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Cada vez más claro

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En su opinión, la actitud de los bancos nos está sumergiendo en un círculo vicioso: los bancos están viendo repuntar su morosidad, motivo por el cual cierran el grifo del crédito a la economía, pero sin crédito la economía se ralentiza todavía más, con lo que la morosidad sigue aumentando y el crédito restringiéndose.

Para estos dos economistas la solución está clara: debe ser el Estado, con su potente músculo financiero, quien dé un paso adelante en esta coyuntura crítica y vuelva a expandir el crédito hacia la economía. De esta manera, pasaremos del círculo vicioso al círculo virtuoso: más crédito significará más crecimiento económico, menor morosidad, balances bancarios más saneados y mayor crédito y crecimiento.

En economía las relaciones automáticas, desligadas de su sustrato teleológico, no suelen tener ninguna relevancia. Lo que importa no es tanto la cantidad del crédito en la economía como su calidad. Si el Estado presta masivamente dinero a las empresas para que acometan proyectos fallidos, difícilmente superaremos la crisis por mucho que se haya abierto el chorro del crédito.

Aunque las críticas que se pueden hacer a la propuesta de regresar a la banca pública son muy numerosas (y en otras ocasiones ya he apuntado algunas), uno de los fallos esenciales de sus proponentes podría parecer una mera cuestión léxica, pero que esconde un trasfondo mucho más profundo: la banca no concede crédito, sino que reconoce crédito.

¿Qué implicaciones tiene esta simple matización de verbo? Es un error considerar que la banca crea por sí misma la capacidad para financiar los proyectos productivos. La inversión procede siempre del ahorro de las familias y de las empresas: son estos agentes económicos los que generan la capacidad para conceder créditos. La misión de la banca, por el contrario, es reconocer crédito. Es decir, asignar ese ahorro de las familias y de las empresas a aquellos acreedores lo suficientemente solventes como para devolverlo con intereses.

La banca, por consiguiente, de lo que debería encargarse es de discriminar los proyectos buenos de los proyectos malos y asignar el ahorro escaso hacia los primeros. El problema económico ahora mismo no es que la banca esté restringiendo deliberadamente la oferta de crédito, sino que la demanda solvente del mismo se está desplomando. Si las empresas están quebrando y los familias quedando desempleadas, ¿en qué sentido podemos decir que serán capaces de devolver el ahorro que se les preste?

Si forzamos a que los bancos presten sin tener en cuenta la solvencia de sus deudores, volveremos a reproducir las condiciones que han generado la crisis actual, pero lo haremos en un momento donde la salud de los bancos está mucho más debilitada. ¿Acaso queremos abocarlos a una nueva quiebra para que el Gobierno pueda justificar una nueva lluvia de millones para rescatarlos?

Poco cambia la cosa si quien presta es el Estado, porque un mal proyecto es malo con independencia de la fuente de financiación. Si se crea una banca pública que compense con nuestros impuestos los impagos de los deudores insolventes, sólo estaremos echando dinero bueno sobre dinero malo, empeorando todavía más la salud de nuestra economía y la bases sobre las que edificar la recuperación.

Lo que hace falta no es más crédito, sino más ahorro y más proyectos rentables que financiar. Para lo primero, el Estado puede reducir el gasto público y los impuestos. Para lo segundo, hay que dejar que se ajusten los precios de los activos y liberalizar los mercados de factores productivos, especialmente el de trabajo, el energético y el de transportes.

Pero las voces autorizadas de Gómez Navarro y Villarreal parecen indicar que el Gobierno va justo en la dirección contraria. Extender más crédito –esta vez forzoso– a proyectos que han dejado de ser rentables y dificultar tanto como pueda los ajustes del mercado. Qué reconfortante.

Garzón, polvo de estrellas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El primero de ellos habla del choque, a 788 kilómetros de la tierra, de dos satélites, con un tamaño menor que el de cualquier persona. ¿Cómo habrán ido al mismo punto, en el mismo instante, dos criaturas tan pequeñas que surcan un espacio tan descomunal? El choque ha esparcido basura espacial en todos los sentidos imaginables, mientras científicos y técnicos vuelven al punto de partida de sus conjeturas para explicarse lo ocurrido.

