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La ética de la libertad y el cambio climático (1): Libertad, propiedad y agresión

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Una ética normativa con reglas universales, simétricas y funcionales está basada en el principio fundamental del derecho de propiedad. La ética de la libertad y los derechos de propiedad es la ley natural, el sistema de normas adecuadas a la naturaleza humana que permite el desarrollo y la convivencia social armoniosa y pacífica evitando, minimizando o resolviendo los conflictos tanto como sea humanamente posible.

La propiedad es el dominio de decisión legítima por el dueño, el espacio en el cual cada persona es libre de actuar según sus preferencias sin interferencia violenta de otros, cuyas valoraciones al respecto son éticamente irrelevantes. Todas las acciones pacíficas realizadas por el dueño en su propiedad están permitidas, y ninguna acción es obligatoria (no hay deberes positivos naturales). El derecho de propiedad es un derecho negativo de no interferencia. Los seres humanos no tienen derechos naturales positivos que impliquen que otros deben hacer algo por ellos, y no existen los deberes naturales hacia otros (pasados, presentes o futuros). Los derechos y deberes positivos surgen mediante contratos.

La libertad no significa una absoluta ausencia de restricciones: mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás; mi propiedad es finita y limitada por la propiedad de otros. La libertad y el derecho de propiedad son equivalentes al principio de no agresión: el inicio del uso de la fuerza no es legítimo; la fuerza sólo puede ser usada para la defensa y el establecimiento de justicia. La agresión, la invasión de la propiedad de otros sin su consentimiento, está prohibida. El agresor debe reparar los daños y compensar a la víctima.

La agresión no es solamente la noción estrecha de violencia criminal realizada por una persona contra otra y sus posesiones (asesinato, asalto, daños físicos, violación, rapto, robo). La agresión en un sentido abstracto es cualquier interferencia física perjudicial suficientemente intensa o nociva causada por una persona o sus posesiones sobre la propiedad de otros.

La propiedad, ser el dueño de algo, no es siempre buena: la propiedad no implica solamente el derecho de usar y disfrutar medios para la acción. La propiedad puede ser mala: el dueño es responsable por los daños que sus acciones y sus posesiones pudieran causar a otros (intencionados o no intencionados, conocidos o desconocidos, previstos o imprevistos). Toda acción implica la producción de residuos no deseados o desechos de los cuales el propietario debe hacerse cargo para que no dañen a otros.

Todas las cosas reales están interconectadas de forma directa o indirecta mediante fuerzas fundamentales, de modo que un cambio en una entidad causa algún efecto, grande o pequeño, sobre otras entidades. Pero las normas éticas se refieren solamente a cambios y efectos causados por la acción humana que puedan dañar a otros y originar conflictos. Estas interacciones pueden involucrar materia (sólidos, líquidos, gases; partículas macroscópicas o microscópicas), energía (calor, ondas electromagnéticas, ondas de presión) o alteraciones de condiciones ambientales naturales (fenómenos como luminosidad, presión, temperatura, vientos, humedad). Los efectos pueden ser más o menos fuertes o débiles, concentrados o difusos, directos o indirectos, locales o globales, frecuentes o infrecuentes, acumulativos o no acumulativos, instantáneos o retrasados, temporales o permanentes.

Debido a las limitaciones de la mente humana, la realidad se estudia a menudo de modo simplificado como si fuera simple y lineal: pero la naturaleza es de hecho una compleja red de entidades y relaciones. Una causa puede tener múltiples efectos sobre diferentes personas, algunos positivos y otros negativos. Un efecto puede tener múltiples causas, naturales o artificiales, por una persona o por muchas personas haciendo lo mismo (respirar) o realizando acciones complementarias (construir y conducir vehículos, producir y consumir energía). En sistemas caóticos no lineales pequeñas causas pueden tener grandes efectos (debido a amplificadores, desestabilizadores, o bucles de realimentación positiva), pero también grandes causas pueden tener pequeños efectos (debido a amortiguadores, estabilizadores, bucles de realimentación negativa).

Para ser calificados como agresiones, los eventos reales deben como mínimo ser detectables físicamente, perceptibles psicológicamente y relevantes para las preferencias humanas. Las condiciones reales objetivas no constituyen automáticamente problemas. Son las valoraciones humanas las que perciben las situaciones como oportunidades o amenazas, beneficios o perjuicios, bienes o males. Y es la posible incompatibilidad de las preferencias humanas subjetivas lo que origina los conflictos: lo que a uno le gusta puede disgustar a otro.

Los contenidos específicos de la noción de agresión son en cierto modo abiertos y debatibles; no es un concepto con límites abruptos, es parcialmente difuso y arbitrario. No puede ser completamente determinado mediante la deducción utilizando la razón pura, depende de costumbres, tradiciones, convenciones (bloquear la luz solar, luces de alta intensidad, sonidos a alto volumen, contaminantes). Algunos criterios objetivos pueden ser utilizados para determinar si un evento es considerado adecuadamente como agresión o no: intensidad, relación directa, extensión, duración, acumulación.

Una ética de la libertad funcional necesita incluir principios de responsabilidad y reglas de legítima defensa. Los principios de justicia tradicionales y sensatos imputan la carga de la prueba de la agresión al acusador, quien debe demostrar más allá de una duda razonable la culpabilidad del acusado. No es el acusado quien debe probar su inocencia (si así fuera, toda persona debería disponer de pruebas de inocencia para cualquier acción y momento de su vida, ya que siempre podría ser acusado de algo). La defensa legítima puede ser invocada por el receptor actual o posible de los efectos de una acción si hay peligro demostrable claro y presente, y no simplemente si alguien no puede asegurar completamente que no es así. La defensa se vuelve ilegítima (se transforma en agresión) si no puede ser demostrado que existe riesgo de daño real.

