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Pacifismos inanes y otros

La guerra es la sumisión de toda la sociedad a un fin, y esa simpleza moral y económica es lo más a que puede llegar al Estado, mientras que la sociedad no tiene propósito, y los fines que buscan quienes la forman son múltiples, caleidoscópicos, cambiantes y contradictorios.

Lo extraordinario es que la sociedad, a pesar de esa multiplicidad mutante de fines encontrados, coordina todos de un modo pacífico por medio del comercio. Ese comercio constituye lazos de unión entre los individuos, basados en el interés de cada uno de ellos, por lo que no es necesaria más que la libre voluntad de cada uno para mantenerlos. Y, puesto que esas uniones no son impuestas, sino buscadas por quienes las mantienen, viven en un entorno de paz. La guerra, a pequeña o gran escala, rompería ese intercambio capilar que da vida a la sociedad. Por eso se decía que la paz estaba atada por las dulces cadenas del comercio. La paz es un corolario de la libertad.

Curiosamente, esa realidad de las sociedades liberales se ha convertido en un poderoso objetivo político. Y, como otros valores liberales, ha sido secuestrado por ideologías que están en contra de la libertad, y por tanto de la paz. El pacifismo de izquierdas del XX sólo pretendía desarmar moral y militarmente a los enemigos políticos del comunismo, mientras por dentro se henchía de orgullo ante el brutal despliegue de los ejércitos soviéticos. Hoy ese orgullo se ha convertido en rabia, al comprobar dolorosamente que el antiguo imperio se desvaneció, ahogado en su podredumbre moral y económica, que es la misma. Le queda el consuelo de poder seguir enfrentándose a los ejércitos occidentales en nombre de la paz. O de servir de instrumento de los asesinos de las familias israelíes, otra de las formas más puras de ese pacifismo con instintos de exterminio, tan del XX. También ha habido un pacifismo inane, que pretende la eliminación de los ejércitos y de las guerras, pero que para ello no confía en la sociedad, sino en la iniciativa política.

Estos movimientos le han dado mala prensa al pacifismo; el término lleva al imaginario de la gente a radicales de izquierdas que distinguen entre víctimas merecidas o inmerecidas o en utopistas sin más ancla en la realidad que la suela de sus zapatos. Y por esa vía se están abriendo camino los viejos mensajes militaristas y, lo que es peor, sus prácticas más señeras. El falso pacifismo nos apesta, lo cual nos ha hecho perder el olfato para distinguir a los señores de la guerra y sus representantes en la política.

Tenemos que recuperar el aprecio por la paz, la desconfianza hacia la guerra como instrumento político, pero desde el respeto a la libertad de las personas, a su desarrollo abierto y libre. Es decir, desde el liberalismo. Tenemos que recuperar esa sana desconfianza en los mensajes alarmistas con que los políticos atizan nuestras almas. Todo para zarandear nuestras libertades y secuestrarlas pieza a pieza. Antes de que tengamos que esperar a que los espíritus más limpios tengan que recordarnos que algún día las tuvimos, y que hubiera merecido la pena luchar por ellas.

El derecho de secesión renace en EEUU

Estados Unidos nació como resultado de una revolución secesionista de las colonias en contra del todopoderoso Imperio Británico. Como consecuencia, el nuevo país se fundó sobre el derecho del pueblo a abolir cualquier forma de gobierno que atente contra la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, tal y como se expresa en la Declaración de Independencia de 1776 y en la propia Constitución norteamericana. Hoy renace este sentimiento.

La principal preocupación de los Padres Fundadores consistió en tratar de configurar un sistema político con los suficientes y firmes contrapesos como para poder limitar, en la medida de lo posible, la acción expansiva de un Estado central. El temor residía en la concentración del poder en pocas manos. De ahí que EEUU se fundara sobre el principio fundamental del derecho de secesión. De hecho, la Declaración de Independencia es en sí misma un documento secesionista.

Jefferson y Madison reclamaron firmemente dicho precepto como una garantía básica frente al poder estatal. Por ello, defendieron la posibilidad de que los ciudadanos se separaran de un gobierno y fundaran un nuevo siempre y cuando éste atentase contra la vida, la libertad y la legítima búsqueda de la felicidad. Derechos básicos y esenciales que recoge la Constitución de EEUU.

Además, tal y como explica Alexis de Tocqueville en La democracia en América, "la Unión se formó por el acuerdo voluntario de los Estados (antes constituidos en colonias) y al unirse no han perdido el derecho a su nacionalidad ni se han visto reducidos a la condición de un pueblo único e igual". De este modo, "si uno de los Estados elige retirarse del bloque, sería difícil refutar su derecho a hacerlo".

La secesión era un sentimiento en auge a mediados del siglo XIX. Por distintos motivos, muchos de ellos económicos, numerosos estados del sur aspiraban a recuperar su soberanía política en detrimento de las crecientes competencias que, poco a poco, iba adquiriendo Washington como centro del poder político del país. Fue, precisamente, la amenaza separatista, y no la abolición de la esclavitud, lo que provocó la guerra civil en 1861. Sin embargo, esta vez, triunfó el Estado central, y con él, dio comienzo el surgimiento del nuevo Imperio estadounidense.

