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El origen de las subprime

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La explicación reside en que las famosas hipotecas basura no eran la causa sino el primer síntoma evidente del estallido de la burbuja crediticia que, durante más de una década, fue alentada desde los organismos financieros de planificación central.

Curiosamente, la mayoría de políticos y analistas culpan a la avaricia y la desregulación de todos los males que aquejan hoy en día al sistema financiero y económico del mundo desarrollado. Sin embargo, más allá de las falacias y la demagogia que rodean dicho discurso, la visión políticamente correcta (la mayoritaria) ni siquiera atisba el origen real del problema. Esto es, la intervención del Estado en materia monetaria, mediante la fijación arbitraria de tipos de interés, así como la estrategia bancaria de endeudarse a corto plazo e invertir a largo, propio del actual sistema basado en la reserva fraccionaria y el dinero fiduciario sin soporte real (patrón oro).

El edificio se sustenta sobre cimientos endebles y el terremoto subprime marcó el inicio del fin de la burbuja crediticia. Ahora bien, lejos de las explicaciones que se exponen en las aulas universitarias y llenan las páginas de los medios de comunicación, la intervención estatal juega un papel clave y decisivo en todo este entramado. Basta con observar cómo y por qué nacen las famosas hipotecas subprime para desvelar este monumental engaño al que estamos siendo sometidos.

Para ello, hay que retroceder a la época del New Deal. En 1938 nace Fannie Mae de manos del presidente de Estados Unidos F. D. Roosevelt. Su nombre proviene de la siglas FNMA (Federal National Mortgage Association). Dicha entidad nace con el objetivo de expandir el crédito para la compra de vivienda ante la restricción de préstamos de aquel tiempo (credit crunch). Y ello, gracias a que sus hipotecas y bonos (emisión de deuda) contaban con el respaldo público del Gobierno. Es decir, Fannie Mae ejercía una función de banco público mediante la concesión de préstamos subvencionados. Algo similar, para entendernos, al Instituto de Crédito Oficial (ICO) presente en España.

En 1968, el presidente Lyndon Jonson procede a la privatización de la compañía, pero conservando el privilegio del respaldo gubernamental (GSE, Government Sponsered Enterprise). Poco después, en 1970, nace su hermano gemelo Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corp.), también bajo el patrocinio estatal (GSE), con el fin de extender aún más el mercado hipotecario en Estados Unidos.

Además, Richard Nixon, no contento con la función crediticia desempeñada hasta el momento por sendos bancos pseudoestatales, decide permitir a Fannie y Freddie la compra de hipotecas que conceden los bancos comerciales. Nace el mercado secundario de las hipotecas (titulización) respaldadas por el Gobierno. Pero aún hay más. Los demócratas, en sus aspiraciones de igualdad social y económica, se marcaron como objetivo político facilitar una vivienda en propiedad a cada norteamericano.

Jimmy Carter promulga en 1977 la Community Reinvestment Act (CRA). En un primer momento, dicha norma obligaba a las entidades financieras privadas, bajo amenaza de sanción, a conceder hipotecas a aquellos ciudadanos que, por su situación económica o en ausencia de avales, no alcanzaban los requisitos de solvencia exigidos para acceder a un préstamo privado.

Tras años de funcionamiento, el presidente Bill Clinton modificó la CRA para que las hipotecas de bajo coste (subprime) se ampliaran a las minorías raciales, con independencia de sus ingresos económicos e historial crediticio. La ley permitía denunciar ante los tribunales a los bancos que denegaran crédito a minorías étnicas o barrios marginales. Una especie de discriminación positiva, pero a nivel bancario. Para facilitar su extensión, este tipo de hipotecas eran adquiridas por Fannie y Freddie ya que, al fin y al cabo, contaban con el aval del Gobierno.

Como resultado, entre 1999 y 2005, los GSE lograron que amplias capas de la sociedad estadounidense abandonaran el mercado del alquiler para embarcarse en la fabulosa aventura de la propiedad inmobiliaria. Durante ese período la compra de vivienda creció un 87,2% entre los hispanos, un 71,9% entre los afroamericanos y un 46,3% entre los asiático-americanos, frente a un aumento próximo del 31% entre la población no minoritaria. Todo ello, impulsado, por supuesto, gracias a la fijación de unos tipos de interés oficiales muy bajos (entre el 1% y el 2%) por parte de la Reserva Federal (FED) que entonces dirigía el maestro Alan Greenspan.

Al grito de más madera, los directivos del GSE aún fueron más allá y, en su búsqueda de nuevos beneficios, comienzan a empaquetar hipotecas de alto riesgo para vendarlas como MBS (mortgage-backed securities). Dichas titulizaciones son colocadas a los inversores, garantizando además el pago de las mismas independientemente de la solvencia de los deudores (familias con escasos recursos). De este modo, proveen a los bancos comerciales de inyecciones de capital extra para la concesión de nuevas hipotecas.

Por otra parte, Fannie y Freddie contaban con privilegiadas líneas de crédito con el Tesoro de Estados Unidos a tipos inferiores a los del mercado. Esto les permite pagar más por las hipotecas que pretendían adquirir sus competidores. Su deuda también estaba avalada por el Estado, así que se podían financiar en el interbancario con mayor facilidad y menor coste que la banca privada; estaban exentas del pago de impuestos; las autoridades financieras les exigen menos fondos propios sobre el activo que a empresas privadas similares. Es decir, podían emitir más crédito con el mismo volumen de capital. Estos y otros privilegios gubernamentales permitieron a Fannie Mae y Freddie Mac ostentar el liderazgo del mercado hipotecario estadounidense durante años. En el segundo trimestre de 2008, ambas compañías emitieron el 84% de las hipotecas nuevas de la primera potencia mundial.