788 kilómetros más acá, pero mucho más acá, se producía otro episodio al que la prensa seria, formal, socialdemócrata, se refería prácticamente en los mismos términos. Se trata del "encuentro" del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Real. Tal coincidencia es de lo más extraordinaria, pues de toda la geografía nacional han ido a toparse en un mismo punto geográfico de las Españas, y de sus atribuladas vidas, el acaecimiento se produce en el mismo instante, aquél en que Garzón ha atizado un sumario al partido rival del Gobierno al que pertenece Bermejo.

Por si fuera poca la serentipidad del caso, ambos, Garzón y Bermejo, dedicaban sus horas en común a la misma actividad: la caza. De animales, se entiende. Otrosí, al hecho fortuito vino a sumarse Juan Antonio González, jefe de la Policía Judicial, encargado de investigar la supuesta trama de corrupción del PP. Todo ello a un mes escaso de producirse dos elecciones que son más importantes para el PP que para cualquier otro partido, excepto el PNV. Como en el choque en el espacio, el encuentro cinegético entre Bermejo y Garzón ha producido polvo de estrellas, como no podía ser menos dada la condición de eadem del juez que veía amanecer.

Claro que, quizás, eso a lo que la prensa socialdemócrata llama "encuentro" sea más bien la primera escena de corrupsoe segunda parte, la vuelta de aquel reino de la corrupción de las instituciones que se extendió hasta ocuparlo prácticamente todo porque se sabía impune. La reunión es una demostración obscena de poderío, de podrerío. Cuando las instituciones no son el freno de los políticos sino su instrumento, la democracia se desvanece.

Chávez: pueblo y tirano

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

En primer lugar porque trata al pueblo como si fuera una persona, no como un ente colectivo en el que no hay siempre preferencias unánimes. Además, pretende establecer una igualdad entre el Gobierno elegido democráticamente y el pueblo que lo elige. Si juntamos estas dos relaciones, está claro que no puede haber nada que temer en la acción del Gobierno.

La idea de los padres fundadores de los Estados Unidos según la cual la principal función de una constitución es precisamente limitar el poder del Estado y hacer respetar la propiedad y la libertad de los individuos que componen el pueblo queda totalmente debilitada. No es de extrañar que Lincoln fuera uno de los presidentes que más han violado la Constitución americana. Desde la suspensión del Habeas Corpus hasta la deportación sin pruebas de opositores, el cierre de medios de comunicación, la expropiación de las monedas privadas o la masacre de civiles indefensos, todo realizado por el Gobierno del pueblo. Y, según él, lo hizo por el pueblo y para el pueblo.

Hugo Chávez ha llevado la máxima de Lincoln un poco más lejos. El dirigente totalitario venezolano ha afirmado que el pueblo y él son una misma cosa. Según lo explica el propio Chávez, "yo no soy Chávez, yo soy un pueblo, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela, mi vida no es mía, yo la viví ya, mi vida es de ustedes, hagan con ella lo que ustedes quieran".

Este rizar el rizo lincolniano se ha producido en vísperas del referéndum en el que los venezolanos votan hoy si quitan a Chávez una de las pocas barreras que le separan de ser un perfecto tirano. Se trata de decidir si el presidente puede mantenerse en el cargo indefinidamente. En los términos chavistas en los que se plantea la consulta, se trata de aprobar o desaprobar la ampliación de "los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular". Según la igualdad chavista se trata, en otras palabras, de ampliar los derechos políticos de Hugo Chávez con el fin de permitir que Chávez pueda presentarse tantas veces quiera como candidato para el mismo cargo siempre que sea elegido por voto popular, es decir, de Chávez.

Como bien recuerda la oposición, Chávez está a un paso de convertirse en tirano según la definición del héroe en el que el presidente dice inspirar su revolución socialista. Y es que efectivamente Simón Bolívar advirtió que "la permanencia de la misma persona al frente del Gobierno genera la tiranía porque el gobernante se acostumbra a mandar y la población se acostumbra a ser mandada y a obedecer al tirano".