Thomas J. DiLorenzo, en su obra El verdadero Lincoln, expone magníficamente los entresijos y causas reales del conflicto fratricida que enfrentó brutalmente a los estadounidenses. La victoria de los unionistas terminó imponiendo el denominado Sistema Americano defendido a ultranza por Hamilton, Clay y Lincoln, consistente en un fuerte proteccionismo económico, la nacionalización monetaria y bancaria, la Hacienda Pública, las subvenciones al fomento interno (capitalismo de Estado) y, cómo no, la centralización política.

Sin embargo, tras siglo y medio, parece renacer de nuevo el espíritu secesionista sobre el que se fundó EEUU. La intensa crisis económica y financiera que vive el país y algunos puntos polémicos del programa electoral de Obama están provocando las ansias de soberanía por parte de algunos congresistas estatales. Los rescates públicos y el creciente endeudamiento vienen acompañados de una nueva oleada intervencionista en el ámbito económico y, por lo tanto, es visto como una amenaza directa a los derechos fundamentales de todo individuo, tal y como defiende la Constitución.

En la actualidad, cerca de 20 estados estudian introducir resoluciones en el Congreso reclamando una mayor soberanía estatal frente a Washington. El último en adherirse ha sido New Hampshire, mediante un documento en el que reclama los derechos estatales de secesión en base a los más puros principios defendidos por Jefferson. Curiosamente, el actual presidente de EEUU, Barack Obama, se declara un ferviente admirador del centralista Lincoln. La noria de la historia siempre nos depara sorpresas.

Las reglas las marcamos entre todos

Si toda subvención o prestación pública es una "ayuda", el debate sobre si es o no realmente una buena medida, una medida que "ayuda" a la gente, ha quedado zanjado antes de empezar. Como explica David Friedman, la práctica de reescribir las políticas de forma que asuman la conclusión hace innecesario tener que justificarlas y debatirlas.

Ésta ha sido la estrategia que ha seguido la nueva Administración Obama a la hora de vender a los ciudadanos y a los medios el paquete de 800.000 millones de dólares que supuestamente tiene que sacar a Estados Unidos de la crisis. Como no estaban Obama y su equipo con ganas de sufrir desgaste discutiendo con sus críticos sobre si esta gigantesca inyección de gasto público va a tener efectos positivos, decidieron llamarlo "estímulo" y neutralizar el debate. Cuando este fardo de gastos (que hace realidad las fantasías de los progresistas americanos de los últimos 40 años) era un "aumento del déficit público", entonces las voces críticas eran numerosas. Ahora que han pasado a llamarlo "estímulo" la medida es extraordinariamente popular. ¿Quién va a oponerse a un estímulo?

De nuevo, sus proponentes deberían demostrar la conclusión que están asumiendo. A saber, si estas medidas keynesianas van a estimular realmente la economía o van a consolidar las malas inversiones hechas durante el perídodo del "boom" y a retrasar los necesarios reajustes y la recuperación.

Otro ejemplo es el uso indiscriminado del término "polución" o "contaminación" (contaminación lumínica, contaminación térmica, contaminación visual, contaminación cultural, etc.). No es necesario investigar y demostrar que algo es dañino si recibe el nombre de "contaminación", pues la contaminación es obviamente mala. Todas las propuestas políticas girarán en torno a la reducción o prohibición de este fenómeno, ninguna sugerirá que su efecto quizás es positivo o inocuo, o que tratar de eliminarlo es contra-producente o demasiado costoso.

La manipulación retórica es efectiva porque la opinión pública está desinformada y la terminología tiene entonces una influencia desproporcionada. Como señala Ilya Somin, si la gente estuviera informada sobre los detalles y las implicaciones del paquete de gasto público de Obama probablemente no cambiaría de opinión por el simple hecho de que pase a llamarse "estímulo". No obstante, la retórica también explota y apela a nuestros sesgos y emociones, a nuestra irracionalidad, y en este sentido influye porque dice a la gente lo que quiere oír.

El uso de la retórica con fines políticos no es exclusivo de la izquierda intervencionista. En el tema del aborto, por ejemplo, ambos bandos encontrados se definen con términos que asumen la bondad de sus conclusiones: los "pro-choice" (pro-elección) y los "pro-life" (pro-vida). Ni el primero aceptará que es anti-vida, ni el segundo aceptará que está en contra de la libertad de elección.

¿Aprovechamos los liberales las posibilidades de la retórica de la misma manera? Mi impresión es que los liberales estamos a la defensiva en este aspecto, o somos poco creativos. Ya sería un avance que consiguiéramos que los intervencionistas no reescriban los nombres de las políticas incorporando la conclusión, y llamen las cosas por su nombre para que el debate pueda tener lugar. Los liberales nos sentimos cómodos en una discusión racional porque tenemos las de ganar, y ése es un terreno que los socialistas de todos los partidos intentan evitar con eslóganes emocionales y trampas terminológicas como las que hemos visto. Si el "estímulo" se llamara "aumento del déficit publico" o las ayudas se llamaran "subsidios" o "redistribución", sus proponentes tendrían que debatir con nosotros sobre si tienen efectos "estimulantes" o beneficiosos.

