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La compra patriótica

Este no va a ser uno de esos artículos tristes, absurdos, solitarios, en que no aparece mencionado Obama. Hoy leemos su nombre hasta en la sopa de letras y a este paso lo veremos en el santoral. No será esto último por haber impulsado la provisión buy american dentro de su plan de estímulo de la economía estadounidense. Nuestro Gobierno, como no podía ser de otra manera, ha adoptado la misma filosofía. Lo paradójico es que el ministro que la ha postulado no es ni el más tonto ni el más malo del gabinete, sino Miguel Sebastián, que seguramente sabe más economía que el resto de sus compañeros.

La compra patriótica es una de esas tonterías que se resisten a morir. Si usted, amado lector, compra español, estará creando empleos en derredor y no allende los mares, en tierras extrañas, pobladas por gentes indeseables y muy, pero que muy poco españolas. Este es el sustrato brutalmente xenófobo de la propuesta de comprar cerca para que la creación de trabajo nos acabe salpicando.

Como ética y economía son dos caras de la misma moneda; moneda de oro, naturalmente. Y el desprecio de los extranjeros, su marginación ante la propia tribu, tiene efectos económicos tan perversos como la intención que le anima. El desarrollo de nuestra civilización ha sido posible precisamente porque hemos ido extendiendo la cooperación por medio del comercio en ámbitos crecientes.

Piensen a un individuo que tuviera que trabajar para surtirse de todo lo que necesita. Desde luego que trabajo no le iba a faltar. Se imaginarán que si tuviera que construir una casa, con todo lo que tenemos habitualmente en ella, un coche para desplazarse, alimentos y vestimenta para cualquier ocasión… trabajo no le iba a faltar. Sólo que no llegaría a producir, por si mismo, más que lo suficiente para llevar una vida solitaria, pobre, brutal y breve. La división del trabajo nos permite concentrarnos en las tareas más específicas pero más productivas e intercambiar el valor de esa contribución por todos los bienes que producimos en común.

La propuesta de limitar las compras a lo más cercano consiste exactamente en acercarnos a esa situación en que uno tiene que hacérselo todo porque no tiene con quién comerciar. En la medida en que tengan éxito y se abandone la división del trabajo internacional, nos empobreceremos todos.

La tontería del carné

Que con la misma propuesta salga un alto cargo del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) sí resulta preocupante, por mucho que la excusa sea otra diferente.

El responsable de Proyectos en el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad en Tecnologías de la Información de INTECO, Francisco Lago, se debió quedar a gusto cuando dijo "que si para conducir hace falta un carné, para acceder a internet debería exigirse un requisito similar que garantizara la seguridad". Le faltó ponerse unas gafas de sol oscuras y decir con marcado acento estadounidense: "Recuerda mi canción: si bebes, no navegues". Lo que no dejaría de ser una mera tontería de alguien que da la impresión de tener un cierto complejo de superioridad (al menos el suficiente como para pretender saber cómo proteger de sí mismos a millones de seres humanos a los que él parece no considerar lo suficientemente inteligentes), cobra gravedad por ser él quien es.

Lago es un alto cargo en una empresa pública a la que el Gobierno le ha encomendado, entre otras, la misión "de sentar las bases de coordinación de distintas iniciativas públicas entorno a la seguridad informática". A pesar de que después de haber sido objeto de numerosas críticas ha matizado diciendo que lo del "carné de conducir" era un símil para "ejemplarizar la necesidad de unos conocimientos mínimos", la verdad es que habló de "exigirse un requisito similar". De hecho, en su matización parece que no ha negado que considere necesario dicho requisito.

Con independencia de que la excusa para pretender implantar un permiso de navegación por internet (puesto que no se trata de otra cosa) sea sincera, las consecuencias de que un gobernante se pudiera tomar en serio la propuesta serían nefastas. En el momento en el que el Estado se otorgara a sí mismo la capacidad de autorizar o no a alguien para conectarse a la red, el abuso estaría servido. Es más que dudoso que se conformara con comprobar que el futuro internauta supiera protegerse de los virus informáticos o de los intentos de estafa on line, por ejemplo. Trataría de adoctrinar sobre qué comportamientos son buenos y cuáles malos en la red, o incluso qué contenidos deben visitarse y cuáles no.

Y una vez que abres la puerta a este tipo de permisos, la evolución lógica sería ampliar las actividades para las cuales se requerirían licencias específicas. Y no nos engañemos, antes o después exigirían una para poder publicar en internet o incluso para poder comprar un ordenador (al fin y al cabo, y según la lógica que parece aplicar Lago, si no hay equipo informático, no hay problemas de seguridad).

