la presión ejercida sobre el Gobierno. Cabe preguntarse qué opinarían los cubanos de un embargo internacional que iba a sumirles aún más en la pobreza, y si sus valedores lo impondrían en contra de su voluntad "por su propio bien". Si uno está en contra de estas medidas tan drásticas debería oponerse también al embargo y a las demás restricciones, que son de la misma naturaleza pero a una escala menor.

El embargo sirve en realidad de chivo expiatorio del fracaso comunista. Su supresión no es la panacea, pero puede contribuir a la erosión del régimen. En primer lugar, porque la promoción del comercio, la inversión y el libre movimiento de personas reportaría más bienestar e ideas nuevas a la sociedad cubana. Habría más interacción entre estadounidenses y cubanos, y el adoctrinamiento y la propaganda hacen menos mella cuando la gente está expuesta a versiones alternativas de "la verdad". El bienestar también suele generar una demanda de libertad política. En segundo lugar, el embargo y las restricciones son utilizadas por el Gobierno para desviar las miradas y las críticas hacia los "enemigos externos". En ausencia de embargo, el régimen se queda sin excusas, su fracaso es menos maquillable y es más probable que la ciudadanía exija responsabilidades a su Gobierno.

El embargo comercial es juzgado, como la mayoría de políticas públicas, más por sus intenciones que por sus resultados, que en este caso han sido nulos durante cinco décadas. El embargo satisface el reclamo moral de "hacer algo" contra la injusticia, pues la inacción estatal suele interpretarse como un acto de pasotismo que a nada conduce. Pero después de demostrarse infructuosa por tanto tiempo esta vía de acción, vale la pena darle una oportunidad a un nuevo enfoque.

¿Crean los bancos dinero de la nada?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Crean los bancos dinero de la nada?

Una de las críticas más recurrentes que se dirige contra la banca, especialmente en esto tiempos de crisis, es que "crea dinero de la nada". Aunque la frase sea potente, ya que transmite en pocas palabras un mensaje con un poso de realidad, no es del todo correcta.

Con este artículo no pretendo exponer ninguna doctrina sistemática sobre el funcionamiento y los límites del negocio bancario; tampoco quiero exculpar a la banca de su enorme responsabilidad en la gestación de esta crisis. Me basta con clarificar el alcance que tiene la afirmación. Para ello, me centraré en comentar los dos argumentos que contiene, a saber: a) la banca crea dinero y b) lo crea de la nada.

Comenzaré por el final, ya que es la parte más sencilla. ¿Crea la banca el dinero de la nada? Dicho así parece que los bancos puedan incrementar ilimitadamente la cantidad de dinero que hay en una economía sin coste alguno. Sin embargo, deberíamos tener siempre clara cuál es la diferencia entre un banco y un falsificador. El banco reconoce el "dinero" que crea como un pasivo propio mientras que el falsificador no. En otras palabras, el banquero cada vez que crea "dinero" asume una obligación (a diferencia del falsificador, quien se desvincula de su "obra" después de utilizarla) y por tanto no crea dinero de la nada, sino a partir de las obligaciones patrimoniales que asume.

Cuáles sean el contenido y las posibilidades reales que tenga de cumplir con esas obligaciones son cuestiones distintas. Pero lo que queda claro es que ningún banquero se desentiende por completo de la gestión de su activo, ya que éste representa los medios con los que podrá (o no) cumplir con las obligaciones asumidas, es decir, el activo del banco queda sujeto a la satisfacción de su pasivo. De hecho, si los bancos crearan dinero "de la nada" sería imposible que quebraran: bastaría con que se recapitalizaran a sí mismos mediante el dinero que crean.

Ahora bien, mi crítica a la frase de marras va más allá de que el "dinero" que crean los bancos surja o no de la nada. ¿Realmente los bancos crean "dinero"? En este punto nos topamos con una cuestión terminológica que no tendría mayor importancia si no fuera porque se extraen implicaciones erróneas de la misma.