Dando un paso más allá, podríamos reescribir las políticas intervencionistas o las reformas liberalizadoras empleando conclusiones liberales. Por ejemplo, llamando a la flexibilización del mercado laboral (legalización del despido libre, abolición del salario mínimo etc.) "abaratamiento de la contratación" o "facilitación de la contratación" o "incentivos para el pleno empleo". O a los recortes de impuestos "ayudas para las familias" o "incentivos para la creación de riqueza". O a la abolición de subsidios a la agricultura como "reducción de precios para los consumidores" o "ayuda al Tercer Mundo".

También podríamos llamar "estímulo" para la economía a un recorte masivo de impuestos que financie la reestructuración de las distintas ramas productivas, una reducción pareja del gasto público para no hipotecar el futuro de nuestros hijos y una desregulación del mercado del trabajo para que los trabajadores se recoloquen rápidamente. Este "estímulo" también asume la conclusión de que es estimulante, pero a diferencia del de Obama, éste sería estimulante de verdad.

Del “déficit público” al “estímulo”

En 1797, el Banco de Inglaterra suspendió la convertibilidad en oro de sus billetes y, por este motivo, el billete se depreció con respecto al oro y al resto de divisas. Al fin y al cabo, el oro y una "promesa de pagar oro" (el billete) o una "promesa de pagar oro" y otro "promesa de pagar oro" (billetes extranjeros) sólo valen lo mismo si se tiene intención de cumplir con las respectivas promesas. Sin embargo, parece ser que la depreciación del billete no gustó demasiado a los oficiales ingleses, así que impusieron su paridad con la guinea (la moneda de oro inglesa de entonces). Los tipos de cambio internacionales quedaban, para su disgusto, fuera del ámbito de sus competencias.

¿Consecuencia? El oro desapareció de la circulación y comenzó a atesorarse. A nadie le interesa regalar su dinero a precio de saldo, así que mejor dejarlo en casa y utilizar sólo el mal dinero en la medida de lo posible. Pero como el oro dejó de circular, la cantidad de medios de pago en la economía se redujo, de modo que el gobernador del Banco de Inglaterra estimó que tenía que compensar esta caída imprimiendo más billetes. Pero esto sólo provocó que el valor del billete con respecto al oro en los mercados internacionales cayera aun más, tal y como se reflejaba en la ulterior depreciación de su tipo de cambio.

En este contexto, el ministro de Economía inglés se negaba a reestablecer la convertibilidad del billete en oro. Desde su punto de vista, si se regresaba al oro, los extranjeros se beneficiarían de los bajos tipos de cambio para despojar a Inglaterra de su metal dorado. Macleod repasaba escandalizado toda esta polémica: ¿Dónde está el origen del problema? En que se suspendió la convertibilidad con el oro. ¿Cómo se agravó el problema? Imprimiendo más billetes no respaldados por oro. ¿Qué otra solución podía haber que retirar los billetes no respaldados y restaurar la convertibilidad, tal y como ya se hizo con éxito en 1697? Evidente, ¿no? Pues parecía que a los miembros del Banco de Inglaterra no les cabía en la cabeza (o en el bolsillo, ya que nada hay más provechoso que poder crear dinero cuasi sin restricciones) y tuvo que ser un comité de expertos monetarios, que parieron el famoso Bullion Report, los que animaran a volver a la convertibilidad, tal y como sucedió en 1821.

Más de dos siglos después parece que el Banco de Inglaterra está repitiendo sus mismos errores. ¿Dónde está el origen de esta crisis? En la excesiva expansión crediticia de los bancos centrales que ha generado todo tipo de malas inversiones. ¿Por qué pudieron expandir tanto los bancos centrales el crédito? Porque desde 1973 ya no están obligados a mantener ni siquiera unas mínimas reservas de oro por el dinero que van creando. ¿Resultado? Hemos sufrido 35 años de una moneda de valor elástico que ha ocultado cómo los bancos privados se iban descapitalizando: la inflación de activos que el dinero fiduciario promovía, permitía a los bancos presentar grandes beneficios cuando en realidad estaban avanzando hacia la quiebra que ahora se ha materializado.

¿Cuál sería la solución que podrían ofrecer los bancos centrales? Por un lado dejar de expandir artificialmente el crédito y, por otro, regresar al patrón oro. De esta manera, podríamos recapitalizar los bancos privados sobre bases sólidas y no sobre espejismos fiduciarios que enmascaran la erosión de los fondos propios (en la línea de lo que apuntaba el profesor Antal Fekete). ¿Algún burócrata se ha planteado la cantidad de capitales que podrían movilizarse regresando a una moneda que actúa como auténtico depósito de valor y que, por tanto, devolvería los mercados de renta fija a largo plazo a los ahorradores de manos de los especuladores?