La propuesta de Francisco Lago no es sólo una soberana tontería. Denota además un ansia de control sobre los ciudadanos. Puesto que INTECO está adscrito al Ministerio de Industria, Miguel Sebastián o Francisco Ros (puesto que dicha empresa pública depende de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) deberían dejar claro que no comparten la visión de tan peculiar experto en seguridad informática.

Hacer cine español

En lugar de amenazar a los banqueros con que su umbral de paciencia es sensiblemente inferior al de Solbes, debería haber realizado un estudio sobre los sectores productivos que no sólo no van a sufrir los efectos de la crisis, sino que van a atravesar este periodo de forma más que confortable. Si hubiera puesto siquiera a un par de becarios de su departamento a escudriñar la salud financiera de las PYMES por sector de actividad, sabría que hay un campo de nuestra economía que no sólo permanece inmune a la crisis, sino que continúa su expansión ajeno a los problemas generales que afectan al país.

Se trata, obviamente, del cine español, una industria como otra cualquiera, con la única salvedad de que las ayudas financieras que no llegan a otras empresas lo hacen con profusión a los bolsillos de los que han sabido ver la oportunidad de negocio de hacer cine bajo un Gobierno de progreso.

Mientras miles de autónomos y pequeños empresarios cierran sus establecimientos por falta de créditos que les permitan continuar su actividad, el cine español recibirá este año un auténtico riego de euros por aspersión. El Instituto de Crédito Oficial, que niega avales a todo tipo de empresas, pondrá este año a disposición de los cineastas 75 millones de euros, con la única condición de que acuerden con TVE la exhibición de sus películas. A esto hay que sumar el importe del fondo de protección a la cinematografía, que en 2009 repartirá 88 millones más, y el cinco por ciento de los ingresos anuales que cada cadena televisiva debe destinar a la compra de películas españolas para castigar con ellas a su audiencia.

En total hablamos de unos doscientos cincuenta millones de euros que se repartirán las distintas productoras de cine nacionales, sea cual sea la aceptación de sus productos por parte de los espectadores que como es sabido, cada vez es más escasa. En el listado de las 25 películas más vistas del 2008 sólo aparecen cuatro nacionales (a partir del décimo lugar), una de las cuales es una producción rodada en Inglaterra con un elenco de actores en el que el único representante español es Leonor Waitling, y otra la última película encargada previo pago de su importe a Woody Allen, conocido cineasta turolense.

Cada película que se rueda en España nos cuesta una media de casi un millón de euros a todos los españoles y ni siquiera así son capaces los cineastas de hacer un producto atractivo para que la gente acuda a los cines a verlo. Claro, no lo necesitan. El único requisito para que la maquinaria subvencionadora siga engrasada es levantar la ceja cuando lo ordena Pepiño. Así se entiende que en la gala de los premios Goya de este año no haya surgido ninguna voz para denunciar la catástrofe brutal que el paro está provocando en más de un millón de familias españolas, ni se haya rodado ninguna película de "denuncia social" sobre este grave asunto. Nuestros cineastas sólo hicieron algo parecido (la película Los lunes al sol) en 2002, cuando mandaba Aznar y estábamos en situación virtual de pleno empleo.

En esta tesitura, el mejor consejo que Miguel Sebastián puede dar a los pequeños y medianos empresarios es que creen una productora de cine. No tienen que preocuparse por la calidad de los guiones. Eso sí, las películas realizadas deberán "revisar" la Guerra Civil o constituir un ataque furibundo contra la Iglesia o la derecha social española. Puede que a algunos les repugne hacer algo así, pero tal y como está la cosa es una mera cuestión de supervivencia. Los sufridos contribuyentes sabremos disculparles.

TED y las ideas

Hay mucho miserable escribiendo periódicos, que ensalza a los personajes más abyectos y clava titulares venenosos a muchas de las personas más respetables. Así las cosas, cualquier persona con un poco de simpatía por el género humano (aunque sea también periodista, como quien les escribe), no puede evitar dejarse llevar por el código moral, prácticamente infalible, de aferrarse al reverso de la intención del periodista.

Todo el mundo se hace el simpático diciendo a propios y extraños que él no sigue los dictados de la corrección política, que las normas no escritas quedan para los demás por que él, o ella, es un espíritu libre. Eso sí, luego Berlusconi dice una de las suyas y todo el mundo le salta a la yugular. Porque él sí que es incorrecto desde cualquier punto de vista. Con Berlusconi me pasa como con Yeltsin, que sus enemigos hacen que el personaje me provoque una simpatía irrefrenable. Seguramente el criterio del reverso periodístico me esté llevando aquí por mal camino, pero uno también debe elegir sus errores.