Fidel Castro también es consciente de la importancia que este referéndum tiene para el futuro del socialismo en el mundo. Por eso ha entrado en campaña afirmando que "nuestro futuro es inseparable de lo que ocurra el próximo domingo cuando se inicie el día de la aprobación de la Enmienda Constitucional. No existe otra alternativa que la victoria. El destino de los pueblos de Nuestra América dependerá mucho de esa victoria y será un hecho que influirá en el resto del planeta".

De que no haya otra alternativa que la victoria del sí se encargan las denominadas patrullas del sí, formadas por dos millones de partidarios de Chávez que van casa por casa amedrentando a las personas que en las pasadas consultas no acudieron a votar. Su misión es lograr que estos "indecisos" voten sí gracias a recordarles la identidad entre Chávez y el pueblo, es decir, entre el presidente y ellos mismos.

Chávez ha ido destruyendo o debilitando las instituciones que podían retrasar o impedir su proyecto socialista. Cuando su utopía parecía un hecho, el presidente golpista se ha topado con la constitución venezolana que impide su presentación como candidato a las próximas elecciones. Pero el chavismo se ha lanzado a la calle para hacer entender a la otra parte del pueblo, la que debe tener una tara esquizofrénica, lo que "un pueblo", es decir, Chávez, realmente quiere. Y esa voluntad se resume en que "un pueblo" pueda gobernar indefinidamente, eso sí, por el pueblo y para el pueblo.

Entre el martirio y el oportunismo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Vivimos en un mundo donde el Estado es omnipresente e interviene en casi todas las facetas de nuestra existencia. Si queremos evitar cualquier contacto con el Estado o participación en sus políticas debemos prepararnos para el martirio o la vida de ermitaño.

Para aquellos de nosotros que tenemos principios liberales y queremos llevar una vida moral, acorde con esos principios, la cuestión de cómo actuar en un mundo dominado por el Estado es importante. ¿Es moral aceptar subvenciones o pagar impuestos religiosamente si estos financian un sistema injusto? ¿Es moral hacer uso de la sanidad pública o trabajar para el Estado? ¿Es moral formar parte del Gobierno o hacer campaña para conseguir favores públicos?

Todas estas preguntas están interconectadas y nos sitúan ante un continuum de actuaciones difícil de abordar. Murray Rothbard hizo un intento de aproximación en su artículo Living in a State-Run World, donde esboza algunos de los puntos clave en esta discusión.

Rothbard distingue dos actitudes radicales que habría que rechazar: el sectarismo ultra-puritano, según el cuál no podemos siquiera caminar por las calles públicas; y el oportunismo de los vendidos, según el cuál podemos ser guardias en un campo de concentración y poder seguir llamándonos "liberales" sin pudor alguno. El ultra-puritanismo lleva a aislarse del mundo y a evitar la realidad en aras de una fantasía. Implicaría tildar a todos los cubanos de "criminales", porque como en Cuba no hay apenas sector privado todos son funcionarios. El oportunismo más aprovechado, por otro lado, desvincula totalmente los principios morales de la vida cotidiana, como si la ética no tuviera ninguna relación con la realidad. Liberalismo de boquilla, o haz lo que digo pero no lo que hago.

Un punto intermedio parece más razonable. En primer lugar, porque una ética que obliga al martirio no puede ser buena. El liberalismo es una ética para mejorar la vida de las personas, no para exigirles su sacrificio en el altar de las ideas. Sería absurdo que la respuesta moral a un sistema injusto, que nos hace menos libres y más pobres, fuera soportar aún más malestar y restricciones. En segundo lugar, porque se puede participar en el sistema por diferentes razones y en varios grados, y cada caso merece un juicio ético distinto. De hecho, dependiendo de la corriente liberal a la que uno se adhiera (anarcocapitalismo, minarquismo etc.) incluso la figura del funcionario o político per se no es incompatible con el liberalismo.

Rothbard introduce otra distinción fundamental: una cosa es convivir con una injusticia que te han impuesto y tú no has creado, y otra cosa es promover activamente esa injusticia, agravarla o colaborar en su ejecución. Aceptar una subvención una vez la ley está aprobada y el dinero está sustraído no es lo mismo que aprobar o hacer campaña a favor de esa subvención o contribuir a recaudarla. La confiscación ya se ha producido con independencia de que haga uso o no de la calle pública o de la sanidad pública.