Evidente, ¿no? Pues no, los miembros del Banco de Inglaterra creen que la solución pasa por rebajar aun más los tipos de interés y por incrementar la cantidad de dinero en la economía para adquirir deuda pública. Están escandalizados con que los precios de los activos que ellos habían contribuido a inflar ahora se estén desinflando, cuando esto es lo que tiene que suceder para que nuestra estructura productiva se reorganice y podamos reiniciar el crecimiento. Nada que, para nuestra desgracia, siguen sin aprender la lección.

Más de 200 años sin aprender la lección

El pasado año ya reflejé en mi primer artículo en Libertad Digital que la privacidad es uno de los grandes retos de la sociedad actual y que el desarrollo de las redes sociales depende en gran parte del tratamiento de la información personal que los usuarios depositan en ellas.

Esta misma semana la decisión de Facebook de incluir modificaciones en sus condiciones generales de uso empezó a inquietar a muchos de sus usuarios. Dentro de estos cambios se encontraban frases cuanto menos inquietantes, donde la red social se otorgaba la "licencia perpetua y mundial" sobre todo el contenido publicado en el sitio por parte de sus usuarios. Marck Zuckerberg, el fundador de Facebook, argumentaba que estas modificaciones eran coherentes, ya que están relacionadas con la forma de compartir fotos y mensajes en la red social. La defensa que hacían de esto era que si un usuario decide cancelar el servicio, su información desaparecería de la página, pero no para todos aquellos a los que ya se la había enviado. Otro de los puntos polémicos es el derecho que se otorga Facebook de utilizar libremente todo el contenido en el sitio, incluso si una persona elimina un documento o cierra su cuenta. La red social explica que este punto está ideado, no para comercializar la información de alguna forma, sino para poder innovar con la presentación de la misma y no tener trabas legales que se lo impidan.

En pocos días, el debate en la red y en el propio Facebook se disparó y las reclamaciones no dejaron de llegar. Uno de los grupos más importantes en cuanto a privacidad en entornos electrónicos, el Centro de Privacidad en la Información Electrónica (EPIC), exigió a la red social el regreso a los anteriores términos de condiciones de uso.

Con buen criterio, la red social ha escuchado a los usuarios y a los diferentes grupos de presión y ha vuelto a las anteriores condiciones de uso. Pero además ha decidido abrir un debate público para trazar la líneas de las nuevas, con el objetivo de que al mismo tiempo se defiendan los intereses de la empresa y se satisfaga la privacidad de sus usuarios. El grupo en Facebook ya está abierto para que podamos participar y aportar nuestra visión, porque en este caso las reglas las marcamos entre todos.

Límites al sistema autonómico

Ya analizamos los excesos del sistema autonómico de España y se rebatió la falacia argumental entorno a los supuestos beneficios de la descentralización. En treinta años de democracia, las autonomías han expandido el tamaño del Estado por encima del 45% del PIB, ya que han duplicado el gasto público y han quintuplicado el número de funcionarios hasta rebasar los 3.027.500 asalariados públicos. También aportamos datos sobre la dilapidación de ingresos públicos en manos de tramas de intereses regionales, los innumerables gastos irregulares, el incremento de la burocracia y el servilismo hacia los nuevos caciques políticos.

Sin lugar a dudas, con los datos del intervencionismo autonómico en la mano, el Título VIII de la Constitución Española de 1978 se manifiesta como la sección de articulado constitucional peor diseñada. Dicho sistema territorial ha permitido la instauración de 17 centros de poder con competencias tanto ejecutivas como legislativas que están generando intervencionismo por medio de la hiperinflación legislativa, con leyes autonómicas que interponen barreras comerciales con normativas dispares de etiquetado, facturación, seguridad y regulación de infinidad de actividades individuales. Dicho sistema descentralizador consiente la discriminación de millones de ciudadanos no-nacionalistas o, directamente, permite la génesis de nuevas realidades autonómicas de diseño inconstitucional que perfilan regímenes intervensionistas en torno a "mini-naciones" con sistemas tributario y judicial propios, una relación bilateral con el Estado central, selecciones nacionales, campañas de autopromoción o embajadas en el extranjero.

Confiando en la apertura mental del lector y en su simpatía hacia las nuevas ideas, sin la cual todo entender es imposible, a continuación se plantearan algunas reformas constitucionales que estimamos pueden permitir la limitación del tamaño del Estado autonómico y de sus excesos competenciales.

Las sentencias totalmente politizadas del Tribunal Constitucional están otorgando una patina de oscura "legalidad" a leyes y Estatutos de Autonomía que eliminan el derecho de igualdad ante la ley del ordenamiento jurídico español ya que establecen ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría. Sin embargo, al menos formalmente, el artículo 14 de la Constitución establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna…".

Dependiendo de la Autonomía donde se resida, la hiperinflación legislativa derivada del caótico sistema territorial español impone una normativa regional totalmente diferente en cada Comunidad Autónoma, coaccionando la libertad de mercado en actos tan cotidianos como prestar un servicio asistencial, comerciar con un producto, recibir una licencia de caza, vacunar un niño o, simplemente, encontrarle educación en el idioma común de España.

