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La medición de medios en España

Como ya he hablado en otros artículos, éste es un año importante para internet: se mira a nuestro sector para que se convierta en una herramienta que ofrezca resultados medibles a los anunciantes y confianza a los consumidores. Pese a que nos estamos jugando su credibilidad, las empresas que tienen que medir su tráfico, OJD y Nielsen, no dejan de cometer errores.

El penúltimo episodio de este descrédito comenzó el pasado 10 de marzo, cuando El Mundo, tanto en su edición de papel como en la digital, publicó la siguiente información: 19,4 millones de fieles a elmundo.es. En esta información el diario reflejaba que en los 28 días del mes de febrero elmundo.es alcanzó la cifra 19.416.694 usuarios únicos. Yo curiosamente me topé con la noticia en su edición de papel y cuando observé que se comparaban las nuevas cifras de El Mundo con las del New York Times no dejaba de frotarme los ojos. Llegué a pensar –me duró un segundo– que millones de usuarios de internet habían brotado magicamente esa misma mañana. Muchos profesionales del sector estábamos inquietos con estos datos, hasta que en blogs como 233grados se empezaron a hacer públicas las dudas que teníamos sobre las cifras. No se estaba discutiendo el liderazgo de El Mundo en internet, pero sí las nuevas cifras de usuarios que habían obtenido, que eran y son insostenibles.

El Mundo no se había inventado esas cifras, se las había proprocionado su auditor: OJD. Para OJD este episodio sucedió justo cuando había pactado sumar sus esfuerzos con su principal competidor, la empresa Nielsen, ante las innumerables quejas de un sector que veía y sigue viendo la disparidad de criterios con que se miden las páginas de internet. Se forzó a que se juntaran y a las primeras de cambio pierden una credibilidad que ya tenían bastante deteriorada.

Y si la credibilidad de OJD y Nielsen está en entredicho, ¿por qué no se buscan otras fórmulas? En otros países como Inglaterra y Francia ya lo han hecho: han alcanzado un consenso para que cualquier compañía de medición de audiencias que cumpla los requisitos se certifique para auditar a cualquier sitio web. Funciona perfectamente el libre mercado y no se depende de una o –como mucho– dos empresas.

Otro punto y aparte son las diferentes asociaciones que defienden los intéreses del sector y en concreto los de los medios online. Estamos tan mal en España que ellos mismos han tenido que crear una asociación (MediosON) para defender sus propios intereses, ya que han visto que asociaciones como la IAB (Interactive Advertising Bureau), que en teoría deberían defenderlos, han fracasado. En estos años no se ha escuchado la voz firme de ninguna asociación ni ninguna exposición de soluciones para poder llegar a un consenso lo antes posible. Ha sido con el reciente caso de El Mundo cuando se ha demostrado que una asociación que lleva escasos meses de vida tiene más repercusión y comunica mejor el problema que otras que llevan años entre nosotros.

Por fin se ha abierto el debate para tratar de definir la reglas de medición en la red: espero que no tardemos mucho en ofrecer alternativas, el sector de internet en España se juega mucho en ello.

No al doblaje impuesto en catalán

Sus defensores arguyen que esta ley beneficia a los espectadores, pues incrementando la oferta de cine en catalán para compensar el "desequilibrio" se facilita que todos los espectadores puedan escoger la película en el idioma que quieran.

Sería interesante conocer la opinión que el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, tiene sobre el "desequilibrio" a favor del castellano en la prensa de papel o en la edición de libros o en la televisión o en internet. ¿También quiere imponer una cuota paritaria en estos ámbitos? En coherencia, debería. Pero cuando uno es coherentemente intervencionista transmite una imagen tan estalinista que repulsa incluso a uno mismo.

Los espectadores no necesitamos que la Generalitat venga a salvarnos de ningún "desequilibrio", porque esos desequilibrios los creamos nosotros escogiendo las salas de cine y las películas que queremos ver, o eligiendo entre ir al cine, al teatro o quedarnos en casa. En rigor no cabe hablar siquiera de "desequilibrio", pues lo que hay es una oferta equilibrada con respecto a la demanda. Si el zumo de naranja vende más que el de manzana no hablamos de "desequilibrio", simplemente decimos que la gente quiere más zumo de naranja y las empresas se adaptan a esta preferencia e intentan proveerlo.

Soprendentemente algunos piensan que la oferta no responde a la demanda, sino que es la demanda la que responde a la oferta. En otras palabras, lo único que tiene que hacer un productor para captar una demanda es fabricar algo y ofrecerlo. Da igual de qué se trate, pues la demanda responde a la oferta. Si la gente compra más zumo de naranja no es porque en el fondo quiera más zumo de naranja, sino porque el productor ha puesto a la venta más zumo de naranja. Si fabricara más zumo de uva o de piña ese sería el que comprarían los consumidores.

Los que así razonan olvidan que la "empresa dictadora de preferencias" no está sola en el mercado. Si "en el fondo" los consumidores quieren zumo de manzana en lugar de zumo de naranja, no importa que la empresa original se empeñe en fabricar sólo zumo de naranja: las demás empresas tienen incentivos para fabricar zumo de manzana y acaparar a todos los consumidores insatisfechos.

En el mercado la clave no es la demanda revelada, sino la anticipación de esa demanda. Allí donde hay una demanda potencial insatisfecha hay una oportunidad de negocio para una empresa. Si un porcentaje importante de espectadores está insatisfecho con la escasa oferta de cine doblado al catalán, las distribuidoras y exhibidores son los primeros interesados en incrementarla. ¿Por qué no iban a hacerlo? No hay ningún impedimento legal y la empresa que primero ofreciera más copias en catalán atraería más demanda y multiplicaría sus ingresos. El único contra-argumento es que las multinacionales del cine conspiran en contra de la lengua catalana en perjucio de sus propios intereses económicos, una conclusión curiosa viniendo de anti-capitalistas que acostumbran a criticar a las empresas por perseguir exclusivamente y sin escrúpulos el ánimo de lucro.

