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Riqueza y pobreza en una lección

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La lógica es la siguiente: si hay mil millones de usuarios de internet y todos aportan un dólar, podemos colar al mendigo en la lista de Forbes.

La matemática es inapelable, pero la lógica económica falla. Detrás está la idea de que la riqueza es una cantidad estanca y que la que se acumula es a costa de otros, por lo que volver a robar a los ricos para repartirlo entre los demás tiene sentido. De hecho, no es ya que la última edición de la lista de millonarios no esté el homeless elegido para el experimento, sino que el dinero que se ha reunido en este año largo no alcanza los 1.000 dólares. A este ritmo, ni en un millón de años se podría colar en la lista.

Quien sí ha entrado es otra persona que, como Bumillionaire, se ha visto obligado a vivir en la calle. Se trata de John Paul DeJoria, un hombre hecho a sí mismo, que ha creado una de las primeras fortunas del mundo partiendo de cero. No tenía una familia que le apoyase, ni un capital inicial. Pero en los Estados Unidos pre-obamitas existía esa red invisible, pero real, que llamamos libertad económica.

Había trabajado desde los 9 años y tenía una personalidad independiente. Era "demasiado orgulloso como para pedir ayuda" y prefirió vivir en el coche a recurrir la que le ofrecía el Estado. De haberlo hecho, quizá no hubiese insistido en buscar su propio camino. En los 60’, con un socio y un crédito de 700 dólares, montó una empresa de venta ambulante, ofreciendo puerta a puerta productos de peluquería. El capitalismo se basa en la confianza y él se ganó la de sus clientes con una sencilla fórmula, entonces nada habitual: "si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero".

DeJoria no hubiera llegado jamás a multimillonario de haber esperado la donación de un dólar por cada internauta. Su camino se habría truncado si hubiese elegido la analgésica ayuda del Estado. No la necesitaba. Hizo suyo el derecho, reconocido en la Declaración de Independencia, a la libertad de buscar su felicidad; a hacer realidad el sueño americano.

Estas dos personas son ejemplo vivo de qué son la riqueza y la pobreza, de las potencialidades de una sociedad libre y de los miserables resultados del reparto de haberes.

Empleo e inflación

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos meses, con el aguzamiento de la crisis económica, se están rescatando sugerencias que hacía varias décadas que se encontraban enterradas. No resulta extraño encontrar cómo existen periodistas y políticos que piden a los bancos centrales que relajen su rigor monetario para así elevar el consumo, incrementando la inflación, lo que redundaría en una disminución de la tasa de desempleo. Dicho de otra manera, se estaría intentando rescatar la idea subyacente en la denominada curva de Phillips.

Durante muchos años se había creído que la abundancia de dinero estimulaba el consumo de los ciudadanos de un país, lo que a su vez aumentaba las necesidades tanto de inversión como laborales del mismo, a fin de dar respuesta a dicho aumento de la demanda. Es decir, que existía una relación inversa entre tasa de desempleo e inflación.

Si todo fuese tan simple y la solución al desempleo tan sencilla, resulta extraño que a los gobiernos no se les haya ocurrido elevar fuertemente la cantidad de billetes en circulación en el mercado, eliminando así la tragedia del desempleo. La razón por la que no lo han hecho es que en los años 70 se pudo comprobar cómo esta relación no era cierta, al surgir un fenómeno que según la curva de Phillips era impensable: la estanflación. En esos años la inflación fue elevada sin que la tasa de desempleo descendiese. Hoy en día esta situación es especialmente dramática en Zimbabwe, con una tasa de inflación estimada del 165.000% y una tasa de desempleo del 94%, siendo la constatación más palpable de que la relación descrita por la curva no puede ser cierta.

Para entender la relación entre empleo e inflación hay que primero comprender el funcionamiento de una empresa. Ésta proporciona a los consumidores los bienes que demandan al precio que exigen. Al consumidor le resultan indiferentes los costes en que incurra la empresa a la hora de obtener un producto, ya que tiene una idea mental de cuál es el valor máximo que tiene ese bien, sin que en dicho cálculo entren a formar parte los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias del oferente. Es, por tanto, el productor quien debe ajustar sus costes al precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar, o de lo contrario quebrará. El precio máximo que se podrá pagar al trabajador será el importe cobrado por la producción menos el resto de costes en que incurra la empresa. Por encima de dicho precio la empresa quebrará. Para aumentar la retribución sería necesario que la productividad aumentase, lo que es posible mediante la realización de nuevas inversiones (en maquinaria, formación, etc.).