Juzgar la conducta de la gente en base a lo que reciben del Estado supone, además, considerar solo la mitad del cuadro. Los beneficiarios de servicios y subsidios públicos también pagan impuestos, y si pagan más de lo que reciben entonces no están más que cobrándose una parte de lo que le han quitado previamente. En el caso de los funcionarios, su salario entero es como una subvención y a menos que tengan fuentes de ingresos alternativas podemos decir que su riqueza proviene del expolio al ciudadano. Pero con respecto a los funcionarios también hay que hacer distinciones. De nuevo Rothbard sugiere un buen enfoque: hay empleos en el sector público que serían perfectamente legítimos si se llevaran a cabo en el mercado y hay empleos que son ilegítimos per se y no son compatibles con una sociedad libre. Uno podría ser profesor, médico o cartero en una sociedad libre, pero no podría ser guardia en un campo de concentración de prisioneros políticos, inspector de Hacienda, policía anti-droga o ministro de Cultura y Deportes.

Las personas que tienen vocación de maestro, médico o de taxista no tienen la culpa de que el Estado monopolice o regule esas profesiones, impidiendo o dificultando su ejercicio en el mercado libre. El salario del maestro lo pagan los contribuyentes vía impuestos y no es un salario de mercado, pero en una sociedad libre esa profesión probablemente existiría y esos mismos contribuyentes también pagarían un salario al maestro, esta vez vía precios. Al menos la mayoría de profesores y médicos funcionarios dispensan un servicio que tiene cierto valor para el contribuyente, y podemos convenir en que su renta no es tan inmerecida como la de aquél que realiza una actividad que nunca estaría remunerada en el mercado.

Ya que nos "obligan a jugar", opinan algunos liberales, hay que jugar a ganar: sacarse oposiciones para tener un trabajo seguro, poco estresante y sufragado por los contribuyentes (como además la mayoría son socialistas, no hay motivo para tener mala conciencia), pedir subvenciones sin escrúpulos y hacer uso y abuso de las prestaciones públicas. "Soy liberal, pero no soy tonto". Pero lo mismo podría decir un comunista rico "obligado a jugar al juego capitalista", y el liberal protestaría porque le metemos en el mismo saco.

La alternativa a ser un pringado liberal no es necesariamente ser un liberal aprovechado, orgulloso de parasitar. También puede ser un liberal que intenta actuar moralmente sin dar la espalda a la realidad ni martirizarse por culpa de un mundo estatista que le ha sido impuesto.

Y a los progres no les gustan los toros

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

A los socialistas les parece fatal que los ciudadanos utilicen las nuevas tecnologías en la forma que estimen oportuna, así que, como España no tiene actualmente ningún problema destacable, van a centrar sus esfuerzos en imponer con carácter obligatorio el sometimiento de todos los internautas a la extorsión de la SGAE y, eventualmente, en que las niñas puedan abortar sin el conocimiento de sus padres. Lo del pleno empleo lo dejan para otra década, porque lo primero es garantizar un bien pasar a los artistas de la ceja y sus representantes, especialmente en tiempos de crisis.

El contenido de las conversaciones entre los operadores de ADSL y el Ministerio permanece en secreto, como las charlas cinegéticas entre Bermejo y el Súper, pero todo indica que el objetivo es imponer en España la tiranía estatal hacia los usuarios de internet que ya se practica en otros países.

Se trata de impedir que podamos intercambiar archivos entre particulares (algo absolutamente legal, como lo demuestran varias decenas de sentencias judiciales) con un método, persuasivo donde los haya, que consiste en lo que se ha dado en llamar "los tres avisos", expresión tan taurina como apropiada para este caso. Las dos primeras veces que los espías de Teddy sospechen que usted ha descargado un archivo le llegará un aviso (no sabemos si será un mensaje electrónico o un pez muerto a la puerta de su vivienda), y a la tercera, su proveedor de ADSL "entrará a matar" y directamente le cortará la conexión.