Dicen que la paridad impuesta sólo puede beneficiarnos, pues incrementa la oferta de cine en catalán y sigue permitiendo la libertad de elección. Pero el rango de opciones disponibles, dado que el parque de salas es el mismo que antes, no ha aumentado. El efecto es simplemente la sustitución de unas películas en versión castellana por otras en versión catalana. ¿De dónde se sigue que esta proporción impuesta por decreto se ajusta más a las preferencias de los consumidores? Por cada película en catalán adicional se exhibe una película en castellano menos. ¿Cómo sabe el Estado que el público prefiere la película en catalán a la película en castellano? Aunque haya "libertad de elección" en el lado de la demanda, mucha gente que hubiera ido a salas que proyectasen la película en castellano será empujada a ver la versión catalana porque la sala de su barrio la hace en catalán, o porque las salas con la versión castellana ya están llenas o hay demasiada cola. Esta situación perjudica al espectador porque las distribuidoras y exhibidoras no tienen libertad para anticiparse a su insatisfacción, deben obedecer los dictados del Gobierno y su agenda política.

La Generalitat, además, maneja los datos de los espectadores de cine doblado con tal falta de seriedad que roza la manipulación. Basándose en un estudio del Institut Català de les Indústries Culturals, el Ejecutivo catalán ha resaltado que la media de los espectadores por sesión en Cataluña en 2007 fue de un 30,9% para las películas dobladas en catalán y de un 28,1% para las dobladas al castellano. El gremio de los exhibidores ya ha criticado a la Generalitat por usar estos datos, que no ponderan el hecho de que las proyecciones en catalán son muchas menos y que los pocos filmes que se doblan al catalán suelen ser muy comerciales (lo que hace subir la media de espectadores por sesión). Los exhibidores aportan una cifra comparativa más fiable (La Vanguardia, 6/3/09, págs. 28-29): cuando en un complejo multi-salas se proyectan las versiones castellana y catalana de una misma película, el 78,2% de los espectadores opta por la primera, frente al 21,8% que escoge la segunda.

Como espectador de cine en versión original lo que me gustaría es que aumentara el número de copias en VOSE (versión original con subtítulos en español), y si crece el número de interesados en esta opción no dudo que eso será lo que acabe sucediendo. No obstante, si tengo que escoger entre ver una película en catalán o en castellano me quedo con la segunda, y eso que soy catalano-hablante con mi pareja, con la familia, con mi círculo de amistades y en las calles de Barcelona. Hay muchos catalano-hablantes como yo que también prefieren el castellano, quizás porque ya estamos acostumbrados y nos suena raro escuchar a Bruce Willis en catalán o porque pensamos que el doblaje en catalán abusa del puritanismo lingüístico y parece menos natural que el castellano. Si alguien cree que estas razones no son lo bastante buenas y la nueva Ley del Cine es necesaria para "reeducarnos", pues otra razón que me dan para ir a una sala en castellano y boicotear esta nueva imposición lingüística.

Las vergüenzas energéticas de España

Las energías verdes sólo sobreviven en España gracias a la subvención pública de su precio. Desde el año 2000, el peso de la energía eólica y solar dentro del sector eléctrico empezó a crecer pese a que el coste de generación de electricidad era muy superior al de las fuentes alternativas. Dicho de otra manera, debido a la presencia de las renovables, España ha estado produciendo electricidad muy cara.

¿Pero por qué el precio de la luz no se ha disparado correspondientemente? Básicamente, porque el precio de la electricidad en España está parcialmente regulado por tarifa (lo fija el Gobierno), por lo que aun cuando los costes de generación energética aumenten por la ineficiencia de las renovables, las compañías privadas no puede incrementar el precio. Sin embargo, unos costes mayores y unos precios estancandos significan menores márgenes de beneficios para las eléctricas, que muy posiblemente habrían tenido que dejar de invertir en nuestro país, con todo lo que ello supondría de carestía y cortes para nuestro suministro.

Si todo esto no ha sucedido es porque el Gobierno ha estado subvencionando a las eléctricas por la diferencia entre el precio en tarifa y el cada vez mayor coste de generación que él mismo les imponía. Esta diferencia se conoce como "déficit tarifario", y no es más que unos derechos de cobro futuro que tienen las compañías eléctricas en nuestro país por los sobrecostes que les ha generado el Estado. A finales de 2009, la CNE calcula que habremos acumulado en déficit tarifario de 21.000 millones de euros, pero a esto hay que añadir los compromisos que ha asumido el Ejecutivo para seguir subvencionando las renovables durante 25 años.

Este déficit tarifario hay que pagarlo de alguna manera y, en última instancia, sólo existen dos: o incrementos del precio de la luz o aumentos de los impuestos. En cuanto a lo primero, la CNE calculó que la electricidad debería encarecerse un 31% para comenzar a repagar el déficit acumulado; sobre lo segundo, tengamos en cuenta que 21.000 millones de euros representan alrededor del 50% de todo lo que se recauda cada año por Impuesto de Sociedades.

Y aunque no todo este déficit sea responsabilidad de las renovables, en 2008 sí han representando alrededor de dos tercios del mismo. Dicho de otra manera, el capricho ecologista del Gobierno nos ha salido muy caro. Hemos constituido una industria que nos proporciona una energía cara y que sólo puede sobrevivir si le seguimos inyectando cantidades ingentes de fondos públicos.

¿Cree que ahora las empresas españolas pueden soportar alegremente un incremento del 31% en su tarifa? ¿Cree que las familias pueden en esta coyuntura ser esquilmadas con impuestos todavía más elevados? Parece claro que no y parece claro que cuando se proceda a amortizar el déficit, las consecuencias serán dramáticas, especialmente para las empresas intensivas en energía (como por ejemplo las acerías, que le preguntan a Acerinox).