Berlusconi es un hombre extremo, capaz de grandes aciertos y errores descomunales. El último de sus errores pasa por la criminalización de la inmigración ilegal. Izquierda y derecha son ambas culpables de rivalizar en quién criminaliza más actos perfectamente legítimos. Desde la prostitución a la posesión de armas, desde la blasfemia al libre acuerdo entre empresarios y trabajadores, desde cometer suicidio a asistir a otra persona que quiere y no puede, los Torquemadas de ambas orillas luchan por inscribir en el Código Penal un número creciente de crímenes sin víctima.

¿Cómo puede ser un crimen desplazarse de un punto a otro del planeta? Las fronteras son la piel del Estado. Cuando ser ciudadano todavía tenía valor, cuando esa palabra estaba llena de contenido y era el rico precipitado de la historia de Occidente y no una burla, una concesión administrativa de un Estado controlador, la vida era muy otra. Nos dice Stefan Zweig:

Tal vez nada demuestre de modo más palpable la terrible caída que sufrió el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial como la limitación de la libertad de movimientos del hombre y la reducción de su derecho a la libertad. Antes de 1914 la Tierra era de todos. Todo el mundo iba donde quería y permanecía allí el tiempo que quería. No existían permisos ni autorizaciones; me divierte la sorpresa de los jóvenes cada vez que les cuento que viajé a la India y a América sin pasaporte y que en realidad jamás en mi vida había visto uno. La gente subía y bajaba de los trenes y de los barcos sin preguntar o ser preguntada, no tenía que rellenar ni uno del centenar de papeles que se exigen hoy en día. No existían salvoconductos ni visados ni ninguno de esos fastidios. Las mismas fronteras que hoy aduaneros, policías y gendarmes han convertido en una alambrada a causa de la desconfianza patológica de todos hacia todos, no eran más que líneas simbólicas que se cruzaban con la misma despreocupación que el meridiano de Greenwich.

Hoy nos cuesta imaginarlo. Hoy nos humillamos quitándonos los zapatos y los cinturones al paso de máquinas que nos desnudan hasta los huesos. Hoy cruzar una de esas líneas te convierte en una persona ilegal. En un criminal.

Cada vez que leo este pasaje de Zweig siento un aguijonazo en el alma por el mundo de ayer.

Berlusconi y el mundo de ayer

Estaba trasteando por la sección de tecnología del New York Times y me encontré con el último post del blog The Medium, escrito por Virginia Herffernan, que trata sobre las conferencias TED. Virginia se declara una adicta de los vídeos de estas charlas y aunque ella no lo supiera al escribir su post, me estaba dado la piedra de toque para escribir mi artículo.

TED es una conferencia anual que tiene como misión "difundir las ideas que merecen la pena" (ideas worth spreading). El acrónimo de TED se refiere a las palabras: Technology, Entertainment and Design. En la conferencia se tocan los temas más diversos, como la ciencia, las artes, el diseño, la política, la cultura, los negocios, la tecnología o el entretenimiento. Y han intervenido ponentes como Bill Clinton, James D. Watson, Al Gore, Jimmy Wales, Sergey Brin o Larry Page.

La conferencia se creó en 1984, pero fue en 2002 cuando su difusión aumentó gracias a que Chris Anderson se convirtió en su organizador y su principal impulsor. En poco más de tres años, Anderson ha conseguido difundir los contenidos de la conferencia más allá de a sus asistentes. Y es que su exclusividad era uno de los problemas que tenía TED, pues sólo se podía acudir a ella con previa invitación o desembolsando aproximadamente 6.000 dólares.

Ante estas barreras, Anderson decidió hacer accesibles todas las conferencias de TED a través de su propio canal de vídeo en internet y fomentó su distribución en otras plataformas como YouTube.

Como bien dice Virginia en su post, las conferencias de TED son adictivas, tratan de las áreas del conocimiento más diversas y cada ponente es diferente al anterior tanto en el fondo como en la forma. Más allá de que esté de acuerdo con unas charlas o con otras, lo importante es que se fomente la distribución y discusión de las ideas. Chris Anderson entendió perfectamente que encerrar el conocimiento no tenía sentido ya que la misión principal de las conferencias era que lo que allí se transmitían cambiara el mundo; y para ello debe ser conocido y discutido por la mayor cantidad de personas posible.

El mayor de los fisgones

El secreto de las comunicaciones y su impenetrabilidad por terceros (ajenos) es un derecho fundamental de la persona. Su protección está socialmente valorada y jurídicamente garantizada por la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Aunque su vulneración constituye un delito, esto no afecta al poder ejecutivo, que puede fisgonear en nuestras vidas siempre que invoquen motivos de "seguridad pública".