El crédito fácil y la financiación barata agrandó hasta el extremo la burbuja inmobiliaria que se había iniciado 30 años antes y empujó a las entidades financieras a una estrategia suicida basada en endeudarse a corto plazo (mercado interbancario) e invertir a largo (concesión de hipotecas a 20, 30 ó 40 años). Y todo ello, bajo la falacia de que el precio de la vivienda nunca baja y el coste del crédito (interés) siempre sería barato. No obstante, Greenspan alegaba por entonces que el aumento de la productividad en Estados Unidos propiciaba la permanencia de tipos bajos, al tiempo que permitía mantener a raya la inflación. Un negocio redondo, ¿verdad? El summum de la ingeniería financiera al fin se había alcanzado.

Sin embargo, la fiesta llegó a su fin. La burbuja estalló. La inflación (de bienes de consumo, que no de activos) comenzó a aumentar, obligando a una subida de tipos que, finalmente, descubrió el pastel de las hipotecas subprime. El precio de la vivienda se desmoronó, los impagos hipotecarios se dispararon, los embargos se sucedieron. Como resultado, se produce la quiebra de los fondos del banco de inversión Bear Stearns en el verano de 2007. El grifo de la financiación interbancaria se cerró. La imposibilidad de hacer frente a la deuda comprometida a corto plazo inició la sucesión de bancarrotas que se extiende hasta hoy en día.

Fannie y Freddie quebraron y volvieron a sus orígenes tras ser nacionalizadas. La factura que dejan detrás los gigantes hipotecarios tendrá ahora que ser sufragada por los contribuyentes y los hijos de los contribuyentes de Estados Unidos. ¿Desregulación? ¿Culpa del mercado? ¿Avaricia? Más bien todo lo contrario, ¿no creen? El Gobierno y la banca central, no el mercado, impulsaron, extendieron y facilitaron las famosas hipotecas subprime.

¡Qué risa con los ingleses!

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

La noticia en cuestión se refería a la posible re-nacionalización del operador británico de bandera, BT, en otro tiempo, British Telecom. Al parecer, el Gobierno inglés baraja dicha posibilidad para afrontar determinadas contingencias, que, éstas sí, carecen de gracia, pues se refieren a los planes de pensiones de los empleados de la compañía.

La diversión tiene que ver con que Reino Unido fue en su momento el ejemplo de mercado liberalizado de telecomunicaciones para el resto de países europeos. De hecho, dicha liberalización se produjo en 1984, catorce años antes que en los primeros países del resto de Europa, incluida España.

A cuenta de esa renta histórica, el regulador británico, inefable OFCOM, se ha pasado muchos años dando sopas con onda a los restantes reguladores, que miran cual si de las nuevas tablas de la verdad se tratara cualquier informe emitido por el primero. "Esto lo ha dicho OFCOM, así que cuidadín".

Tantos años de ventaja hay que mantenerlos como sea, y por ello en el mercado británico se han producido cosas con las que sólo soñaban los reguladores del resto de países. Por ejemplo, BT es el único operador nacional que, en su momento, decidió desprenderse de su unidad de telefonía móvil. (O2, ahora en manos de Telefónica).

Mejor aún, BT fue pionero en "acceder" a separarse funcionalmente, una cosa que la Comisión Europea y demás reguladores pretenden poder hacer a todos los operadores grandes. Esta separación funcional, por cierto, consiste en un eufemismo para "expropiación" de la red de acceso, la última milla para llegar al cliente, que es la clave del negocio de telecomunicaciones.

Así que de éxito en éxito hasta el desastre final. Cada brillante idea del regulador inglés ha necesitado de sucesivas ideas brillantes para mejorar la regulación, y así hasta llevar al riesgo inminente de nacionalización de la compañía. Albricias, qué gran trabajo: tras 25 años de mercado abierto y compañía privada, volvemos a la compañía pública y al monopolio de acceso. No me digan que no es para desternillase, aunque sea un poquito.

Ahora, como sabemos, lágrimas y risas están muy próximas. Porque lo que ya no es tan divertido (o a lo mejor lo es más, no sé) es que OFCOM y el Reino Unido siguen siendo la referencia para los reguladores europeos y, sobre todo, para la Comisión Europea en sus propuestas para telecomunicaciones. Cuando hagan sus absurdas propuestas, nadie les mandará que se callen entre carcajadas. Así que estas espléndidas ideas, que están a punto de culminar en el fracaso más radical, son las que nos esperan para el resto de países.

En fin, aprovechemos nosotros para carcajearnos ahora.

La reforma laboral en marcha

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

El espectacular incremento del paro y las bajas masivas de cotizantes a la seguridad social que están provocando los primeros compases de esta recesión han resucitado el debate sobre la necesidad de reformar la rígida regulación del mercado de trabajo. Cuando España descuella por albergar un porcentaje doble de desempleados que otros países desarrollados, no pocos análisis apuntan a un deplorable marco institucional como máximo responsable de ese diferencial.