Que Obama quiera seguir este rumbo suicida sólo demuestra que está afrontando la crisis con más ideología que ciencia. No le interesa que Estados Unidos salga cuando antes del atolladero, sino conformar la sociedad según su particular visión (socialista) del mundo; no es vano, hace unas semanas se colocó la venda antes de la herida al incrementar el aracel sobre el acero (desincentivando que las acerías se vayan de su país).

Sebastián debería guardarse su propaganda ecologista en un oscuro cajón. España ha sido un laboratorio social de un proyecto que ha fracasado a todas luces; justamente cuando en esta crisis necesitamos de una energía más barata, el Gobierno ha creado las condiciones para que su precio se dispare. Me temo que, en esta y muchas otras materias, sólo somos un modelo de lo que no hay que hacer. A ser posible, no retrasemos la recuperación en Estados Unidos.

Del paraíso al infierno fiscal

La existencia de los paraísos fiscales toca a su fin. Los pequeños países que hasta el momento han servido de refugio a inversores y empresas para ocultar sus beneficios y ahorros de la amplia sombra del fisco se están rindiendo, uno a uno, a la presión internacional de los grandes estados. Y sin paraísos tributarios, ¿qué nos queda entonces? El infierno fiscal o, con suerte, el purgatorio impositivo.

Sorprende la facilidad con la que la actual crisis económica amenaza con borrar del mapa los pequeños búnker en los que ahorradores, inversores y compañías privadas de todo tipo y condición podían evadir legalmente impuestos y altos gravámenes. Los peores augurios se confirman. La presión internacional aplicada por las principales economías del planeta, englobados en el denominado G-20, parece que ha ganado la guerra.

Tras algunas amenazas serias, Suiza, Austria, Andorra, Liechtenstein y Luxemburgo han caído. Sin apenas presentar batalla, se han rendido al fisco de las grandes potencias y están dispuestos adoptar la normativa de transparencia fiscal impuesta por la OCDE. Adiós al secreto bancario. Tras la cumbre internacional del próximo 2 de abril, dichos paraísos serán declarados oficialmente muertos. Mónaco, Singapur y Hong Kong se enfrentan al mismo destino, abrir sus cuentas bancarias, hasta ahora opacas y confidenciales, a los inspectores de Hacienda que así lo demanden.

¿No atenta esto contra la legítima soberanía de un Estado? Plegarse al mandato o atenerse a las consecuencias del aislamiento y la sanción internacional ¿Acaso no es esto una amenaza? Es más. De hecho, se trata de una evidente declaración de guerra en términos tributarios. Algo de gran trascendencia si se tiene en cuenta que el Estado, interventor público por excelencia, se nutre de los impuestos que, coactivamente, recauda de ciudadanos y empresas.

La evasión fiscal será, sin duda, mucho más ardua y difícil a partir de ahora. Además, tras la eliminación, en la práctica, del secreto bancario no me extrañaría en absoluto que se tratara de obligar a estos países-refugio a armonizar su ventajosa presión tributaria con el fin de reducir e, incluso, eliminar las diferencias de impuestos existentes con otras grandes potencias. Luxemburgo, un grano en el centro de Europa, se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo gracias, precisamente, a tales divergencias competitivas entre estados-nación. No por casualidad ostenta el admirable récord de contar con uno de los mayores ratios de multinacionales y empresas residentes por habitante.

Y no. El tamaño no tiene nada que ver. La clave aquí radica en la ventajosa fiscalidad que aplica. Hasta tal punto ha llegado la presión de los grandes estados contra este tipo de paraísos que el Gobierno británico estudia suspender el Parlamento y la Constitución de las islas Turcas y Caicos, un refugio fiscal en el Caribe.

Las grandes potencias se escudan en que este tipo de enclaves sirven, en realidad, de lavadoras para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Ahora bien, ¿qué debemos entender por actividades ilícitas? Aquello que el Estado decrete como ilegal, como por ejemplo, el juego, la prostitución, el tráfico de drogas, la venta de armas, la evasión y el fraude fiscal, la ocultación al fisco de cuentas paralelas o la creación de sociedades… Entramos, pues, en el campo de la ética ya que, al fin y al cabo, los gobiernos tienen casi potestad plena para decidir lo que es o no ilegal.

En este sentido, resulta evidente que la procedencia y el seguimiento del dinero que emplean los grupos terroristas o que sirve de financiación a actividades criminales, en el sentido más puro del término, siempre puede ser materia de investigación judicial, embargo y congelación, en cualquier paraíso fiscal que así se lo requiera un juez, según el derecho internacional vigente. De todos modos, más allá de las razones últimas y verdaderas que han originado este movimiento por parte del G-20, debate de otro ámbito, resulta triste que muchos ciudadanos aplaudan el fin de los paraísos fiscales, empleando el manido argumento de "Hacienda somos todos" y "si yo pago, los otros también". Qué pena que se condene la posibilidad de regatear las elevadas cargas tributarias que soportan ciudadanos y empresas, de forma lícita y legal hasta ahora, bajo tales pretextos. El liberalismo acaba de perder una nueva batalla. Mi más sincero pésame.

Constitución económica como instrumento para limitar el estatismo

Una Constitución es capaz de proporcionar prosperidad durante multitud de generaciones sólo si su articulado contiene un conjunto de normas que protejan derechos económicos fundamentales como la propiedad privada y la libertad empresarial. Desgraciadamente, no es el caso de la Constitución Española de 1978, ya que durante su negociación triunfaron la desconfianza hacia el mercado y la creencia ciega en el poder omnímodo del Estado, quedando redactados muchos artículos de un modo ambiguo que posibilita un modelo económico intervencionista, donde caben desde la búsqueda de la justicia social hasta la colectivización comunista.

1. Papel del Estado

En su célebre libro La Riqueza de las Naciones, Adam Smith limitaba las funciones del Estado a tres papeles fundamentales para garantizar la libre interacción de los ciudadanos en una sociedad civilizada: la defensa exterior, la seguridad y las infraestructuras (esenciales, entendía, para ejercer la administración de justicia).