Si aumentase la cantidad de dinero en circulación en el entorno de dicha empresa, al principio, recibiría un mayor número de pedidos al haberse incrementado la renta de sus potenciales compradores y a un mayor precio. Esto le podría llevar a necesitar un mayor número de trabajadores. A priori parecería que todos son ventajas para empresa y trabajadores. Sin embargo al aumentar el dinero en circulación y envilecerse la moneda, los trabajadores de la empresa se estarían empobreciendo de dos formas. De un lado el salario que reciben, aunque nominalmente sea el mismo, les sirve para adquirir menos bienes, al haberse depreciado la moneda. Por otro lado, los ahorros de los trabajadores han sufrido una merma, al padecer también el mismo proceso de envilecimiento.

Esta situación de empobrecimiento por parte de los trabajadores les llevaría a solicitar subidas de salario que anulen los efectos perjudiciales de la inflación. Si fuesen atendidas, puesto que su salario no podría ser mayor a su productividad marginal, el anterior aumento de plantilla no podría producirse, por lo que en un segundo momento bajaría el número de trabajadores contratados por la empresa. No obstante aunque se hubiesen recuperado los trabajadores del envilecimiento de su salario, no sucedería lo mismo con sus ahorros, que se habrían depreciado. Y el aumento inicial de empleo habría desaparecido.

Otro efecto perjudicial, de esta política de abundancia del dinero barato, es la dificultad existente para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión. Así, una empresa animada por el aumento de la demanda inicial, que se produce por la abundancia de dinero barato, podría evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión y acometerlo. No obstante, esta demanda adicional, pasada la euforia inicial, desaparece, tan pronto los consumidores se adaptan al escenario inflacionista, con lo que la empresa se encuentra con el coste de dicha inversión sin una demanda que la respalde. Por tanto dichos costes adicionales reducen la cantidad máxima que la empresa puede pagar a sus trabajadores sin incurrir en quiebra.

Por tanto, un aumento de inflación únicamente puede traer consigo un aumento inicial de empleo empobreciendo salarios y ahorros. Conforme avance el tiempo, las malas inversiones que ha provocado la abundancia de dinero barato y la consiguiente inflación, traerá un escenario de quiebras y crisis que provocará el efecto contrario, es decir, aumentando el desempleo.

La mejor protección que pueden recibir los trabajadores es la confianza en el valor de su moneda, algo que no puede producirse si ésta se envilece y pierde valor. Esta seguridad servirá como base para el ahorro que a su vez incrementará la acumulación de capital necesaria para que aumente por un lado la productividad, y en consecuencia los futuros salarios de los trabajadores y, por otro, el empleo.

Torquemada en Nueva Zelanda

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Al fin y al cabo, los jóvenes de todo el mundo que todavía no han llegado a la mayoría de edad comparten una amplia gama de aficiones y gustos. Y entre todos ellos están, que duda cabe, consumir productos de entretenimiento destinados a adultos.

La mayor parte de los adolescentes de todo el mundo comparten varias pasiones: las escenas ficticias de violencia (sobre todo los chicos); la imagen de señoritas o mozalbetes, depende del sexo y los gustos de cada uno, de buen ver con la mayor superficie posible de piel a la vista; las conversaciones subidas de tono… En definitiva, todo lo que se suele clasificar como apto sólo para mayores de edad. Y la cuestión de estas clasificaciones, a pesar de que estemos acostumbrados a ellas, resulta más peliaguda de lo que podría pensarse en un principio.

No hay nada que objetar cuando se limitan a recomendaciones, sobre todo si surgen de la iniciativa privada, o se trata de autolimitaciones impuestas por el propio sector en cuestión (el cinematográfico, el de los videojuegos, etc.). Otra cosa muy diferente es cuando el Estado se mete por medio e impone prohibiciones. En estos casos se trata de una intromisión directa en el ámbito del hogar. Son los padres, y no un funcionario, los que deben considerar si unos contenidos audiovisuales, fotográficos, electrónicos o de cualquier otro tipo son los adecuados para sus hijos.

Tan sólo por eso resulta demencial la pretensión del censor jefe del Gobierno neocelandés (de hecho, resulta demencial el hecho de que en un país democrático exista ese cargo) de meter en la cárcel a los padres de menores que se entretengan con videojuegos para adultos. Lo que pretende este señor es que aquellos progenitores que no eduquen, o no puedan hacerlo, a sus hijos como los políticos creen que deben hacerlo terminen con sus huesos en prisión. Pero hay más. Bill Hasting, que es como se llama este moderno Torquemada austral, justifica su pretensión con la excusa de que la cárcel es una buena manera de obligar a los padres a aprender lo suficiente sobre tecnología para poder controlar a sus retoños.