Dentro de ese contexto, creo que no se repara lo suficiente en que el Gobierno socialista ha emprendido intervenciones con el objetivo de consagrar el modelo dirigista instaurado por el primer estatuto de los trabajadores de 1980. Mientras distrae a los medios de comunicación con alternativas lanzadas por sus propios sus prebostes, las acciones del Gobierno siguen un plan muy distinto.

Conviene precisar que la regulación laboral se basa en el Estatuto de los trabajadores, sus reglamentos de desarrollo y los convenios colectivos sectoriales pactados a su amparo por las patronales y los sindicatos. Podríamos añadir los convenios de la organización mundial del trabajo (OIT) ratificados por España. Esa maraña de normas de distinto rango abarca previsiones sobre las vicisitudes de los cuarenta tipos de contratos de trabajo reglamentados. Su contenido se impone a la voluntad de los contratantes, frente al relativo régimen de libertad de pactos del derecho común.

En materia de despidos, se parte de la premisa de que el empresario debe invocar y acreditar una causa disciplinaria, económica o técnica, para despedir; comunicarla por escrito y no vulnerar los derechos fundamentales del trabajador. Todos estos tipos de despido son impugnables ante el orden jurisdiccional social.

En el caso del despido disciplinario, de prosperar una hipotética demanda del trabajador, el juez decretará la improcedencia del despido, con la consecuencia de que el empresario deberá optar entre la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades. En ambos casos se sumarán los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declarare la improcedencia o hasta que el despedido encuentre otro empleo. La nulidad es una tercera posibilidad que conlleva la readmisión.

El tipo de despido objetivo "por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción" se convierte en la auténtica estrella en estos momentos de recesión. El empresario debe obtener una autorización administrativa antes de despedir a grupos de trabajadores, sin perjuicio de que los propios afectados recurran esa decisión administrativa si autoriza los despidos. Son los llamados expedientes de regulación de empleo (ERE) donde, además, debe consultarse a los sindicatos. Una condición para acudir a esta vía es el ofrecimiento al trabajador de una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Si el empresario acredita falta de liquidez o insolvencia, el fondo de garantía salarial (FOGASA) asume el cuarenta por ciento de las indemnizaciones. Las consecuencias de no acreditar la causa en el despido individual, o que el juez interprete que no concurre la argüida, convierten el despido en improcedente.

Sucesivas reformas legislativas dieron paso a los contratos temporales sin indemnización en los años 80, mientras que otras posteriores "fomentaron" la conversión de esos contratos en indefinidos recurriendo a la reducción de la indemnización por despido improcedente a 33 días de salario por año trabajado, en determinados plazos, así como a la bonificación de las cotizaciones sociales derivadas de los mismos a cargo de las empresas.

Una vez despedidos, los trabajadores no pueden, legalmente, encomendar la búsqueda de empleo a una empresa privada. La Ley que regula las empresas de trabajo temporal (ETTs) declara nula toda cláusula que obligue al trabajador a pagar a la empresa colocadora por los servicios de selección, formación o contratación. Mas aún, tipifica como infracción grave que estas empresas cobren al trabajador cualquier cantidad por esos conceptos. Sin embargo, los demagogos le recuerdan que puede cobrar la prestación de desempleo hasta un plazo máximo de dos años, dependiendo del tiempo que haya trabajado antes de quedarse en paro, siempre que inscriba su nombre en un registro de los servicios públicos de empleo, donde teóricamente los empresarios acuden en busca de mano de obra.

Naturalmente, la rigidez de un sistema como el descrito provocó la huída del derecho del trabajo. A pesar del riesgo derivado de la inseguridad jurídica, muchas relaciones laborales se ocultan bajo la apariencia de un contrato civil/mercantil que permite una adaptación más flexible a las circunstancias cambiantes.

Detectada esa fuga, vino la aprobación de un Estatuto del trabajador autónomo, desarrollado por un decreto aprobado el pasado viernes. Se pretende cortar los desvíos asimilando aspectos del régimen jurídico de los autónomos con sus clientes a las laborales, especialmente respecto a los que se denomina "económicamente dependientes". Los otros dos puntales de las recientes intervenciones en el mercado de trabajo tienen visos de permanencia, aunque en el segundo caso parezcan coyunturales. Me refiero a los planes de discriminación en función del sexo del trabajador, que se imponen de nuevo a la voluntad de los interesados y el plan de subvenciones a los ayuntamientos para "crear puestos de trabajo", un posible ensayo para extender el PER a toda España.

En resumen, el sistema dificulta la contratación de trabajadores durante la fase expansiva del ciclo económico. Durante la recesión, con el inevitable ajuste de la estructura de producción, se convierte en una seria barrera para la recolocación de los despedidos y segmenta las opciones de los individuos al trabajo por caprichosos criterios como la antigüedad o el sexo. Como novedad el Gobierno impone trabas a los autónomos desocupados porque quiere ayudarlos.

Frente a todo el esquema corporativista anterior, la piedra angular de la reforma de la legislación laboral debería ser el reconocimiento de la libertad de los empresarios y trabajadores individuales para pactar las condiciones que más se acomoden a sus intereses particulares. Debería reconocerse a la empresa como el auténtico ámbito de la negociación colectiva, siempre que sea voluntaria para los implicados y, en todo caso, permitir las cláusulas de escape a quiénes deseen acordar sus condiciones particulares, desvinculándose de la naturaleza normativa de los convenios colectivos. Las autorizaciones administrativas para los despidos colectivos deberían suprimirse y también las indemnizaciones por despido, si previamente no se pactan en el contrato de trabajo.