Sin embargo, desde principios del siglo XX, el tamaño del Estado ha crecido desmesuradamente como consecuencia de la planificación por formas de racionalismo construccionista como el comunismo o el nacionalsocialismo y, en gran medida, también por la obsesiva asunción política en las democracias occidentales de un paradigma de estabilizadores e ideas keynesianas que son recomendados por supuestos gurús que ascienden a los altares culturales y alcanzan cierta notoriedad social por servir al poder público y supeditar la ciencia al estatismo, es decir, a la intervención del Estado como regulador y actor principal del orden económico.

Observando la historia económica de España, desde la Restauración hasta nuestros días, la mayoría de gobiernos han venido aplicando políticas intervencionistas que han restringido gravemente la prosperidad. Por ello, si en algún momento se iniciase la necesaria y urgente reforma de la Constitución Española de 1978, sería esencial que incluyese un conjunto de artículos que aseguren el desarrollo o Constitución Económica, impulsados por una clase política que mayoritariamente confiase en la acción humana de millones de personas, actuando libre y espontáneamente en una sociedad abierta, extensa y compleja, lo que requiere que los medios de producción sean gestionados por manos privadas.

2. Derecho de propiedad y libertad de empresa

Al analizar los requisitos básicos que debe de cumplir esa Constitución Económica para ser útil durante la evolución de una sociedad civilizada, en primer lugar, la propiedad privada (artículo 33 CE) no puede quedar sometida a la "función social", la "utilidad pública" o el "interés social" y la libertad empresarial (artículo 38 CE) tampoco puede quedar restringida por los poderes públicos en defensa de la "productividad" o, incluso, de la "planificación" del gobierno de turno. Es decir, es esencial que se protejan fuertemente el derecho de propiedad y la libertad de empresa, quedando bajo tutela de jueces independientes (artículo 53 CE) y fuera del alcance de los políticos.

3. Tamaño del Estado

Lo anterior también requiere que se limite el crecimiento desmesurado del Estado ya que su intervencionismo ocasiona un grave perjuicio a la libre interacción de las personas físicas y jurídicas.

La reducción del Estado (en sus niveles central, autonómico y local e incluso supranacional) necesita de reformas constitucionales que limiten su expansión y que, al mismo tiempo, favorezcan la existencia de un sistema legal justo, orientado a los ciudadanos de modo que las instituciones sean independientes para garantizar eficientemente los derechos inalienables a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

4. Principio de consentimiento ciudadano

En ese sentido, sería útil introducir el principio del consentimiento ciudadano en las decisiones políticas que afectan al crecimiento del gasto público, mediante una propuesta de reforma del artículo 92 CE para establecer el referéndum obligatorio.

Este concepto no es baladí, ya que limitar el tamaño del Estado es esencial para que la población actúe libremente con mínima presión reguladora por parte de autoridades y funcionarios. Significa que la actuación de las diferentes Administraciones Públicas debe quedar limitada constitucionalmente, de modo que los políticos deban vencer obstáculos que les resulten electoralmente incómodos antes de poder incurrir en arbitrariedades presupuestarias, tributarias o monetarias.

Es decir, si las autoridades quieren incurrir en déficit presupuestario, desean más impuestos o pretenden incrementar el nivel de endeudamiento del Estado, deben aprobar las correspondientes leyes y, obligatoriamente, después convencer a una amplia mayoría de los ciudadanos con derecho a voto para su aprobación en referéndum.

5. Barreras comerciales

Por otro lado, ya comprobamos como una excesiva descentralización ha generado 17 centros de decisión política regional que introducen multitud de barreras comerciales, discriminación y aplastamiento de derechos ciudadanos o, incluso, observamos cómo es preciso frenar el secesionismo totalitario (artículo 155 CE) para garantizar la vida y la libertad en municipios gobernados por nacionalistas.

Analizamos los excesos del sistema autonómico y vimos como su solución requiere la limitación de las competencias autonómicas (Título VIII CE) instaurando un sistema estanco de competencias exclusivas y excluyentes.

Sólo así será posible recuperar la libertad de mercado y la fuerza socio cultural de una sociedad abierta, por encima de la cerrazón, las arbitrariedades y los intereses de las castas políticas regionales y sus redes clientelares.

6. Estado de Derecho

Pero, sin duda, para que una Constitución Económica sea operativa deben triunfar los valores éticos y debe existir presión desde la sociedad civil ya que, de otro modo será papel mojado en manos de los políticos, dado que debe quedar protegida por un Estado de Derecho en donde exista independencia judicial respecto de los poderes ejecutivo y legislativo, para que las castas políticas respeten escrupulosamente las reglas del juego y queden sometidas al principio de legalidad.

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Las cajas subprime

No sé si perciben ustedes un punto en común en las dos explicaciones. Efectivamente, la propia SGAE y sus directivos no son culpables de ninguna de ellas.

En el reino de Teddy Bautista y Pedro Farré no existe la autocrítica. Porque aun manteniendo sus objetivos, las cosas se pueden hacer de una manera tal que no provoque tantas antipatías. Una manera de hacerlo hubiera sido evitar demandar a diestro y siniestro cada vez que se han sentido "insultados" –algunos dirían que calificados con precisión de cirujano– por aquellos a los que denominan "pendejos electrónicos", es decir, ciudadanos que cometen el tremendo pecado de conectarse a internet. No es fácil ser popular cuando se intenta acallar a los críticos mediante el llamado "terror procesal", es decir, la amenaza siempre latente de demanda que aun sin tener posibilidades de ganar obliga a contratar un abogado y sufrir gastos y molestias.

Hasta tal extremo llega su incapacidad para detectar sus propios errores que el presidente de la SGAE es capaz de decir en una misma entrevista que "nunca me habrán oído ni una sola declaración prepotente" y que Enrique Dans, que comete el grave pecado de estar en desacuerdo con él y con la institución que dirige, es "un imbécil o un inane, o cualquiera de las dos cosas".