El principio de precaución propuesto por muchos ecologistas exige que el iniciador de una actividad demuestre su completa inocuidad, y el Gobierno no necesita demostrar daño probable para detenerla. Probar que algo es absolutamente inocuo es impracticable en ámbitos novedosos, donde el aprendizaje se realiza mediante ensayos y errores, y por lo tanto este principio paralizaría la innovación. La adquisición de conocimiento de costosa y el conocimiento pleno es imposible.

La noción de agresión se basa en las consecuencias o resultados de acciones (los efectos reales en el mundo), y no en el conocimiento o las intenciones de los agentes. Los sentimientos morales instintivos tienden a excusar o reducir la responsabilidad si no hay intencionalidad o si los daños son efectos secundarios imprevistos: esto es en parte así porque los sentimientos morales evolucionaron como instintos genéticos en tiempos remotos cuando los ancestros humanos tenían poca capacidad de acción. Pero con la acumulación de capital y tecnología es necesario exigir el uso responsable de herramientas potentes, y advertir a las personas de que su ignorancia o falta de previsión no les excusará por los daños que puedan provocar. Este tipo de normas proporciona incentivos a los agentes para considerar plenamente todas las posibles consecuencias de sus actos, y no sólo aquellas que pretenden conseguir, ya que serán juzgados según los efectos reales de sus acciones.

Los derechos de propiedad funcionan muy bien cuando la realidad es fácilmente separable, cuando los efectos de las acciones son directos, locales, concentrados y recaen principalmente sobre el propietario y sus posesiones y eventualmente sobre otras personas adyacentes fáciles de identificar. Pero los elementos de la realidad a menudo están entrelazados de formas enredadas. Los objetos sólidos macroscópicos tienden a permanecer en sus posiciones estables; pero los fluidos (líquidos y especialmente gases) tienden a moverse, y los fotones y la energía térmica tienden a fluir, se esparcen y cruzan barreras legales si no son detenidos por alguna barrera física.

Las externalidades son efectos de acciones de un agente sobre la propiedad de otros; pueden ser positivas (como los regalos, no prohibidos ni obligatorios) o negativas. Una agresión es una externalidad negativa. Las externalidades negativas difusas son problemáticas y difíciles de regular. Muchas víctimas podrían sufrir una molestia o pérdida muy pequeña por las acciones de un agente: podría parecer ridículo considerar ilegítimas las acciones que producen efectos tan pequeños y sería muy costoso para cada una de las víctimas exigir al agente que pare o les compense. Las externalidades pueden hacerse importantes por los efectos acumulativos y persistentes de pequeñas acciones de muchos agentes. En una agresión clara es posible y relativamente fácil determinar quién está haciendo qué a quién, a quién se debe parar o quién debe compensar a quién por qué. En las externalidades difusas puede ser muy difícil determinar y conectar agentes, acciones, efectos y receptores de efectos.

Como las agresiones implican daños, podría considerarse ingenuamente que es mejor tratarlas como un concepto muy inclusivo, para evitar muchas pérdidas. Pero asumir que algo es una agresión y prohibirlo tiene consecuencias que podrían ser peores que simplemente tolerarlo. Cuantas más acciones sean consideradas acciones ilegítimas, más uso de la fuerza queda justificado. Los costes del sistema necesario para detectar y castigar a los agresores y compensar a las víctimas podrían exceder a sus beneficios (siempre teniendo en cuenta que es extremadamente problemático realizar comparaciones interpersonales de utilidad y adiciones o sustracciones de utilidad o análisis de costes y beneficios sociales). Podría ser mejor aprender a vivir con algunas realidades cambiantes, adaptarse a ellas, que intentar evitarlas. Especialmente porque los seres humanos son buenos en la adaptación, mediante la cual han colonizado la mayor parte del planeta con condiciones ambientales muy diferentes.

Otorgar automáticamente al Estado la responsabilidad de ocuparse de externalidades negativas difusas puede ser un error inmenso. El Estado es el monopolio de la jurisdicción y la violencia, y es a menudo ilegítimo (dictadores, o incluso líderes democráticos para los anarquistas), muy ineficiente y posiblemente corrupto (falta de motivación o incentivos y falta de conocimiento o imposibilidad del socialismo, teoría de la elección pública).

Lo que a menudo se conoce como fallo de mercado es usualmente sólo el resultado de una determinación inadecuada de los derechos de propiedad. Los mercados nunca son perfectos por los seres humanos tienen capacidades limitadas; quienes proponen que el Estado arregle presuntos problemas que los individuos no pueden resolver libremente parecen olvidar que el Estado está formado por seres humanos, y quizás no los mejores (los burócratas no son ángeles desinteresados, y los peores podrían alcanzar las cimas del poder).

La negra realidad de los empleos verdes

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El presidente norteamericano aseguró, en medio de una de las mayores crisis económicas de la historia reciente y que más trabajos se está llevando por delante, que las energías renovables "pueden crear millones de empleos adicionales e industrias completamente nuevas".

A quienes proponen generar empleos mediante energías verdes se les suele olvidar un pequeño detalle. Resulta que a día de hoy las principales formas de producción renovable necesitan enormes subvenciones para existir. De hecho, en lo que va de década, el dinero público entregado o comprometido por el Gobierno español en dar un empujoncito a las renovables se acerca a los 30.000 millones de euros. Con esa lluvia de millones que cae permanentemente sobre la industria renovable nadie se extrañará si generan empleo. La cuestión es a qué coste.