Por último, la liquidación del inútil servicio público de empleo, sobre cuya labor de intermediación constan datos desoladores, y el reconocimiento de la licitud de ese servicio de las agencias de colocación serían otros dos puntos fundamentales para que España iniciara la senda de la recuperación del empleo formal. De continuar esta situación, tanto el paro como el empleo sumergido se van a disparar.

Sobrevivir a España

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En una deflación ningún agente económico está exento del riesgo de quiebra y aunque exista la ilusión de que el Estado tiene una capacidad infinita para captar recursos, en realidad su contabilidad es similar a la de cualquier otro agente económico; que pueda rapiñar y apropiarse de la riqueza ajena le concede un colchón adicional, pero ese colchón cada vez está más vacío: los ingresos están menguando y los gobiernos irresponsables como el español no dejan de expandir el gasto con cargo al déficit público.

Nuestro país –o mejor dicho, nuestra Administración Central– que durante los últimos años había sido un ejemplo de diligencia a la hora de reducir el endeudamiento público y ofrecer capacidad adicional al sector privado para que creara riqueza, se ha convertido en el último año y medio en una auténtica rémora que succiona casi cualquier amago de ahorro que pudiera dirigirse hacia España.

Con sus programas de gasto público y con su cerrazón a liberalizar mercados como el laboral o el energético, el Gobierno está agravando la crisis, es decir, está retrasando la recuperación. Pero las nefastas consecuencias de sus decisiones todavía no son del todo palpables, ya que está comprando tiempo con cargo al Presupuesto público. Si ahora cree que los efectos de la recesión ya son insufribles, espere a cuando el Estado no pueda pagar ya los subsidios de desempleo e incluso se produzcan retrasos en los pagos a pensionistas y funcionarios, con todo el desorden social que ello acarrearía.

Ante estas perspectivas, los inversores ven cada vez más probable que el Estado español siga emitiendo deuda hasta el colapso. No habrá una gestión razonable que restrinja gastos e intente amortizar parte del cada vez mayor endeudamiento, por lo que el único camino es el default.

Y por eso el euro se retuerce. El Banco Central Europeo no está lleno de "millones y millones de euros", como decía Corbacho imaginándose a un Trichet bañándose en billetes cual Tío Gilito, pero su balance sí está lleno de deuda pública de los países que integran la moneda única: son estos activos los que permiten al BCE conducir su política monetaria periódica y preservar el valor del euro. Si la deuda pública de algún Estado resulta impagada, el BCE tendrá un agujero negro en los balances similar al de cualquier entidad que haya invertido masivamente en subprime.

Para evitar estas situaciones es por las que se aprobó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que, no por casualidad, España acaba de incumplir. Se creía que si los Estados limitaban su deuda pública al 60% del PIB y su déficit anual al 3%, el riesgo de impago sería muy bajo y no se pondría en jaque al Banco Central Europeo.

Ciertamente, no es que el BCE sea el único banco central con dificultades. La Reserva Federal también está al borde de la insolvencia, pero el Gobierno de Estados Unidos puede recapitalizarla inyectándole capital, como ya hiciera el pasado mes de septiembre. Técnicamente también existe esta posibilidad con el Banco Central Europeo: si España impaga su deuda, el BCE sólo tendría que dotar provisiones por pérdidas y esperar a que Alemania le inyecte nuevo capital. ¿Pero qué margen tiene Alemania para impedir que España, Italia y Portugal quiebren y para salvarles continuamente la papeleta?

Y, sobre todo, ¿por qué debería hacerlo? El euro no es más que la europeización del marco alemán y de las buenas prácticas del Bundesbank. ¿Por qué no soltar simplemente lastre? ¿Por qué no proseguir su camino tan sólo con países que cuenten co unas finanzas públicas sólidas y dejar que los cerdos se sigan enfangando por su cuenta? Sin duda ése será el dilema al que deberá enfrentarse Alemania. ¿Financiará la unificación europea como ya financió su reunificación? A los españoles más nos vale que así sea.

La inútil y dañina lucha contra el P2P

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero al margen de esa discusión, a día de hoy puramente académica, lo que sí parece claro es que cuanto más abarque el Gobierno, más desatenderá aquello que le da razón de ser, la causa última de su existencia. De modo que tenemos embajadas regionales pagadas con dinero de los impuestos, pero los delincuentes campan a sus anchas y los procesos tardan años en dirimirse en los tribunales.

Un ejemplo bien claro de todo esto lo estamos viendo en internet. Tras largos años de preocupación por lo que la lucha contra el terrorismo podría hacerle a nuestras libertades y nuestra intimidad en la red, es la acción de un lobby la que más daño les está haciendo. Su último éxito es Irlanda, donde ha logrado que las operadoras se plieguen a sus intereses bajo la amenaza de obligarlas por la vía judicial. Ya no será un sistema de tres avisos, sino sólo de dos. Las discográficas ya han amenazado a la competencia, y es de esperar que ésta no tarde en unirse al acuerdo.