Gracias, querido Teddy, ahora cada vez que alguien de esa santa institución que diriges proteste por supuestos insultos dirigidos contra la SGAE o alguno de sus miembros, todo el mundo podrá preguntar: "¿Eso es como llamar imbécil a Enrique Dans?". Hay que ser torpe.

Dotado como estoy de una infinita generosidad, creo que hasta puedo darle algún consejo gratuito a la SGAE. Sé que no me harán ningún caso, así que no hay peligro de que escribirlo suponga una ayuda real a los mayores enemigos que tiene actualmente en España la libertad en internet. Lo mejor que podría hacer la SGAE para mejorar su imagen sería dar una rueda de prensa en la que se anuncie la prematura retirada de sus cargos de Teddy Bautista y Pedro Farré, así como la retirada de todas las demandas en curso por "derecho al honor".

Evidentemente eso no evitaría las críticas, porque el canon digital seguiría existiendo y seguro que continuarían sus manejos para lograr que los proveedores de acceso a internet siguieran la vía Sarkozy de persecución del P2P. Pero al menos ofrecerían la sensación de que están dispuestos a entrar en un debate normal y no penal con sus críticos.

Mira que eres torpe, Teddy

Hay que ver cómo pasa el tiempo y lo que cambian las cosas, sobre todo, para algunos que pese a todo insisten en negar la gravedad de la situación.

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) solicita abiertamente la intervención del Estado para evitar quiebras en el sector. Reforzar la solvencia de las cajas de ahorros se ha convertido, casi de la noche a la mañana, en asunto de emergencia nacional. Y es que, tal y como alerta Quintás, el coeficiente de solvencia de las cajas españolas se sitúa hoy en el 11,8%, y un ratio inferior al 8% forzaría la intervención del Banco de España.  

Y todo ello, con una tasa de morosidad oficial del 4,5% en enero, que equivale a 39.400 millones de euros en créditos de dudoso cobro. Unos 13.700 millones de euros más que la banca nacional, cuya mora se sitúa en el 3,17%. El problema es que el volumen de impagos seguirá aumentando en los próximos meses conforme el desempleo crezca, las empresas cierren y el colapso del sector inmobiliario se mantenga por resistirse al necesario ajuste de precios. 

España no sólo cuenta con hipotecas basura, sino también con cajas subprime. El sector financiero español acumulaba a mediados de 2008 cerca de 315.000 millones de euros en créditos concedidos al sector de la construcción. En los últimos 15 años, el crédito total al sector inmobiliario se ha multiplicado por más de 12, pasando de 88.500 millones de euros a 1,07 billones para la construcción y compra de inmuebles.

Las cajas de ahorros son, precisamente, las entidades más expuestas al boom del ladrillo. Más del 70% de sus créditos concedidos en 2007 se destinaron exclusivamente al mercado de la vivienda, tanto promotores como familias, frente al 50% de la banca, según advertía el pasado mayo el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana (OCE). En total, los préstamos concedidos por bancos y cajas a dicho sector se aproximó al 60% en 2007, casi el doble que en 1992 (35%).

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, a finales de 2006 y principios de 2007, el pastel ha quedado al descubierto. Las cajas de ahorros comienzan a padecer los primeros síntomas evidentes de insolvencia ante el incremento de la morosidad. Y es que su exposición crediticia al ladrillo multiplica por siete sus fondos propios (capital). En concreto, y tomando 2007 como base de datos, último año de la burbuja, las cajas de ahorros apenas disponían de 14 céntimos por cada euro invertido en el sector del ladrillo. Un nivel de cobertura muy inferior a la de 1993 (33 céntimos por euro).

El derrumbe del mercado de la vivienda se está traduciendo en quiebras de un gran número de inmobiliarias y constructoras, cuya actividad estaba fuertemente apalancada. Es decir, compraban suelo y levantaban pisos con dinero externo procedente de la banca, ya que la burbuja atemperó la percepción del riesgo crediticio.

Como resultado, la morosidad de los préstamos concedidos a actividades inmobiliarias se disparó hasta el 6,09% de media en 2008, multiplicando casi por doce la tasa registrada en 2007 (0,52%), según los últimos datos del Banco de España. En el caso de los bancos ascendió al 4,94%, mientras que en el de las cajas se ha disparado hasta el 7,02%.

Ahora bien, tal y como comentábamos, la fiesta acaba de empezar. Si el riesgo de insolvencia se cierne hoy sobre algunas cajas de ahorros, con una morosidad media del 4,5%, tengan ahora en cuenta los siguientes datos: la burbuja inmobiliaria en la última década ha sido una de las mayores del mundo, superior a la de Estados Unidos y a la de principios de los años 90; además, España se enfrenta a la peor recesión en décadas y, de hecho, todo indica que sufriremos una tasa de paro superior al 20% a corto plazo; por último, y como consecuencia de todo lo anterior, los impagos seguirán incrementándose.

La propia CECA estima una morosidad próxima al 6% a mediados de año, mientras que el Banco de España no descarta una tasa del 9% a finales de 2009, muy similar a la alcanzada en 1993. La diferencia es que, en la actualidad, el volumen de crédito es muy superior al de la última crisis económica. En 1993 una morosidad del 9% representaba unos 25.000 millones de euros en créditos de dudoso cobro, equivalente al 5% del PIB nacional. Hoy, asciende ya a 72.000 millones, y la tasa apenas es del 3,8%.

De elevarse al 9%, tal y como advierte el Banco de España, el volumen de créditos en riesgo de impago aumentaría hasta una cifra próxima a los 170.000 millones de euros, casi el 15% del PIB nacional. Un último dato. Muchas entidades no podrían soportar una morosidad superior al 10%. La crisis bancaria en España, aunque con retraso con respecto al resto de países, acaba de comenzar. Bienvenidos.

Krugman y su economía de los canguros keynesianos

La concesión del Premio Nobel de Economía a Paul Krugman le ha convertido en una especie de guía espiritual para gestionar la recuperación de la crisis actual. Sin embargo, dado que los conocimientos del estadounidense sobre el ciclo económico dejan bastante que desear, sus recomendaciones difícilmente serán adecuadas.