Lo importante, como diría el gran economista francés Frederic Bastiat, no es sólo el empleo que se ve sino, también, el que no se ve o, más bien, el que ya no se podrá ver. Cuando el Gobierno decide gastar el dinero del contribuyente en molinos eólicos o placas solares, en lugar de dejar que cada uno lo gaste en lo que quiera, veremos aparecer muchos empleos verdes, pero el coste será el resultado de otras actividades productivas que no llegarán a tener lugar y los empleos que no se crearán debido a la acción gubernamental.

Subvenciones

De acuerdo con las estimaciones europeas acerca de los empleos necesarios para mantener los megavatios renovables de potencia instalados en España (tanto directos como indirectos), cada empleo verde que el gobierno ha ayudado a crear ha requerido más de medio millón de euros en subvenciones. ¡Así cualquiera crea un empleo!

Desde ahora mismo me postulo para crear puestos verdes, azules o amarillos si el Gobierno me da un millón de euros por cada pareja de empleos que cree. Realmente no importará para qué les contrate, porque con ese dinero podría pagarles un sueldo superior al salario mínimo durante más años que la vida laboral de esos empleados. Así que a lo mejor se nos ocurre que una buena forma emplear su fuerza laboral es que produzcan energía tirando de un molino.

Si por un momento nos planteamos cuántos empleos se hubiesen creado en el resto de la economía (aquella que no está tan verde como para necesitar subvenciones) con esa suma de dinero, el resultado serán los empleos que han dejado de existir por el empeño en subvencionar una fuente de energía que aún no es eficiente.

Pues bien, en España resulta que por cada empleo que el Gobierno trata de crear con subvenciones, se destruyen, como mínimo, 2,2 empleos en el conjunto de la economía. Esta es la oscura realidad de los tan cacareados empleos verdes.

Y digo como mínimo porque ese cálculo no tiene en cuenta las deslocalizaciones que los elevados costes de las energías renovables están provocando y provocarán sobre las industrias intensivas en energía (al estar obligadas a comprar a un precio de pool en el que se incluyen las costosísimas renovables), ni los empleos que hubiese generado en la economía el capital que ha fluido hacia las renovables por el simple hecho de que aquí se encontraban las subvenciones.

A la luz de estos datos, los famosos empleos verdes son un camelo del discurso políticamente correcto. Estamos ante un esquema de redistribución de rentas a través del cual unos pocos se forran a costa del ciudadano de a pie. Hasta hoy, sindicatos y ecologistas son cómplices de este saqueo retrógrado.

Los primeros, ya se sabe, no representan a los trabajadores en paro cuyo empleo hubiese existido de no ser por los puestos de trabajo verdes. Sin embargo, deberían ir preocupándose por los empleos que se están deslocalizando por culpa de la elevada factura eléctrica que suponen estas fuentes de electricidad tan de moda.

Los segundos aceptan participar en este atraco a los que menos tienen para dárselo a unos pocos privilegiados porque están más interesados en acabar con las formas de producción energéticas de mercado (objetivo fundamental de su religión verde) que en el bienestar de las capas menos adineradas de la sociedad española.

El progreso económico, la creación de empleo y la más elemental noción de justicia deberían hacernos replantear la conveniencia del apoyo público a los empleos verdes.

El PSOE y CiU tienen razón, o casi

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

De haber prosperado, España habría sido el primer país del mundo en el que el Estado otorga galardones a las bitácoras (ya existen otros reconocimientos que nacen de la iniciativa privada y que gozan de un gran prestigio). Tal vez a algunos les pueda parecer que esto hubiera estado muy bien, que habría resultado muy moderno ser los pioneros en reconocer oficialmente el valor cultural de este tipo de webs. Pero no es así. Por fortuna, la idea ha sido finalmente rechazada gracias al voto en contra del PSOE y CIU. Estos partidos han acertado, pero no del todo. Su postura ha sido la adecuada, pero no sus motivos.

Dicen los socialistas que la proposición del PP es "ocurrente" –en lo que tienen razón– pero que peca de "indefinición" y que es necesario "estudiar el carácter del blog como un nuevo género de creación cultural". Además, anuncian que presentaran una iniciativa parlamentaria similar, destinada a premiar los sitios web cuyo objetivo sea el fomento de la cultura. El motivo del rechazo de los convergentes no resulta nada sorprendente. Según ellos, el premio debe existir, pero sólo si puede otorgarse a autores de bitácoras que escriben en cualquiera de las lenguas oficiales existentes en España y no sólo en castellano. Motivo de rechazo peculiar, puesto que la Proposición presentada no habla en ningún momento de idiomas. 

Tanto la Proposición no de Ley como los motivos para rechazarla son terribles. Todos pretenden, o al menos no buscan impedirlo, aumentar la intromisión del Estado en el ámbito cultural. Entre socialistas y nacionalistas no hay que sorprenderse debido a que el intervencionismo se encuentra en la propia esencia de esas ideologías políticas. Pero debería ser muy diferente en un diputado del PP que no sólo se define como liberal, sino que además pretende dar lecciones sobre qué significa esto último. Una muestra más de que ese "liberalismo simpático" que Lassalle propugna no es ni una cosa ni la otra.

La trampa de todos los galardones nacionales relacionados con la creación artística o literaria es que los políticos pretenden definir quiénes son los máximos exponentes culturales del país a través de la designación de los miembros del jurado. Y eso es algo que no les corresponde (es más, no debe entrar ni tan siquiera a definir qué es y qué no es cultura). De hecho, como resultó evidente con el Premio Cervantes que se otorgó al analfabeto digital con espíritu de censor Antonio Gamoneda, estos reconocimientos sirven muchas veces para elevar a los altares y premiar a los afines al Gobierno o a las amistades de quienes ahí están. No sería diferente en el caso de que se instituyera un Premio Nacional del Blog.