Sorprende que los empresarios del sector acudan al Ministerio a escuchar educadamente a quienes están dispuestos a hundirles el negocio, porque de implantarse esa medida la pérdida de clientes sería brutal. A los ciudadanos, en cambio, nos vendría bien que ocurriera todo esto, porque la inventiva del ser humano para sortear dificultades es tan portentosa que inmediatamente surgirían empresas de todo tipo capaces de garantizar el servicio completo de banda ancha, aunque tuvieran que radicar su sede en algún diminuto país asiático, lejos del alcance de Teddy y Ramoncín.

Si los operadores actuales quieren sacrificar la parte mollar de su negocio a cambio de otras prebendas gubernamentales están en su derecho. Exactamente igual que los usuarios actuales a prescindir de sus caros, lentos y tercermundistas servicios. La coacción institucional no sólo no funciona, sino que agrava el problema que pretende solucionar. A cambio, en los estados de necesidad surgen individuos con ideas brillantes que mejoran todo lo que había hasta la fecha. Así pues, en estos momentos debe haber varios miles de jóvenes informáticos elaborando sistemas capaces de devolver a internet la libertad que los socialistas quieren erradicar. ¡Ánimo chicos! Os estamos esperando.

Las prohibiciones de Chávez

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

El chavista Consejo Nacional Electoral ha prohibido que dichas cuñas, en las que los partidarios del "No" advierten de que el futuro de su país será terminar como Cuba, sean emitidas por televisión. Tan sólo una cadena ha conseguido violar dicha restricción.

La prohibida, por opositora al jefe del Estado, Radio Caracas Televisión puede transmitirlos debido a que emite a través de cable desde Miami. De esta manera, al no estar sometida a las represoras leyes venezolanas (por mucho que el Gobierno pretenda que sí lo está), logra llegar a algunos hogares del sufrido país suramericano sin someterse a las asfixiantes regulaciones de Chávez. Aparte de los subscritores de este canal, hay otros venezolanos que sí pueden ver estos anuncios: aquellos que disponen de conexión a internet. La red se ha convertido así en uno de los pocos vehículos disponibles para que la oposición pueda llegar a la población sin demasiados problemas. Al menos por el momento, puesto los "bolivarianos" pretenden terminar también con esta vía de libertad.

El veto a la emisión de estas cuñas propagandísticas es coherente con la forma que tiene Chávez de gobernar y de afrontar el referéndum de la reforma. También ha prohibido que viaje a Venezuela un gigante de la lucha por la libertad y destacado disidente en la época en la que media Europa vivía sometida al comunismo. A pesar de referirse a él como alguien "irrelevante" e "ídolo con pies de barro", el mandatario venezolano ha ordenado que no se permita entrar en el país al ex presidente de Polonia y premio Nobel de la Paz, Lech Walesa. Y no es este el único caso de abuso de poder por parte del peculiar presidente y de los suyos. En el terreno de los medios de comunicación, hace apenas un mes se aprobó una norma por la cual tan sólo la televisión pública está autorizada a acceder a las sesiones de la Asamblea Nacional (el Parlamento).

En una situación así, internet se transforma, mientras se lo permitan, en una baza fundamental para que se expresen quienes no están con el poder o aquellos que, al margen de esto, quieran leer, ver o escuchar lo que el Gobierno no quiere que llegue a los ciudadanos. Por esa misma razón, sistemas políticos como el chino filtran contenidos y encarcelan ciberdisidentes; o el cubano prohíbe a la mayor parte del pueblo acceder a la red. Mientras en Venezuela no se alcance tal grado de control de la web, al menos les quedará un resquicio –aunque pequeño– de libertad y esperanza.

El desajuste educativo

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Cuando el Estado, legitimado por la religión, pretendía imperar sobre almas y conciencias, la obediencia al Leviatán era lo importante. Si el énfasis cambiaba y era la instrucción la que se consideraba socialmente necesaria, justificaba el control estatal en ese acto benéfico y la coacción como forma de "vencer prejuicios". En la democracia desaparece la expresión "catecismo político", utilizada en la construcción de las nacionalidades del siglo XIX por liberales tanto como por nacionalistas. En consecuencia se sustituye la expresión "Estado" por "sociedad" y se justifica en esa caja negra que es la idea de "democracia" la pugna de los partidos políticos por el control de la educación.