Definir el dinero es un asunto conflictivo, ya que requiere el examen y refutación de las definiciones conflictivas. Dado que no tengo espacio para ello, me limitaré a exponer mi definición: el dinero es el bien más líquido de un mercado. La liquidez, como ya expuse en otra ocasión, no es una propiedad libérrimamente subjetiva, sino que depende de elementos objetivos.

Las propiedades que determinan la liquidez de un bien también resulta aplicables a los activos financieros, pero con un matiz importante: dado que los activos financieros son siempre algún tipo de obligación (deuda), su liquidez estará limitada por la liquidez de los bienes reales disponibles para su satisfacción. Dicho de otra manera, la liquidez de los activos financieros es siempre una liquidez derivada y no originaria.

Dado que los bancos sólo crean "dinero" a través de sus pasivos (billetes y depósitos), la liquidez máxima de estos activos financieros estará restringida por la liquidez de los activos reales del banco (y de los activos reales de los deudores del banco). En la medida en que el banco no puede crear liquidez originaria (dinero), me parece forzar el lenguaje y decir que la banca tiene la capacidad de crear "dinero".

En realidad, los bancos lo que hacen es gestionar sus activos (reales y financieros) para poder satisfacer los pasivos que emiten. Que esos pasivos tengan una cierta negociabilidad (es decir, que los agentes económicos los acepten por su nominal, sin descuento) es otro fenómeno que no debe confundirse con la creación de "dinero" y que tiene su explicación en la presunta buena gestión de su liquidez que harán los bancos (lo cual les permitirá cumplir en todo momento con sus pasivos). Ésa es en última instancia la diferencia entre los pasivos de la banca y los de cualquier otra unidad económica (los primeros son muy negociables por la supuesta liquidez de su emisor y los segundos no), que no siempre ha sido tan tajante: al fin y al cabo, los pasivos de los orfebres fueron durante mucho tiempo altamente negociables y utilizados como "dinero" y en la Inglaterra de la primera mitad del s. XIX muchos pequeños comerciantes como panaderos o carniceros emitían obligaciones a la vista pagaderas en billetes del Banco de Inglaterra o en oro.

Y por ese mismo motivo, el problema de la banca no es que cree dinero de la nada, sino que asuma obligaciones que será incapaz de cumplir (incentivado por un prestamista de última instancia que en apariencia ofrece una cobertura total contra su iliquidez) y que mediante este proceso enmascare una degradación de las posiciones de liquidez de todos los agentes económicos.

Pero de esto último a "crear dinero de la nada" hay una distancia lo suficientemente grande e importante como para olvidarla.

Malditos mínimos de calidad

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los aspectos que más le gusta regular a los gobiernos es el de los requerimientos mínimos que ha de cumplir un producto o servicio para poder ser comercializado. Es un aspecto bastante atractivo, con el que nuestros políticos consiguen ponerse medallas a un bajo coste político. Evidentemente, las medallas se las ponen únicamente aquellos consumidores poco familiarizados con la teoría económica. Y el bajo coste es solo político, pues supone altos costes directos para las empresas que los sufren, e indirectos para los ciudadanos, sí, los mismos que alegremente ponen al político regulador la medallita.

Porque la imposición de requerimientos mínimos de calidad tiene dos efectos directos, ambos negativos para el consumidor: la erección de barreras de entrada a posibles competidores y la elevación de los costes de producción, lo que a su vez conllevará el incremento del precio del producto. En definitiva, gracias a la fijación de mínimos de calidad se excluye a muchos potenciales oferentes del producto y a muchos segmentos de demandantes.

Veámoslo con un ejemplo. Quién más y quien menos habrá ido a la típica verbena de un pueblo pequeño, o a las actuaciones de verano de un hotel. Los artistas profesionales, las orquestas, cantantes o magos que aquí actúan realizan un excelente trabajo, muchas veces en condiciones bastante adversas, pero no suelen tener de un gran nivel de calidad.

Imaginemos que pasaría si algún iluminado de la administración decidiera regular unos mínimos de calidad para la actuación de artistas al público. Como no soy experto en estos parámetros, permitidme que no dé detalles de cual podría ser esa regulación, pero aceptemos que se requieren ciertas dotes determinadas, o una formación de varios años, o pasar un determinado examen.