Quizá la manera más sencilla de comprobar que su perspectiva keynesiana de Krugman es del todo inútil para comprender el funcionamiento de una economía lo tenemos en el ejemplo al que tanto le gusta recurrir para explicar el ciclo económico: la cooperativa de canguros.

En este modelo, cada pareja miembro de la cooperativa presta sus servicios de canguro a otra pareja y a cambio de este servicio recibe un vale que le da derecho a solicitar en el futuro que otra pareja de la cooperativa cuide de sus niños (y a cambio de lo cual ésta última pareja recibirá un vale que da derecho a lo mismo).

Con este sencillo esquema, Krugman explica tanto las recesiones (por ejemplo, el pinchazo de la burbuja de las puntocom) como las depresiones deflacionarias (Japón). Recesión sería cuando el número de vales en circulación se reduce (por ejemplo, porque algunas parejas acaparan muchos vales con el objetivo de tener disponibles servicios de canguro en el futuro), de modo que cada pareja empieza a racionar el uso de los vales para ocasiones especiales (es decir, no salen tanto por las noches para no tener que gastar vales); sin embargo, si no hay parejas que gasten, el resto de parejas no podrá adquirir nuevos vales, de modo que cada vez la demanda de canguros se restringe más y, por tanto, también la oferta. La solución es simple: imprimir más vales para que se creen más oportunidades de hacer de canguro y la circulación de vales se "reactive".

Para explicar la depresión a la japonesa hay que perfilar un poco el modelo, añadiendo un mercado de crédito: se supone que cada pareja puede pedir prestados cupones a la administración de la cooperativa a cambio de que en el futuro le devuelva aun más cupones (el interés de la operación opera aquí como una sanción para penalizar el abuso del endeudamiento).

En este modelo, el problema puede surgir por la fuerte estacionalidad en la demanda de canguros: en invierno ninguna pareja quiere salir de fiesta y no necesita canguros, así que intentará construir reservas de vales para verano, cuando sí desea salir de casa. Pero si nadie quiere salir de casa, nadie podrá acumular vales (sin demanda de canguros no hay oferta ni demanda futura), con lo cual los pocos que tengan reservas de vales todavía estarán menos dispuestos a gastarlos en invierno. Ni siquiera aunque la autoridad ponga los tipos de interés a cero, las parejas demandarán vales en invierno, ya que perderían oportunidades de salir en verano. En esta situación la economía habrá caído en la "trampa de la liquidez".

La solución para Krugman vuelve a ser igualmente simple: hacer que los vales se deprecien, de modo que si no se gastan en invierno ya no sirvan en verano; y así, los vales seguirían circulando. Dicho de otra manera, la inflación es la solución para la depresión. Conclusión que haría muy feliz a Silvio Gesell.

La simplicidad del modelo no impide que para Krugman sea muy descriptivo de la realidad. En el artículo podemos leer que "cambió su vida", que "puede aprenderse más economía con él que con un año de editoriales del Wall Street Journal" e incluso que "si se lo toma en serio podría salvar el mundo".

Veamos hasta qué punto estas pomposas conclusiones tienen algo de sustancia y si logran resistir un mínimo análisis crítico de los supuestos del modelo:

  • El consumo genera la renta (inexistencia de capital): Los modelos keynesianos carecen de una buena teoría del capital –algo que el propio Keynes reconoció– ya que suelen representarlo como un fondo homogéneo que se autorreproduce y que carece de estructura alguna. Obviamente, esto es irreal, ya que los bienes de consumo no aparecen en el mercado por arte de magia, sino que son producto de toda una estructura de bienes de capital que lejos de ser amorfa, es muy compleja, heterogénea, específica y bastante indivisible, y lejos de autorreproducirse, sólo puede mantenerse a costa de unos recursos que proceden de una restricción del consumo. Dicho de otra manera, cuando vendo un coche, estoy obteniendo retribución no sólo por el "bien de consumo" coche, sino por todos los factores productivos que han ayudado a producirlo (máquinas, obreros, minas, centrales eléctricas…). El modelo de Krugman, sin embargo, supone una simplificación aun mayor que el keynesiano, ya que el capital ni siquiera existe. Cada vez que una familia consume un servicio de canguro genera automáticamente nueva renta en otras familias. La economía se reduce a un simple trueque de servicios. Pero sin capital ni inversiones no puede haber, por definición, un problema de "malas inversiones" y, por tanto, toda la cuestión del ciclo económico carece de sentido. Dicho de otra manera, Krugman pretende explicar el ciclo económico mediante una organización económica donde no puede haber ciclo económico por el motivo que exponemos a continuación.

  • Sólo existe una forma de generar riqueza: Dado que en el modelo sólo existe un bien (servicios de canguro), Krugman equipara producir ese bien con generar riqueza; así, dejar de producirlo equivale a recesión y pobreza. Esto es absurdo, ya que una sociedad donde cada pareja cuidara siempre de sus hijos sería paupérrima y una sociedad donde cada pareja nunca cuidara de sus hijos (sino de los de otra pareja) sería riquísima. En realidad, que en este modelo se presten más o menos servicios de canguros no es un asunto de malas inversiones (por ejemplo, que cada pareja haya financiado sus salidas de fiesta con la deuda y cuando llega la hora de repagar toda esa deuda deban renunciar en seco a seguir saliendo y, por tanto, a contratar canguros), sino de variabilidad de preferencias de los consumidores.

  • No existe el dinero: En puridad los vales de la cooperativa no son dinero, ya que sólo son intercambiables por un bien, a saber, los servicios de canguro. Dicho de otra manera, el tenedor de vales es un consumidor cautivo de los servicios de canguro. Sólo puede elegir si consumirlos antes o después, pero no puede forzar una reconversión de los servicios de los canguros. Por tanto, ni el consumidor es soberano, ni, de nuevo, existe un problema de malas inversiones: el oficio de canguro siempre será la especialización óptima en esta economía.