Si se quiere restablecer el derecho de igualdad ante la ley, el artículo 148 CE debe fijar competencias autonómicas definitivas pero, además, debe señalar expresamente que el Parlamento nacional será la institución encargada de legislar dichas competencias mediante un Estatuto Único de Autonomía:

Artículo 148 CE (propuesta de versión nueva)
1.
Cada Comunidad Autónoma podrá asumir competencias en las materias que se relacionan a continuación y, si se aprueba conforme a ley, se podrán recoger en un Estatuto Único de Autonomía que también regulará la organización de las instituciones de autogobierno:

Las alteraciones sobre los términos municipales que… (sin cambios)

Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma… (sin cambios)

2. Las Comunidades Autónomas podrán delegar sus competencias en las provincias, municipios, cabildos o consejos que integren su territorio, con el fin de eliminar burocracia, acercar la administración a los ciudadanos y limitar el gasto público.

3. Ninguna Comunidad Autónoma podrá aumentar sus competencias fuera del marco establecido por el apartado primero. El Estatuto Único de Autonomía deberá sujetar sus competencias al marco establecido por el artículo 148 y nunca podrá rebasar los límites establecidos en el artículo 149.

4. Las Comunidades Autónomas financiarán íntegramente sus gastos presupuestarios mediante tramos de impuesto claramente diferenciados en los documentos públicos de pago, que se legislarán en el Parlamento Autonómico para que los ciudadanos perciban la gestión eficaz y correcta de las autoridades regionales, pero sin posibilidad de déficit presupuestario y sin posibilidad de rebasar un endeudamiento superior al 20% del gasto público autonómico.

5. La Constitución y cualquier ley orgánica de carácter estatal tendrán rango superior y, por tanto, prevalecerán sobre las leyes y normas autonómicas en todo lo que no esté atribuido a las mismas. Cualquier legislación o acto administrativo de las autoridades autonómicas que contravenga lo anterior será nulo de pleno derecho y, con efectos inmediatos, deberá aplicarse el artículo 155.

6. Aprobado un Estatuto Único de Autonomía, automáticamente se aplicará a todas las Comunidades Autónomas sustituyendo al Estatuto de Autonomía de cada una de ellas.

7. Para ser legalmente válida, la aprobación del Estatuto Único de Autonomía, así como cualquier modificación posterior del mismo, deberá recoger fidedignamente los apartados anteriores y deberá ser aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento nacional y, en el plazo improrrogable de un mes, deberá quedar refrendada en referéndum por una mayoría absoluta de los ciudadanos con derecho a voto de España, conforme a lo establecido en el artículo 92.

Aprovechando la propuesta de introducción de un Estatuto Único de Autonomía dentro de la reforma del artículo 148 CE, se eliminan las competencias de "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda" que tanto intervencionismo y tanta corrupción han ocasionado en la economía española. También se proponen la limitación del gasto autonómico, la posibilidad de descentralización de competencias autonómicas hacia entes locales como los municipios o las provincias y, el principio del consentimiento de los ciudadanos por medio de referéndum nacional para la aprobación del Estatuto.

Actualmente, tal y como hacen las dictaduras más rancias, las Autonomías se inmiscuyen gravemente en el ámbito de decisión particular de cada ciudadano. Por ello, también se intenta frenar el secesionismo totalitario mediante la aplicación obligatoria del artículo 155 CE en aquellos casos de no-acatamiento de la Constitución o de otras leyes estatales o, ante atropellos graves y reiterados de la libertad y los derechos individuales de los ciudadanos.

No obstante, junto con la anterior propuesta, también es imprescindible reformar el artículo 149 CE para, dejar claramente definidos los límites de competencias y, como mínimo, introducir la competencia fiscal entre autonomías y restituir tanto la regulación de la educación como el uso y la enseñanza del castellano dentro del ámbito del Estado central.

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A los usuarios de Explorer 6

Cuando se intenta jugar en las ligas mayores con una plantilla más propia de tercera regional –en tamaño, que no en calidad–, lo que sucede cuando hay un proyecto importante es que los mismos que nos dedicamos a mantener la web día a día debemos preparar al mismo tiempo ese gran salto. Adivinen a costa de qué.

No obstante, cuando uno es desarrollador web, periodista y columnista esto del pluriempleo se lo toma con una cierta e imprescindible filosofía. Lo cual no quita que haya labores que debiendo ser innecesarias quitan un tiempo precioso y producen una irritación creciente entre los que nos dedicamos a hacer sitios web. Seguro que mis compañeros de profesión ya saben de qué estoy hablando. Sí, del navegador Microsoft Internet Explorer 6, conocido en el gremio como IE6.

Actualmente, un 26% de los lectores de Libertad Digital visitan esta web con Explorer 6, un producto lanzado el 27 de agosto de 2001. Aunque en su día fue un programa extraordinario, sin rival a su nivel, no sólo está anticuado a estas alturas con respecto a lo que ofrece cualquier navegador moderno, sino que tiene más errores que un auto de Garzón. Así, es habitual que después de la laboriosa tarea de montar una web que se vea correctamente en Firefox, Safari, Chrome y Explorer 7, los desarrolladores contemplemos con horror que en IE6 desaparecen imágenes, se descolocan textos y, en definitiva, la página nada tiene que ver con lo que queríamos que se mostrara.