Con la excusa de este galardón, el Estado metería sus manos en el ámbito de las bitácoras. Terminaría utilizando el dinero de los ciudadanos para gratificar, primero vía premios pero después a través de las subvenciones que terminarían llegando –o incluso cánones– a los bloggers afines al poder político. Justo lo mismo que ocurre con el cine o la literatura.

Eugenesia contra el supuesto calentamiento

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

No toda, claro, porque alguien tendrá que quedarse para supervisar el éxito de la medida (ellos, por supuesto, que son los que “entienden”), sino, pongamos, la mitad.

Sorprende que después de una década en que la temperatura global no ha experimentado ningún calentamiento, y un último invierno en el que el grajo ha volado muy bajo con la consecuencia conocida, los ecolocos hayan decidido poner en marcha esta campaña grotesca en la que proponen una “solución final” para los problemas de la Tierra (muerto el hombre se acabó el CO2). Debe ser que las evidencias que están llevando a pensar a muchos científicos que en lugar de calentarse el planeta nos aproximamos a otra etapa glacial son tan abrumadoras, que los fieles de la Iglesia de la Calentología han decidido realizar este último esfuerzo pedagógico para preservar las toneladas de billetes de euro y dólar que reciben anualmente, casi tantas como el jet de Su Goricidad emite de CO2 a la atmósfera.

La idea de reducir drásticamente la humanidad a través de programas de esterilización y control de la natalidad obligatorios ha surgido de una universidad norteamericana, pero a este lado del Atlántico ya hay quien la ha tomado muy en serio. En concreto, un asesor del primer ministro inglés apellidado Porrit, al que desde aquí mando cortesmente a la ídem, es partidario de reducir la población de las islas británicas a la mitad. Malthus proponía lo mismo con la excusa de que el planeta no podía alimentar a tanta gente en el futuro. Sus herederos intelectuales lo hacen para reducir el nivel de CO2 atmosférico, con lo que demuestran haber superado en cretinismo al maestro.

En todo caso, obras son amores y no buenas razones, así que espero que los promotores de la idea den ejemplo capándose ellos los primeros, a poder ser sin anestesia. Sólo entonces comenzaremos a tomarles en serio.

Y Atlas se rebeló

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Si le suenan oscuras estas palabras, es que todavía no ha pasado por las 1.100 páginas de la novela de Ayn Rand, una falta quizás explicable, pero que deberá remediar en cuanto pueda.

Se iba a llamar “la huelga”, por la que protagonizan en la obra aquellas personas que se aman a sí mismas y lo que hacen; lo suficiente como para sentir orgullo por el resultado de su trabajo. En consecuencia, no permiten que los demás se lo arrebaten ni consentirían vivir con el fruto ajeno. No se han dejado arrastrar por el éxito de que hablaba: el de las ideas colectivistas, socialistas, que impregnan la mayor parte de la sociedad, y que en la novela llevan, inexorablemente, a una crisis social sin precedentes, mucho mayor que la que estamos viviendo ahora. O quizá no, porque a medida que se profundiza esta crisis económica, la sociedad se vuelve más abyecta y genuflexa ante los mensajes del poder, y se dispone a entregar a los políticos el control sobre sus vidas.

La huelga de La Rebelión de Atlas no se queda en bajar los brazos y esperar a que la muerte acabe con una existencia mermada, a medias propia y a medias de “la sociedad”. Es una huída a una nueva Atlántida, en la que se crea esa sociedad libre en la que el egoísmo se convierte en generosidad, y no la generosidad en esclavismo. Nosotros, que podemos conocer la superficie de la Tierra palmo a palmo sin salir de nuestro salón, no podemos soñar con que un puñado de héroes creará en tierra ignota una nueva sociedad a la que nos podemos adherir si juramos vivir sólo de nuestros propios medios.

Pero nos quedan, al menos, otras formas de huelga. Podemos negarnos a trabajar para el Estado. Pagar sus cuentas, por aquello de no ir a la cárcel, pero no ponernos directamente a su servicio. También tenemos derecho a ignorarle, es decir, a rebelarnos civilmente contra sus imposiciones más injustas. No tenemos porqué lanzarnos a las barricadas, pero sí desatender alguna de sus exigencias más absurdas. Y, por último, podemos repudiar los servicios que nos ofrece por lo que nos quita en impuestos. ¿Educación pública? Pues nos vamos a la privada. ¿Sanidad? No en la seguridad social. Y así todo. De hecho, los españoles, independientemente de su querencia o repugnancia instintiva hacia el Estado, lo están haciendo. Hagamos lo propio.

Los favores cobrados de Obama

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Krugman lamenta que Timothy Geithner, secretario del Tesoro americano, esté usando las mismas recetas para esquivar la crisis que su antecesor, el republicano Henry Paulson. Para Krugman, el plan de rescates y de descomunales inyecciones de dinero al sector financiero está condenado al fracaso y no es más que "una salida fácil" a la actual situación. En realidad no es tan fácil, es la única si realmente entendemos los mecanismos por los cuales funcionan las democracias occidentales.

Krugman es una persona que no confía en la libre iniciativa del hombre y por lo tanto da total soporte a los políticos. En una reciente nota en su blog se preguntaba: "¿Quién es el Gobierno?". A lo que respondió: "Básicamente, el Gobierno somos nosotros". Si nosotros somos el Gobierno, y el Gobierno somos nosotros, ninguno de los dos puede hacer algo en contra del otro ya que eso sería como lesionarse intencionadamente o suicidarse. Algo así tiene fallos lógicos por todas partes. De hecho, contradice el principio de identidad (A=A). El Gobierno es el Gobierno y nosotros somos nosotros. Expresado de una forma no tan tautológica, el Gobierno son los medios políticos de Oppenheimer y nosotros somos los medios económicos del mismo autor. El Gobierno es lo opuesto a la libertad, al individuo y a la propiedad privada. Si algo no es el Gobierno, somos nosotros.