Lo que no se tolera a un particular pareciera que es admitido (incluso aplaudido) cuando interviene el poder público. Buena parte de los ordenamientos jurídicos (incluido el de EEUU) permiten la intervención de las comunicaciones privadas por parte de la policía o los servicios de inteligencia con una mera autorización administrativa. En España, por el contrario, es preceptiva la autorización judicial. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 579 y ss) y la Constitución de 1978 (art. 18.3) así lo establecieron. Su levantamiento quedaba garantizado dentro del marco de los necesarios procedimientos criminales. Es decir, si una persona no había presuntamente cometido ningún delito, o no existían indicios racionales de que fuera a cometerlo, tenía la seguridad (jurídica) de que nadie –ni siquiera un juez– podía fisgonear en su vida privada e íntima.

Con todo, durante la hegemonía del socialismo felipista pudimos comprobar hasta qué punto las diversas actuaciones del servicio de inteligencia de entonces, el CESID, traspasaban sistemáticamente las garantías del sistema jurídico español en esta materia. Pese a su violación, los principios jurídicos estaban, al menos, claros (véase la importante sentencia del Tribunal Constitucional STC 49/1999, de 5 de abril).

Todo esto cambió sutilmente en la segunda legislatura del PP. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 existía un clima generalizado favorable al endurecimiento de todo tipo de medidas para prevenir actos terroristas masivos. Así, se pudo aprobar, con el apoyo del PSOE (y cumpliendo formalmente con el art. 81 de la CE) la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la que se establecía un nuevo procedimiento para levantar el secreto de las comunicaciones.

Con esta ley orgánica de artículo único se desnaturalizó completamente los mecanismos garantistas de nuestro ordenamiento jurídico. Mediante este nuevo instrumento legal, el recién estrenado CNI (sucesor del CESID en virtud de la Ley 11/2002, simultáneamente aprobada junto a la mencionadaL.O. 2/2002) puede, a partir de entonces, escudriñar en la vida privada de cualquier persona si obtiene en el plazo de 24-72 horas una mera autorización motivada de un magistrado especial de entre los del Tribunal Supremo (tal y como se metió con calzador en los art. 342bis y, luego más tarde, en el art. 127,1,d. de la Ley Orgánica del Poder Judicial) sin necesidad de que existan indicios ciertos de que el investigado haya cometido o tenga intención de cometer delito alguno y sin que (a diferencia de lo que ocurría antes) acabe finalmente enterándose. Por tanto, se impide al individuo espiado, entre otras cosas, el derecho a solicitar posteriormente ante tribunales superiores la impugnación de tales medidas cuando proceda por falta de motivación u otros defectos procesales.

Así, nuestro servicio de inteligencia puede llegar a conocer las posiciones ideológicas, creencias religiosas, inclinaciones sexuales, enfermedades crónicas, temores, dependencia de drogas o cualquier otro vicio privado de todo ciudadano y/o sus familiares sin que éstos sospechen lo más mínimo que se ha llevado a cabo dicha intromisión en sus vidas íntimas.

A fin de cuentas, tal y como declara el art. 4 de la referida Ley 11/2002, las funciones del CNI son, entre otras, "proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España". Ante tan altos objetivos colectivos estaría, pues, justificado saltarse a la torera (mediante el atajo instaurado en la invasora L.O. 2/2002) los engorrosos procedimientos existentes en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal que protegen la privacidad de nuestras comunicaciones.

EEUU optó tras el 11-S sacrificar parcelas de libertad en favor de la seguridad. En un primer acercamiento parece del todo comprensible esta actitud cuando pasa algo tan terrible. No obstante, visto con cierta perspectiva, no deberíamos olvidar que la reacción ante el riesgo de acciones terroristas puede derrotar todavía algo más precioso: los fundamentos jurídicos de las sociedades libres. Conceder a nuestros gobernantes poderes exorbitantes acarrea otros riesgos y puede dañar irreversiblemente otra seguridad igualmente importante, la jurídica.

Como vemos, sigue (imparable) el constante incremento de las funciones encomendadas a nuestros poderes públicos. Cuanto más y mayores sean sus atribuciones menos vital parecerá la defensa de los derechos y libertades fundamentales de la persona. Es inevitable.

Jordi Sevilla ni sabe ni aprende economía

Se suponía que Jordi Sevilla iba a enseñarle economía a ZP en un par de tardes, pero resulta difícil enseñar lo que no se sabe. El socialismo es un grave error intelectual, y a los socialistas se les nota su incompetencia intelectual, por mucho que pretendan ofrecer "lecciones marginales de esta crisis".

Sevilla ve al Gobierno como un fontanero que refuerza las mamparas que impiden que el barco de la economía termine de hundirse en la catástrofe de la crisis. Como él es parte del Gobierno, tal vez tiene un pequeño problema de falta de objetividad y le cuesta ver al Estado como lo que realmente es, el causante último de la crisis mediante su intervencionismo sobre la moneda y el crédito y su ineficacia e ineficiencia en las labores de regulación.