Muchos de los artistas que en la actualidad ofrecen sus servicios, ya no podrían hacerlo, al menos de forma legal. No es que dichas actuaciones no sean valoradas por los clientes, simplemente que no cumplen los mínimos requeridos por el funcionario. Por supuesto, la audiencia seguiría disfrutando con la actuación, aunque, como antes, preferiría a Madonna o a Martes y 13.

Sin embargo, esos artistas de mayor calidad exigen una mayor retribución que la exigida por los artistas normales. Por tanto, los hoteles, ayuntamientos o simplemente clubes que antes podían permitirse pagar algunas de esas actuaciones, ya no pueden hacerlo. Automáticamente, estos segmentos quedan excluidos del producto. Los niños de los pueblos antes tenían su función de magia anual, lo mismo que los abueletes su ración de pasodoble. Gracias a la nueva regulación, los ayuntamientos ya no podrán pagar ni mago ni orquesta para que amenice las fiestas. Niños y abueletes quedan igualmente perjudicados por esta medida que aparentemente les beneficiaba.

No acaban aquí los efectos dañinos, por desgracia. Aquellos artistas que cumplan con los mínimos de calidad están ahora más protegidos frente a los competidores "de bajo coste", por lo que pueden exigir un precio mayor por sus servicios. En efecto, pensemos en un grupo de aficionados al flamenco. No son muy buenos, pero ensayan en sus ratos de ocio y, eventualmente, consiguen unos contratillos para ofrecer bailes en hoteles o discotecas. Gracias a este contrato inicial, quizá se puedan plantear dedicarse a tiempo completo al arte, y poco a poco mejorar en calidad hasta suponer una amenaza (se entiende competitiva) a los artistas consolidados.

Pues bien, gracias a la regulación de mínimos, esto no podría pasar. Los artistas del párrafo anterior deberán conseguir su nivel de excelencia ensayando mientras compatibilizan su afición con un trabajo que les dé de comer, lo que es bastante más difícil. Así las cosas, pocos artistas podrán avanzar por esta vía hacia el estrellato, dejando más confortable la posición de los artistas "de calidad".

En este ejemplo hemos hablado de artistas, actividad no sujeta a regulación de mínimos. Alguien puede pensar que esta regulación es lo excepcional, pero no es así. Una simple mirada a nuestro alrededor basta para confirmar que son numerosísimas las actividades y productos de los que la regulación exige un mínimo de calidad, sea de una forma u otra: médicos, arquitectos, manipuladores de alimentos, abogados… incluso porteros de discoteca (desde hace poco en Madrid).

En todos estos casos, puede que, sí, se consiga un producto de mejor calidad (no me atrevería a decir garantizada). Pero se trata de un producto al que solo pueden acceder determinadas capas de la población, y a un precio más alto del que correspondería.

Para el que dude de la calidad que se conseguiría en ausencia de la regulación, no olvidemos que los "productores" de los servicios, regulados o no, pretenden vivir bien de dicho comercio, por lo que la calidad del producto está asegurada por el propio interés de supervivencia del productor. En un libre mercado, el artista o el médico malo tiene los días contados, aunque haya aprobado todos los exámenes del mundo; en el libre mercado, solo sobreviven los que ofrecen el mejor servicio posible a cada precio.

Derecho a la vida

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Cuando se observan los movimientos de un bebé en una ecografía se asiste al acontecimiento grandioso de la vida. A las 7 semanas después de la fecundación, el bebé mide ya de 17 a 22 mm, mueve sus brazos y piernas y su corazón late incansable a un ritmo de 80 latidos por minuto. Más grandioso aún es asistir al parto, o mecer al bebé en brazos y observar como duerme, mira o sonríe. Quién no haya experimentado sentimientos de ternura y de felicidad en esos momentos únicos, nunca podrá llegar a entender con propiedad la importancia de un ser humano.

Cada vida es única e insustituible. Para poder hablar con responsabilidad del derecho a la vida, sin el aislamiento propio de un mero planteamiento teórico, se necesita un mínimo de inteligencia emocional y de empatía y, desde luego, su completo desarrollo requiere haber sentido de cerca las fases de gestación, nacimiento y crecimiento de un niño.