  • No existe incertidumbre asociada a los vales: Pese a que el vale sólo incorpora un derecho de cobro, Krugman asume que no conlleva ningún tipo de incertidumbre, es decir, que cualquier tenedor de un vale puede obtener en cualquier momento y lugar la cantidad de servicios de canguro que desea consumir. Obviamente esto no tiene ningún sentido, ya que tener derecho a un canguro no garantiza poder encontrar siempre a alguien que quiera prestar este servicio; especialmente si la cooperativa imprime vales por unos servicios de canguro que las parejas no han aceptado prestar. Dicho de otra manera, Krugman sostiene que si se imprimen artificialmente vales, las parejas estarán dispuestas a hacer horas extra y que, por consiguiente, los vales nunca serán impagados, ni siquiera cuando el progresivo incremento inflacionario de horas extra deje a las parejas con menor tiempo disponible para realizar otras actividades. Pero, ¿qué pasaría cuando cada día circulasen por pareja más derechos a horas de canguros que horas tiene el día?

  • El ahorro sólo puede tomar la forma de atesoramiento: En las sociedades modernas, incrementar el ahorro permite incrementar las inversiones y, por tanto, la cantidad de bienes de consumo futuros. Los factores no quedan desempleados por el hecho de ahorrar, sino que son trasladados desde unas industrias (las de consumo) a otras (las de bienes de capital). Dado que en el modelo de Krugman no existen bienes de capital, las familias sólo pueden atesorar sus vales. Y al atesorarlos necesariamente incrementan el desempleo de los factores productivos (es decir, el resto de parejas que quieren ser canguros), los cuales no tienen otro sitio donde ser ocupadas. Si el modelo admitiera la existencia de inversión, quedaría claro que si se reduce el consumo de canguros puede incrementarse la demanda de bienes de capital. Por tanto, la fuerte estacionalidad de la demanda de bienes de consumo –esto es, la preferencia por la liquidez que según Krugman provoca la crisis de Japón– sólo favorecía que durante las épocas de poca demanda, los "recursos ociosos" se invirtieran en industrias destinadas a producir más bienes de consumo para las épocas en que éstos tengan una alta demanda. Pero en este modelo esto no puede ocurrir, ya que se asume que es imposible trasladar renta del presente al futuro mediante la inversión (y el consecuente incremento de nuestras posibilidades de consumo futuro).

  • Los recursos ociosos son simplemente un problema de demanda: El corolario del punto anterior es que la actividad cae y las parejas se quedan sin prestar servicios de canguro porque la gente ahorra (es decir, atesora), de modo que basta con incentivar que vuelvan a consumir para que la actividad resurja y los recursos se vuelvan a emplear. De nuevo, dado que no hay capital ni malas inversiones, Krugman no se da cuenta de que en una economía la mayoría de los factores productivos se emplean de manera conjunta y sinérgica, de modo que la desocupación (el paro) indica la insuficiencia de bienes de capital complementarios para dar empleo a los recursos ociosos; insuficiencia que se debe a la necesidad de reconvertir las malas inversiones previas (que en este modelo, recordemos, no existen).

  • El gasto público y la inflación son suficientes: Visto lo anterior –si la actividad y el empleo son el consumo, si el dinero sólo puede emplearse o bien en el consumo de un solo bien o bien en su atesoramiento, si no existe incertidumbre alguna en el cumplimiento de las obligaciones y si los recursos productivos son perfectamente móviles en sus usos– por supuesto la resolución de las "recesiones" es evidente: basta con forzar el consumo de vales, ya sea imprimiendo mayor cantidad de ellos u obligando a que se desatesoren (con inflación o decretos de gasto obligatorio). El problema es que este modelo no tiene nada que ver con la realidad de una economía capitalista –donde hay bienes de capital y donde el problema es cómo reorientar las malas inversiones previas–, que no en vano es donde se producen los ciclos económicos.

Sin duda, un Nobel muy merecido.

¿Y si Bernanke tuviera razón?

Aunque desde luego es arriesgado efectuar este tipo de predicciones –y Bernanke no cuenta con un gran historial en este sentido, por ejemplo en 2005 aseguraba que no existía ninguna burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y que, por tanto, no se produciría ninguna crisis–, el presidente de la Reserva Federal podría estar en lo cierto, aunque por razones distintas a las que tiene en mente.

Recordemos que las crisis son la consecuencia natural a un proceso generalizado de malas inversiones inducido por los bancos centrales. Casi todos los agentes económicos han sido conducidos al error por el sistema bancario y toca reestructurar la economía. ¿Y cómo se reestructura una economía? Básicamente purgando todas las malas inversiones: con quiebras y particiones empresariales, con reducciones del tamaño de mercados enteros, con despido de factores productivos, con caídas de precios de los activos y con un incremento del ahorro. Una vez que las malas inversiones se hayan corregido, la crisis termina y se inicia la recuperación sobre una base más sólida que antes.

El problema de las crisis suele ser que la población aguante estoicamente al ver como pierde su empleo o como el valor de sus patrimonios se hunde temporalmente. En caso de impaciencia y malestar, la petición más lógica es que el Gobierno intervenga para evitar el ajuste; es decir, en lugar de un ajuste brusco para volver a crecer se opta por el estancamiento secular en la mediocridad. Japón es un ejemplo claro de que la no liquidación de las malas inversiones perpetúa la crisis.

¿Pero ha ocurrido esto en Estados Unidos? Bueno, sólo en parte. En la economía norteamericana el único mercado que estaba significativamente inflado era el inmobiliario y hasta diciembre de 2008 los precios de las viviendas ya habían caído un 30% desde su punto más alto, lo cual elimina prácticamente toda la sobrevaloración de su precio y permite dar nuevos bríos a este sector. Muchas empresas han quebrado y la economía se está reorganizando con fusiones, adquisiciones y liquidaciones de activos.