Tal vez debería preocuparse menos por la moral ajena y más por desarrollar su propia inteligencia y sentido común. ¿Se le ocurriría a Hasting meter en la cárcel a un padre analfabeto por el hecho de que un hijo suyo que sí ha estudiado lea una novela erótica? ¿Y encarcelar a una madre que no sabe bloquear el DVD para que no reproduzca contenidos pornográficos o violentos, suponiendo que el aparato lo permita? O, incluso, ¿condenaría a un ciego por no saber cómo impedir que su hijo mire fotos de chicas desnudas? Porque la argumentación en la que basa su propuesta, aunque la aplique sólo a los videojuegos, justificaría todas esas tropelías.

Yo también quiero reflexionar

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

En efecto, prácticamente ni Dios va a ver una película española, entre otras cosas porque el Altísimo tiene otras muchas ocupaciones y además le gustan las películas de Schwarzenegger, hechas para atraer a la audiencia como Él manda. Esto demuestra que el razonamiento de Lasalle es un ejemplo claro de falacia pues llega a una conclusión cierta (cada vez menos espectadores van a ver cine español) a través de un argumento erróneo (el cine español es un producto de calidad). A menos que Lasalle suponga que los españoles padecen un brote agudo de cretinismo, que les lleva a consumir productos infumables pudiendo elegir otros excelentes por el mismo precio, habrá que concluir que si la gente va cada vez menos a ver películas españolas es porque son… ¿cómo decirlo sin ofender demasiado? ¿Una puñetera castaña, Lasalle?

El cine español, como cualquier otra actividad subvencionada fuertemente por los poderes públicos, no responde a los gustos de los consumidores a los que supuestamente va destinado, sino a las exigencias estéticas e ideológicas de quien ocupa el poder y tiene el mando del grifo de la subvención pública. Es normal, por tanto, que la inmensa mayoría de las películas que se hacen en España sean un ejercicio de onanismo sectario técnicamente mediocre, estéticamente lamentable e ideológicamente insultante, cuyo único objetivo es contribuir a la promoción de la agenda ideológica de la izquierda zapateril.

Los zejateros han conseguido la dudosa hazaña de hacer que la recaudación de las películas españolas sea inferior a la cuantía de las subvenciones directas que reciben del Estado, que no son sólo los famosos 88 millones de euros del fondo para la cinematografía, sino alrededor de doscientos cincuenta millonazos, una vez sumado el impuesto revolucionario que se exige a las televisiones españolas a través del famoso cinco por ciento de los beneficios que obligatoriamente deben destinar a la promoción del cine español. Para que se entienda bien la magnitud del expolio, es como si Zapatero subvencionara cada coche que sale de la factoría de SEAT con un importe superior al precio que el cliente paga por él cuando lo adquiere. Un despropósito de tintes delictivos y un insulto a la inteligencia, que sin embargo los políticos de todos los partidos dan por bueno siempre que en lugar de un utilitario con cambio automático se trate de una película que ataque virulentamente las creencias de más de la mitad de los resignados contribuyentes.

No deja claro el gran Lasalle cuál es la solución que propone el Neopepé para arreglar "el problema" del cine español, pero a tenor de la trayectoria reciente del partido, suponemos que consistirá en darle aún más dinero a la casta de mediocres subvencionados que viven del cuento cinematográfico, con la única condición de que en vez de tocarse la ceja durante la campaña electoral de 2012 se pongan una barba postiza en honor de Rajoy y aparquen momentáneamente el famoso cordón sanitario.

En cambio, la mayor parte de los votantes del PP seguramente preferirían que el responsable de cultura del partido hiciera gala de una mayor contundencia en sentido contrario. Con que tratara a los cineastas españoles como hizo con su compañera María San Gil sería suficiente.

Greenspan sí causó esta crisis

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Básicamente, existen dos teorías para explicar la burbuja financiera que sufrieron los mercados internacionales entre 2002 y 2006. Una, la explicación de la escuela austriaca, sostiene que la Reserva Federal (y el resto de bancos centrales del mundo) manipularon artificialmente los tipos de interés a la baja (en Estados Unidos estuvieron durante un año al 1%), de modo que se invirtieron muchos más recursos de los que había disponibles merced al ahorro real. Así, se iniciaron muchas más inversiones de las que eran rentables y la cosa terminó explotando a finales de 2006.