Lo que hace que el Gobierno no seamos nosotros es algo básico que todo economista debería saber, incluso Krugman, ya que constituye uno de los pilares de la economía. Me refiero a los incentivos.

El Gobierno no somos nosotros porque tiene diferentes incentivos a los nuestros. Uno de los más importantes es pagar deudas y favores para perpetuarse, aumentar sus beneficios y ganar poder mediante el uso de la fuerza. Las democracias actuales se mueven por la presión de las minorías gritonas y de los lobbies empresariales y sociales.

La clase izquierdista dijo que Obama no sería un presidente vendido a los lobbies porque se había financiado en gran medida de pequeñas aportaciones privadas a través de internet. Es cierto. Pero también es cierto que Obama fue el candidato que más dinero recibió de Wall Street. La bolsa siempre ha estado con él y era su candidato predilecto. Al llegar al poder, Obama vio el poder del sector financiero que no es más que un monopolio orquestado por la Reserva Federal. Las ayudas a aseguradoras, bancos y el resto del sector eran un requisito inevitable para no tener problemas.

Entre pagar los favores prestados al sector financiero o ayudar al hombre medio americano, ¿qué cree que iba a elegir Obama? Pues lo que ha escogido: inundar de dinero el mercado financiero mediante un plan sufragado por los impuestos del americano medio que le votó, del que no le votó y del que está por nacer teniendo en cuenta la deuda que está acumulando el país. Diferente forma, pero idéntico fin, tiene el capitalismo de Estado que ideó Mussolini.

El día que la economía del establishment deje de soñar en oxímorons como "políticos honestos" y "gobiernos bondadosos" para centrarse en los pilares de la acción humana y sus incentivos, entonces habremos recorrido el camino más importante para acabar con toda crisis. La conclusión no puede ser otra que el mejor Gobierno es el que menos gobierna: y el que no gobierna en absoluto, es el mejor Gobierno de todos.

Are we human?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Dos imágenes han sacudido en los últimos días nuestras conciencias: pobres crías de foca perseguidas por sus verdugos, garrote en mano, en busca de sus pieles con pretexto ecológico (diezmar la sobrepoblación) y unas decenas de cetáceos varados en las costas australianas no se sabe muy por qué razón. Proyectando sobre estos animales nuestra propia humanidad, avanza el movimiento que reclama para ellos una consideración singular, prácticamente equivalente a la que fundamenta la convivencia entre los hombres.

No dudo de la legitimidad de dicho movimiento, pero sí de la endeble coherencia de su argumento y la velada intencionalidad de todo ese esfuerzo y convicción por una causa que por ser esta, deja de ser otra, pero podría haber sido casi cualquiera.

La convivencia se fundamenta en el reconocimiento en el otro de una serie de atributos, aptitudes o mera identidad, que estimamos propias y exigibles por nosotros mismos. Esta realidad no es intencional ni deliberada, sino que se forja en un proceso que aúna evolución biológica con evolución cultural. Dentro de ese mutuo reconocimiento de dignidad se forman las bases de toda sociedad humana, que es la que nos interesa analizar aquí.

Dicho reconocimiento es variable, cultural, al tiempo que se perfecciona y depura a través de un esfuerzo intelectual emprendido normalmente ante dilemas y conflictos abiertos. La naturaleza, el ser, la identidad cierta, permanece latente en todo momento. Somos capaces de verlo, comprenderlo e introducirlo en nuestro orden mental y sistema de valores, no por revelación, sino por puro desarrollo social y evolución institucional, donde incluimos moral y Derecho. La ética estudia estos aspectos tratando de objetivizar fundamentos coherentes con la naturaleza humana. Depende de muchos elementos que en cada instante de la historia se haya sido o no capaz de articular y engarzar con mayor o menor precisión todo lo que resulta consustancial a dicha naturaleza.

Hoy por hoy sabemos y comprendemos que las mujeres y los hombres son igualmente humanos, aun con sus diferencias. Conocemos que el aspecto, los rasgos o el color de piel no son elementos que dividan la especie humana en diferentes departamentos estancos. También hemos llegado a descubrir que desde el mismo momento de la concepción, cuando se fusionan los gametos masculino y femenino (y no antes), surge un nuevo ser, una realidad única e irrepetible, viva, en proceso de formación y desarrollo.

En la actualidad pocos son los que se atreven a cuestionar la identidad en derechos y libertades entre personas de distinto sexo o raza. Sin embargo muchos se niegan a introducir en sus juicios éticos y morales la realidad que representa la aparición en el mundo de un nuevo ser, por muy primario que sea su estadio de desarrollo. El reconocimiento de dignidad no es automático ni ilimitado, como no lo son los derechos considerados como fundamentales por la doctrina jurídica contemporánea. Tampoco es igual la consideración que podamos proyectar respecto a todo ser humano en función de su situación física o mental, o como es el caso, de fase de desarrollo hasta alcanzar la desvinculación con el seno materno. Un menor de edad no tiene capacidad de obrar, tampoco un demente o un retrasado. Sin embargo, aun admitiendo esta limitación a su libertad, seguimos teniéndoles como humanos, respetando su vida e integridad.