Aquí, en España, los rumores de un acuerdo entre Redtel y la SGAE son cada vez más insistentes. Sería un pacto evidentemente forzado por la amenaza latente de que el Gobierno de los titiriteros, aun prefiriendo no asomar demasiado la cabeza en este asunto, asumiría su responsabilidad para con los suyos si fuera necesario. Así, no sería de extrañar que en breve se anuncie un sistema similar al adoptado en cada vez más países de Europa.

Y, aún así, no constituiría más que un pequeño bache para los internautas que sería solventado con la misma facilidad con que lo fue el cierre de Napster. Las últimas estadísticas muestran que el P2P se ha estancado debido al creciente auge de los servicios de descarga directa como Megaupload o Rapidshare y también a que parte de los contenidos que antes se buscaban en las redes de pares ahora están disponibles en la web de forma gratuita en forma de streaming, es decir, que se pueden ver pero no descargar. Para que luego digan que es imposible competir con lo gratis. Muchos usuarios parecen dispuestos a tragarse anuncios a cambio de la comodidad y facilidad de uso de estos servicios.

Además, el ataque contra las redes P2P lo único que conseguirá es que los usuarios pasen a alternativas que cifren los datos y "engañen" a las operadoras mediante la llamada ofuscación de protocolo, que hace ver que en lugar de bajarnos una peli porno por BitTorrent estamos leyendo El País.com, tarea tan progresista que sin duda hará pensar a las operadoras que estamos con Teddy y no somos de temer.

¿La vida seguirá igual, entonces? Bueno, para los lobbys sí. Después de intentarlo todo seguirán necesitando cambiar la manera en que se explotan los contenidos musicales y audiovisuales, algo que deberían haber hecho hace una década, cuando aún no estábamos acostumbrados a no pagar por nada. Pero no seguirá igual para internet. Las operadoras tendrán no sólo el permiso sino la obligación de husmear en nuestro tráfico. La relativa intimidad y anonimato del que disfrutábamos en internet habrá acabado. Parece un precio demasiado alto para no lograr absolutamente nada a cambio.

El oro vuelve a brillar

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿De todos? No. Hay dos excepciones: la deuda pública y el oro. La semana pasada el precio del metal amarillo volvió a alcanzar su máximo histórico: 1.000 dólares la onza, con lo que colocó en un aprieto a todos aquellos que piensan que es una materia prima como cualquier otra y que ha dejado de ser dinero. Al fin y al cabo, si el precio de todas las materias primas se ha desinflado en los últimos seis meses, ¿por qué el oro ha recuperado su tendencia alcista? ¿Acaso la demanda industrial del mismo se ha disparado? No, las razones son otras: el oro sigue siendo dinero, por mucho que los bancos centrales hayan suspendido la convertibilidad.

En su célebre estudio The Golden Constant Roy Jastram recopiló la serie histórica (de 1560 a 1976) del precio del oro en Gran Bretaña y EEUU. Las conclusiones eran básicamente tres: el oro a) no sirve para protegernos de las inflaciones, b) sirve para protegernos de las deflaciones, y c) a largo plazo, su poder adquisitivo se mantiene constante, ya que el precio de las mercancías tiende a revertir a una relación más o menos constante con el oro.

La obra de Jastram, descatalogada durante años pero que en pocos meses volverá a estar a la venta, resulta de especial interés, no ya porque el autor no esté sesgado ideológicamente (de hecho, en su opinión, el oro no es dinero), sino porque las conclusiones empíricas de 400 años pueden aplicarse también a los últimos 30.

Entre 1980 y 2006, invertir en oro fue un negocio bastante ruinoso. El precio de la onza cayó de 700 dólares a aproximadamente 400, con algún movimiento por debajo de los 300. En cambio, desde 2006 hemos pasado de 400 a 1.000. No es casualidad que, como apuntara Jastram, entre 1980 y 2006 viviéramos una época inflacionista, en la que el crédito comenzó a expandirse masivamente; tampoco lo es que desde mediados de ese último año estemos sumergidos en una etapa deflacionista, en la que el crédito se está destruyendo a marchas forzadas.

Tanto o más importante que detectar una regularidad histórica es explicarla. En principio resulta contraintuitivo que el oro, que sirve para conservar valor a lo largo del tiempo, sea una inversión mala en tiempos de inflación (cuando el papel moneda se deprecia) y buena en tiempos de deflación (cuando el papel moneda se aprecia). Aunque haya sido un tema poco tratado, sí existe alguna explicación convincente. Durante las épocas de inflación el crédito es abundante y afluye hacia casi todos los activos productivos. Por consiguiente, aunque el papel moneda se deprecie, existen activos alternativos (las acciones, la vivienda y las materias primas) que aumentan más de valor que el oro. Lo lógico, por tanto, es que los inversores salgan de éste para buscar rentabilidades extraordinarias en otros mercados.

En cambio, durante las épocas deflacionarias el crédito se contrae, con lo que todos los activos caen de precio, salvo los más líquidos. Y es que los activos tienen que venderse (o liquidarse) para pagar deudas. La gente quiere captar dinero, y lo único que puede ofrecer son sus activos, que, obviamente, se deprecian frente al dinero. Por eso mismo el oro exhibe un buen comportamiento durante las épocas deflacionarias: porque es dinero y se demanda como el activo más líquido en el que conservar valor. Por mucho oro que se venda en el mercado, siempre encuentra un comprador dispuesto a adquirirlo con un escaso descuento.