La otra explicación, blandida especialmente por los altos cargos de la Reserva Federal –como el actual presidente Ben Bernanke o el propio Alan Greenspan– es que durante ese período se produjo un "exceso de ahorro" (savings glut) por parte de las economías asiáticas que se dirigió especialmente hacia Estados Unidos. Dado que había "demasiado ahorro" y "demasiadas pocas inversiones de bajo riesgo", ese exceso de ahorro, buscando una cada vez más escasa rentabilidad, tendió a dirigirse hacia proyectos crecientemente arriesgados.

A la Reserva Federal le interesa poderosamente escudarse en esta última explicación por motivos obvios. En caso contrario, Alan Greenspan y Ben Bernanke serían dos de los principales responsables de la crítica situación actual.

En su artículo en el Wall Street Journal, Greenspan afirma que los tipos de interés que fija la Reserva Federal no están relacionados con los tipos hipotecarios y, por consiguiente, no pudieron influir en la orgía crediticia. ¿Y por qué según Alan Greenspan ambos tipos de interés están desconectados? Por dos razones: la primera, que las tasas de la Fed son generalmente a un día (overnight) mientras que las hipotecas se prestan por largos plazos (15 o 30 años); el segundo, que cuando la Reserva Federal comenzó a incrementar sus tipos de interés a mediados de 2004, los tipos de interés de las hipotecas y de la deuda a largo plazo, en lugar de aumentar en consonancia se redujeron.

Probablemente Greenspan sólo esté intentando marear la perdiz para conservar parte del prestigio que injustamente amasó durante su etapa al frente de la Fed. Dudo mucho que el ex presidente de la Reserva Federal no conozca cómo funcionan los mercados crediticios y, por tanto, ignore las críticas que voy a efectuar a sus pueriles razonamientos.

Primero, aunque los tipos de interés de la Reserva Federal sean a un día, el negocio bancario actual consiste, desgraciadamente, en endeudarse a corto plazo para invertir a largo. Dicho de otra forma, los bancos refinancian continuamente sus deudas a corto plazo a través del banco central (y el mercado interbancario que se desarrolla en su entorno) e invierten en activos que maduran a largo plazo (por ejemplo, hipotecas). De esta manera, si la Fed baja sus tipos a corto plazo, la oferta de fondos prestables a largo plazo se incrementa y, por tanto, el tipo de las hipotecas decrece en consonancia. Y ello por no hablar del número de hipotecas que se concedieron referenciadas a esos tipos de interés a corto plazo (por ejemplo, el Euribor o el Libor en Estados Unidos), esto es, de las hipotecas a tipo variable.

El segundo argumento, de bastante más enjundia, ya alcanzó cierta celebridad en 2005 bajo el nombre del "conundrum de Greenspan". En pocas palabras, pese a que la Fed aumentó los tipos a corto plazo desde mediados de 2004, los tipos a largo plazo no descendieron. El ex presidente de la Fed consideró esto un conundrum, algo así como un enigma sin solución.

Lo cierto es que en este punto no cabe responsabilizar sólo a la Fed, sino a otro organismo público, la SEC (la CNMV de Estados Unidos). En 2004, concedió una exención a cinco entidades bancarias para poder multiplicar por tres su grado de apalancamiento. Es decir, aunque la Reserva Federal comenzó tímidamente a aumentar los tipos, la oferta de fondos prestables a largo plazo siguió disparándose. ¿Se imagina qué cinco entidades fueron las beneficiarias de ese privilegio de la SEC? Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs y Morgan Stanley, es decir, los cinco mayores bancos de inversión de Estados Unidos que han terminado quebrando o reconvirtiéndose. Pero además, aunque la Fed restringiera su oferta de crédito desde mediados de 2004, el Banco Central Europeo o el Banco de Japón no hicieron lo mismo hasta más tarde, de modo las entidades europeas y japonesas tenían poderosos incentivos por participar en la burbuja inmobiliaria que Greenspan había desatado dos años antes.

Mucho me temo que la credibilidad de El Maestro no sobrevivirá a la presente crisis (al igual que la de otros muchos economistas monetaristas), pero en su descargo hay que decir que Greenspan probablemente sí sabía qué estaba haciendo durante su gestión. Al fin y al cabo, se conocía bastante bien la teoría austriaca del ciclo económico. Su problema no fue tanto de ignorancia –como le sucede a Bernanke– cuanto de maldad y oportunismo.Aunque no sé si eso le deja en mejor o peor posición.

¿Y si sólo están empeorando la crisis?

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace casi dos años que empezaron las famosas inyecciones de liquidez al sistema. Medidas a corto plazo para aliviar el mercado interbancario que, con el tiempo, se convirtieron en intervenciones rutinarias a largo plazo. A la vista está que tales acciones sólo sirvieron para alimentar a los periodistas que escribieran sobre ellas. La repercusión en la economía fue nula. El efecto sicológico no duraba ni 48 horas en las bolsas internacionales.