Cuando hemos alcanzado estos niveles de conocimiento y evolución del pensamiento y la afirmación de principios éticos coherentes y consustanciales a la naturaleza del ser humano, suenan voces que pretenden extender dicho reconocimiento a otras especies animales, se despiertan todas las alarmas posibles. Primero, porque como hemos dicho y visto más arriba, son los promotores de dichas declaraciones de derechos y campañas de propaganda quienes más ignoran alguna de las cotas alcanzadas en la evolución del conocimiento y el reconocimiento entre seres humanos. Segundo, porque lo pretendido es la introducción de una exigibilidad absoluta respecto al presunto derecho de algunos animales a tener una consideración semejante a la que los hombres nos dispensamos entre nosotros, inintencionalmente, pero de forma efectiva.

Aunque no fueran abortistas o estuvieran a favor del exterminio sistemático, sin atender a la voluntad del afectado, de todo aquel enfermo terminal inconsciente (muchos también lo defienden para los conscientes), la postura sigue siendo absurda, poco rigurosa y sesgada. No porque se pretenda, libremente, reconocer a ciertos animales una consideración especial. Eso lleva sucediendo desde que el hombre es hombre, o mejor, desde que aquel domestica animales. A unos los utiliza para sobrevivir, alimentándose de ellos o sirviéndose de su fuerza para mejorar la productividad del trabajo humano. Otros con otros fines. Cada vez más, como animales de compañía. Es normal que les concedamos cierta entidad (relativa a su utilidad) atribuyéndoles un respecto y una consideración excepcional. Perros, gatos, caballos… y otros, en función de la cultura o el lugar.

El matiz es el siguiente y queda resumido en un único enunciado: la exigibilidad del reconocimiento. La sociedad humana, el orden social, y a partir del mismo, el orden jurídico y/o moral, se fundan en la exigibilidad de dicha dignidad, en función del momento cultural y evolutivo. Hoy día el orden social, en el mundo occidental, parte del reconocimiento de una amplia esfera de libertad individual para hombres y mujeres, con independencia de su raza. La dignidad es extensible a todas las fases de su vida, con los límites surgidos de esos conflictos mencionados y que deberán resolverse en cada caso, con vocación de establecer pautas generales y abstractas. Esta situación de reconocimiento es exigible, siendo dicha característica la que sostiene el resto del entramado de reglas y pautas de convivencia pacífica y ordenada.

Pretender la exigibilidad de un reconocimiento extensible a determinados animales resulta absurdo e incongruente en un sentido filosófico, pero también practico. No vivimos en una interacción equivalente entre seres humanos y animales. Estos son incapaces de reclamar para sí los presuntos derechos que algunos humanos quieren concederles, como bien señaló Rothbard en La Ética de la Libertad. Para que exista interacción debe presumirse corresponsabilidad y equivalencia. Hablamos de sociedad humana. Y como hemos visto, de su evolución cultural hemos concluido principios fundamentales sin los que no seríamos capaces de articular una convivencia coherente y pacífica a partir del reconocimiento de la individualidad y la naturaleza humanas.

Puede que llegue el día en que una opinión mayoritaria rechace las corridas de toros como hoy hacen los abolicionistas y otras muchas personas de diverso pelaje y condición. Ya lo ha hecho con otras prácticas que hoy por hoy cada vez menos gente admite, aun con el pretexto de ser tradicionales. Pero todos estos cambios, este rechazo generalizado y popular no tendría que venir acompañado de ninguna prohibición o pena. No puede exigírsele por la fuerza a ningún ser humano semejante reconocimiento. Será el sentir general el que desplazará o expulsará a quienes cometan actos paulatinamente tachados como ignominiosos o execrables.

Algunos animales (en los que queramos ver retazos de nuestra propia humanidad, en sus miradas o gestos) lograrán mayor consideración y respeto, pero nunca personalidad ni reconocimiento social. La sociedad será siempre humana por mucho que se aspire estéticamente a lo contrario.

Construyendo el parque jurásico

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

El empresario que no está atento a estas variaciones está llamado a desaparecer, siempre que el mercado sea más o menos libre y no haya ningún organismo dispuesto a basarse en la coacción para mantenerlo vivo a costa de sus conciudadanos. Que desaparezcan aquellos empresarios cuya actividad ya no satisface a los consumidores no es malo, como tampoco lo es que obtengan grandes beneficios aquellos que proporcionan servicios sobresalientes.

La crisis económica ha alterado significativamente las preferencias de la gente, como se manifiesta día a día en muchas industrias: no se compran tantos coches, no digamos viviendas; se viaja menos; se sustituyen las marcas conocidas por las marcas blancas… Son cosas que están sucediendo: el empresario que pretenda negar la realidad no podrá sobrevivir, más que, como queda dicho, a costa del erario público.

Las telecomunicaciones no son inmunes a esta realidad. Y también los empresarios de este sector han de atender a estos cambios. En este contexto se entienden un par de acontecimientos de relevancia ocurridos en los últimos días: el acuerdo para compartir infraestructuras a nivel europeo, alcanzado por Vodafone y Telefónica, y los nuevos productos y precios "sociales" anunciados la semana pasada por esta última.

Son ambos ejemplos de adaptación a unas nuevas circunstancias en que los clientes hacen otras demandas, que deben ser debidamente atendidas para mantenerse en el mercado. Ojalá este fuera el final de esta historia y el protagonismo correspondiera ahora a los clientes.

Pero hay muchas posibilidades de que no sea así: ya la Comisión Europea ha anunciado que estudiará el acuerdo Vodafone-Telefónica para ver si es anticompetitivo, y tampoco tardó demasiado la CMT en dejar claro que las nuevas ofertas de Telefónica precisan de su aprobación. Además, seguro que la CNC aguarda impaciente su turno para ambos temas.

La cuestión es: ¿a quién pretenden proteger con estos estudios y eventuales aprobaciones? No cabe duda de que los ciudadanos se van a beneficiar tanto de las ofertas de Telefónica como de los ahorros de costes que obtendrá ésta con Vodafone, aunque sólo sea porque no le subirá el precio de los servicios. El cliente se va a beneficiar porque encontrará ofertas más adecuadas a sus necesidades actuales, asumiendo que los operadores no se han equivocado en sus estimaciones (si es así, lo pagarán con pérdida de clientes).