Por supuesto, podría objetarse que lo que necesitan los inversores para saldar sus deudas son dólares, euros o yenes, no lingotes de oro, y que por tanto la contracción del crédito sólo explicaría la revaloración de esas divisas, no la del oro. Pero precisamente aquí es donde se demuestra que el metal amarillo es más líquido que el papel moneda: quienes adquieren dólares, euros o yenes no confían en que estas divisas sean seguras durante el proceso deflacionario y consideran que el oro es un mejor refugio y una mejor reserva de valor. Por eso, tras adquirir las divisas las transforman rápidamente en oro.

¿Qué temen los inversores para incurrir en tal práctica? Recordemos que las divisas no son más que un pasivo de un banco central cuyo valor éste se compromete defender. ¿Y cómo ejecuta esta labor? Con sus activos, que en su mayor parte consisten en deuda pública. La contracción crediticia que estamos sufriendo amenaza con ocasionar impagos no sólo de familias y empresas, sino de gobiernos. En este caso, el banco central quebraría y su divisa sufriría un proceso hiperinflacionario en el que sólo podría conservarse la liquidez a través del oro.

Por consiguiente, ante el aumento de los impagos característico de un proceso deflacionario, el oro suele conservar el valor de los patrimonios. En el período estudiado por Jastram (1570 a 1976) lo hacía porque las deudas estaban concentradas en el oro y su liquidación elevaba su valor (del mismo modo en que hoy elevan el valor del dólar); y hoy lo está haciendo porque el riesgo de impago también afecta a los bancos centrales y, por tanto, los inversores tienden a refugiarse en lo que ha sido el dinero de Occidente durante los últimos 2.000 años.

En la medida en que la crisis siga agravándose y la deuda impagándose, el oro continuará subiendo de valor, precisamente porque es un dinero superior a cualquier papel moneda. Al fin y al cabo, éste es sólo una promesa impagada en oro, y nunca se ha visto que la promesa del pago de algo tenga más valor que ese algo…

El tapado del PP

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Las palabras de un líder tendrían que despertar el interés que provoca una estrella del rock en pleno concierto. Rajoy no lo es, ni líder ni estrella del rock. Y se necesita mucho más que cargarse de razón para cargarse al régimen zapateril, que en su segunda legislatura triunfal está comenzando a consolidarse. Cada día que siga fumándose puros en la séptima planta de Génova 13 es un día ganado para Zapatero y su cuadrilla.

Rajoy le ha entregado a Zapatero los instrumentos con que los socialistas están destrozando su partido: el control de la justicia. Súmenle un "plan de rescate" de las rotativas y tendrá también a la prensa cogida por los balances. Y el PP se debatirá entre sus movidas internas, las tramas de corrupción atizadas por Garzón, la falta de liderazgo, las derrotas electorales…

Mariano no puede llevar a su partido al matadero en 2012. Y no creo que lo haga. O lo entrega a Alberto Ruiz Gallardón al democrático modo en que él mismo fue elegido presidente del PP, o permite que la guerra soterrada acabe en la batalla final en un congreso en 2010. U opta por un candidato de consenso.

Esperanza Aguirre no va a liderar el Partido Popular. Tiene grandes apoyos en Madrid, pero fuera de allí su popularidad no es la misma. Ni en la gente ni en su propio partido (que así le va, déjenme que añada). A Gallardón no le tragarían las bases, así se lo quiera endilgar Mariano al PP con calzador. ¿Quién queda? ¿Mayor Oreja? ¿Camps? ¿González Pons?

No. El candidato es Rodrigo Rato. Ahora está viendo cómo los principales dirigentes se desgastan entre corrupciones aledañas, espionajes de Mortadelo y Filemón, derrotas electorales y discursos vacíos. Y cuanto más caen las cabezas visibles del PP, entre los hachazos propios y ajenos, más se yergue la suya. En plena crisis económica, Rato puede presentarse, legítimamente, como el hombre que sabe cómo sacarnos de ésta. Y podría tener el visto bueno de Prisa, aunque quizá para entonces poco importe, porque quedará de ella la mitad de la mitad. Tiene el favor de los votantes y puede obtener apoyos dentro del partido muy importantes y hoy muy enfrentados. Y puede ganarse también el apoyo de los medios de comunicación preferidos de los votantes populares y que hoy no ven con buenos ojos a Rajoy.

Así que apunten: Rato frente a Zapatero en 2011.

Cuando los burócratas se pelean

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

El intento de unas partes de la Administración Pública por meterse en el campo de acción de otras puede derivar en una pelea de la que, en ocasiones, salen beneficiados los ciudadanos. Y así ha ocurrido con la televisión por internet.

Hace unos años, de escondidas y sin que casi nadie se diera cuenta, el Ministerio de Industria se otorgó a sí mismo la capacidad de conceder o denegar licencias de retransmisión televisiva en páginas web. Lo hizo a través de ocho aparentemente inocentes palabras incluidas en un reglamento: "con independencia de la forma de acceso previo". Por algún extraño motivo no han utilizado hasta ahora dicho poder, pero no debe descartarse que pretendieran hacerlo en el futuro. De hecho, casi seguro que antes o después lo habrían empleado para impedir la transmisión online de contenidos incómodos para el poder político.