¿Y si estas políticas no hubieran hecho más que restar recursos del futuro para inyectarlos en el presente con un único propósito propagandístico, hasta el punto de que los propios burócratas ya dudan sobre sus efectos? Este dinero y estos créditos los vamos a tener que pagar en el futuro porque no son fruto del ahorro, sino de una imprenta que crea medios de pago virtuales y emite dinero que no existe. Estos activos e inyecciones son futura inflación.

Si inundar el mercado con fondos nacidos de la nada es la solución a todas las crisis, ¿por qué las principales bolsas han bajado alrededor de un 60% desde la debacle subprime? ¿Por qué el desempleo se acelera en todas partes? ¿Por qué sigue bajando el PIB? ¿Por qué continúan quebrando tantas empresas sin atisbos de mejora a corto, medio o largo plazo?

¿Cómo la regulación puede ser la solución a la crisis, si las principales entidades quebradas, como Freddie Mac o Fannie Mae, estaban avaladas por el Gobierno y tenían varios supervisores como la OFHEO, la HUD, la FHFA o la SEC?

¿Cómo puede el Estado inventar un nuevo sistema duradero y eficiente si la banca de inversión, principal actor de esta crisis, nació en un despacho del Gobierno americano con Roosevelt como planificador?

¿Cómo van a ser los bancos centrales los responsables de la "estabilidad de precios", cuando han sido ellos los principales impulsores del dinero barato que sólo ha generado falsas ilusiones de riqueza, mala inversión y un posterior cataclismo? ¿Es que acaso ahora la inflación crediticia crea empleo, riqueza y prosperidad? No, la inflación crediticia —nada que ver con el clásico IPC— es la continua pérdida de poder adquisitivo.

¿Qué ocurrirá cuando el Gobierno necesite cobrarse estas ayudas aumentando impuestos? Más gasto gubernamental es igual a más impuestos mañana o, si el Gobierno decide financiarlo con deuda, más impuestos para nuestros hijos, lo que aún es peor: están arruinando nuestro futuro.

Si la solución a todo son más subvenciones estatales, más subsidio de desempleo, más rescates, más ayudas del Gobierno a empresas y particulares y, en definitiva, más Estado; ¿por qué es necesario trabajar? Que nos mantenga el sector público para siempre y no sólo durante las épocas de crisis.

Si el Gobierno se dedica a premiar a las malas compañías con dinero proveniente de los impuestos, ¿qué evita que el incentivo de toda empresa sea tener el peor balance posible para recibir más dinero del erario público, es decir, de usted? ¿No penalizará este intervencionismo a las buenas empresas, arrinconando así al excelente para gratificar al mediocre?

¿Quiere que los bancos, constructoras, compañías de automóviles y alimentos… funcionen como el sector del cine que menosprecia a su cliente natural (el espectador) para vivir exclusivamente de la teta estatal con un producto que nadie quiere ni está dispuesto a pagar de forma directa?

¿De verdad cree que toda esta calamidad económica se ha debido al capitalismo cuando eran los Estados y los políticos quienes dirigían la orquesta?

Lecciones de las telecos a la alimentación

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Es paradigmático el caso de Mercadona, que recientemente ha anunciado la exclusión de sus supermercados de un gran número de estas referencias.

En un mercado libre, los afectados no perderían el tiempo discutiendo sobre derechos de usuarios y defensa de la libre competencia, y se dedicarían a innovar en cómo llegar al cliente o mejorar su producto para que se siguiera comprando. Pero, claro, en España no hay nada de eso y sí un Estado con poder para decidir de qué forma se utiliza la propiedad de otras personas.

Así que, bajo los auspicios de Promarca, algunas de estas empresas han optado por el discursito lastimero de reclamar la libre competencia y, sobre todo, "el derecho fundamental del consumidor a elegir libremente". Como si no lo tuviera. Malo cuando alguna empresa se dedica a proteger tanto al ciudadano. Más pistas: en opinión de Premarca "las marcas propias de los distribuidores y las de los fabricantes deberían vivir en los puntos de venta en condiciones de libre competencia".

Ya se están estableciendo los cimientos para pedir al Gobierno algún tipo de intervención, que obligue a los canales de distribución a reservar espacio para estos fabricantes. Y como no siempre uno quiere ser crítico, hoy les brindo gratuitamente mi consejo, basado en la valiosa experiencia que ofrece el sector de telecomunicaciones, y que seguro les podrá servir de guía para conseguir estos objetivos.