Asegura que "el Gobierno hace lo que debe, lo que puede, lo que están haciendo el resto de gobiernos". Todos los políticos demagogos sin escrúpulos aseguran desde su presunta superioridad moral estar cumpliendo con todas sus fuerzas con importantes deberes cuyos detalles no suelen explicar: quizás porque suelen incluir la coacción sistemática contra los ciudadanos, el expolio de sus riquezas y el ejercicio desnudo del poder disfrazado de servicio a la comunidad. Presumir además de hacer lo que hacen todos los demás no suele ser una muestra de perspicacia sino más bien de burricie imitativa incapaz de análisis crítico reflexivo.

No le gustan las propuestas de "austeridad en las cuentas y recorte del gasto público para compensar reducciones impositivas sin disparar la deuda": qué sorpresa, un político que no acepta reducir el gasto público ni la carga fiscal y a quien no preocupa la deuda nacional; es divertido gastarse el dinero de los demás (no sólo el de los contribuyentes de hoy, si es posible también el de los de mañana). Pretende justificarse intelectualmente asegurando que "es exactamente la política económica que fracasó a comienzos de la depresión de los años 30, quedando desplazada, afortunadamente, por las orientaciones contrarias encabezadas por Roosevelt y Keynes"; si como keynesiano no sabe gran cosa de teoría económica, tampoco puede esperarse que domine algo de historia económica. Al menos tampoco le gusta el "nacionalismo pseudoproteccionista", ese que propone su compañero socialista Miguel Sebastián.

Los errores de Sevilla no son simples detalles técnicos de la ciencia económica, sino que se refieren a los fundamentos de qué es la sociedad y qué es el Estado. Afirma que "el Estado ni es, ni se comporta, como una familia, ya que la acción colectiva, el todo, es siempre mucho más que la suma de sus partes, especialmente en situaciones de crisis. Y este reconocimiento es lo que pone fin a la ilusión neoliberal de un mercado perfecto que se equilibra sólo a base de sumar comportamientos individuales".

Efectivamente familia y Estado no son lo mismo ni de lejos, pero la diferencia va completamente en contra de sus tesis socialistas (y es que son tan torpes que usan argumentos que les destrozan intelectualmente, son como niños manejando explosivos). En la familia, que es una organización relativamente simple, los parientes se conocen bastante bien y se preocupan íntimamente unos por otros; en el Estado sus miembros apenas se conocen y no pueden pretender involucrarse emocionalmente todos con todos; los gobernantes no son como padres sabios y preocupados por sus hijos, sino más bien necios arrogantes incapaces de gestionar nada, y menos aún sistemas tan complejos como las sociedades extensas, y a quienes principalmente preocupa permanecer en el poder al coste que sea.

Respecto a la acción colectiva da vergüenza ajena ver a alguien tan poco competente intentar explicar de forma tan chapucera la no linealidad de los sistemas complejos, en los cuales las partes (y los efectos de sus conductas) no simplemente se suman, sino que interaccionan de formas múltiples y producen fenómenos difíciles de comprender, predecir y controlar. El todo no es la suma de las partes, pero eso no implica que tenga que ser más (o mejor): podría ser menos (o peor). Y lo que consigue sistemáticamente la intervención estatal coactiva es que el todo social sea mucho menos que lo que podría ser si pudiera evolucionar y adaptarse libremente.

Convendría que Sevilla ampliara sus lecturas e incluyera no sólo a algunos liberales que hablan de competencia perfecta y estados de equilibrio, sino también a escuelas económicas como la austriaca que tratan los mercados como procesos evolutivos limitados e imperfectos de descubrimiento y adaptación; si además conociera la escuela de la elección pública podría intentar comprender su propia incompetencia como gobernante.

Sevilla quiere que se plantee "un cambio en la actual regulación de la protección por desempleo para… ampliarla"; se cree tan ocurrente que piensa que sus puntos suspensivos pueden haber sorprendido a alguien. Con su paternalismo liberticida no cree que lo más relevante sea cuánto paro va a haber, sino que todos sean dependientes del asistencialismo estatal. Como la interacción entre derecho y economía no es su fuerte (si es que tiene alguno) asegura que "ni el paro ni el empleo se generan de manera endógena desde las reglas del mercado de trabajo", como si las leyes no influyeran sobre las acciones de empresarios y trabajadores a la hora de contratar o despedir.