Por fortuna, alguien llevó ante los tribunales este artículo y el Supremo ha eliminado del reglamento las ocho palabras en cuestión. Quien se dio cuenta no fueron otros que unos burócratas diferentes, igual de celosos por su capacidad de control y tan ansiosos por poder intervenir en la sociedad como los del Ministerio de Industria: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La reclamación de la CMT, no nos engañemos, no está causada por una repentina preocupación por la libertad de expresión o una inesperada conversión al rechazo al intervencionismo administrativo en la sociedad. En absoluto. Se trata de una mera lucha de poder entre organismos de la Administración de la que, sin que seguramente ninguno de ellos lo previera, quienes han salido beneficiados son los ciudadanos.

Tal como estaba redactado el reglamento del Ministerio de Industria, cualquier página que incluyera vídeos –desde YouTube al videoblog– de un particular podría necesitar la autorización de dicho departamento para funcionar. Ahora, gracias a los celos de los responsables de la CMT, no va a ser así. Al menos por el momento, puesto que no se debe descartar que se prepare una nueva legislación en ese sentido en la que se equipare a las web con contenidos audiovisuales a las televisiones por cable. De hecho, dicha norma podría ser promovida tanto a nivel ministerial como desde la propia comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La CMT no está en contra de las licencias, puesto que éstas justifican la existencia de dicho organismo. En su reclamación no pedía, por ejemplo, que no hiciera falta autorización para emitir televisión por cable. Al contrario, reclamaba ser ella quien las gestionara cuando la cadena en cuestión tuviera una difusión mayor un territorio que el de una comunidad autónoma (algo que no le ha concedido el Tribunal Supremo). Es cierto que con la web no puede agarrarse la Administración a la mala excusa de los límites del espacio radioeléctrico, pero tampoco lo pueden hacer con la televisión por cable y sin embargo el Ministerio de Industria es el encargado de conceder licencias para este tipo de emisiones. En este caso los ciudadanos hemos salido ganando de la pelea entre burócratas, pero no siempre ocurre así.

Perlas intervencionistas para tiempos de crisis

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

En estos tiempos, más que nunca, se pueden oír y leer gran cantidad de mitos, sofismas y simples tonterías acerca de la economía y la coyuntura. En época de crisis los periódicos están llenos de noticias económicas y artículos de opinión acerca de éstas. La gente demanda respuestas y soluciones a economistas y "expertos": cuándo saldremos de ésta y qué soluciones hay parecen ser las preguntas que más preocupan.

Aun con todos estos mitos, se le puede buscar el lado positivo al asunto. Puede resultar incluso constructivo echar un vistazo a los editoriales y firmas de los periódicos para tratar de refutar sus principales ideas. Por ejemplo, así al azar, podemos probar con El País. Este periódico nos suele proporcionar bastante material con el que realizar este ejercicio, como muestran regularmente las columnas de Rodríguez Braun y Francisco Capella.

En uno de los editoriales de agosto del pasado año, se decía que "el desplome de la construcción no está siendo en modo alguno compensado por otros componentes", lo que les llevaba a pensar que "la mejor forma de facilitar la recuperación hoy distante es aumentar la inversión pública".

Como ya escribió Juan Ramón Rallo, la obra pública no es la solución, ni de lejos. Primero porque supone quitarle recursos escasos al sector privado en una coyuntura en la que no está especialmente sobrado como para sobrellevar los gastos que suponen los bienes de primera necesidad y el pago de las deudas. Así se favorece un mayor endeudamiento, añadiendo más leña al fuego a la pirámide de (mala) deuda construida al calor de la expansión crediticia. Esto supone que se dificulta el necesario ahorro que tiene que surgir para que la inversión pueda relanzarse y los proyectos empresariales puedan sobrevivir. Segundo, esto supone una mayor dirección centralizada de los recursos de la sociedad, es decir, que los políticos tendrían mayor capacidad y poder de decisión sobre los individuos.

La idea no parece demasiado atractiva, teniendo en cuenta además la intención de salvar a amiguetes promotores y constructores. Éstos necesitan más que nunca que el Gobierno nos meta a todos la mano en el bolsillo para repartirles el botín, y de paso quedarse con unas comisiones. Por último, tampoco vendría mal recordar los ejemplos históricos del New Deal americano, y las medidas aplicadas en Japón. La obra pública no parece ser ninguna panacea; más bien al contrario.

A la afirmación anterior nada tiene que envidiar lo que sostiene el flamante Premio Nobel de Economía, Paul Krugman. Una evidencia más para no tener miedo en relativizar el significado de los Nobel (ahí está Gunnar Myrdal también). En un alarde de comparación entre diversas perspectivas y apertura intelectual, dice que "el argumento habitual contra las obras públicas como estímulo económico es que tardan demasiado". Curiosamente, es un argumento que no he empleado ni yo ni muchos de los críticos con estas medidas. Quizá se le escapó algo al Nobel.

Además, opina que "está políticamente de moda despotricar contra el gasto estatal y pedir responsabilidad fiscal. Pero ahora mismo, un mayor gasto estatal es justo lo que el doctor receta, y las preocupaciones sobre el déficit presupuestario deben ser dejadas en suspenso […] Lo responsable, ahora mismo, es darle a la economía la ayuda que necesita". Es decir, entramos en la nueva y completamente diferente dimensión de la depression economics, donde las directrices del equilibrio presupuestario y las "leyes económicas estándar" dejan de ser válidas. Puro keynesianismo.