Lo primero es conseguir que se declare a todas las grandes superficies como dominantes o con poder de mercado. Poco importa que haya montones de agentes compitiendo en la venta minorista, incluyendo muchas pequeñas tiendas. Seguro que alguna autoridad de competencia, nacional o regional, está abierta a encontrar a todas conjuntamente con posición dominante. O, al menos, a la que le interese a Promarca.

Una vez hecho esto, lo siguiente es hacer valer el recién definido derecho fundamental de la libre elección. Para llevarlo a cabo, habrá que expropiar parte de la superficie y de las estanterías a sus dueños, de forma que se puedan dedicarlos a productos alternativos. Ya, a lo mejor no los quiere el consumidor, pero por lo menos los podrá elegir. Como expropiación suena un poco feo, mejor le llamaremos derecho de acceso a las infraestructuras del hipermercado.

Como el supermercado es dominante, fijaría precios abusivos –no cabe duda– por el arriendo de estas estanterías. Es mejor anticiparse y pedir a la autoridad que regule los precios de este alquiler con orientación a costes, para lo cual se le puede imponer la adecuada obligación contable, que también sale baratita.

Claro que, con esos precios tan ventajosos, puede haber muchos fabricantes que quieran meter sus productos en las estanterías. Así que es necesario que el supermercado no pueda discriminar entre fabricantes, ni siquiera con respecto a sus propios productos. De este modo se previene otra posible tentación, cual sería la de dejar los mejores sitios para la marca blanca. ¿Cómo va a poder alguien utilizar su propiedad para promocionar sus productos?

Y con la providencial asistencia de la autoridad, los fabricantes conseguirán tener su espacio en los supermercados; espacio para unos productos que los clientes no quieren (si los quisieran, ¿qué supermercado no los vendería?), y que, por tanto, resultarán ruinosos para el supermercado. Igual esto lleva a que nadie vuelva a poner supermercados y a que disminuya la calidad de los existentes. Todo será por el derecho fundamental de los consumidores a elegir.

Ánimo, señores de Premarca, la regulación de las telecos es su hoja de ruta.

La prohibición del mercado de trasplantes de tejidos y células

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Los trasplantes de tejidos y células están severamente regulados por el Decreto 1301/2006. El objetivo declarado de tal regulación es impedir en esta actividad terapéutica la especulación y el comercio, y que la actividad se base en los principios de voluntariedad, anonimato entre donante y receptor, altruismo y solidaridad (declarado).

Todo el desarrollo de la ley es coherente con el objetivo de expulsar del ámbito económico la obtención y uso de tejidos y células humanas. Las regulaciones establecidas pueden, no obstante, ser separadas en dos tipos. Esta distinción es esencial para el análisis de la ley.

Tenemos, por un lado, las regulaciones científicas y médicas. Se trata de la intervención de la administración obligando a aplicar medidas cuya existencia y práctica no son el resultado de la acción gubernamental. Se trata de cautelas, protocolos y tecnologías médicas que han sido desarrolladas en el ámbito no estatal de la ciencia médica y biomédica. El hecho de que el Gobierno se arrogue el poder de prescribir su aplicación no las convierte en producto de éste aunque ésa es la pretensión de la regulación. En mi opinión, la pretensión de convertirse en garante único de la excelencia científico-técnica constituye un intento de legitimar la intervención estatal en este campo y el objetivo supremo de hurtar a la iniciativa privada la posibilidad de asegurar la producción y distribución de tejidos y células.

De hecho, y teniendo en cuenta el carácter no gubernamental de los descubrimientos científicos y técnico-procedimentales que la ley pretende prescribir, hay que afirmar que los mismos pueden ser perfectamente cumplidos mediante el mercado libre. De hecho la regulación no sólo no es responsable de la producción tecnológica sino que la propia calidad de los procedimientos de producción y manipulación pueden ser suministrados por la iniciativa privada. Ésta ha desarrollado certificaciones de calidad, con firmas como AENOR y otras, y estándares de calidad en ámbitos médicos. Es por eso que resulta poco creíble que haya de ser el Estado quien deba regular un sector basándose en el supuesto de ser la única garantía de calidad.

Por otro lado, el Estado también ha establecido regulaciones de establecimiento de la actividad. Este bloque de regulaciones, relativas a los procedimientos de transferencias de los materiales obtenidos, así como del modo de obtención, tiene un carácter definitivo en la ley. Son su esencia, puesto que constituyen el armazón fundamental que impide que los tejidos y células puedan estar sujetos a los principios de propiedad privada y transferencia legítima por medio de intercambios indirectos. Mediante estas regulaciones la ley alcanza los objetivos de prohibir la existencia de un mercado de estos materiales.