En cierto sentido puede que los políticos hayan llegado demasiado tarde para impedir el ajuste: por ejemplo, aunque se ha evitado que algunos bancos quebraran, estos se encuentran en un estado vegetal a la espera de certificar su defunción o de recapitalizarse cuando la economía se recupere, por lo que sólo en parte se ha evitado que enajenaran sus activos en el mercado. Lo mismo sucede con el milmillonario plan de Obama; los fondos públicos no empezarán a gastarse hasta bien iniciado 2010 y mientras tanto la economía continuará ajustándose. Con un poco de suerte, el mercado volverá a ir por delante de los políticos y la economía resurgirá antes de que puedan hundirla definitivamente.

Así, el profesor Jesús Huerta de Soto, uno de los pocos economistas en todo el mundo que ha sido capaz de predecir y explicar la crisis con una teoría completa sobre la misma, lleva meses pronosticando que la recesión estadounidense adoptará la forma de V, es decir, una caída muy brusca y rápida que dé paso a una pronta recuperación…. siempre y cuando, como tampoco se cansa de repetir, los políticos no metan su pata sobre las empresas e impiden su reestructuración.

De hecho, lo único que le falta a Estados Unidos para volver a crecer es un mayor desapalancamiento que incremente el peso de los fondos propios sobre la deuda acumulada; pero dado que este desapalancamiento ya se ha producido en los activos de peor calidad, el proceso que les queda por delante debería ser menos doloroso que el ya vivido.

Así pues, pese a todo, Bernanke podría estar en lo cierto, aunque ni los riesgos han desaparecido ni convendría olvidar que toda su política ha ido dirigida a evitar que se produzca ese ajuste que permitiría la recuperación que ahora predice. Al fin y al cabo, las reducciones de tipos de Bernanke iban dirigidas a evitar que los precios de la vivienda siguieran cayendo (abaratando el crédito hipotecario), aun cuando esto fuera uno de lo requisitos básicos para la recuperación. Afortunadamente, hasta ahora, su política monetaria ha sido estéril: ni ha evitado la quiebra de bancos (eso fue obra de Paulson) ni la deflación de precios de activos, y gracias a ello la recuperación está más cerca.

Otra cuestión, claro, es el caso español, donde los precios de la vivienda apenas se han corregido y donde la única reestructuración productiva tiene lugar vía destrucción de empleo. Aquí no tenemos una economía tan flexible como en Estados Unidos y eso se nota y se seguirá notando en el futuro.

Salvemos el planeta

Con esta nueva subida nuestras emisiones ya se sitúan un 52,6% por encima del año de referencia (1990) cuando el acuerdo era no incrementarlas más de un 15%. Esa diferencia significa un coste directo de miles de millones de euros para las empresas españolas en concepto de compras de derechos de emisión. Las decenas de planes nacionales concebidos para dirigirnos hacia su acatamiento no han servido de nada. Tampoco ha tenido ningún tipo de efecto la promesa de la ex ministra Narbona de que el coste de cumplir con Kyoto (o de intentarlo) se mantendría bajo. Esto es un verdadero fiasco.

El problema desde la firma del Protocolo de Kyoto hasta el año 2007 es que la economía creció, así de simple y así de claro. Ese es el pecado que hemos cometido y por el que tendremos que pagar a ricos empresarios de países de la Europa del Este y Alemania. En efecto, el ciudadano medio español lleva desde 2005 jugando forzosamente a este juego de trileros en el que después de mover los vasitos boca abajo sólo cabe perder. Si levantamos el primer vasito hemos de pagar a través de la elevación de los precios de la electricidad y de otros productos básicos, si levantamos el segundo nos toca deslocalización y pérdida de empleo y si levantamos el último nos encontramos con impuestos verdes, déficit verde o multas verdes.

Siempre he estado entre los que decían que la única forma de cumplir con Kyoto y no perder en este juego de suma cero es provocar una crisis de dimensiones históricas. Los catastrofistas ecologistas se gastaban la cara de llamarnos alarmistas por señalar esa obviedad. Ahora resulta que los partidarios de Kyoto miran esperanzados la crisis económica en la que nos encontramos porque está logrando que se reduzca la actividad industrial y el consumo energético producido a través de fuentes fósiles y, con él, las emisiones de CO2. Lo que está ocurriendo es la prueba fehaciente de que lo que decíamos era cierto (algo que, por otro lado, no tiene demasiado mérito) y que en plazos como los establecidos por el Protocolo no cabía más que crisis económica o incumplimiento. El ecologismo radical se alegra ahora del desastre económico que estamos padeciendo por culpa de las enormes dosis de intervencionismo financiero que también ellos apoyan. En el fondo, es posible que lo único que estuvieran persiguiendo fuese eso, una enorme crisis y un parón industrial global.

Vaclav Klaus lo tiene muy claro. En el reciente Congreso Internacional No Gubernamental sobre Cambio Climático de Nueva York organizado por Heartland Institute y otras 59 organizaciones independientes –entre las que se encontraba el Instituto Juan de Mariana–, el presidente de turno de la Unión Europea expresó su convicción de que para los ecologistas la cuestión no es climática sino ideológica. Un indicio de que Klaus tiene razón es que aunque todos los países cumplieran con el Protocolo, la temperatura global de la tierra apenas variaría en 0,07 grados centígrados para el año 2050. Otra pista que confirma las sospechas del presidente checo es que los ecologistas no quieren ni oír hablar de alternativas menos costosas y más efectivas que Kyoto, algunas de las cuales han permitido a Estados Unidos tener una tasa de incremento de emisiones que es la mitad de la europea desde 1997. Por último, y esto termina de destapar el rojo que se esconde bajo la capa de verde, los que vienen diciendo desde los 90 que el calentamiento que sufrimos es catastrófico evitan comentar la buena noticia –corroborada en la conferencia de Nueva York– de que llevamos una década sin ese calentamiento global. En algo sí tienen razón los catastrofistas: tenemos que salvar el planeta. Pero, como decía Klaus, tenemos que salvarlo del movimiento ecologista.