Muy pocos son los que cuestionan el predominio del Estado en la educación. Para evitar que aumente el número de los críticos, el Leviatán echa mano del tercer ingrediente, la instrucción, el más vivo de todos desde Lutero hasta la LOGSE, pasando por Roberpierre. ¿Cómo vamos a rechazar la instrucción? ¿Quién se atreve a mostrar un cavernario desprecio por la necesidad de cultura y formación? Los partidarios de la educación estatal han encontrado su eje argumental. Si respondemos que los intereses individuales y sanamente egoístas de los hombres les llevan a usar su inteligencia aprendiendo y desarrollando formas de difundir los conocimientos sin necesidad de que el Estado sustituya a las familias o a la iniciativa privada, el recurrente mito de la "condición perversa" del hombre acude en ayuda del Leviatán.

En este argumento coinciden tanto Calvino como Azaña, Villar Palasí, Rubalcaba o cualquier otro. Si criticamos el adoctrinamiento estatal responden hoy que no hay tal, que es "la sociedad" quien exige "valores cívicos". La regla de la mayoría en el parlamento, es decir, dos lobos y un cordero decidiendo la cena, impone hoy la "solución final".

El resultado de este devenir es que el sistema educativo es burocrático y está a salvo de ajustarse tanto a los deseos de sus usuarios como a las necesidades reales de los individuos que cooperan, la sociedad sin comillas. Se trata de un servicio que se produce mediante planificación y no mediante libre mercado. Por tanto, los que deciden qué, cómo, cuándo y dónde ha de servirse la educación lo hacen bajo criterios burocráticos, alejados de la necesidad y las preferencias. La educación estatal es un bosque de alcornoques, rígidos, inmóviles, permanentes y prácticamente ajenos a los cambios habituales del entorno.

Esos mismos políticos y burócratas dicen que planifican teniendo en cuenta las necesidades culturales y formativas del presente y del futuro. Pero esto se demuestra imposible porque no existe en la educación el mecanismo natural de los precios para guiar las decisiones. Los libros, los edificios escolares, los profesores, todo ello son capital, tierra y trabajo y sólo rinden adecuadamente si se coordinan en el mercado. ¿Cómo se arregla el Estado para aparentar estar al día en educación? Pues utilizando la información que puedan vislumbrar generada por los mercados que hay fuera del sistema educativo. Elabora estudios estadísticos y "consejos sociales" para que les informen de la evolución pasada de las necesidades formativas de las empresas y estudios inciertos de tendencias. Luego, anuncia reformas para incluir esos contenidos.

Lo cierto es que cuando realmente incluyen esos contenidos, la lenta maquinaria estatal acaba haciéndolo con retraso. Además, dado que el sistema público es siempre colectivista –incluso en naciones descentralizadas territorialmente–, siempre hay insatisfacciones. Insatisfechas quedan las familias cuando demandan educación y reciben uniformidad. Frustradas las empresas que demandan calificación laboral y deben resolver su necesidad a su manera. Y, sobre todo, se frustra el capital creativo de quienes pasan por la educación estatal, como vimos al principio de este escrito. La empresarialidad, principio básico de una sociedad libre y característica intima de la acción humana, es constreñida por un sistema estatal. Por tanto, ¿cómo tienen los jerarcas la desfachatez de afirmar que su educación está "al día"?

No neguemos el negacionismo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La gente no suele entender que los Estados no recoloquen a los parados y que permitan la existencia de "recursos ociosos" (fábricas que se cierran, maquinaria que no se utiliza, edificios deshabitados…). El clamor parece ser que los políticos nos salven la papeleta y que si las empresas no contratan y no producen, que lo haga el Estado. Es difícil para cualquier burócrata plantarse contra estas súplicas dirigistas del electorado; al fin y al cabo, se le juntan el hambre con las ganas de comer.