No obstante cabe discutir que esta pretensión de sustraer del mercado la obtención y el uso médico de tejidos y células logre evitar completamente su objetivo. Lo cierto es que esta severa regulación antimercantil logrará, por el contrario, la existencia de un mercado informal de estos materiales que se ajuste a las preferencias de los demandantes mejor que el sistema oficial.

De hecho, la situación más frecuente es la escasez de tales materiales dado que no existe modo de ajustar la oferta de los mismos a la demanda al estar regulada tanto una como otra. En este sentido, muchas de las regulaciones se orientan a definir el campo de demandantes. Al delimitarlo impiden que puedan desarrollarse líneas de investigación médica que descubran nuevos usos y aplicaciones a los materiales. Estos usos podrían permitir ampliar el abanico de demandantes y aumentar, con ello, el nivel de bienestar que nuevas aplicaciones con tejidos y células pueden generar. La función empresarial está, en este sentido, tan obturada, que se da un auténtico bloqueo al desarrollo médico.

La justificación de la declaración de bien público a los materiales ya donados se apoya, además, en que bajo el régimen de precios mercantiles puede que haya necesidades urgentes de tejidos y células que no se satisfagan por quedar parte de los demandantes excluidos de ello vía precios. Aparte de que éste es un problema que solamente la actividad empresarial puede descubrir y solucionar satisfactoriamente, como ocurre en los ámbitos de mercado (tanto más cuanto más libre sea), lo cierto es que la regulación estatal, al limitar severamente el perfil de los demandantes ya crea por sí misma escasez e insatisfacciones no computadas.

Contra la cibercensura

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Soy bastante reacio, por lo general, a los "días oficiales de" puesto que no suelen servir de gran cosa excepto para que unas cuantas organizaciones de distinto tipo consigan subvenciones para organizar actos vistosos pero inútiles y los políticos de turno logren arañar unos segundos de informativos televisivos y alguna foto en prensa.

Algunas de estas jornadas, de hecho, me resultan especialmente irritantes. Una de ellas es el llamado Día Mundial de Internet, que año tras año se sigue celebrando pese a que no hay razón para hacerlo. Setenta nombres son la prueba:

Cincuenta chinos: Kunchok Tsephel Gopey, Du Daobin, Huang Qi, Hu Jia (Premio Sajarov 2008), Zhu Yufu, Ablikim Abdiriyim, Chen Shuqing, Zhang Jianhong (Li Hong), Yang Maodong (Guo Feixiong), Guo Qizhen, Yang Tianshui, Li Jianping , Ren Zhiyuan, Zhang Lin, Zheng Yichun , Liao Yunhua, Kong Youping, Huang Jinqiu (Qing Shuijun), Li Zhi, Tao Haidong, Luo Yongzhong, Zheng ("Sini"), Lu Zengqi, Chen Shumin, Yin Yan, Li Jian, Yan Qiuyan, Jiang Lijun, He Depu, Liang Changying, Wang Xiaoning, Li Dawei, Tan Qiu, Fang Guokun, Li Hongmin, Wang Sen, Zhang Honghai, Xu Wei, Jin Haike, Yang Zili, Zhang Yuhui, Li Yanfang, Jiang Yuxia, Li Chunyan, Huang Kui, Ma Yan, Lin Yang, Zhang Haitao, Wu Yilong, y Mao Qingxiang.

Dos birmanos: Zarganar y Nay Phone Latt.

Un egipcio: Abdel Kareem Nabil Suleiman (Kareem Amer).

Cuatro iraníes: Omidreza Mirsayafi, Esmail Jafari, Rah Mardom, Mojtaba Lotfi y Hossein Derakhshan.

Cinco sirios: Habib Saleh, Firas Saad, Tariq Omar Biasi, Kareem Arabji y Muhened Abdulrahman.

Siete vietnamitas: Dieu Cay, Nguyen Van Dai, Le Thi Cong Nhan, Tran Quoc Hien, Truong Quoc Huy, Le Nguyen Sang ("Nguyen Hoang Long") y Nguyen Bac Truyen.

Todos ellos son personas que sufren prisión en estos momentos por haber utilizado internet para criticar a sus gobiernos o hablar de temas prohibidos en sus países. La lista sería mucho más larga si incluyéramos otros que ya salieron de la cárcel, como el tunecino Zouhair Yahayaoui (Premio Ciberlibertad 2003, concedido por Reporteros Sin Fronteras), el cubano Mario Enrique Mayo (en la actualidad con "licencia extrapenal", por lo que puede ser encarcelado en cualquier momento, y condenado a 20 años de prisión bajo la única acusación de conectarse a internet) y muchas docenas más de diversos países. Aunque son las principales víctimas de la falta de libertad en la red, no son las únicas. Millones de seres humanos tienen prohibido el acceso a internet o sólo pueden conectarse a una red muy censurada.