Sevilla se plantea "hasta dónde tiene el Estado que ejercer una cierta tarea planificadora, junto al sector privado", y asegura que "lo público y lo privado se necesitan mutuamente" y que "deberíamos acordar que ni el Estado es el problema, siempre, ni lo privado es la solución, siempre. Que cada uno tiene una importante función que cumplir, que cada uno se necesita porque sus labores son complementarias". Quizás las funciones del Estado sean proporcionar la penosa legislación que debemos sufrir los ciudadanos y los lamentables servicios de justicia que resuelven tarde y mal. El sector privado no necesita al Estado; pero el Estado no puede sobrevivir sin el sector privado, igual que un parásito improductivo no puede prescindir de sus víctimas.

No ha entendido nada de esta crisis, que según él "ha sido, claramente, una crisis de la ideología de lo privado"; "si algo ha quedado claro en esta crisis es que ni el mercado ni las empresas parecen capaces de autorregularse y mantener el cumplimiento de normas y reglas que no sean impuestas, supervisadas y sancionadas desde fuera por los poderes públicos". Repetir topicazos no los hace ciertos: el sector financiero está hiperregulado (mal regulado y mal supervisado), y el dinero y el crédito dependen de bancos centrales, que son órganos estatales; y pretender que papá Estado lo está vigilando y garantizando todo (presume de lo que carece) contribuye a destruir los sistemas de mercado de vigilancia y garantías auténticamente funcionales.

El despeñadero proteccionista

Los keynesianos, cegados como casi siempre por una realidad que son incapaces de comprender, sugirieron que el pinchazo tuvo su origen en una progresiva acumulación de la renta en las manos de unos pocos capitalistas que no consumían al mismo ritmo al que se enriquecían. Los austriacos, por su parte, atribuyeron el crack a la expansión del crédito que había comandado la recién creada Reserva Federal a partir de 1922 y que había cristalizado en una burbuja bursátil que tarde o temprano tenía que pinchar.

Como de costumbre, la explicación de la escuela austriaca tiene mucho más rigor que las supercherías keynesianas. Entonces, como ahora, estos últimos economistas culparon a la codicia y a la concentración de rentas de lo que no era más que un boom artificialmente inducido por el banco central (como sí comprendieron y denunciaron, entonces como ahora, los economistas austriacos más notables del momento: Ludwig von Mises y Friedrich Hayek). Las rentas se fueron concentrando en unos pocos capitalistas porque fueron éstos los receptores de la inflación crediticia de la Reserva Federal; algo similar ha pasado en los últimos años, cuando promotores, constructores y banqueros obtenían enormes beneficios gracias a la demanda artificialmente inducida por los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo. El origen de la crisis no está, como bien explican los austriacos, en que las rentas se concentren, sino en la expansión crediticia insostenible que tiene como uno de sus efectos laterales la concentración de rentas.

Sin embargo, la explicación austriaca sobre el crack bursátil del 29 peca en este caso de incompleta. Es cierto que la burbuja fue fruto del crédito barato de la Fed y es cierto que en algún momento tenía que pinchar, por mucho que los economistas de Chicago, representados en aquel entonces por Irving Fisher, pronosticaran días antes del colapso que las cotizaciones nunca decrecerían (también Friedman hace unos tres años, en plena cénit de la burbuja inmobiliaria, aseguraba que los fundamentos de la economía estadounidense eran sólidos y que no se produciría ninguna crisis). Pero la escuela austriaca no señala qué hecho concreto provocó el pinchazo bursátil.

Para averiguarlo tenemos que echar mano del padre de la economía de la oferta Jude Wanniski. En su libro The Way The World Works, Wanniski demuestra que el crack guarda una relación directa con el avance del proteccionismo en Estados Unidos, representado en aquel momento por el arancel Smoot-Hawley. Según las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre su aprobación avanzaban o retrocedían la bolsa caía o repuntaba; el desplome de las acciones se produjo a finales de octubre según se iban pactando día a día los aranceles sobre el silicio, la caseína y los productos químicos.

¿Cómo es posible que movimientos en algunos aranceles generen pánicos tan generalizados? Bueno, en realidad no son movimientos tan insignificantes. Durante una crisis, muchos mercados pierden de golpe su demanda (por ejemplo, el de la vivienda) y tienen que sufrir una profunda reestructuración; de hecho, en eso consisten las crisis. El problema surge cuando el poder político cierra artificialmente otros mercados que no deberían someterse a grandes reestructuraciones. Con el arancel Smoot-Hawley (aprobado formalmente pocos meses después del crack) se incrementaron los aranceles de 20.000 productos; dicho de otra manera, la debilitada economía europea (a la que Estados Unidos le había prestado grandes sumas de dinero tanto durante la Primera Guerra Mundial como durante la posterior reconstrucción) sería incapaz de seguir vendiendo sus productos a los estadounidenses.

La consecuencia era obvia: no sólo los europeos verían reducida su renta con la que a su vez importar de Estados Unidos, sino que muy probablemente comenzarían a impagar el crédito que les habían extendido. Y, de hecho, así fue.