Casi todos esos problemas pueden ser solventados con bastante trabajo y un montón de horas desperdiciadas en repetidos procesos de prueba y error. No todos, sin embargo. Si usted está leyéndome con Explorer 6, no estará viendo algunas de las características del nuevo diseño de Libertad Digital, como las transparencias sobre las imágenes. También echará de menos algunos elementos eliminados, como los botones de ampliación y reducción del texto, labores ambas que los navegadores decentes ya pueden hacer ellos solitos. Y según pase el tiempo, cada vez menos desarrolladores web se preocuparán por usted, el hombre literalmente desactualizado, y crearán páginas que directamente no se verán en Explorer 6.

No voy a decir que me dé lo mismo que se cambie usted a Explorer 7, Firefox, Opera o Chrome, porque no es así. Al contrario que tantos otros, no le tengo inquina a Microsoft, lo que no quita para que reconozca que en materia de navegadores haya alternativas mucho mejores. Pero comparado con el abismo que hay entre Explorer 6 y cualquier otra cosa, el que se limite a actualizar a la versión 7 del mismo navegador es un problema menor, muy menor.

Haga su buena acción del día. Dele una alegría a su vecino, que se dedica a estas cosas de la web. Actualícese.

Salir del euro no es la solución

Kemmerer recuerda que tanto en 1933, cuando el país se enfrentaba a una deflación, como en 1973, cuando corría el riesgo de padecer una hiperinflación, la solución que adoptaron las autoridades estadounidenses fue la misma: devaluar el dólar.

Guardando las distancias, la histórica desorientación del Gobierno estadounidense parece estar trasladándose a la sociedad española. Son muchos los que lamentan que España no se encuentre fuera de la zona del euro para, así, poder devaluar libremente la moneda y recuperar, por esta vía rápida, la competitividad perdida. Ya vimos que no habríamos evitado la crisis estando fuera del euro, pero ¿la capearíamos mejor si nos saliéramos?

Lo primero que debemos tener claro es que existe una diferencia conceptual entre devaluar y depreciar la moneda. Las devaluaciones se dan en un sistema de tipos de cambio fijos, donde los bancos centrales se muestran dispuestos a comprar y vender sus respectivas divisas a un tanto preestablecido; las depreciaciones, por el contrario, se producen en un sistema de tipos flexibles, donde aquéllos se desentienden de la protección de sus divisas, a las que dejan flotar.

Con independencia de que una España fuera del euro estableciera un tipo de cambio fijo o variable para su nueva peseta, entiendo que lo que los defensores de la devaluación pretenden es que la divisa española pierda valor con respecto a todas las demás para, de este modo, encarecer las importancias y abaratar las exportaciones (lo que haría mejorar nuestro deficitario saldo exterior).

En la práctica, este supuesto automatismo, descrito por Friedman en 1953, se cumple tantas veces como se incumple. Por ejemplo, el déficit por cuenta corriente de la zona del euro con Japón creció un 40% entre 2003 y 2007, de modo que, en teoría, el euro debería haberse depreciado con respecto al yen, pero, en cambio, se apreció un 30%. El superávit de la zona del euro con Canadá se incrementó en ese mismo período un 92%, con lo que en principio la moneda europea debería haberse apreciado, pero se depreció aproximadamente un 10%. El superávit corriente con Dinamarca aumentó en un 430%, con lo que cabría esperar una rápida apreciación del euro frente a la corona danesa, pero apenas se apreció un 1%. Por último, el superávit corriente con Suecia se redujo en un 40%, sin que el euro se apreciara más de un 2%.

La intuición de Friedman de que los desequilibrios externos tendían a corregirse con simples cambios en las cotizaciones de divisas parece no conciliarse con la realidad. Y no es complicado comprender el motivo.

En una economía globalizada, esto es, integrada en la división internacional del trabajo, las importaciones no se refieren únicamente a bienes de consumo, sino a factores productivos. Por consiguiente, la devaluación de una moneda no sólo encarece los bienes de consumo extranjeros frente a los domésticos, sino que también encarece los factores productivos extranjeros que necesitamos, entre otras cosas, para exportar. Desde luego, nuestros productos terminados se abaratan con la devaluación, pero también se nos encarece el producirlos, con lo cual nos volvemos menos competitivos.

Imagine que compramos acero a Estados Unidos por 100 dólares para construir unas placas que venderemos a los propios Estados Unidos por 150 euros. Imagine, asimismo, una paridad euro-dólar de 1 a 1, pero que el Banco Central Europeo pretende mejorar la competividad devaluando el euro hasta los 0,8 dólares. Pues bien, si antes comprábamos el acero a 100 euros y lo vendíamos a 150 (1 euro = 1 dólar), ahora pasaremos a comprarlo a 125 euros para venderlo por 150 (1 euro = 0,8 dólares). Con lo que nuestro margen de beneficio se reduciría de 50 euros (el 50% sobre los 100 euros que costaba el acero) a sólo 25 (el 20% sobre los 125 euros que cuesta el acero).