Por ello no apoyo el Día Mundial de Internet, pero sí otra jornada que se celebra el 12 de marzo: el Día Mundial contra la Cibercensura (iniciativa creada el año pasado por RSF con el nombre de Día Internacional por la Libertad de Expresión en Internet). Además me sumo al llamamiento que Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional hacen a Google, Yahoo y Microsoft para que al menos durante esa fecha no colaboren con la censura online que existe en veinte países. Cumplir la normativa legal de un país no es excusa para violar la libertad de expresión. Cuando la legislación atenta con los más elementales derechos de los seres humanos, acatarla y dañar a terceros es algo ilegítimo y criminal. Puesto que estos tres gigantes de internet han decido seguir esa vía, conminémosles a que al menos por un día se comporten de otra manera.

Por un ADSL más barato

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los ecologistas son especialistas en eso. ¿Quién no va a querer árboles más verdes, aire más respirable, menos contaminación? El problema es que jamás se detienen a explicarte qué nos va a costar todo eso. Y en ese ámbito, como en tantos otros, funciona la ley de rendimientos decrecientes: sale relativamente barato dejar de tener nieblas artificiales como la de Londres, creadas por la polución, pero rebajar los pesticidas de un microgramo por litro de agua a un nanogramo puede resultar astronómicamente caro, además de inútil para nuestra salud y nuestro bienestar.

Con esa lupa hay que examinar la campaña "Por un ADSL más barato". Evidentemente, estoy a favor de los objetivos, ¡cómo no estarlo! Aunque sólo fuera por el interés egoísta de tener una población de internautas más amplia y, por tanto, más lectores potenciales de Libertad Digital, nada podría gustarme más que una rebaja en el precio del ADSL que supondría, cabe esperar, una mayor demanda. Tampoco tengo ninguna objeción a un aumento de las velocidades de subida y bajada, pese a que por supuesto no las piense utilizar con el eMule, porque como bien saben quienes vieron en su día Conectados, ni Fabián C. Barrio ni yo empleamos jamás esas cosas. Y eso sin hablar del dinero que me ahorraría.

Pero cuando llegamos al apartado de la "brecha digital", ya empieza uno a mosquearse. En España cuando se menciona este concepto se refiere a la diferencia de acceso a la banda ancha entre el campo y la ciudad. Es inevitable con las tecnologías actuales que sea más caro conectarse en las zonas rurales, más dispersas, donde en ocasiones hay que tirar kilómetros de cable para llegar a un puñado de casas. Para evitar que eso supusiera un coste prohibitivo para los consumidores rurales, piden que el fondo para garantizar el acceso telefónico a todos los españoles que pagan las operadoras, y que por tanto sale de lo que nos cobran a los consumidores de ciudad, se amplíe para garantizar el acceso en banda ancha de los consumidores rurales.

Francamente, si a mí no me pagan la gasolina para llegar al trabajo ni el elevado precio de los pisos no sé por qué debo pagarles el ADSL ni, ya que estamos, la ayudas al campo de la UE. Pero aunque se pudieran calcular todos los subsidios cruzados y fueran ellos quienes nos están subvencionando a nosotros, la solución sería eliminar todos esos pagos, no aumentarlos.

Y una vez abierta la desconfianza, pues claro, habrá que sospechar también de cómo se pretende conseguir esa reducción de precio y mejora de velocidad del ADSL. ¿Aumentando la competencia? ¿Incrementando los incentivos de invertir en redes a esas empresas que no ofrecen nada más que revender las infraestructuras de Telefónica? Permítanme dudarlo. Seguramente lo que pretendan es que la CMT regule los precios y la oferta minorista de Telefónica, perdón, Movistar ADSL. El problema práctico es que esto es comida para hoy y hambre para mañana. Las empresas invierten porque esperan obtener beneficios. Pero si temen que les va a pisar la bota regulatoria, ¿para qué mejorar el servicio?

Como recordaba recientemente Fernando Herrera, el regulador modelo de todos los reguladores europeos, el británico Ofcom, después de un cuarto de siglo de obligar a BT a someterse a condiciones cada vez más draconianas, ahora estaría considerando la posibilidad de volver a nacionalizarla. Ya saben, aquello de esperar más de un año para que te instalen la línea. ¿O es que no se acuerdan de aquello? Se ve que no, porque siempre hay quien está dispuesto a volver a estatalizar empresas, aunque sea mediante una lenta asfixia.