Sin embargo, no pretendo juzgar con estas reflexiones la decisión privada de una mujer sobre su embarazo, aunque sí resaltar cómo, para el sostenimiento de la sociedad civilizada, es preciso que las instituciones ayuden a esa mujer a proteger la vida.

Defender la vida de un ser humano no debería tener que ver con la política. Debería quedar en un plano legal superior, protegido constitucionalmente y tutelado por jueces independientes, ya que está íntimamente relacionado con la viabilidad del orden extenso, complejo, abierto y evolucionado socio culturalmente, que caracteriza a las democracias occidentales más antiguas y arraigadas.

Si existe el derecho de una mujer a decidir interrumpir su embarazo, antes existe el derecho a la vida del bebé que se está engendrando en su interior, con el que colisiona directamente.

En el Estado de Texas, por ejemplo, la mujer que pretende abortar debe ser previamente asesorada por un equipo médico que le muestra imágenes reales tanto de las etapas iniciales de gestación del bebé como de los dramáticos resultados de un aborto provocado y, al mismo tiempo, le ofrece diversas soluciones de ayuda y adopción.

De un modo similar, para apelar a la responsabilidad individual sobre los propios actos, la mujer debería ser asesorada en cada hospital de Europa, con el soporte de una red asistencial adecuada que evitaría miles de muertes innecesarias, como los más de 100.000 abortos realizados durante el año 2008 en España.

Es decir, sería muy útil que existiese una red de entidades, públicas o privadas, que ante un embarazo no deseado ofreciesen a la mujer que quiere abortar la posibilidad de recibir ayuda social o de firmar la adopción de su bebé recién nacido para su cuidado por una familia con deseos de quererlo. Por ejemplo, si cada madre recibiese una asignación mensual durante su embarazo, en forma de cheque provida, se premiaría su responsabilidad al proteger la vida del bebé.

Ante la idea de que el Estado permita el desarrollo de redes asistenciales provida, hay que analizar su viabilidad en una sociedad abierta como la occidental, donde un orden extenso y complejo se genera (y es generado) por millones de ciudadanos actuando en libertad.

En primer lugar, el coste de una política provida es fácilmente asumible. Por ejemplo, si se lograsen evitar la mitad de los abortos provocados y si cada mujer que cediese su hijo en adopción percibiese 9.000 euros durante su embarazo, tan sólo se necesitarían soporte legal y financiación por importe anual de 450 millones de Euros.

La adopción provida debería promoverse desde entes privados, aunque si un Gobierno se involucrase representaría tan sólo un 0,13 % de las principales partidas de créditos por programas consignadosen el anexo I de los Presupuestos Generales del Estado español para el año 2009.

Dicha ayuda social sería mayor, si además existiese la posibilidad de prohijamiento de un bebé por parte de una familia que le asistiría durante los primeros años de vida, pudiendo mantener o ampliar las prestaciones de su tutela familiar en etapas posteriores. Como contraprestación, el bebé podría pasar vacaciones y fines de semana con la familia que le tenga prohijado y que tendría preferencia en caso de ulterior adopción.

Muchas familias estarían dispuestas a aportar dinero privado para proteger la vida de inocentes. Por ello, una nueva ley de adopción debería agilizar trámites y velar por la prestación de un servicio de calidad con entidades asistenciales, siempre bajo tutela previa por un juez independiente, que posibiliten diferentes modalidades de ayudas que incluyesen como opción la posibilidad de un acuerdo de prohijamiento o de un acuerdo de adopción entre la mujer que deseaba abortar y la familia que quisiese prohijar o adoptar su bebé.

En cualquier caso, se debe minimizar la picaresca, pero aunque existiesen algunos casos de simple lucro personal, el derecho a la vida es tan esencial para el futuro de Occidente que merece la pena su protección.

Finalmente, si los desembolsos fuesen fiscalmente desgravables, muchas familias de adopción (o prohijamiento) estarían encantadas de financiar los cheques provida y los gastos sanitarios, de manutención o educativos de los niños.