Así las cosas, si el exportador español quiere mantener el margen tendrá que subir el precio de las placas a 187,5 euros, con lo que los estadounidenses seguirán pagando 150 dólares por nuestras placas… y en nada mejoraremos nuestra competitividad. Es más, debido a la subida de precios para mantener el margen, puede que la empeoremos frente a otros socios comerciales que comparten nuestra misma moneda (el euro) o frente a los que no nos hemos devaluado.

Visto lo anterior, conviene preguntarse qué beneficios obtendría España de la devaluación si una abultada parte de nuestro déficit exterior se debe a la importación de petróleo, del que dependemos no sólo para producir electricidad, sino para poner en funcionamiento los camiones que distribuyen nuestras exportaciones hasta, al menos, la frontera. Si una electricidad cara y unos costes de transporte altos fueran a elevarnos en el ranking de competitividad, España debería estar entre los países más competitivos del mundo desde hace años.

No, salir del euro para devaluar nuestra divisa no arregla casi nada. Como mucho, permitiría reanimar la industria del turismo y regresar al tradicional modelo de crecimiento de los años 60 de sol, playa y bocadillo. Con la diferencia de que ahora habría destinos turísticos alternativos más baratos… pese a la devaluación.

Mucho me temo que la solución de nuestro déficit exterior y, sobre todo, la reactivación de nuestro crecimiento sólo procederá de un cambio de nuestro modelo productivo, y no de un pseudoabaratamiento inflacionario del caduco modelo de negocio actual.

Para ello, la receta es la de siempre: ajuste de precios de los activos y liberalización de los mercados de factores para permitir que se creen nuevas industrias exportadoras y otras que reduzcan nuestra dependencia de las importaciones. Para mejorar nuestra competitividad no hace falta que suframos un drástico ajuste interno de salarios que nos sitúe al nivel de los chinos, sino que sepamos reorganizar adecuadamente nuestra estructura productiva.

Un ministro sin vergüenza

Cuando un accionista observa que el principal responsable de su compañía no es de fiar y que su gestión al frente de la misma conduce a la bancarrota reacciona de dos formas posibles: o bien exige su dimisión o, simplemente, lleva a la práctica el popular dicho de coge el dinero y corre. Por desgracia, no es el caso, ya que el ámbito político carece de los sanos contrapesos propios del libre mercado y la propiedad privada.

El dinero de los contribuyentes está preso, al depender única y exclusivamente de la voluntad personal y partidista de la casta política. Una privilegiada y parasitaria clase social que, pese a anunciarse como legítima representantes del pueblo y defensora del interés general, en realidad, actúa siempre en beneficio propio. Es decir, en clave electoralista.

Por ello, no es de extrañar que Solbes haya insistido en ocultar la realidad a los españoles con una ristra de falacias y contradicciones manifiestas desde que comenzaron a surgir las primeras señales de alerta económica. En un alarde de valentía, el responsable de la cartera más importante del país corrige, por enésima vez, sus propios pronósticos. La ansiada recuperación ya no se espera para 2009 sino para 2010, según nos anuncia ahora.

Además, Solbes avanza que el sistema financiero más sólido del mundo deberá ser rescatado con el dinero de los contribuyentes, mediante la emisión de deuda pública. No sólo eso. El ministro va más allá y propone, incluso, hacer uso del fondo de garantía de depósitos para salvar a entidades de la bancarrota. El citado fondo, pese a ser exiguo y del todo insuficiente frente a las carencias del sistema de reserva fraccionaria propio del modelo financiero actual, es el único colchón con el que cuentan los depositantes para recuperar sus ahorros en caso de quiebra bancaria.

Una propuesta asimilable a la expropiación de las pensiones privadas aprobada por la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, que posiblemente empleará este dinero privado para afrontar los compromisos de deuda pública de su Gobierno peronista. Irlanda tampoco se queda atrás y el pasado diciembre anunció que emplearía las pensiones públicas en un intento desesperado por recapitalizar su banca.

Solbes hará uso del fondo que garantiza parte del dinero de los depositantes para el mismo fin. Atrás quedan ya los cantos de sirena acerca de la supuesta solvencia financiera española y la solidez económica del país. Sin embargo Solbes, y el Gobierno en su conjunto, sigue ocultando la verdad, ya sea por ignorancia o por motivos partidistas. Es igual. España no tocará fondo en 2009 y la senda de la recuperación tampoco llegará en 2010, tal y como ahora prevé el excelentísimo ministro.

La contracción económica avanza a un ritmo real del 5% anual y la caída histórica de la producción industrial, próxima al 20% interanual, avanza una recesión mucho más intensa a lo largo del presente ejercicio. El paro seguirá aumentando y, como consecuencia, se irá agotando el dinero para cubrir las prestaciones por desempleo, con la consiguiente presión sobre el resto de partidas presupuestarias conforme menguan cada vez más los ingresos fiscales de la Administración.