El cierre brusco de los mercados internacionales convirtió lo que habría sido una recesión estándar en una Gran Depresión. Hoy parece que los políticos, empezando por Obama y terminando por Zapatero, quieren conducirnos por el mismo camino. Si realmente volvieran a levantarse las barreras exteriores, tenga por seguro que la crisis será mucho más larga y dura de lo que podemos imaginar.

Obama y el caos

Con el debido respeto, señor presidente, eso no es cierto.

A pesar de las noticias según las cuales todos los economistas somos keynesianos y apoyamos un gran aumento en el peso del Gobierno, los abajo firmantes no creemos que más gasto estatal sea una vía para mejorar la situación económica. El mayor gasto gubernamental de Hoover y Roosevelt no empujó a los Estados Unidos a salir de la Gran Depresión en la década de 1930. Un mayor gasto gubernamental no resolvió la "década perdida" de Japón de la década de 1990. Así, es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia creer que un mayor gasto gubernamental puede ayudar a los Estados Unidos hoy.

Para mejorar la economía, los economistas deberían centrarse en reformas que eliminen los impedimentos para trabajar, ahorrar, invertir y producir. Menores tasas impositivas y una reducción en el peso del Gobierno son las mejores formas de emplear la política fiscal para estimular el crecimiento.

Los abajo firmantes son doscientos economistas estadounidenses de todas las universidades. Obviamente no son todos liberales exagerados, radicales, heterodoxos, visionarios. Son doscientos economistas sensatos que se han puesto de acuerdo para denunciar una mentira en torno al CATO Institute. Seguro que hay muchos más que lo piensan pero no han tenido la oportunidad o la voluntad de proclamarlo públicamente.

Pero ¿cuál es exactamente la mentira de la que hablan?

"No hay desacuerdo en que necesitamos la acción de nuestro gobierno, un plan de recuperación que ayude a arrancar a la economía". Estas son las palabras que pronunció el presidente estadounidense Barak Hussein Obama el 9 de enero pasado en la Universidad George Mason de Virginia, donde expuso su plan económico de estímulo.

Analizar exhaustivamente el discurso de Obama, deshacer una a una las falacias económicas y denunciar la propaganda que emplea para endulzar sus errores daría para un libro que yo no voy a escribir. Pero sí se me ocurren varias reflexiones.

En primer lugar, los economistas liberales y libertarios españoles, que cabíamos en un autobús y ahora cabemos en una furgoneta, seguimos preguntándonos por qué no somos capaces de mandar un escrito así de sencillo, apolítico, directo y unánime a los medios, sino que seguimos mareando la perdiz y jugando a ser líderes de chicha y nabo, intelectuales incomprendidos, expertos en ciencias ocultas e inaccesibles, en vez de centrarnos en denunciar las barbaridades que se dicen en los medios y hacerlo claramente.

Pero además, observando a cierta distancia, me doy cuenta de que Obama encierra más peligros de los evidentes. No solamente es peligroso que su andadura izquierdosa imprima un sesgo de normalidad a cualquier medida socialista aunque solamente sea por la actitud rutinaria con la que anuncia medidas tan desafortunadas. No solamente está reincidiendo en planes de recuperación que a Roosevelt no le sirvieron, aunque a Hitler y Mussolini sí. Además hay un efecto espejo en el resto del mundo.

Otros presidentes del Gobierno, en especial, aquellos que no saben qué hacer, que no tienen más plan que "lo que digan todos", miran a Obama como un ejemplo a seguir. Los más torpes no disimulan y pocos días después de las palabras de Obama se apresuran a soltar la misma charla para rentabilizar el éxito ajeno, incluso si el aplauso se arranca por la ignorancia del auditorio y la propaganda en la que se ha envuelto el mensaje.

En el caso español, todos los políticos, no solamente el presidente, quieren ser Obama. Y nos encontramos con un panorama desolador. En España no sabemos ni copiar las recetas ajenas. Recuerdo el furor "rasta" cuando una participante de un concurso-reality de cantantes llevaba el pelo con rastas; las miles de chaquetas blancas que se vendieron en España después de que la princesa Letizia apareciera con una en televisión el día de su pedida de mano; hay muchos más ejemplos cotidianos y grotescos de la manera en que tratamos de incorporar, venga bien o no, lo ajeno a nuestra vida. Es puro complejo. Nuestros políticos intentan sin conseguirlo ser hiper-comunicadores imitando los hitos de políticos de otros sitios: el impacto en internet, los mensajes buenistas, las citas de conectados a redes sociales, el famoso "cambio", y en especial, la amnesia histórica… todo lo copiamos, y lo hacemos de la peor manera.