Por tanto, no sería el cliente el objeto de su protección, sino más bien aquellos operadores que, por las razones que sean, no han sabido o no han podido adaptarse al nuevo entorno. Vamos, aquellos que precisamente están sirviendo peor al cliente.

¿Lo entienden ya? Su misión es biológica: preservar la diversidad de competidores en el mercado, aunque ya no sean útiles a la sociedad. Y aunque para ello haya que sacudir al cliente en la cabeza de la especies que sí se adaptan. Gracias a los reguladores y al derecho de competencia podremos conseguir lo que Michael Crichton sólo imaginó: un parque jurásico, aunque sea de empresas.

Sobresueldos y rescates: lo malo y lo peor

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

De inmediato, todos los políticos que votaron por salvar a AIG a costa del erario público han estallado en críticas y denuncias. "Es horrible y vergonzoso", decía un senador republicano por Alabama. "Hay que gravarlos al 100%", proponía un senador demócrata de Nueva York. "Es inaceptable que se repartan los bonus mientras seguimos inyectando miles de millones en la compañía", reflexionaba otro senador demócrata (por Illinois).

Tienen razón. Es inaceptable. Pero lo es desde el principio, exactamente desde que se procedió al rescate de la compañía. ¿Qué absurda y contradictoria economía de mercado están contribuyendo a crear los planes de rescate, pues los altos ejecutivos ya no pueden ser remunerados y los accionistas no pueden percibir dividendos?

Recordemos lo evidente: los directivos son personas con una enorme responsabilidad que pueden hacer ganar o perder mucho dinero a sus accionistas. Por eso los máximos responsables de las empresas, sobre todo cuando se trata de grandes compañías, están dispuestos a pagar elevadísimos salarios para hacerse con los mejores. Algo parecido sucede en el fútbol: todos los equipos quieren fichar a los mejores, por eso los mejores cobran tanto.

Pero, al igual que en el fútbol, en el mundo de la empresa el pagar mucho no impide que algún ejecutivo galáctico salga rana. En muchos casos los accionistas confían ciegamente en personas que han tenido mucha suerte en otras compañías o que poseen un currículum impresionante a pesar de que no comprenden los movimientos del mercado.

Si los accionistas contratan a un directivo inadecuado y, para más inri, lo remuneran generosamente, tanto peor para ellos. La próxima vez –si es que hay próxima vez– intentarán buscar mejor. Mientras la empresa no quiebre y tenga dinero suficiente, podrá seguir buscando nuevos directivos y, en su caso, atraerlos con altos salarios. La retórica en contra de los sueldos altos resulta ridícula, sobre todo porque no son los paganos quienes protestan. Entendería que un accionista se llevase las manos a la cabeza por haber contribuido a encumbrar a unos incompetentes carísimos, pero me cuesta más de entender que lo haga un tipo sin oficio ni beneficio en la empresa.

Con esto no quiero decir, claro está, que considere que todos los sistemas de remuneración de directivos resultan positivos y dignos de encomio. De hecho, en mi opinión la mayor parte de los bonus tienden a primar demasiado los resultados a corto plazo en detrimento de la perspectiva a largo. Pero, de nuevo, este error –y su hipotética corrección– será en todo caso responsabilidad de los accionistas: si no establecen los incentivos adecuados para la dirección, serán ellos los perjudicados.

El problema del affaire de AIG es que los directivos resultaron un completo fiasco y abocaron la compañía a la quiebra, motivo por el cual los accionistas deberían haber perdido todas sus inversiones. Pero hete aquí que AIG era, según el Gobierno de Estados Unidos, demasiado grande para quebrar, motivo por el cual tocaba recapitalizarla. ¿Resultado? La dirección se queda y los accionistas no se arruinan del todo.

Los directivos incompetentes se comportaron en un principio como es lógico que se comportaran: cobrando los bonus que sus accionistas les habían prometido. Si la empresa hubiese quebrado, obviamente se habrían quedado sin bonus; como el Gobierno se lo ha impedido, ahora iban a percibirlos de los impuestos ciudadanos. Que hayan renunciado a ellos tras las presiones políticas sólo demuestra la importancia que las presiones políticas han ido adquiriendo en el mercado estadounidense.

Y es que la reacción de los políticos fue desde un comienzo tratar de impedir que los altos cargos pudieran cobrar las bonificaciones. Al fin y al cabo, el objetivo de la inyección pública de capital en AIG no era que aquéllos pudieran costearse unas lujosas vacaciones y comprarse otro coche más, sino evitar que la compañía dejara de pagar sus obligaciones y pudiera seguir operando en el mercado.

Pero, como digo, ¿qué clase de mercado es éste, que está sometido a la excepcionalidad de un rescate y al control político? El problema no es que los directivos de AIG cobren bonus: el problema es que se impidió que AIG quebrara y fuera liquidara. El resto de la polémica no es más que un fruto inevitable de lo primero.

Cuando se retuercen las leyes del mercado, cuando se impide que quiebren quienes tienen que quebrar, pasan cosas como ésta. Cualquier decisión que tome AIG a partir de su recapitalización pública lo hará gracias a los contribuyentes estadounidenses: no sólo el pago de primas extraordinarias a sus más altos ejecutivos, sino el pago de indemnizaciones a sus clientes (a pesar de que éstas son, un parte, responsables de la crisis actual).

No se puede jugar al mercado. Los enjuagues público-privados son un artificio que siempre redunda en perjuicio de otros. Parece que algunos sólo se dan cuenta cuando unos directivos ponen el cazo.