El problema es que las crisis son períodos en los que ciertas estructuras productivas se tienen que ajustar. En España, por ejemplo, tenemos que dar salida al exceso de viviendas, clausurar parte de los proveedores y clientes del sector de la construcción (cementeras, empresas de muebles, inmobiliarias…) e invertir en los sectores que liderarán la creación de riqueza en el futuro. Esto lleva su tiempo: las compañías no quiebran de la noche a la mañana, los inmuebles no pueden reutilizarse a menos que sus precios caigan y la creación de nuevos complejos empresariales toma su tiempo.

Cuando el Estado se pone a gastar en obra pública o a subvencionar a las empresas que atraviesan dificultades, todo el proceso anterior se retrasa aun más. Pensemos que los recursos que deberían recolocarse en otras actividades son ahora trasladados forzosamente por el Gobierno a actividades improductivas cuya única finalidad es aparentar que "se está haciendo algo", aunque sólo sea cavar agujeros para volver a llenarlos (o en su versión más moderna, construir piscinas o centros polideportivos). Puede que temporalmente el número de parados y de "recursos ociosos" se reduzca o no aumente tanto, pero sólo a costa de consolidar la crisis y el estancamiento económico.

Por supuesto, que una parte sustancial de la ciudadanía –embebida de catastróficas ideas keynesianas y de la propaganda intervencionista– demande esta especie de suicidio colectivo no justifica a los políticos que aprovechan la coyuntura para implementarlo. En casi todo el mundo estamos gobernados por incompetentes y oportunistas, pero España se lleva la palma en este ranking de la pauperización.

El Plan E aprobado por el PSOE es un claro ejemplo de cómo las intervenciones del Gobierno van a prolongar y agravar la crisis. Tal y como analizamos detalladamente en el cuarto boletín de coyuntura del Instituto Juan de Mariana, casi todas las medidas que incluye –y que en su mayor parte fueron aprobadas a mediados del año pasado– sólo servirán para aplazar la liquidación de las malas inversiones y para dilapidar los escasos ahorros de los españoles.

El Gobierno no logrará sacarnos de esta crisis tirando (o haciéndonos tirar) de chequera. Cualquier familia y empresa medianamente prudente está ahora mismo restringiendo sus gastos superfluos, amortizando parte de sus deudas y ahorrando tanto como sea posible por si vienen peor dadas en los próximos meses. Zapatero, con sus planes de sopa de letras, nos está forzando a lo contrario: gastar en servicios prescindibles (¿es necesario que a través de nuestros ayuntamientos volvamos a asfaltar las calles sólo porque el PSOE nos haya puesto en el bolsillo una millonada?) y endeudarnos a un ritmo acelerado.

El Plan E es un disparate que nos obstaculizará la salida de la crisis y que destruirá parte de la riqueza que generemos en un futuro. Una cosa es que la incompetencia y los prejuicios ideológicos del PSOE les aten las manos para adelgazar el Estado y liberalizar los mercados, pero al menos que no nos echen una tonelada de basura sobre nuestras espaldas. Si los Gobiernos no saben ayudarnos a superar la depresion, al menos que no nos arrastren hasta el fondo. Sería todo un detalle.

Cebando la crisis

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Es un desastre absoluto. El último en exigir al Gobierno una reforma del mercado de trabajo ha sido Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España: "[Necesitamos] una reforma laboral y reducir el coste del despido".

Zapatero, inventándose chivos expiatorios, ha decidido que para salir de la crisis le basta con gastar más dinero de los contribuyentes, a pesar de que así esté condenando a las familias y a sus próximas generaciones al desempleo y a un negro futuro de baja productividad, precariedad y pobreza. Los ciudadanos deberían considerar tal actitud un crimen contra la humanidad.