Tal vez es el momento para leer de nuevo las ideas de Hayek, y dárselas a leer tanto a quienes seguramente no las han leído como a aquellos que aseguran haberlo hecho. Sospecho que en su momento miraron por encima las palabras del maestro pero el mensaje no caló.

Hayek explicaba que la planificación no funciona y que lo bueno de la libertad es que ofrece muchas oportunidades para acciones muy diversas. También explicaba que el orden espontáneo no implica caos, no es "que cada cual meta el codo en el riñón que quiera", sino que hay unas normas aceptadas por todos, un recto comportamiento que se debe respetar y que ha aflorado por un proceso de evolución social.

La solución no va a venir de arriba, de un plan ideado por una meta-inteligencia, por una elite de funcionarios; la historia habla por sí sola. La solución solamente puede venir de la posibilidad de elegir entre diferentes actuaciones. Simplemente porque nadie la sabe y nadie la puede anticipar, lo mejor es permitir la diversidad para facilitar que se encuentre el mejor de los caminos para salir adelante… de abajo a arriba, y no al revés.

Hacia el 20% de paro

Los datos resultan simplemente devastadores. España cuenta ya con más de 3,3 millones de desempleados oficiales, según la particular metodología de cálculo que aplica la administración pública. En realidad, si suprimimos el maquillaje estadístico, casi 3,7 millones de personas en edad de trabajar buscan colocación. Sin embargo, la tendencia que muestran tales cifras es, si cabe, mucho más preocupante.

El paro crece un 47% interanual, un ritmo desconocido desde la crisis de los 70. Esto se traduce en 1,06 millones de personas que han terminado inscribiéndose en las listas del antiguo Inem en los últimos 12 meses. No obstante, el dato de enero prácticamente triplica el aumento promedio de ese mes a lo largo de la última década (74.000 nuevos parados). Asimismo, la histórica caída de la afiliación a la Seguridad Social (-5% interanual) implica que la crisis ha borrado del mapa 980.000 puestos de trabajo hasta el momento.

Es decir, una destrucción laboral sin precedentes que, lejos de remitir, amenaza con intensificarse a lo largo de 2009. Y es que a este ritmo España contará con una tasa de paro próxima al 20% a finales de año frente al 15% actual, tal como avanzábamos en estas páginas el pasado verano.

Ni siquiera Trabajo se atreve ya a cuestionar la posibilidad de alcanzar la barrera psicológica de los cuatro millones de parados en breve, cuando hace apenas unos días descartaba por completo tal escenario. La crudeza de los datos esconde, sin embargo, el drama humano al que se ven abocados cientos de miles de familias que, día tras día, observan con desesperación la imposibilidad de reincorporarse a un mercado laboral languidecido y estático, mientras sus escasos ahorros se evaporan y el tiempo de subsidio llega a su fin.

La tragedia de este país es que del paro a la pobreza real apenas media un paso. Y ello, debido a la inmensa rigidez administrativa y fiscal que impone el sistema a la hora de poder contratar y despedir libremente mano de obra. De nada servirán los lamentos y la petición desesperada de Zapatero a los empresarios implorando confianza para frenar la debacle si el Gobierno se niega a afrontar este problema. Las reformas estructurales se han excluido de la agenda política y nada hace presagiar un cambio en este sentido.

El Ejecutivo insiste en despilfarrar el dinero de los contribuyentes a través de Planes E, cuyo resultado será un auténtico fiasco, al estilo Roosevelt durante la Gran Depresión. Mientras tanto, el dinero de las prestaciones se acaba, de modo que el Estado tendrá que recurrir nuevamente a la emisión de deuda pública (impuestos futuros) a fin de garantizar el cobro del subsidio de paro. Sin embargo, la receta de emitir bonos del Tesoro a diestro y siniestro también tiene un límite. Habrá que ver si las emisiones que prevé colocar Economía en la segunda mitad de 2009 y principios de 2010 encuentran comprador y, sobre todo, a qué precio.

De seguir por esta senda, Zapatero y su equipo empujan a España hacia el precipicio de la improductividad laboral, la marginalidad social y, desde luego, la pobreza. La incapacidad del Ejecutivo no sólo es manifiesta sino vergonzosa. Mientras España crea más de 2.700 parados nuevos al día, los políticos disfrutan de estabilidad laboral y un elevado salario a cargo de los contribuyentes a cambio de mentir a la ciudadanía sobre la gravedad de la crisis y dificultar hasta el extremo la ansiada recuperación económica.

El despido libre no sólo es necesario sino imprescindible. Con más de cuatro millones de parados el conflicto social estará servido y ahora, más que nunca, cabe recordar que con un crecimiento del PIB inferior al 2,5% anual nuestro actual modelo productivo es incapaz de generar empleo. El problema es que la recesión se prolongará durante 2010.