USSRA

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La tierra de las libertades y el respeto a la propiedad privada corre el riesgo de ser rebautizada bajo las siglas de USSRA (United Socialist State Republic of America), término acuñado por el famoso analista Nouriel Roubini el pasado septiembre tras la nacionalización de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Por desgracia, el diagnóstico se está haciendo realidad.

El pueblo de Estados Unidos asiste a la mayor intervención pública de toda su historia en materia económica. No obstante, el volumen de gasto gubernamental que se maneja en la actualidad supera, incluso, al New Deal de Roosevelt, aprobado con el ilusorio fin de paliar los efectos de la Gran Depresión en los años 30. Obama, de marcado perfil izquierdista, ha iniciado su mandato al frente de la Casa Blanca con el firme propósito de evitar a toda costa una nueva quiebra de relieve, ya sea empresarial o bancaria.

Para ello, no duda en tirar de la limitada chequera de los contribuyentes para sufragar programas de estímulo e inmensos rescates financieros cuyo coste, tarde o temprano, se traducirá en un sustancial aumento de impuestos. En las últimas semanas, el Gobierno de USSRA ha puesto en marcha programas de gasto y financiación pública que carecen de precedentes en la historia del país.

De momento, la Administración pretende gastar cerca de 800.000 millones de dólares para construir fastuosas infraestructuras e impulsar el sector de las energías renovables, con el objetivo de crear tres millones de puestos de trabajo irreales. Obama no cumplirá su compromiso. Además, el citado plan ya se ha traducido en un sustancial incremento de la presión fiscal para las grandes empresas y las rentas medias y altas.

A su vez, la Reserva Federal (Fed) que preside Ben Bernanke ha decidido optar por la vía más rápida y sencilla, al tiempo que arriesgada. La Fed imprime billetes para adquirir deuda pública y corporativa, y extiende su aval a todo tipo de créditos hipotecarios y de consumo de dudoso cobro para tratar de reactivar un mercado crediticio que continúa y continuará congelado. Y ello, aún a riesgo de que la propia Fed caiga en una situación de insolvencia como la que padecen los grandes bancos del país.

No contentos con ello, el Tesoro de Estados Unidos, dirigido por Timothy Geithner, acaba de aprobar un segundo Plan Paulson, dotado de hasta 1 billón de dólares para adquirir los activos tóxicos que acumulan las entidades financieras. Una operación que, pese a escudarse en la participación de los inversores privados, sitúa todo el riesgo sobre los hombros de los contribuyentes en caso de que la adquisición de los citados activos produzca pérdidas. Algo que, por desgracia, también es muy probable que suceda.

De hecho, el mandatario Geithner se atreve ahora a solicitar poderes extraordinarios para intervenir cualquier entidad no bancaria o empresa privada cuya quiebra pueda suponer un impacto sustancial a la economía. Por supuesto, sin la necesidad de contar con la debida autorización parlamentaria. Y esto, tan sólo en lo que se refiere a gasto público puro y duro ya que, por otro lado, el quipo de Obama apuesta firmemente por endurecer aún más la regulación y la supervisión de todo el sistema financiero estadounidense, así como limitar por ley los sueldos de los directivos.

Sin embargo, en todo este debate falta lo sustancial, lo realmente relevante y significativo para poder entender cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Quiénes son los culpables? Los tienen ustedes delante, día sí y día también. Los supervisores, los reguladores públicos y el brazo financiero del Gobierno (banca central). En definitiva, el poder político. Esa clase social privilegiada que, independientemente del país en el que gobierne, culpa de todos los males actuales a un mercado que, curiosamente, no opera en el ámbito financiero desde hace décadas.

La banca es, en realidad, un oligopolio, regulado estrictamente por el Gobierno, ya que impone todas y cada una de las condiciones con las que debe operar. El sector bancario comercia (compra y vende) con dinero, pero su precio (tipo de interés) lo determina otro organismo central de planificación socialista que se hace llamar banca central. Los niveles de capital y apalancamiento con el que operan tales entidades financieras también los determina la ley (véanse las normas de Basilea I y II). De hecho, hasta la forma de contabilizar sus balances ha sido dictada por los políticos. Son las denominadas normas internacionales de contabilidad, que establecen el polémico criterio mark to market y cuyo funcionamiento ha colapsado.

Además, el sistema de reserva fraccionaria –mediante el que la banca puede extender el crédito hasta 10 y 20 veces por encima de los depósitos captados– y el papel moneda (dinero fiat) derivan, igualmente, de una decisión política. ¿Y las tan denostadas agencias de rating? Pues sí, el monopolio de estas compañías a la hora de evaluar productos y deuda crediticia también es un monstruo creado por el Gobierno, a golpe de decreto. ¿Y las subprime? Tampoco se salvan. Las leyes que obligaban a conceder créditos a gente insolvente no es una ocurrencia de los empresarios, sino de los políticos.

Y visto lo visto. ¿Dónde está el endiablado mercado? Pese a las evidencias, la falacia dictada por el Estado cala y la Administración actúa en consecuencia, restando poder de decisión a sus ciudadanos. Las recetas mágicas de Obama contra la crisis tan sólo agravarán los problemas, a no ser que las sólidas fuerzas del libre mercado que aún operan en Estados Unidos lo remedien antes de que el descontrol del gasto público comience a mostrar sus terribles efectos sobre la primera potencia mundial.

Mientras tanto, la sombra del socialismo avanza sobre la cuna de la libertad. Y es que, como bien indica el exitoso inversor Jim Rogers, si el Gobierno insiste en rescatar empresas insolventes es posible que sea el propio país el que, finalmente, se vea abocado a la bancarrota.