El déficit y la deuda pública serán el recurso fácil al que acudir durante un tiempo pero, según vaya incrementándose el desequilibrio de las cuentas públicas, el Tesoro tendrá grandes dificultades a la hora de colocar sus bonos. Conforme la crisis avance, la estabilidad financiera del país dependerá en última instancia de la voluntad del Gobierno francés y alemán por acudir al rescate del sistema. Si 2008 fue el inicio oficial de la crisis económica en España, 2009 será el comienzo de la crisis bancaria. Esto no ha hecho más que empezar, y con la actual dirección económica el fin llevará años. Una realidad que, en ningún caso, verán en boca de Solbes o alguno de los actuales ministros. Al Gobierno, simplemente, le falta vergüenza y le sobra irresponsabilidad.

La perversión de la titulización

Aunque ya vimos que la titulización suponía una innovación financiera muy beneficiosa que incluso podría haber permitido la transición desde nuestro inestable sistema bancario actual a uno en el que los plazos de activos y pasivos estuvieran casados, una parte del uso que se hizo de la misma contribuyó a agravar y a extender la crisis financiera actual.

Los bancos y las filiales financieras de muchas compañías comenzaron a abusar del uso de la titulización. Los beneficios que les reportaba desprenderse de sus activos crediticios a cambio de efectivo tenían una seria limitación: tenían que encontrar ahorradores que estuvieran dispuestos a invertir en titulizaciones que tenían un plazo de vencimiento igual al del activo.

Obviamente, esta restricción les impedía titulizar toda la cantidad de activos que querían, así que intentaron expandir la base de sus potenciales inversores desencajando los plazos de vencimiento entre la titulización y el activo titulizado. A través de los llamados conduits (vehículos especiales con los que se efectuaba la operación de titulización), los activos se vendían al público mediante una emisión de títulos de deuda a corto plazo, cuya duración máxima era de 364 días. Así, empezaron a descalzarse los plazos de las titulizaciones: en los conduits de papel comercial (ABCP conduit), la deuda a muy corto plazo financiaba activos de vencimiento muy a largo plazo.

La consecuencia fue obvia: los bancos obtuvieron muchos más fondos de sus titulizaciones de los que habrían obtenido en caso de que los conduits encajaran los plazos. De este modo, volvieron a expandir sus créditos a largo plazo, en lugar de utilizar los fondos recibidos para sanear y reestructurar sus balances. El sistema financiero, en su conjunto, se volvió más ilíquido por este mal uso de la titulización (a la iliquidez de los bancos se sumó la iliquidez de los conduits y de los acreedores de ambos, quienes creían poder recuperar su inversión a vencimiento en cualquier circunstancia del mercado).

Como hemos visto, la finalidad de los primeros conduits de ABCP era simplemente expandir la demanda potencial de los activos titulizados desde el mercado de capitales al mercado monetario. El experimento, sin embargo, despejó el camino para usos todavía más perversos de la titulización, como era la de explotar abiertamente el arbitraje de tipos de interés.

Dado que el tipo de interés en el mercado monetario es por lo general inferior al del mercado de capitales, los bancos crearon conduits de ABCP dedicados exclusivamente a adquirir activos financieros de alto rendimiento (bonos corporativos, titulizaciones de hipotecas, préstamos al consumo…) mediante la emisión de deuda a corto plazo. Su objetivo era explícitamente el de explotar el diferencial de tipos de interés en la curva de rendimientos, esto es, la de operar como un banco tradicional que transforma plazos (endeudarse a corto e invertir a largo) pero sin que sus operaciones quedaran registrados en los balances de los bancos tradicionales que los amparaban.

Ahora bien, estos primeros conduits solían cubrirse contra el riesgo de iliquidez que se derivaba del descalce de activos y pasivos; básicamente el banco que promocionaba el conduit les concedía una línea de crédito por el 100% de sus activos.

La evolución natural de los conduits de ABCP destinados a arbitrar tipos de interés condujo, sin embargo, a unos instrumentos donde la degradación de liquidez todavía era mayor: los Structured Investment Vehicle (SIV), que tanta influencia tuvieron en el desarrollo de la crisis durante la segunda mitad de 2007 y cuyas líneas de crédito con los bancos estaban muy limitadas porque había su cartera de activos era gestionada, esto es, el gestor podía comprar y vender activos para asegurar la liquidez de la SIV.

Los conduits dedicados al arbitraje de tipos de interés fueron los que coparon el mercado. Entre 2004 y 2007, de los 70 nuevos conduits que se crearon para invertir en activos nominados en dólares, 40 se dedicaban únicamente a esta finalidad. Esto permitió una brutal expansión crediticia: las emisiones de papel comercial por parte de los conduits alcanzaron el máximo de 1,2 billones de dólares en agosto de 2007; desde 2004 hubo las mismas emisiones que en los nueve años anteriores a 2004.

Pese a que tantas voces están culpando hoy al instrumento de las titulizaciones de haber causado la crisis actual, su responsabilidad exclusiva se limita al mal uso que se hizo de las mismas a través de los conduits de ABCP. La titulización clásica –en la que los flujos de caja del activo y del pasivo estaban calzados– sólo pudo contribuir a diseminar los activos de mala calidad entre inversores distintos a los bancos, pero no a causar la crisis. Conviene tener todo esto presente en esta época donde tantas innovaciones financieras provechosas se denostan y donde el celo regulador puede acabar con ellas.