Me causa cierta estupefacción su creencia sobre lo "políticamente de moda", especialmente viendo estos cuadros, que muestran el gasto público desaforado de la última década medido según todos los indicadores (déficit público, deuda federal, gastos corrientes, etc.). ¡Y fueron llevados a cabo por los "defensores del libre mercado" republicanos! ¿Qué harán los "responsables" intervencionistas?

Quizás esos republicanos no son tan distintos, a nivel de intervención, que los demócratas. Parece obvio, pero no tanto para muchos articulistas, que siguen sosteniendo el mito imperecedero de EE.UU. como paraíso liberal. No tienen escrúpulos en culpar al mercado de todos los desaguisados, y hasta aseguran, mientras tratan de revivir a Keynes: "No alcanzo a leer ninguna propuesta neoliberal o neocon pidiendo la inhibición de los poderes públicos y el restablecimiento del laissez faire. ¿Alguna voz pide que dejemos al mercado arreglar por sí solo lo que ha desarreglado?".

No comment.

Dame más coches, por favor

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Durante la fase expansiva de la crisis económica actual, muchas industrias incrementaron su capacidad por encima de las necesidades reales de los ciudadanos. Digamos que se hincharon con la burbuja. Entre ellas destacan, por supuesto, los servicios financieros, la construcción y la automoción. Aunque no son ni mucho menos las únicas en haberse expandido en exceso, sí son las más prominentes.

En las tres, las causas y consecuencias son análogas, como lo deberían ser los procesos de ajuste. Sin embargo, la industria de los servicios financieros ha demostrado un mejor lobby ante los gobiernos, y todo el mundo asume que, sin los bancos, el mundo llegaría a su fin. Por ello, han conseguido ingentes recursos públicos para su sostenimiento. Y, por ello precisamente, es quizá un sector menos ilustrativo para comprender debidamente lo que ha supuesto la fase expansiva, la explosión de la burbuja y lo que significan las ayudas del Gobierno.

Por la misma razón, el objetivo de estas líneas es ilustrar de forma material lo que significa todo ello, siguiendo el ejemplo de los coches, que es mucho más fácil de entender, aún siendo exactamente el mismo fenómeno.

En la fase expansiva, todo el mundo puede acceder fácilmente a dinero. Los bancos daban crédito a quien se lo pidiera, sin reparar demasiado en la posibilidad de recuperar el dinero prestado. En estas condiciones, mucha gente comenzó a adquirir coches: algunos que nunca hubieran podido comprarlo con su renta, lo hicieron; otros compraron coches de una gama superior a la que se podían permitir y otros renovaban el coche con más frecuencia.

Lo cierto es que se disparó la demanda de coches tanto en cantidad como en calidad. Los fabricantes reaccionaron de dos formas: subiendo los precios para ajustar oferta a demanda, y ampliando su capacidad de producción, para en el medio plazo ser capaces de atender toda la demanda. Esta ampliación exige inversiones en capital y también contratación de trabajadores.

Se compraban muchos coches y se fabricaban muchos coches. Los fabricantes hacían mucho dinero, y la gente disponía de buenos vehículos.

Pero un día las cosas cambiaron, por las razones que sean. Desde ese día, la gente ya no quiere tantos coches. Al menos, no los quiere a los precios actuales. De repente, los fabricantes se encuentran con un montón de trabajadores y de inversiones, especializados en hacer algo que la gente ya no quiere que hagan.

Nos guste o no, todos los señores que viven de hacer coches, están haciendo algo que sus conciudadanos no demandan, y por lo que no quieren pagar. Y los fabricantes se encuentran con unas máquinas y unas fábricas inútiles. La gente demuestra con su demanda que no sirven para nada.

Es obvio para cualquier persona razonable que se han de dejar de fabricar coches, que todo el esfuerzo y dinero metido en ellos, ya no se valora. Y que esta gente estaría mejor, no sé, fabricando pasteles, o preparando hamburguesas, porque eso es lo que ahora quiere la gente. Igualmente, esas fábricas y esas máquinas deberían dedicarse a cosas más útiles, si es posible, o dejarse abandonadas.

Quien tiene en su casa un trasto, procura no perder el tiempo con él ni gasta más dinero en su mantenimiento. Lo que hace es tirarlo a la basura. La sociedad tiene ahora muchos trastos, entre ellos, muchas fábricas de coches.

Y, sin embargo, los dueños de las fábricas reaccionan pidiendo dinero al Gobierno para sobrevivir esta época, que pretenden pasajera. No entienden el mensaje que les estamos dando: que no queremos más coches. ¿Puede que en el futuro volvamos a quererlos? Eso nadie lo puede saber.

Así que con esas ayudas lo único que pretenden es obligarnos a seguir comprando algo que ya no queremos, de forma que puedan rentabilizar sus inversiones equivocadas, y mantener a gente trabajando en algo inútil. Como la situación es obviamente insostenible, seguirán pidiendo nuestro dinero al Gobierno para sostener su actividad improductiva. Y así seguirán hasta que el Gobierno se la niegue, y, por fin, desaparezcan liberando todos sus recursos para que se puedan dedicar a servir de verdad a la sociedad.

Porque, y esto es lo importante, la crisis no es pasajera. La crisis no se va a pasar como se pasan las tormentas o las pájaras de los ciclistas. Esta crisis es económica, no es un fenómeno natural, y sólo se pasará cuando las actividades improductivas cierren, y sus recursos se dirijan a cosas útiles.

No nos den más coches, por favor.