Desde luego, en vez de un Gobierno que instaure la eugenesia libre y no responsable, son siempre preferibles una Constitución que garantice un sistema judicial independiente y un Parlamento que sostenga una legislación que promueva la acción de entidades provida, públicas o privadas.

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¡Homófobo!

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Tertulianos profesionales del estilo de María Antonia Iglesias conocen el truco y lo usan con maestría para triunfar sin tener razón, y además sabiendo que no la tienen.

Eso no significa que se deba crear un índice de palabras prohibidas, o que no deban emplearse cuando se debe. Resulta ridículo, por ejemplo, el empeño de la BBC en no llamar "terroristas" a los terroristas. No obstante, son palabras que deberían ser usadas con cuidado, pues el abuso puede llevar a que pierdan para la mayoría su significado original y, con él, su fuerza. Llamar "holocausto" a una operación militar podrá resultar efectivo en términos inmediatos, pero letal a largo plazo, pues banaliza tanto la palabra como aquello que define, el asesinato de seis millones de judíos por el hecho de serlo. Claro que seguramente sea eso lo que quieren quienes así la emplean. "Fascismo" o "facha" ya han hecho ese recorrido por completo, y su significado ha pasado a ser "yo soy de izquierdas y tú de derechas", aunque en plan insultante y tinelliano.

Otra palabra que va camino de perder completamente su fuerza y significado original es "homófobo". Su definición es clara: se trata de una persona con una fobia, es decir, un odio irracional, hacia los homosexuales. Su abuso la está transformando poco a poco en "persona que no está de acuerdo con el lobby gay en tal o cual tema".

El último en ser acusado de ese pecado ha sido Amazon. Durante este fin de semana, fiesta en Estados Unidos como en tantos otros lugares, 57.310 libros han desaparecido de sus ránking. ¿Qué significa eso dentro de la tienda virtual? Pues que no aparecen en listados de éxitos ni en el sistema de recomendaciones ni en la búsqueda de productos. Es decir, que las ventas pueden bajar en picado. Dado que los libros eran en su mayoría, aunque no exclusivamente, de temática homosexual, el escándalo se propagó como un incendio por todo internet. La explicación: que por homofobia Amazon había decidido ganar menos dinero con las ventas de esos libros a cambio de no promocionarlos.

La explicación es tan absurda que no resiste ni el más mínimo análisis. Amazon es el mejor, sí, pero en un mercado altamente competitivo, en el que cualquier tropezón puede provocar una rápida huida de clientes. Los homosexuales, se los quiera discriminar o no, son parte de ese mercado, y una parte que evidentemente empezaría a comprar en Barnes & Noble y otras librerías virtuales. Además, mucha gente que no es homosexual encontraría ofensiva esa exclusión y harían algo parecido. En definitiva, Amazon no tenía ninguna posibilidad de perjudicar a los gays como colectivo (que digo yo que sería el objetivo de un homófobo) y todas las de dispararse en el pie.

En cualquier caso, como empresa privada, Amazon tiene todo el derecho del mundo a perjudicarse a sí misma y los demás a criticarla por ello. Pero no deja de ser contraproducente que cualquier cosa que afecte a los homosexuales sea tachado inmediatamente de "homófobo" y se busquen peregrinas explicaciones para justificar esa acusación. En este caso, suena mucho más razonable, sea cierta o no, la del abuso del sistema de Amazon para denunciar material "para adultos". Un blogger incluso se ha adjudicado la paternidad del ataque, ofreciendo explicaciones técnicas convincentes; es decir, que si bien puede no ser el culpable, se podría haber hecho tal y como lo cuenta, aunque su móvil para actuar suena bastante ridículo. Amazon, por su parte, ha entonado el mea culpa, atribuyendo a su propia torpeza el problema y anunciando que tomará medidas, y un antiguo trabajador de la empresa que dice contar con fuentes internas atribuye el problema a un técnico en Francia.

Cualquiera de las dos explicaciones tiene mucha más lógica que la de la homofobia. Pero parece que la gente está encantada de ejercer de nueva inquisición. No entienden que, así, van haciendo perder poco a poco el estatus que actualmente disfruta la acusación.