En 1921, cuando Lenin vio el desastre del comunismo de guerra, rápidamente entendió que tenía que tomar medidas de urgencia para una situación especialmente desastrosa. Instauró la Nueva Política Económica –que duraría ocho años y permitía cierta libertad en algunos sectores– y, de este modo, impulsó el país. ¿Por qué no hacer ahora algo parecido eliminando el retrógrado sistema proteccionista laboral que tenemos e instaurar un sistema de laissez faire en el mercado de trabajo para crear más empresas, más empleo y más riqueza? Hagamos tabla rasa. Digamos cómo están las cosas y que es imprescindible arreglarlas. Asumamos que sólo unas medidas aperturistas nos pueden sacar de esta situación. Conforme al sentido común económico, sólo podremos evitar un mayor paro con las siguientes reformas:

  • Permitir el libre despido en todos los sectores: Penalizar el despido equivale a penalizar la contratación. Si es absurdo que a una empresa se le pongan problemas para contratar a gente, también lo es obstaculizarle que pueda despedir a empleados. Lo primero que pregunta una compañía cuando entra en un país es cuánto le costará irse. Si los costes son elevados, se irá a otras regiones más baratas como China o Marruecos, o más productivas como Alemania y Francia.
  • Eliminar el salario mínimo (SMI): La gente con poca destreza laboral o de nueva incorporación sólo cuenta con una ventaja comparativa respecto a la hábil y experimentada: cobra menos. Si por decreto los políticos le asignan el mismo sueldo que una persona experimentada, inevitablemente se quedará desempleada. En España, el 30% de los jóvenes están parados. El SMI es su principal obstáculo para encontrar un trabajo, aprender, ahorrar y prosperar.
  • Eliminar el 50% de los funcionarios: España tiene el mismo número de funcionarios que Alemania con la mitad de población. La economía de verdad, la que sirve al consumidor y a la gente, necesita que el máximo número de personas estén en el sector privado dando valor al mercado. Los funcionarios, aparte de para comprar votos, sólo sirven para vivir de nuestras rentas sin producir nada.
  • Eliminar el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM): El INEM es incapaz de colocar a nadie. Sus servicios sólo causan frustración y desespero. Las ETT ya se han ofrecido para recolocar parados sin coste alguno para el Estado. Estas empresas han de poder dar trabajos permanentes sustituyendo al ineficiente INEM. Sólo Infojobs da empleo a un millón de personas al año. Permitamos que crezca.
  • Eliminar los impuestos a empresas y trabajadores: La mitad de su salario real son impuestos. Si el Gobierno quiere aumentar nuestras rentas y crear más empleos de forma inmediata, ha de erradicar el robo tributario, aunque sea temporalmente.
  • Reducir drásticamente o eliminar el subsidio de desempleo: Cuanto más dure el subsidio de desempleo, más durará la estancia en el paro. Mucha gente se toma meses sabáticos al quedarse sin trabajo. Entre los jóvenes especialmente, las rentas del subsidio son más altas que las de muchos empleos. Cobrar sin hacer nada. ¿Quién se puede negar a algo así? Pero, ¿cómo esperamos levantar un país donde la gente quiere vivir del Estado, cuando es el Estado quien vive de nosotros? En esta fórmula sólo hay pérdidas netas totales.
  • Eliminar los trámites burocráticos para la creación de empresas: Un empresario en España necesita el doble de procedimientos burocráticos para abrir su negocio que la media de los necesarios en los países de la OCDE. Si usted quiere crear una peluquería en Aragón, le costará unos 200 días sólo en trámites. Esto no le hará cortar el pelo mejor a sus clientes.
  • Eliminar todas las subvenciones: El dinero que el Estado nos arrebata para dárselo a sus amigos, actores, medios de comunicación, agricultores, empresas ecologistas, etc. son éticamente un robo y económicamente un despilfarro que castiga la productividad y los designios del consumidor. Las subvenciones son un intento de economía dirigida y compra de votos que sólo distribuye el dinero de muchos hacia unos pocos que quieren vivir a costa de los demás. Es parasitismo en estado puro.
  • Eliminar las licencias: Si usted sabe cocinar, puede abrir un puesto de comida. El mercado, y no las absurdas licencias del Estado, decidirán si usted sirve bien la comida o no.

Son medidas incómodas. Son medidas impopulares. Incluso si se aplican temporalmente. Cuando superemos el 20% de desempleo, más de dos millones de personas no perciban ni una sola renta, la delincuencia se dispare y el Estado deje de cumplir con sus pagos sociales, dígame entonces qué será lo incómodo.